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Res. 10282-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/07/2013
OutcomeResultado
The Chamber denied the challenge and upheld the municipal 11 p.m. karaoke limit as a reasonable regulation protecting neighboring residents from noise pollution.La Sala declaró sin lugar la acción y mantuvo la validez del límite municipal de las 11 p. m. para el karaoke, por considerarlo una regulación razonable destinada a proteger a los vecinos contra la contaminación sónica.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejected the challenge to Article 26 of the Tibás Municipality’s Public Entertainment Regulation, which limits karaoke activities to 11 p.m. It held that freedom of commerce is not unlimited and may be subject to reasonable and proportionate regulation protecting public order, health, third-party rights, and a healthy environment. Acting under their constitutional and statutory authority and police powers, municipalities may regulate business licenses and the operating hours of activities capable of causing noise pollution. This authority also covers free, complementary, or ancillary activities because the need to control noise does not depend on whether an activity is profitable. The Chamber rejected the argument that karaoke hours had to coincide with the hours authorized for food and alcohol sales, finding them to be distinct activities that may be regulated differently. It concluded that the time limit pursues a legitimate constitutional aim, is suitable for that purpose, and reasonably balances commercial freedom against neighboring residents’ rights to rest and to a healthy, ecologically balanced environment.La Sala Constitucional rechazó la acción contra el artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, que limita las actividades con karaoke hasta las 11 p. m. Determinó que la libertad de comercio no es irrestricta y puede someterse a regulaciones razonables y proporcionales para proteger el orden público, la salud, los derechos de terceros y el ambiente sano. Las municipalidades, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y de su función de policía, pueden reglamentar las patentes y los horarios de actividades capaces de producir contaminación sónica. Esa potestad también comprende actividades gratuitas, complementarias o accesorias, pues la necesidad de controlar el ruido no depende de su carácter lucrativo. La Sala descartó que el horario del karaoke debiera coincidir con el autorizado para la venta de alimentos y bebidas alcohólicas, al tratarse de actividades distintas. Concluyó que el límite horario persigue un fin constitucional legítimo, resulta adecuado y equilibra razonablemente la libertad comercial con el descanso y el ambiente saludable de los vecinos.
Key excerptExtracto clave
Furthermore, pursuant to the precautionary principle, subsection (e) of Article 60 of the Organic Environmental Law provides that the State, municipalities, and other public institutions must prioritize adequate services in the fundamental areas of environmental health for the control of noise pollution. Thus, on behalf of cantonal or neighborhood interests, and as a general mandate arising from Article 50 of the Constitution itself, municipal government must ensure that activities generating disturbances are subject to limits that allow everyone an environmentally balanced existence, without imposing a restriction beyond what is reasonable. In the Court’s view, distinguishing between whether an activity is profitable or free, principal or ancillary, would contradict the higher interests and constitutional values that licensing seeks to protect because, regardless of its character, if it causes noise pollution it must be regulated. In this regard, the doctrine of administrative authorizations, which applies to business licenses, ensures the primacy of the public interest and the precedence of fundamental rights over private activities. The regulation is intended to permit harmonious coexistence among everyone’s rights, even in commercial activities that could, in principle, be open to anyone, but where entitlement is conditional because police powers protect the rights of others and delimit activities capable of harming third parties. For the reasons explained above, municipalities are empowered by various constitutional and statutory provisions to regulate karaoke operating hours through regulations. Moreover, the rule is consistent with the rest of the legal system because Article 24 of the challenged regulation requires compliance with the rules governing authorized noise levels and sound containment. In this case, for the reasons stated above, the applicant’s arguments do not establish that the time restriction on karaoke contains a constitutional defect because it is unreasonable or disproportionate. On the contrary, the foregoing demonstrates that the regulations are constitutional insofar as they reflect an exercise compatible with freedom of commerce, which must not be confused with unrestricted enjoyment of that fundamental right, but instead must accommodate the social requirements surrounding commercial activity. Clearly, reasonableness does not present a constitutional defect here because the measure benefits the large majority consisting of neighboring residents, pursues a legitimate constitutional aim—ensuring a healthy and environmentally balanced environment—the means are suitable for that aim, and the conflicting fundamental rights—freedom of commerce and the right to a healthy and ecologically balanced environment—are properly balanced.Pero, además, de conformidad con el principio precautorio, el inciso e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente dota al Estado, las municipalidades y demás instituciones públicas, deben de dar prioridad en los servicios adecuados en las áreas fundamentales de salud ambiental para el control de la contaminación sónica. De este modo, en nombre de los intereses cantonales o vecinales, como mandato general que emana del propio artículo 50 constitucional, el gobierno municipal debe velar para que actividades generadoras de molestias tengan determinados límites que permitan a todos una existencia ambientalmente equilibrada, sin que se imponga una restricción más allá de lo razonable. A juicio del Tribunal, sería una contradicción con los intereses superiores y los valores constitucionales que se buscan proteger mediante la patente, hacer distinciones entre si una actividad es lucrativa o gratuita, principal o accesoria, pues, independientemente de ello, si produce contaminación sónica debe ser regulada. Sobre esto, la doctrina de las autorizaciones administrativas, que aplica a la figura de la patente, asegura la primacía del interés público y la preeminencia de los derechos fundamentales sobre actividades privadas, donde la normativa tiene el propósito de permitir una convivencia armónica entre los derechos de todos los individuos, aún en actividades comerciales que, en principio, podrían permitirse a cualquiera, pero donde tal titularidad está condicionada, porque mediante la función de policía se buscar proteger los derechos de los demás y se delimitan aquellas actividades capaces de producir perjuicios a terceros. Por las razones que se explican arriba, las municipalidades están facultadas por distintas normas, tanto constitucionales como legales, para regular vía reglamento el horario de las actividades con karaoke. Además, la normativa es congruente con el resto del ordenamiento jurídico, porque según el artículo 24 del reglamento impugnado se debe cumplir con la normativa referente a los niveles autorizados y confinamiento de ruidos. En el caso que nos ocupa, por las razones expuestas arriba, no resulta de los argumentos esbozados por la accionante que la restricción horaria para el Karaoke contenga un vicio de constitucionalidad, por ser una medida irrazonable o desproporcionada. Por el contrario, por lo expuesto, todo ello es conducente a demostrar que las regulaciones son constitucionales en la medida que se desprende un ejercicio compatible con la libertad de comercio, que no debe confundirse con un goce irrestricto de este derecho fundamental, sino, por el contrario, uno acomodado a las exigencias sociales donde se desenvuelve la actividad comercial. Claramente, en el caso que nos ocupa, la razonabilidad no se evidencia como un vicio de constitucionalidad porque va en beneficio de una gran mayoría, que constituirían los vecinos que viven en los alrededores, persigue un fin constitucional legítimo ±garantizar un ambiente saludable y ambientalmente equilibrado-, el medio es adecuado al fin, y se pondera adecuadamente los derechos fundamentales que están en contradicción ±libertad de comercio y el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado-.
Pull quotesCitas destacadas
"En opinión de esta Sala no existen las infracciones alegadas, toda vez que el Estado actúa a través de sus distintos entes como moderador de ciertas libertades públicas."
"In this Chamber’s opinion, the alleged violations do not exist, because the State acts through its various entities as a moderator of certain public freedoms."
Considerando II
"En opinión de esta Sala no existen las infracciones alegadas, toda vez que el Estado actúa a través de sus distintos entes como moderador de ciertas libertades públicas."
Considerando II
"La libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales."
"Freedom of commerce may be regulated by the State, provided, of course, that the regulation does not exceed constitutional limits of reasonableness and proportionality."
Considerando III.A
"La libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales."
Considerando III.A
"Ciertamente, se trata de actividades distintas que pueden ser reguladas en modo distinto."
"Certainly, these are distinct activities that may be regulated differently."
Considerando III
"Ciertamente, se trata de actividades distintas que pueden ser reguladas en modo distinto."
Considerando III
"Se declara SIN LUGAR la acción."
"The action is DENIED."
Por tanto
"Se declara SIN LUGAR la acción."
Por tanto
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CASE FILE N° 12-011569-0007-CO CASE FILE N° 12-011569-0007-CO Case: 12-011569-0007-CO Decision Nº 2013010282 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty minutes on treinta y uno de julio de dos mil trece.
Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by SANDRA SOLANO ESPINOZA, of legal age, divorced, artist and businesswoman, holder of identity card number 0105510007, resident of Tibás; against Article 26 of the Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, approved by the Concejo de Tibás in resolution No. 78, at the special session of 17 de marzo del 2008, published in La Gaceta No. 24 of 20 de junio del 2008.
Whereas:
Constitución Política, namely, the principles of legality, freedom of trade, reasonableness, and statutory reservation (reserva de ley). She states that the Ley de Regulación de Horarios de Expendio de Bebidas Alcohólicas, No. 7633 of 26 de septiembre de mil novecientos noventa y seis, established the latest closing time for commercial establishments according to each activity. The public-entertainment business license (patente de espectáculo público) for karaoke performances derives from the principal activity, whether a bar or restaurant, and she therefore considers that its operating hours must be consistent with the hours established for the business, since it is unreasonable to permit background music that may generate more noise while prohibiting karaoke.
legal system (Ordenamiento Jurídico) to establish restrictions on the operating hours of certain commercial activities when those restrictions are necessary to guarantee public peace and, therefore, the rights of neighboring residents. Article 26 of the Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás imposes a time restriction on a particular commercial activity: karaoke entertainment. “Any karaoke activity may be conducted until twenty-three hours (11 p.m.), at the latest.” Municipalities in general, and the Municipalidad de Tibás in particular, have statutory authority to establish legitimately, by regulation, the minimum requirements applicable to their business-license holders (patentados). This is for the purpose of safeguarding morality, public health, and public order. Municipalities exercise this authority on a subsidiary basis, without prejudice to any additional specific requirements imposed by statute.
This authority is expressly provided for in Article 81, in fine, of the Código Municipal (see the report submitted in case file No. 08-18003-0007-CO). Consistent with the foregoing, judgment No. 1996-00960 has held that municipalities do indeed have authority to regulate the requirements applicable to persons seeking what is known as a business license (patente) for profit-making activities, without prejudice to the requirements imposed by law. The municipality may regulate the requirements that must be met to obtain the license necessary to conduct karaoke entertainment in its canton—provided that it constitutes a profit-making activity under Ley No. 8523, Ley de Patentes de la Munipalidad de Tibás—and may therefore establish, through the same regulatory mechanism, the minimum requirements that the activity must meet to keep its license in force and that the municipal government considers appropriate to safeguard local interests, specifically those related to public health, order, and peace.
Article 169 of the Constitución Política grants municipalities the administration of local interests and services, which must be understood to include regulation of the canton’s commercial activity. This follows from the express provisions of Article 79 et seq. of the Código Municipal. In this regard, judgment No. 1999-02291 confirms the possibility of establishing a limit on the latest hours during which the canton’s business-license holders may conduct karaoke activities. This is reasonable and consistent with the need to protect public health and neighboring residents’ right to peace and quiet. It must be taken into account that this restriction applies during nighttime hours, the customary period of rest (judgment No. 2005-316777), and that other municipalities have also included in their regulations time restrictions on karaoke activities analogous to those established by the Corporación de Tibás.
Finally, it is reasonable to establish these limits in the challenged regulation because they seek to ensure that neighboring residents may enjoy the so-called rest period; by contrast, statutory restrictions on the sale of liquor seek to rationalize the consumption of alcoholic beverages and guarantee a certain degree of public order. These different legally protected interests cannot be equated. The Procuraduría General de al República concludes that the regulatory provision is not unconstitutional.
RESTAURANT as the principal activity, with the sale of liquor as a secondary activity, with operating hours from 10:00 am to 2:30 am. In turn, by resolution V of ordinary session No. 140 of 22 de diciembre de 2008, she was also granted a license to conduct public entertainment at the commercial premises located in Centro Comercial Plaza Tibás, subject to the operating hours prescribed by the regulation, on the understanding that this activity was ancillary to the principal restaurant activity. Notwithstanding the foregoing, following complaints from neighboring residents, violations of the regulatory provisions governing operating hours were documented. Specifically, on the basis of Articles 2 and 4(a) of the Código Municipal, particularly the latter, the Reglamento para Espectáculos Públicos para los patentados del Cantón de Tibás was published; it was approved at special session No. 78 of 17 de marzo del 2008 and is mandatory.
The petitioner’s argument that Ley 7633 (amended by Ley 9047) has been disregarded is incorrect because that law regulates the sale of alcoholic beverages, not public entertainment; therefore, neither the principle of legality nor statutory reservation is violated. Accordingly, the duly approved and published regulation applies. In addition to the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Constitución Política, the Reglamento de Espectáculos Públicos has its statutory basis in Ley No. 6844, which establishes a public-entertainment tax for the benefit of municipalities; in Articles 169 and 170 of the Constitución Política; and in Articles 4 and 13(c) of the Código Municipal. The body of provisions, including Articles 23 through 27 of the regulation, seeks to protect the constitutional rights of the residents of this canton to a healthy and ecologically balanced environment and to promote greater well-being for the canton’s inhabitants.
In this specific case, the commercial center where the business is located is surrounded by the La Flor residential area. The concept of the right to a healthy environment extends beyond the recreational and cultural interests of life in society. In the case at hand, operating sound-reproduction equipment at high decibel levels is clearly a significant source of noise pollution (contaminación sónica), which prevents residents living near the establishment from falling asleep and obtaining the rest necessary for good mental and physical health. It cannot be said that the respondent’s right to engage in trade may take precedence over third parties’ constitutional right to a healthy environment; the Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free of pollution, without which the former could not be made effective, are fundamental rights; therefore, the State is obligated to provide for their protection, whether through general policies or through specific administrative acts.
The Municipality is not limiting the applicants’ freedom of commerce, since their commercial activity is a restaurant that sells alcoholic beverages, with operating hours from 10:00 until 2:30 am, and it would not be affected by ending Karaoke at 11:00 pm. Because it is a secondary activity, the establishment may continue selling food and alcoholic beverages, but it seeks to maintain such a noisy activity to the detriment of the residents near the shopping center, who have the right to a healthy and ecologically balanced environment. Although the canton does not have a Regulatory Plan (Plan Regulador) and is governed by the land-use provisions of the Regional Plan for the Greater Metropolitan Area (Plan Regional para la Gran Area Metropolitana, GAM), as Ms. Solano correctly points out, karaoke is restricted in residential areas because it generates noise that could disturb the area’s residents during nighttime hours.
Although the premises are located in a shopping center and their land use is designated as commercial, the area is highly residential; therefore, the hours established in Article 26 of the Public Performances Regulations of the Municipality of Tibás (Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás) must be observed.
Whereas:
I.Admissibility. The applicant derives her standing to bring the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) from the first paragraph of Article 75
of the Constitutional Jurisdiction Law. The constitutional challenge is based on amparo proceeding (recurso de amparo) No. 12-006196-0007-CO, which is a constitutional proceeding challenging the acts enforcing Article 26 of the Public Performances Regulations of the Municipality of Tibás. In light of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, the amparo proceeding forms the basis of the constitutional challenge and is a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been violated, given that the petitioner filed the challenge as a means of defense, making it necessary to rule on its merits.
II.Subject matter of the challenge. The constitutional challenge is brought so that this Chamber may determine whether Article 26 of the Public Performances Regulations of the Municipality of Tibás, approved by Council resolution No.
78 at the special session of 17 de marzo de 2008 and published in La Gaceta No. 24 of 20 de junio del 2008, is contrary to freedom of commerce, reasonableness, and the principles of legality and statutory reservation (reserva de ley). The provision states as follows:
“Article 26.- Time limit. Any karaoke activity may be conducted until twenty-three hours (11 p.m.), at the latest.” In the opinion of this Chamber, the alleged violations do not exist, since the State acts through its various entities as a regulator of certain civil liberties. These entities include municipalities, which act on a territorially decentralized basis and, in the exercise of their police power, restrict disruptive activities during normal resting hours or activities that affect third parties by violating applicable health regulations, establishing operating hours in accordance with the principles of reasonableness and proportionality. Although it was not properly argued in the challenge, this latter conclusion would apply the doctrine that this Chamber has followed over the past several decades.
III.Merits. The principal issue raised by the challenge is whether the Municipality of Tibás may issue regulations governing commercial activities conducted for profit or free of charge, whether primary or ancillary (as the applicant suggests), by imposing time restrictions on the latter
(free and ancillary activities), which are offered as an added benefit to increase demand for the commercial activity. It must be understood that the applicant alleges that the Public Performances Regulations of the Municipality of Tibás, approved by Council resolution No. 78 at the special session of 17 de marzo de 2008, directly violate the Political Constitution. In the applicant’s view, the following violations exist:
A.- Freedom of commerce: The core of the applicant’s argument is that the fundamental rights invoked have been violated because the statutory basis for the regulations would not permit them to establish hours other than those contained in the Law Regulating the Hours for the Sale of Alcoholic Beverages (Ley de Regulación de Horarios de Expendio de Bebidas Alcohólicas), No. 7633 of 26 de septiembre de 1996. The regulations must conform to that law so that freedom of commerce is not infringed, since it may be restricted only by an express statute, in observance of the principles of legality and statutory reservation. Before analyzing the other arguments, this Chamber must first reaffirm what has been held regarding freedom of commerce as a right that cannot be exercised without restriction, it being understood that, beyond the fundamental rights invoked, there are others worthy of this Court’s consideration that relate to the precautionary principle (principio precautorio) and the right to a healthy and ecologically balanced environment. For the moment, we must note this Chamber’s case-law doctrine, set forth in judgment No. 2002-04448, which reflects the Court’s consistent and sustained view that:
“From the standpoint of the Political Constitution, this Chamber stated several years ago in judgment No. 1608-96, which in turn cites judgment No. 1195-91:
“I.- Article 46 of the Political Constitution, which is cited as having been violated, enshrines the principle of freedom of enterprise. The relevant portion of that provision states that ‘Private monopolies and any act, even if originating in a law, that threatens or restricts freedom of commerce, agriculture, or industry are prohibited.’ As a matter of principle, a literal interpretation could lead us to the erroneous conclusion that this freedom—as such—is exempt from every form of regulation or restriction by the State and, consequently, to deem such regulation or restriction a violation of the Fundamental Charter, which is incorrect. In this regard, it should be noted that constitutional provisions must be interpreted harmoniously so that they are made compatible under the same ideological framework that informs them. Thus, the second paragraph of Article 28 of the Constitution provides that ‘Private actions that do not harm public morality or public order, or that do not injure third parties, are beyond the reach of the law.’ That provision, interpreted systematically with the provision transcribed above, allows us to conclude that freedom of commerce may be regulated by the State, provided, of course, that such regulation does not exceed the constitutional limits of reasonableness and proportionality.” (The bold text does not appear in the original.)
Freedom of commerce, like other freedoms, is not unrestricted because, as follows from the foregoing precedent, it is subject to limits recognized within the constitutional order itself. An activity that is disruptive, harmful to human health, or fails to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, and that affects the rights of others, must be regulated, since this doctrine provides the justification and legitimacy for State intervention. Moreover, in judgment No. 2008-001571, this Chamber held that:
“The essential content of the freedom [of commerce] under consideration includes at least the following: a) the right of its holders to undertake, select, and pursue the economic activity they desire; b) the power to organize the business and schedule its activities in the manner most convenient to their interests; c) the right to free competition; and d) the right to earn a reasonable profit from the activity undertaken. However, pursuant to Article 28 of the Constitution, that guarantee may be limited and regulated by the State insofar as the aforementioned essential content is respected; that is, provided that no limits are imposed that hinder the activity beyond what is reasonable, make it impracticable, or render it entirely unprofitable. By virtue of the foregoing, freedom of commerce is neither absolute nor unlimited and therefore, as stated, must be subject to the statutory and regulatory requirements authorized by law that necessarily must first be fulfilled.” Restricting the hours even further than the Law Regulating the Hours for the Sale of Alcoholic Beverages, No. 7633 of 26 de septiembre de 1996, does not in any way affect the essential content of freedom of commerce, because the principal activity of the business is not providing karaoke to its customers, but selling beverages and food.
In this respect, the freedom to select an economic activity; the internal freedom of a business to organize and schedule its activities, compete with other businesses, and earn reasonable profits; and particularly the manner in which its principal commercial activity is conducted are not diminished. Nor is the reasonable use and enjoyment of background music prevented, provided that it is properly contained within the business premises. Just as labor laws apply internally to a company’s employment relationships, applicable health legislation is also required to protect customers and third parties. The contrary would be inconsistent with the limits that all civil liberties generally must observe in the interest of the common good and would logically entail an obligation on the authorities to exercise corrective mechanisms when excesses occur. Sound containment is equally important during certain nighttime hours, as will be discussed, whether the performances are by amateur or professional singers at the respective public performances.
For a long time, however, this Court’s precedents have identified activities that disturb neighbors; indeed, some of the activities that have prompted a large number of amparo proceedings are certain commercial activities involving “karaoke.” Although no prejudgment is made here regarding the acts challenged in the underlying amparo proceeding, the Chamber’s case law includes judgment No. 2006-03608 of diecinueve horas con diecinueve minutos del catorce de marzo de dos mil seis, in which the regional public authorities of Pérez Zeledón failed to act despite repeated orders to suspend the activity, leading this Court to state that “ karaoke events, and their failure to impose an enforcement measure on a bar, which makes the respondents administrative authorities that role, whose actions are limited to issuing written notices, without at any time seeking an effective solution to the various problems presented to them.
In view of the foregoing, this Chamber finds that, in the present matter, the alleged violation of constitutional Article 50 has been established; therefore, the appropriate course is to grant the petition for amparo (amparo) with respect to this issue, as is hereby done.” Thus, although freedom of commerce is constitutionally guaranteed, it may not be exercised without restriction, since activities that cause nuisances and harm may legitimately be restricted or limited, including through municipal regulations authorized by law. The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) is correct in citing precedent No. 2005-16777, a case in which the alleged laxity of the Ministry of Health in setting limits above those recommended by international legislation was at issue, and in which it was recognized that:
“(…) the Chamber finds that noise regulation seeks to harmonize with the concept of the environment by endeavoring to prevent facilities, establishments, activities, industries, warehouses, and various noisy locations from altering the normal environmental health conditions.
It may be said that the challenged decree constitutes a useful instrument for addressing a rapidly changing social and economic environment that affects urban development and for regulating the problems arising from industry and other noisy activities. All of this largely seeks to ensure quality of life for citizens and equal legal treatment for owners of establishments through the oversight of these activities.” Thus, the petitioner fails to persuade the Court that the law governing liquor-sale hours should determine the operating hours for karaoke because, as can be seen, neither depends directly on the other; instead, it must be determined whether sufficient legal authority exists to issue such regulations.
B.- Principle of legality (principio de legalidad) and statutory reservation (reserva de ley). This Constitutional Chamber has established that “the principle of legality in a State governed by the rule of law entails a special form of subjection of public authorities and institutions to the legal system, based on its fundamental definition, according to which every public authority or institution exists as such and may act only to the extent that the legal system itself empowers it to do so, normally through express language—for public authorities and institutions, only what is expressly authorized by the Constitution and the law is permitted, and everything not authorized is prohibited; (…)” (judgment No. 1992-01739). On the other hand, it has been stated regarding the principle of statutory reservation that: “Pursuant to paragraph 1° of constitutional Article 28, persons—meaning ‘private individuals’—are entitled to do anything ‘that does not violate the law,’ an expression wholly equivalent to the so-called principle of freedom, under which, for human beings, ‘everything that is not prohibited is permitted.’ Accordingly, no one may be prevented from doing what the Constitution or the law does not prohibit or, at a minimum, what they do not expressly and exhaustively authorize to be prohibited (…).
But Article 28 itself goes even further in paragraph 2°: it harmonizes that general principle of freedom, still merely formal, with a substantively democratic conception that gives it content, placing at its foundation what may be called the ‘system of freedom.’ Under this system, human beings may not only do anything the law does not prohibit, but are also guaranteed that not even the law may intrude upon their inviolable sphere of freedom and, therefore, of harmony and privacy, except in the circumstances exhaustively provided for by the Constitution itself—exceptional circumstances that must consequently be construed narrowly and that may be subsumed under the properly understood concept of the ‘common good’” (judgment No. 1994-3982). Thus, for the State to intervene in private activities, its authority and that of its institutions must be authorized by statute or by the enabling authority granted under the various statutes, principally because such powers arise from the concept of the “common good” and are necessary to impose limitations in favor of the constitutional rights of others.
Certainly, as stated by the Office of the Attorney General of the Republic and the Municipalidad de Tibás, the power to issue regulations of this kind derives not only from Articles 169 and 170 of the Constitución Política, but also from other legal provisions, such as Articles 79, 81, and 4(a) of the Código Municipal and the Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás (for profit-making activities). Thus, as an autonomous corporate entity, it has the powers necessary to regulate activities of this troublesome kind. The first constitutional provision states: “The administration of local interests and services in each canton shall be entrusted to the Municipal Government, composed of a deliberative body made up of popularly elected municipal council members and an executive official designated by statute.” The following article states: “Municipal corporations are autonomous.” For its part, the Código Municipal provides in Article 79 that: “To engage in any profit-making activity, interested parties must hold the corresponding municipal license, which shall be obtained by paying a tax.
Such tax shall be paid for the entire period during which the profit-making activity has been carried on or the license has been held, even if the activity was not conducted.” Article 4(a) states: “The municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy granted to it by the Constitución Política. Its powers include: a) Issuing autonomous organizational and service regulations, as well as any other provision authorized by the legal system.” In addition, Article 81 states: “The municipal license referred to in the preceding article may be denied only when the activity is contrary to law, morality, or good customs; when the establishment has not met the statutory and regulatory requirements; or when the activity, because of its physical location, is not permitted by law or, failing that, by the municipal regulations in force.” In the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic, this article even encompasses ancillary or free-of-charge activities, as argued by the petitioner.
It must be taken into account that Article 23 of the challenged Regulations provides: “Municipal permit. A person interested in conducting a karaoke activity must hold the corresponding municipal License or Business Permit (Patente) in order to conduct it, in accordance with Ley 8523 ‘Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás.’” What follows from the foregoing is the need for freedom of commerce to be regulated and supervised. In this context, it must be taken into account that: “On prior occasions, this Chamber has established that administrative authorization (autorización administrativa) is a form of administrative protection under which the State must exercise specific oversight over certain activities in order to protect a public interest or individuals’ fundamental rights. In this regard, ex ante or formal oversight of acts is necessary to determine whether, in exercising a power or right, a public or private entity, mixed entity, or natural person meets the requirements that would ensure the protection of third-party interests or rights, such as safety, health, and hygiene.
Without compliance with the requirements leading to the issuance of the authorization, the authorization itself would cease to exist, since its issuance would lack validity.” (Judgment No. 2012-08738).
Moreover, pursuant to the precautionary principle (principio precautorio), Article 60(e) of the Ley Orgánica del Ambiente provides that the State, municipalities, and other public institutions must give priority to adequate services in the fundamental areas of environmental health for the control of noise pollution (contaminación sónica). Thus, on behalf of cantonal or neighborhood interests and under the general mandate arising from constitutional Article 50 itself, the municipal government must ensure that activities generating nuisances are subject to certain limits that allow everyone to enjoy an environmentally balanced existence, without imposing restrictions beyond what is reasonable. In the Court’s view, it would contradict the higher interests and constitutional values that the business permit seeks to protect to distinguish according to whether an activity is profit-making or free of charge, primary or ancillary, because, regardless of those distinctions, it must be regulated if it produces noise pollution.
In this regard, the doctrine of administrative authorizations, which applies to the business-permit mechanism, ensures the primacy of the public interest and the precedence of fundamental rights over private activities, where the regulations are intended to allow the rights of all individuals to coexist harmoniously, even in commercial activities that, in principle, might be open to anyone, but for which entitlement is conditional because the police power (función de policía) is used to protect the rights of others and to define the limits of activities capable of harming third parties. For the reasons explained above, municipalities are empowered by various constitutional and statutory provisions to regulate, through regulations, the operating hours of karaoke activities. Furthermore, the regulations are consistent with the rest of the legal system because, under Article 24 of the challenged Regulations, the rules governing authorized noise levels and noise containment (confinamiento de ruidos) must be observed.
On the other hand, the statute establishing liquor-sale hours was not designed to regulate other activities, such as municipal business permits for conducting related commercial or free-of-charge activities. As stated above, and pursuant to this Court’s case law, no requirement of consistency can be inferred between the activity of selling food and liquor in a restaurant and the activity of providing public entertainment, such that both activities could be treated as identical. It should be noted that the schedule established through twenty-three hours arguably does not coincide with nighttime rest hours, from twenty-two hours until seven hours the following day (criteria set forth in judgment No. 2005-16777). Hence the need to maintain an adequate noise-containment system on the premises. Although the law governing hours for liquor sales is more generous with respect to the primary activity of operating a restaurant, permitting activities from ten hours until two thirty hours the following day, the need for statutory regulation is more evident in that case than in the case of karaoke.
Indeed, if the petitioner’s argument were carried to a reductio ad absurdum, it could be summarized as asserting that karaoke’s dependence (activity ancillary activity (actividad accesoria) to the sale of liquor and food (principal activity), and vice versa, reveals that it is based on a false premise because, evidently, that supposed congruence between the ancillary activity and the principal activity is only apparent, since there are other public performances, including amateur singers, that do not require the sale of liquor or the consumption of food; particularly if the performers pride themselves on good technique and wish to distinguish themselves through a high standard of singing, they would avoid excessive food consumption. Moreover, in the other scenario involving activities not associated with the sale of liquor, what criterion would apply if there were no law regulating such a situation, given that consumption would not take place in premises authorized as a restaurant without a liquor license (patente de licores)?
Thus, it is unacceptable to establish a requirement that an entertainment activity or public performance follow liquor-sale hours. Although the scope of such entertainment is broad, amateur singing could cause disturbances different from those caused by liquor. All this amounts to saying that the restrictions imposed to protect public health, which are clearly regulated with respect to liquor sales, apply to karaoke even though it is not associated with the same health problems that liquor may cause the population. As is well known, liquor consumption causes intoxication and is clearly associated with the physical and emotional alteration of persons, which would hardly justify a restriction of this nature on the commencement of an activity or public performance involving karaoke, as it does for liquor sales. These are certainly different activities that may be regulated differently.
C.- Reasonableness (Razonabilidad).- By Judgment No. 1999-00523, issued at 14:00 on 7 de julio de 1999, this Chamber ruled as follows regarding this requirement: «To undertake a reasonableness review (examen de razonabilidad) of a provision, the Constitutional Court requires the party to submit evidence, or at least grounds for judgment, supporting its argument; the same procedural burden (carga procesal) rests upon anyone who challenges the arguments in the action, and failure to comply with these requirements renders the allegations of unconstitutionality inadmissible. This is because it is not possible to conduct a "reasonableness" analysis without a coherent line of argument supported by evidence. This applies, of course, except in cases where the "unreasonableness" is obvious and manifest».
In the case before us, for the reasons set forth above, it does not follow from the arguments outlined by the petitioner that the restriction on karaoke hours contains a constitutional defect because it is an unreasonable or disproportionate measure. On the contrary, for the reasons stated, all of this serves to demonstrate that the regulations are constitutional insofar as they allow an exercise compatible with freedom of commerce, which must not be confused with the unrestricted enjoyment of this fundamental right but, instead, must conform to the social requirements of the setting in which the commercial activity is conducted. Clearly, in the case before us, reasonableness does not appear to constitute a constitutional defect because the measure benefits a large majority, namely the residents living in the surrounding area; it pursues a legitimate constitutional purpose ±ensuring a healthy and environmentally balanced environment-; the means are appropriate to the end; and the conflicting fundamental rights ±freedom of commerce and the right to a healthy and ecologically balanced environment- are properly balanced.
Therefore:
The action is declared WITHOUT MERIT.
Gilbert Armijo S.
Acting President Fernando Cruz C. Ernesto Jinesta L.
Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.
Fernando Castillo V. Jose Paulino Hernández G.
:723248.7
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece.
Acción de inconstitucionalidad promovida por SANDRA SOLANO ESPINOZA, mayor, divorciada, artista y empresaria, portadora de la cédula de identidad número 0105510007, vecina de Tibás; contra el artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, aprobado por el Concejo de Tibás en acuerdo No. 78, de la sesión extraordinaria del 17 de marzo del 2008, publicado a La Gaceta No. 24 del 20 de junio del 2008.
Resultando:
Constitución Política, a saber: los principios de legalidad, libertad de comercio, razonabilidad y reserva de ley. Señala que la Ley de Regulación de Horarios de Expendio de Bebidas Alcohólicas, No. 7633 del 26 de septiembre de mil novecientos noventa y seis, fijó para cada actividad la hora máxima de cierre del establecimiento comercial. La patente de espectáculo público para la presentación del karaoke es derivada de la actividad principal, sea bar o restaurante, por lo que considera que su espacio horario debe ser congruente con el horario establecido al negocio, pues resulta irrazonable, que se permita tener música de ambientación que puede generar mayor cantidad de ruido y no se permita el karaoke.
Ordenamiento Jurídico establezca limitaciones en el horario de determinadas actividades comerciales si dichas restricciones son necesarias para garantizar la tranquilidad pública, y por tanto, los derechos de los vecinos. El artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, contempla una limitación horaria a una determinada actividad comercial: el espectáculo de Karaoke. ³Toda actividad con karaoke, podrá destarrollarse hasta las veintitrés horas (11 p.m.), como máximo´. Ahora bien, las Municipalidades en general, y la Municipalidad de Tibás en particular, tienen la competencia por ley para establecer legítimamente, por la vía reglamentaria, los requisitos mínimos que se le deben exigir a sus patentados. Esto en orden de resguardar la moral, la salubridad y el orden público. Esta competencia de las Municipalidades se ejerce en forma subsidiaria, sin perjuicio de que la Ley imponga otros particulares requisitos.
Esta competencia se encuentra Municipal (puede consultarse el informe rendido en el expediente No. 08-18003-0007-CO). En consonancia con lo anterior, la sentencia No. 1996-00960 ha entendido que efectivamente corresponde a las Municipalidades la competencia para reglamentar los requisitos exigibles a las personas que requieran la denominada patente para actividades lucrativas, sin perjuicio de los requisitos que imponga la ley. La municipalidad puede regular los requisitos que se deben satisfacer para obtener la patente necesaria en orden a realizar el espectáculo de Karaoke en su cantón ±esto en el tanto constituya una actividad lucrativa conforme a la Ley No. 8523, Ley de Patentes de la Munipalidad de Tibás-, y por tanto para establecer, por la misma vía normativa, los requisitos mínimos que dicha actividad debe cumplir a fin de mantener su licencia vigente y que el Ayuntamiento estime convenientes para resguardar los intereses locales, específicamente los vinculados con la salubridad, el orden y la tranquilidad pública.
El artículo 169 de la Constitución Política le otorga a las Municipalidades la administración de los intereses y servicios locales dentro de los cuales debe comprenderse el ordenamiento de la actividad comercial del cantón. Esto en virtud de lo que dispone expresamente el artículo 79 y siguientes del Código Municipal. En tal sentido, la sentencia No. 1999-02291, que viene a confirmar la posibilidad de establecer un límite al horario máximo dentro del cual los patentados del cantón pueden realizar la actividad de Karaoke. Esta es razonable y conforme con la necesidad de proteger la salubridad y el derecho de los vecinos a la tranquilidad. Debe tomarse en consideración que se trata de una limitación del horario nocturno, de descanso usual (sentencia No. 2005-316777), y luego que existen otras Municipalidades que también han incorporado en sus reglamentos limitaciones horarias para la actividad de karaoke, que son análogas a las establecidas por la Corporación de Tibás.
Finalmente, es razonable establecer estos topes en el reglamento impugnado, pues se procura asegurar que los vecinos puedan disfrutar del denominado período de descanso; pero en las limitaciones legales al expendio de licor, lo que se busca es racionalizar el consumo de bebidas alcohólicas y garantizar un cierto grado de orden público. Esta diferencia de bienes jurídicos no pueden ser equiparados. La Procuraduría General de al República concluye con que la norma reglamentaria no es inconstitucional.
RESTAURANTE como actividad principal con venta de licor como actividad secundaria con horario de las 10:00 am a las 2:30 am, a la accionante señora Sandra Solano Espinoza. A su vez, por acuerdo V de la sesión ordinaria No. 140 del 22 de diciembre de 2008, se le otorgó también patente para la actividad de espectáculo público en el local comercial ubicado en el Centro Comercial Plaza Tibás, se impone de los horarios del reglamento entendiendo dicha actividad como supletoria de la actividad principal de restaurante. Que no obstante lo anterior, a raíz de las quejas de los vecinos fueron documentados incumplimientos a la normativa reglamentaria sobre el horario. Precisamente, con fundamento en los artículos 2 y 4 inciso a) del Código Municipal, especialmente este último, se publica el Reglamento para Espectáculos Públicos para los patentados del Cantón de Tibás, cuya aprobación sucede en la sesión extraordinaria No. 78 del 17 de marzo del 2008 y de aplicación obligatoria.
El argumento de la accionante de que se irrespeta la Ley 7633 (reformada por Ley 9047) es errónea dado que lo que regula es el expendio de bebidas alcohólicas, no de espectáculos públicos, por lo que no se vulnera el principio de legalidad y de reserva de ley. En este sentido, aplica el reglamento aprobado y debidamente publicado. Debido a la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, además el Reglamento de Espectáculos Públicos, tiene su sustento legal, en la Ley No. 6844 que establece impuesto espectáculos públicos a favor de las municipalidades, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, así como los artículos 4, 13 incisos c) del Código Municipal. Del conjunto de normas, incluidas las del reglamento en los artículos 23 al 27, se busca proteger los derechos constitucionales de los vecinos de este cantón a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y se procura un mayor bienestar para los habitantes del cantón, y en el caso concreto, el centro comercial donde se ubica el negocio comercial tiene a sus alrededores al residencial La Flor.
El concepto de derecho a un ambiente sano, supera los intereses recreativos y culturales de la vida en sociedad, en el caso que nos ocupa, evidentemente el mantener equipos de reproducción musical a altos decibeles es una factor importante de contaminación sónica, que no permite, en este caso, a los vecinos cercanos al local poder conciliar el sueño, su descanso necesarios para disfrutar de una buena salud mental y física. No podemos decir que el derecho al comercio de la accionada pueda estar por encima del derecho constitucional de contar con un ambiente sano de terceros, la Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales o bien a través de actos concretos de la Administración.
La Municipalidad no está limitando el derecho al comercio de los accionantes, cuya actividad comercial es restaurante con venta de licor, con un horario de 10:00 hasta las 2:30 am, y no se vería afectado por la finalización del Karaoke a las 11:00 pm. Por ser una actividad secundaria, puede continuar con la venta de comida y licor, pero pretende mantener una actividad tan ruidosa en perjuicio de los vecinos del centro comercial con derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aunque el cantón no tiene un Plan Regulador y se rige por las disposiciones de usos de suelo del Plan Regional para la Gran Area Metropolitana (GAM), como bien lo señala la señora Solano, el karaoke tiene una restricción en zonas residenciales por ser transmisor de ruido que podría ser molesto en horas de la noche para los habitantes del área. Si bien el local está en un centro comercial, con uso de suelo definido como comercial, la zona es altamente residencial, por lo que debe respetar los horarios establecidos en el artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás.
Considerando:
I.Sobre la admisibilidad. La legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad la deriva la accionante del párrafo primero del artículo 75
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La acción de inconstitucionalidad se funda en el recurso de amparo No. 12-006196-0007-CO, que es un proceso constitucional que discute los actos de aplicación del artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás. A la luz del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo es la base de la acción de inconstitucionalidad, y es medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado, dado que la recurrente interpuso la acción como medio de defensa, lo que hace necesario resolver por el fondo la acción.
II.Objeto de la impugnación. La acción de inconstitucionalidad se incoa para que esta Sala determine si el artículo 26 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, aprobado por acuerdo del Concejo No. 78 de la sesión extraordinaria del 17 de marzo de 2008 y publicado a La Gaceta No. 24 del 20 de junio del 2008, resulta contrario a la libertad de comercio,
razonabilidad, a los principios de legalidad y de reserva de ley. La disposición establece lo siguiente:
³Artículo 26.- Del límite de hora. Toda actividad con karaoke, podrá desarrollarse hasta las veintitrés horas (11 p.m.), como máximo´. En opinión de esta Sala no existen las infracciones alegadas, toda vez que el Estado actúa a través de sus distintos entes como moderador de ciertas libertades públicas. Dentro de estos entes están las municipales que lo hacen a nivel descentralizado por territorio, que en función de policía limita las actividades molestas durante las horas normales de descanso o que afecten a terceras personas violentando la normativa de salud aplicable, estableciendo los horarios, dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esta última conclusión, aunque no se haya argumentado apropiadamente en la acción, aplicaría la doctrina que esta Sala ha observado durante estos últimos lustros.
III.Sobre el fondo. La cuestión principal de la acción radica en determinar si la Municipalidad de Tibás puede dictar un reglamento que regule la actividad comercial lucrativa o gratuita, principal o complementaria (como lo sugiere la accionante), al imponerle una restricción horaria a las segundas
(gratuitas y complementarias), ofrecidas como un plus para aumentar la demanda de la actividad comercial. Debe entenderse que la accionante acusa una violación directa de la Constitución Política por parte del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Tibás, aprobado por acuerdo del Concejo No. 78, en la sesión extraordinaria del 17 de marzo de 2008. En el criterio de la accionante, existen las siguientes infracciones:
A.- Libertad de comercio: El entramado de la argumentación de la accionante radica en que hay quebrantamiento a los derechos fundamentales invocados, porque el fundamento legal del reglamento no le permitiría regular otro horario más que el contenido de la Ley de Regulación de Horarios de Expendio de Bebidas Alcohólicas, No. 7633 del 26 de septiembre de 1996. El reglamento debe coincidir con dicha ley, para que no se infrinja la libertad de comercio, dado que solo por ley expresa se podría restringir en observancia de los principios de legalidad y de reserva de ley. En principio, debe esta Sala, antes que analizar los otros argumentos, reafirmar lo que se ha sostenido respecto de la libertad de comercio como un derecho que no puede ejercerse irrestrictamente, en el entendido de que, más allá de los derechos fundamentales invocados existen otros que merecen consideración de este Tribunal, que tienen relación con el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debemos señalar por lo pronto la doctrina jurisprudencial de esta Sala, en la sentencia No. 2002-04448, en donde se refleja que, a través de un constante y sostenido pensamiento del Tribunal, se ha indicado que:
³Desde el punto de vista de la Constitución Política, esta Sala, desde hace algunos años, dijo en sentencia No. 1608-96, que a su vez cita la sentencia No. 1195-91:
³I.- El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra el principio de libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que interesa, que "Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria". En tesis de principio, una interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en cuanto tal- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese orden de ideas cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de manera armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. Así, el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que "Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley". Dicha norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales ´´(Lo escrito en negrita no es del original).
La libertad de comercio, como otras libertades, no es irrestricta, toda vez que, como se desprende del anterior precedente, encuentra límites reconocidos en el mismo orden constitucional. Una actividad que sea molesta, además de perjudicial para la salud humana o que no garantice un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que incide en los derechos de los demás debe ser regulada, pues encuentra en esta doctrina la justificación y la legitimación del Estado para intervenirla. Mas aún, esta Sala por sentencia No. 2008-001571, estableció que:
³El contenido esencial de la libertad [de comercio] bajo estudio incluye, al menos, lo siguiente: a) El derecho de sus titulares para emprender, escoger y desarrollar la actividad económica que deseen; b) el poder de organizar la empresa y el de programar sus actividades en la forma más conveniente a sus intereses; c) el derecho a la libre competencia y d) el derecho a un lucro razonable en el ejercicio de la actividad emprendida. Sin embargo, dicha garantía, de conformidad con lo que al efecto dispone el numeral 28 constitucional, es susceptible de ser limitada y regulada por el Estado, en el tanto se respete el supra indicado contenido esencial; es decir, siempre y cuando, no se impongan límites que dificulten la actividad más allá de lo razonable, que la hagan impracticable o bien, no rentable del todo. En virtud de lo anterior, se afirma que libertad de comercio no es absoluta ni ilimitada, por lo que, como se dijo, debe someterse a las regulaciones legales y reglamentarias con cobertura en la ley que, necesariamente, deban cumplirse, previamente´.
Limitar el horario aún más de lo que hace la Ley de Regulación de Horarios de Expendio de Bebidas Alcohólicas, No. 7633 del 26 de septiembre de 1996, no implica, en modo alguno, afectar el contenido esencial de la libertad de comercio, pues precisamente la actividad principal del negocio no es el uso del karaoke para sus clientes, sino la venta de bebidas y de comida. En este sentido, esa libertad de escoger una actividad económica, la libertad al interior de la empresa de organizar y programar actividades, de competir con otras empresas, y obtener ganancias razonables no se ve mermada, especialmente en lo que se refiere al modo de llevar el giro comercial principal, no se impide el uso y goce razonable de la música de ambientación, si se encuentra debidamente confinada al negocio. Tanto como las leyes laborales aplican al interno de las relaciones laborales de una empresa, también se requiere de la legislación de salud aplicable para proteger a los clientes y a terceros.
Lo contrario, implicaría un contrasentido a los límites que deben observar, en general, todas las libertades públicas con el bien común, y lógicamente implica una obligación de las autoridades de ejercer los mecanismos correctivos cuando se incurren en excesos. El confinamiento del sonido es por igual importante en ciertas horas de la noche como se verá, sea con las interpretaciones de los cantantes amateurs o de los profesionales en los respectivos espectáculos públicos. Pero, desde hace mucho tiempo, es posible destacar de los antecedentes de este Tribunal, actividades que son molestas para los vecinos, precisamente unas de ellas, que han suscitado gran cantidad de recursos de amparo, son algunas actividades comerciales con ³karaoke´. Aunque en este momento no se prejuzgan las actuaciones impugnadas en el recurso de amparo base, es lo cierto, que entre la jurisprudencia de la Sala puede citarse la sentencia No. 2006-03608 de las diecinueve horas con diecinueve minutos del catorce de marzo de dos mil seis, en la que las autoridades públicas regionales de Pérez Zeledón omiten actuar, pese a reiteradas órdenes de suspender la actividad de este Tribunal a afirmar que ³ eventos con Karaoke, y no imponer una medida coactiva a un Bar, lo que llevó a « convierte a los recurridos en administraciones de papel, cuyas actuaciones se limitan a emitir prevenciones por escrito, sin buscar en ningún momento la solución efectiva de los distintos problemas que se les plantean.
En razón de lo anterior, estima esta Sala que en el presente asunto se constata la alegada violación al artículo 50 constitucional, por lo que lo procedente es acoger el amparo en cuanto a este extremo, como en efecto se hace´.
De esta manera, pese a que existe una libertad de comercio garantizada constitucionalmente, no es posible ejercerla irrestrictamente, pues es legítimo que se pueda restringir o limitar aquellas actividades que causan molestias y vejámenes, incluso mediante los reglamentos municipales, autorizadas por la ley. Lleva razón la Procuraduría General de la República al citar el precedente No. 2005-16777, caso en el que se discutía una presunta laxitud del Ministerio de Salud en regular límites por encima de otros aconsejados por la legislación internacional, donde se reconoció que:
³ («) constata la Sala que la regulación en materia de ruido tiende a armonizar con la concepción del medio ambiente, al procurar evitar que en las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias, almacenes, y diferentes lugares ruidosos, se alteren las condiciones normales de salubridad del medio ambiente. Puede decirse que el decreto cuestionado se convierte en un instrumento útil para enfrentar un entorno social y económico rápidamente cambiante que afecta el desarrollo urbano, y que regula los problemas derivados del ejercicio de la industria y otras actividades ruidosas. Todo ello busca asegurar en buena medida, a los ciudadanos, calidad de vida y a los propietarios de los establecimientos el mismo tratamiento jurídico, mediante el control de estas actividades´. De esta manera, la accionante no logra persuadir al Tribunal de que la ley de horario de licores debería determinar el horario del Karaoke, dado que, como se establecido que el principio delegalidad ³ ve, ni una ni la otra dependen directamente entre sí, y más bien debe determinarse si existe suficiente respaldo legal para dictar dicha normativa.
B.- Principio de legalidad y reserva de ley. Esta Sala constitucional ha « en el Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en la que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso ±para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-;«´(sentencia No. 1992-01739). Por otra parte, sobre el principio de reserva de ley se ha dicho que: ³De conformidad con el párrafo 1° del artículo 28 constitucional, las personas ±léase ³privadas´- están facultadas para hacer todo aquello ³que no infrinja la ley´, para el ser humano, ³todo lo que no está prohibido está permitido´.
Por ello, nadie puede ser privado de hacer lo que la Constitución o la ley no prohíban o, por lo menos, lo que no habiliten («). Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo 2°, todavía llega a más: a armonizar aquel principio general de libertad, todavía meramente formal, con una concepción materialmente democrática que lo llena de contenido, colocando en su base lo que puede llamarse el ³sistema de libertad´. Según éste, ya el ser humano, no solo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene también la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad y, por ello da armonía e intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de interpretación restrictiva, que pueden sumirse en el concepto de ³bien común´rectamente entendido (sentencia No. 1994-3982). De esta manera, para que el Estado pueda intervenir actividades privadas, su autoridad y la de sus instituciones debe estar autorizada en la Ley, o de la habilitación que hacen las diversas leyes, principalmente porque nacen en aquel concepto de ³bien común´ necesarios para imponer limitaciones a favor de los derechos constitucionales de los demás.
Ciertamente, como lo señala la Procuraduría General de la República, así como la Municipalidad de Tibás, la competencia para dictar este tipo de reglamentos proviene no solo de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, sino también de otras disposiciones legales, como los artículos 79, 81 y 4 inciso a) del Código Municipal y la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás (para actividades lucrativas). Así, como ente autónomo corporativo, tiene las competencias necesarias para regular en este tipo de actividades molestas. La primera disposición constitucional establece que ³La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la Ley´. Y el numeral siguiente: ³Las corporaciones municipales son autónomas´.
Por su parte el Código Municipal, establece en el 79 que ³Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado´. El artículo 4 inciso a) dice que: ³La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen: a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico´. Además, en el 81 dice que: ³La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbre, cuando el establecimiento no haya llegado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté permita por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales vigentes´.
En criterio de la Procuraduría General de la República este artículo alcanza incluso hasta actividades complementarias o incluso gratuitas, como lo argumenta la accionante. Debe tomarse en cuenta que el artículo 23 del Reglamento impugnado establece que: ³Del permiso municipal. El sujeto interesado en realizar actividad con karaoke, deberá contar con la correspondiente Licencia o Patente municipal, para su realización, de acuerdo a lo que establece la Ley 8523 ³Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás´.´ Lo que se deriva de lo anterior, es la necesidad de que la libertad de comercio sea regulada y fiscalizada, dentro de este contexto, debe tomarse en cuenta que: ³Esta Sala en anteriores oportunidades ha establecido que la autorización administrativa es una forma de tutela administrativa, en la que el Estado debe ejercer un control específico en determinadas actividades, para proteger un interés público o los derechos fundamentales de las personas.
En este sentido, se hace necesario un control de los actos µex ante¶o de forma, para determinar que en el ejercicio de una atribución o derecho, un ente público o privado, persona mixta o física cumpla los requisitos que garantizarían la protección de intereses o derechos de terceros, como en seguridad, salud e higiene. Sin el cumplimiento de los requisitos que promueven el otorgamiento de la autorización, la misma desaparecería, dado que carecería de validez aquel otorgamiento´. (Sentencia No. 2012-08738).
Pero, además, de conformidad con el principio precautorio, el inciso e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente dota al Estado, las municipalidades y demás instituciones públicas, deben de dar prioridad en los servicios adecuados en las áreas fundamentales de salud ambiental para el control de la contaminación sónica. De este modo, en nombre de los intereses cantonales o vecinales, como mandato general que emana del propio artículo 50 constitucional, el gobierno municipal debe velar para que actividades generadoras de molestias tengan determinados límites que permitan a todos una existencia ambientalmente equilibrada, sin que se imponga una restricción más allá de lo razonable. A juicio del Tribunal, sería una contradicción con los intereses superiores y los valores constitucionales que se buscan proteger mediante la patente, hacer distinciones entre si una actividad es lucrativa o gratuita, principal o accesoria, pues, independientemente de ello, si produce contaminación sónica debe ser regulada.
Sobre esto, la doctrina de las autorizaciones administrativas, que aplica a la figura de la patente, asegura la primacía del interés público y la preeminencia de los derechos fundamentales sobre actividades privadas, donde la normativa tiene el propósito de permitir una convivencia armónica entre los derechos de todos los individuos, aún en actividades comerciales que, en principio, podrían permitirse a cualquiera, pero donde tal titularidad está condicionada, porque mediante la función de policía se buscar proteger los derechos de los demás y se delimitan aquellas actividades capaces de producir perjuicios a terceros. Por las razones que se tanto constitucionales como legales, para regular vía reglamento el horario de las actividades con karaoke. Además, la normativa es congruente con el resto del ordenamiento jurídico, porque según el artículo 24 del reglamento impugnado se debe cumplir con la normativa referente a los niveles autorizados y confinamiento de ruidos.
Por otra parte, la Ley que establece el horario de expendio de licores no fue diseñada para regular otras actividades, como patentes municipales para ejercer actividades conexas comerciales o gratuitas. Como se indicó supra, y de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, tampoco se puede deducir una obligación de congruencia entre la actividad de venta de alimentos y licor (en restaurante) con la de espectáculo público, que permita establecer una identidad entre ambas actividades. Véase que, el horario establecido hasta las veintitrés horas, podría argumentarse que no coincide con las horas de descanso de la noche de las veinte dos horas hasta las siete horas del día siguiente (criterios De ahí la necesidad de mantener apropiadamente en los locales un sistema de confinamiento del ruido. Si bien la Ley de horarios para la venta de licor es más generosa para actividad principal de restaurante, permitiendo iniciar actividades desde las diez horas a las dos y treinta horas del día siguiente, la necesidad de ser regulada por ley es más evidente en este caso que en el del karaoke.
Incluso, llevado lo argumentado por la accionante al reductio ad absurdum, se podría resumir en que la dependencia del karaoke (actividad accesoria) a la venta de licor y alimentos (actividad principal), y viceversa, nos revela que se basa en una falsa premisa, porque, evidentemente, esa supuesta congruencia de la actividad accesoria con la principal es solo aparente, pues existen otros espectáculos públicos, incluidos los cantantes aficionados que no necesitan de la venta de licor o de la ingesta de alimentos, principalmente si los intérpretes se precian de una buena técnica y desean destacar por un buen nivel de canto, evitarían el consumo excesivo de alimentos. Más aún, en el otro supuesto de actividades no asociadas a la venta de licor, cuál sería el criterio aplicable si no existe una ley que regulara tal situación, dado que no se consumiría en un local autorizado como restaurante sin patente de licores.
Así, no es de recibo que se establezca la necesidad de seguir los horarios de la venta de licor para una actividad de entretenimiento o de espectáculo público, que si bien es amplio, el canto aficionado podría producir molestias distintas a las que causa el licor. Todo ello equivale a decir que la restricciones que se imponen para la protección a la salud pública, que se encuentra claramente regulado en la venta de licor, aplica para el caso del karaoke, sin que estén asociados los mismos problemas de salud que sí puede acarrear a la población el licor. Como se sabe, la ingesta de licor intoxica, evidentemente estaría asociado a la alteración física y espiritual de las personas, lo que difícilmente justificaría una restricción de tal naturaleza para el inicio de una actividad o espectáculo público con karaoke, como sí aplica para la venta del licor. Ciertamente, se trata de actividades distintas que pueden ser reguladas en modo distinto.
C.- Razonabilidad.- Mediante la sentencia No. 1999-00523, de las 14:00 del 7 de julio de 1999, esta Sala se pronunció así sobre esta exigencia: «Para emprender un examen de razonabilidad de una norma, el Tribunal Constitucional requiere que la parte aporte prueba o al menos elementos de juicio en los que sustente su argumentación e igual carga procesal le corresponde a quien rebata los argumentos de la acción y la falta en el cumplimiento de estos requisitos, hace inaceptables los alegatos de inconstitucionalidad. Lo anterior, debido a que no es posible hacer un análisis de "razonabilidad" sin la existencia de una línea argumentativa coherente que se encuentre probatoriamente respaldada. Ello desde luego, cuando no se trate de casos cuya "irrazonabilidad" sea evidente y manifiesta».
En el caso que nos ocupa, por las razones expuestas arriba, no resulta de los argumentos esbozados por la accionante que la restricción horaria para el Karaoke contenga un vicio de constitucionalidad, por ser una medida irrazonable o desproporcionada. Por el contrario, por lo expuesto, todo ello es conducente a demostrar que las regulaciones son constitucionales en la medida que se desprende un ejercicio compatible con la libertad de comercio, que no debe confundirse con un goce irrestricto de este derecho fundamental, sino, por el contrario, uno acomodado a las exigencias sociales donde se desenvuelve la actividad comercial. Claramente, en el caso que nos ocupa, la razonabilidad no se evidencia como un vicio de constitucionalidad porque va en beneficio de una gran mayoría, que constituirían los vecinos que viven en los alrededores, persigue un fin constitucional legítimo ±garantizar un ambiente saludable y ambientalmente equilibrado-, el medio es adecuado al fin, y se pondera adecuadamente los derechos fundamentales que están en contradicción ±libertad de comercio y el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado-.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR la acción.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Fernando Cruz C. Ernesto Jinesta L.
Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.
Fernando Castillo V. Jose Paulino Hernández G.
:723248.7
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