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Res. 04620-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/04/2012
OutcomeResultado
The Chamber ordered the exclusion of all Pamplona-style bull runs from the Pamplona y Más event for violating dignity, health, and environmental rights, and ordered the organizing company to pay costs and damages.La Sala ordenó excluir del evento Pamplona y Más toda corrida de toros al estilo Pamplona por vulnerar la dignidad, la salud y el ambiente, y condenó a la empresa organizadora al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo challenging a Pamplona-style bull run planned for the Pedregal fairgrounds. It found a threat to human dignity, health, and the right to a healthy and ecologically balanced environment because of the risks posed to both participants and animals. SENASA’s technical report warned that neither animal welfare nor human safety had been guaranteed: the bulls would run over paving stones, the method for triggering the stampede was unknown, the facilities had not yet been built, and there were risks of falls, trampling, stress, and injury. The Chamber ordered the Ministry of Health, the Municipality of Belén, and the organizing company to exclude every bull-running activity of that kind from the event. It also ordered the private company to pay costs and resulting damages. Two justices dissented, reasoning that regulating or prohibiting such private activities was a matter reserved to the legislature rather than the constitutional court.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo promovido contra la realización de una corrida de toros al estilo Pamplona en el Campo Ferial Pedregal. Consideró acreditada la amenaza a la dignidad humana, la salud y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a partir de los riesgos que la actividad implicaba tanto para las personas participantes como para los animales. El informe técnico de SENASA advirtió que no estaban garantizados el bienestar animal ni la seguridad humana: los toros correrían sobre adoquines, se desconocía el método para provocar la estampida, la infraestructura todavía no estaba construida y existía peligro de caídas, aplastamientos, estrés y lesiones. La Sala ordenó al Ministerio de Salud, a la Municipalidad de Belén y a la empresa organizadora excluir del evento cualquier actividad taurina de ese tipo. Condenó además a la empresa privada al pago de costas, daños y perjuicios. Dos magistrados salvaron el voto por considerar que la regulación correspondía al legislador.
Key excerptExtracto clave
In this regard, I reiterate and reaffirm that this type of treatment of animals also contravenes the constitutional provisions concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment, which, as this Chamber’s case law has noted, even has consequences for the protection of human health, because people may be exposed to unnecessary risks arising from the identified environmental violation. In addition to the foregoing, I wish to place on record that treating any living being as an object of play, mockery, laughter, or any kind of unnecessary aggression violates profound principles of every human being, such as fostering peace, harmony with nature, and the inherent condition of possessing and conveying dignity to others. Turning aggression against an animal into a spectacle is not only contrary to human dignity itself; it undoubtedly provokes greater violence in the animal, which naturally activates its defense mechanisms, while among people it manifests itself as an glorification of aggression—nothing less than humanity’s regression into barbarism. The amparo is partially granted solely for violation of the constitutional rights to dignity, health, and the environment. In all other respects, the amparo is denied. Gustavo Espinoza Chaves, Director of the Belén-Flores Health Governing Area of the Ministry of Health; Horacio Alvarado Bogantes and Marielos Segura Rodríguez, Mayor and President of the Belén Municipal Council, respectively; and Rafael Ángel Zamora Fernández, legal representative of Eventos Pedregal Sociedad Anónima, or whoever holds those positions, are ordered to issue immediately all orders necessary to ensure that the event called Pamplona y Más does not include any activity involving Pamplona-style bull runs.En este sentido, reitero y reafirmo que este tipo de tratamiento a los animales, contraviene igualmente las previsiones constitucionales respecto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala, tiene incluso repercusiones en la protección de la salud de las personas, quienes se pueden ver expuestas a riesgos innecesarios derivados de la violación ambiental señalada. Además de lo anteriormente expuesto, quiero dejar constancia que tomar a cualquier ser viviente como objeto de juego, burla, risa, o cualquier tipo de agresión innecesaria violenta profundos principios de todo ser humano como lo son propiciar la paz, la armonía con la naturaleza y la propia condición de ser y transmitir dignidad a los demás. Convertir en un espectáculo la agresión de un animal, no solo es contrario a la propia dignidad del ser humano, que sin lugar a duda genera más violencia en el animal, quien naturalmente activa sus mecanismos de defensa, y entre las personas ello se manifiesta en una apología a la agresión, lo que no es ni más, ni menos que un retroceso de la humanidad a la barbarie. Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por violación a los derechos constitucionales a la dignidad, la salud y el ambiente. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se ordena a Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura Rodríguez, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Belén, y a Rafael Ángel Zamora Fernández, representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, o a quienes ocupen sus cargos, girar de inmediato las órdenes necesarias para que en el evento denominado: Pamplona y Más no se incluya ningún tipo de actividad relacionada con corridas de toros al estilo Pamplona.
Pull quotesCitas destacadas
"Cuando los animales están sujetos a condiciones o circunstancias inusuales por las acciones deliberadas de las personas, es la responsabilidad moral de las personas el asegurar su bienestar, y evitar que sufran incomodidades, estrés o lesiones innecesarias."
"When animals are subjected to unusual conditions or circumstances through deliberate human actions, people have a moral responsibility to ensure their welfare and prevent unnecessary discomfort, stress, or injury."
Nota de la Magistrada Calzada
"Cuando los animales están sujetos a condiciones o circunstancias inusuales por las acciones deliberadas de las personas, es la responsabilidad moral de las personas el asegurar su bienestar, y evitar que sufran incomodidades, estrés o lesiones innecesarias."
Nota de la Magistrada Calzada
"En virtud de lo expuesto, el Servicio no está de acuerdo con la realización del evento “P. y M, por realizarse en el C.E.P, toda vez que no se ha podido garantizar el bienestar de los animales ni la salud de las personas."
"In view of the foregoing, the Service does not agree with holding the event “P. y M.” at C.E.P., because neither the welfare of the animals nor the health of the people has been guaranteed."
Informe de SENASA
"En virtud de lo expuesto, el Servicio no está de acuerdo con la realización del evento “P. y M, por realizarse en el C.E.P, toda vez que no se ha podido garantizar el bienestar de los animales ni la salud de las personas."
Informe de SENASA
"Los tribunales constitucionales deben huir de la tentación de sustituir a los legisladores en la regulación de las acciones humanas, por más que ellas parezcan deseables o indeseables a los ojos de los jueces constitucionales."
"Constitutional courts must resist the temptation to replace legislators in regulating human conduct, however desirable or undesirable that conduct may appear to constitutional judges."
Voto salvado de los Magistrados Castillo Víquez y Piza Rocafort
"Los tribunales constitucionales deben huir de la tentación de sustituir a los legisladores en la regulación de las acciones humanas, por más que ellas parezcan deseables o indeseables a los ojos de los jueces constitucionales."
Voto salvado de los Magistrados Castillo Víquez y Piza Rocafort
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agarromo ggarrof 19 24 2013-01-28T19:41:00Z 2015-08-24T15:31:00Z 1 10995 60477 Poder Judicial 503 142 71330 11.6505 Print Clean Clean 21 false false false false MicrosoftInternetExplorer4 Decision No. 2012004620 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours and zero minutes on April tenth, two thousand twelve.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by M. G. F., holder of identity card {…}, on behalf of Asociación Costarricense Acara de Rescate Animal; V. G. N., holder of identity card {…}, on behalf of Fundación Amigo Animal; and J. P. G., holder of identity card {…}, on behalf of Organización de Voluntarios de Amor; against the company E. P. S. A., Municipalidad de Belén, and Área Rectora de Salud de Belén.
Findings of Fact (Resultando):
Justice Rueda Leal drafts the opinion; and,
Considering:
I.Admissibility of the action. With respect to the respondent Eventos Pedregal Sociedad Anónima, because it is a private-law entity (sujeto de derecho privado), it is appropriate to clarify why this amparo action was admitted. In this regard, the Chamber has clearly stated:
“Because of its exceptional nature, the ordinary processing of amparo actions against private-law entities requires first examining whether, in the case at hand, any of the circumstances rendering such an action admissible are present and—subsequently, if so—determining whether or not the action has merit” (judgment number 151-97, issued at 15:27 hours on 08 de enero de 1997).
Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that this type of action may be brought against the acts or omissions of persons subject to private law when they perform or are required to perform public functions or exercise public powers, or when they are, as a matter of law or fact, in a position of power against which ordinary judicial remedies (remedios jurisdiccionales comunes) are clearly insufficient or untimely to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2(a) of that same Law. In the case under review, the Chamber considers that the company E.P. S. A. may be acting from a position of power, as a matter of fact or law, against which ordinary judicial remedies would clearly be insufficient; accordingly, the appeal before us is deemed admissible, and the merits of the matter shall be decided immediately.
II.Subject matter of the appeal. The appellants allege that the company E.P.S.A. intends to hold a Pamplona-style bull run, which constitutes an act of mistreatment of those animals. They further complain that alcohol will be sold indiscriminately at the event. Finally, they argue that the safety, health, and hygiene precautions required to hold the event have not been taken. All of the foregoing violates Article 50 of the Constitution.
III.Proven facts. The following facts, which have been duly established by the evidence, are considered relevant to the decision in this matter: a) through application number 1109, received by the Municipalidad de Belén on March 13, 2012, the company E. P. S. A. applied for permits for an event called “P.y M”, to be held at the Pedregal complex from April 13 to 22, 2012 (see the sworn statements submitted by the Mayor and the President of the Concejo Municipal de Belén, as well as the evidence entered into the case file); b) on March 13, 2012, the organizer of the event “P. y M.” submitted certain documentation required to obtain the corresponding permits to the Área Rectora de Salud de Belén (see the sworn statements submitted by the Director of the Área Rectora de Salud de Belén, as well as the evidence entered into the case file); c) the event called “P. y M.” includes the following activities: exhibitions by horseback riders, all-terrain vehicles, motorcycles, musical bands, fireworks, mule races, and bull runs, among others (see evidence entered into the case file); d) the Pamplona-style bull run consists of the following: over a 750-meter course, along 5 lanes measuring 10 meters in width, animals and runners will race together, with no more than 400 people permitted to participate in each event; regarding the release of the animals, 3 bulls will be released first, 2 more will be released 2 minutes later, and the remaining 3 bulls will be released 2 minutes after that, for a total of 8 animals per run, which will enter a corral upon reaching the end of the course (see evidence entered into the case file); e) the Servicio Nacional de Salud Animal does not endorse the holding of the event “P. y M.” at the C.E.P., because the organizers were unable to guarantee the welfare of the animals during the event or the safety of the participants who would run (see the sworn statements submitted by the Director General of the Servicio Nacional de Salud Animal).
IV.On safeguarding animals and human dignity. With respect to the general protection of the Earth’s natural resources, this Court has extensively developed the so-called right to a healthy and ecologically balanced environment. It has clearly established that this right derives its purpose from its status as an essential element in safeguarding human life. Indeed, human beings do not exist in isolation; rather, their well-being is directly related to the nature surrounding them. This interdependence between human beings and nature encompasses aspects that go beyond the mere preservation of resources to guarantee the economic development of human society. In reality, the interaction between “nature and human beings” constitutes a unified phenomenon, a single process of reciprocal influence in which each acts upon the other while, simultaneously, each needs the other for its own survival. Although the foregoing may appear obvious, the fact is that it was not until the middle of the last century, at the height of the industrial era, that a more active awareness emerged that there is not one system belonging to society and another belonging to nature; instead, both are merely subsystems of a larger system: the process of life.
Society originates within a preexisting natural space that partly conditions its pattern of development and helps shape its type of socioeconomic organization; nature, in turn, is partly transformed by human intervention. The foregoing produces consequences across space and time on a global scale, of which contemporary society is increasingly aware, given the greater interconnectedness resulting from intensified globalization and the rise of the information society. Indeed, in the present era, increased demand for resources from nature and greater sophistication in consumption have made the relationship between society and nature more strained, while at the same time raising awareness of its complexity, its underlying functional interdependence, and the need to adopt balanced measures to guarantee the supreme good of life. Thus, the prevailing concept of human development cannot be conceived without the environmental dimension, which certainly requires ecological rationality—that is, a balance between the necessary satisfaction of human needs and nature’s capacity to meet them—as well as ethical rationality, meaning a rationality with a significant degree of intersubjectivity upon which certain moral requirements are imposed on society.
With regard to the case law of the Sala Constitucional, judgment number 2002-11429, issued at 9:14 a.m. on November 29, 2002, established, in relation to Article 50 of the Constitución Política, that the right to a healthy environment “has broad content equivalent to the aspiration to improve the environment in which human beings live, such that it goes beyond criteria of nature conservation and extends to every sphere in which a person develops, whether within the family, at work, or in the surroundings in which that person lives,” whereas the right to an “ecologically balanced environment is a narrower concept referring to an important part of the surroundings in which human beings develop, namely, the balance that must exist between the progress of society and the conservation of natural resources.” It also emphasizes that the Social State under the Rule of Law (Estado Social de Derecho) “produces the phenomenon whereby a series of political objectives of great social significance are incorporated into the fundamental text,” foremost among them being the protection of natural resources as an appropriate means of safeguarding and improving society’s quality of life.
Specifically, the aforementioned judgment states that the “State must engage in a dual course of conduct, both acting and refraining from acting; on the one hand, it must itself refrain from violating the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other, it must undertake the task of issuing the measures necessary to satisfy constitutional requirements (…)” Consequently, Article 50 of the Constitution does not merely protect nature and the elements traditionally understood to comprise it; rather, constitutional case law has interpreted the notion of a “healthy environment” as referring to each and every sphere in which a person develops, such that the greatest possible well-being and balance must be pursued in each of those spheres; hence the general nature of that right. Moreover, the concept of an “ecologically balanced environment” also encompasses human beings, because it rests on the necessary balance between the progress of society and the conservation of natural resources.
Finally, it must be emphasized that this idea of environmental protection, which is recognized in our Constitution, does not entail only a duty to prohibit or prevent any activity that violates that right, but also an obligation to preserve nature. Preservation means undertaking all manner of actions aimed at protecting this right in advance against possible dangers. These obligations to safeguard the environment and pursue an ecologically balanced environment rest not only with the State; all inhabitants of the Republic also have a duty to act accordingly.
The concept of the environment encompasses the Earth’s natural resources, including air, water, land, flora, and fauna and, as indicated, from a constitutional standpoint, the ratio iuris for their protection lies in their importance for preserving life and ensuring the survival of future generations. Specifically, the Stockholm Declaration on the Human Environment, adopted at the United Nations Conference on the Human Environment on June 16, 1972, provides in its proclamations that:
“1. Man is both creature and molder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social, and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet, a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of the human environment, the natural and the man-made, are essential to man’s well-being and to the enjoyment of fundamental human rights, including the right to life itself.
“3. Man must constantly take stock of his experience and continue discovering, inventing, creating, and advancing. Today, man’s capacity to transform his surroundings, if used wisely, can bring the benefits of development to all peoples and offer them the opportunity to enhance their existence. Wrongly or heedlessly applied, the same power can cause incalculable harm to human beings and their environment. Around us we see increasing evidence of man-made harm in many regions of the Earth: dangerous levels of pollution in water, air, land, and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and serious deficiencies, harmful to man’s physical, mental, and social health, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.” The notion of the environment therefore gives rise to the human obligation to protect fauna. Thus, the Declaration expressly identifies the human duty to protect fauna as a principle:
Principle 2. The natural resources of the Earth, including air, water, land, flora, and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate. –emphasis not present in the original text- This principle therefore encompasses fauna generally. With regard to wildlife, Principle 4 establishes:
PRINCIPLE 4. Humankind bears a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife (flora y fauna silvestres) and its habitat, which are now gravely imperiled by a combination of adverse factors. Accordingly, importance must be given to nature conservation, including wildlife, when planning economic development.
On the other hand, through RES. AG 37/7 of 28 de octubre de 1982, the United Nations General Assembly adopted the World Charter for Nature, which emphasizes that human leisure is best enjoyed when life is in harmony with nature; it also stresses that respect for the life of every living being entails a moral code of conduct—that is, an ethical rationality that permeates the way human beings behave:
“Aware that (b) Civilization is rooted in nature, which has shaped human culture and influenced all artistic and scientific achievement, and that living in harmony with nature gives humankind the best opportunities for the development of creativity and for rest and recreation.
(…)
“Convinced that:
(a) Every form of life is unique and warrants respect regardless of its worth to humankind, and, to accord other organisms such recognition, humankind must be guided by a moral code of action.” From the foregoing, it is clear that the environment is an essential context in which human life unfolds and that human conduct must conform to a moral code encompassing not only relations with other human beings but also interaction with the surrounding natural environment: human dignity extends to nature, such that nature merits dignified treatment insofar as it constitutes the environment in which human life develops.
Consequently, animals are included within the concept of the environment based on the role they play in the development of human life, which makes them deserving of protection and dignified treatment. Thus, wild fauna (fauna silvestre o salvaje)—animals that live without direct human intervention in their development or feeding—is protected in order to preserve biodiversity and the natural balance among species. Domesticated fauna or fauna undergoing domestication (fauna domesticada o en proceso de domesticación), for its part, must be protected from suffering, mistreatment, and cruelty lacking legitimate justification, because this reflects a particular ethical rationality and corresponds to an awareness by humankind of the just and dignified manner in which it must interact with nature.
In this regard, the Colombian Constitutional Court, in judgment C-666/10, elaborates on the concept of dignity as follows:
“In other words, the concept of human dignity is directly and primarily related to the environment in which human existence unfolds, and animals form part of that environment. Thus, relations between persons and animals are not merely regulated as a duty to protect natural resources; rather, they constitute a concrete expression and development of a foundational concept of the constitutional order. Accordingly, the legislature’s freedom to shape the law must be exercised on the basis of human dignity whenever it decides matters concerning relations between human beings and animals; likewise, in constitutional review, the constitutional judge must build the rationale for the decision upon arguments that take into account the concept of dignity, which is immanent and cross-cutting in relationships of this kind.” …
“Indeed, the essential—and, at the time, novel—feature of the constitutional State is that the person is viewed not only as a protected being but also as the primary purpose of State action, and that conception is always constructed, argued, interpreted, and given concrete form on the basis of human rights, which within a domestic legal system are usually called fundamental rights. These are the principal basis for the concept of the person within the constitutional State, because much of the guarantees that the [social] State must recognize for members of society may be grounded in the content of fundamental rights. Human dignity, however, is not merely a concept produced by [or useful for] the State’s system of guarantees. Dignity is a comprehensive concept insofar as it embodies, represents, and constructs a comprehensive concept of the person. Dignity is not bestowed but recognized, such that human beings may always be required to act in accordance with dignified standards and, in this regard, consistently with their status as moral beings deserving recognition of those guarantees and who, where appropriate, could demand them by virtue of the [also] moral position they hold within the community.
Yet that same moral status, which underpins the concept of human dignity, imposes obligations on the person [as a dignified being] with respect to how that person acts. A person could not claim recognition of their status as a moral being while legitimately behaving contrary to the morality arising from the standards agreed upon by the community itself and enshrined in the Constitution and other provisions of a constitutional nature. In this regard, the question that arises is not whether beings to which dignity is not recognized—which are not considered moral beings on equal terms with persons, as is the case with animals—have rights; legal analysis instead leads to the question of whether, in constitutional terms, the concept of dignity entails any duty of conduct, relationship, or even consideration on the part of persons—moral agents—toward animals. The issue may also be framed by asking whether human dignity entails conduct solely and exclusively toward other beings possessing the same level of dignity, or whether this concept also gives rise to relational duties toward beings that, because of their condition and circumstances, may be affected or may even be at the mercy of the conduct of those beings to which the legal system recognizes dignity.
The answer cannot disregard the fact that the concept of dignity in the social State established by the Constitution must be exercised within the context created by the foundational principle of solidarity, the conceptual foundation upon which social relations within the Colombian State must be carried out. This solidarity enriches and complements the meaning of dignity, with the result that dignity cannot be understood as static and isolated from the reality in which it applies and, consequently, that its interpretation cannot result in the wholly unconsidered exclusion of circumstances relevant to the concept of the constitutional State. In this regard, if the constitutional State itself establishes a duty to protect animals through the protection of natural resources, the concept of dignity, as given concrete form through the interaction of persons in a community built within these constitutional parameters, cannot disregard the relationships that arise between persons and animals.
The basis for this connection lies in animals’ capacity to feel. This aspect is at the root of the connection between dignity and animal protection: the fact that animals are sentient beings capable of being affected by human actions. In other words, the possibility that they may be subjected to cruel treatment, actions involving mistreatment, or acts that cause them torture or distress requires human actions toward them to express the dignified conduct that dignified beings must display toward them. Indeed, the rational—moral—superiority of human beings cannot entail an absence of limits on causing suffering, pain, or distress to nonhuman sentient beings.” Although obvious, it bears mentioning that the justification rests on an indisputable factual observation: no interest is more fundamental to a sentient being than avoiding harm or mistreatment. This must be one of the paramount values within a moral community that acts and structures its relationships within the parameters of the constitutional State.
The conclusion now maintained arises exclusively from an analysis of the position human beings occupy as participants in a society and of the consequences for the relational life of that community that follow from treating dignity as the foundation of the concept of the person” (Emphasis not in the original).
The domestic legal system adopts, mutatis mutandis, this understanding of dignity and morality as applied to relations with animals, insofar as dignity requires conduct consistent with an ethical rationality toward all other living beings, since they form part of the environment in which human life unfolds.
First, Article 28 of the Political Constitution, which reaffirms the general right to freedom, also establishes a limit on that freedom, insofar as any action that harms morality and public order—and is therefore contrary to dignity—constitutes a valid ground for imposing limitations on that constitutional interest. In precisely this context, animal mistreatment constitutes an act contrary to dignity, because exercising dignity entails a moral duty of conduct both toward other human beings and in relation to the surrounding natural environment. It therefore follows readily that animal mistreatment violates morality, good customs (buenas costumbres), and public order, making its prohibition and prevention a matter of constitutional significance.
Consistent with this constitutional mandate, paragraph 2 of Article 385 of the Criminal Code punishes anyone who mistreats animals, harasses them, causes their death without necessity, or subjects them to manifestly excessive labor. The rationale for that provision and its placement in the section concerning petty offenses against good customs (contravenciones contra las buenas costumbres) (Book III, Title II of the Criminal Code) is none other than to safeguard an ethical rationality—a standard of human conduct within life in society—because animal mistreatment in fact injures dignity itself, the legally protected interest (bien jurídico tutelado), insofar as it constitutes a model of violence and insensitivity incompatible with healthy coexistence among human beings and a harmonious relationship with the natural environment surrounding us.
Likewise, the General Law of the National Animal Health Service, Law number 8495, provides:
“Article 1—Purpose. This Law regulates the protection of animal health, veterinary public health, and the operation of the Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Article 2—Objectives of the Law. The objectives of this Law are:
(a) To preserve, promote, protect, and restore animal health in order to ensure greater welfare and productivity for animals, in harmony with the environment.
Article 3—Public interest. The health of domestic, wild, aquatic, and all other animals is hereby declared to be a matter of public interest; (…)
Article 4—Interpretation of this Law. This Law shall be interpreted for the benefit of human health, animal health, and the environment, and for the protection of each of them. Case law, legal scholarship, and the general principles of law shall serve to interpret, integrate, and delimit the scope of application of the written legal framework, and shall have the rank of the provision they interpret, integrate, or delimit. Without prejudice to other principles, the following shall be considered: the precautionary or cautionary principle (principio precautorio o de cautela), the risk-analysis principle (principio de análisis de riesgos), the principle of protection of consumer interests (principio de protección de los intereses del consumidor), and the equivalence principle (principio de equivalencia).” Based on the foregoing, it is beyond dispute that protecting animal health is among the functions of the State, with respect to which SENASA has special jurisdiction (competencia especial). In particular, section 6(j) assigns SENASA the task of controlling and ensuring the health of domestic, aquatic, wild, and other animal species, while subsection (ñ) entrusts it with establishing authorization criteria for natural and legal persons (personas físicas y jurídicas) for each specific activity, the responsibilities assumed, and their limitations.
Now, as indicated, the protection of animal health is ultimately defined in relation to human beings themselves. Consequently, the scope of protection afforded to animals may validly be limited in consideration of other interests of legal significance (bienes jurídicamente relevantes) to human beings. In particular, the slaughter of animals intended for human consumption and use is an evident limitation on the duty to protect animals, since animal-derived products constitute essential elements of human diet and clothing. Mention must likewise be made of medical research and experimentation involving animals, as they constitute a fundamental element in the development of medicines and treatments benefiting human health. Similarly, the traditions of the Costa Rican people, whose protection may be inferred from Article 89 of the Political Constitution, are protected because they embody values belonging to the nation’s cultural heritage.
V.On the right to recreation. The right to recreation is enshrined in Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights, which defines it as “the right of every person to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay” (see judgment number 2009-002789 at 16:39 hours on February 20, 2009). The foregoing definition demonstrates the particular importance of the right in question, since every human being is entitled to enjoy a period of time in which to rest or engage in leisure activities distinct from those performed daily as part of their work; otherwise, the person would suffer physical and emotional strain that could have severe consequences for their health. Correspondingly, the State has an obligation to endeavor to ensure that the inhabitants of the Republic can exercise that right in the best possible manner. In addition to promoting activities of this nature, that duty entails endeavoring to ensure that they are conducted in a manner that guarantees the right to safety of those attending them, as stated in judgment number 2006-16628 at 11:02 hours on November 17, 2006:
“IV.—It should be noted that the aforementioned rights—like any other right—are subject to the limitations established by the legal system in order to safeguard the general interest. Thus, the right to recreation is subject to a series of limitations that guarantee the safety of persons participating in the various activities (…).” (Emphasis not in the original).
VI.On the specific case. First, the petitioners (recurrentes) allege that the company E.P. S. A. intends to hold a Pamplona-style bull run, which constitutes an act of mistreatment toward those animals. In this regard, the Chamber finds it established that, through application number 1109, received by the Municipalidad de Belén on March 13, 2012, the company E.P. S.A. applied for the respective permits for an event called “P.y M.,” to be held at the Complejo Pedregal from April 13 to 22, 2012. That same day, the organizer of the “P. y M.” event submitted certain documentation required to obtain the respective permits to the Área Rectora de Salud de Belén. Upon reviewing the record (autos), this Constitutional Court observes that the event in question includes the following activities: exhibitions by horse riders, all-terrain vehicles, motorcycles, musical bands, fireworks, mule races, and bull runs, among others.
The Pamplona-style bull run consists of the following: along a 750-meter route comprising 5 lanes, each 10 meters wide, animals and runners will race together, with no more than 400 persons permitted to participate in each event; as for the release of the animals, 3 bulls will be released first, 2 more will be released 2 minutes later, and the remaining 3 bulls will be released after another 2 minutes, for a total of 8 animals per run, which will enter a pen upon reaching the end of the route. Consequently, this Chamber concludes that at the “P.y M.” event, the bulls will not be slaughtered after the run, as occurs in Spain; rather, once it has ended, the animals will be taken to a pen so that their subsequent transportation back to the corresponding cattle farm can be arranged. However, this Court also notes that, in the case under review (sub examine), the Servicio Nacional de Salud Animal is not endorsing the holding of the “Pamplona y Más” event because, as that agency reports under oath, the organizers were unable to guarantee the animals’ welfare during the event.
Indeed, SENASA identifies a series of risks to the health and physical integrity of the animals that would be used for the “P. y M.” event which, in its specialized technical judgment, mean that the activity should not be endorsed: first, it explains that holding the races on paving stones is not advisable for the bulls’ health, since they should ideally be held on dirt or sand; second, it states that the organizer could not explain how the bulls would be induced to stampede or what stimulus would be used to make them run, which could involve electric prods, striking them, firecrackers, or other means, all of which are unauthorized methods because they cause stress to the animals; third, the organizer was also unable to explain what would be done if an animal fell; fourth, the organizer could not explain what would be done if the animals entered the tubular structure, where they could injure themselves or a person; fifth, it maintains that the passageways will intersect at right angles.
All these risks led SENASA to conclude that the “P. y M” event does not adequately safeguard the animals’ welfare. Based on this technical assessment, the Chamber finds it established that there is a demonstrated threat to the health and welfare of the bulls to be used in the activity at issue, which in turn infringes the rights to a healthy and ecologically balanced environment and to dignity. As indicated supra, animals are included within the concept of the environment because of the role they play in the development of human life, which makes them deserving of protection and humane treatment. In particular, domesticated fauna must be protected from suffering, mistreatment, and cruelty without legitimate justification, because this reflects a particular ethical rationality and corresponds to humankind’s awareness of the fair and dignified manner in which it must interact with nature. Moreover, cruelty to animals is contrary to public morality (buenas costumbres), such that its prohibition constitutes a constitutional and reasonable limitation on the right to recreation.
Furthermore, by resolution Nº IX-16-08-2012, adopted at the ordinary meeting of its Board of Directors held on March 20, 2012, the Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica emphasized, in connection with the “P. y M.” event, the relationship between violence toward animals and violence among people. Specifically, it stressed that “we are faced with a manifestation of insensitivity and feelings of pleasure at the suffering of others, which—to foster a peaceful society—we must change at its root through every means available to us.” It also emphasized that mental health is instead promoted through activities that respect people and living beings in general and that demonstrate empathy toward suffering. Likewise, as indicated supra, the right to recreation is subject to a series of limitations that guarantee the safety of persons participating in the various activities. On this point, SENASA notes, as an additional reason for disapproving the activity, that the organizers were unable to explain what would happen if, during the race, as the bulls stampeded in pursuit of the 400 persons, someone fell and could be trampled by the other persons and the oncoming bulls.
Such a situation constitutes an evident threat to the right to health of those persons. Finally, the Chamber notes that, in this case, tradition cannot be invoked as a limitation on animal welfare, since it is evident that “Pamplona”-style bull runs have no roots whatsoever in Costa Rican culture.
VII.Lastly, the respondents also alleged in this proceeding that the “P. y M.” event intended to sell liquor indiscriminately and, moreover, that no safety, health, or hygiene precautions had been taken for holding the event. With respect to this argument, it is not for this Constitutional Court to verify compliance with the relevant legal requirements in order to determine whether the organizer of the “Pamplona y Más” event should be granted licenses to sell liquor at the event, much less what quantities should or should not be authorized for sale. Nor is it within the jurisdiction of the Chamber to examine each of the requirements set forth in subconstitutional regulations (normativa infraconstitucional) in order to authorize or deny an event such as this on grounds of safety, health, hygiene, among others, as the petitioners seek. Doing so would mean that, through the summary amparo proceeding (recurso de amparo), the Chamber would undertake to verify whether, for example, the event organizer submitted the corresponding evacuation plans, the contract with the private company that would be responsible for collecting garbage and other waste, as well as the other matters relating to private security within the event, among other requirements imposed by the legal system.
Such claims plainly concern matters of ordinary legality that cannot be assessed by this Constitutional Court and must instead be brought before the administrative authorities or, as appropriate, before the ordinary courts. Consequently, the amparo proceeding must be dismissed with respect to this allegation. Lastly, the Chamber considers that it is not appropriate to impose upon the Municipalidad de Belén and the Ministerio de Salud an unliquidated award (condenatoria en abstracto) for the payment of costs, damages, and losses caused, since the record shows that, as of the date on which the amparo proceeding was filed, neither entity had authorized the activity challenged by the petitioners in this proceeding; the event organizer had merely submitted the requirements to them, and that process was halted by the filing of this proceeding.
I fully agree with the reasoning set forth in the judgment, since this is the approach the Chamber has developed in its judgments when addressing environmental protection, seeking to understand it in a broader sense than merely protecting forests and other resources, and also with respect to wildlife as part of the ecosystem. I emphasized this in judgments No. 1995-5893 and 1993-3705, stating that:
“…Certainly, human beings have the right to use the environment for their own development, but they also have the corresponding duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Thus, for example, the Stockholm Conference states that ‘man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.’ It must not be overlooked that the soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological diversity, and landscape form the environmental framework without which basic needs such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation would be impossible to meet. Likewise, our economy is also closely tied to the condition of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural and tourism activities and the success of major investments and infrastructure ultimately depend on their conservation.
For this reason, Environmental Law (Derecho Ambiental) should not be associated solely with nature, since nature is only one part of the environment. The policy for protecting nature also extends to other matters, such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is therefore a macro-environmental concept, intended to ensure that important concepts are not excluded and thus to unify the body of law that we call Environmental Law…” (judgment No. 1995-5893) “…The environment, therefore, must be understood as a potential source of development to be used appropriately, and action must be taken in an integrated manner with respect to its natural, sociocultural, technological, and political relationships; otherwise, its productivity for the present and the future will be degraded, and the heritage of future generations could be placed at risk. The origins of environmental problems are complex and arise from an interplay of natural and social processes within the framework of the model of socioeconomic development adopted by the country.
For example, environmental problems arise when methods of exploiting natural resources cause degradation of ecosystems beyond their capacity for regeneration, thereby harming broad sectors of the population and generating substantial environmental and social costs that result in a deterioration in quality of life; indeed, the primary objective of using and protecting the environment is to achieve development and progress favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters include health, food, employment, housing, education, and so forth. More important, however, is understanding that although human beings have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. This is not particularly novel, because it is merely the application to this field of the principle of ‘injury’ (lesión), already firmly established in general law, under which the lawful exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and beneficial enjoyment of the right itself…” (Judgment No. 1993-3705) In this case, I agree with the statement in the cited judgment of the Tribunal Constitucional de Colombia that the concept of dignity also imposes upon human beings a standard of conduct consistent with ethical rationality toward all other living beings, since they form part of the environment in which human life develops.
Accordingly, in my view, not only violence itself, but also the unnecessary and intentional stress inflicted upon these animals in an activity such as the one proposed, violates the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), as well as human health. This is because studies demonstrate that environmental stress disrupts an organism’s equilibrium and that, in response to this stimulus, a series of behavioral and/or physiological reactions is triggered so that the organism can adapt as effectively as possible to the new situation. On some occasions, however, if the situation becomes chronic, the animal’s capacity to react diminishes, causing problems in reproductive growth, osmoregulatory, and immune processes that are reflected at the organism, population, and community levels.
Thus, not only is the animal affected, but the stress intentionally inflicted upon these animals could even have consequences for human health if the animals are subsequently slaughtered for food. A document produced in 2001 by the Regional Office for Asia and the Pacific of the Food and Agriculture Organization—FAO, by its acronym in English—entitled “Guidelines for Humane Handling, Transport and Slaughter of Livestock,” states:
“Scientific research has shown that warm-blooded animals (including livestock) feel pain and fear. Mammals in particular, including those intended for food production, have a brain structure that enables them to experience fear and pain, and they are very likely to experience pain in the same way as humans. Fear and pain are major causes of stress in livestock, and stress affects meat quality. Pain is generally the consequence of injury or mistreatment, which in turn affects the meat quality of the animals concerned.
When animals are subjected to unusual conditions or circumstances through the deliberate actions of people, those people have a moral responsibility to ensure their welfare and prevent them from suffering unnecessary discomfort, stress, or injury.
Efficient, skilled, and calm handling of livestock, using the recommended techniques and facilities and taking measures to prevent pain and accidental injuries, will reduce stress in the animals and thereby prevent deficiencies in the quality of meat and meat products.” In this regard, I reiterate and reaffirm that this type of treatment of animals likewise contravenes the constitutional provisions concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment, which, as the case law (jurisprudencia) of this Chamber has held, even has implications for the protection of human health, since people may be exposed to unnecessary risks arising from the aforementioned environmental violation. In addition to the foregoing, I wish to place on record that treating any living being as an object of play, mockery, laughter, or any form of unnecessary aggression violates profound principles shared by all human beings, such as fostering peace, harmony with nature, and the very condition of possessing and conveying dignity to others.
Turning aggression against an animal into a spectacle is not only contrary to human dignity itself; it unquestionably provokes greater violence in the animal, which naturally activates its defense mechanisms, while among people it manifests itself as a glorification of aggression, which is nothing more and nothing less than humanity’s regression into barbarism.
Por tanto:
The petition is declared partially well-founded solely as to the violation of the constitutional rights to dignity, health, and the environment. In all other respects, the petition is denied. Gustavo Espinoza Chaves, Director of the Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes and Marielos Segura Rodríguez, respectively Mayor and President of the Concejo Municipal de Belén; and Rafael Ángel Zamora Fernández, legal representative of Eventos Pedregal Sociedad Anónima, or whoever may hold their positions, are ordered to immediately issue the necessary orders to ensure that the event known as Pamplona y Más does not include any activity related to Pamplona-style bull runs. The aforementioned officials and persons are advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in amparo proceedings that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
Eventos Pedregal Sociedad Anónima is ordered to pay the costs and the damages and losses caused, which shall be determined during the civil enforcement of the judgment (ejecución de sentencia de lo civil). This decision shall be served personally upon Gustavo Espinoza Chaves, Director of the Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes and Marielos Segura Rodríguez, respectively Mayor and President of the Concejo Municipal de Belén; and Rafael Ángel Zamora Fernández, legal representative of Eventos Pedregal Sociedad Anónima, as well as upon the Servicio Nacional de Salud Animal for action within the scope of its duties. Justices Castillo and Piza dissent. Justice Calzada appends a note setting forth additional reasons. Let notice be given.- Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Rosa Ma. Abdelnour G. Rodolfo Piza R.
Mc/oloria.- DISSENTING OPINION OF JUSTICES CASTILLO VÍQUEZ AND PIZA ROCAFORT We have dissented in this matter and would deny the petition for a writ of amparo (Recurso de Amparo), because we consider that the so-called “pamplonada” should not be restricted by the Constitutional Chamber, but rather, because these are private activities, their regulation and restriction are matters reserved to legislation and should be decided by the Asamblea Legislativa within the framework of its constitutional powers.
It is our view that the decision whether to prohibit certain games or traditions involving interaction between animals and human beings—provided that they do not entail inhumane treatment or manifest cruelty toward animals—is a decision for the legislature or, in application and within the framework of the law, for the health or environmental authorities, and not for constitutional courts, which must not substitute themselves for the legislature in this area. In our country, for example, it was the legislature that prohibited “cockfighting” in the 1920s. In Cataluña, for example, bullfighting was prohibited by a decision of the Parliament of that Spanish Autonomous Community. As we understand it, in no case do decisions of this kind fall to the constitutional judge, since otherwise the courts, rather than legislators, would ultimately regulate civil liberties. Subject to respect for the essential content of each right (contenido esencial de cada derecho), this falls within the exclusive authority of the legislature under the principle of statutory reservation (reserva de ley), pursuant to Articles 28 and related provisions of the Constitution.
Constitutional courts may delimit and annul legislative, administrative, and even private acts, but they must not substitute themselves for legislators in regulating private activities. Even the Asamblea Legislativa is subject to constitutional limits in this regard, because it may regulate and restrict the exercise of fundamental rights, but only while respecting the essential content of each right and provided that the private conduct to be regulated is capable of disturbing public order—in the strict sense—morality, or the rights of others.
Constitutional courts must resist the temptation to substitute themselves for legislators in regulating human conduct, regardless of how desirable or undesirable such conduct may appear to constitutional judges. The constitutional and democratic system is founded on the principle that only the legislature may regulate civil liberties, not public administrators or judges, even constitutional judges. Reviewing the constitutionality of acts by public authorities and even private parties in order to remedy violations of the Constitution and the laws is one thing; substituting oneself for the legislature in deciding what private individuals should or should not be permitted to do is quite another.
Furthermore, we consider that the so-called “pamplonada” is not substantively different in any respect from the so-called “toros a la tica,” and we find no reason why the latter should be permitted while the former is prohibited. Both involve a relationship between bulls and human beings in which the bulls are made to interact with or run behind human beings. In the case of toros a la tica, this occurs only within a bullring, whereas in the case of the so-called “pamplonada,” it occurs along a passageway leading to a bullring. If the pamplonada were considered an act of “barbarity,” there would be even more reason to describe “toros a la tica” in the same terms. In both cases, the bulls experience “stress” or adrenaline, as do the human beings participating in the event; the only difference is that during the pamplonada, the bulls run behind human beings who voluntarily choose to participate, whereas during toros a la tica, the bulls are exposed to being mocked, having their tails pulled, being prodded, jumped over, and pushed, in addition to being made to run forward, backward, and from side to side.
Although we do not agree with it from a constitutional standpoint, we would at least have found the majority’s decision coherent if the prohibition of the pamplonada had also included a prohibition of toros a la tica, especially because, under the guise of a “tradition” with “deep roots in Costa Rican culture,” there are multiple forms of games involving bulls that have changed over time and are not more intense in one form than in another. Taken to its ultimate consequences, the majority’s position would mean that the killing of whales, seals, rhinoceroses, or cetaceans, or the pamplonada or bullfighting, is valid in some cultures but not in others, depending on each country’s tradition and cultural roots. Taken to its natural consequences, moreover, that position would prevent cultural traditions from changing and freeze them in time, because any change in their form—as has, incidentally, also occurred with “toros a la tica”—would be contrary to the Constitution, whereas keeping them unchanged would make them constitutionally valid.
Festivals and games involving interaction between animals and human beings are historical, recreational traditions that need not be branded as inhumane or as cruelty to animals. Costa Rican tradition and legislation have prohibited the death or unnecessary suffering of animals, and we, the undersigned, agree with that decision; but there is nothing in the so-called “pamplonada” that promotes the death or suffering of animals beyond the natural scope of the festival and the “stress” inherent in recreational interaction between animals and humans. As stated above, there is play and interaction between the former—the bulls—and the latter—the human beings; but within the reasonable parameters of the game, this cannot in itself be characterized as either contrary to human dignity or cruel to animals.
Fernando Castillo V. Rodolfo E. Piza R.
agarromo ggarrof 19 24 2013-01-28T19:41:00Z 2015-08-24T15:31:00Z 1 10995 60477 Poder Judicial 503 142 71330 11.6505 Print Clean Clean 21 false false false false MicrosoftInternetExplorer4 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cero minutos del diez de abril del dos mil doce.
Recurso de amparo interpuesto por M. G. F., portadora de la cédula de identidad {…}, a favor de la Asociación Costarricense Acara de Rescate Animal,; V. G. N., portadora de la cédula de identidad {…}, a favor de la Fundación Amigo Animal,; y J. P. G., portadora de la cédula de identidad {…}, a favor de la Organización de Voluntarios de Amor; contra la empresa E. P. S. A, la Municipalidad de Belén y el Área Rectora de Salud de Belén.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Admisibilidad del recurso. En lo atinente a la recurrida Eventos Pedregal Sociedad Anónima, por tratarse de un sujeto de derecho privado, conviene aclarar el porqué de la admisión de este amparo. En este sentido, la Sala ha sido clara al decir:
"Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no" (sentencia número 151-97 de las 15:27 horas del 08 de enero de 1997).
Establece el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la Sala que la empresa E.P. S. A, podría estar actuando desde una posición de poder, de hecho o de derecho, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultarían claramente insuficientes, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.
II.Objeto del recurso. Las recurrentes alegan que la empresa E.P.S.A. pretende realizar una corrida de toros al estilo de Pamplona, lo que constituye un acto de maltrato hacia esos animales. Además, reclaman que en la actividad se va a vender licor indiscriminadamente. Finalmente, arguyen que no se han tomado las previsiones de seguridad, salud e higiene requeridas para efectuar ese evento. Todo lo anterior atenta contra el numeral 50 de la Constitución.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados: a) mediante trámite número 1109, recibido en la Municipalidad de Belén el 13 de marzo de 2012, la empresa E. P. S. A. gestionó permisos para un evento denominado “P.y M”, por realizar en el complejo Pedregal del 13 al 22 de abril de 2012 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal de Belén, así como prueba aportada al expediente); b) el 13 de marzo de 2012, el organizador del evento “P. y M.” presentó ante el Área Rectora de Salud de Belén, cierta documentación requerida para obtener los respectivos permisos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Director del Área Rectora de Salud de Belén, así como prueba aportada al expediente); c) el evento denominado “P. y M. incluye las siguientes actividades: presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales, juego de pólvora, competencias de mulas y corridas de toros, entre otras (ver prueba aportada al expediente); d) la corrida de toros al estilo Pamplona consiste en lo siguiente: durante el recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros de ancho, se desarrollará una carrera conjunta de animales y corredores, donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento; en cuanto a la salida de los animales, primero saldrán 3 toros, 2 minutos después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3 toros, para un total de 8 animales por corrida, que al llegar al final del recorrido entrarán a un corral (ver prueba aportada al expediente); e) el Servicio Nacional de Salud Animal no avala la realización del evento “P. y M.”, a efectuarse en el C.E.P, ya que la organización no pudo garantizar el bienestar de los animales durante el evento ni la seguridad de las personas que corran (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora General del Servicio Nacional de Salud Animal).
IV.Sobre el resguardo de los animales y la dignidad de las personas. En cuanto a la protección general a los recursos naturales de la Tierra, este Tribunal ha desarrollado profusamente el denominado derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De manera clara, ha establecido que tal derecho tiene su razón de ser en tanto constituye un elemento esencial para resguardar la vida humana. En efecto, el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza – ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.
Aunque lo expuesto parezca obvio, lo cierto es que no es sino hasta mediados del siglo pasado, en la cúspide de la era industrial, que emerge una conciencia más activa de que no existe un sistema de la sociedad y otro de la naturaleza, sino que ambos no son más que subsistemas de uno mayor: el proceso de la vida. En cuanto a la sociedad, esta se origina en un espacio preexistente de la naturaleza, que condiciona, en parte, su estilo de desarrollo y contribuye a moldear el tipo de organización socio económico; por su parte, la naturaleza resulta transformada, en parte, por la intervención del ser humano. De lo anterior derivan consecuencias en el espacio y tiempo con dimensiones mundiales, de lo cual la sociedad contemporánea es cada día más consciente dada la mayor interconexión resultante de una globalización intensificada y el auge de la sociedad de la información. Precisamente, en la era actual, la mayor demanda de recursos provenientes de la naturaleza y una más alta sofisticación del consumo, han vuelto más tensa la relación sociedad-naturaleza pero a la vez han concienciado acerca de la complejidad de la misma, de la interdependencia funcional que subyace, y de la necesidad de tomar medidas equilibradas para garantizar el bien supremo vida.
De este modo, el concepto vigente de desarrollo humano no puede ser concebido sin la variante ambiental, la cual exige, ciertamente, una racionalidad ecológica, un equilibrio entre la necesaria satisfacción de las necesidades humanas y las posibilidades de la naturaleza para ello, y, además, una racionalidad ética, es decir, una racionalidad con un grado de intersubjetividad relevante sobre el cual se postulan determinadas exigencias morales a la sociedad.
Atinente a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la sentencia número 2002-11429 de las 9:14 horas del 29 de noviembre de 2002, se estableció que en relación al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho a un ambiente sano “tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita”, mientras que el derecho a un “ambiente ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales”. También se hace énfasis en que el Estado Social de Derecho “produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de gran relevancia social” entre lo que cuales destaca la protección de los recursos naturales como medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Precisamente, se señala en la sentencia antedicha, que el “Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales (…)” Por consiguiente, el numeral 50 de la Constitución no contiene una mera protección a la naturaleza y los elementos que tradicionalmente la componen; en realidad, la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la noción de “ambiente sano” está referida a todos y cada uno de los ámbitos que comprenden el desarrollo de la persona, de modo que se debe procurar el mayor bienestar y equilibrio en cada una de esas esferas; de ahí el carácter general de ese derecho. Por otro lado, el concepto “ambiente ecológicamente equilibrado” también abarca al ser humano, porque estriba en el requerido equilibrio entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales.
Por último, debe enfatizarse en que esta idea de la protección del ambiente, que se encuentra reconocida en nuestra Constitución, no significa únicamente un deber de prohibir o impedir toda actividad que atente contra ese derecho, sino también la obligación de preservar la naturaleza. La preservación significa desarrollar todo tipo de acciones dirigidas a poner a cubierto anticipadamente este derecho de posibles peligros. Tales obligaciones de resguardar el ambiente y procurar un ambiente ecológicamente equilibrado no solo están a cargo del Estado sino que todos los habitantes de la República tienen el deber de actuar de conformidad.
El concepto de ambiente comprende los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y, como se indicó, desde el punto de vista constitucional la ratio iuris de su protección radica en su significación para preservar la vida y asegurar la supervivencia de futuras generaciones. Precisamente, la declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de junio de 1972, estipula, dentro de sus proclamas, que:
“1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.
“3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja.” De la noción de ambiente se colige entonces la obligación del ser humano de proteger la fauna. Así, de modo expreso, la Declaración menciona, con categoría de principio, el deber de proteger la fauna por parte del ser humano:
Principio 2. Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación, según convenga. –subrayado ausente en texto original- Tal principio comprende entonces la fauna en general. En cuanto a la fauna silvestre, el principio 4 establece:
PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.
De otro lado, mediante RES. AG 37/7 del 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, en la cual se subraya que el tiempo libre del ser humano se desarrolla de modo óptimo si hay vida en armonía con la naturaleza; además, destaca que el respeto por la vida de cualquier ser significa un código de acción moral, esto es, una racionalidad ética que penetra la forma en que los seres humanos nos comportamos:
“Conciente de que b) La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.
(…)
“Convencida de que:
Consecuentemente, la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores de protección y un trato digno. Así, la fauna silvestre o salvaje, aquella que vive sin intervención inmediata del hombre para su desarrollo o alimentación, es protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies. Por su parte, la fauna domesticada o en proceso de domesticación se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza.
Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-666/10, profundiza en el concepto de dignidad de la siguiente forma:
“En otras palabras, el concepto de dignidad de las personas tiene directa y principal relación con el ambiente en que se desarrolla su existencia, y de éste hacen parte los animales. De manera que las relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas como un deber de protección a los recursos naturales, sino que resultan concreción y desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento constitucional, por lo que la libertad de configuración que tiene el legislador debe desarrollarse con base en fundamentos de dignidad humana en todas aquellas ocasiones en que decide sobre las relaciones entre seres humanos y animales; asimismo, en su juicio el juez de la constitucionalidad se debe edificar la racionalidad de su decisión sobre argumentos que tomen en cuenta el concepto de dignidad inmanente y transversal a este tipo de relaciones”.
…
“En efecto, lo esencial, y en su momento novedoso, del Estado constitucional es que la persona es vista no sólo como ser protegido, sino como fin primordial del actuar del Estado, y esa concepción se construye, argumenta, interpreta y concreta con base, siempre, en derechos humanos, que al interior de un sistema jurídico nacional suelen denominarse derechos fundamentales. Es ese el principal insumo para el concepto de persona dentro del Estado constitucional, pues a partir del contenido de los derechos fundamentales es que se puede fundar gran parte de las garantías que el Estado [social] debe reconocer a los integrantes de la sociedad. Sin embargo, la dignidad humana no es un simple concepto fruto [o útil para] el garantismo estatal. La dignidad resulta un concepto integral en cuanto encarna, representa y construye un concepto, integral, de persona. La dignidad no se otorga, sino que se reconoce, de manera que siempre podrá exigirse de los seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este sentido, coherente con su condición de ser moral que merece el reconocimiento de dichas garantías y que, llegado el caso, podría exigirlas por la posición [también] moral que tiene dentro de la comunidad.
Pero esa misma condición moral, que sustenta el concepto de dignidad humana, genera obligaciones a esa persona [en cuanto ser digno] en su manera de actuación. No podría una persona pretender que sea reconocida su condición de ser moral y comportarse legítimamente de forma contraria a la moral que se deriva de los parámetros acordados por la propia comunidad y que son consagrados en la Constitución y demás normas de naturaleza constitucional. En ese sentido, la pregunta que surge no es si los seres a los que no se les reconoce dignidad –que no son considerados seres morales en igualdad de condiciones que las personas, como son los animales- tienen derechos; el análisis jurídico conduce a cuestionarse si, en términos constitucionales, el concepto de dignidad comporta algún deber de actuación, relación o, incluso, consideración de las personas –agentes morales- respecto de los animales. La cuestión puede ser también planteada al preguntarse si la dignidad humana implica comportamientos única y exclusivamente respecto de los otros seres con el mismo nivel de dignidad o si de este concepto se deducen deberes relacionales, además, respecto de aquellos seres que por su condición y situación pueden ser afectados o, incluso, se encuentran a merced del actuar de los seres a los que el ordenamiento jurídico les reconoce dignidad.
La respuesta no puede desconocer que el concepto de dignidad en el Estado social previsto por la Constitución debe ejercerse dentro del contexto creado por el principio fundacional de solidaridad, tronco conceptual sobre el cual tienen que realizarse las relaciones sociales dentro del Estado colombiano. Solidaridad que enriquece y complementa el significado de dignidad y que da como resultado que ésta no pueda ser entendida de forma estanca y aislada de la realidad en la que se aplica y que, por consiguiente, su interpretación no pueda resultar en una exclusión sin consideración alguna de situaciones relevantes para el concepto de Estado constitucional. En este sentido, si en el mismo Estado constitucional se consagra el deber de protección a los animales vía la protección de los recursos naturales, el concepto de dignidad que se concreta en la interacción de las personas en una comunidad que se construye dentro de estos parámetros constitucionales no podrá ignorar las relaciones que surgen entre ellas y los animales.
El fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es este aspecto la raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser afectados por los actos de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien obliga a que las acciones que respecto de ellos se realicen por parte de los seres humanos sean expresión del comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la superioridad racional –moral- del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos”. Aunque obvia, valga mencionar que la justificación radica en una apreciación fáctica incontestable: no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato.
Y debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional. La conclusión ahora sostenida es fruto exclusivamente del análisis de la posición que los seres humanos tienen como partícipes de una sociedad y de las consecuencias que para la vida relacional de dicha comunidad se derivan de considerar a la dignidad como fundamento del concepto de persona” (Lo destacado no corresponde a lo original).
El ordenamiento jurídico patrio recoge, mutatis mutandi, esta acepción de la dignidad y la moral aplicada a las relaciones con los animales, en la medida que la dignidad obliga a un comportamiento ajustado a una racionalidad ética con respecto al resto de seres vivos, toda vez que estos forman parte del medio en que se desenvuelve la vida humana.
Primeramente, el artículo 28 de la Constitución Política, que reafirma el derecho genérico a la libertad, a su vez se erige como límite de la misma, en la medida que toda acción que dañe la moral y el orden público, esto es contrario a la dignidad, constituye motivo válido para fijar limitaciones a ese bien constitucional. En este contexto, precisamente, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la dignidad toda vez que el ejercicio de esta última comporta un deber moral de actuación tanto con respecto a los demás seres humanos como en relación con el entorno natural que lo rodea. De ahí que se coliga con facilidad que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que su prohibición y prevención deviene un asunto de relevancia constitucional.
Acorde con este mandato constitucional, el numeral 385 inciso 2) del Código Penal sanciona a quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos. La razón de ser de esa disposición y su ubicación en el apartado relativo a las contravenciones contra las buenas costumbres (Libro III Título II del Código Penal) no es otra que resguardar una racionalidad ética, un parámetro de la conducta humana dentro de la vida en sociedad, porque el maltrato a los animales implica, en realidad, una lesión a la propia dignidad, bien jurídico tutelado, en la medida que constituye un modelo de violencia e insensibilidad ajeno a un sano convivir entre seres humanos y a una relación armoniosa con el entorno natural que nos rodea.
Asimismo, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley número 8495 estatuye:
“Artículo 1º—Objeto. La presente Ley regula la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Artículo 2º—Objetivos de la Ley. La presente Ley tiene como objetivos:
Artículo 3º—Interés público. Decláranse de interés público la salud de los animales domésticos, silvestres, acuáticos y cualesquiera otros; (…)
Artículo 4º—Interpretación de esta Ley. La presente Ley será interpretada en beneficio de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, y para la protección de cada uno de ellos. La jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del Derecho servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Sin perjuicio de otros principios, se considerarán los siguientes: el principio precautorio o de cautela, el principio de análisis de riesgos, el principio de protección de los intereses del consumidor, el principio de equivalencia” Con base en lo expuesto, es inobjetable que la protección de la salud animal forma parte de las funciones del Estado, respecto de lo cual SENASA ostenta una competencia especial. En particular, el ordinal 6 inciso j) le asigna a SENASA la tarea de controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros de las diferentes especies, mientras que el inciso ñ) le atribuye establecer criterios de autorización de personas físicas y jurídicas para cada actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones.
Ahora bien, como se indicó, la protección a la salud animal se define en última instancia en función del mismo hombre. Por consiguiente, es válido limitar la extensión de espectro de protección a los animales en consideración a otros bienes jurídicamente relevantes para el ser humano. En particular, el sacrificio de animales destinados al consumo y aprovechamiento humanos es un evidente límite al deber de protección animal, toda vez que los productos derivados de los animales constituyen elementos esenciales de la dieta y vestimenta humanas. Igualmente, se debe hacer mención a la investigación y experimentación médica con animales, por cuanto ello constituye un elemento fundamental para el desarrollo de medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud humana. Del mismo modo, las tradiciones del pueblo costarricense, cuya protección se infiere del artículo 89 de la Constitución Política, son objeto de tutela por tratarse de valores propios del acervo cultural de la nación.
V.Sobre el derecho a la recreación. El derecho a la recreación se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo define como “el derecho que tiene toda persona al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (ver sentencia número 2009-002789 de las 16:39 horas del 20 de febrero del 2009). De la anterior definición, se deriva la especial relevancia que ostenta el derecho de cita, ya que el ser humano tiene derecho a disfrutar de un espacio de tiempo para descansar o efectuar actividades de esparcimiento, distintas a las acciones que realiza diariamente en sus ocupaciones laborales, pues de no ser así, la persona sufriría un desgaste físico y emocional que podría traer consecuencias severas para su salud. Correlativamente, el Estado tiene la obligación de procurar que los habitantes de la república puedan ejercer tal derecho de la mejor manera posible. Tal deber implica, además de promocionar la realización de actividades de esta índole, procurar que estas se ejecuten en forma tal que se garantice el derecho a la seguridad de las personas que asisten a las mismas, tal y como se indicó en la sentencia número 2006-16628 de las 11:02 horas del 17 de noviembre de 2006:
"IV.- Conviene señalar, que los derechos antes mencionados, -al igual que cualquier otro derecho-, se encuentran sometidos a las limitaciones que establezca el ordenamiento jurídico, ello en aras de salvaguardar el interés general. Así, el derecho a la recreación se encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la seguridad de las personas que participan en las distintas actividades (…).” (Lo destacado no corresponde al original).
VI.Sobre el caso concreto. En primer término, las recurrentes alegan que la empresa E.P. S. A. pretende realizar una corrida de toros al estilo de Pamplona, lo cual constituye un acto de maltrato hacia esos animales. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que mediante trámite número 1109, recibido en la Municipalidad de Belén el 13 de marzo de 2012, la empresa E.P. S.A. solicitó los respectivos permisos para un evento denominado “P.y M. por celebrarse en el Complejo Pedregal del 13 al 22 de abril de 2012. Ese mismo día, el organizador del evento “P. y M.” aportó ante el Área Rectora de Salud de Belén, cierta documentación requerida para obtener los respectivos permisos. De la lectura de los autos, ese Tribunal Constitucional observa que el evento en cuestión incluye las siguientes actividades: presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales, juego de pólvora, competencias de mulas y corridas de toros, entre otras.
En cuanto a la corrida de toros al estilo Pamplona, la actividad consiste en lo siguiente: durante el recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros de ancho, se desarrollará una carrera conjunta de animales y corredores, donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento; en cuanto a la salida de los animales, primero saldrán 3 toros, 2 minutos después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3 toros, para un total de 8 animales por corrida, que al llegar al final del recorrido entrarán a un corral. Por consiguiente, esta Sala concluye que en el evento “P.y M. los toros no serán sacrificados luego de la corrida, tal y como sucede en España, sino que al finalizar aquella, los animales más bien van a ser llevados a un corral a fin de organizar su traslado posterior a la ganadería correspondiente. Sin embargo, este Tribunal también advierte que en el sub examine, el Servicio Nacional de Salud Animal no está avalando la realización del evento “Pamplona y Más” toda vez que, como informa bajo juramento esa dependencia, los organizadores no pudieron garantizar el bienestar de los animales durante el evento.
En efecto, el SENASA expone una serie de riesgos para la salud e integridad de los animales que se utilizarían para el evento “P. y M.” que, según su criterio técnico especializado, hacen que no deba ser avalada dicha actividad: primero, explican que no es recomendable para la salud de los toros que las carreras se hagan sobre adoquines, pues lo ideal es que sea sobre tierra o arena; segundo, afirman que el organizador no pudo responder cómo van a tirar los toros en estampida, no pudo decir cuál va a ser el estímulo para que los toros salgan corriendo, esto podría ser con chuzos eléctricos, pegándoles, con bombetas, entre otros, todos los cuales constituyen métodos no autorizados ya que estresan a los animales; tercero, el organizador tampoco pudo responder qué haría en caso de tener un animal caído; cuarto, tampoco pudo contestar qué haría si los animales se metieran entre la estructura de tubos, pudiendo lesionarse o lesionar a una persona; quinto, sostiene que la comunicación entre los pasillos se hará en ángulo recto.
Todos esos riesgos hicieron llegar a la conclusión al SENASA que el evento “P. y M” no asegura adecuadamente el bienestar de los animales. Con base en este criterio técnico, la Sala tiene por acreditado que existe una amenaza demostrada a la salud y bienestar de los toros por utilizar en la actividad de marras, lo que a su vez vulnera los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la dignidad. Como se indicó supra, la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores de protección y un trato digno. En particular, la fauna domesticada se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza.
Por lo demás, la crueldad con los animales resulta contraria a las buenas costumbres, de manera que su proscripción constituye un límite constitucional y razonable al derecho a la recreación. A mayor ahondamiento, el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, por acuerdo Nº IX-16-08-2012 tomado en la sesión ordinaria de Junta Directiva celebrada el 20 de marzo de 2012, en torno a la actividad “P. y M.” subrayó la relación existente entre la violencia hacia los animales y la violencia entre las personas. En concreto, destacó que “estamos ante una manifestación de insensibilidad y sentimientos de placer ante el dolor ajeno lo que –para promover una sociedad pacífica- debemos modificar de raíz por todas las vías que nos sea posible”. Asimismo, enfatizó que la salud mental se promueve, más bien, por medio de actividades respetuosas con las personas y los seres vivos en general, empáticas ante el dolor.
Asimismo, como se indicó supra, el derecho a la recreación se encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la seguridad de las personas que participan en las distintas actividades. En cuanto a este punto, SENASA apunta, como argumento adicional para desaprobar la actividad, que los organizadores no pudieron responder qué pasaría si en la carrera, cuando los toros salieran en estampida persiguiendo a las 400 personas, alguna persona se cayera, pudiendo ser aplastada por las demás personas y los toros que vinieran corriendo. Tal situación implica una evidente amenaza al derecho a la salud de la personas. Finalmente, la Sala advierte que en este caso no resulta oponible la tradición como límite al bienestar animal, pues resulta evidente que las corridas al estilo “Pamplona” no tienen arraigo alguno en la cultura costarricense.
VII.Por último, las amparadas también alegaron en este recurso que en el evento “P. y M.” se pretendía vender licor indiscriminadamente y, además, no se habían tomado las previsiones de seguridad, salud, e higiene para efectuar ese evento. Respecto a este planteamiento, no corresponde a este Tribunal Constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos legales respectivos a fin de que al organizador del evento “Pamplona y Más” se le otorguen o no las licencias para poder expender licor en la actividad, ni mucho menos, cuáles son las cantidades que le deben o no ser autorizadas para la venta. Tampoco le compete a la Sala examinar cada uno de los requisitos contemplados en la normativa infraconstitucional para autorizar o no una actividad como esta, en términos de seguridad, salud, higiene, entre otros, tal y como lo pretenden las accionantes. Lo anterior significaría que por la vía sumaria del amparo, la Sala entrara a verificar si, por ejemplo, el organizador del evento cumplió con la presentación de los planes de evacuación correspondientes, el contrato con la empresa privada que se encargaría de la recolección de basura y demás desechos, así como los demás extremos relativos con la seguridad privada a lo interno del evento, entre otros requisitos que exige el ordenamiento.
Tales pretensiones evidentemente constituyen extremos de mera legalidad que no pueden ser valorados por este Tribunal Constitucional, cuyo reclamo debe ser formulado ante las dependencia administrativas o, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el recurso de amparo debe ser desestimado respecto a este alegato. Por último, considera la Sala que no corresponde decretar contra la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud una condenatoria en abstracto al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, pues de los autos se colige que, a la fecha de interposición del amparo, ninguna de estas entidades había autorizado la actividad impugnada por las recurrentes en este amparo; únicamente les fueron presentados los requisitos por parte del organizador del evento, trámite que se detuvo con la interposición de este recurso.
Coincido plenamente con lo expuesto en la sentencia, ya que éste ha sido el planteamiento que la Sala ha desarrollado en sus sentencias al referirse a la protección del ambiente, procurando su entendimiento en un sentido más amplio que la simple tutela de los bosques y otros recursos, sino también respecto de la fauna como parte del ecosistema. Así lo enfaticé en las sentencias No. 1995-5893 y 1993-3705, al señalar que:
“…Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras. Así por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras." No debe perderse de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y minerales, los bosques, la diversidad biológica y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos.
Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macroambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental…” (sentencia No. 1995-5893) “…El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país.
Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo..." (Sentencia No. 1993-3705) En este caso comparto lo señalado en la sentencia que se cita del Tribunal Constitucional de Colombia, al indicar que el concepto de dignidad también impone un comportamiento al ser humano que se ajuste a una racionalidad ética con respecto al resto de los seres vivos, toda vez que forman parte del medio en que se desenvuelve la vida humana.
De manera que, en mi criterio, no solo propiamente la violencia, sino que, incluso el estrés innecesario e intencional que se genera a estos animales en una actividad como la pretendida, lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la salud humana. Lo anterior, por cuanto estudios realizados demuestran que el estrés ambiental rompe el equilibrio de un organismo y que como respuesta a este estímulo, se desencadenan una serie de reacciones de comportamiento y/o fisiológicas con el fin de adaptarse lo mejor posible a esta nueva situación. Sin embargo, en algunas ocasiones si la situación se convierte en crónica, el animal ya no tiene tanta capacidad para reaccionar y genera problemas en los procesos de crecimiento reproductivos, osmorreguladores e inmunitarios que se reflejan a nivel de organismo, población y comunidad.
Así las cosas, no solo el animal se ve afectado, sino que este factor de estrés al que se induce a estos animales intencionalmente, podría producir incluso consecuencias en la salud de las personas, cuando puedan ser posteriormente sacrificados como alimento. Un documento de la Organización Mundial para la Alimentación –FAO por sus siglas en inglés- producido por la Oficina Regional para Asia y el Pacífico en el año 2001, denominado “Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del ganado”, señala:
“La investigación científica ha demostrado que los animales de sangre caliente (incluyendo el ganado), sienten dolor y miedo. En particular los mamíferos, incluyendo los destinados a la producción de alimentos tienen una estructura cerebral que les permite sentir el temor y el dolor, y es muy probable que sufran dolor de la misma manera que los humanos. El temor y el dolor son causas muy importantes de estrés en el ganado, y el estrés afecta a la calidad de la carne. El dolor generalmente es la consecuencia de una lesión o del maltrato, que a su vez influye en la calidad de la carne de los animales afectados.
Cuando los animales están sujetos a condiciones o circunstancias inusuales por las acciones deliberadas de las personas, es la responsabilidad moral de las personas el asegurar su bienestar, y evitar que sufran incomodidades, estrés o lesiones innecesarias.
El manejo del ganado en forma eficiente, experta y calmada utilizando las técnicas e instalaciones recomendadas y tomando medidas para evitar el dolor y las lesiones accidentales, reducirá el estrés en los animales y se evitarán así deficiencias en la calidad de las carnes y de sus productos derivados.” En este sentido, reitero y reafirmo que este tipo de tratamiento a los animales, contraviene igualmente las previsiones constitucionales respecto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala, tiene incluso repercusiones en la protección de la salud de las personas, quienes se pueden ver expuestas a riesgos innecesarios derivados de la violación ambiental señalada. Además de lo anteriormente expuesto, quiero dejar constancia que tomar a cualquier ser viviente como objeto de juego, burla, risa, o cualquier tipo de agresión innecesaria violenta profundos principios de todo ser humano como lo son propiciar la paz, la armonía con la naturaleza y la propia condición de ser y transmitir dignidad a los demás.
Convertir en un espectáculo la agresión de un animal, no solo es contrario a la propia dignidad del ser humano, que sin lugar a duda genera más violencia en el animal, quien naturalmente activa sus mecanismos de defensa, y entre las personas ello se manifiesta en una apología a la agresión, lo que no es ni más, ni menos que un retroceso de la humanidad a la barbarie.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por violación a los derechos constitucionales a la dignidad, la salud y el ambiente. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se ordena a Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura Rodríguez, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Belén, y a Rafael Ángel Zamora Fernández, representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, o a quienes ocupen sus cargos, girar de inmediato las órdenes necesarias para que en el evento denominado: Pamplona y Más no se incluya ningún tipo de actividad relacionada con corridas de toros al estilo Pamplona. Se advierte a los funcionarios y personas dichas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. Notifíquese la presente resolución a Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura Rodríguez, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Belén, y a Rafael Ángel Zamora Fernández, representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, en forma personal, así como al Servicio Nacional de Salud Animal para lo de su cargo. Los Magistrados Castillo y Piza salvan el voto. La Magistrada Calzada pone nota dando razones adicionales. Comuníquese.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Rosa Ma. Abdelnour G. Rodolfo Piza R.
Mc/oloria.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ Y PIZA ROCAFORT Hemos salvado el voto en el presente asunto y declaramos sin lugar el Recurso de Amparo planteado, porque consideramos que la llamada “pamplonada”, no se debe limitar por la Sala Constitucional, sino que siendo actividades privadas su regulación y limitación es materia reservada a la Ley que, en el marco de sus competencias constitucionales, correspondería decidir a la Asamblea Legislativa.
Nos parece que la decisión de prohibir, o no, determinados juegos o tradiciones, donde interactúan los animales y los seres humanos –y siempre y cuando no se trate de tratos inhumanos o de crueldad manifiesta para con los animales-; es una decisión que corresponde tomar al legislador o, en aplicación y en el marco de la Ley, a las autoridades sanitarias o ambientales; y no a los tribunales constitucionales, quienes no deben sustituir al legislador en esta materia. En nuestro país, fue el legislador, por ejemplo, quien prohibió las “peleas de gallos” en los años veinte. En Cataluña, por ejemplo, fue una decisión del Parlamento de esa Comunidad Autónoma española, la que prohibió las corridas de toros. En ningún caso, según entendemos, ese tipo de decisiones le corresponden al juez constitucional, pues de lo contrario serían los tribunales y no los legisladores quienes terminarían regulando las libertades públicas.
Dentro del respeto al contenido esencial de cada derecho, ello es competencia exclusiva del legislador, en el marco de la reserva de ley, conforme a los artículos 28 y concordantes de la Constitución. Los tribunales del orden constitucional pueden acotar y anular los actos legislativos, administrativos e incluso privados; pero no deben sustituir a los legisladores en la regulación de las actividades privadas. La Asamblea Legislativa, incluso, tiene límites constitucionales en este sentido, por cuanto puede regular y limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, pero dentro del respeto del contenido esencial de cada derecho y siempre y cuando las acciones privadas a regular puedan alterar el orden público –en sentido estricto-, la moral y los derechos de los demás.
Los tribunales constitucionales deben huir de la tentación de sustituir a los legisladores en la regulación de las acciones humanas, por más que ellas parezcan deseables o indeseables a los ojos de los jueces constitucionales. El sistema constitucional y democrático está fundado en la idea de que solamente el legislador puede regular las libertades públicas y no los administradores públicos ni los jueces, aunque sean constitucionales. Una cosa es revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos y aún privados para corregir las violaciones a la Constitución y a las Leyes y otra muy distinta sustituir al legislador en la decisión de lo que debe ser permitido o no a los particulares.
Por otro lado, consideramos que la llamada “pamplonada”, no se diferencia en nada sustantivo a los llamados “toros a la tica” y no encontramos razón para que los segundos se permitan y se prohíba a la primera. En ambos casos, se trata de una relación entre toros y seres humanos, en que se pone a interactuar o a correr a los primeros detrás de los seres humanos. En el caso de los toros a la tica solamente en un redondel y en el caso de la llamada “pamplonada” por un callejón hasta llegar a un redondel. Si a la pamplonada se le considerara una “salvajada”, con mayor razón habría que calificarse así a los “toros a la tica”. En ambos casos, existe “stress” o adrenalina de los toros (y de los seres humanos que participan en el evento), solo que en la pamplonada son los toros los que corren detrás de seres humanos que voluntariamente deciden hacerlo y en los toros a la tica, los toros se exponen a ser mofados, jalados de sus colas, chuseados, saltados, empujados, además de ponerlos a correr hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados.
Aunque no la compartimos desde el punto de vista constitucional, al menos habríamos encontrado coherente la decisión de la mayoría de la Sala, si la prohibición de la pamplonada hubiera incluido la prohibición de los toros a la tica, sobre todo porque en aras de una “tradición” con “arraigo en la cultura costarricense”, se esconden múltiples modalidades de juego con los toros, que han cambiado a lo largo del tiempo y que no son unas más fuertes que la otras. La tesis de la mayoría llevada a sus últimas consecuencias, sería que la matanza de las ballenas, de las focas, de los rinocerontes o de los cetáceos, o la pamplonada, o las corridas de toros, son válidas en algunas culturas y no en las otras, según la tradición y el arraigo cultural de cada país. La tesis llevada a sus consecuencias naturales, por otra parte, impediría y congelaría en el tiempo las tradiciones culturales, porque cualquier cambio en la modalidad de las mismas (como por cierto, ha ocurrido también con los “toros a la tica”), sería contrario a la Constitución, pero si se mantuviera inmutable, sería válido constitucionalmente.
Las fiestas y los juegos donde interactúan los animales con los seres humanos son tradiciones históricas, lúdicas, que no tienen por qué ser tachadas de inhumanas, ni de crueldad con los animales. La tradición y legislación costarricenses lo que han vedado es la muerte o el sufrimiento innecesario de los animales y los suscritos compartimos esa decisión; pero nada hay en la llamada “pamplonada” que promueva la muerte o el sufrimiento de los animales, más allá de los alcances naturales de la fiesta y del “stress” inherente a la interacción lúdica entre animales y humanos. Hay, como queda dicho, el juego y la interacción entre unos (los toros) y otros (los seres humanos); pero ello no puede calificarse, por sí mismo, y dentro de los parámetros razonables del juego, ni de contrario a la dignidad humana ni de crueldad con los animales.
Fernando Castillo V. Rodolfo E. Piza R.
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