Res. 16741-2012 Sala ConstitucionalRes. 16741-2012 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2012016741 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil doce.

Recurso de amparo interpuesto por J.A.E.A, cédula de identidad número […], a favor de ÉL MISMO, contra LA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS.

Resultando

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:34 horas del 12 de noviembre de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Tibás. Menciona que el Tribunal Ambiental Administrativo mediante la resolución número 541-11 solicitó al alcalde municipal recurrido información vinculada con los permisos de funcionamiento de la Empresa […]. Señala que se solicitó a dicho funcionario brindar datos sobre el permiso de ubicación de la empresa en cuestión, así como los permisos de construcción otorgados por ese municipio a esa misma corporación, que se dedica a la fabricación de medicamentos de uso veterinario desde 1988, sin contar con la licencia industrial de la Municipalidad. Acota que el 26 de octubre del año en curso, requirió la información relativa a lo antes descrito, es decir los permisos de funcionamiento; no obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha dado respuesta alguna a dicha solicitud, retardo que estima contrario a los derechos constitucionales. Solicita que se acoja el presente recurso de amparo 2.-Mediante resolución de las 07:42 horas del 13 de noviembre de 2012, se concede audiencia al Alcalde Municipal de Tibás, para que se refiera a los hechos expuestos por el amparado.

3.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 09:52 horas del 20 de noviembre de 2012, informa bajo juramento Gonzalo Vargas Jiménez, en su condición de Alcalde Municipal de Tibás (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), que resulta cierto el dicho del recurrente, dado que el 26 de octubre del presente año se recibió el oficio en cuestión. Sostiene que por causa desconocida, ese documento se extravió, de manera que no se ha dado respuesta al mismo. Indica que en razón del presente recurso de amparo se tuvo acceso nuevamente a dicha gestión y fue posible contestar la solicitud mediante el oficio número DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012. Apunta que el recurrente no señaló medio de notificación alguno, por lo cual se optó por dejar el oficio en cuestión en la Secretaria del Concejo Municipal en razón de que el recurrente es regidor municipal de ese gobierno local. Aduce que ese municipio no incurrió en violación alguna a los derechos constitucionales del amparado, únicamente se traspapeló el documento. Solicita que se desestime el presente recurso.

4.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,

Considerando

I.- Objeto del Recurso. Aduce el amparado que la Municipalidad de Tibás ha omitido responder la solicitud de información gestionada el 26 de octubre de 2012, relacionada con los permisos de funcionamiento de la Empresa […] S.A., de modo que estima lesionado su derecho de petición y pronta respuesta, así como de acceso a la información pública. II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

• a)El 26 de octubre de 2012, el amparado presentó una solicitud de información ante la Municipalidad de Tibás, mediante la cual requirió la respuesta emitida por ese gobierno local a la resolución número 541 del 2 de junio de 2011 del Tribunal Ambiental Administrativo y copia del permiso de ubicación extendido por el INVU para el funcionamiento de la Empresa […] S.A. (Prueba aportada en el escrito de interposición).
• b)Por medio de oficio DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012, la Municipalidad de Tibás atendió la gestión planteada por el recurrente el 26 de octubre de 2012 (Informe rendido por la autoridad accionada).
• c)El 19 de noviembre de 2012, el Alcalde Municipal de Tibás entregó en la Secretaria del Concejo Municipal de ese gobierno local el DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012, a fin de que el amparado ±quien es regidor municipal de Tibás- proceda a retirar dicho oficio, dado que no aportó medio de notificación alguno (Informe rendido por la autoridad accionada).

III.- Sobre el derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con el artículo 30 Constitucional se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público; sin embargo dicho acceso no es irrestricto y como todo derecho constitucional posee límites, pues quedan a salvo los secretos de Estado. En razón de lo anterior, se consigna que los administrados ostentan la potestad de acceder a toda aquella información de naturaleza pública y, sin embargo si lo requerido versa sobre algún secreto de Estado (seguridad pública, defensa nacional y relaciones exteriores), tal información no es de interés público y el Estado velará por su resguardo. Mediante este derecho, se procura una función administrativa transparente, que permita a los sujetos acceder a la información de naturaleza pública que se encuentre en poder de los respectivos entes u órganos públicos. Sin embargo, cabe hacer una distinción respecto a la documentación administrativa y la información relativa a un procedimiento administrativo, toda vez que en el primero de los casos se brindará lo requerido al ser el petente un sujeto ad extra y, en el segundo postulado, se otorgará sólo a las partes interesadas en el proceso como sujetos ad intra. De esta forma, el administrado podrá solicitar la información de naturaleza pública, de forma que la entidad pública deberá emitirla en el menor plazo posible, sin que medie dilación alguna, con el fin de resguardar el referido derecho constitucional.

IV.- Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición y pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial -y, en ciertos casos muy calificados, hasta a sujetos de derecho privado- con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, pues la libertad de petición se funda en otro principio, este es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.

V.- Sobre el caso concreto. En la especie, el tutelado acude en amparo de sus derechos constitucionales de petición y pronta respuesta y de acceso a la información pública, ya que el 26 de octubre del año en curso gestionó una solicitud de información ante la autoridad accionada, sin que al momento de interponer el presente recurso jurisdiccional haya obtenido respuesta alguna. Sobre el particular, el alcalde recurrido informa bajo juramento que ciertamente el 26 de octubre de 2012 el amparado formuló una gestión de información; empero, la misma no había sido atendida, dado que se traspapeló y, en razón del presente asunto tuvieron conocimiento de dicha solicitud nuevamente. Por consiguiente, mediante el oficio DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012 ese gobierno local contestó gestión alegada. No obstante, dado que el amparado no aportó medio de notificación para recibir la respectiva respuesta, se procedió a dejar el oficio de cita en la Secretaria del Concejo Municipal, a fin de que el interesado pueda retirar la misma, esto atendiendo a su calidad de regidor. Bajo ese panorama, este Tribunal Constitucional determina que la autoridad accionada incurrió en una omisión que lesionó los derechos constitucionales del amparado, puesto que extravió la solicitud de información argüida y fue con ocasión de este recurso de amparo que logró acceder nuevamente a dicha gestión y así, procedió a atender la misma. Por ende, se denota que la situación alegada por el recurrente versa sobre un hecho achacable al municipio recurrido y en consecuencia, corresponde acoger este recurso de amparo, únicamente para efectos indemnizatorios, pues la respuesta alegada ya fue brindada.

Por lo tanto Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Tibás al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.

Ricardo Guerrero P. Enrique Ulate C.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2012016741 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil doce.

Recurso de amparo interpuesto por J.A.E.A, cédula de identidad número […], a favor de ÉL MISMO, contra LA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS.

Resultando

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:34 horas del 12 de noviembre de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Tibás. Menciona que el Tribunal Ambiental Administrativo mediante la resolución número 541-11 solicitó al alcalde municipal recurrido información vinculada con los permisos de funcionamiento de la Empresa […]. Señala que se solicitó a dicho funcionario brindar datos sobre el permiso de ubicación de la empresa en cuestión, así como los permisos de construcción otorgados por ese municipio a esa misma corporación, que se dedica a la fabricación de medicamentos de uso veterinario desde 1988, sin contar con la licencia industrial de la Municipalidad. Acota que el 26 de octubre del año en curso, requirió la información relativa a lo antes descrito, es decir los permisos de funcionamiento; no obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha dado respuesta alguna a dicha solicitud, retardo que estima contrario a los derechos constitucionales. Solicita que se acoja el presente recurso de amparo 2.-Mediante resolución de las 07:42 horas del 13 de noviembre de 2012, se concede audiencia al Alcalde Municipal de Tibás, para que se refiera a los hechos expuestos por el amparado.

3.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 09:52 horas del 20 de noviembre de 2012, informa bajo juramento Gonzalo Vargas Jiménez, en su condición de Alcalde Municipal de Tibás (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), que resulta cierto el dicho del recurrente, dado que el 26 de octubre del presente año se recibió el oficio en cuestión. Sostiene que por causa desconocida, ese documento se extravió, de manera que no se ha dado respuesta al mismo. Indica que en razón del presente recurso de amparo se tuvo acceso nuevamente a dicha gestión y fue posible contestar la solicitud mediante el oficio número DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012. Apunta que el recurrente no señaló medio de notificación alguno, por lo cual se optó por dejar el oficio en cuestión en la Secretaria del Concejo Municipal en razón de que el recurrente es regidor municipal de ese gobierno local. Aduce que ese municipio no incurrió en violación alguna a los derechos constitucionales del amparado, únicamente se traspapeló el documento. Solicita que se desestime el presente recurso.

4.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,

Considerando

I.- Objeto del Recurso. Aduce el amparado que la Municipalidad de Tibás ha omitido responder la solicitud de información gestionada el 26 de octubre de 2012, relacionada con los permisos de funcionamiento de la Empresa […] S.A., de modo que estima lesionado su derecho de petición y pronta respuesta, así como de acceso a la información pública. II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

• a)El 26 de octubre de 2012, el amparado presentó una solicitud de información ante la Municipalidad de Tibás, mediante la cual requirió la respuesta emitida por ese gobierno local a la resolución número 541 del 2 de junio de 2011 del Tribunal Ambiental Administrativo y copia del permiso de ubicación extendido por el INVU para el funcionamiento de la Empresa […] S.A. (Prueba aportada en el escrito de interposición).
• b)Por medio de oficio DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012, la Municipalidad de Tibás atendió la gestión planteada por el recurrente el 26 de octubre de 2012 (Informe rendido por la autoridad accionada).
• c)El 19 de noviembre de 2012, el Alcalde Municipal de Tibás entregó en la Secretaria del Concejo Municipal de ese gobierno local el DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012, a fin de que el amparado ±quien es regidor municipal de Tibás- proceda a retirar dicho oficio, dado que no aportó medio de notificación alguno (Informe rendido por la autoridad accionada).

III.- Sobre el derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con el artículo 30 Constitucional se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público; sin embargo dicho acceso no es irrestricto y como todo derecho constitucional posee límites, pues quedan a salvo los secretos de Estado. En razón de lo anterior, se consigna que los administrados ostentan la potestad de acceder a toda aquella información de naturaleza pública y, sin embargo si lo requerido versa sobre algún secreto de Estado (seguridad pública, defensa nacional y relaciones exteriores), tal información no es de interés público y el Estado velará por su resguardo. Mediante este derecho, se procura una función administrativa transparente, que permita a los sujetos acceder a la información de naturaleza pública que se encuentre en poder de los respectivos entes u órganos públicos. Sin embargo, cabe hacer una distinción respecto a la documentación administrativa y la información relativa a un procedimiento administrativo, toda vez que en el primero de los casos se brindará lo requerido al ser el petente un sujeto ad extra y, en el segundo postulado, se otorgará sólo a las partes interesadas en el proceso como sujetos ad intra. De esta forma, el administrado podrá solicitar la información de naturaleza pública, de forma que la entidad pública deberá emitirla en el menor plazo posible, sin que medie dilación alguna, con el fin de resguardar el referido derecho constitucional.

IV.- Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición y pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial -y, en ciertos casos muy calificados, hasta a sujetos de derecho privado- con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, pues la libertad de petición se funda en otro principio, este es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.

V.- Sobre el caso concreto. En la especie, el tutelado acude en amparo de sus derechos constitucionales de petición y pronta respuesta y de acceso a la información pública, ya que el 26 de octubre del año en curso gestionó una solicitud de información ante la autoridad accionada, sin que al momento de interponer el presente recurso jurisdiccional haya obtenido respuesta alguna. Sobre el particular, el alcalde recurrido informa bajo juramento que ciertamente el 26 de octubre de 2012 el amparado formuló una gestión de información; empero, la misma no había sido atendida, dado que se traspapeló y, en razón del presente asunto tuvieron conocimiento de dicha solicitud nuevamente. Por consiguiente, mediante el oficio DAMT-CI-1907-2012 del 19 de noviembre de 2012 ese gobierno local contestó gestión alegada. No obstante, dado que el amparado no aportó medio de notificación para recibir la respectiva respuesta, se procedió a dejar el oficio de cita en la Secretaria del Concejo Municipal, a fin de que el interesado pueda retirar la misma, esto atendiendo a su calidad de regidor. Bajo ese panorama, este Tribunal Constitucional determina que la autoridad accionada incurrió en una omisión que lesionó los derechos constitucionales del amparado, puesto que extravió la solicitud de información argüida y fue con ocasión de este recurso de amparo que logró acceder nuevamente a dicha gestión y así, procedió a atender la misma. Por ende, se denota que la situación alegada por el recurrente versa sobre un hecho achacable al municipio recurrido y en consecuencia, corresponde acoger este recurso de amparo, únicamente para efectos indemnizatorios, pues la respuesta alegada ya fue brindada.

Por lo tanto Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Tibás al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.

Ricardo Guerrero P. Enrique Ulate C.