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Res. 01311-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/01/2013

Inadmissibility of amparo due to administrative delayImprocedencia del amparo por mora administrativa

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OutcomeResultado

Flatly rejectedRechazado de plano

The Chamber flatly rejects the amparo as a matter of ordinary legality to be heard by the contentious-administrative jurisdiction.La Sala rechaza de plano el amparo por ser una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber flatly rejects an amparo petition filed by a possessor of a property in Sarapiquí, who reported to MINAET the invasion of his farm and illegal activities—such as clearing forest on the banks of the Tambor River—between 2007 and 2012, without receiving any response. The petitioner claimed a violation of Article 41 of the Constitution (right to a timely resolution). The Chamber holds that, after the entry into force of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law 8508), verifying compliance with statutory deadlines for concluding administrative procedures is a matter of ordinary legality to be heard by the contentious-administrative jurisdiction, not through constitutional amparo. It notes that this jurisdiction now provides expeditious and effective mechanisms (preferential proceedings, broad interim measures, orality, etc.) that guarantee the protection of individuals’ substantive legal rights. The dismissal is based on Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law, as the petition is manifestly unfounded.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por un poseedor de un inmueble en Sarapiquí, quien denunció ante el MINAET la invasión de su finca y la realización de actividades ilegales —como socolar bosque a orillas del Río Tambor— desde 2007 hasta 2012, sin obtener respuesta. El recurrente alegó violación al artículo 41 constitucional (derecho a obtener resolución pronta). La Sala determina que, tras la entrada en vigor del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508), la verificación del cumplimiento de plazos para resolver procedimientos administrativos es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no mediante el amparo constitucional. Señala que esa jurisdicción ahora cuenta con mecanismos céleres y efectivos (proceso de trámite preferente, medidas cautelares amplias, oralidad, etc.) que garantizan la protección de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. El rechazo se fundamenta en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al ser la gestión manifiestamente improcedente.

Key excerptExtracto clave

II.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS AN EXPEDITIOUS AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF CITIZENS. Since its creation, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility criteria given the absence of expeditious and rapid procedural avenues for the protection of substantive legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or the principle of legality, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. (...) Nonetheless, upon further consideration and following the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it is now clear that citizens have access to a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, which is highly expeditious and rapid due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system (...). In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate avenue, by virtue of its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection of the substantive legal situations of citizens where it is necessary to gather evidence or resolve certain matters of ordinary legality. III.- VERIFICATION OF STATUTORY DEADLINES FOR COMPLETING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures, whether for concluding a procedure initiated ex officio or at a party’s request, or for deciding available administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, can be litigated and resolved before the contentious-administrative jurisdiction, applying the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense—i.e., appearing without legal counsel—and free access for the petitioner.II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. (...) No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación (...). En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material —esto es de comparecer sin patrocinio letrado— y de gratuidad para el recurrente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."

    "In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate avenue, by virtue of its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection of the substantive legal situations of citizens where it is necessary to gather evidence or resolve certain matters of ordinary legality."

    Considerando II

  • "En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."

    Considerando II

  • "determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales [...], es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

    "determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws [...] is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, can be litigated and resolved before the contentious-administrative jurisdiction."

    Considerando III

  • "determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales [...], es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

    Considerando III

  • "He sostenido la tesis de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quien debe conocer la controversia jurídica es este Tribunal, y no los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Empero, han ocurrido hechos recientes, que son motivos razonables y objetivos, que me obligan a cambiar de postura."

    "I have held the view that when a citizen claims a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, this Court, and not the Contentious-Administrative Courts, should hear the dispute. However, recent events provide reasonable and objective grounds compelling me to change my position."

    Nota del Magistrado Castillo Víquez

  • "He sostenido la tesis de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quien debe conocer la controversia jurídica es este Tribunal, y no los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Empero, han ocurrido hechos recientes, que son motivos razonables y objetivos, que me obligan a cambiar de postura."

    Nota del Magistrado Castillo Víquez

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PROCEEDING: AMPARO RECOURSE RESOLUTION Nº 2013001311 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours fifty minutes on the twenty-ninth of January of two thousand thirteen.

Amparo recourse filed by HENRY HERRERA MUÑOZ, against THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS and THE PITAL SUBREGIONAL OFFICE -SAN CARLOS- OF THE ARENAL HUETAR CONSERVATION AREA OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS OF THAT MINISTRY.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours forty-two minutes on the twelfth of January of two thousand thirteen, the petitioner files an amparo recourse against the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Pital Subregional Office -San Carlos- of the Arenal Huetar Conservation Area of the National System of Conservation Areas of that Ministry, and states: that he is the possessor of an unregistered property, located in Sarapiquí. He relates that since its acquisition he has exercised possession in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner and as owner, the possessory acts consisting of the completion of the existing clearings (ranchas), planting of plantain, banana, and the creation and maintenance of pastureland. Regarding preservation, he points out that he has exercised agro-environmental possession consisting of the conservation thereof, repopulating with native species of the zone and strengthening the aquifers. Between the twenty-second of September and the twenty-third of September of two thousand seven he was notified by the caretaker of the farm that third parties had entered the farm, specifically the clearings, and took possession thereof, threatening to slaughter the cattle, seizing the pigs, and chasing off the laborers, alleging that "a lawyer had authorized them to enter the farm." He accuses that in this manner he was completely dispossessed of the property; to date this continues and they prevent him from entering the property to continue with the possessory acts. He indicates that the act is important for the respondent Ministry, since the invaders carry out activities that are outside the margins of the Forestry Law (Ley Forestal) and that enormously deteriorate the environment, since without permission from the respondent they proceeded to clear-cut (socolar) the forest on the banks of the Río or Caño del Tambor. He points out that this area is administered and protected by the respondent, where all types of activities are prohibited. He indicates that from the seventeenth of September of two thousand seven to the fifteenth of March of two thousand eleven, he has filed complaints before the respondent Ministry, but has not received any response. He considers that his fundamental rights have been violated. He requests that this amparo recourse be granted, with the legal consequences this entails.

2.- By brief submitted at eleven hours on the eighteenth of January of two thousand thirteen, the petitioner presents a brief providing evidence for a better resolution, specifically, a copy of a complaint filed on the thirtieth of May of two thousand twelve before the respondent Pital Subregional Office, and which refers to a presumed tree felling and sawmilling (tala y aserrío) of wood on a farm located in Caño Tamborcito, La Cureña de Sarapiquí.

3.- Article 9 of the Law of the Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion brought to its knowledge that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there exist sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior, identical or similar, rejected motion. Drafted by Magistrate Hernandez Gutierrez; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE RECOURSE. The petitioner states that from the seventeenth of September of two thousand seven to the fifteenth of March of two thousand eleven he filed several complaints before the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, at which time he pointed out that some invaders were carrying out activities on his farm that enormously deteriorated the environment, since without permission from the respondent they proceeded to clear-cut (socolar) the forest on the banks of the Río or Caño del Tambor in Sarapiquí. Furthermore, he indicated that on the thirtieth of May of two thousand twelve he filed a complaint before the respondent Pital Subregional Office, regarding a presumed tree felling and sawmilling (tala y aserrío) of wood on a property located in Caño Tamborcito, La Cureña de Sarapiquí. However, he has not obtained a resolution on said complaints. He considers that the respondent authorities have violated the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Regarding what has been stated by the petitioner, this is resolved in accordance with what is indicated in the following considerations.

II.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND FULFILLED MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THOSE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or parameter of legality, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. On this matter, one must not lose perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that now those subject to justice have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the diverse procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines to perform the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deductible claims, orality—and its subprinciples of concentration, immediacy, and swiftness—, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential-processing process or "amparo de legalidad" (legality protection), the pure-law processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of assets in the fiscal domain and some in the public domain), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation recourse. All these novel procedural institutes have the manifest end and purpose of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of those administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of those administered in which it is required to gather evidence or define some issues of ordinary legality.

III.- VERIFICATION OF THE DEADLINES ESTABLISHED BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear the appropriate administrative recourses, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, to appear without legal counsel—and of gratuity for the petitioner. Consequently, an outright rejection is required, indicating to the petitioner that, if he so wishes, he may resort to the contentious-administrative jurisdiction.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Chamber must caution the petitioner that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

V.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have maintained the thesis that when the person subject to justice alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, this Court is the one that must hear the legal controversy, and not the Contentious-Administrative Courts. However, recent events have occurred, which are reasonable and objective grounds, that oblige me to change my position. First, the ordinary jurisdiction has proven to be accessible, timely, and swift in resolving these issues. Second, I have supported the majority thesis of this Court, in the sense that amparo is not admissible when a violation of effective judicial protection is alleged due to unjustified delays in judicial proceedings, except when the matter has concluded and when it effectively involves gross and unjustified omissions. Ergo, if I maintain the position that violations of Article 41 of the Constitution in administrative proceedings must be heard in the constitutional jurisdiction, someone, with just reason, could point out that I am inconsistent, placing some matters in the constitutional jurisdiction and not in the ordinary, and referring others to the ordinary jurisdiction and not to the constitutional. Hence, to be consistent, a change of criteria is required. Lastly, if the ordinary jurisdiction is doing its work well, the logical course is for it to continue with it and, in this way, time, space, and resources are freed up to focus on resolving other legal controversies, which, by the way, continue to exceed the capacity of this Court.

Therefore:

The recourse is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez sets down a note.

Gilbert Armijo S. Acting Presiding Judge Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Roxana Salazar C.

Teresita Rodríguez A. Jose Paulino Hernández G.

-- Verification code -- $05!+!- !13 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 13:29:01.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2013001311 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil trece.

Recurso de amparo interpuesto por HENRY HERRERA MUÑOZ, contra EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES y LA OFICINA SUBREGIONAL PITAL -SAN CARLOS- DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN ARENAL HUETAR DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE ESE MINISTERIO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas cuarenta y dos minutos del doce de enero de dos mil trece, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Oficina Subregional Pital -San Carlos- del Área de Conservación Arenal Huetar del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de ese Ministerio, y manifiesta: que es poseedor de un inmueble sin inscribir, situado en el Sarapiquí. Refiere que desde su adquisición ha ejercido de forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción y a título de dueño, consistiendo los actos posesorios en la conclusión de las ranchas existentes, siembra de plátano, banano, la creación y mantenimiento de potrero. En cuanto a la preservación señala que ha ejercido la posesión agro-ambiental consistente a la conservación del mismo, repoblando con especies nativas de la zona y fortaleciendo los mantos acuíferos. Entre los días veintidós de septiembre y veintitrés de septiembre del dos mil siete fue avisado por el cuidador de la finca que terceros habían ingresado a la finca, específicamente a las ranchas y tomaron posesión de la misma, amenazando con sacrificar el ganado, apoderándose de los cerdos y lanzaron a los peones, aduciendo que ³una abogada los había autorizado que ingresaran a la finca ". Acusa que de esa manera fue totalmente despojado del fundo, a la fecha se mantiene y le impiden ingresar al inmueble para continuar con los actos posesorios. Indica que el acto reviste importancia para el Ministerio accionado, pues los invasores realizan actividades que están al margen de la Ley Forestal y que deterioran enormemente el ambiente, pues sin permiso del accionado procedieron a socolar el bosque a la orilla del Río o Caño del Tambor. Señala que esa área es administrada y protegida por el accionado en donde se prohíbe todo tipo de actividades. Indica que desde el diecisiete de septiembre de dos mil siete al quince de marzo de dos mil once ha presentado denuncias ante el Ministerio recurrido, pero no ha recibido respuesta alguna. Estima que se han lesionado sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias legales que ello implica.

2.- Por escrito presentado a las once horas del dieciocho de enero de dos mil trece, el recurrente presente escrito en que aporta prueba para mejor resolver, específicamente, copia de denuncia presentada el treinta de mayo de dos mil doce ante la Oficina Subregional Pital accionada, y que se refiere a una presunta tala y aserrío de madera en una finca ubicada en Caño Tamborcito, La Cureña de Sarapiquí.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que desde el diecisiete de septiembre de dos mil siete al quince de marzo de dos mil once presentó varias denuncias ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, oportunidad en que señalaba que unos invasores realizan actividades en su finca que deterioraban enormemente el ambiente, pues sin permiso del accionado procedieron a socolar el bosque a la orilla del Río o Caño del Tambor de Sarapiquí. Por otra parte, indicaba que el treinta de mayo de dos mil doce presentó una denuncia ante la Oficina Subregional Pital accionada, referida a una presunta tala y aserrío de madera en un inmueble ubicado en Caño Tamborcito, La Cureña de Sarapiquí. Sin embargo, no ha obtenido resolución a dichas denuncias. Estima que las autoridades accionadas han lesionado lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. En relación con lo II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad ±y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ³amparo de legalidad´, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ±incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material ±esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el ³Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial´, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

V.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He sostenido la tesis de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quien debe conocer la controversia jurídica es este Tribunal, y no los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Empero, han ocurrido hechos recientes, que son motivos razonables y objetivos, que me obligan a cambiar de postura. En primer término, la jurisdicción ordinaria ha demostrado ser accesible, oportuna y célere en la resolución de estas cuestiones. En segundo lugar, he apoyado la tesis de la mayoría de este Tribunal, en el sentido de que no es admisible el amparo cuando se alega una vulneración a la tutela judicial efectiva a causa de atrasos injustificados en sede judicial, salvo cuando el asunto haya concluido y cuando efectivamente se trata de omisiones groseras e injustificadas. Ergo, si mantengo la posición de que las violaciones al 41 constitucional en sede administrativa deben ser conocidas en la jurisdicción constitucional, alguien, con justa razón, me podría señalar que soy inconsistente, residenciando unos asuntos en la jurisdicción constitucional y no en la ordinaria, y remitiendo otros a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional. De ahí que, para ser consecuente, se impone el cambio de criterio. Por último, si la jurisdicción ordinaria está haciendo bien su trabajo lo lógico es que continúe con él y, de esa forma, se libera tiempo, espacio y recursos para abocarnos a resolver otras controversias jurídicas, que, por cierto, siguen desbordando la capacidad de este Tribunal.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Gilbert Armijo S. Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Roxana Salazar C.

Teresita Rodríguez A. Jose Paulino Hernández G.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 41
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 9
    • Ley 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo)
    • Ley General de la Administración Pública Arts. 261 y 325

    Spanish key termsTérminos clave en español

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