Res. 09708-2013 Sala ConstitucionalRes. 09708-2013 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del diecinueve de julio de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por RONALD CRUZ RODRÍGUEZ, portador de la cédula de identidad 0602080035, a favor de VECINOS DEL BARRIO LA TRANQUILIDAD , contra el CONCEJO MUNICIPAL DE CÓBANO DE PUNTARENAS, MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS Y EL MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado a las 15:04 horas de 15 de junio de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Puntarenas, la Secretaría Técnica Ambiental y el Ministerio de Salud. Acusa que en el Barrio La Tranquilidad, 100 metros antes del cruce a La Esperanza de Paquera, desde hace aproximadamente 20 años se ubica un botadero de basura y de desechos sólidos a cielo abierto que no tiene ningún tipo de tratamiento o proceso de reciclaje. Indican que aparentemente dicho basurero no cuenta con permisos o viabilidad ambiental alguna por parte de SETENA ni el Ministerio de Salud, que autorice el funcionamiento y proceso de la basura que se recoge en el distrito. Asegura que producto de la forma de manejo de dicho botadero, se desatan malos olores, brotes de moscas e insectos y por ende, se produce una gran contaminación en el entorno, situación que pone en peligro a los pobladores de la zona. Por lo expuesto, consideran violentados sus derechos al ambiente sano y equilibrado.

2.- Por resolución de las 9:09 horas de 11 de junio de 2012 se dio curso al amparo y se les confirió audiencia a las autoridades accionadas.

3.- Rinde informe bajo juramento Rafael Ángel Rodríguez Castro, en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas. Señala que el botadero de basura al que aluden los recurrentes se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, por lo que su administración le corresponde a esa instancia (según competencias de la Ley No.8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito). Conforme lo informado por el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, efectivamente, existe un vertedero de desechos sólidos administrados por ese órgano, el cual, en sus inicios, funcionó como un botadero a cielo abierto. Sin embargo, por razones de salud pública, se presentó un proyecto a la Dirección del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud, la cual otorgó el visto bueno para iniciar las obras de reacomodo del canal perimetral y la creación de la fosa para el depósito de los desechos, solicitando la rendición de informe de avance de las obras (ver oficio No. PC-ARS-PE-259-2011 de 21 de setiembre de 2011). Contando con esa autorización, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano dio inicio a la contratación administrativa en noviembre y diciembre de 2011 para realizar la construcción de una trinchera o celda en el vertedero municipal para el depósito de los desechos así como la compra e instalación de una geomembrana y geotextil. Actualmente, la celda está concluida y la instalación del material que evitaría la contaminación de los suelos con el lixiviado. Aunado a lo anterior, se han realizado campañas de limpieza de quebradas y ríos que se han visto afectados por los desechos y campañas de reciclaje que permite que el volumen de desechos a depositar sea menor. Pese a esto, el Tribunal Ambiental Administrativo por resolución No. 494-12-TAA de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 ²expediente No. 406-10-01-TAA² dictó una medida cautelar en la que ordenó al Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano que retirara la basura depositada dentro del área de protección del río Biscoyol, además, que delimite esta área físicamente; del mismo modo, dispuso la clausura y el cierre técnico del botadero. El Concejo Municipal de Distrito presentó un recurso en contra de esa medida cautelar pero a ese momento, no se les había dado respuesta. Recalca que el sitio se encuentra clausurado. Solicita que se desestime el recurso.

4.- Informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En cuanto a los hechos alegados, indica que efectivamente, el botadero de basura no tiene viabilidad ambiental. Rechaza que se hubiere negado información a los recurrentes pues, ni siquiera, consta solicitud de su parte ante esa instancia. Indica que conforme el Departamento de Evaluación (informe No.

DEA-2245-2012-SETENA) lo procedente es realizar la evaluación de impacto ambiental con la presentación de un documento de Evaluación D-1.

5.- Por escrito presentado el 20 de junio de 2012, el recurrente se refirió a los argumentos expuestos por el Secretario Técnico Nacional Ambiental y la Municipalidad de Puntarenas.

6.- Informa bajo juramento Omar Fernández Villegas, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Reconoce la existencia del vertedero pero no en la dirección señalada por el actor y que en las administraciones anteriores, el tema no fue prioridad, lo que provocó el inadecuado apilamiento y tratamiento de los desechos sólidos, lo que generó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Para mitigar esas deficiencias, el Concejo Municipal de Distrito elaboró un proyecto de mitigación ante el Área Rectora de Salud Peninsular para su respectiva autorización, siendo otorgado el visto bueno para realizar esas obras (así por oficio No.

PC-ARS-PE-PE-259-2011 de 11 de setiembre de 2011); se solicitó, además, el criterio de profesionales de la Universidad Nacional pero no se ha recibido respuesta. Con la venia de la autoridad sanitaria, se ordenó a nivel administrativo iniciar el procedimiento de contratación administrativa para la construcción de la trinchera y la instalación de una geomembrana y geotextil (licitaciones abreviadas 2011LA-000005-01, ³Construcción de Trinchera´y 2011LA-000007-01 ³Compra e instalación de geomembrana y geotextil´). Ya finalizó la construcción de la trinchera y la instalación del material de geomembrana y geotextil. Señala que estas obras superaron los 110.000.000,00 colones. Añade que se iniciaron campañas para sensibilidad a la población con el tema del reciclaje y separación de desechos. Asimismo, se coordinó con la Cámara de Turismo de Montezuma para implementar un programa de clasificación del material de reciclaje. Asimismo, se determinó ejecutar un plan de reestructuración del servicio de recolección de basura en las zonas donde se había venido dando ese servicio, así como en otros no incluidos, como Santa Teresa, San Isidro y Malpaís. Para esto, se compró un camión de recolección de basura. Reconocen que antes que se diera la construcción de la trinchera pudo haberse dado una eventual contaminación que podía afectar la quebrada que colinda con el basurero así como el Río Biscoyol, siendo que durante la época lluviosa pudo haberse provocado un desplazamiento de algunos materiales de desecho. Por esto se hizo una limpieza en las cercanías de la quebrada. En su criterio, ese municipio ha realizado acciones para solucionar el problema de contaminación denunciado por el actor. Solicita que se desestime el recurso.

7.- Vista el acta de notificación en la que se indicó que en Cóbano no existe una oficina regional del Ministerio de Salud, por resolución de Magistrado Instructor de las 9:51 horas de 6 de julio de 2012, se ampliaron las partes recurridas en este proceso de amparo y se le confirió audiencia al Director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud.

8.- Informa bajo juramento Adriana Torres Moreno, en su condición de Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud. Indica que en Barrio La Tranquilidad de Cóbano funciona un vertedero de desechos sólidos propiedad del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Detalla todas las actuaciones realizadas en relación con el control y fiscalización del vertedero. Señala que el 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó que se le informaran sobre las acciones tomadas por las instituciones involucradas, dándosele respuesta por oficio No. PC-ARS-PE-273-2011. Alega que hasta tanto no se cumplan los requisitos necesarios para la operación, no se dará el permiso sanitario de funcionamiento. Considera que el Área Rectora ha actuado en cumplimiento de sus obligaciones. Solicita que se desestime el recurso.

9.- Por resolución de Magistrado Instructor de las 13:33 horas de 24 de enero de 2013 se le confirió audiencia al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo para que informe sobre el estado actual del procedimiento tramitado en el expediente No.406-10-01-TAA, relacionado con la denuncia planteada por el funcionamiento irregular y contaminación que genera un botadero de basura en Cóbano de Puntarenas.

10.- Informan bajo juramento Yamilette Mata Dobles y Maricé Navarro Montoya, en su condición respectiva de Presidente y Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo. Indican que la denuncia de marras fue planteada en el 2010 por la Defensoría de los Habitantes por la posible contaminación del Río Biscoyol por un supuesto botadero de basura a cielo abierto, a la que se le dio trámite bajo el 11.- Por resolución de Magistrado Instructor de las 15:29 horas de 25 de junio de 2013 se solicitó prueba para mejor resolver al Tribunal Ambiental Administrativo.

12.- Conforme la constancia emitida el 5 de julio de 2013, el Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo no rindió el informe requerido como prueba para mejor resolver.

13.- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que en barrio La Tranquilidad, cerca del cruce a la Esperanza de Paquera, funciona un ³botadero de basura´ que no cuenta con los permisos municipales y sanitarios de funcionamiento y sin la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Reprocha que producto de la forma de manejo de dicho botadero, se desatan malos olores, brotes de moscas e insectos y se produce contaminación en el entorno.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) En el Distrito de Cóbano funciona un vertedero de desechos sólidos administrado por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (ver informes del Alcalde Municipal de Puntarenas, del Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 2) El vertedero de desechos en Cóbano no ha sido objeto de evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de modo que no cuenta con la viabilidad ambiental que otorga ese órgano (ver informe del Secretario Técnico Nacional Ambiental y del Tribunal Ambiental Administrativo en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 3) El 16 de agosto de 2010 el recurrente acudió a la Defensoría de los Habitantes, solicitando la intervención en relación con la presunta contaminación producida por el funcionamiento irregular de un ³botadero a cielo abierto´en Cóbano (ver documentación en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 4) El 26 de agosto de 2010, funcionarios del Área Rectora de Salud Peninsular realizaron una inspección al vertedero, en la que, entre otros, se comprobó que no cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento. Además que ³ («) es de una extensión de 4 hectáreas pero solo se utiliza 1 hectárea para la disposición de los desechos sólidos. Se realiza recolección de residuos a varias comunidades de Cóbano, entre ellas: Tambor, La Abuela, Cóbano Centro, Montezuma, Santa Teresa y otros. La recolección se realiza por vehículos privados. Se identifica que no existe permiso sanitario de funcionamiento para esta actividad, no hay un adecuado manejo de los residuos sólidos y de los lixiviados. Existen riesgos de inestabilidad de taludes, con arrastre de los residuos al cauce de una quebrada, el sistema de disposición final de los residuos es deficiente al no contar con los elementos necesarios. Hay presencia de personal realizando labores de recuperación de los residuos dentro del vertedero sin equipo de protección personal o conocimiento conocimientos técnicos. No existe un adecuado manejo de los recipientes que ingresan al vertedero´. Por lo anterior, se giraron las órdenes sanitarias Nos. OS-G-036-2010, OS-G-037-2010, OS-G-038-2010 y OS-G-039-2010 al Presidente del Concejo e Intendente del Concejo Municipal de Distrito para que iniciaran el cierre técnico del vertedero (ver informe del Área Rectora de Salud Peninsular y documentación adjunta en el SCGDJ). 5) El 22 de octubre de 2010 se recibió en el Área Rectora de Salud Peninsular, el proyecto del cierre técnico por parte del Concejo de Distrito de Cóbano, analizado a través de los oficios Nos. PC-URS-R-447-2010 y PC-UAC-119-2010. En atención a esto, se solicitó un cronograma de acciones que incluyera plazos para los trámites, memorial de cálculo, manual de operación, mantenimiento y manejo de aguas residuales (informe en el SCGDJ). 6) El 09 de diciembre de 2010 se giró la orden sanitaria No. OS-G-054-2010, solicitando unas mejoras en el proyecto del cierre técnico (informe en el SCGDJ). 7) El 01 de febrero de 2011 se presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud Peninsular de Cóbano, respecto del funcionamiento del vertedero (informe de la autoridad sanitaria en el SCGDJ). 8) El 02 de febrero de 2011 , en una reunión conjunta de las autoridades sanitarias y del Concejo Municipal de Distrito, se analizó la propuesta de intervención del vertedero (informe en el SCGDJ). 9) Ante la intervención de la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Ambiental Administrativo inició un procedimiento, tramitado en el expediente No. 406-10-01-TAA para investigar la posible contaminación del río Biscoyol por el funcionamiento del vertedero en cuestión (informes y documentación adjunta en el SCGDJ). 10) Por resolución de las 11:45 horas de 8 de febrero de 2011, el Tribunal Ambiental Administrativo le ordenó al Director Regional de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, realizar una inspección al sitio e informar de esa actuación y de las acciones tomadas en relación con el supuesto funcionamiento irregular del vertedero. Asimismo, se le concedió audiencia al Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano sobre los hechos imputados en cuanto a la presunta responsabilidad de esa autoridad por administrar, de hecho, el vertedero (ver copia de la resolución en el SCGDJ). 11) El 14 de febrero de 2011 funcionarios sanitarios realizaron una nueva inspección en el sitio en la que se no se comprobó la contaminación superficial por lixiviados ante la falta de ³escorrentía por la época en la que nos encontramos´aunque sí se observó la presencia de desechos en las márgenes del río Biscoyol. Por lo anterior, se determinó la necesidad de iniciar el cierre técnico (ver documento en el SCGDJ). 12) El 27 de mayo de 2011 se realizó una actividad de limpieza de la quebrada Biscoyol por parte de funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (informe en el SCGDJ). 13) El 30 de mayo de 2011 se inspeccionó el sitio por parte de funcionarios sanitarios, en la que no se comprobó la existencia de residuos sólidos en el cauce del río. No obstante, se evidenció el riesgo de que esos residuos se conduzcan al cauce por la escorrentía (informe en el SCGDJ). 14) El 6 de setiembre de 2011, por oficio No. ADT-152-2011 se presentó el proyecto de reacomodo del canal perimetral y creación de fosa ante la autoridad sanitaria (informe en el SCGDJ). 15) El 19 de setiembre de 2011 se realizó una nueva inspección sanitaria, en la que se evidenciaron deficiencias en el manejo de residuos (informe en el SCGDJ). 16) El 19 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano presentó ante el Área Rectora de Salud Peninsular, un proyecto de mitigación para corregir las deficiencias, siendo aprobadas por la autoridad sanitaria mediante oficio No. PC-ARS-PE-PE-259-2011 de 21 de setiembre de 2011 (informe del Intendente del Distrito Municipal de Cóbano en el SCGDJ). 17) El 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó al Área Rectora de Salud Peninsular ³copia del informe PC-ARS-PRS-G-090-2010 producto de la inspección al Botadero de Basura de Cóbano, conforme a nuestra Denuncia (sic) interpuesta ante el Ministerio de Salud en el nivel central, además, como personas afectadas les solicito fotocopia del último informe de inspección al Vertedero de Basura el PC-ARS-PE-PRS-G-127-2011, ya que como personas afectadas nos gustaría estar informados como va el proceso del Cierre (sic)´(ver nota en el SCGDJ). 18) Mediante el oficio No. PC-ARS-PE-273-2011 de 05 de octubre de 2011, la Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud atendió la solicitud de información del actor, indicándole las actuaciones realizadas para resolver el problema denunciado y remitiéndole copia de los informes requeridos (ver informe y documento en el SCGDJ). 19) El 15 de noviembre de 2011 funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo realizaron una inspección en el sitio, comprobando el depósito de basura a cielo abierto sin ningún tipo de cobertura; la presencia de buzos; la inexistencia de un sistema de retención; presencia de lixiviados dirigidos hacia el Río Biscoyol; existencia de moscas, zopilotes y fuertes olores generados por los desechos. Además, se observó que por la pendiente del terreno, los lixiviados discurren hacia el río sin ningún tipo de tratamiento (informe del Tribunal Ambiental Administrativo y documentación en el SCGDJ). 20) Por oficio No. 04568-2012-DHR de 9 de mayo de 2012 , la Defensoría de los Habitantes emitió su informe final respecto de la solicitud de intervención en la problemática de cita (ver documento en el SCGDJ). 21) Por resolución de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 el Tribunal Ambiental Administrativo dictó una medida cautelar que, entre sus puntos principales, contenía los siguientes: el retiro de la basura depositada dentro del área de protección del río Biscoyol y la delimitación de esa área conforme el artículo 33 de la Ley Forestal; la clausura y el cierre técnico del botadero sin perjuicio de las medidas de mitigación y estabilización que pudieran adoptar las autoridades competentes (ver el informe de las representantes del TAA y copia de la resolución en el SCGDJ). 22) El 12 de junio de 2012 funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo en compañía del Intendente Municipal y funcionarios del Área de Conservación Tempisque, oficina de Cóbano inspeccionaron el sitio, comprobando que se mantenía la orden de cierre técnico y que, pese a que había mejorías, persistían deficiencias en el manejo de lixiviados, inestabilidad de taludes, arrastre de residuos sólidos, vías de acceso entre otros aspectos. De otra parte, se detectaron acumulación de residuos sólidos sin cobertura y presencia de aves carroñeras encima de éstos; además, empozamientos que ³pudiesen ser eventualmente fuentes para el desarrollo de vectores´. Asimismo, se observó la construcción de una fosa impermeabilizada para el depósito de residuos sólidos, de un colector de lixiviados. Se comprobó, además, que no consta el plan de medidas de cierre técnico aprobado por el Ministerio de Salud y el cronograma de cumplimiento respectivo (informe y copia del expediente del TAA en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 23) El 18 de octubre de 2012 funcionarios de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía realizaron una inspección al sitio, constatándose, únicamente, la existencia del río Biscoyol ±cauce de dominio público de flujo permanente² y no de otro cuerpo de agua (informe del TAA y oficio en el SCGDJ). 24) A febrero de 2013, no se había determinado la valoración económica del daño, requerida a las autoridades sanitarias mediante resolución No. 494-12-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 (informe en el SCGDJ). 25) El recurrente no ha presentado una solicitud de información ante la SETENA respecto de si el vertedero de desechos en cuestión cuenta con la vialidad ambiental que emite ese órgano (informe del SETENA en el SCGDJ).

III.- HECHO INDEMOSTRADO. De especial importancia para decidir este asunto, no queda demostrado el siguiente: ÚNICO. Que hubiese concluido el procedimiento administrativo que se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo en relación con el funcionamiento irregular del vertedero en cuestión.

IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en el Voto No. 4830-02 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente:

"(«) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación («)´.

Asimismo, recientemente, este Tribunal, en el Voto No. 17552-07 de las 12:22 hrs. de 30 de noviembre de 2007, dispuso lo siguiente ³ («) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: "Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental («)´.

Finalmente, cabe señalar que esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, los cuales constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

V.- CASO CONCRETO. De los informes rendidos bajo juramento y de la prueba documental allegada a los autos, se acredita que en Cóbano de Puntarenas funciona un vertedero de desechos sólidos administrado por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, el cual no ha sido objeto de evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de modo que no cuenta con la viabilidad ambiental que emite ese órgano (ver informes y documentación adjunta en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). De igual forma, ese vertedero no ha cumplido con las exigencias necesarias para obtener el permiso sanitario de funcionamiento. Aunque a este momento, ante las denuncias planteadas por vecinos de la zona, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y el Tribunal Ambiental Administrativo han intervenido, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, adoptando algunas medidas para corregir el funcionamiento irregular del establecimiento y revertir las inadecuadas condiciones de insalubridad y contaminación ambiental presentes en el lugar (lo que se ha podido comprobar a través de todas las inspecciones realizadas), lo cierto es que la problemática persiste. Ciertamente, en acato a la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo, se dispuso la clausura y está en proceso el cierre técnico del vertedero, todavía se presentan deficiencias en el manejo de lixiviados, inestabilidad de taludes, arrastre de residuos sólidos, problemas de vías de acceso, acumulación de residuos sólidos sin cobertura y presencia de aves carroñeras encima de éstos. Aunque ya se construyó una fosa impermeabilizada para el depósito de residuos sólidos y un colector de lixiviados, existe un peligro de descarga de esos líquidos en el cauce del río Biscoyol que colinda con el terreno donde está el vertedero. Sobre este punto, quedó demostrado que la pendiente del terreno donde está asentado el vertedero favorece que los lixiviados fluyan hacia ese cauce sin contar con un tratamiento previo. Además, en la inspección de junio de 2012 realizada por funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo se comprobó que no consta el plan de medidas de cierre técnico aprobado por el Ministerio de Salud y el cronograma de cumplimiento respectivo. Partiendo de estos elementos, en el presente asunto, se acredita una violación al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado e incluso, una infracción del derecho a la salud. Aún cuando ha habido intervención de varias autoridades para solucionar la situación expuesta, las medidas adoptadas han resultado claramente insuficientes para corregir las deficiencias sanitarias y ambientales presentes en el vertedero, cuya administración, peor aún, está en manos de una autoridad pública como lo es el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. De ahí entonces que lo procedente es acoger el amparo en cuanto a este extremo.

VI.- En cuanto a la violación del derecho reconocido en el artículo 30 constitucional, se acredita que el 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó al Área Rectora de Salud Peninsular lo siguiente: ³copia del informe PC-ARS-PRS-G-090-2010 producto de la inspección al Botadero de Basura de Cóbano, conforme a nuestra Denuncia (sic) interpuesta ante el Ministerio de Salud en el nivel central, además, como personas afectadas les solicito fotocopia del último informe de inspección al Vertedero de Basura el PC-ARS-PE-PRS-G-127-2011, ya que como personas afectadas nos gustaría estar informados como va el proceso del Cierre (sic)´(ver nota en el SCGDJ).

Solicitud que fue atendida por oficio No. PC-ARS-PE-273-2011 de 05 de octubre de 2011 de la Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, en la que le indicó las actuaciones adoptadas para resolver el problema denunciado y le remitió copia de los informes requeridos (ver informe y documento en el SCGDJ). De otra parte, según lo informado por el Secretario Técnico Nacional Ambiental, el actor no ha presentado una solicitud de información ante esa instancia respecto de si el vertedero de desechos en cuestión cuenta con la vialidad ambiental que emite ese órgano. Ante estas circunstancias, este Tribunal descarta la violación del derecho de acceso a la información administrativa.

VII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las órdenes que se detallan infra. Asimismo, se dispone la condenatoria pecuniaria hacia el Estado y a la Municipalidad de Puntarenas, corporación municipal a la que está adscrito el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano conforme la Ley General de Concejos Municipales de Distrito No.8173. Respecto del derecho de acceso a la información administrativa, se desestima el amparo.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se le ordena a Omar Fernández Villegas, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, o a quien en su lugar ejerza ese cargo y a Adriana Torres Moreno, en su condición de Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quien ocupe ese puesto, adoptar todas las medidas que correspondan conforme el ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia se resuelva en definitiva el problema de contaminación analizado en el presente asunto. Se advierte que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se declara sin lugar el recurso en cuanto al derecho de acceso a la información administrativa. Notifíquese a Omar Fernández Villegas y a Adriana Torres Moreno, respectivamente, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano y Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quien ocupe esos cargos, en forma personal.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S. Rosa María Abdelnour G.

Jorge Araya G. Jose Paulino Hernández G.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del diecinueve de julio de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por RONALD CRUZ RODRÍGUEZ, portador de la cédula de identidad 0602080035, a favor de VECINOS DEL BARRIO LA TRANQUILIDAD , contra el CONCEJO MUNICIPAL DE CÓBANO DE PUNTARENAS, MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS Y EL MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado a las 15:04 horas de 15 de junio de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Puntarenas, la Secretaría Técnica Ambiental y el Ministerio de Salud. Acusa que en el Barrio La Tranquilidad, 100 metros antes del cruce a La Esperanza de Paquera, desde hace aproximadamente 20 años se ubica un botadero de basura y de desechos sólidos a cielo abierto que no tiene ningún tipo de tratamiento o proceso de reciclaje. Indican que aparentemente dicho basurero no cuenta con permisos o viabilidad ambiental alguna por parte de SETENA ni el Ministerio de Salud, que autorice el funcionamiento y proceso de la basura que se recoge en el distrito. Asegura que producto de la forma de manejo de dicho botadero, se desatan malos olores, brotes de moscas e insectos y por ende, se produce una gran contaminación en el entorno, situación que pone en peligro a los pobladores de la zona. Por lo expuesto, consideran violentados sus derechos al ambiente sano y equilibrado.

2.- Por resolución de las 9:09 horas de 11 de junio de 2012 se dio curso al amparo y se les confirió audiencia a las autoridades accionadas.

3.- Rinde informe bajo juramento Rafael Ángel Rodríguez Castro, en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas. Señala que el botadero de basura al que aluden los recurrentes se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, por lo que su administración le corresponde a esa instancia (según competencias de la Ley No.8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito). Conforme lo informado por el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, efectivamente, existe un vertedero de desechos sólidos administrados por ese órgano, el cual, en sus inicios, funcionó como un botadero a cielo abierto. Sin embargo, por razones de salud pública, se presentó un proyecto a la Dirección del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud, la cual otorgó el visto bueno para iniciar las obras de reacomodo del canal perimetral y la creación de la fosa para el depósito de los desechos, solicitando la rendición de informe de avance de las obras (ver oficio No. PC-ARS-PE-259-2011 de 21 de setiembre de 2011). Contando con esa autorización, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano dio inicio a la contratación administrativa en noviembre y diciembre de 2011 para realizar la construcción de una trinchera o celda en el vertedero municipal para el depósito de los desechos así como la compra e instalación de una geomembrana y geotextil. Actualmente, la celda está concluida y la instalación del material que evitaría la contaminación de los suelos con el lixiviado. Aunado a lo anterior, se han realizado campañas de limpieza de quebradas y ríos que se han visto afectados por los desechos y campañas de reciclaje que permite que el volumen de desechos a depositar sea menor. Pese a esto, el Tribunal Ambiental Administrativo por resolución No. 494-12-TAA de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 ²expediente No. 406-10-01-TAA² dictó una medida cautelar en la que ordenó al Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano que retirara la basura depositada dentro del área de protección del río Biscoyol, además, que delimite esta área físicamente; del mismo modo, dispuso la clausura y el cierre técnico del botadero. El Concejo Municipal de Distrito presentó un recurso en contra de esa medida cautelar pero a ese momento, no se les había dado respuesta. Recalca que el sitio se encuentra clausurado. Solicita que se desestime el recurso.

4.- Informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En cuanto a los hechos alegados, indica que efectivamente, el botadero de basura no tiene viabilidad ambiental. Rechaza que se hubiere negado información a los recurrentes pues, ni siquiera, consta solicitud de su parte ante esa instancia. Indica que conforme el Departamento de Evaluación (informe No.

DEA-2245-2012-SETENA) lo procedente es realizar la evaluación de impacto ambiental con la presentación de un documento de Evaluación D-1.

5.- Por escrito presentado el 20 de junio de 2012, el recurrente se refirió a los argumentos expuestos por el Secretario Técnico Nacional Ambiental y la Municipalidad de Puntarenas.

6.- Informa bajo juramento Omar Fernández Villegas, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Reconoce la existencia del vertedero pero no en la dirección señalada por el actor y que en las administraciones anteriores, el tema no fue prioridad, lo que provocó el inadecuado apilamiento y tratamiento de los desechos sólidos, lo que generó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Para mitigar esas deficiencias, el Concejo Municipal de Distrito elaboró un proyecto de mitigación ante el Área Rectora de Salud Peninsular para su respectiva autorización, siendo otorgado el visto bueno para realizar esas obras (así por oficio No.

PC-ARS-PE-PE-259-2011 de 11 de setiembre de 2011); se solicitó, además, el criterio de profesionales de la Universidad Nacional pero no se ha recibido respuesta. Con la venia de la autoridad sanitaria, se ordenó a nivel administrativo iniciar el procedimiento de contratación administrativa para la construcción de la trinchera y la instalación de una geomembrana y geotextil (licitaciones abreviadas 2011LA-000005-01, ³Construcción de Trinchera´y 2011LA-000007-01 ³Compra e instalación de geomembrana y geotextil´). Ya finalizó la construcción de la trinchera y la instalación del material de geomembrana y geotextil. Señala que estas obras superaron los 110.000.000,00 colones. Añade que se iniciaron campañas para sensibilidad a la población con el tema del reciclaje y separación de desechos. Asimismo, se coordinó con la Cámara de Turismo de Montezuma para implementar un programa de clasificación del material de reciclaje. Asimismo, se determinó ejecutar un plan de reestructuración del servicio de recolección de basura en las zonas donde se había venido dando ese servicio, así como en otros no incluidos, como Santa Teresa, San Isidro y Malpaís. Para esto, se compró un camión de recolección de basura. Reconocen que antes que se diera la construcción de la trinchera pudo haberse dado una eventual contaminación que podía afectar la quebrada que colinda con el basurero así como el Río Biscoyol, siendo que durante la época lluviosa pudo haberse provocado un desplazamiento de algunos materiales de desecho. Por esto se hizo una limpieza en las cercanías de la quebrada. En su criterio, ese municipio ha realizado acciones para solucionar el problema de contaminación denunciado por el actor. Solicita que se desestime el recurso.

7.- Vista el acta de notificación en la que se indicó que en Cóbano no existe una oficina regional del Ministerio de Salud, por resolución de Magistrado Instructor de las 9:51 horas de 6 de julio de 2012, se ampliaron las partes recurridas en este proceso de amparo y se le confirió audiencia al Director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud.

8.- Informa bajo juramento Adriana Torres Moreno, en su condición de Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud. Indica que en Barrio La Tranquilidad de Cóbano funciona un vertedero de desechos sólidos propiedad del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Detalla todas las actuaciones realizadas en relación con el control y fiscalización del vertedero. Señala que el 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó que se le informaran sobre las acciones tomadas por las instituciones involucradas, dándosele respuesta por oficio No. PC-ARS-PE-273-2011. Alega que hasta tanto no se cumplan los requisitos necesarios para la operación, no se dará el permiso sanitario de funcionamiento. Considera que el Área Rectora ha actuado en cumplimiento de sus obligaciones. Solicita que se desestime el recurso.

9.- Por resolución de Magistrado Instructor de las 13:33 horas de 24 de enero de 2013 se le confirió audiencia al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo para que informe sobre el estado actual del procedimiento tramitado en el expediente No.406-10-01-TAA, relacionado con la denuncia planteada por el funcionamiento irregular y contaminación que genera un botadero de basura en Cóbano de Puntarenas.

10.- Informan bajo juramento Yamilette Mata Dobles y Maricé Navarro Montoya, en su condición respectiva de Presidente y Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo. Indican que la denuncia de marras fue planteada en el 2010 por la Defensoría de los Habitantes por la posible contaminación del Río Biscoyol por un supuesto botadero de basura a cielo abierto, a la que se le dio trámite bajo el 11.- Por resolución de Magistrado Instructor de las 15:29 horas de 25 de junio de 2013 se solicitó prueba para mejor resolver al Tribunal Ambiental Administrativo.

12.- Conforme la constancia emitida el 5 de julio de 2013, el Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo no rindió el informe requerido como prueba para mejor resolver.

13.- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que en barrio La Tranquilidad, cerca del cruce a la Esperanza de Paquera, funciona un ³botadero de basura´ que no cuenta con los permisos municipales y sanitarios de funcionamiento y sin la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Reprocha que producto de la forma de manejo de dicho botadero, se desatan malos olores, brotes de moscas e insectos y se produce contaminación en el entorno.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) En el Distrito de Cóbano funciona un vertedero de desechos sólidos administrado por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (ver informes del Alcalde Municipal de Puntarenas, del Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 2) El vertedero de desechos en Cóbano no ha sido objeto de evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de modo que no cuenta con la viabilidad ambiental que otorga ese órgano (ver informe del Secretario Técnico Nacional Ambiental y del Tribunal Ambiental Administrativo en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 3) El 16 de agosto de 2010 el recurrente acudió a la Defensoría de los Habitantes, solicitando la intervención en relación con la presunta contaminación producida por el funcionamiento irregular de un ³botadero a cielo abierto´en Cóbano (ver documentación en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 4) El 26 de agosto de 2010, funcionarios del Área Rectora de Salud Peninsular realizaron una inspección al vertedero, en la que, entre otros, se comprobó que no cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento. Además que ³ («) es de una extensión de 4 hectáreas pero solo se utiliza 1 hectárea para la disposición de los desechos sólidos. Se realiza recolección de residuos a varias comunidades de Cóbano, entre ellas: Tambor, La Abuela, Cóbano Centro, Montezuma, Santa Teresa y otros. La recolección se realiza por vehículos privados. Se identifica que no existe permiso sanitario de funcionamiento para esta actividad, no hay un adecuado manejo de los residuos sólidos y de los lixiviados. Existen riesgos de inestabilidad de taludes, con arrastre de los residuos al cauce de una quebrada, el sistema de disposición final de los residuos es deficiente al no contar con los elementos necesarios. Hay presencia de personal realizando labores de recuperación de los residuos dentro del vertedero sin equipo de protección personal o conocimiento conocimientos técnicos. No existe un adecuado manejo de los recipientes que ingresan al vertedero´. Por lo anterior, se giraron las órdenes sanitarias Nos. OS-G-036-2010, OS-G-037-2010, OS-G-038-2010 y OS-G-039-2010 al Presidente del Concejo e Intendente del Concejo Municipal de Distrito para que iniciaran el cierre técnico del vertedero (ver informe del Área Rectora de Salud Peninsular y documentación adjunta en el SCGDJ). 5) El 22 de octubre de 2010 se recibió en el Área Rectora de Salud Peninsular, el proyecto del cierre técnico por parte del Concejo de Distrito de Cóbano, analizado a través de los oficios Nos. PC-URS-R-447-2010 y PC-UAC-119-2010. En atención a esto, se solicitó un cronograma de acciones que incluyera plazos para los trámites, memorial de cálculo, manual de operación, mantenimiento y manejo de aguas residuales (informe en el SCGDJ). 6) El 09 de diciembre de 2010 se giró la orden sanitaria No. OS-G-054-2010, solicitando unas mejoras en el proyecto del cierre técnico (informe en el SCGDJ). 7) El 01 de febrero de 2011 se presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud Peninsular de Cóbano, respecto del funcionamiento del vertedero (informe de la autoridad sanitaria en el SCGDJ). 8) El 02 de febrero de 2011 , en una reunión conjunta de las autoridades sanitarias y del Concejo Municipal de Distrito, se analizó la propuesta de intervención del vertedero (informe en el SCGDJ). 9) Ante la intervención de la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Ambiental Administrativo inició un procedimiento, tramitado en el expediente No. 406-10-01-TAA para investigar la posible contaminación del río Biscoyol por el funcionamiento del vertedero en cuestión (informes y documentación adjunta en el SCGDJ). 10) Por resolución de las 11:45 horas de 8 de febrero de 2011, el Tribunal Ambiental Administrativo le ordenó al Director Regional de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, realizar una inspección al sitio e informar de esa actuación y de las acciones tomadas en relación con el supuesto funcionamiento irregular del vertedero. Asimismo, se le concedió audiencia al Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano sobre los hechos imputados en cuanto a la presunta responsabilidad de esa autoridad por administrar, de hecho, el vertedero (ver copia de la resolución en el SCGDJ). 11) El 14 de febrero de 2011 funcionarios sanitarios realizaron una nueva inspección en el sitio en la que se no se comprobó la contaminación superficial por lixiviados ante la falta de ³escorrentía por la época en la que nos encontramos´aunque sí se observó la presencia de desechos en las márgenes del río Biscoyol. Por lo anterior, se determinó la necesidad de iniciar el cierre técnico (ver documento en el SCGDJ). 12) El 27 de mayo de 2011 se realizó una actividad de limpieza de la quebrada Biscoyol por parte de funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (informe en el SCGDJ). 13) El 30 de mayo de 2011 se inspeccionó el sitio por parte de funcionarios sanitarios, en la que no se comprobó la existencia de residuos sólidos en el cauce del río. No obstante, se evidenció el riesgo de que esos residuos se conduzcan al cauce por la escorrentía (informe en el SCGDJ). 14) El 6 de setiembre de 2011, por oficio No. ADT-152-2011 se presentó el proyecto de reacomodo del canal perimetral y creación de fosa ante la autoridad sanitaria (informe en el SCGDJ). 15) El 19 de setiembre de 2011 se realizó una nueva inspección sanitaria, en la que se evidenciaron deficiencias en el manejo de residuos (informe en el SCGDJ). 16) El 19 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano presentó ante el Área Rectora de Salud Peninsular, un proyecto de mitigación para corregir las deficiencias, siendo aprobadas por la autoridad sanitaria mediante oficio No. PC-ARS-PE-PE-259-2011 de 21 de setiembre de 2011 (informe del Intendente del Distrito Municipal de Cóbano en el SCGDJ). 17) El 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó al Área Rectora de Salud Peninsular ³copia del informe PC-ARS-PRS-G-090-2010 producto de la inspección al Botadero de Basura de Cóbano, conforme a nuestra Denuncia (sic) interpuesta ante el Ministerio de Salud en el nivel central, además, como personas afectadas les solicito fotocopia del último informe de inspección al Vertedero de Basura el PC-ARS-PE-PRS-G-127-2011, ya que como personas afectadas nos gustaría estar informados como va el proceso del Cierre (sic)´(ver nota en el SCGDJ). 18) Mediante el oficio No. PC-ARS-PE-273-2011 de 05 de octubre de 2011, la Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud atendió la solicitud de información del actor, indicándole las actuaciones realizadas para resolver el problema denunciado y remitiéndole copia de los informes requeridos (ver informe y documento en el SCGDJ). 19) El 15 de noviembre de 2011 funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo realizaron una inspección en el sitio, comprobando el depósito de basura a cielo abierto sin ningún tipo de cobertura; la presencia de buzos; la inexistencia de un sistema de retención; presencia de lixiviados dirigidos hacia el Río Biscoyol; existencia de moscas, zopilotes y fuertes olores generados por los desechos. Además, se observó que por la pendiente del terreno, los lixiviados discurren hacia el río sin ningún tipo de tratamiento (informe del Tribunal Ambiental Administrativo y documentación en el SCGDJ). 20) Por oficio No. 04568-2012-DHR de 9 de mayo de 2012 , la Defensoría de los Habitantes emitió su informe final respecto de la solicitud de intervención en la problemática de cita (ver documento en el SCGDJ). 21) Por resolución de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 el Tribunal Ambiental Administrativo dictó una medida cautelar que, entre sus puntos principales, contenía los siguientes: el retiro de la basura depositada dentro del área de protección del río Biscoyol y la delimitación de esa área conforme el artículo 33 de la Ley Forestal; la clausura y el cierre técnico del botadero sin perjuicio de las medidas de mitigación y estabilización que pudieran adoptar las autoridades competentes (ver el informe de las representantes del TAA y copia de la resolución en el SCGDJ). 22) El 12 de junio de 2012 funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo en compañía del Intendente Municipal y funcionarios del Área de Conservación Tempisque, oficina de Cóbano inspeccionaron el sitio, comprobando que se mantenía la orden de cierre técnico y que, pese a que había mejorías, persistían deficiencias en el manejo de lixiviados, inestabilidad de taludes, arrastre de residuos sólidos, vías de acceso entre otros aspectos. De otra parte, se detectaron acumulación de residuos sólidos sin cobertura y presencia de aves carroñeras encima de éstos; además, empozamientos que ³pudiesen ser eventualmente fuentes para el desarrollo de vectores´. Asimismo, se observó la construcción de una fosa impermeabilizada para el depósito de residuos sólidos, de un colector de lixiviados. Se comprobó, además, que no consta el plan de medidas de cierre técnico aprobado por el Ministerio de Salud y el cronograma de cumplimiento respectivo (informe y copia del expediente del TAA en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). 23) El 18 de octubre de 2012 funcionarios de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía realizaron una inspección al sitio, constatándose, únicamente, la existencia del río Biscoyol ±cauce de dominio público de flujo permanente² y no de otro cuerpo de agua (informe del TAA y oficio en el SCGDJ). 24) A febrero de 2013, no se había determinado la valoración económica del daño, requerida a las autoridades sanitarias mediante resolución No. 494-12-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo de las 8:12 horas de 23 de mayo de 2012 (informe en el SCGDJ). 25) El recurrente no ha presentado una solicitud de información ante la SETENA respecto de si el vertedero de desechos en cuestión cuenta con la vialidad ambiental que emite ese órgano (informe del SETENA en el SCGDJ).

III.- HECHO INDEMOSTRADO. De especial importancia para decidir este asunto, no queda demostrado el siguiente: ÚNICO. Que hubiese concluido el procedimiento administrativo que se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo en relación con el funcionamiento irregular del vertedero en cuestión.

IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en el Voto No. 4830-02 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente:

"(«) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación («)´.

Asimismo, recientemente, este Tribunal, en el Voto No. 17552-07 de las 12:22 hrs. de 30 de noviembre de 2007, dispuso lo siguiente ³ («) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: "Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental («)´.

Finalmente, cabe señalar que esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, los cuales constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

V.- CASO CONCRETO. De los informes rendidos bajo juramento y de la prueba documental allegada a los autos, se acredita que en Cóbano de Puntarenas funciona un vertedero de desechos sólidos administrado por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, el cual no ha sido objeto de evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de modo que no cuenta con la viabilidad ambiental que emite ese órgano (ver informes y documentación adjunta en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). De igual forma, ese vertedero no ha cumplido con las exigencias necesarias para obtener el permiso sanitario de funcionamiento. Aunque a este momento, ante las denuncias planteadas por vecinos de la zona, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y el Tribunal Ambiental Administrativo han intervenido, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, adoptando algunas medidas para corregir el funcionamiento irregular del establecimiento y revertir las inadecuadas condiciones de insalubridad y contaminación ambiental presentes en el lugar (lo que se ha podido comprobar a través de todas las inspecciones realizadas), lo cierto es que la problemática persiste. Ciertamente, en acato a la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo, se dispuso la clausura y está en proceso el cierre técnico del vertedero, todavía se presentan deficiencias en el manejo de lixiviados, inestabilidad de taludes, arrastre de residuos sólidos, problemas de vías de acceso, acumulación de residuos sólidos sin cobertura y presencia de aves carroñeras encima de éstos. Aunque ya se construyó una fosa impermeabilizada para el depósito de residuos sólidos y un colector de lixiviados, existe un peligro de descarga de esos líquidos en el cauce del río Biscoyol que colinda con el terreno donde está el vertedero. Sobre este punto, quedó demostrado que la pendiente del terreno donde está asentado el vertedero favorece que los lixiviados fluyan hacia ese cauce sin contar con un tratamiento previo. Además, en la inspección de junio de 2012 realizada por funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo se comprobó que no consta el plan de medidas de cierre técnico aprobado por el Ministerio de Salud y el cronograma de cumplimiento respectivo. Partiendo de estos elementos, en el presente asunto, se acredita una violación al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado e incluso, una infracción del derecho a la salud. Aún cuando ha habido intervención de varias autoridades para solucionar la situación expuesta, las medidas adoptadas han resultado claramente insuficientes para corregir las deficiencias sanitarias y ambientales presentes en el vertedero, cuya administración, peor aún, está en manos de una autoridad pública como lo es el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. De ahí entonces que lo procedente es acoger el amparo en cuanto a este extremo.

VI.- En cuanto a la violación del derecho reconocido en el artículo 30 constitucional, se acredita que el 26 de setiembre de 2011 el recurrente solicitó al Área Rectora de Salud Peninsular lo siguiente: ³copia del informe PC-ARS-PRS-G-090-2010 producto de la inspección al Botadero de Basura de Cóbano, conforme a nuestra Denuncia (sic) interpuesta ante el Ministerio de Salud en el nivel central, además, como personas afectadas les solicito fotocopia del último informe de inspección al Vertedero de Basura el PC-ARS-PE-PRS-G-127-2011, ya que como personas afectadas nos gustaría estar informados como va el proceso del Cierre (sic)´(ver nota en el SCGDJ).

Solicitud que fue atendida por oficio No. PC-ARS-PE-273-2011 de 05 de octubre de 2011 de la Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, en la que le indicó las actuaciones adoptadas para resolver el problema denunciado y le remitió copia de los informes requeridos (ver informe y documento en el SCGDJ). De otra parte, según lo informado por el Secretario Técnico Nacional Ambiental, el actor no ha presentado una solicitud de información ante esa instancia respecto de si el vertedero de desechos en cuestión cuenta con la vialidad ambiental que emite ese órgano. Ante estas circunstancias, este Tribunal descarta la violación del derecho de acceso a la información administrativa.

VII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las órdenes que se detallan infra. Asimismo, se dispone la condenatoria pecuniaria hacia el Estado y a la Municipalidad de Puntarenas, corporación municipal a la que está adscrito el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano conforme la Ley General de Concejos Municipales de Distrito No.8173. Respecto del derecho de acceso a la información administrativa, se desestima el amparo.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se le ordena a Omar Fernández Villegas, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, o a quien en su lugar ejerza ese cargo y a Adriana Torres Moreno, en su condición de Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quien ocupe ese puesto, adoptar todas las medidas que correspondan conforme el ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia se resuelva en definitiva el problema de contaminación analizado en el presente asunto. Se advierte que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se declara sin lugar el recurso en cuanto al derecho de acceso a la información administrativa. Notifíquese a Omar Fernández Villegas y a Adriana Torres Moreno, respectivamente, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano y Coordinadora del Área Rectora de la Salud Peninsular, Región de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quien ocupe esos cargos, en forma personal.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S. Rosa María Abdelnour G.

Jorge Araya G. Jose Paulino Hernández G.

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