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Res. 00509-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/01/2013
OutcomeResultado
SINAC was ordered to carry out required accessibility works in Curú and Cabo Blanco Reserves within two years, provided technical feasibility and without severe environmental harm.Se ordena al SINAC realizar las obras de accesibilidad requeridas en la Reserva Curú y la Reserva Cabo Blanco en un plazo de dos años, siempre que técnicamente sea posible sin dañar severamente el ambiente.
SummaryResumen
The Constitutional Court reviewed an amparo action filed by a person with a disability against several state bodies, alleging that natural reserves, specifically Curú Wildlife Refuge and Cabo Blanco Absolute Nature Reserve, lack the access facilities required by Costa Rica’s disability law (Law 7600). The claimant argued this omission violated his rights to free movement, equality, and a suitable environment. After confirming infrastructure deficiencies from SINAC reports, the Court granted the amparo against the Ministry of Environment (MINAET) and ordered SINAC’s Executive Director to carry out necessary accessibility works within two years, provided technical feasibility and without causing severe environmental harm. The claims against the Tourism Board (ICT) and the National Council of Rehabilitation and Special Education (CNREE) were dismissed for lack of jurisdiction. The ruling emphasizes the State’s duty to remove physical barriers for persons with disabilities where possible, balancing environmental protection with equal opportunity rights.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por una persona con discapacidad contra varias instituciones estatales, alegando que las reservas naturales, en particular la Reserva Natural de Vida Silvestre Curú y la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, carecen de las facilidades de acceso requeridas por la Ley 7600. El recurrente argumenta que esta omisión vulnera sus derechos al libre tránsito, a la igualdad y a un ambiente adecuado. La Sala, tras analizar los informes del SINAC que confirman las deficiencias de infraestructura, declara con lugar el recurso contra el MINAET y ordena al Director Ejecutivo del SINAC realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad en un plazo de dos años, siempre que sea técnicamente viable sin causar un impacto severo y negativo al ambiente. En cambio, rechaza el recurso contra el ICT y el CNREE por falta de competencia. La sentencia subraya la obligación estatal de eliminar barreras físicas para las personas con discapacidad en los sitios donde sea posible, ponderando la protección ambiental y el derecho a la igualdad de oportunidades.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the merits. On many occasions, the Constitutional Court, as guarantor of individuals’ fundamental rights, has ruled on cases involving persons with disabilities, stressing the special protection they deserve under articles 33 and 51 of the Constitution. It has also recognized that persons with disabilities must be guaranteed equal opportunities, through the removal of all socially determined obstacles, whether physical, economic, social, or psychological, that exclude or restrict their full participation in society. Indeed, in the present case the claimant argues that national parks and reserves, such as the Curú Reserve and Cabo Blanco Reserve, lack the facilities for the use and enjoyment of persons with special needs, failing to comply with Law 7600. After analyzing the evidence on file, the Court finds that the claimant’s complaint is well-founded, since the reports and evidence submitted by the Executive Director of SINAC show that these reserves, in fact, do not meet the requirements for persons with disabilities to access them without difficulty. In light of this, the amparo must be granted. However, given the nature of national parks, it is reasonable to assume that there are sites which cannot be affected by works, infrastructure, or human actions, as this could severely and irremediably harm the environment and which, due to their inaccessibility, many persons with disabilities, older adults, children, etc., probably cannot reach. Nevertheless, it is also reasonable to assume that there are sites where it is technically possible to provide access to persons with disabilities and, therefore, in these sites the administrative authorities are obliged to fully comply with the applicable international instruments, Law 7600, and its regulations. Consequently, the necessary access ramps, special trails, etc., must be built where topographic and terrain conditions allow...IV.- Sobre el fondo. En múltiples ocasiones la Sala Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los individuos, se ha pronunciado sobre casos donde se encuentran involucradas personas con algún tipo de discapacidad, recalcando la tutela especial que merecen a raíz del contenido de los artículos 33 y 51 la Carta Magna. También ha reconocido que a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad. Precisamente, en el presente asunto el recurrente acusa que los parques y reservas nacionales, como la Reserva Curú y la Reserva de Cabo Blanco, no poseen las facilidades correspondientes para el uso y disfrute de personas con capacidades especiales, incumpliendo con los requerimientos establecidos por la Ley 7600. Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el recurrente lleva razón en su reclamo, pues de los informes rendidos y la prueba presentada por el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se denota que las reservas antes citadas, efectivamente, incumplen con los requerimientos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan acceder a éstas sin ningún tipo de dificultad. Ante dicho panorama, el recurso debe ser acogido. Sin embargo, dada la naturaleza de los Parques Nacionales, es lógico suponer que hay sitios y lugares que no podrían ser impactados a través de obras, infraestructuras o acciones del ser humano, pues ello podría dañar severa e irremediablemente el ambiente y a los cuales, por lo difícil de su acceso no es posible que puedan acceder personas discapacitadas, adultos mayores, infantes, etc. No obstante lo anterior, también es razonable suponer que hay sitios y lugares donde técnicamente sí es posible dar acceso a personas con discapacidad y, por consiguiente, en estos sitios las autoridades administrativas están en la obligación de cumplir, en todos sus extremos, la normativa que dictan los instrumentos internacionales sobre la materia, la Ley 7600 y su reglamentación. De ahí que se deben construir las respectivas rampas de acceso, senderos especiales, etc., cuando las condiciones topográficas y propias del terreno así lo permitan...
Pull quotesCitas destacadas
"la Sala considera que el recurrente lleva razón en su reclamo, pues de los informes rendidos y la prueba presentada por el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se denota que las reservas antes citadas, efectivamente, incumplen con los requerimientos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan acceder a éstas sin ningún tipo de dificultad."
"the Court finds that the claimant’s complaint is well-founded, since the reports and evidence submitted by the Executive Director of SINAC show that these reserves, in fact, do not meet the requirements for persons with disabilities to access them without difficulty."
Considerando IV
"la Sala considera que el recurrente lleva razón en su reclamo, pues de los informes rendidos y la prueba presentada por el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se denota que las reservas antes citadas, efectivamente, incumplen con los requerimientos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan acceder a éstas sin ningún tipo de dificultad."
Considerando IV
"se deben construir las respectivas rampas de acceso, senderos especiales, etc., cuando las condiciones topográficas y propias del terreno así lo permitan"
"the necessary access ramps, special trails, etc., must be built where topographic and terrain conditions allow"
Considerando IV
"se deben construir las respectivas rampas de acceso, senderos especiales, etc., cuando las condiciones topográficas y propias del terreno así lo permitan"
Considerando IV
"Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The State is ordered to pay costs, damages, and losses, to be settled in administrative contentious proceedings."
Por tanto
"Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: January 18, 2013, at 09:05 Case File: 12-011361-0007-CO Type of Matter: Amparo action Judgment with protected data, in accordance with current regulations CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the eighteenth of January of two thousand thirteen. Amparo action filed by O.J.R.V, of legal age, identity card number [...], against the General Manager of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), the Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), and the President of the National Council for Rehabilitation and Special Education (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial).
Whereas
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering
I.Regarding the joinder submitted. Mr. A.B.G requested this Chamber to be considered as a coadjuvant of the petitioner given that he has an interest in these proceedings. In accordance with the provisions of Article 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), his petition is accepted and he is admitted as a coadjuvant, with the prior warning that, as this Tribunal has stated on repeated occasions, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment.
II.Object of the action. The petitioner alleges that the national parks and reserves, such as the Curú Reserve and the Cabo Blanco Reserve, do not have the corresponding facilities for the use and enjoyment of persons with special needs.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.On the merits. On multiple occasions, the Constitutional Chamber, as guarantor of the fundamental rights of individuals, has ruled on cases involving persons with some type of disability, emphasizing the special protection they deserve by virtue of the content of articles 33 and 51 of the Constitution (Carta Magna). It has also recognized that disabled persons must be guaranteed equal opportunities, through the elimination of all socially determined obstacles, whether physical, economic, social, or psychological, that exclude or restrict their full participation in society. Precisely, in the present matter, the petitioner accuses that the national parks and reserves, such as the Curú Reserve and the Cabo Blanco Reserve, do not have the corresponding facilities for the use and enjoyment of persons with special needs, failing to comply with the requirements established by Law 7600. Now, after analyzing the elements contributed to the case file, the Chamber considers that the petitioner is correct in his claim, since from the reports rendered and the evidence presented by the Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), it is evident that the aforementioned reserves effectively fail to comply with the necessary requirements so that persons with disabilities can access them without any type of difficulty.
Given this scenario, the action must be upheld. However, given the nature of the National Parks, it is logical to assume that there are sites and places that could not be impacted through works, infrastructure, or actions of the human being, as this could severely and irremediably damage the environment and to which, due to the difficulty of their access, it is not possible for disabled persons, older adults, infants, etc., to access. Notwithstanding the foregoing, it is also reasonable to assume that there are sites and places where it is technically possible to give access to persons with disabilities and, consequently, in these sites, the administrative authorities are obliged to fully comply with the regulations dictated by international instruments on the matter, Law 7600, and its regulations. Hence, the respective access ramps, special trails, etc., must be built, when the topographical and terrain-specific conditions so permit, and it is in that sense that the present matter is assessed.
V.Regarding the General Manager of the Costa Rican Tourism Institute and the President of the National Council for Rehabilitation and Special Education, it is considered that the amparo does not proceed, since, as reported, they have no competence whatsoever regarding the petitioner's claim.
Therefore
The action is granted, solely, against the respondent authorities of the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications. Rafael Gutiérrez Rojas, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds the position in his place, is ordered to adopt the necessary measures and execute the pertinent actions so that within a period of two years from the notification of this judgment, the works required are carried out in order to facilitate the access of persons with disabilities to the Curú Wildlife Natural Reserve and to the Cabo Blanco Absolute Natural Reserve, in accordance with the provisions of Law 7600, where technically possible, in such a way that the environment is not severely and negatively impacted. The foregoing under warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely penalized.
The State is condemned to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative litigation court. Notify this judgment to the indicated official personally. Regarding the General Manager of the Costa Rican Tourism Institute and the President of the National Council for Rehabilitation and Special Education, the action is dismissed.
Gilbert Armijo S. Acting Presiding Judge Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Roxana Salazar C.
Teresita Rodríguez A. José Paulino Hernández G.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 13:18:57.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil trece. Recurso de amparo interpuesto por O.J.R.V, mayor, cédula de identidad [...], contra el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Resultando
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando
I.Sobre la coadyuvancia presentada. El señor A.B.G, solicitó a esta Sala que se le tuviera como coadyuvante del recurrente en vista de que tiene interés en las presentes diligencias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acepta su gestión y se le admite como coadyuvante previa advertencia de que, tal y como lo ha manifestado este Tribunal en repetidas ocasiones, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia.
II.Objeto del recurso. El recurrente alega que los parques y reservas nacionales, como la Reserva Curú y la Reserva de Cabo Blanco, no poseen las facilidades correspondientes para el uso y disfrute de personas con capacidades especiales.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Sobre el fondo. En múltiples ocasiones la Sala Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los individuos, se ha pronunciado sobre casos donde se encuentran involucradas personas con algún tipo de discapacidad, recalcando la tutela especial que merecen a raíz del contenido de los artículos 33 y 51 la Carta Magna. También ha reconocido que a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad. Precisamente, en el presente asunto el recurrente acusa que los parques y reservas nacionales, como la Reserva Curú y la Reserva de Cabo Blanco, no poseen las facilidades correspondientes para el uso y disfrute de personas con capacidades especiales, incumpliendo con los requerimientos establecidos por la Ley 7600.
Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el recurrente lleva razón en su reclamo, pues de los informes rendidos y la prueba presentada por el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se denota que las reservas antes citadas, efectivamente, incumplen con los requerimientos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan acceder a éstas sin ningún tipo de dificultad. Ante dicho panorama, el recurso debe ser acogido. Sin embargo, dada la naturaleza de los Parques Nacionales, es lógico suponer que hay sitios y lugares que no podrían ser impactados a través de obras, infraestructuras o acciones del ser humano, pues ello podría dañar severa e irremediablemente el ambiente y a los cuales, por lo difícil de su acceso no es posible que puedan acceder personas discapacitadas, adultos mayores, infantes, etc. No obstante lo anterior, también es razonable suponer que hay sitios y lugares donde técnicamente sí es posible dar acceso a personas con discapacidad y, por consiguiente, en estos sitios las autoridades administrativas están en la obligación de cumplir, en todos sus extremos, la normativa que dictan los instrumentos internacionales sobre la materia, la Ley 7600 y su reglamentación.
De ahí que se deben construir las respectivas rampas de acceso, senderos especiales, etc., cuando las condiciones topográficas y propias del terreno así lo permitan y, en ese sentido, es que se estima el presente asunto.
V.En cuanto al Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo y la Presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, se considera que no procede el amparo, pues como se informó, no tienen competencia alguna en el reclamo del recurrente.
Por tanto
Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra las autoridades recurridas del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), o a quien en su lugar ocupe el cargo, que adopte las medidas necesarias y que ejecute las acciones pertinentes para que dentro del plazo de dos años a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las obras que se requieran a efecto de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la Reserva Natural de Vida Silvestre Curú y a la Reserva Natural absoluta Cabo Blanco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7600, donde técnicamente sea posible, de tal manera que no se impacte en forma severa y negativa el ambiente. Lo anterior bajo apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia al funcionario indicado en forma personal. Respecto al Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo y la Presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, se declara sin lugar el recurso.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Roxana Salazar C.
Teresita Rodríguez A. José Paulino Hernández G.
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