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Res. 01493-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/01/2013

Failure to incorporate environmental variable into Escazú Zoning PlanOmisión en incorporación de variable ambiental al Plan Regulador de Escazú

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The appeal is granted, and the authorities of the Municipality of Escazú and the INVU are ordered to complete the incorporation of the environmental variable into the Zoning Plan within eight months, with a warning of imprisonment and fines, and procedural costs are imposed on the respondents.Se declara con lugar el recurso y se ordena a las autoridades de la Municipalidad de Escazú y al INVU finalizar la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador en un plazo de ocho meses, bajo apercibimiento de prisión y multa, y se condena en costas a los recurridos.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by an individual against the Municipality of Escazú and the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) for the failure to incorporate the environmental variable into the Cantonal Zoning Plan, as ordered in a previous ruling and partially fulfilled through the environmental feasibility issued by SETENA in 2009. The plaintiff argues that despite the public consultation and compliance with technical requirements, the Municipal Council has not forwarded the file to the INVU for final review and approval, violating Articles 21 and 50 of the Constitution. The Chamber finds that more than three years have elapsed without substantial progress and holds both the municipality and the INVU responsible—the latter for failing to resume a cooperation agreement after the resignation of its Executive President. The appeal is granted, and the authorities are ordered to complete the process within eight months, with a warning of imprisonment and fines, while also imposing procedural costs on the respondent institutions.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un particular contra la Municipalidad de Escazú y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por la omisión en la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador del cantón, ordenada en una sentencia previa y cumplida parcialmente mediante la obtención de la viabilidad ambiental de SETENA en 2009. El recurrente alega que, pese a haberse realizado la consulta pública y cumplido los requisitos técnicos, el Concejo Municipal no ha remitido el expediente al INVU para la revisión y aprobación definitiva, lo que constituye una lesión a los artículos 21 y 50 de la Constitución. La Sala constata que han transcurrido más de tres años sin avance sustantivo, atribuyendo responsabilidad tanto al municipio como al INVU, que no retomó la firma de un convenio de cooperación tras la renuncia de su Presidencia Ejecutiva. En consecuencia, se declara con lugar el recurso y se ordena a las autoridades finalizar el proceso en un plazo de ocho meses, bajo apercibimiento de prisión y multa, y se condena en costas a las instituciones recurridas.

Key excerptExtracto clave

Now, after analyzing the evidence presented, the Chamber finds that there is indeed a violation of the protected rights, since more than three years have passed since SETENA granted environmental feasibility to the Zoning Plan, yet the environmental variables have not been incorporated into it—an omission that clearly infringes Articles 21 and 50 of the Constitution, as these elements are essential to ensure that constructions within the canton of Escazú comply with requirements that respect the relevant environmental standards. Furthermore, this Court considers that there is also an omission attributable to the National Institute of Housing and Urbanism, since although an agreement existed to sign a convention between said institution and the Municipality of Escazú for the purpose of reviewing the canton's Zoning Plan, it has not yet been signed because the INVU failed to resume the necessary actions after the resignation of its Executive President, even though more than sufficient time had elapsed.Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala estima que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues pese a que han transcurrido más de 3 años desde que la SETENA otorgara viabilidad ambiental al Plan Regulador, no se ha procedido a la incorporación de las variables ambientales a éste, omisión que implica una clara vulneración a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Carta Magna, toda vez que dichos elementos resultan indispensables para garantizar que las construcciones que se desarrollen dentro del cantón de Escazú, cumplan con los requerimientos que respeten las normas ambientales correspondientes. Por otra parte, considera este Tribunal que también existe una omisión imputable al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues pese a que ya existía un acuerdo para suscribir un convenio entre dicha institución y la Municipalidad de Escazú, con el fin de que se revisara el Plan Regulador de ese cantón, éste no ha sido firmado todavía en razón de que el INVU no retomó las acciones del caso luego de la renuncia de su Presidencia Ejecutiva, pese a que ya había transcurrido un plazo más que suficiente para ello.

Pull quotesCitas destacadas

  • "existe una lesión a los derechos del tutelado, pues pese a que han transcurrido más de 3 años desde que la SETENA otorgara viabilidad ambiental al Plan Regulador, no se ha procedido a la incorporación de las variables ambientales a éste, omisión que implica una clara vulneración a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Carta Magna"

    "there is indeed a violation of the protected rights, since more than three years have passed since SETENA granted environmental feasibility to the Zoning Plan, yet the environmental variables have not been incorporated into it—an omission that clearly infringes Articles 21 and 50 of the Constitution"

    Considerando III

  • "existe una lesión a los derechos del tutelado, pues pese a que han transcurrido más de 3 años desde que la SETENA otorgara viabilidad ambiental al Plan Regulador, no se ha procedido a la incorporación de las variables ambientales a éste, omisión que implica una clara vulneración a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Carta Magna"

    Considerando III

  • "también existe una omisión imputable al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues pese a que ya existía un acuerdo para suscribir un convenio (...) éste no ha sido firmado todavía en razón de que el INVU no retomó las acciones del caso luego de la renuncia de su Presidencia Ejecutiva"

    "there is also an omission attributable to the National Institute of Housing and Urbanism, since although an agreement existed to sign a convention (...) it has not yet been signed because the INVU failed to resume the necessary actions after the resignation of its Executive President"

    Considerando III

  • "también existe una omisión imputable al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues pese a que ya existía un acuerdo para suscribir un convenio (...) éste no ha sido firmado todavía en razón de que el INVU no retomó las acciones del caso luego de la renuncia de su Presidencia Ejecutiva"

    Considerando III

  • "Se ordena (...) realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice en forma definitiva el proceso para la incorporación de las variables ambientales al Plan Regulador del cantón de Escazú."

    "It is ordered (...) to carry out the actions within the scope of their authority so that within EIGHT MONTHS from notification of this judgment, the process for the incorporation of environmental variables into the Zoning Plan of the canton of Escazú is definitively completed."

    Por tanto

  • "Se ordena (...) realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice en forma definitiva el proceso para la incorporación de las variables ambientales al Plan Regulador del cantón de Escazú."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: January 30, 2013, at 14:30 Case File: 12-017400-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with current regulations Case File: [...]

Res. No. 2013001493 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty minutes on January thirtieth, two thousand thirteen. Amparo appeal processed in case file [...], filed by J.C.S.G, identity card [...], against THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ, THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM.

Whereas

1.- Through a document received at the Secretariat of the Chamber at 13:33 on December 20, 2012, it is stated that by judgment number [...] of July 26, 2005, the Constitutional Chamber ordered SETENA to publish the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental), and in turn, ordered that the Municipality of Escazú had to submit its Regulatory Plan to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) process by SETENA, in order to make the corresponding adjustments to said document. It indicates that once the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process was issued, the Municipality submitted its regulatory plan to the environmental feasibility process, receiving the environmental license (licencia ambiental) from SETENA, through resolution number [...] of December 2009. It points out that on March 6, 2010, the incorporation of the environmental variable (variable ambiental) into the Regulatory Plan was submitted to Public Consultation (Consulta Pública), in accordance with the provisions of Article 17 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). Once the requirement of submitting the environmental variable to Public Consultation was fulfilled, and all inquiries made had been addressed, through official letter number CTPR-INT-122-10 of May 2010, the Commission of the Regulatory Plan forwarded the complete file, including the environmental variable information and the environmentally vulnerable areas, to the Council (Concejo) so that it would refer the aforementioned documentation to the INVU, which is the only entity with the legal authority to rule on the technical correctness of the modifications to the regulatory plan, giving it a final analysis and its definitive approval. It accuses that from May 2010 to the date of filing the appeal, the Council has not forwarded the file to the INVU for whatever is appropriate in law, which implies a violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, since the process that would allow the inclusion of the environmental variables (variables ambientales) into the regulatory plan of the canton of Escazú has not been finalized. For the foregoing, it requests that the appeal be granted.

2.- Arnoldo Barahona Cortés, in his capacity as Mayor (Alcalde), and Max Gamboa Zavaleta, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Escazú, report under oath that on August 12, 2009, SETENA issued resolution number 2308-2008, which corresponded to a partial Environmental License for the Regulatory Plan of Escazú, which has as its antecedent judgment number [...] of the Constitutional Chamber. They state that in said resolution it was indicated that the "zoning (zonificación)" of the sectors not included in the Regulatory Plan (Agricultural Buffer Zone, Zona Agrícola de Amortiguamiento) had to be completed, considering for that purpose the technical limitations established in the Environmental Fragility Index (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS) studies, as textually indicated in resolution number 2308-2008-SETENA. They indicate that for the foregoing, the Municipality concentrated on carrying out the necessary studies to "Zone and Regulate the sectors not included in the Regulatory Plan published in Gazette number 54 of March 17, 2005, and manage and implement all the necessary "adjustments" in light of the environmental studies. As a result of these efforts, SETENA, through resolution number [...] of December 8, 2009, granted full environmental feasibility (viabilidad ambiental total) for the Regulatory Plan of Escazú. They affirm that in the Second Por Tanto, subsection 10 of said ruling, it was indicated with respect to the Zoning Regulation (Reglamento de Zonificación): "«Delivery of the same is pending once approved by the INVU, or in the event it has not undergone modifications, a note indicating this situation." They argue that for this reason, once the requirements of Article 17 of the Urban Planning Law were met, and in accordance with Article 13 subsection p) of the Municipal Code (Código Municipal), the new Regulatory Plan Project covering the entire territorial jurisdiction of the canton of Escazú was forwarded to the Council, contemplating the inclusion of the environmental variable with all the adjustments derived from its recommendations. This referral included the new regulations and corresponding maps, all the records and information generated in the Public Hearing (Audiencia Pública), as well as all the environmental studies, in order for the Council to send it to the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), so that said institution, in its capacity as the competent technical entity, could rule on the approval or denial of the project, as a prerequisite for the definitive publication and entry into force of the same. They clarify that by virtue of the cantonal electoral process of December 2009, the Council changed its members and its board, assuming functions as of May 1, 2010. This new Council formed a new Regulatory Plan Working Commission, and set about developing a work plan with its respective timeline (cronograma), to review the information regarding the incorporation of the environmental variable. On November 16, 2010, through official letter number 11196 DFOE-SA-0972, the Oversight and Evaluation Division of the Comptroller General of the Republic indicated the following to the Council of Escazú: "«By virtue of the foregoing, it is requested to evaluate the aforementioned activity timeline and adjust what is appropriate in accordance with the provisions of said regulations. Likewise, this Council is reminded that the actions it undertakes to carry out the corresponding procedure for the incorporation of the environmental variable, as well as the regulations under discussion for the Regulatory Plan of Escazú, are its exclusive responsibility, and that such actions must strictly observe the regulations in force in this matter«" They state that on November 23, 2010, the Council adopted agreement number AC-579-10, in which the Regulatory Plan Commission was requested to submit a report on its actions, as well as the actions still pending completion. On January 14, 2011, the Municipal Administration sent official letter number PDTH-INT-12-11 to the Regulatory Plan Working Commission, requesting that it prioritize attention to what was required by the Council in agreement number AC-579-10, Ordinary Session number 30 of November 2010. On June 21, 2011, through official letter number PR-EXT-041-11, the Municipal Administration clarified to the Comptroller General of the Republic all the details of the Process of Incorporating the Environmental Variable (Proceso de Incorporación de la Variable Ambiental) into the Regulatory Plan, as well as compliance with all the legal norms required for that purpose. They explain that the Council took the initiative to "negotiate" with the INVU an agreement (convenio) so that said institution would be in charge of reviewing the incorporation of the environmental variable into the Regulatory Plan of Escazú, and making any changes it deemed pertinent, all before proceeding with the formal referral of the documentation to obtain the INVU's approval in accordance with Article 17 of the Urban Planning Law. They argue that through official letter number 02550-DFOE-SD-0320, the Comptroller General of the Republic concluded the follow-up process. By virtue of the foregoing, on May 22, 2012, the Secretary of the Council communicated to the Mayor agreement number AC-220-12, which provided for the signing of the "Interinstitutional Cooperation Agreement between the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Escazú (Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Escazú)," and authorized the Mayor to proceed to sign said agreement on behalf of the Municipality. On June 21, 2012, after multiple unsuccessful efforts to coordinate a date for the agreement with the authorities of the INVU, through official letter number DA-355-12, the Mayor requested the Executive President of the INVU to communicate the date, time, and place to proceed with the signing of the aforementioned agreement. They add that it was not possible to finalize the signing of the agreement in question, due to the resignation of the Head of the INVU. They report that on October 5, 2012, through official letter number PR-INT-43-12, the Regulatory Plan Working Commission requested the Council to review the agreement with the INVU and to send it its observations. On October 30, 2012, through official letter number PDT-580-12-INTERNO, and at the express request of the Council, officials from the Administration expressed their opinion regarding the viewpoint of the Regulatory Plan Working Commission, in the sense that the pertinent modifications could be resolved by an addendum (adenda) so as not to delay the signing of said agreement. They affirm that the Regulatory Plan Commission issued official letter number PR-INT-46-12 of November 16, 2012, in which they forward agreement number 201-12, by which the report expanding on the criteria issued by the Sub-Commission for Analysis of the INVU-Municipality of Escazú Agreement regarding the proposals to said Agreement is accepted. They point out that in Ordinary Session number 139 of December 17, 2012, through agreement number AC-642-12, the Council accepted opinion number CAJ-046-12-BIS from the Commission on Legal Affairs, regarding the topic under discussion. They indicate that on December 18, 2012, the Mayor's Office received agreement number AC-642-12, after which it forwarded it to the Director of the Macro-Process of Engineering and Works of the Municipality of Escazú, who, through official letter number M-IO-003-2013 of January 9, 2013, requested the Mayor and the Financial-Administrative Macro-Process to incorporate resources into an extraordinary budget to hire a Technical Advisor for the Regulatory Plan Commission for seven months. They claim that the Municipality has carried out the appropriate actions to comply with the order of the Constitutional Chamber; however, this has not been possible due to the signing of the agreement with the INVU. They argue that after this, the review and approval of the environmental variable for the Regulatory Plan will continue. For the foregoing, they request that the appeal be dismissed.

3.- By resolution at 14:03 on January 16, 2013, the Instructing Magistrate of this matter summoned the Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism as respondent.

4.- Álvaro González Alfaro, in his capacity as Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, reports under oath that through an agreement adopted in Session number 5934, Article II, subsection 8) of March 29, 2012, the Board of Directors of the INVU authorized the then Executive President to sign the cooperation agreement (convenio de cooperación) between the institution and the Municipality of Escazú, for the introduction of the environmental variable to the Regulatory Plan of Escazú. He indicates that the appropriate actions were carried out, and a mutually agreed-upon draft agreement was reached between both entities. On June 26, 2012, the Urbanism Directorate of the INVU sent an email to the Executive Presidency reporting that there was no objection to the signing of the cited agreement. He affirms that despite the foregoing, the process to finalize the agreement was interrupted by the resignation of the then Executive President, who was replaced by him. He argues that he has immediately taken up the matter again, and is therefore carrying out the appropriate actions to finalize the formalization of the agreement with the Municipality of Escazú in the coming week. For the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been met.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering

I.- Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent omitted referring to them as prescribed in the initial order:

  • a)On August 12, 2009, SETENA issued resolution number [...], which granted a Partial Environmental License for the Regulatory Plan of Escazú. In said resolution, it was indicated that the "zoning" of the sectors not included in the Regulatory Plan (Agricultural Buffer Zone) had to be completed, considering for that purpose the technical limitations established in the Environmental Fragility Index (IFAS) studies. (Report and evidence from the respondent authority).
  • b)Through resolution number [...] of December 8, 2009, full environmental feasibility was granted for the Regulatory Plan of Escazú. In the Second Por Tanto, subsection 10 of said ruling, it was indicated with respect to the Zoning Regulation: "«Delivery of the same is pending once approved by the INVU, or in the event it has not undergone modifications, a note indicating this situation'." For this reason, once the requirements of Article 17 of the Urban Planning Law were met, and in accordance with Article 13 subsection p) of the Municipal Code, the new Regulatory Plan Project covering the entire territorial jurisdiction of the canton of Escazú was forwarded to the Council, contemplating the inclusion of the environmental variable with all the adjustments derived from its recommendations. (Report and evidence from the respondent authority).
  • c)On November 16, 2010, through official letter number 11196 DFOE-SA-[...], the Oversight and Evaluation Division of the Comptroller General of the Republic indicated the following to the Council of Escazú: "«By virtue of the foregoing, it is requested to evaluate the aforementioned activity timeline and adjust what is appropriate in accordance with the provisions of said regulations. Likewise, this Council is reminded that the actions it undertakes to carry out the corresponding procedure for the incorporation of the environmental variable, as well as the regulations under discussion for the Regulatory Plan of Escazú, are its exclusive responsibility, and that such actions must strictly observe the regulations in force in this matter«" By reason of the foregoing, on November 23, 2010, the Council adopted agreement number AC-579-10, in which the Regulatory Plan Commission was requested to submit a report on its actions, as well as on the actions still pending completion. (Report and evidence from the respondent authority).
  • d)On June 21, 2011, through official letter number PR-EXT-041-11, the Municipal Administration clarified to the Comptroller General of the Republic all the details of the Process of Incorporating the Environmental Variable into the Regulatory Plan, as well as compliance with all the legal norms required for that purpose. (Report and evidence from the respondent authority).
  • e)The Council of Escazú took the initiative to negotiate with the INVU an agreement so that said institution would be in charge of reviewing the incorporation of the environmental variable into the Regulatory Plan of the canton, as well as of making any changes it deemed pertinent. The foregoing, before proceeding with the formal referral of the documentation to obtain the INVU's approval in accordance with Article 17 of the Urban Planning Law. (Report from the respondent authority).
  • f)Through official letter number 02550-DFOE-SD-0320, the Comptroller General of the Republic concluded the follow-up process on the Regulatory Plan of Escazú. By virtue of the foregoing, on May 22, 2012, the Secretary of the Council communicated to the Mayor agreement number AC-220-12, which provided for the signing of the "Interinstitutional Cooperation Agreement between the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Escazú," and authorized the Mayor to proceed to sign said agreement on behalf of the Municipality. (Report and evidence from the respondent authority).
  • g)On June 21, 2012, after multiple unsuccessful efforts to coordinate a date for the agreement with the authorities of the INVU, through official letter number DA-355-12, the Mayor requested the Executive President of that institution to communicate the date, time, and place to proceed with the signing of the aforementioned agreement. The foregoing was not possible due to the resignation of the Head of the INVU. (Report and evidence from the respondent authority).
  • h)On October 5, 2012, through official letter number PR-INT-43-12, the Regulatory Plan Working Commission requested the Council of Escazú to review the agreement with the INVU, so that it could send it its observations. (Report and evidence from the respondent authority).
  • i)Through agreement number AC-642-12, the Council accepted opinion number CAJ-046-12-BIS from the Commission on Legal Affairs regarding the Regulatory Plan of Escazú. (Report and evidence from the respondent authority).
  • j)On December 18, 2012, the Mayor's Office received agreement number AC-642-12, which it forwarded to the Director of the Macro-Process of Engineering and Works of the Municipality of Escazú. (Report and evidence from the respondent authority).
  • k)Through official letter number M-IO-003-2013 of January 9, 2013, the Director of the Macro-Process of Engineering and Works of the Municipality of Escazú requested the Mayor and the Financial-Administrative Macro-Process to incorporate resources into an extraordinary budget to hire a Technical Advisor for the Regulatory Plan Commission for seven months. (Report and evidence from the respondent authority).

II.- Facts not proven. None of relevance for the resolution of this matter.

III.- On the merits. In the case under study, the appellant questions that the Municipality of Escazú has not finalized the process aimed at the incorporation of the environmental variables (variables ambientales) into the Regulatory Plan of the canton. Now, after analyzing the elements provided to the case file, the Chamber considers that there is indeed a violation of the rights of the protected party, because despite more than 3 years having elapsed since SETENA granted environmental feasibility to the Regulatory Plan, the incorporation of the environmental variables into it has not been carried out, an omission that implies a clear violation of the provisions of Articles 21 and 50 of the Magna Carta, since said elements are essential to guarantee that the constructions developed within the canton of Escazú comply with the requirements that respect the corresponding environmental norms. On the other hand, this Tribunal considers that there is also an omission attributable to the National Institute of Housing and Urbanism, because despite the fact that an agreement already existed to sign an agreement (convenio) between said institution and the Municipality of Escazú, in order for the Regulatory Plan of that canton to be reviewed, it has not yet been signed due to the fact that the INVU did not resume the appropriate actions after the resignation of its Executive President, even though more than sufficient time had elapsed for it. Thus, by virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal, with the consequences that will be stated in the operative part.

Por Tanto

The appeal is granted. Arnoldo Barahona Cortés, in his capacity as Mayor, and Max Gamboa Zavaleta, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Escazú, and Álvaro González Alfaro, in his capacity as Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, or whoever holds their positions, are ordered to carry out the actions within the scope of their powers so that within the period of EIGHT MONTHS, counted from the notification of this judgment, the process for the incorporation of the environmental variables (variables ambientales) into the Regulatory Plan of the canton of Escazú is definitively finalized. The respondents, or whoever holds their positions, are warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Escazú and the National Institute of Housing and Urbanism are ordered to pay the costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment in the contentious-administrative forum.

Gilbert Armijo S.

President a.i.

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Roxana Salazar C.

Teresita Rodríguez A. José Paulino Hernández It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 13:19:38.

SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2013001493 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del treinta de enero de dos mil trece. Recurso de amparo que se tramita en expediente […], interpuesto por J.C.S.G, cédula de identidad […], contra LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Resultando

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:33 del 20 de diciembre de 2012, que mediante sentencia número [...] del 26 de julio de 2005, la Sala Constitucional ordenó a la SETENA que publicara el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y a su vez, dispuso que la Municipalidad de Escazú debía someter su Plan Regulador al proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, para así efectuar los ajustes que correspondiera a dicho documento. Indica que una vez emitido el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la Municipalidad sometió su plan regulador al proceso de viabilidad ambiental, recibiendo la licencia ambiental por parte de la SETENA, mediante resolución número [...] de diciembre de 2009. Señala que el 6 de marzo de 2010, se sometió a Consulta Pública la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Una vez cumplido el requisito de sometimiento de la variable ambiental a Consulta Pública, y habiéndose evacuado todas las consultas formuladas, mediante oficio número CTPR-INT-122-10 de mayo de 2010, la Comisión del Plan Regulador trasladó el expediente completo, incluyendo la información de la variable ambiental y las áreas ambientalmente vulnerables, al Concejo con el fin de que remitiera la documentación referida al INVU, que es el único ente que tiene la competencia legal para referirse a la corrección técnica de la modificaciones al plan regulador, dándole un análisis final y su aprobación definitiva. Acusa que de mayo de 2010 a la fecha de interposición del recurso, el Concejo no ha remitido el expediente al INVU para lo que en derecho corresponda, lo que implica una lesión a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, pues no se ha finalizado el proceso que permita incluir las variables ambientales al plan regulador del cantón de Escazú. Por lo anterior, pide que se acoja el recurso.

2.- Informan bajo juramento Arnoldo Barahona Cortés, en su calidad de Alcalde, y Max Gamboa Zavaleta, en su calidad de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Escazú, que el 12 de agosto de 2009, la SETENA emitió la resolución número 2308-2008, que correspondía a una Licencia Ambiental parcial para el Plan Regulador de Escazú, el que tiene como antecedente la sentencia número [...] de la Sala Constitucional. Manifiestan que en dicha resolución se indicó que se debía completar la ³zonificación´de los sectores no incluidos en el Plan Regulador (Zona Agrícola de Amortiguamiento), considerando para ello las limitantes técnicas establecidas en los estudios de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), tal y como se indica textualmente en la resolución número 2308-2008-SETENA. Indican que por lo anterior, la Municipalidad se concentró en realizar los estudios necesarios para ³Zonificar y Reglamentar los sectores no incluidos en el Plan Regulador publicado en la Gaceta número 54 del 17 de marzo de 2005, y gestionar e implementar todos los ³ajustes´necesarios a la luz de los estudios ambientales. Como resultado de estas gestiones, la SETENA, mediante resolución número [...] del 8 de diciembre de 2009, otorgó la viabilidad ambiental total para el Plan Regulador de Escazú. Afirman que en el Por Tanto Segundo inciso 10 de dicho pronunciamiento, se indicó con respecto al Reglamento de Zonificación: ³«Queda pendiente la entrega del mismo una vez aprobado por el INVU, en el caso de no haber sufrido modificaciones, una nota indicando esta situación. Aducen que por tal motivo, una vez cumplidos los requerimientos del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, y en concordancia con el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, se remitió al Concejo el nuevo Proyecto de Plan Regulador que cobijaba a toda la jurisdicción territorial del cantón de Escazú, y contemplaba la inclusión de la variable ambiental con todos los ajustes derivados de las recomendaciones de la misma. Esta remisión incluyó los nuevos reglamentos y mapas del caso, todos los atestados e información generada en la Audiencia Pública, así como todos los estudios ambientales, ello, con la finalidad de que el Concejo lo enviara al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para que dicha institución en calidad de ente técnico competente, se pronunciara sobre la aprobación o denegatoria del proyecto, como paso previo a la publicación definitiva y entrada en vigencia del mismo. Aclaran que en virtud del proceso electoral cantonal de diciembre de 2009, el Concejo cambió sus miembros y su directorio, asumiendo funciones a partir del 1 de mayo de 2010. Este nuevo Concejo conformó una nueva Comisión de Trabajo de Plan Regulador, y se abocó a elaborar un plan de trabajo con su respectivo cronograma, para revisar la información de la incorporación de la variable ambiental. El 16 de noviembre de 2010, mediante oficio número 11196 DFOE-SA-0972, la División de Fiscalización y Evaluativo de la Contraloría General de la República le indicó al Concejo de Escazú lo siguiente: ³«En virtud de lo expuesto, se solicita valorar el cronograma de actividades en mención y ajustar lo procedente de conformidad con lo previsto en dicha normativa. Así también, se le recuerda a ese Concejo que son de su exclusiva responsabilidad las acciones que lleve a cabo para realizar el trámite correspondiente a la incorporación de la variable ambiental, así como los reglamentos en comentario al Plan Regulador de Escazú, y que tales acciones deben observar estrictamente la normativa vigente en esa materia«´Manifiestan que el 23 de noviembre de 2010, el Concejo adoptó el acuerdo número AC-579-10, en el que se solicitaba a la Comisión de Plan Regulador remitir un informe de sus actuaciones, así como de las acciones que faltaban por cumplir. El 14 de enero de 2011, la Administración Municipal remitió el oficio número PDTH-INT-12-11 a la Comisión de Trabajo del Plan Regulador, en el que solicitaba atender prioritariamente lo requerido por el Concejo en el acuerdo número AC-579-10, Sesión Ordinaria número 30 de noviembre de 2010. El 21 de junio de 2011, mediante el oficio número PR-EXT-041-11, la Administración Municipal aclaró a la Contraloría General de la República todos los pormenores del Proceso de Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador, así como el cumplimiento de todas las normas legales requeridas para tal fin. Explican que el Concejo tomó la iniciativa de ³negociar´con el INVU un convenio para que dicha institución fuese la encargada de revisar la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador de Escazú, y hacer los cambios que estimase pertinentes, todo antes de proceder con la remisión formal de la documentación, para obtener la aprobación del INVU conforme el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Aducen que mediante oficio número02550-DFOE-SD-0320, la Contraloría General de la República dio por concluido el proceso de seguimiento. En virtud de lo anterior, el 22 de mayo de 2012 la Secretaria del Concejo comunicó al Alcalde el acuerdo número AC-220-12, en el que se disponía la suscripción del ³Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Escazú, y se autorizaba al Alcalde para que procediera a firmar a nombre de la Municipalidad dicho convenio. El 21 de junio de 2012, luego de múltiples gestiones infructuosas para coordinar una fecha de convenio con las autoridades del INVU, mediante oficio número DA-355-12, el Alcalde solicitó al Presidente Ejecutivo del INVU que comunicara la fecha, hora y lugar para proceder con la firma del convenio referido. Agregan que no fue posible concretar la firma del convenio de marras, debido a la renuncia de la Jerarca del INVU. Informan que el 5 de octubre de 2012, mediante el oficio número PR-INT-43-12, la Comisión de Trabajo del Plan Regulador solicitó al Concejo revisar el convenio con el INVU y le remitiera sus observaciones. El 30 de octubre de 2012, mediante el oficio número PDT-580-12-INTERNO, y ante solicitud expresa por parte del Concejo, funcionarios de la Administración manifestaron su criterio en torno al punto de vista de la Comisión de Trabajo del Plan Regulador, en el sentido de que las modificaciones pertinentes podían salvarse por adenda con el fin de no demorar la firma de dicho acuerdo de voluntades. Afirman que la Comisión del Plan Regulador emitió el oficio número PR-INT-46-12 del 16 de noviembre de 2012, en el que trasladan el acuerdo número 201-12, por el que se acoge el informe de ampliación de criterios emitido por la Sub-Comisión de Análisis del Convenio INVU Municipalidad de Escazú, sobre las propuestas a dicho Convenio. Señalan que en la Sesión Ordinaria número 139 del 17 de diciembre de 2012, mediante acuerdo número AC-642-12, el Concejo acogió el dictamen número CAJ-046-12-BIS de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto al tema en discusión. Indican que el 18 de diciembre de 2012, el Despacho del Alcalde recibió el acuerdo número AC-642-12, luego de lo cual lo remitió a la Directora del Macroproceso de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú, quien mediante oficio número M-IO-003-2013 del 9 de enero de 2013, solicitó al Alcalde y al Macro-Proceso Financiero Administrativo, incorporar en un presupuesto extraordinario recursos para contratar por siete meses a un Asesor Técnico para la Comisión del Plan Regulador. Alegan que la Municipalidad ha realizado las acciones del caso para cumplir con la orden de la Sala Constitucional, sin embargo, ello no ha sido posible en razón de la firma del convenio con el INVU. Aducen que luego de ello se continuará con la revisión y aprobación de la variable ambiental al Plan Regulador. Por lo expuesto, piden que se desestime el recurso.

3.- Por resolución de las 14:03 del 16 de enero de 2013, el Magistrado Instructor del presente asunto, tuvo por recurrido al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

4.- Informa bajo juramento Álvaro González Alfaro, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que mediante acuerdo adoptado en la Sesión número 5934, artículo II, inciso 8) del 29 de marzo de 2012, la Junta Directiva del INVU autorizó a la Presidenta Ejecutiva de entonces, para que firmara el convenio de cooperación entre la institución y la Municipalidad de Escazú, para la introducción de la variable ambiental al Plan Regulador de Escazú. Indica que se llevaron a cabo las acciones del caso, y se llegó a la propuesta de un convenio consensuado entre ambas entidades. El 26 de junio de 2012, la Dirección de Urbanismo del INVU envió un correo a la Presidencia Ejecutiva en el que informaba que no existía inconveniente para la firma del convenio de cita. Afirma que pese a lo anterior, el proceso para finalizar el convenio se vio interrumpido por la renuncia de la entonces Presidenta Ejecutiva, quien fue sustituida por su persona. Aduce que ha retomado el tema de inmediato, por lo que está realizando las acciones del caso para concretizar la formalización del convenio con la Municipalidad de Escazú, la próxima semana. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 12 de agosto de 2009, la SETENA emitió la resolución número […], por la que se otorgó una Licencia Ambiental Parcial para el Plan Regulador de Escazú. En dicha resolución se indicó que se debía completar la ³zonificación´de los sectores no incluidos en el Plan Regulador (Zona Agrícola de Amortiguamiento), considerando para ello las limitantes técnicas establecidas en los estudios de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS). (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • b)Por resolución número [...] del 8 de diciembre de 2009, se otorgó la viabilidad ambiental total para el Plan Regulador de Escazú. En el Por Tanto Segundo, inciso 10 de dicho pronunciamiento, se indicó con respecto al Reglamento de Zonificación: ³«Queda pendiente la entrega del mismo una vez aprobado por el INVU, en el caso de no haber sufrido modificaciones, una nota indicando esta situación´. Por tal motivo, una vez cumplidos los requerimientos del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, y en concordancia con el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, se remitió al Concejo el nuevo Proyecto de Plan Regulador que cobijaba a toda la jurisdicción territorial del cantón de Escazú, y contemplaba la inclusión de la variable ambiental con todos los ajustes derivados de las recomendaciones de la misma. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • c)El 16 de noviembre de 2010, mediante oficio número 11196 DFOE-SA-[…], la División de Fiscalización y Evaluativo de la Contraloría General de la República le indicó al Concejo de Escazú lo siguiente: ³«En virtud de lo expuesto, se solicita valorar el cronograma de actividades en mención y ajustar lo procedente de conformidad con lo previsto en dicha normativa. Así también, se le recuerda a ese Concejo que son de su exclusiva responsabilidad las acciones que lleve a cabo para realizar el trámite correspondiente a la incorporación de la variable ambiental, así como los reglamentos en comentario al Plan Regulador de Escazú, y que tales acciones deben observar estrictamente la normativa vigente en esa materia«´En razón de lo anterior, el 23 de noviembre de 2010, el Concejo adoptó el acuerdo número AC-579-10, en el que se solicitaba a la Comisión de Plan Regulador remitir un informe de sus actuaciones, así como de las acciones que faltaban por cumplir. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • d)El 21 de junio de 2011, mediante el oficio número PR-EXT-041-11, la Administración Municipal aclaró a la Contraloría General de la República todos los pormenores del Proceso de Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador, así como el cumplimiento de todas las normas legales requeridas para tal fin. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • e)El Concejo de Escazú tomó la iniciativa de negociar con el INVU un convenio para que dicha institución fuese la encargada de revisar la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador del cantón, así como de hacer los cambios que estimase pertinentes. Lo anterior, antes de proceder con la remisión formal de la documentación, para obtener la aprobación del INVU conforme el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. (Informe de la autoridad recurrida).
  • f)Mediante oficio número 02550-DFOE-SD-0320, la Contraloría General de la República dio por concluido el proceso de seguimiento sobre el Plan Regulador de Escazú. En virtud de lo anterior, el 22 de mayo de 2012 la Secretaria del Concejo comunicó al Alcalde el acuerdo número AC-220-12, en el que se disponía la suscripción del ³Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Escazú´, y se autorizaba al Alcalde para que procediera a firmar a nombre de la Municipalidad dicho convenio. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • g)El 21 de junio de 2012, luego de múltiples gestiones infructuosas para coordinar una fecha de convenio con las autoridades del INVU, mediante oficio número DA-355-12 el Alcalde solicitó al Presidente Ejecutivo de esa institución, que comunicara la fecha, hora y lugar para proceder con la firma del convenio referido. Lo anterior no fue posible, debido a la renuncia de la Jerarca del INVU. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • h)El 5 de octubre de 2012, mediante el oficio número PR-INT-43-12, la Comisión de Trabajo del Plan Regulador, solicitó al Concejo de Escazú revisar el convenio con el INVU, con el fin de que le remitiera sus observaciones. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • i)Mediante acuerdo número AC-642-12, el Concejo acogió el dictamen número CAJ-046-12-BIS de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto al Plan Regulador de Escazú. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • j)El 18 de diciembre de 2012, el Despacho del Alcalde recibió el acuerdo número AC-642-12, el que remitió a la Directora del Macroproceso de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
  • k)Mediante oficio número M-IO-003-2013 del 9 de enero de 2013, la Directora del Macroproceso de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú solicitó al Alcalde y al Macro-Proceso Financiero Administrativo, incorporar en un presupuesto extraordinario recursos para contratar por siete meses a un Asesor Técnico para la Comisión del Plan Regulador. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).

II.-Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución de este asunto.

III.-Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente cuestiona que la Municipalidad de Escazú no haya finalizado el proceso tendiente a la incorporación de las variables ambientales al Plan Regulador del cantón. Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala estima que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues pese a que han transcurrido más de 3 años desde que la SETENA otorgara viabilidad ambiental al Plan Regulador, no se ha procedido a la incorporación de las variables ambientales a éste, omisión que implica una clara vulneración a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Carta Magna, toda vez que dichos elementos resultan indispensables para garantizar que las construcciones que se desarrollen dentro del cantón de Escazú, cumplan con los requerimientos que respeten las normas ambientales correspondientes. Por otra parte, considera este Tribunal que también existe una omisión imputable al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues pese a que ya existía un acuerdo para suscribir un convenio entre dicha institución y la Municipalidad de Escazú, con el fin de que se revisara el Plan Regulador de ese cantón, éste no ha sido firmado todavía en razón de que el INVU no retomó las acciones del caso luego de la renuncia de su Presidencia Ejecutiva, pese a que ya había transcurrido un plazo más que suficiente para ello. Así, en virtud de lo anterior, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Arnoldo Barahona Cortés, en su calidad de Alcalde, y Max Gamboa Zavaleta, en su calidad de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Escazú, y a Álvaro González Alfaro, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, o a quienes ocupen sus cargos, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice en forma definitiva el proceso para la incorporación de las variables ambientales al Plan Regulador del cantón de Escazú. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Roxana Salazar C.

Teresita Rodríguez A. José Paulino Hernández

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