Res. 16183-2013 Sala ConstitucionalRes. 16183-2013 Sala Constitucional

*130129300007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de diciembre de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por Ana Lucrecia Quirós Montoya, portadora de la cédula de identidad 1-512-418; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:21 horas del 12 de noviembre de 2013, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Manifiesta que el 18 de octubre de 2013 solicitó a la recurrida el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, con motivo de que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada e, inclusive, podría eventualmente incurrir en un presunto delito de fraude de ley. Indica que a la fecha el recurrido no le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales y compromete gravemente al ambiente, al encontrarse de por medio el derecho al agua. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
2. 2Mediante resolución de Presidencia de las 14:50 horas del 12 de noviembre de 2013, se le dio curso al amparo.
3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:22 horas del 21 de noviembre de 2013, informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que el 13 de setiembre de 2013 se presentó a esa dependencia el documento de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios. Señala que el desarrollador presentó escrito el 19 de setiembre de 2013 en el que aporta una publicación del periódico La República, del 18 de setiembre de 2013, en el que consta un aviso de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho proyecto. Afirma que el 27 de setiembre siguiente se presentó documento por parte del desarrollador donde adjunta una descripción actualizada del proyecto para que sea considerada en las futuras resoluciones de SETENA.Sostiene que ello implica una necesidad de mayor análisis en relación con el proyecto, ya que la evaluación debe realizarse con base en esta última descripción, según indicaciones del mismo desarrollador. Explica que, actualmente, la documentación correspondiente al instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en análisis por parte del Departamento de Evaluación Ambiental. Aduce que según consta en los oficios número DEA-3508-2013-SETENA, DEA-3511-2013-SETENA y DEA-3510-2013-SETENA, se señaló el 28 de noviembre de 2013 como fecha para la realización de una inspección de campo, la cual se realizará en aras de valorar el proyecto presentado, como uno de los pasos dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Aclara que el estudio de impacto ambiental es el instrumento más riguroso y complejo, de manera que no puede pretender la recurrente que esa oficina le responda en plazos muy cortos.Alega que los argumentos de la recurrente nacen a raíz de que, si bien originalmente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) había mencionado que tenía disponibilidad para suplir la demanda de agua solicitada para el proyecto “La Estación” en San Francisco de Heredia, posteriormente se alegó que el desarrollador nunca había informado a la ESPH que dicho proyecto consistía en un mega proyecto de un mall con bulevar y otros alimentos, contrario a lo que se había informado inicialmente en el sentido que lo que se pretendía construir era un simple supermercado. Expresa que tales argumentos expuestos en su momento por la recurrente serán debidamente valorados junto con los demás elementos de convicción que constan en el expediente, con la finalidad de adoptar la decisión final del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Menciona que el ordinal 22 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que: “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la SETENA en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto.Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final”. Manifiesta que, así las cosas, la observación presentada por la amparada será valorada al momento de la decisión final y cuando se cuente con todos los elementos de convicción, probatorios, técnicos y legales necesarias para adoptar la decisión final. Refiere que si en el presente caso, al igual que en cualquier otro, se determina que no es ambientalmente viable una determinada actividad humana, sea por razones jurídicas o técnicas, es deber de esa Secretaría proceder de conformidad. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
4. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente alega que el 18 de octubre de 2013 solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada; empero, a la fecha no se le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) en expediente administrativo número D1-11350-13, SETENA tramita solicitud de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, en San Francisco de Heredia, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); b) mediante nota del 18 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a una serie de anomalías que aparentemente tiene el proyecto en cuestión (ver prueba aportada).

III.Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

IV.Sobre el caso concreto. La recurrente alega que el 18 de octubre de 2013 solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada; empero, a la fecha no se le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que, efectivamente, en expediente administrativo número D1-11350-13, SETENA tramita solicitud de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, en San Francisco de Heredia, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios. Asimismo, se constató que mediante nota del 18 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a una serie de anomalías que aparentemente tiene el proyecto en cuestión.

Específicamente, según lo informado por el recurrido, los argumentos que plantea la amparada en esa nota hacen referencia a que si bien, originalmente, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) había mencionado que tenía disponibilidad para suplir la demanda de agua solicitada para el proyecto “La Estación” en San Francisco de Heredia, posteriormente se alegó que el desarrollador nunca había informado a la ESPH que dicho proyecto consistía en un mega proyecto de un mall con bulevar y otros alimentos, contrario a lo que se había informado inicialmente en el sentido que lo que se pretendía construir era un simple supermercado. El recurrido trae a colación el numeral 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, que dispone lo siguiente:

“Artículo 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración” (lo subrayado no es del original) Así las cosas, este Tribunal considera que las razones esgrimidas por la parte recurrida resultan atendibles, toda vez que de conformidad con la legislación vigente, las observaciones que planteen los interesados respecto de algún proyecto que se esté tramitando relacionado con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, siempre serán valoradas para el informe final, pero la norma legal no exige que se le conteste inmediatamente al administrado sobre la resolución de tal gestión u observación; es decir, no se obliga a una contestación individual de cada una de las observaciones que hagan los interesados. Esto no significa que las consideraciones expuestas por los administrados interesados sean obviadas por SETENA, sino que de conformidad con la legislación vigente, estas serían valoradas en un momento posterior, a la hora de emitir el informe final. Ergo, procede desestimar el amparo.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.- Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S.

Jorge Araya G.

Jose Paulino Hernández G.

*IJDP5Y8OH43S61*

*130129300007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de diciembre de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por Ana Lucrecia Quirós Montoya, portadora de la cédula de identidad 1-512-418; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:21 horas del 12 de noviembre de 2013, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Manifiesta que el 18 de octubre de 2013 solicitó a la recurrida el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, con motivo de que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada e, inclusive, podría eventualmente incurrir en un presunto delito de fraude de ley. Indica que a la fecha el recurrido no le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales y compromete gravemente al ambiente, al encontrarse de por medio el derecho al agua. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
2. 2Mediante resolución de Presidencia de las 14:50 horas del 12 de noviembre de 2013, se le dio curso al amparo.
3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:22 horas del 21 de noviembre de 2013, informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que el 13 de setiembre de 2013 se presentó a esa dependencia el documento de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios. Señala que el desarrollador presentó escrito el 19 de setiembre de 2013 en el que aporta una publicación del periódico La República, del 18 de setiembre de 2013, en el que consta un aviso de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho proyecto. Afirma que el 27 de setiembre siguiente se presentó documento por parte del desarrollador donde adjunta una descripción actualizada del proyecto para que sea considerada en las futuras resoluciones de SETENA.Sostiene que ello implica una necesidad de mayor análisis en relación con el proyecto, ya que la evaluación debe realizarse con base en esta última descripción, según indicaciones del mismo desarrollador. Explica que, actualmente, la documentación correspondiente al instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en análisis por parte del Departamento de Evaluación Ambiental. Aduce que según consta en los oficios número DEA-3508-2013-SETENA, DEA-3511-2013-SETENA y DEA-3510-2013-SETENA, se señaló el 28 de noviembre de 2013 como fecha para la realización de una inspección de campo, la cual se realizará en aras de valorar el proyecto presentado, como uno de los pasos dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Aclara que el estudio de impacto ambiental es el instrumento más riguroso y complejo, de manera que no puede pretender la recurrente que esa oficina le responda en plazos muy cortos.Alega que los argumentos de la recurrente nacen a raíz de que, si bien originalmente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) había mencionado que tenía disponibilidad para suplir la demanda de agua solicitada para el proyecto “La Estación” en San Francisco de Heredia, posteriormente se alegó que el desarrollador nunca había informado a la ESPH que dicho proyecto consistía en un mega proyecto de un mall con bulevar y otros alimentos, contrario a lo que se había informado inicialmente en el sentido que lo que se pretendía construir era un simple supermercado. Expresa que tales argumentos expuestos en su momento por la recurrente serán debidamente valorados junto con los demás elementos de convicción que constan en el expediente, con la finalidad de adoptar la decisión final del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Menciona que el ordinal 22 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que: “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la SETENA en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto.Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final”. Manifiesta que, así las cosas, la observación presentada por la amparada será valorada al momento de la decisión final y cuando se cuente con todos los elementos de convicción, probatorios, técnicos y legales necesarias para adoptar la decisión final. Refiere que si en el presente caso, al igual que en cualquier otro, se determina que no es ambientalmente viable una determinada actividad humana, sea por razones jurídicas o técnicas, es deber de esa Secretaría proceder de conformidad. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
4. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente alega que el 18 de octubre de 2013 solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada; empero, a la fecha no se le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) en expediente administrativo número D1-11350-13, SETENA tramita solicitud de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, en San Francisco de Heredia, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); b) mediante nota del 18 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a una serie de anomalías que aparentemente tiene el proyecto en cuestión (ver prueba aportada).

III.Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

IV.Sobre el caso concreto. La recurrente alega que el 18 de octubre de 2013 solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a que el desarrollador y responsable ambiental presentaron información errónea al expediente que puede conllevar a la analista a interpretar la información en forma equivocada; empero, a la fecha no se le ha notificado nada en relación con la solicitud de archivo, lo que lesiona sus derechos fundamentales. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que, efectivamente, en expediente administrativo número D1-11350-13, SETENA tramita solicitud de evaluación de impacto ambiental, formulario D1, para un proyecto denominado “La Estación”, en San Francisco de Heredia, el cual consiste en la construcción y posterior operación de un desarrollo comercial, e incluye área comercial y área de oficinas y servicios. Asimismo, se constató que mediante nota del 18 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a SETENA el archivo ad portas del expediente administrativo número D1-11350-13, debido a una serie de anomalías que aparentemente tiene el proyecto en cuestión.

Específicamente, según lo informado por el recurrido, los argumentos que plantea la amparada en esa nota hacen referencia a que si bien, originalmente, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) había mencionado que tenía disponibilidad para suplir la demanda de agua solicitada para el proyecto “La Estación” en San Francisco de Heredia, posteriormente se alegó que el desarrollador nunca había informado a la ESPH que dicho proyecto consistía en un mega proyecto de un mall con bulevar y otros alimentos, contrario a lo que se había informado inicialmente en el sentido que lo que se pretendía construir era un simple supermercado. El recurrido trae a colación el numeral 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, que dispone lo siguiente:

“Artículo 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración” (lo subrayado no es del original) Así las cosas, este Tribunal considera que las razones esgrimidas por la parte recurrida resultan atendibles, toda vez que de conformidad con la legislación vigente, las observaciones que planteen los interesados respecto de algún proyecto que se esté tramitando relacionado con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, siempre serán valoradas para el informe final, pero la norma legal no exige que se le conteste inmediatamente al administrado sobre la resolución de tal gestión u observación; es decir, no se obliga a una contestación individual de cada una de las observaciones que hagan los interesados. Esto no significa que las consideraciones expuestas por los administrados interesados sean obviadas por SETENA, sino que de conformidad con la legislación vigente, estas serían valoradas en un momento posterior, a la hora de emitir el informe final. Ergo, procede desestimar el amparo.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.- Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S.

Jorge Araya G.

Jose Paulino Hernández G.

*IJDP5Y8OH43S61*