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Res. 03290-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/03/2012
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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Exp: 11-015516-0007-CO Res. Nº 2012003290 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del nueve de marzo de dos mil doce. Recurso de amparo interpuesto por X.C.A., cédula de identidad […] contra el Ministerio de Salud.
Resultando:
Considerando:
I.Objeto del recurso. Considera la actora que la omisión del Área Rectora de Salud de San Ramón de regular el ruido excesivo del establecimiento comercial La Chatte, lesiona sus derechos fundamentales.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Este derecho, derivado de nuestro texto constitucional, de las normas 21 y 73, está igualmente regulado en normativa del derecho internacional, tanto como un problema netamente sanitario, como anejo al ambiente. En la primera condición aparece en los textos del Protocolo de San Salvador de 1988 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, artículo 10.1); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, artículo 10.1), y de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, artículo 25).
Pertenecen a la segunda categoría los principios enunciados en la Conferencia de Estocolmo, de octubre de 1972 (El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, Principio 1) y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, Principio 1).
V.En el derecho interno costarricense varias disposiciones aluden al tema del ruido, sea de forma general, o para casos particulares. Específicamente, la Ley general de arrendamientos urbanos, por ejemplo, califica como goce abusivo del bien, por parte del arrendatario, desarrollar actividades ruidosas, lo que permitiría al propietario del bien invocar la resolución del contrato (artículo 54). El Código de Minería, de su parte, considera factor de deterioro del ambiente el ruido nocivo (artículo 103). Ahora bien, en lo que concierne al caso en estudio, las disposiciones generales del Reglamento para el control de la contaminación por ruido Decreto Ejecutivo #28718-S de 15 de junio del 2000 fija un marco para regularla, definiendo el ruido como sonido indeseable o perturbante que afecte psicológicamente o físicamente al ser humano o exceda las limitaciones establecidas en este Reglamento´(artículo 3º) y previendo parámetros de índole temporal y local.
De la misma forma, el Procedimiento para la medición de ruido, Decreto Ejecutivo #32692-S del 9 de Agosto del 2005, en su artículo 3º, sobre definiciones, atribuye a la palabra ruido el significado de sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, indeseable o perturbante que afecte psicológica, físicamente o de cualquier otra manera al ser humano o que exceda las limitaciones reglamentarias establecidas ´.Las disposiciones reglamentarias reseñadas, encuentran, a su vez, asidero legal en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud, que catalogan el ruido como una forma de contaminación atmosférica (artículos 60 y 62 de la primera, 294 de la segunda) y lo relacionan con la salud humana (artículo 59 de la Ley Orgánica citada).
VI.En este caso concreto, el Área recurrida estableció técnicamente que el local comercial denunciado operaba por encima de los límites de ruido fijados por el ordenamiento. Su reacción fue lenta, en la medida en que la denuncia de la actora es de febrero de 2011 y la cancelación del permiso de funcionamiento del negocio no se dictó hasta diciembre del mismo año. Por ello, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y siendo este acto posterior la fecha en que se entabló el amparo, lo que corresponde es estimarlo, sin impartir ninguna orden adicional, pues, materialmente, el Ministerio habría solventado el problema.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.
Teresita Rodríguez A. Rodolfo E. Piza R.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Exp: 11-015516-0007-CO Res. Nº 2012003290 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del nueve de marzo de dos mil doce. Recurso de amparo interpuesto por X.C.A., cédula de identidad […] contra el Ministerio de Salud.
Resultando:
Considerando:
I.Objeto del recurso. Considera la actora que la omisión del Área Rectora de Salud de San Ramón de regular el ruido excesivo del establecimiento comercial La Chatte, lesiona sus derechos fundamentales.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Este derecho, derivado de nuestro texto constitucional, de las normas 21 y 73, está igualmente regulado en normativa del derecho internacional, tanto como un problema netamente sanitario, como anejo al ambiente. En la primera condición aparece en los textos del Protocolo de San Salvador de 1988 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, artículo 10.1); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, artículo 10.1), y de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, artículo 25).
Pertenecen a la segunda categoría los principios enunciados en la Conferencia de Estocolmo, de octubre de 1972 (El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, Principio 1) y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, Principio 1).
V.En el derecho interno costarricense varias disposiciones aluden al tema del ruido, sea de forma general, o para casos particulares. Específicamente, la Ley general de arrendamientos urbanos, por ejemplo, califica como goce abusivo del bien, por parte del arrendatario, desarrollar actividades ruidosas, lo que permitiría al propietario del bien invocar la resolución del contrato (artículo 54). El Código de Minería, de su parte, considera factor de deterioro del ambiente el ruido nocivo (artículo 103). Ahora bien, en lo que concierne al caso en estudio, las disposiciones generales del Reglamento para el control de la contaminación por ruido Decreto Ejecutivo #28718-S de 15 de junio del 2000 fija un marco para regularla, definiendo el ruido como sonido indeseable o perturbante que afecte psicológicamente o físicamente al ser humano o exceda las limitaciones establecidas en este Reglamento´(artículo 3º) y previendo parámetros de índole temporal y local.
De la misma forma, el Procedimiento para la medición de ruido, Decreto Ejecutivo #32692-S del 9 de Agosto del 2005, en su artículo 3º, sobre definiciones, atribuye a la palabra ruido el significado de sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, indeseable o perturbante que afecte psicológica, físicamente o de cualquier otra manera al ser humano o que exceda las limitaciones reglamentarias establecidas ´.Las disposiciones reglamentarias reseñadas, encuentran, a su vez, asidero legal en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud, que catalogan el ruido como una forma de contaminación atmosférica (artículos 60 y 62 de la primera, 294 de la segunda) y lo relacionan con la salud humana (artículo 59 de la Ley Orgánica citada).
VI.En este caso concreto, el Área recurrida estableció técnicamente que el local comercial denunciado operaba por encima de los límites de ruido fijados por el ordenamiento. Su reacción fue lenta, en la medida en que la denuncia de la actora es de febrero de 2011 y la cancelación del permiso de funcionamiento del negocio no se dictó hasta diciembre del mismo año. Por ello, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y siendo este acto posterior la fecha en que se entabló el amparo, lo que corresponde es estimarlo, sin impartir ninguna orden adicional, pues, materialmente, el Ministerio habría solventado el problema.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.
Teresita Rodríguez A. Rodolfo E. Piza R.
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