Res. 15051-2013 Sala ConstitucionalRes. 15051-2013 Sala Constitucional

*130120180007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil trece.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-012018-0007-CO, interpuesto por DAVID SERRANO ORTIZ, cédula de identidad 0800460030, contra el ÁREA DE SALUD DE LA UNIÓN DE CARTAGO y la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN.

Resultando:

1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:01 horas del 22 de octubre de 2013, el recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de La Unión y el Área Rectora de Salud de La Unión de Cartago, con fundamento en los siguientes hechos: que el 18 de julio de 2012, interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida contra Jairo Navarro Cortés, en razón de que tiene un taller de enderezado y pintura, en la propiedad de su padre José Gerardo Navarro Arlet, ubicada en el distrito de San Rafael de La Unión, del Depósito Las Gravillas, 25 metros este, 100 metros norte y 50 metros este, Barrio Pinar del Río, sin contar con los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud ni la Patente Municipal. Explica que presentó la denuncia ya que en ese taller los vehículos producen contaminación sónica y ambiental, además, obstaculizan el paso de los vecinos. Comenta que el 23 de julio de 2012, el Departamento de Patentes recurrido, ordenó que se realizara una inspección en el sitio, y procedió a informar a la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, sobre el inicio del procedimiento correspondiente, a su vez, le solicitó que iniciara las actuaciones pertinentes según su competencia.Agrega que el 06 de agosto de 2012, la Contraloría de Servicios Municipales remitió un correo electrónico al Departamento de Patentes, en el cual le informó sobre la denuncia planteada, y el 23 de agosto de ese año, le remitió las fotografías del caso denunciado. Añade que el 05 de setiembre de 2012, el Departamento de Inspecciones informó que mediante el acta de clausura Nº 0249 del 03 de setiembre de 2012, el inspector municipal Agustín Azofeifa Vargas clausuró el citado taller, ya que no contaba con permisos municipales. Aduce que esa acta fue recibida por el propietario del comercio, quien no permitió que le colocaran los sellos correspondientes a la clausura. No obstante, acusa que el 24 de setiembre de 2012, por medio de solicitud Nº 8754877, denunció que, posterior a la clausura del taller, el señor Jairo Navarro continuó con la actividad, para lo cual aportó un DVD y fotografías evidenciado lo indicado, empero, las autoridades recurridas le manifestaron que esa prueba no era suficiente.Reclama que ni el Ministerio de Salud ni la Municipalidad de La Unión han tomado las medidas necesarias y han hecho caso omiso a las denuncias planteadas y a la prueba aportada, situación que le impide a él y a sus vecinos vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2. 2Informa bajo juramento Julio Antonio Rojas Astorga y Horacio Chacón Fonseca, por su orden Alcalde y Encargado de Patentes de Alcalde Municipal de La Unión, que el 18 de julio de 2012, el recurrente y otros presentaron denuncia contra el señor Jairo Navarro Cortés, por supuesto funcionamiento de taller de enderezado y pintura sin contar con licencia comercial ni permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Añaden que luego del procedimiento correspondiente, mediante acta del 3 de setiembre de 2012, el Inspector Municipal Agustín Azofeifa Vargas emitió el acta de clausura No. 0249 en la cual consignó lo siguiente: “Se clausura la actividad de Taller de Pintura, a la hora de la clausura no se realizaban trabajos, se clausura según artículo 79 del Código Municipal…”. Agregan que el 24 de setiembre de 2012, el recurrente presentó un escrito en el que manifestó la desobediencia al acta de clausura No. 0249.En atención a lo anterior, el 17 de enero de 2013, el Inspector Municipal emitió el acta de violación de sellos No. 173, notificada al infractor, quien no quiso recibirla. Conformado el expediente con los antecedentes se procedió a presentar denuncia formal ante la Fiscalía de La Unión el 15 de marzo de 2013, según oficio MLU-PAT-0292-2013 del 05 de marzo de 2013, cuya copia fue recibida por el recurrente el 18 de marzo de 2013. Aclaran que mediante escrito del 6 de junio de 2013, la Fiscal Auxiliar de La Unión solicitó al Juzgado Penal de La Unión dictar desestimación de la causa. Aducen que ante tal situación se atendió al recurrente personalmente y se le explicó los argumentos de la Fiscalía. Señala que mediante memorando MLU-PAT-860-2013 del 7 de agosto de 2013, se solicitó al Área Rectora de Salud de La Unión informar a la Municipalidad lo actuado con respecto al caso del recurrente.
3. 3En atención a la audiencia conferida informa bajo juramento Elizabeth González Gamboa, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, que el 28 de julio de 2012, el señor Serrano Ortiz presentó copia de la denuncia interpuesta ante el Alcalde Municipal de La Unión. Agrega que el 17 de agosto de 2012, el funcionario encargado presentó un informe de inspección en la que no se encontró evidencia alguna. El 24 de setiembre de 2012, se informó que al momento de una nueva inspección se había encontrado un compresor y algunas herramientas propias de mecánica en la cochera del denunciado. Añade que en atención de lo anterior, el 11 de octubre de 2012 se giró orden sanitaria OS-DA-2012-062 de carácter preventivo al denunciado, donde se le ordenó abstenerse de realizar actividades de mecánica en su vivienda y lugares aledaños. El 25 de octubre de 2012, se recibió de nuevo la denuncia por parte del señor Serrano.Por tal razón el 13 de diciembre de 2012 se realizó una nueva inspección, en la que se indicó que el denunciado no había cumplido con lo indicado en la orden sanitaria OS-DA-2012-062, por lo que se recomendó trasladar el caso al Ministerio Público. El 13 de diciembre de 2012, se recibió acta de conciliación presentada ante el Juzgado Contravencional, donde se evidencia que la parte denunciada y el denunciante llegaron a un acuerdo de conciliación para solucionar el problema surgido a causa de la denuncia presentada. Sostiene que posterior a esa conciliación no se ha presentado ninguna otra denuncia en el Área Rectora de Salud. Señala que con ocasión del amparo se llevó a cabo una nueva visita en la que se observó que el local no estaba funcionando, por lo que se recomendó dar por cerrado el caso.
4. 5En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

II.Sobre el caso concreto. En el caso bajo examen, se reclama el incumplimiento de las autoridades accionadas a su obligación de velar por el respeto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Según expuso el recurrente, desde hace tiempo en la cochera de la casa de su vecino funciona clandestinamente un taller de enderezado y pintura que genera todo tipo de contaminación ambiental. Por esta razón, a mediados del año pasado interpuso las denuncias respectivas ante la Municipalidad y el Ministerio de Salud de La Unión de Cartago. Aduce que sin embargo, a la fecha, ninguna de las dos autoridades ha sido capaz de hacer cumplir la normativa vigente sobre protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que solicita se declare con lugar el recurso. La jurisprudencia de la Sala ha sostenido que dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones, los gobiernos locales tienen una importante cuota de responsabilidad en materia de tutela al ambiente.

De conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política, las municipalidades están en la obligación de velar por los intereses locales en su respectivo cantón, y la normativa legal dispone el deber a esas autoridades de procurar que el ejercicio de cualquier actividad que afecte el entorno humano cuente con el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por su parte, también se ha recalcado la obligación de las autoridades sanitarias de adoptar las medidas y disposiciones generales o individuales, que aseguren la aplicación y cumplimiento de las normas de salud, así como la protección del medio ambiente. A partir de la prueba que consta en el expediente se observa que si bien las autoridades recurridas dieron trámite a las denuncia de la recurrente y llevaron a cabo varias inspecciones, producto de las cuales se dictaron actos administrativos tendentes a solucionar el problema de contaminación planteado, a la fecha, no es posible tener por demostrada la resolución definitiva de la situación.

En lo que respecta a la Municipalidad de La Unión, una vez constatada la situación, el 03 de setiembre de 2012 se dictó el acta de clausura No. 0249, la cual fue desacatada. Posteriormente, el 17 de enero de 2013, se emitió el acta de violación de sellos No. 173. Ante las desobediencias reiteradas a lo ordenado, el 15 de marzo de 2013, la Municipalidad interpuso la respectiva denuncia penal; sin embargo esta no surtió ningún efecto positivo, toda vez que tuvo que ser desestimada debido a errores de la propia Municipalidad en la tramitación de la queja del recurrente. En cuanto al Área Rectora de Salud, el 11 de octubre dictó la orden sanitaria No. OS-DA-2012-062; sin embargo, desde el 22 de febrero de 2013 dio por cerrado el caso al considerar que las autoridades municipales estaban por resolver el asunto en la vía penal, y que las partes habían firmado un acuerdo conciliatorio. Lo anteriormente apuntado denota una falta de eficiencia y efectividad por parte de las autoridades accionadas en la atención de las denuncias planteadas por el recurrente.

En primer lugar, se aprecia que las administraciones públicas involucradas no actuaron de forma coordinada en procura de una atención conjunta y efectiva de las denuncias. Tal falta de coordinación llevó a ambas instituciones a realizar esfuerzos separados que resultaron ineficaces para la solución de la problemática aducida. Desde febrero anterior, el Ministerio de Salud dio por cerrado el caso al considerar que la Municipalidad había enviado el asunto a la vía penal, y que por otro lado, tanto el denunciante como el denunciado habían llegado a un acuerdo conciliatorio en el Juzgado Contravencional. Sin embargo, como se vio, la denuncia penal de la Municipalidad no prosperó por vicios en la tramitación de la denuncia, mientras que por otro lado es claro que la conciliación de las partes en un proceso por faltas y contravenciones no exime el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud pública.

Posterior al fallido envío a la vía penal y del cierre del caso en el Ministerio de Salud, la actividad del taller denunciado por el recurrente ha continuado, lo cual se comprueba con las inspecciones policiales recientes del 8 y 10 de octubre pasado, donde se observó el desarrollo de trabajos de enderezado y pintura en la vivienda del recurrido. En la inspección llevada a cabo por funcionarios del Ministerio de Salud el 29 de octubre de 2013, con ocasión de la interposición del amparo, no fue posible comprobar la actividad denunciada al no encontrarse nadie en la vivienda en el momento de la visita. A pesar de lo anterior, la abundante prueba documental que consta en el expediente permite contar con suficientes elementos para descartar que en la actualidad la operación clandestina del taller en cuestión haya cesado. Así las cosas, al verificarse la falta de eficiencia de las autoridades recurridas en la atención de las denuncias por contaminación interpuestas por el recurrente, procede acoger el recurso, con sus consecuencias.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Julio Antonio Rojas Astorga, en su condición de Alcalde Municipal de La Unión, así como a Elizabeth González Gamboa, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos adoptar de forma inmediata y coordinada las medidas que sean necesarias para dar una solución definitiva a los problemas de contaminación ambiental denunciados por el recurrente. Se condena al Estado y a la Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a los recurridos que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas en forma personal. Comuníquese.- Ernesto Jinesta L.

Presidente a.i Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S.

Roxana Salazar C.

Jose Paulino Hernández G.

*HBHU7VQXGEW61* EXPEDIENTE N° 13-012018-0007-CO

*130120180007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil trece.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-012018-0007-CO, interpuesto por DAVID SERRANO ORTIZ, cédula de identidad 0800460030, contra el ÁREA DE SALUD DE LA UNIÓN DE CARTAGO y la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN.

Resultando:

1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:01 horas del 22 de octubre de 2013, el recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de La Unión y el Área Rectora de Salud de La Unión de Cartago, con fundamento en los siguientes hechos: que el 18 de julio de 2012, interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida contra Jairo Navarro Cortés, en razón de que tiene un taller de enderezado y pintura, en la propiedad de su padre José Gerardo Navarro Arlet, ubicada en el distrito de San Rafael de La Unión, del Depósito Las Gravillas, 25 metros este, 100 metros norte y 50 metros este, Barrio Pinar del Río, sin contar con los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud ni la Patente Municipal. Explica que presentó la denuncia ya que en ese taller los vehículos producen contaminación sónica y ambiental, además, obstaculizan el paso de los vecinos. Comenta que el 23 de julio de 2012, el Departamento de Patentes recurrido, ordenó que se realizara una inspección en el sitio, y procedió a informar a la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, sobre el inicio del procedimiento correspondiente, a su vez, le solicitó que iniciara las actuaciones pertinentes según su competencia.Agrega que el 06 de agosto de 2012, la Contraloría de Servicios Municipales remitió un correo electrónico al Departamento de Patentes, en el cual le informó sobre la denuncia planteada, y el 23 de agosto de ese año, le remitió las fotografías del caso denunciado. Añade que el 05 de setiembre de 2012, el Departamento de Inspecciones informó que mediante el acta de clausura Nº 0249 del 03 de setiembre de 2012, el inspector municipal Agustín Azofeifa Vargas clausuró el citado taller, ya que no contaba con permisos municipales. Aduce que esa acta fue recibida por el propietario del comercio, quien no permitió que le colocaran los sellos correspondientes a la clausura. No obstante, acusa que el 24 de setiembre de 2012, por medio de solicitud Nº 8754877, denunció que, posterior a la clausura del taller, el señor Jairo Navarro continuó con la actividad, para lo cual aportó un DVD y fotografías evidenciado lo indicado, empero, las autoridades recurridas le manifestaron que esa prueba no era suficiente.Reclama que ni el Ministerio de Salud ni la Municipalidad de La Unión han tomado las medidas necesarias y han hecho caso omiso a las denuncias planteadas y a la prueba aportada, situación que le impide a él y a sus vecinos vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2. 2Informa bajo juramento Julio Antonio Rojas Astorga y Horacio Chacón Fonseca, por su orden Alcalde y Encargado de Patentes de Alcalde Municipal de La Unión, que el 18 de julio de 2012, el recurrente y otros presentaron denuncia contra el señor Jairo Navarro Cortés, por supuesto funcionamiento de taller de enderezado y pintura sin contar con licencia comercial ni permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Añaden que luego del procedimiento correspondiente, mediante acta del 3 de setiembre de 2012, el Inspector Municipal Agustín Azofeifa Vargas emitió el acta de clausura No. 0249 en la cual consignó lo siguiente: “Se clausura la actividad de Taller de Pintura, a la hora de la clausura no se realizaban trabajos, se clausura según artículo 79 del Código Municipal…”. Agregan que el 24 de setiembre de 2012, el recurrente presentó un escrito en el que manifestó la desobediencia al acta de clausura No. 0249.En atención a lo anterior, el 17 de enero de 2013, el Inspector Municipal emitió el acta de violación de sellos No. 173, notificada al infractor, quien no quiso recibirla. Conformado el expediente con los antecedentes se procedió a presentar denuncia formal ante la Fiscalía de La Unión el 15 de marzo de 2013, según oficio MLU-PAT-0292-2013 del 05 de marzo de 2013, cuya copia fue recibida por el recurrente el 18 de marzo de 2013. Aclaran que mediante escrito del 6 de junio de 2013, la Fiscal Auxiliar de La Unión solicitó al Juzgado Penal de La Unión dictar desestimación de la causa. Aducen que ante tal situación se atendió al recurrente personalmente y se le explicó los argumentos de la Fiscalía. Señala que mediante memorando MLU-PAT-860-2013 del 7 de agosto de 2013, se solicitó al Área Rectora de Salud de La Unión informar a la Municipalidad lo actuado con respecto al caso del recurrente.
3. 3En atención a la audiencia conferida informa bajo juramento Elizabeth González Gamboa, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, que el 28 de julio de 2012, el señor Serrano Ortiz presentó copia de la denuncia interpuesta ante el Alcalde Municipal de La Unión. Agrega que el 17 de agosto de 2012, el funcionario encargado presentó un informe de inspección en la que no se encontró evidencia alguna. El 24 de setiembre de 2012, se informó que al momento de una nueva inspección se había encontrado un compresor y algunas herramientas propias de mecánica en la cochera del denunciado. Añade que en atención de lo anterior, el 11 de octubre de 2012 se giró orden sanitaria OS-DA-2012-062 de carácter preventivo al denunciado, donde se le ordenó abstenerse de realizar actividades de mecánica en su vivienda y lugares aledaños. El 25 de octubre de 2012, se recibió de nuevo la denuncia por parte del señor Serrano.Por tal razón el 13 de diciembre de 2012 se realizó una nueva inspección, en la que se indicó que el denunciado no había cumplido con lo indicado en la orden sanitaria OS-DA-2012-062, por lo que se recomendó trasladar el caso al Ministerio Público. El 13 de diciembre de 2012, se recibió acta de conciliación presentada ante el Juzgado Contravencional, donde se evidencia que la parte denunciada y el denunciante llegaron a un acuerdo de conciliación para solucionar el problema surgido a causa de la denuncia presentada. Sostiene que posterior a esa conciliación no se ha presentado ninguna otra denuncia en el Área Rectora de Salud. Señala que con ocasión del amparo se llevó a cabo una nueva visita en la que se observó que el local no estaba funcionando, por lo que se recomendó dar por cerrado el caso.
4. 5En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

II.Sobre el caso concreto. En el caso bajo examen, se reclama el incumplimiento de las autoridades accionadas a su obligación de velar por el respeto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Según expuso el recurrente, desde hace tiempo en la cochera de la casa de su vecino funciona clandestinamente un taller de enderezado y pintura que genera todo tipo de contaminación ambiental. Por esta razón, a mediados del año pasado interpuso las denuncias respectivas ante la Municipalidad y el Ministerio de Salud de La Unión de Cartago. Aduce que sin embargo, a la fecha, ninguna de las dos autoridades ha sido capaz de hacer cumplir la normativa vigente sobre protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que solicita se declare con lugar el recurso. La jurisprudencia de la Sala ha sostenido que dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones, los gobiernos locales tienen una importante cuota de responsabilidad en materia de tutela al ambiente.

De conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política, las municipalidades están en la obligación de velar por los intereses locales en su respectivo cantón, y la normativa legal dispone el deber a esas autoridades de procurar que el ejercicio de cualquier actividad que afecte el entorno humano cuente con el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por su parte, también se ha recalcado la obligación de las autoridades sanitarias de adoptar las medidas y disposiciones generales o individuales, que aseguren la aplicación y cumplimiento de las normas de salud, así como la protección del medio ambiente. A partir de la prueba que consta en el expediente se observa que si bien las autoridades recurridas dieron trámite a las denuncia de la recurrente y llevaron a cabo varias inspecciones, producto de las cuales se dictaron actos administrativos tendentes a solucionar el problema de contaminación planteado, a la fecha, no es posible tener por demostrada la resolución definitiva de la situación.

En lo que respecta a la Municipalidad de La Unión, una vez constatada la situación, el 03 de setiembre de 2012 se dictó el acta de clausura No. 0249, la cual fue desacatada. Posteriormente, el 17 de enero de 2013, se emitió el acta de violación de sellos No. 173. Ante las desobediencias reiteradas a lo ordenado, el 15 de marzo de 2013, la Municipalidad interpuso la respectiva denuncia penal; sin embargo esta no surtió ningún efecto positivo, toda vez que tuvo que ser desestimada debido a errores de la propia Municipalidad en la tramitación de la queja del recurrente. En cuanto al Área Rectora de Salud, el 11 de octubre dictó la orden sanitaria No. OS-DA-2012-062; sin embargo, desde el 22 de febrero de 2013 dio por cerrado el caso al considerar que las autoridades municipales estaban por resolver el asunto en la vía penal, y que las partes habían firmado un acuerdo conciliatorio. Lo anteriormente apuntado denota una falta de eficiencia y efectividad por parte de las autoridades accionadas en la atención de las denuncias planteadas por el recurrente.

En primer lugar, se aprecia que las administraciones públicas involucradas no actuaron de forma coordinada en procura de una atención conjunta y efectiva de las denuncias. Tal falta de coordinación llevó a ambas instituciones a realizar esfuerzos separados que resultaron ineficaces para la solución de la problemática aducida. Desde febrero anterior, el Ministerio de Salud dio por cerrado el caso al considerar que la Municipalidad había enviado el asunto a la vía penal, y que por otro lado, tanto el denunciante como el denunciado habían llegado a un acuerdo conciliatorio en el Juzgado Contravencional. Sin embargo, como se vio, la denuncia penal de la Municipalidad no prosperó por vicios en la tramitación de la denuncia, mientras que por otro lado es claro que la conciliación de las partes en un proceso por faltas y contravenciones no exime el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud pública.

Posterior al fallido envío a la vía penal y del cierre del caso en el Ministerio de Salud, la actividad del taller denunciado por el recurrente ha continuado, lo cual se comprueba con las inspecciones policiales recientes del 8 y 10 de octubre pasado, donde se observó el desarrollo de trabajos de enderezado y pintura en la vivienda del recurrido. En la inspección llevada a cabo por funcionarios del Ministerio de Salud el 29 de octubre de 2013, con ocasión de la interposición del amparo, no fue posible comprobar la actividad denunciada al no encontrarse nadie en la vivienda en el momento de la visita. A pesar de lo anterior, la abundante prueba documental que consta en el expediente permite contar con suficientes elementos para descartar que en la actualidad la operación clandestina del taller en cuestión haya cesado. Así las cosas, al verificarse la falta de eficiencia de las autoridades recurridas en la atención de las denuncias por contaminación interpuestas por el recurrente, procede acoger el recurso, con sus consecuencias.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Julio Antonio Rojas Astorga, en su condición de Alcalde Municipal de La Unión, así como a Elizabeth González Gamboa, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos adoptar de forma inmediata y coordinada las medidas que sean necesarias para dar una solución definitiva a los problemas de contaminación ambiental denunciados por el recurrente. Se condena al Estado y a la Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a los recurridos que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas en forma personal. Comuníquese.- Ernesto Jinesta L.

Presidente a.i Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S.

Roxana Salazar C.

Jose Paulino Hernández G.

*HBHU7VQXGEW61* EXPEDIENTE N° 13-012018-0007-CO