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Res. 17305-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/12/2013

Moín Container Terminal Public Hearing and the Right to Citizen ParticipationAudiencia pública de la Terminal de Contenedores de Moín y derecho a la participación ciudadana

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted, and SETENA is ordered to conclude the public hearing, limited to the omitted phases, within 15 business days following notification.Se declara con lugar el amparo y se ordena a SETENA concluir la audiencia pública, limitándose a las fases omitidas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo action against SETENA for the alleged violation of the right to citizen participation during the public hearing for the New Moín Container Terminal project (file D1-7968-2012-SETENA), held on November 9, 2013, in Limón. The petitioner claimed that, despite having requested to speak, she was not allowed to do so. The Chamber found that the hearing was abruptly terminated due to disturbances by attendees, without completing the phases for collecting and rebuttal of comments, in breach of the established rules that only provided for suspension. It held that this grossly and evidently violated the essential core of the right to participatory government enshrined in Article 9 of the Political Constitution. Consequently, it granted the amparo and ordered SETENA to conclude the hearing within 15 business days, limited to the omitted phases. A dissenting vote considered the matter one of mere legality, not within the Chamber's jurisdiction.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra la SETENA por la presunta lesión del derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública del proyecto Nueva Terminal de Contenedores de Moín (expediente D1-7968-2012-SETENA), celebrada el 9 de noviembre de 2013 en Limón. La recurrente alegó que, pese a haber solicitado el uso de la palabra, no se le concedió. La Sala determinó que la audiencia fue finalizada abruptamente por disturbios de asistentes, sin completar las fases de recolección y réplica de comentarios, incumpliendo las reglas establecidas que preveían solo suspensión. Consideró que ello vulneró de manera grosera y evidente el núcleo esencial del derecho al gobierno participativo consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política. En consecuencia, declaró con lugar el recurso y ordenó a SETENA concluir la audiencia en un plazo de 15 días hábiles, limitándose a las fases omitidas. Se emitió un voto salvado que estimó que el asunto era de mera legalidad y no competencia de la Sala.

Key excerptExtracto clave

Thus, instead of suspending the hearing, it was terminated, which implied excluding fundamental aspects of said session, such as the collection of comments and their rebuttals. It should be noted that the right to participatory government, established in Article 9 of the Political Constitution, constitutes, as explained in Considerando IV of this ruling, a constitutional guiding principle that radiates over legislative and regulatory development, as well as over the actions of the Administration. Precisely, in accordance with that constitutional mandate, Articles 6 and 22 of the Environmental Law and Article 3 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures require the holding of said hearing. For it to be considered correctly held, it should have been completed in full, which in this case did not occur, and moreover, it is particularly serious because neither the comments nor their rebuttals would be taken into account at the time of issuing the respective final act. In the sub judice, SETENA itself breached the rules it had established for the proper conduct of the proceeding. Recall that among the guidelines agreed upon before the start of the hearing, it was stipulated that, in the event of conduct representing a breach of order, first a call to order would be made, and if it did not achieve the desired effects, a prudential pause would be agreed, security intervention would be requested, or the hearing would be suspended. The suspension of a proceeding is not the same as its termination. The former entails rescheduling in order to satisfactorily conclude the omitted part. The latter definitively ends the hearing, so it should only be used when all scheduled phases have been exhausted without omitting any relevant one. However, in the specific case, an essential element of the public hearing was eliminated: the stage intended for interested persons to voice, live, the rebuttal of the comments.De este modo, en vez de suspender la audiencia, esta se dio por finalizada, lo que implicó excluir aspectos fundamentales de dicha jornada, como la recolección de comentarios y sus réplicas. Adviértase que el derecho al gobierno participativo, estatuido en el artículo 9 de la Constitución Política, constituye, como se explicó en el considerando IV de este pronunciamiento, una pauta de orientación constitucional que irradia sobre el desarrollo legislativo y reglamentario, así como sobre el accionar de la Administración. Precisamente, en atención a ese mandato constitucional, los numerales 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental obligan a la realización de la citada audiencia. Para que esta se considere celebrada de manera correcta, la misma debió haber concluido de modo completa, lo que en la especie no se dio y, además, resulta de particular gravedad, porque ni los comentarios ni sus réplicas vendrían a ser tomados en cuenta al momento de emisión del acto final respectivo. En el sub judice, la propia SETENA incumplió las reglas que ella misma instauró para el adecuado desarrollo de la diligencia. Recuérdese que dentro de las pautas acordadas previo al inicio de la audiencia se encontraba que, en caso de evidenciarse conductas que representaran un quebranto al orden, primero se haría un llamado al orden y si este no surtía los efectos deseados, se acordaría una pausa prudencial, se requeriría la intervención de la seguridad, o bien, se suspendería la audiencia. La suspensión de una diligencia no es lo mismo que su finalización. La primera conlleva una reprogramación con el fin de concluir satisfactoriamente lo omitido. En la segunda, se da por terminada de manera definitiva la audiencia, de manera que debe ser usada cuando ya se hayan agotado todas las fases programadas sin que se omita ninguna relevante. Sin embargo, en el caso concreto, se eliminó un elemento esencial de la audiencia pública: la etapa destinada a que las personas interesadas se manifestarán, a viva voz, para la réplica de los comentarios.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas."

    "the public hearing is a typical instrument of a mature democracy, through which the active participation of the citizen in public decision-making is fostered."

    Considerando V

  • "la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas."

    Considerando V

  • "En el sub judice, la propia SETENA incumplió las reglas que ella misma instauró para el adecuado desarrollo de la diligencia."

    "In the sub judice, SETENA itself breached the rules it had established for the proper conduct of the proceeding."

    Considerando VII

  • "En el sub judice, la propia SETENA incumplió las reglas que ella misma instauró para el adecuado desarrollo de la diligencia."

    Considerando VII

  • "la suspensión de una diligencia no es lo mismo que su finalización. La primera conlleva una reprogramación con el fin de concluir satisfactoriamente lo omitido."

    "the suspension of a proceeding is not the same as its termination. The former entails rescheduling in order to satisfactorily conclude the omitted part."

    Considerando VII

  • "la suspensión de una diligencia no es lo mismo que su finalización. La primera conlleva una reprogramación con el fin de concluir satisfactoriamente lo omitido."

    Considerando VII

  • "pretender que el control de constitucionalidad está limitado al mero hecho de si hubo o no audiencia, sin analizar aspectos elementales de la forma en que esta se desarrolla (...) implica desfigurar el derecho constitucional al gobierno participativo y dejarlo como un cascarón vacío, ayuno de una efectiva tutela constitucional."

    "to claim that constitutional review is limited to the mere fact of whether or not a hearing was held, without analyzing elementary aspects of how it is conducted (...) implies disfiguring the constitutional right to participatory government and leaving it as an empty shell, devoid of effective constitutional protection."

    Considerando VII

  • "pretender que el control de constitucionalidad está limitado al mero hecho de si hubo o no audiencia, sin analizar aspectos elementales de la forma en que esta se desarrolla (...) implica desfigurar el derecho constitucional al gobierno participativo y dejarlo como un cascarón vacío, ayuno de una efectiva tutela constitucional."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*130130680007CO* *130130680007CO* Res. Nº 2013-017305 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven thirty-two a.m. on December twentieth, two thousand thirteen.

Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Myrna Ivette Pierre Dixon, holder of identity card 7-720-310, against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Findings:

  1. 1By a written submission received by the Office of the Clerk of the Chamber at 11:24 a.m. on November 14, 2013, the petitioner filed an amparo proceeding against SETENA. She states that the respondent authority violated her right to citizen participation (participación ciudadana) during the public hearing (audiencia pública) held on November 09, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium in downtown Limón, within administrative expediente number D1-7968-2012-SETENA, under which the project entitled “Nueva Terminal de Contenedores de Moín” is being processed. She explains that, by means of official letter (oficio) Number FSC-004-2013, she entered an appearance in that expediente and requested that she be granted the floor during the aforementioned public hearing. She states that, through official letter number SG-UE-DEA-146-2013, she was informed that a period for questions and comments would be provided during the hearing, during which she could exercise her right to speak.She asserts that she appeared on the day of the hearing and complied with the requirements for speaking; nevertheless, during the public hearing, neither she nor a large number of citizens who had so requested were granted the floor. She adds that she submitted official letter number FSC-005-20013, bearing the acknowledgment-of-receipt signature of a SETENA official, which was not read during the hearing. She considers her right to citizen participation to have been violated. She requests that the Chamber grant the petition, with all attendant consequences.
  2. 2By order (resolución) of the Presidency issued at 08:58 a.m. on November 18, 2013, the amparo proceeding was admitted for processing.
  3. 3In a written submission received by the Office of the Clerk of the Chamber at 3:26 p.m. on December 03, 2013, Miguel Marín Cantarero, in his capacity as ad hoc Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), reports under oath that on May 25, 2012, that agency received the initial environmental assessment document (documento de evaluación ambiental inicial) for the “Terminal de Contenedores de Moín” project, submitted on behalf of APM Terminals Moín S.A., which was assigned expediente number D1-7968-2012-SETENA. He states that on August 31, 2012, through order number 2246-2012 of August 31, 2013, it was agreed to require the developer, within a maximum period of 1 year, to submit an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), in accordance with legal requirements. He indicates that the study was submitted and is currently under review. He notes that, given the magnitude of the project and considering that a rigorous, highest-level analysis must be conducted, it should be clarified that in late May 2013, that Secretariat requested technical opinions from 32 institutions, including public universities, professional associations (biologists, sociologists, geologists, engineers and architects, and agricultural engineers), Museo Nacional, SENARA, SINAC, JAPDEVA, and MOPT, among others, regarding the environmental impact study submitted for the project in question.He states that, of the institutions consulted, 22 have issued opinions to date and 4 have requested extensions to provide their opinions. He maintains that on April 11, 2013, notice of the submission of the environmental impact study was published in a newspaper of national circulation so that interested persons could submit their observations to SETENA. He states that the Comisión Plenaria subsequently decided on its own initiative to hold a public hearing through order number 2539-2013-SETENA of October 10, 2013, scheduled for November 09, 2013, from 08:00 to 16:00 at the Gimnasio Eddy Bermúdez in Limón. He explains that, through orders number 2277-2013-SETENA and 2278-2013-SETENA of November 08, 2013, 4 motions for nullity (incidentes de nulidad) filed against the notice convening the public hearing were denied; furthermore, to date, 5 motions for nullity concerning the public hearing remain pending, as do a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) against order number 2277-2013 and 25 ordinary appeals (recursos ordinarios de apelación) against order number 2778-2013.He alleges that, by order issued at 2:19 p.m. on November 19, 2013, SETENA and MINAE were granted a period of 3 days to submit a report concerning the amparo proceeding filed by Danny Jirón Menéndez, alleging violations of the right to citizen participation of persons interested in taking part in the public hearing of November 09, 2013. He mentions that the petitioner entered an appearance in expediente number D1-7968-2012; regarding her request to be given an opportunity to speak, through official letter number SG-UE-DEA-146-2013 she was informed that “during the proceeding, a period for questions and comments would be provided, during which she may exercise her right to speak.” He states that, at the beginning of the event, the Secretary General of SETENA read aloud the general program for the hearing, which explained how the available time and opportunities for comments and questions would be allocated.He states that the rules established for that event clarified to participants that the time allocated for the comment stage would be determined in proportion to the number of proposed interventions; likewise, personal transfers of speaking time would be permitted. He indicates that the opportunity to participate during the hearing was provided on equal terms, including to the petitioner. He notes that forms for questions and others for comments were distributed, with no distinction whatsoever made among those present. He states that the protected party (amparada), like everyone else present, had the opportunity to participate by submitting appropriate questions and comments, for which purpose she was required to complete the respective forms. He maintains that participation in the hearing required completion of the forms that were distributed, as explained at the beginning of the event. He further maintains that it was established that participation time would be distributed proportionally according to the number of persons present.He explains that the official letter referenced by the protected party was submitted on the same day as the public hearing, even after it had already begun and its proceedings had been scheduled. He alleges that many of those present fostered an atmosphere of disrespect, obstructing the normal conduct of the hearing and continually attempting to intimidate SETENA officials. He clarifies that, according to the report from the Commissioner of the Ministerio de Seguridad Pública, “during the presentations, SETENA officials issued admonitions and calls for calm because the participants were chanting slogans against the project and using whistles and trumpets, which made it impossible to continue (…)”. He states that, given that situation, it was impossible to avoid suspending the hearing because a group of those present abruptly entered the gymnasium court, where the members of that Secretariat were located; consequently, it was not possible to conduct the comment stage.He states, however, that the comment forms were received and are included in the public-hearing case file (legajo). He indicates that the petitioner’s comment form, like all the others, was received without any distinction. He asserts that the breach of security measures by a group of those present created an evident threat to the physical safety of the officials and other persons present. He states that SETENA did everything within its power to encourage the participation of persons interested in the project at the hearing. He maintains that, in addition to the public hearing ordered in the canton of Limón, other opportunities for participation were provided, such as the publication in La Prensa Libre on April 11, 2013, of the notice that the Environmental Impact Study had been submitted to SETENA, so that interested persons could submit relevant observations regarding the study; furthermore, persons may enter an appearance in the expediente, submit the pertinent environmental observations, or request private hearings with the Comisión Plenaria of SETENA, among other options.He maintains that the observations submitted by the protected party will be evaluated and, therefore, her right to participation has not been restricted. He explains that the protected party is, in fact, dissatisfied with the particular manner in which the hearing was conducted and the mechanism used for participation, which is a matter of ordinary legality (legalidad). He requests that the Chamber deny the petition.
  4. 4The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Rueda Leal authors the opinion; and,

Considerations:

I.Preliminary matter (cuestión preliminar). Before examining the case before us, it is pertinent to note that, pursuant to Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the case law and precedents of this jurisdiction are binding erga omnes, except upon the jurisdiction itself. This means that, when presented with new and similar factual circumstances, this Court—after due consideration—may rule differently, without this constituting any violation of the petitioner’s right to seek protection of her rights through other avenues. Accordingly, although in judgment number 2013-015135 issued at 10:30 a.m. on November 15, 2013, this Chamber summarily dismissed an amparo proceeding filed against SETENA concerning, among other issues, the sudden adjournment of the public hearing related to the port project entitled “Terminal de Contenedores de Moín,” this amparo proceeding was admitted for processing and, unlike the aforementioned case, the merits were considered; therefore, based on the new evidentiary and legal elements, it is appropriate to reconsider the holding in the judgment cited above.

II.Subject matter of the proceeding (objeto del recurso). The petitioner alleges that SETENA violated her right to citizen participation during the public hearing held on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium in downtown Limón, corresponding to the expediente related to the Nueva Terminal de Contenedores de Moín project, because, although she requested the floor, she was not permitted to speak.

III.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the determination of this matter: a) on 25 de mayo de 2012, SETENA received the initial environmental assessment document for the “Terminal de Contenedores de Moín” project, submitted on behalf of APM Terminals Moín S.A., which was assigned expediente número D1-7968-2012-SETENA (see statements given under oath and evidence submitted); b) by resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, the Comisión Plenaria de SETENA decided on its own initiative to hold a public hearing, scheduled from 8:00 to 16:00 horas del 9 de noviembre de 2013 at the Gimnasio Eddy Bermúdez, in Limón (see statements given under oath and evidence submitted); c) by a filing received on 4 de noviembre de 2013, the petitioner entered an appearance in expediente número D1-7968-2012, requesting an opportunity to speak during the public hearing to be held (see statements given under oath and evidence submitted); d) by oficio número SG-UE-DEA-146-2013, SETENA informed the protected party that “during the proceeding, a period would be provided for questions and comments, during which she may exercise her right to speak” (see statements given under oath and evidence submitted); e) on 9 de noviembre de 2013, the aforementioned public hearing was held and began at approximately 8:06 horas; at the start of the event, the Secretario General de la SETENA read the general program for the event and the rules governing its conduct, which included the following: “(…) in view of the order that must prevail during the hearing, conduct that disrupts that purpose shall initially result in a call to order.

If order is not restored, measures may be taken such as calling an appropriate recess, requesting the intervention of security personnel, or suspending the hearing” (see statements given under oath and evidence submitted); f) the hearing followed this program: from 7:00 to 8:00 horas, participant registration; from 8:00 to 8:30 horas, first and second calls, respectively; from 8:30 to 8:50 horas, formal opening of the event—formal presentation by SETENA—establishment of the hearing rules; from 8:50 to 9:20 horas, project description; from 9:20 to 11:00 horas, presentation of the environmental impact study (Estudio de Impacto Ambiental); from 11:00 to 11:15 horas, collection and classification of questions; from 11:15 to 12:00 horas, reading and answering of questions; from 12:00 to 13:00 horas, lunch recess; from 13:00 to 14:00 horas, continuation of the reading and answering of questions; from 14:00 to 14:15 horas, collection and classification of comment forms; from 14:15 to 16:00 horas, time allotted for responses to comments; 16:00 horas, preparation, reading, and signing of the minutes—closing of the event (report from the respondent party); g) the proceeding in question was concluded by the Secretario General de la SETENA at approximately 13:40 horas because of an incipient outbreak of violence caused by some attendees, and therefore the final scheduled phase, corresponding to “comments,” was not conducted (see statements given under oath and evidence submitted); h) the comment form submitted by the petitioner was received and added to the administrative record (see statements given under oath and evidence submitted).

IV.On constitutional review and its scope. Pursuant to article 10 of the Constitución Política, a specialized Chamber of the Corte Suprema de Justicia shall, by an absolute majority of its members, declare unconstitutional rules of any kind and acts governed by Public Law. Judicial acts of the Poder Judicial, declarations of election issued by the Tribunal Supremo de Elecciones, and any other acts specified by law may not be challenged through this avenue.

Turning to the law, article 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that the ratio iuris of constitutional jurisdiction is to guarantee the supremacy of constitutional rules and principles and of International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, and the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in international human-rights instruments in force in Costa Rica.

Thus, the standard of constitutional review encompasses a body of law extending beyond the constitutional text because it incorporates treaty law as well as constitutional principles and values.

Regarding constitutional protection proceedings (amparo), ordinal 29 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional literally provides that amparo lies against any provision, agreement, or decision and, generally, against any action, omission, or mere physical act not based on an effective administrative act, by public officials and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. Amparo lies not only against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied rules. (Emphasis not in the original).

Consequently, when exercising constitutional review through amparo, the Sala Constitucional must determine, among other matters, which constitutional or treaty-based rights are being infringed, which decision, act, or omission caused the constitutionally significant infringement, and whether rules have been improperly applied or erroneously interpreted in a manner contrary to the proper protection of fundamental rights.

In this regard, the highly distinctive characteristics of constitutional rules must be emphasized: their content is often abstract, they set forth general provisions, and their application is frequently flexible (except for certain rules containing a highly specific and precise mandate).

This is because constitutional law stands at the apex of the domestic hierarchy of norms, and its fundamental function is therefore to establish the basic guidelines that direct the remainder of the legal framework when legislative and regulatory powers are exercised.

What we mean is that the normative content of fundamental rights is not confined to the core contemplated in the constitutional text, but inexorably encompasses their subsequent development through statutes and regulations. Making a fundamental right operational requires its implementation in the subconstitutional legal order. Ergo, attempting to exercise constitutional review solely within the confines of the general and abstract provisions of the Constitución Política is a chimera; genuine constitutional review can be exercised only through an interaction between the constitutional and subconstitutional spheres.

For example, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, expressly governed by numeral 50 of the Constitución Política and by numerous international instruments in force in Costa Rica, cannot be protected merely by reference to the Fundamental Law. Constitutional review concerning that right may be undertaken only by turning to subconstitutional law to ensure effective compliance with the fundamental requirements established precisely to safeguard the constitutional mandate of article 50 of the Fundamental Law.

Thus, a project with a major environmental impact necessarily requires an environmental impact study, which is directly required only by article 17 (and the following and related provisions) of the Ley Orgánica del Ambiente, not by the Constitución Política; nevertheless, that numeral merely develops the normative guideline previously established in ordinal 50 of the Fundamental Law.

The distinction, therefore, between when a matter concerns constitutionality and when it concerns legality in amparo proceedings does not depend on the type of rule used in the analysis, but on other factors, such as the severity of the infringement of the constitutional order and the technical complexity involved in determining the material truth.

Regarding the first element, constitutional review is intended to address gross and evident violations of the constitutional order—violations that, by virtue of their severity, are axiomatically apparent and infringe the core or essential content of a constitutional right, known in German doctrine as “Kern des Grundrechtes.” As to the second point, amparo seeks the prompt protection of fundamental rights; accordingly, a matter in which determining the material truth requires extensive and complex production of technical evidence is incompatible with the summary nature of amparo.

Thus, matters in which violations of the constitutional order are not sufficiently severe, or in which the taking of evidence is exceedingly complex, cannot be adjudicated through amparo. In the latter case, the claimant may pursue ordinary legal remedies or, where appropriate, an action of unconstitutionality, when that avenue is admissible under the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because that constitutional proceeding is not summary in nature but instead inherently entails a more thorough examination of both constitutional criteria and factual elements.

V.On the constitutional right to participatory government. The right of citizens to participate in decision-making has become one of the fundamental pillars upon which the democratic system rests. In our country, the constitutional framers incorporated this right into article 9 of the Constitución Política by providing that the Government of the Republic shall be popular, representative, participatory, alternating, and responsible. This mandate of the Fundamental Law has guided subsequent constitutional and subconstitutional legal development. Accordingly, a series of mechanisms has been established to ensure that the right to participatory government may be effectively exercised and does not remain merely on paper, such as the referendum for the approval or repeal of laws and partial constitutional amendments, or the popular initiative in the enactment of laws (see, among others, sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).

The right to participatory government (gobierno participativo), elevated to constitutional rank through the amendment promoted by Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, published in La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, signifies not only recognition at the highest normative level of the function of political oversight (control político), but also a renewed appreciation of the citizen’s role in decision-making processes. By the will of the constituent legislator (legislador constituyente), which this Chamber must not and cannot disregard, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic system—a matter erroneously disregarded by the minority opinion (voto de minoría), which downgrades citizen participation from a right to a general principle, in clear opposition to this Chamber’s line of case law, as demonstrated below—consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.

This right to participatory government, also known as the right to citizen participation (participación ciudadana), is protected by several international human rights instruments.

Thus, Article 21 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights provides that “everyone has the right to take part in the government of his or her country, directly or through freely chosen representatives.” Consistent with the foregoing, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: “(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.” Similarly, Article 5° of the Inter-American Democratic Charter states: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation by citizens within a framework of legality consistent with the respective constitutional order.” More emphatically, Article 6 of that Charter provides: “Citizen participation in decisions concerning their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy.

Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.” This recognition of the aforementioned right under international conventions and the Constitution represents a fundamental aspect of this century’s democratic model, in which citizen oversight, transparency, and accountability stand out as factors inherent in the republican system, which in turn affords political decision-making much greater legitimacy, a key consideration when genuine governability is at issue.

Indeed, one of the mechanisms devised to fulfill the provisions of Article 9 of the Constitution is the public hearing (audiencia pública), a means through which interested persons may assert their rights by actively participating in matters of national or local significance and bringing to the attention of the Administration (Administración) any irregularities or objections concerning the project proposed for development. Accordingly, the public hearing is a mechanism characteristic of a mature democracy through which citizens’ active participation in public decision-making is encouraged. Given its significance, the hearing must be conducted in a manner that ensures the broadest participation by persons who may be affected; therefore, any action or omission that prevents this constitutes a clear violation of the participants’ fundamental rights (see, among others, judgment number 2009-018223).

Regarding the participatory nature of the public hearing, the Constitución Política itself requires it, since the amendment to Article 9 of the Ley Fundamental, in force since 31 de julio de 2003, established that the Government of the Republic must be, among other things, participatory, meaning that the government in office must serve as an articulator of what has been established through popular deliberation. In other words, in contemporary democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote as a means of exercising their right to participatory government, but also numerous instruments of various kinds through which they may contribute to political decision-making, enabling them to exert direct influence over major public decisions. This fundamental right to citizen participation establishes that the people must be equally empowered to express both majority and minority viewpoints.

Thus, both national participation mechanisms, such as referendums or plebiscites, and local mechanisms are important. During the public hearing, participants must be afforded every reasonable facility to remain informed and make themselves heard, since the hearing likewise cannot become an obstacle or a means of preventing a particular application from being decided in a timely manner.

Of relevance to the matter under examination (sub examine), it should be recalled that Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente guarantees the right to a hearing in matters involving the environment. The provision literally reads as follows: “Participation of inhabitants. The State and the municipalities shall encourage the active and organized participation of the Republic’s inhabitants in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.” Similarly, Article 22 of that body of law provides as follows: “Assessment record. Natural or legal persons, whether public or private, shall have the right to be heard by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental at any stage of the assessment process and during the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the record and evaluated for the final report (emphasis not in the original).” The Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, contains a series of rules governing public hearings in proceedings conducted by SETENA for the purpose of granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) to a particular project. Specifically, Article 3 defines a public hearing as follows: “Article 3º—Definitions and abbreviations. For purposes of this regulation, the following definitions and abbreviations are used:

(…)

12. Public Hearing: The presentation that SETENA orders the developer and the environmental-consultant team for a Category A activity, work, or project to conduct whenever it deems such a presentation necessary, in order to inform civil society about the activity, work, or project and its impacts, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Biodiversidad, this regulation, and all other consistent regulations, as well as to hear the opinions of those present at the hearing so that they may be analyzed in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process and a decision may be made as to whether or not to include them.” (Emphasis not in the original).

In conclusion, the public hearing within proceedings conducted by SETENA for the purpose of granting or denying environmental feasibility to a particular project constitutes a clear manifestation of the constitutional right to participatory government, enshrined in Article 9 of our Constitución Política, which this Constitutional Court has strengthened through its case law; consequently, the Chamber is called upon to guarantee that right in the matter under adjudication (sub judice), with all prerogatives and rights afforded to both parties. The following judgments exemplify the impetus this Chamber has given to citizen participation in environmental matters:

  • 1)Judgment number 2008-12583 de las 15:02 horas del 19 de agosto de 2008: “Article 50 of our Constitución Política enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, understood as the right of present and future generations to live in an environment that safeguards both their physical and mental health. To achieve this, the constituent authority granted every person standing (legitimación) to report any violation of the environment as a means of ensuring citizen participation in environmental protection, thereby complying not only with Article 50 of the Constitution but also with the democratic principle derived from Article 1 of the Constitución Política. On this particular subject, it is appropriate to mention judgment number 2002-10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dos, which stated, insofar as relevant:

“i.– The right of access to environmental information. This right has two dimensions. On the one hand, in its active dimension, it entails the right of all persons to receive information concerning the environment upon submitting a request to that effect, without having to demonstrate any specific interest beforehand—it being sufficient to allege the existence of a diffuse interest (interés difuso), which in itself has been widely accepted by this Chamber—and such information must be made available to the requesting party as soon as possible. In this respect, access may be denied only on well-founded grounds that disclosure of the information would conflict with the confidentiality inherent in judicial proceedings, State secrets, or intellectual-property rights. As for its passive dimension, this right of the citizen correspondingly means that the Administration has a duty to provide anyone who requests it with information concerning the environment, both within and outside formal proceedings; this would include the obligation to provide information about the proposed activity, the structure of the proceeding, and identification of the bodies responsible for receiving opinions or questions, among other matters.

ii.– The right to public participation. This dimension entails the opportunity for persons who may be affected by, or have an interest in, an environmental decision to express their criteria, opinions, viewpoints, or questions regarding it at an early stage, without being subject to specific formalities in order for their views to be considered. Consequently, the information provided to the person concerned must contain nontechnical summaries enabling people to understand the scope of the discussion. It also entails providing adequate time periods so that, before participation takes place, citizens have an opportunity to inform themselves.

iii.– The right of access to justice in environmental matters. This dimension refers to citizens’ right to broad standing (legitimación activa) to request review of measures taken concerning the environment, especially when they consider that either of the two aspects cited above was violated during the proceeding.” Indeed, one of the forms of citizen participation in environmental decision-making is embodied in the opportunity for persons to examine and offer their opinions concerning the various environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pursuant to Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 95 of the Ley de Biodiversidad. On this specific subject, the Chamber stated the following in the aforementioned decision:

“The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure is characterized as an administrative procedure with a distinguishing feature, since it seeks to avoid or minimize the potential occurrence of environmental harm in carrying out activities known with certainty to have a harmful effect on the environment if undertaken without any containment measures. In other words, this instrument embodies the prevention principle, because, when faced with an activity known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes to the public body or entity—in this case, SETENA—a series of measures intended to prevent or mitigate ecological damage, and that body or entity is responsible for determining whether those measures are the most appropriate for that purpose. Consequently, since this procedure seeks at all times to anticipate any adverse consequence through a broad flow of information, it is natural to understand that one of its characteristics is that persons who may be affected by the development of the project can provide essential information or viewpoints that the competent authorities might ignore or disregard through omission or arbitrary conduct, thereby leaving the environment unprotected.

Thus, within the environmental impact assessment procedure, the principle or right of participation entails a high degree of public disclosure, to the extent that any act or application having a significant effect on its final outcome must be made generally available to all interested parties, so that they may express their views at any time and not be confined to a particular procedural stage. The population’s role as defender of a healthy environment extends ‘from cradle to grave’; that is, from the beginning of the productive activity as a project until the end of its useful life. It would therefore be inadmissible, in an operation intended to last for an indefinite period, even decades—as is the case with hydroelectric projects—and having irreversible consequences, to limit the participation of potentially affected social sectors to a procedural stage that, like a hearing, may last only a few hours.

Thus, given its preventive nature, from the very moment it begins, a project subject to environmental impact assessment must be brought to the public’s attention in order to initiate an open process of participation.” (emphasis not in the original) 2) Judgment number 2010-017488 at 14:34 hours on October 19, 2010: “Regarding the public hearing for the community. Another issue raised by the petitioner is the failure to hold a public hearing for the community to communicate the various consequences of the Limón sanitary landfill. In this regard, the Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental acknowledges under oath that no public hearing concerning this project has in fact been held in the community. Thus, taking into account the provisions of recital V, it is established that the petitioner’s allegation is well founded and, consequently, this petition must be granted on this point.

Indeed, in this Chamber’s judgment, the refusal of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental is arbitrary and unjustified, since the present matter concerns the construction of a sanitary landfill, which undoubtedly affects the lives of local residents and the environment. Accordingly, this Court considers that a public hearing providing adequate communication, information, and dialogue with the population regarding the sanitary-landfill project was of vital importance so that residents could gain a broader understanding of the benefits and harms that a project such as the aforementioned one may entail. In this regard, in this Court’s view, the right to citizen participation was not guaranteed because, since no hearing was held in the community, interested parties had limited opportunities to gain a deeper understanding of the matter under discussion. Thus, for the reasons stated above, this petition must be granted on this point.” (underlining not in the original) 3) Judgment number 2013-009795 at 10:00 hours on July 19, 2013: “IV.- On the other hand, this Court has strengthened the population’s right to participate in matters of interest to it that involve an impact on the environment.

In this regard, it has been stated that citizen participation in environmental matters encompasses two essential elements: the right to information concerning environmental projects, or projects that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on such matters. Accordingly, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must also promote and respect it when it occurs (see judgments number 2001-10466, 2003-6322 and 2010-6922). It is therefore of great importance that interested parties be given access to the information on this subject held by public offices, such as information concerning environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) overseen by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. It was the Rio Convention that elevated such participation to the status of a principle in environmental matters in principle 10, stating:

“The best way to address environmental issues is through the participation of all interested citizens at the appropriate level. At the national level, every person must have adequate information concerning the environment held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to all. Effective access shall be provided to judicial and administrative proceedings, including compensation for damages and relevant remedies.” This principle clearly demonstrates the importance afforded internationally to environmental issues and, above all, to civil society’s participation in decisions of great significance to the community. Specifically, through Law No. 7412 of June 03, 1994, the Asamblea Legislativa amended Article 50 of the Constitución Política, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment.

This has also resulted in recognition of very broad standing (legitimación) to report acts that violate that right and to seek reparation for the harm caused through effective access to judicial and administrative proceedings. Likewise, when Article 9 of the Constitución Política states that the Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternating, and responsible, it must be clear that citizen participation is not limited merely to exercising the right to vote or aspiring to hold an elected public office, but also, under this new vision, means that persons must be given a genuine opportunity to contribute to the State’s political decision-making, especially when such decisions are of national significance or might potentially affect the fundamental rights of certain sectors of the population. Articles 1, 9 and 50 of the Constitución Política thus reflect the consideration that citizens deserve in a democratic State, in which they must at least have access to environmental information held by public authorities.

The provision discussed therefore incorporates the cited principle through access to available information and its disclosure, so that decision-making is not confined to a limited group of interests. In the matter now under consideration, our legal system already provides that private parties may even request that SETENA hold public hearings so that the positions expressed by communities interested in decisions affecting the environment are taken into account, as set forth in the Ley Orgánica del Ambiente and its Reglamento, according to the respondent authority. This applies, of course, to matters whose significance so warrants, which may be requested by any interested party and assessed accordingly by the Comisión Plenaria (…)”

VI.Constitutional, national, and international case law recognizing the right to participatory government or citizen participation as a fundamental right. This Chamber has established criteria in its case law regarding public participation in decisions affecting the community in such varied areas as the environment, urban planning, and changes to public-service rates, among others. It has likewise recognized participatory government as a fundamental right enforceable through amparo proceedings (vía del amparo). That determination has been made irrespective of the name assigned to it, since it may also be called the right to public participation or to participatory government. In all these cases, the right to participatory government is expressly established on the basis of Article 9 of the Constitución Política. In addition to the precedents cited in the preceding recital, it is pertinent to recall the following:

  • i)Judgment number 2007-011266 at 14:35 hours on August 08, 2007: “Based on the statements in the preceding recital, this Court finds that the case under consideration involves a violation of Article 9 of the Constitución Política, because the Autoridad Reguladora de los Servicios Público did not include in resolution RRG-4771-2005 a mechanism guaranteeing citizen participation in deciding applications for extraordinary fuel-price increases submitted by the Refinadora Costarricense de Petróleo. In this regard, this Chamber considers it manifestly arbitrary for ARESEP to approve an extraordinary model for setting the prices of fuels sold by RECOPE without making the information in each specific case public, since this prevents persons from exercising their right to participate in making that decision, thereby failing to comply with the constitutional legislature’s mandate. Although this Chamber understands that an extraordinary adjustment to the prices of fuels sold by RECOPE is intended to urgently restore the financial balance of the relationship between provider and user that has been affected by circumstances other than those contemplated for ordinary rate-setting, the fact remains that such adjustment cannot be achieved to the detriment of the rights of the country’s inhabitants, who are entitled to express their views regarding increases in hydrocarbon prices, as stated above.” (emphasis not in the original) ii) Judgment number 2012-017749 at 09:30 on 14 de diciembre de 2012: “In that context, the respondent authority infringed the right to citizen participation in environmental matters, since a hearing is held in order to provide interested parties with an opportunity to express their opposition to or support for a decision that unquestionably has repercussions within their legal sphere.” iii) Judgment number 2011-005516 at 12:31 on 29 de abril de 2011: “Although it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least for it to fall within the jurisdiction of this court, as applying to projects that, because of their special nature and great significance or impact, may substantially affect a community.” iv) Judgment number 2011-007962 at 10:53 on 17 de junio de 2011: “Likewise, this Constitutional Court, in Judgment No. 8125-2008 at 18:22 hrs. on 13 de mayo de 2008—with respect to the public hearings that ARESEP must organize for interested members of the public in cases involving a public-utility rate-setting study—held as follows: “(…) Citizen participation in public decision-making is provided for in Article 9 of the Political Constitution and therefore acquires the rank and force of a fundamental constitutional right.

This does not entail a deconstitutionalization of the principle of legality governing the Public Administration, although it does, of course, represent a more democratic form of government that expands the forums for debate on various issues affecting the community and that, by virtue thereof, are open to citizen involvement and opinion. We are therefore dealing with an option that is already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this constitutional remedy (amparo) provides an excellent opportunity to give it clear and effective force, so that it does not remain mere rhetoric.” (emphasis not in the original).

This recognition of democratic government as a fundamental right has also occurred elsewhere. For example, the case law of the Constitutional Court of Colombia has repeatedly emphasized its importance. Thus, judgment number C-180 of 1994 stated as follows: “The principle of democratic participation expresses not only a decision-making system but also a model of social and political conduct grounded in the principles of pluralism, tolerance, the protection of rights and freedoms, and the substantial responsibility of citizens in defining the collective destiny.” “The concept of participatory democracy inherently entails applying the democratic principles that shape political practice to spheres other than the electoral sphere. It involves reassessing and vigorously expanding the concept of the citizen and reconsidering the citizen’s role in national life.” “It does not merely encompass the establishment of mechanisms through which citizens make decisions in referendums or popular consultations, or revoke the mandates of elected officials; it also means that citizens may participate continuously in nonelectoral decision-making processes that will significantly affect the course of their lives.

The aim is therefore to strengthen channels of representation, democratize them, and promote a more balanced and less unequal pluralism.” “Citizen participation outside the electoral sphere fosters public concern for and interest in collective problems; it contributes to the development of citizens capable of maintaining a sustained interest in governmental processes and, additionally, makes it more feasible to realize the ideal that every citizen should have equal opportunities to achieve the personal development to which that citizen aspires and is entitled.” “In a participatory democracy, the people not only elect their representatives through voting, but also have the opportunity to intervene directly in certain decisions, to repeal or modify decisions adopted by their representatives in public bodies, whether upon being called to do so or on their own initiative, and to revoke the mandates of those whom they have elected.” “In summary: participation, as conceived within the democratic system described above, inspires the new framework upon which the constitutional system of the Colombian State is structured.

This entails a quantitative expansion of genuine opportunities for citizen participation, as well as their qualitative reconfiguration so that, beyond the political-electoral sphere, their scope extends to the individual, family, economic, and social spheres.” Similarly, in judgment number C-522 of 2002, the Constitutional Court of Colombia emphasized that the democratic principle and citizen participation extend to other settings by virtue of their universal and expansive nature. It stated: “Furthermore, it must be made clear that the Political Constitution of 1991 does not restrict the democratic principle to the political sphere, but extends it to multiple social spheres. The process of expanding democracy goes beyond reflection on mechanisms of direct participation and places particular emphasis on extending the participation of interested persons in the deliberations of collective bodies other than political bodies.

The development of democracy extends from the political sphere, in which the individual is regarded as a citizen, to the social sphere, where the person is taken into account in the multiplicity of their roles—for example, as a worker, student, family member, member of a healthcare provider, consumer, etc. In view of this expansion of democracy, the Constitutional Court has held that the democratic principle endorsed by the Constitution is both universal and expansive. It is universal because it encompasses various settings, processes, and places, both public and private, and also because the concept of politics underlying it draws upon everything that may legitimately be of interest to the person, the community, and the State and may therefore affect the distribution, control, and allocation of power. It is expansive because it must be progressively broadened by reaching new spheres and continually deepening its force, which demands a tireless effort by the principal public and private actors to make it an effective reality.” VII.- The specific case.

The petitioner alleges that SETENA infringed her right to citizen participation during the public hearing held on 9 de noviembre de 2013 at the Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, corresponding to the case file for the Nueva Terminal de Contenedores de Moín project, because, although she requested the floor, she was not allowed to speak.

In this regard, the Chamber deems it established that on 25 de mayo de 2012, SETENA received the initial environmental assessment document (documento de evaluación ambiental inicial) for the “Terminal de Contenedores de Moín” project, submitted on behalf of APM Terminals Moín S.A., which was assigned expediente número D1-7968-2012-SETENA. It is also apparent that, by resolución número 2539-2013-SETENA of 10 de octubre de 2013, the Comisión Plenaria de SETENA agreed to hold a public hearing from 8:00 to 16:00 on 9 de noviembre de 2013 at the Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón. Furthermore, through a notice received by SETENA on 4 de noviembre de 2013, the petitioner entered an appearance in expediente número D1-7968-2012, requesting the floor during the forthcoming public hearing. By oficio número SG-UE-DEA-146-2013, SETENA informed her that “during the proceeding, a period would be provided for questions and comments, during which she may exercise her right to speak.” The Chamber notes that the referenced public hearing was indeed held on 9 de noviembre de 2013 according to the following schedule: from 7:00 to 8:00, participant registration; from 8:00 to 8:30, first and second calls, respectively; from 8:30 to 8:50, formal opening of the event—formal presentation by SETENA—establishment of the hearing rules; from 8:50 to 9:20, project description; from 9:20 to 11:00, presentation of the environmental impact study (Estudio de Impacto Ambiental); from 11:00 to 11:15, collection and classification of questions; from 11:15 to 12:00, reading and answering questions; from 12:00 to 13:00, lunch recess; from 13:00 to 14:00, continuation of the reading and answering of questions; from 14:00 to 14:15, collection and classification of comment forms; from 14:15 to 16:00, period for responding to comments; 16:00, preparation, reading, and signing of the minutes—close of the event.

As required, at the beginning of the event the Secretario General de SETENA read the general schedule and explained the hearing rules, among which he specified: “(…) because order must prevail during the hearing, conduct that undermines that purpose will initially result in a call to order. If order is not restored, measures may be taken such as ordering a reasonable recess, requesting security intervention, or suspending the hearing.” However, because of an incipient violent incident caused by some of those present, the aforementioned hearing, instead of being suspended as specified in the rules of the general schedule, was declared concluded by the Secretario General de la SETENA at approximately 13:40, and the remaining stages of the hearing therefore did not take place: collection and classification of comment forms, a period for responding to comments, and, finally, preparation, reading, and signing of the minutes, together with the close of the event.

The conclusion of the hearing has been fully established both by the video submitted as evidence by the Secretario General de la SETENA and by the verbatim transcript of the hearing, which states: “14. Suspension of the hearing. Uriel Juárez:… par (sic) holding this public hearing, we hereby declare it concluded. Thank you very much!” Thus, instead of suspending the hearing, it was brought to a close, which meant excluding fundamental aspects of that proceeding, such as the collection of comments and the replies thereto. It should be noted that the right to participatory government, established in article 9 of the Constitución Política, constitutes, as explained in considerando IV of this decision, a constitutional guiding principle that permeates legislative and regulatory development, as well as the actions of the Administration. Specifically, pursuant to that constitutional mandate, sections 6 and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente and section 3 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental require that the aforementioned hearing be held.

For the hearing to be deemed properly held, it should have been completed in full, which did not occur in this case and is, moreover, particularly serious because neither the comments nor the replies thereto would be taken into account when the respective final administrative act (acto final) was issued. Accordingly, in the matter under examination (sub examine), protection of the constitutional right to participatory government, which may also be viewed as a principle, can become effective only if its proper safeguarding is ensured when applying and interpreting the infra-constitutional rules requiring that a complete hearing be held, since this constitutes a gross and manifest violation of the core of that right because, as noted, essential aspects—the collection of participants’ comments and the replies thereto—were omitted, even though the hearing rules, explained at the beginning of the proceeding, referred only to suspension of the proceeding as the most drastic measure in the event of a disturbance.

As is readily apparent, proof of this infringement of participatory government does not require any complex evidentiary proceeding, given the clarity with which the hearing rules were established. Furthermore, to claim that constitutional review is limited merely to determining whether or not a hearing was held, without examining basic aspects of how it was conducted—as the Sala Constitucional has been doing—would distort the constitutional right to participatory government and leave it as an empty shell, devoid of effective constitutional protection.

In the case at bar (sub judice), SETENA itself failed to comply with the rules it had established for the proper conduct of the proceeding. It should be recalled that the guidelines agreed upon before the hearing began provided that, if conduct disrupting order became apparent, there would first be a call to order and, if that failed to achieve the desired effect, a reasonable recess would be ordered, security intervention would be requested, or the hearing would be suspended. Suspension of a proceeding is not the same as bringing it to a close. The former entails rescheduling it so that the omitted portions may be satisfactorily completed. Under the latter, the hearing is definitively concluded and therefore should be used only after all scheduled phases have been completed without omitting any relevant phase. In this particular case, however, an essential element of the public hearing was eliminated: the stage intended to allow interested persons to speak aloud in reply to the comments. If, because of the circumstances observed on 9 de noviembre de 2013, it was not possible to complete the public proceeding, the proper course would have been for SETENA to reschedule the hearing for subsequent days so that it could be completed as required.

Without prejudice to the foregoing, the Chamber is aware that the disturbances occurring during the final part of the hearing are not attributable to SETENA. Likewise, this Court recognizes that the respondent authority had scheduled the active participation of the persons present. Nevertheless, in view of the constitutional right to participatory government established in section 9 of the Constitución Política, the Chamber considers it necessary, in this amparo proceeding (amparo), to order completion of the public hearing that was held, so that the persons who had timely requested an opportunity to speak during the comment phase may voice their opinions aloud. To that end, the appropriate organizational, security, and technological measures must be taken so that the public hearing can be completed normally.

VIII.Dissenting opinion of Magistrado Jinesta Lobo, Magistrada Hernández López, and Magistrado Salazar Alvarado, drafted by the second-named. We believe that this amparo must be summarily dismissed. In amending article 9 of the Constitución Política, the constituent reforming body sought to give positive legal effect to the Principle of Participation and thereby bring those subject to the Administration closer to the governmental decision-making process, as part of what legal scholarship calls “corrective mechanisms” of representative democracy. Thus, the constituent reforming body left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional rules, except in exceptional cases. In that regard, the natural forum for overseeing compliance is the ordinary courts, not the constitutional jurisdiction. For that reason, the issues raised in this case fall outside and are far removed from this Court’s jurisdiction, namely: whether the structure of the hearing allowed everyone or only some persons to participate; whether the Constitution guarantees that the petitioner must be allowed to present her views aloud even though she submitted her comments in writing; whether the hearing was properly or improperly concluded because it ended two hours and twenty minutes before the scheduled time, or whether it should merely have been suspended; and the legal consequences of the conduct of the groups of attendees who initiated—whether deliberately or not is unknown—the outbreaks of violence that thwarted the scheduled proceeding.

In this specific case, article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente does not define whether such participation must be oral, written, or otherwise, or how the participation requirement is satisfied. This must be examined in a proceeding allowing full presentation and contestation of evidence, which, in our view, does not fit within an amparo as a rapid, simple, summary, and special proceeding for the protection of fundamental human rights. It is therefore for judicial review of legality, and not this Constitutional Court, to determine whether the administrative actions and conduct, whether affirmative or by omission, undertaken by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental comply with the infra-constitutional legal system. For the reasons stated, we believe that the issue raised lies far beyond the specific matters that the Sala Constitucional is charged with protecting, without this meaning that it does not merit examination before the ordinary courts or within the purely administrative contentious jurisdiction, pursuant to article 49 of the Constitution.

Por tanto:

The petition is granted. Miguel Marín Cantarero, in his capacity as Secretario General ad hoc of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds that office in his stead, is ordered to proceed immediately to complete the public hearing in expediente número D1-7968-2012-SETENA, which must be held within the 15 business days following notification of this judgment, solely for the purpose of completing the phases omitted under the hearing rules explained at its outset. The respondent authority is advised that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.

The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative contentious jurisdiction. This judgment shall be personally served upon Miguel Marín Cantarero, in his capacity as Secretario General ad hoc of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds that office in his stead. Magistrados Jinesta Lobo, Hernández López, and Salazar Alvarado dissent and would summarily dismiss the petition.- Gilbert Armijo S.

Acting President Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fernando Salazar A. Rosa M. Abdelnour G.

Oloria CASE FILE N° 13-013068-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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*130130680007CO* *130130680007CO* Res. Nº 2013-017305 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por Myrna Ivette Pierre Dixon, portadora de la cédula de identidad 7-720-310; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:24 horas del 14 de noviembre de 2013, la recurrente interpone recurso de amparo contra la SETENA. Manifiesta que la autoridad recurrida lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública realizada el 09 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón centro, dentro del el proyecto denominado: “Nueva Terminal de Contenedores de Moín”. Explica que por medio del oficio Número FSC-004-2013, se apersonó a ese expediente y solicitó que se le otorgara el uso de la palabra durante la citada audiencia pública. Afirma que por oficio número SG-UE-DEA-146-2013, se le respondió que durante la realización de la audiencia se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podría ejercer el uso de la palabra. Asegura que se apersonó el día de la audiencia y cumplió con los requisitos exigidos para el ejercicio de la palabra; no obstante, durante la celebración de la audiencia pública no se le concedió el uso de la palabra ni tampoco a gran cantidad de ciudadanos que así lo solicitaron.Agrega que presentó el oficio número FSC-005-20013, que cuenta con la firma de recibido de una funcionaria de la SETENA, el cual no fue leído durante la audiencia. Estima lesionado su derecho de participación ciudadana. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias que ello implique.
  2. 2Mediante resolución de Presidencia de las 08:58 horas del 18 de noviembre de 2013, se le dio curso al amparo.
  3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:26 horas del 03 de diciembre de 2013, informa bajo juramento Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que el 25 de mayo de 2012 fue recibido en esa dependencia el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al cual se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA. Refiere que el 31 de agosto de 2012, mediante resolución número 2246-2012 del 31 de agosto de 2013, se acordó solicitar al desarrollador en el plazo máximo de 1 año, la presentación de un estudio de impacto ambiental, de conformidad con los requerimientos legales. Indica que dicho estudio fue presentado y se encuentra en etapa de análisis. Señala que por la magnitud del proyecto y considerando que se debe realizar un análisis riguroso del más alto nivel, se debe aclarar que a finales de mayo de 2013, esa Secretaría solicitó criterio técnico a 32 instituciones, entre ellas: universidades públicas, colegios profesionales (biólogos, sociólogos, geólogos, ingenieros y arquitectos, ingenieros agrónomos), Museo Nacional, SENARA, SINAC, JAPDEVA y MOPT, entre otros, respecto al estudio de impacto ambiental presentado para el proyecto en cuestión.Afirma que de las instituciones consultadas, a la fecha se han pronunciado 22 de ellas y 4 han solicitado prórroga para suministrar su criterio. Sostiene que el 11 de abril de 2013 se publicó en un periódico de circulación nacional la presentación del estudio de impacto ambiental para que las personas interesadas presentaran a SETENA sus observaciones. Sostiene que luego la Comisión Plenaria acordó oficiosamente la realización de una audiencia pública mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, fijada a realizarse el 09 de noviembre de 2013 de las 08:00 a las 16:00 horas en el Gimnasio Eddy Bermúdez, de la localidad de Limón. Explica que mediante resoluciones número 2277-2013-SETENA y 2278-2013-SETENA del 08 de noviembre de 2013, se resolvieron 4 incidentes de nulidad presentados en contra de la convocatoria a audiencia pública, los cuales fueron resueltos sin lugar; además, a la fecha están pendientes de conocerse 5 incidentes de nulidad de la audiencia pública, así como un recurso de revocatoria contra la resolución número 2277-2013 y 25 recursos ordinarios de apelación contra la resolución número 2778-2013.Aduce que mediante resolución de las 14:19 horas del 19 de noviembre de 2013, se otorgó a la SETENA y al MINAE un plazo de 3 días para presentar informe en relación con el recurso de amparo presentado por Danny Jirón Menéndez, alegando lesiones al derecho de participación ciudadana de los interesados en formar parte de la audiencia pública del 09 de noviembre de 2013. Menciona que la recurrente se apersonó al expediente número D1-7968-2012; en cuanto a la solicitud planteada para que se le concediera oportunidad de hacer uso de la palabra, mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013 se le indicó que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra”. Expresa que al inicio de la actividad, el Secretario General de SETENA dio lectura al programa general de la audiencia, en el que se indicó la manera en la que se utilizaría el tiempo y las oportunidades de comentarios y preguntas.Refiere que entre las reglas que se establecieron para dicha actividad se aclaró a los participantes que el tiempo dispuesto para la etapa de comentarios sería establecido en proporción a la cantidad de intervenciones propuestas; asimismo, serían admitidas las cesiones personales de tiempo para manifestarse. Indica que la oportunidad para participar durante la audiencia se otorgó en igualdad de condiciones, incluso para la recurrente. Señala que se repartieron boletas para preguntas y otras para comentarios, respecto de las cuales no se hizo distinción alguna entre los presentes. Afirma que la amparada, al igual que el resto de los presentes, tuvo la posibilidad de participar formulando las preguntas y comentarios procedentes, para lo cual debió llenar las boletas respectivas. Sostiene que para participar en la audiencia era necesario llenar las boletas que se entregaron, tal como fue explicado al inicio de la actividad.Sostiene que también se estableció que el tiempo para participar se distribuiría de manera proporcional a la cantidad de presentes. Explica que el oficio al que hace alusión la tutelada se presentó el mismo día de la audiencia pública, incluso cuando ya había iniciado y se había programado su desarrollo. Aduce que muchos de los presentes propiciaron un ambiente de irrespeto, obstaculizando el desarrollo normal de la audiencia y el intento de intimidación constante frente a funcionarios de SETENA. Aclara que según lo informado por el Comisionado del Ministerio de Seguridad Pública, “durante las ponencias se dieron llamadas de atención y llamados a la calma por parte de los funcionarios de SETENA ya que los participantes lanzaban proclamas contra el proyecto, además de utilizar pitos y trompetas, lo que impedía continuar con la misma (…)”. Expresa que ante esa situación fue imposible evitar la suspensión de la audiencia en razón del abrupto ingreso por parte de un grupo de los presentes a la cancha del gimnasio, zona donde se ubicaban los miembros de esa Secretaría; en razón de ello, no fue posible realizar la fase de comentarios.Manifiesta que, sin embargo, las boletas correspondientes a comentarios se recibieron y constan en el legajo de la audiencia pública. Refiere que la boleta de comentarios que entregó la recurrente, al igual que las demás, se recibió sin ninguna distinción. Asegura que el quebrantamiento de las medidas de seguridad por parte de un grupo de los presentes, generó una evidente amenaza contra la integridad física de los funcionarios y demás personas presentes. Afirma que la SETENA hizo lo que estuvo a su alcance para fomentar la participación en la audiencia de los interesados en el proyecto. Sostiene que además de la audiencia pública ordenada en el cantón de Limón, se han aplicado otros espacios de participación, como la publicación de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en SETENA en el periódico La Prensa Libre el día 11 de abril de 2013, para que las personas interesadas pudieran presentar las observaciones pertinentes al estudio; además, existe la posibilidad de apersonarse al expediente o hacer llegar las observaciones de tipo ambiental que correspondan, solicitar audiencias privadas con la Comisión Plenaria de SETENA, entre otros.Sostiene que las observaciones presentadas por la amparada serán valoradas, de manera que su derecho a la participación no ha sido limitado. Explica que la tutelada, en realidad, se encuentra disconforme con la manera particular en que se desarrolló la audiencia y el mecanismo utilizado para la participación, lo cual es materia de legalidad. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
  4. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.Cuestión preliminar. Antes de examinar el caso que nos ocupa, es pertinente indicar que a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ello implica que, ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal –previo estudio- podrá decidir en forma diversa, sin que ello implique lesión alguna al derecho que le asiste al recurrente de acudir a otras vías en auxilio de sus derechos. Así las cosas, pese a que en sentencia número 2013-015135 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2013, esta Sala rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto contra la SETENA, entre otras cuestiones, por el levantamiento repentino de la audiencia pública relacionada con el proyecto portuario denominado “Terminal de Contenedores de Moín”; sin embargo, en este amparo, se dio curso al recurso y, al contrario del caso antedicho, sí se entró a conocer el fondo del asunto, motivo por el que, con base en los nuevos elementos probatorios y normativos, resulta procedente replantearse lo dispuesto en el voto supra citado.

II.Objeto del recurso. La recurrente alega que la SETENA lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública celebrada el 9 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón centro, correspondiente al expediente relacionado con el proyecto de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, ya que a pesar de que solicitó el uso de la palabra no se le concedió.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el 25 de mayo de 2012 fue recibido en la SETENA el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al que se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); b) mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, la Comisión Plenaria de SETENA acordó oficiosamente la realización de una audiencia pública, por efectuarse de las 8:00 a las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2013 en el Gimnasio Eddy Bermúdez, de la localidad de Limón (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); c) mediante nota recibida el 4 de noviembre de 2013, la recurrente se apersonó en el hacer uso de la palabra durante la audiencia pública por realizarse (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); d) mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013, la SETENA le indicó a la amparada que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); e) el 9 de noviembre de 2013 se realizó la audiencia pública de cita, la cual comenzó a las 8:06 horas aproximadamente; al inicio de la actividad, el Secretario General de la SETENA dio lectura al programa general de la actividad y a las reglas para su desarrollo, entre las cuales se consignó que: “(…) en razón del orden que debe imperar en la celebración de la audiencia, las conductas que representen un quebranto a dicho propósito generará en primera instancia un llamado al orden.

En caso de no restablecerse el mismo se podrán tomar medidas tales como acordar una pausa prudencial, requerir la intervención de la seguridad o la suspensión de la audiencia” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); f) la audiencia tuvo el siguiente programa: de las 7:00 a las 8:00 horas, registro de participantes; de las 8:00 a las 8:30 horas, primera y segunda convocatoria respectivamente; de las 8:30 a las 8:50 horas, inicio formal de la actividad – presentación formal de la SETENA – establecimientos de las reglas de la audiencia; de las 8:50 a las 9:20 horas, descripción del proyecto; de las 9:20 a las 11:00 horas, presentación del Estudio de Impacto Ambiental; de las 11:00 a las 11:15 horas, recolección y clasificación de preguntas; de las 11:15 a las 12:00 horas, lectura de preguntas y respuestas a preguntas; de las 12:00 a las 13:00 horas, receso para el almuerzo; de las 13:00 a las 14:00 horas, continuación de la lectura de preguntas y respuestas; de las 14:00 a las 14:15 horas, recolección y clasificación de boletas con comentarios; de las 14:15 a las 16:00 horas, espacio para replica a comentarios; 16:00 horas, elaboración del acta, lectura y firmas – cierre de la actividad (informe de la parte recurrida); g) la diligencia en cuestión se dio por finalizada por parte del Secretario General de la SETENA aproximadamente a las 13:40 horas, debido a un conato de violencia generado por algunos de los asistentes, de manera que no se procedió con la última fase programada, correspondiente a “comentarios” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); h) la boleta de comentarios entregada por la recurrente se recibió e incorporó al expediente administrativo (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada).

IV.Sobre el control de constitucionalidad y su extensión. Conforme al artículo 10 de la Constitución Política, corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Acudiendo a la ley, el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina que la ratio iuris de la jurisdicción constitucional es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.

De esta forma, el parámetro de control de constitucionalidad comprende un espectro normativo que va más allá del texto constitucional, porque incorpora el derecho convencional así como los principios y valores constitucionales.

En materia de amparo, literalmente, el ordinal 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina que el amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no solo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. (El destacado no corresponde al original).

Por consiguiente, al momento de ejercer el control de constitucionalidad por la vía del amparo, la Sala Constitucional debe determinar, entre otros aspectos, qué derechos constitucionales o convencionales están siendo lesionados, cuál resolución, acto u omisión ha venido a provocar la lesión de relevancia constitucional, y si de por medio se ha dado una indebida aplicación o errónea interpretación de normas a contrapelo de una correcta protección a los derechos fundamentales.

Al respecto se deben subrayar las características tan particulares de las normas constitucionales: su contenido muchas veces es abstracto, enuncia disposiciones genéricas, y su aplicación es con frecuencia elástica (salvo algunas normas con un mandato muy puntual y preciso).

Esta situación se explica porque la normativa constitucional se encuentra en la cúspide de la jerarquía normativa interna, de manera que su función fundamental consiste en dictar las pautas fundamentales que sirven de orientación al resto del engranaje normativo, a la hora que desarrollan las potestades legislativas y reglamentarias.

Lo que queremos decir es que el contenido normativo de los derechos fundamentales no está restringido al núcleo duro contemplado en el texto constitucional, sino que inexorablemente abarca el ulterior desarrollo que de él se haga a través de leyes y reglamentos. Volver operativo un derecho fundamental demanda su concreción en el ordenamiento infraconstitucional. Ergo, pretender ejercer el control de constitucionalidad únicamente en el ámbito de la norma genérica y abstracta de la Constitución Política deviene una quimera; el verdadero control de constitucionalidad solo se puede ejercer mediante una interacción entre los ámbitos constitucional e infraconstitucional.

Verbigracia, el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cantidad de instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, resulta imposible de tutelar por la mera referencia a la Ley Fundamental. El control de constitucionalidad correspondiente a dicho derecho solo puede desarrollarse si se acude a la normativa infraconstitucional a fin de velar porque los requerimientos fundamentales establecidos precisamente para resguardar el mandato constitucional del artículo 50 de la Ley Fundamental, efectivamente se cumplan.

Así, un proyecto de gran impacto ambiental requerirá inexcusablemente de un estudio de impacto ambiental, el cual solo es exigido de modo directo por el artículo 17 (siguientes y concordantes) de la Ley Orgánica del Ambiente, no por la Constitución Política; empero, lo que hace dicho numeral no es sino desarrollar la pauta normativa previamente estatuida en el ordinal 50 de la Ley Fundamental.

La distinción, entonces, de cuándo un asunto es de constitucionalidad y cuándo de legalidad en materia de amparo, no depende del tipo de norma usado en el análisis, sino de otros factores, tales como la intensidad de la lesión al orden constitucional y la complejidad técnica de la averiguación de la verdad real.

Respecto del primer elemento, el control de constitucionalidad está hecho para actuar contra aquellas violaciones groseras y evidentes al orden constitucional, aquellas lesiones que por su grado de intensidad, se nos manifiestan de manera axiomática y vulneran el núcleo o contenido esencial de un derecho constitucional, lo que en doctrina alemana se denomina “Kern des Grundrechtes”. En cuanto al segundo punto, el amparo aspira a una célere protección de los derechos fundamentales, de manera que un asunto cuya averiguación de la verdad real demande una intensa y compleja evacuación de prueba técnica, resulta incompatible con esa naturaleza sumaria del amparo.

De este modo, cuestiones en que violaciones al orden constitucional no sean de intensidad relevante, o asuntos en que el diligenciamiento de la prueba sea harto complejo, no pueden ser conocidos por la vía de amparo. En este último caso, al accionante le queda el camino de la legalidad, o, eventualmente, la de la acción de inconstitucionalidad, cuando esta última vía resulte admisible según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues dicho proceso de constitucionalidad no es sumario sino que le resulta consustancial un examen más profundo tanto de criterios constitucionales como de elementos fácticos.

V.Sobre el derecho constitucional al gobierno participativo. El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Este mandato de la Ley Fundamental ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infraconstitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).

El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.

Este derecho al gobierno participativo, también denominado derecho a la participación ciudadana, se encuentre cobijado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

De este modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos".

Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.” En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5° que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.” De manera más vehemente, el numeral 6 de dicha Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.” Este reconocimiento convencional y constitucional al mencionado derecho representa un aspecto fundamental del modelo democrático de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como factores inherentes al sistema republicano, lo que a su vez dota la toma de decisiones políticas de mucha mayor legitimidad, aspecto clave cuando de verdadera gobernabilidad se trata.

Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el artículo 9 constitucional es la audiencia pública, que constituye en un medio a través del cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos, participando activamente en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con el proyecto que se pretenda desarrollar. Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223).

En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, la propia Constitución Política obliga a ello, pues con la reforma vigente desde el 31 de julio de 2003 al numeral 9 de la Ley Fundamental quedó estatuido que el Gobierno de la República tiene que ser, entre otros aspectos, participativo, lo que implica que el gobierno de turno es un articulador de lo establecido por deliberación popular. En otras palabras, en la democracia actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas. Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios.

Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada gestión.

De interés para el sub examine, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente garantiza el derecho a la audiencia en aquellos asuntos donde esté de por medio el ambiente. Literalmente, dicha norma reza así: “Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. En igual sentido, el numeral 22 de ese cuerpo normativo indica lo siguiente: “Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el original)”. El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, reúne una serie de reglas para la celebración de las audiencias públicas en los procedimientos que tramita SETENA a efectos de otorgar la viabilidad ambiental a determinado proyecto. Propiamente, el ordinal 3 define a la audiencia pública de este modo: “Artículo 3º—Definiciones y abreviaciones. Para los efectos del presente reglamento se utilizan las siguientes definiciones y abreviaciones:

(…)

12. Audiencia Pública: Es la presentación que la SETENA le ordena llevar a cabo, al desarrollador y al equipo de consultores ambientales, de una actividad, obra o proyecto de Categoría A, cuando lo estime necesario, a fin de informar a la sociedad civil, sobre el mismo y sus impactos, conforme la Ley Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad y este reglamento, y demás normativa concordante, así como escuchar las opiniones de los presentes en la audiencia para que sean analizadas en el proceso de EIA y se decida sobre su inclusión o no.”(Lo destacado no corresponde al original).

En conclusión, la audiencia pública dentro de los procedimientos tramitados por SETENA a efectos de otorgar o no viabilidad ambiental a determinado proyecto, se convierte en una manifestación clara del derecho constitucional al gobierno participativo, entronizado en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, el cual ha sido potenciado por este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia; de ahí que la Sala esté llamada a garantizarlo en el sub judice, con todas las prerrogativas y derechos para ambas partes. Ejemplo del impulso que le ha dado esta Sala a la participación ciudadana en materia ambiental, son las siguientes sentencias:

  • 1)Sentencia número 2008-12583 de las 15:02 horas del 19 de agosto de 2008: "El artículo 50 de nuestra Constitución Política consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entendiendo a éste como el derecho de las presente y futuras generaciones de habitar en un ambiente que garantice su salud tanto física, como mental Para cumplir con lo anterior, el constituyente otorgó a toda persona la legitimación para denunciar cualquier vulneración al medio ambiente, como forma de garantizar la participación ciudadana en la tutela del medio ambiente, y cumplir así no sólo con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, sino además con el principio democrático, que se deriva del artículo primero de la Constitución Política. Sobre este tema en particular, conviene mencionar lo dispuesto en la sentencia número 2002-10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dos, en la que se indicó en lo que interesa:

“i.– El derecho de acceso a la información ambiental. Este derecho tiene a su vez dos vertientes, por un lado –en su aspecto activo– conlleva el derecho de todas las personas a recibir información concerniente al ambiente, en virtud de haberse realizado una petición en ese sentido, sin que por ello tenga que ser demostrado previamente algún interés específico –bastando para ello alegar la presencia de un interés difuso, lo cual de por sí ha sido de amplia aceptación por esta Sala–, y debiendo dicha información ser puesta a disposición del petente tan pronto como sea posible. A este respecto, podría exceptuarse el acceso, únicamente bajo fundados argumentos de que la información a publicitar adversa la confidencialidad propia de procesos judiciales, los secretos de Estado y los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la vertiente pasiva, este derecho del ciudadano implica que correlativamente, la Administración se encuentra en el deber de facilitar a quien lo solicite la información relativa al ambiente, tanto dentro de los procedimientos como fuera de éstos; ello incluiría la obligación de informar sobre la actividad propuesta, la estructura del procedimiento, la indicación de cuáles serían los órganos para recibir las opiniones o cuestionamientos, entre otros.

ii.– El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe contener resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la magnitud de la discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos para, de previo a la participación, se lleve a cabo una etapa para que los ciudadanos se informen.

iii.– El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Esta dimensión refiere al derecho de los ciudadanos a tener una amplia legitimación activa para proceder a solicitar la revisión de las medidas tomadas en relación con el ambiente, en especial cuando consideren que se ha violentado dentro del procedimiento alguno de los dos aspectos antes citados.” Precisamente, una de las formas de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, se concretiza en la posibilidad que tienen las personas de conocer y brindar su opinión con respecto a los distintos estudios de impacto ambiental que se presenten ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, esto conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. Sobre este tema en concreto, la Sala señaló en el voto antes mencionado, lo siguiente:

“El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo con una nota diferenciadora, pues lo que busca es eludir o minimizar la eventual configuración de un daño ambiental, dentro de la ejecución de actividades sobre las que existe certeza acerca del efecto perjudicial que éstas producirían sobre el ambiente, de llevarse a cabo sin mediar contención alguna. En otras palabras, este instrumento corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si las mismas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, dado que este procedimiento lo que persigue en todo momento es el prever cualquier consecuencia negativa, a través de un amplio flujo de información, resulta natural entender que una de sus características es que las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales, que las autoridades competentes a raíz de una conducta omisiva o arbitraria podrían ignorar o dejar de lado, desprotegiendo consecuentemente al ambiente.

Es así como el principio o derecho de participación implica dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un alto grado de publicidad, al punto de que cualquier acto o solicitud que tenga un efecto significativo sobre el resultado final del mismo, debe ser de alcance general para todos los interesados, de modo que estos puedan ejercer sus opiniones en cualquier momento y no ser encasillados a un momento procesal determinado. El papel de la población como defensor de un ambiente sano, va desde “la cuna hasta la tumba”, es decir, desde el inicio de la actividad productiva como proyecto, hasta el fin de su vida útil, por lo que no sería admisible que en una décadas –como es el caso de los proyectos hidroeléctricos–, y de consecuencias irreversibles, se limite la participación de aquellos sectores sociales que puedan verse afectados, a una etapa procesal, que como una audiencia, puede durar sólo unas cuantas horas.

Así, en razón de su naturaleza preventiva, es exigible que desde el mismo momento de su inicio, un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental deba ser puesto en conocimiento de la población a efectos de iniciar un fenómeno abierto de participación”. (lo destacado no es del original) 2) Sentencia número 2010-017488 de las 14:34 horas del 19 de octubre de 2010: “Sobre la audiencia pública a la comunidad. Otro punto que reclama el recurrente es la falta de una audiencia pública a la comunidad para comunicar las diferentes consecuencias del relleno sanitario de Limón. Al respecto, la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental acepta, bajo fe de juramento, que efectivamente no se ha realizado la audiencia pública en la comunidad relacionada con este proyecto. Así, tomando en cuenta lo estipulado en el considerando V, se comprueba que el recurrente lleva razón en su alegato y, por consiguiente, este recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este punto.

En efecto, la negativa de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a juicio de esta Sala, es arbitraria e injustificada, pues el presente asunto se trata de la construcción de un relleno sanitario, lo que sin duda incide en la vida de los vecinos del lugar y en el medio ambiente. Así, considera este Tribunal que una audiencia pública en donde se diera una adecuada comunicación, información y diálogo con la población sobre el proyecto de relleno sanitario resultaba de trascendencia para que los vecinos tuvieran un panorama más amplio sobre los beneficios y perjuicios que puede conllevar un proyecto como el antes mencionado. En ese sentido, a criterio de este Tribunal, el derecho a la participación ciudadana no fue garantizado, pues al no haberse realizado audiencia alguna en la comunidad, los interesados vieron limitadas sus posibilidades de conocer más a fondo el tema en discusión. Así, en razón de lo expuesto anteriormente, se estima que el presente recurso debe ser acogido en cuanto a este punto” (lo subrayado no es del original) 3) Sentencia número 2013-009795 de las 10:00 horas del 19 de julio de 2013: “IV.- Por otro lado, este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente.

Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no solo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencias número 2001-10466, 2003-6322 y 2010-6922). Así, resulta de gran importancia que sea puesta a disposición de los interesados la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pro ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar:

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad.

Precisamente, por Ley No. 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior ha traído como consecuencia, además, que se admita una legitimación muy amplia para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Asimismo, cuando la Constitución Política hace mención en el artículo 9, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población.

De los artículos 1, 9 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un Estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. En la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar incluso a SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida. Lo anterior, claro está, en aquellos asuntos que su trascendencia lo amerite, lo cual puede ser solicitado por cualquier interesado y valorado así por la Comisión Plenaria (…)”

VI.Jurisprudencia constitucional, nacional e internacional, en la que se reconoce el derecho al gobierno participativo o la participación ciudadana como derecho fundamental. Ahora bien, esta Sala ha establecido criterios dentro de su jurisprudencia sobre la participación pública en la toma de decisiones que afectan a la colectividad, en temas tan variados como el ambiente, la planificación urbana y la modificación de tarifas en los servicios públicos, entre otros. Asimismo, ha reconocido el gobierno participativo como derecho fundamental tutelable en la vía del amparo. Tal decisión se ha tomado con independencia del nombre que se le asignado al mismo, puesto también se le puede denominar derecho a la participación pública o al gobierno participativo. En todos estos casos se establece, con asidero en el ordinal 9 de la Constitución Política, el derecho al gobierno participativo de modo expreso. Además de los precedentes citados en el considerando anterior, resulta de relevancia recordar estos otros:

  • i)Sentencia número 2007-011266 de las 14:35 horas del 08 de agosto de 2007: “Con fundamento en lo dicho en el considerando anterior, este Tribunal estima que en el caso de estudio existe una violación a lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política, pues la Autoridad Reguladora de los Servicios Público no incorporó en la resolución RRG-4771-2005, un mecanismo que garantice la participación de los ciudadanos en la resolución de las solicitudes de aumento extraordinario en los combustibles, presentadas por la Refinadora Costarricense de Petróleo. En ese sentido, considera esta Sala que resulta a todas luces arbitrario que la ARESEP apruebe un modelo extraordinario de fijación de precios de los combustibles que expende RECOPE sin publicitar la información para cada caso concreto, pues ello implica que las personas no puedan ejercer su derecho de participación en la toma de dicha decisión, incumpliendo así con lo dispuesto por el legislador constitucional.

Si bien esta Sala entiende que en el caso del ajuste extraordinario de precios a los combustibles vendidos por RECOPE lo que se pretende es el restablecimiento urgente del equilibrio financiero de la relación entre prestatario y usuario que ha resultado afectado por circunstancias diferentes de las previstas para las fijaciones ordinarias, lo cierto es que dicho reajuste no puede lograrse en detrimento de los derechos de los habitantes del país, quienes tienen la potestad de expresar su opinión con respecto a los aumentos en los precios de los hidrocarburos, tal y como se indicó” (lo destacado no es del original) ii) Sentencia número 2012-017749 de las 09:30 horas del 14 de diciembre de 2012: “Bajo ese contexto, la autoridad recurrida lesionó el derecho de participación ciudadana en los asuntos ambientales, dado que una audiencia se realiza con el fin de dar oportunidad a los interesados de manifestarse, en contra o a favor de una decisión que tiene, indubitablemente, repercusiones en su esfera jurídica.” iii) Sentencia número 2011-005516 de las 12:31 horas del 29 de abril de 2011: “Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad.” iv) Sentencia número 2011-007962 de las 10:53 horas del 17 de junio de 2011: “De igual forma, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia No. 8125-2008 de las 18:22 hrs. de 13 de mayo de 2008 -con respecto a las audiencias públicas que debe de organizar la ARESEP para la ciudadanía interesada en aquellos casos en los que se tramita un estudio de fijación tarifaria de servicios públicos-, estimó lo siguiente: “(…) La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas se encuentra prevista en el artículo 9 de la Constitución Política, por lo que adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter fundamental.

No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre diferentes temas que le afectan a la colectividad, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso.” (lo destacado no es del original).

Este reconocimiento del gobierno democrático como derecho fundamental también se ha dado en otras latitudes. Verbigracia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha destacado su importancia en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia número C-180 de 1994, se precisó lo siguiente: “El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo”.

“El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional”.

“No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual”.

“La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho”.

“En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes ha elegido”.

“En síntesis: la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social”.

En el mismo sentido, en la sentencia número C-522 de 2002, la Corte Constitucional de Colombia destacó la proyección del principio democrático y de la participación ciudadana en otros escenarios en virtud de su carácter universal y expansivo. Dijo entonces: “De otra parte, es necesario puntualizar que la Constitución Política de 1991 no restringe el principio democrático al ámbito político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. El proceso de ampliación de la democracia supera la reflexión sobre los mecanismos de participación directa y especialmente hace énfasis en la extensión de la participación de las personas interesadas en las deliberaciones de los cuerpos colectivos diferentes a los políticos. El desarrollo de la democracia se extiende de la esfera de lo político en la que el individuo es considerado como ciudadano, a la esfera social donde la persona es tomada en cuenta en su multiplicidad de roles, por ejemplo, como trabajador, estudiante, miembro de una familia, afiliado a una empresa prestadora de salud, consumidor etc. Ante la extensión de la democracia la Corte Constitucional ha señalado que el principio democrático que la Carta prohija es a la vez universal y expansivo.

Universal porque compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que válidamente puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por lo tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder. Es expansivo pues porque ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción”.

VII.Sobre el caso concreto. La recurrente alega que la SETENA lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública realizada el 9 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, correspondiente al expediente del proyecto de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, ya que a pesar de que solicitó el uso de la palabra, no se le concedió.

Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el 25 de mayo de 2012, en la SETENA fue recibido el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al cual se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA. Asimismo, se observa que mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, la Comisión Plenaria de SETENA acordó la celebración de una audiencia pública de las 8:00 a las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2013 en el Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón. Por otra parte, a través de nota recibida en la SETENA el 4 de noviembre de 2013, la recurrente se apersonó en el audiencia pública por efectuarse. Mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013, la SETENA le indicó que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra”.

Observa la Sala que, efectivamente, el 9 de noviembre de 2013 se celebró la audiencia pública de cita con el siguiente programa: de las 7:00 a las 8:00 horas, registro de participantes; de las 8:00 a las 8:30 horas, primera y segunda convocatoria respectivamente; de las 8:30 a las 8:50 horas, inicio formal de la actividad – presentación formal de la SETENA – establecimientos de las reglas de la audiencia; de las 8:50 a las 9:20 horas, descripción del proyecto; de las 9:20 a las 11:00 horas, presentación del Estudio de Impacto Ambiental; de las 11:00 a las 11:15 horas, recolección y clasificación de preguntas; de las 11:15 a las 12:00 horas, lectura de preguntas y respuestas a preguntas; de las 12:00 a las 13:00 horas, receso para el almuerzo; de las 13:00 a las 14:00 horas, continuación de la lectura de preguntas y respuestas; de las 14:00 a las 14:15 horas, recolección y clasificación de boletas con comentarios; de las 14:15 a las 16:00 horas, espacio para replica a comentarios; 16:00 horas, elaboración del acta, lectura y firmas – cierre de la actividad.

Ahora bien, como correspondía, al inicio de la actividad, el Secretario General de SETENA dio lectura al programa general y del orden que debe imperar en la celebración de la audiencia, las conductas que representen un quebranto a dicho propósito generará en primera instancia un llamado al orden. En caso de no restablecerse el mismo se podrán tomar medidas tales como acordar una pausa prudencial, requerir la intervención de la seguridad o la suspensión de la audiencia”. Ahora bien, debido a un conato de violencia generado por algunos de los presentes, la mencionada audiencia, en vez de suspenderse como se había indicado en las reglas del programa general, se dio por finalizada por parte del Secretario General de la SETENA aproximadamente a las 13:40 horas, de manera que no se procedió con el resto de las fases de la audiencia: recolección y clasificación de boletas con comentarios, espacio para replica a comentarios, y, finalmente, elaboración del acta, lectura y firmas, junto con el cierre de la actividad.

Tal finalización de la audiencia ha quedado plenamente acreditada, tanto con fundamento en el video aportado como prueba por el Secretario General de la SETENA, como con base en la trascripción literal de la audiencia, donde se consignó: “14. Suspensión de la audiencia. Uriel Juárez:… par (sic) realizando esta audiencia pública, en este momento la damos por finalizada. Muchas gracias!”.

De este modo, en vez de suspender la audiencia, esta se dio por finalizada, lo que implicó excluir aspectos fundamentales de dicha jornada, como la recolección de comentarios y sus réplicas. Adviértase que el derecho al gobierno participativo, estatuido en el artículo 9 de la Constitución Política, constituye, como se constitucional que irradia sobre el desarrollo legislativo y reglamentario, así como sobre el accionar de la Administración. Precisamente, en atención a ese mandato constitucional, los numerales 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental obligan a la realización de la citada audiencia. Para que esta se considere celebrada de manera correcta, la misma debió haber concluido de modo completa, lo que en la especie no se dio y, además, resulta de particular gravedad, porque ni los comentarios ni sus réplicas vendrían a ser tomados en cuenta al momento de emisión del acto final respectivo.

Así las cosas, en el sub examine, la protección al derecho constitucional al gobierno participativo, que también puede ser visto como principio, solo puede volverse operativa si se vela por su correcto resguardo a la hora de aplicar e interpretar la normativa infra constitucional que obliga a la celebración de una audiencia completa, toda vez que se está ante una grosera y evidente violación al núcleo duro del referido derecho pues, como se señaló, aspectos esenciales (recolección de los comentarios de los participantes y sus réplicas) han venido a quedar por fuera, pese a que las reglas de la audiencia, expuestas al inicio de la actividad, solo hacían referencia a la suspensión de la actividad como medida más drástica en caso del algún disturbio. Como se advierte con facilidad, esta lesión al gobierno participativo no requiere para su demostración de diligencia alguna de prueba compleja, dada la claridad con que se fijaron las reglas de la audiencia.

Además, pretender que el control de constitucionalidad está limitado al mero hecho de si hubo o no audiencia, sin analizar aspectos elementales de la forma en que esta se desarrolla (como lo ha venido efectuando la Sala Constitucional), implica desfigurar el derecho constitucional al gobierno participativo y dejarlo como un cascarón vacío, ayuno de una efectiva tutela constitucional.

En el sub judice, la propia SETENA incumplió las reglas que ella misma instauró para el adecuado desarrollo de la diligencia. Recuérdese que dentro de las pautas acordadas previo al inicio de la audiencia se encontraba que, en caso de evidenciarse conductas que representaran un quebranto al orden, primero se haría un llamado al orden y si este no surtía los efectos deseados, se acordaría una pausa prudencial, se requeriría la intervención de la seguridad, o bien, se suspendería la audiencia. La suspensión de una diligencia no es lo mismo que su finalización. La primera conlleva una reprogramación con el fin de concluir satisfactoriamente lo omitido. En la segunda, se da por terminada de manera definitiva la audiencia, de manera que debe ser usada cuando ya se hayan agotado todas las fases programadas sin que se omita ninguna relevante. Sin embargo, en el caso concreto, se eliminó un elemento esencial de la audiencia pública: la etapa destinada a que las personas interesadas se manifestarán, a viva voz, para la réplica de los comentarios. Si por las circunstancias verificadas el 9 de noviembre de 2013 no fue posible concluir la diligencia pública, lo propio hubiese sido que SETENA reprogramara la audiencia para días posteriores y esta fuera concluida como correspondía.

Sin demérito de lo señalado, la Sala es consciente de que los disturbios acaecidos durante el desenlace final de la audiencia no son imputables a la SETENA. Asimismo, este Tribunal reconoce que la autoridad recurrida tenía programada la intervención activa de las personas presentes. Empero, en atención al derecho constitucional al gobierno participativo, estipulado en el ordinal 9 de la Constitución Política, la Sala estima necesario ordenar en este amparo la finalización de la audiencia pública efectuada, con el propósito de que las personas que oportunamente habían solicitado el uso de la palabra durante la fase de comentarios, puedan exponer a viva voz sus opiniones, para lo cual se deberán tomar las medidas de organización, seguridad y tecnológicas pertinentes a fin de concluir la audiencia pública con normalidad.

VIII.Voto salvado del Magistrado Jinesta Lobo, la Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, con redacción de la segunda. Estimamos que este amparo debe ser rechazo de plano. Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso, a saber, si la estructura de la audiencia permitía la intervención de todos o solo algunos; si la Constitución garantiza que la recurrente deba exponer de viva voz su criterio aún cuando hizo llegar sus comentarios por escrito; si la audiencia fue bien o mal terminada, al haberse concluido dos horas veinte minutos antes de lo programado, o si debió solamente suspenderse; o las consecuencias jurídicas del proceder de los grupos de asistentes que iniciaron -sin saberse si adrede o no- los brotes de violencia que dieron al traste con lo programado.- En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales.

Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que de inmediato proceda a concluir la audiencia pública del expediente número D1-7968-2012-SETENA, la cual deberá ser efectuada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, con el propósito de concluir solo las fases omitidas según las reglas de la audiencia expuestas al comienzo de la misma. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia a Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal. Los Magistrados Jinesta Lobo, Hernández López y Salazar Alvarado salvan el voto y rechazan de plano el recurso.- Gilbert Armijo S.

Presidente a.i.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fernando Salazar A. Rosa M. Abdelnour G.

Oloria 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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