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Res. 01323-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/02/2012
OutcomeResultado
Amparo was partially granted: the owner of the car wash was ordered to pay costs, damages, and losses for violating the right to a healthy environment, and the respondent authorities were ordered to monitor the establishment's activities to prevent further pollution.Se declaró parcialmente con lugar el amparo: se condenó al propietario del autolavado al pago de costas, daños y perjuicios por violación al derecho al ambiente, y se ordenó a las autoridades recurridas vigilar las actividades del establecimiento para evitar nueva contaminación.
SummaryResumen
Residents of San Ramón filed an amparo against the Municipality, the Ministry of Environment, the Ministry of Health, and the Water Institute, alleging that a car wash lacked wastewater treatment, polluted a stream, and wasted potable water. The Constitutional Chamber partially granted the remedy. It dismissed the claim of administrative inaction, as all authorities responded to the complaint, conducted inspections, and issued orders within a reasonable time. It also dismissed the claim of water waste as a matter of legality and individual responsibility. However, the Chamber found that the car wash did violate the right to a healthy environment by discharging untreated wastewater into a canal, which led to sanitary and corrective orders. Although the situation was later remedied, the violation existed at the time of filing. The Chamber ordered the owner to pay costs, damages, and losses, and instructed the authorities to monitor the business to prevent future pollution. Judge Calzada appended a note on res judicata.Vecinas de San Ramón interpusieron recurso de amparo contra la Municipalidad de San Ramón, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el AyA, denunciando que un autolavado no contaba con tratamiento de aguas residuales, contaminaba una quebrada y hacía uso irracional del agua potable. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso. Se desestimó respecto a la supuesta inacción de las autoridades, pues todas atendieron la denuncia, realizaron inspecciones y emitieron órdenes en un plazo razonable. También se desestimó en cuanto al uso irracional del agua, por ser un asunto de legalidad y responsabilidad individual. Sin embargo, se constató que el establecimiento sí violó el derecho al ambiente al verter aguas servidas a un canal sin tratamiento, lo que motivó órdenes sanitarias y correctivas municipales. Aunque la situación se solventó posteriormente, la violación existía al momento de presentar el recurso. La Sala condenó al propietario al pago de costas, daños y perjuicios, y ordenó a las autoridades mantener vigilancia para evitar nuevas contaminaciones. La Magistrada Calzada salvó el voto en cuanto a la cosa juzgada material.
Key excerptExtracto clave
Thus, it is not observed up to this point that there was inaction or lack of response from the respondents in addressing the complaint; rather, it was answered within a reasonable period, approximately two months after being filed, and all conducted on‑site inspections. However, despite the foregoing, a violation of the right to the environment by the respondent company is indeed found, because in the inspection conducted in November 2011 by municipal personnel it was determined that the wastewater produced by the activity was discharged into a canal running adjacent to the premises, and after the inspection by Ministry of Health personnel, also in November 2011, a sanitary order was issued requiring the owner to submit and implement a liquid waste management plan and to build a treatment system for the sanitary confinement of water and waste generated by that activity. Although it is reported that the owner promptly complied with the orders—since by December 9, 2011, municipal inspectors verified that the drainage and canalization works directing the wastewater to the septic tank were completed, and in the January 24, 2012 inspection by Health Ministry personnel it was concluded that the sanitary order for the confinement of the wastewater had been fully satisfied—at the time the recourse was filed, on November 24, 2011, the violation of the right to the environment had already been occurring and continued to occur. That is sufficient reason for this Chamber to grant this recourse, at least with respect to that claim.Así que no se observa hasta aquí, que haya habido inercia o falta de respuesta de los recurridos en atender la denuncia, sino que esta es respondida dentro de un plazo razonable, más o menos dos meses después de planteada, y todos realizaron inspecciones en el sitio. Ahora bien, pese a lo anterior, sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones« y luego de la inspección realizada por personeros del Ministerio de Salud también en noviembre del 2011 se emite una orden sanitaria ordenado al propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad . Si bien es cierto se informa que el propietario del lugar fue pronto en acatar las órdenes, pues al 09 de diciembre del 2011 según la inspección de personeros municipales se comprobó que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encontraban concluidas, y en inspección del 24 de enero del 2012 por parte de personeros del Ministerio de Salud se concluyó que la orden sanitaria para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, al momento de presentarse el recurso, el 24 de noviembre del 2011, ya la violación al derecho al ambiente se había y seguía produciendo. Razón suficiente para que esta Sala acoja este recurso, al menos en cuanto a este alegato.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
"The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone on which the other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, in that article of the political charter the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed."
Considerando IV
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
Considerando IV
"El artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública."
"Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health."
Considerando IV
"El artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública."
Considerando IV
"Sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones."
"A violation of the right to the environment by the respondent company is indeed found, because in the inspection conducted in November 2011 by municipal personnel it was determined that the wastewater produced by the activity was discharged into a canal running adjacent to the premises."
Considerando V
"Sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones."
Considerando V
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Constitutional Chamber Date of Resolution: February 3, 2012 at 09:30 Case File: 11-015174-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Ruling with protected data, in accordance with current regulations CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the third of February, two thousand twelve.
Amparo action filed by P.B.C. and others, against the Municipality of San Ramón, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Ministry of Health, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.
Whereas:
Drafted by Judge Cruz Castro; and,
Considering:
I.Object of the action.- The petitioners, residents of San Ramón, consider that the inertia of the respondents in addressing the complaint they filed against the [...] for not having a treatment plant for wastewater (causing this water to flow into a stream and producing foul odors) and for making irrational use of potable water, violates their right to enjoy a healthy environment.
II.Proven Facts.- Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as stipulated in the initial order:
Actions of the Municipality of San Ramón b) That on September 29, 2011, the petitioners filed a complaint with the Municipality of San Ramón for the irrational use and the inadequate use of wastewater from the [...] (see report).
Actions of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications g) That on September 28, 2011, the petitioners filed a complaint for irrational use and inadequate management of wastewater with the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (see report).
Actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers i) That on October 3, 2011, the petitioners filed a complaint with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for irrational use and inadequate management of wastewater (see evidence provided by the petitioners).
Actions of the Ministry of Health k) That on November 9, 2011, the petitioners filed a complaint with the Ministry of Health for irrational use and inadequate management of wastewater (see report).
III.ON THE MERITS.- From the filing submission and all actions taken within this case file, it is clear that the merits of the matter focus on determining whether the actions of the respondents in addressing the complaint filed since late September 2011 regarding contamination of the stream behind the [...] business by said business have been duly addressed, in consideration of the fundamental right to the environment and the proper functioning of public services. The same applies to examining whether the actions of said company, as a subject of private law, have been respectful of the right to the environment. Before proceeding to the specific examination of what has been raised, recall what the jurisprudence of this Constitutional Chamber has established in relation to the fundamental rights that are the subject of analysis in this action.
IV.IN GENERAL ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.- It must first be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in Judgment 2006-005928 at 15:00 hours on May 2, 2006, this Tribunal resolved:
" (...) The right to life recognized in section 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that section of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the above, this Tribunal has resorted to the use of the notion of environmental quality as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited way, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations - the principle of sustainable development.
Likewise, Article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A provision that establishes to that effect: 'The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.' As a derivation of the above, this Chamber has repeatedly recognized that, as part of the primary and fundamental obligations of the State, there is the duty to diligently and timely respect, protect, and guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment (see, e.g., Judgments 1992-1915 at 14:12 hours on July 22, 1992, 2004-10039 at 14:39 hours on September 13, 2004, 2006-17126 at 15:05 hours on November 28, 2006, and 2008-001003 at 14:56 hours on January 23, 2008)."
V.ON THE SPECIFIC CASE.- From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities - which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction -, the response from the respondent company, and the evidence provided for the resolution of this matter, it is verified that the petitioners indeed filed a complaint for irrational use of water and inadequate use of wastewater before the Municipality of San Ramón (on September 29, 2011), the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (on September 28, 2011), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (on October 3, 2011), and the Ministry of Health (on November 9, 2011). It is verified that said complaint was answered by each of the respondents, on the following dates: a) the Municipality of San Ramón on October 11, 2011 (requesting more time), on November 9, 2011 (indicating that the company has all the permits), and on December 1, 2011 (reporting the results of the inspection conducted and the warning made to the owner to correct water management). b) The Ministry of Environment, Energy and Telecommunications on October 31, 2011, indicating the result of the inspection conducted on October 24, 2011. c) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on November 29, 2011, reporting the inspection result stating that the company has legalized potable water service. d) The Ministry of Health on December 2, 2011, sending a copy of the sanitary order they issued to the owner of the establishment after the inspection conducted on November 9, 2011.
Thus, it is not observed up to this point that there has been inertia or a lack of response from the respondents in addressing the complaint; rather, it was answered within a reasonable period, approximately two months after it was filed, and all of them conducted on-site inspections.
Now, despite the foregoing, a violation of the right to the environment by the respondent company is indeed verified, because in the inspection carried out in November 2011 by municipal officers it was determined that the wastewater (aguas servidas), a product of the activity, are released into a channel that runs adjacent to the facilities, and after the inspection carried out by officers of the Ministry of Health, also in November 2011, a sanitary order was issued ordering the owner of the establishment to present and implement a liquid waste management plan and the construction of a treatment system for the sanitary confinement of the water and waste generated by this activity. Although it is true that it is reported that the owner of the place was prompt in complying with the orders, since by December 9, 2011, according to the inspection by municipal officers, it was verified that the drainage and channeling construction works for the wastewater to the septic tank were completed, and in an inspection on January 24, 2012, by officers of the Ministry of Health it was concluded that the sanitary order for the sanitary confinement of the wastewater was complied with in all its aspects, at the time the appeal was filed, on November 24, 2011, the violation of the right to the environment had already occurred and was continuing to occur.
Reason enough for this Chamber to grant this appeal, at least with regard to this claim. Regarding the actions of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), no serious violation of fundamental rights is verified, though this Chamber cannot help but be surprised that the former carried out an inspection on October 24, 2011, and did not find an irregularity in the water discharge. Finally, regarding the claim of irrational use of potable water, this is a matter that is not appropriate to be ventilated in this venue, since not only through the amparo appeal via the extremely summary procedure (vía sumarísima) is it possible to determine whether a subject is indeed wasting potable water, but there is no—nor can there be—constitutional protection under this claim; the use that each person makes of water is, for the moment, a matter of individual responsibility and it will be the institutions in charge of providing the service who, within the scope of legality, may initiate campaigns or some other type of action to promote water saving.
VI.CONCLUSION.- The appeal is dismissed regarding the claim that the respondent institutions have been remiss in addressing the complaints filed by the appellants, as it is proven that they have indeed addressed them (by providing responses, carrying out inspections, and issuing orders to the owner of the establishment). The appeal is also dismissed regarding the claim of irrational use of potable water, an aspect of legality that falls to the service provider to prevent and address. However, given that it is proven that the establishment in question did incur a violation of the right to the environment by releasing wastewater into a channel and lacking a treatment system for the sanitary confinement of the water and waste generated by this activity, it is appropriate to grant the appeal with regard to this claim and only against the owner of the establishment, since the respondent authorities proceeded to take all actions to address the situation.
Since it is reported that the situation is currently resolved, this grant has the effect of an award for damages against the owner of the establishment, and ordering the respondents their duty to continue being vigilant of the activities carried out by the commercial establishment in question so that the situation presented does not recur or so that violations of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment do not occur again. Judge Calzada adds a note according to the following considerations. I leave express record that in this case, even though the amparo is declared without merit, because the alleged aspects were entered into, elucidated, and resolved, the effects of this pronouncement in that sense produce res judicata (cosa juzgada) material in the internal sphere and are of an erga omnes character, except for this same Chamber, as established by Articles 7 and 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).
As the Chilean Constitutional Court well indicated in judgment No. 740 of 2008, considerando 70: "both State organs, and every person, institution, or group are imperatively required to abide by the decision of the Constitutional Court, because it has exercised the task that the Constituent Power itself entrusted to it of ensuring the supremacy, substantive and formal, of the Fundamental Charter. Under that parameter, as Article 7 cited well indicates, only the Chamber itself could vary its jurisprudence, which is fully consistent with what Nogueira states in the doctrine, when he indicates that: An absolute rigidity of jurisprudence would prevent the Constitutional Court from overcoming those earlier decisions that are considered erroneous, a situation that can never be excluded. That would also mean admitting that a mistaken decision of the Constitutional Court would de facto substitute one or more constitutional norms; or also simply a decision that was taken in a different context.
However, said reversal can only come from the Constitutional Court itself, not imposed by any other organ and much less by reviewing facts that have been the object of analysis and pronouncement by the Chamber, since that power was conferred by the Constituent Power itself in Articles 10 and 48 of the Political Constitution, which provides legal certainty (seguridad jurídica) and guarantees every person that they will only be judged by the Court indicated by law and by the Judge who represents it, to prevent the judging intended to affect their rights and property from being carried out arbitrarily. According to modern German doctrine, res judicata is the declaration of certainty contained in the judgment, with the character of obligatory and indisputable, which prevents a new, different judgment. A concept that is complemented by Italian doctrine when indicating that res judicata prevents any new decision on the merits of the same dispute and not only a different one.
Contemporary procedural doctrine, for its part, refers that res judicata only operates when the judicial decision resolves the question raised in the process, that is, on the claims raised by the parties. It is a quality of the judgment more than an effect of it, materialized in the constitutional principle non bis in idem, which prohibits double judging of the same question or the same facts. The Law of Constitutional Jurisdiction itself provides in the final paragraph of Article 11 that no appeal whatsoever is admissible against the judgments of the Chamber, which is consistent with the powers granted to the Constitutional Jurisdiction by the Constituent Power itself, as a guarantee of certainty and legal certainty. In a Social and Democratic Constitutional State of Law, not only must the constitutional system be preserved, but also the full validity and respect of fundamental rights must be guaranteed, providing effective protection to persons who are harmed by acts or decisions that restrict or suppress them, which no doubt requires from this jurisdiction an unquestionable constitutional validity.
On this matter, in judgment No. 1249/01-R of November 23, the Bolivian Constitutional Court -whose constitutional control is also concentrated- emphasized: That, having thus identified the object of the appeal, it is appropriate to point out that according to the rule provided by Art. 121-I of the Political Constitution of the State "against the judgments of the Constitutional Court no further appeal whatsoever is admissible"; in accordance with the referred constitutional norm, Art. 42 of Law No. 1836 provides that "The resolutions of the Constitutional Court admit no appeal whatsoever." The previously cited norms have their foundation in the fact that Bolivia, as a Democratic State of Law based, among others, on the fundamental principles of popular sovereignty, separation of functions, independence and coordination of public powers, and constitutional supremacy, adopts a constitutional system in which the task of concentrated constitutional control is entrusted to the Constitutional Court, whereby it becomes the highest court of constitutional justice and interpreter of the Constitution, guardian of the supremacy and integrity of the Constitution; therefore, the Constituent Power, through the cited constitutional norm, instituted the principle of constitutional res judicata, which grants the judgments of the Constitutional Court a very special level within the legal system.
That, from the foregoing, it is concluded that the constitutional procedural system adopted by the Constitution and Law No. 1836 for the exercise of constitutional control, in safeguarding the principle of legal certainty, institutes constitutional res judicata, which means that the judgments issued by the Constitutional Court have a definitive, absolute, and incontrovertible character, such that a new dispute cannot be raised on the resolved matter through any appeal whatsoever, since that possibility is expressly excluded by mandate of Art. 121-I of the Constitution and Art. 42 of Law No. 1836. On the other hand, the binding force of our Court's judgments does not come solely from their operative part, but from the grounds, analysis, and assessment given by the Chamber when it resolves a matter on its merits, which also binds the public administration and the judicial jurisdiction to what is resolved by it in each process.
The case is different when the Chamber declares the appeal without merit, warning that it does not enter to hear the matter because it is not within its competence and issues no pronouncement whatsoever in that sense, leaving in that scenario the possibility open to discuss the question raised through another avenue, which is not what occurs in the present case, in which a background analysis of what was presented is indeed conducted; and regarding which this Court cannot renounce hearing, as imposed by the Political Constitution in Articles 10 and 48, dealing with a constitutional right expressly established in Article 50 of the Constitution.
POR TANTO:
The appeal is declared PARTIALLY GRANTED. The respondents are ordered to coordinate actions so that, each within the scope of their powers, they are vigilant of the activities carried out at the […] and verify that pollution from poor water and waste management does not occur again. All of the foregoing, under the warning to all the respondents that failure to comply with said orders shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. M.A.C.Q., ID No. […], in his capacity as Owner of the […], is condemned to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the civil execution of judgment proceeding. Notify all parties.- Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Paul Rueda L.
Rodolfo E. Piza R. Jorge Araya G.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 12:00:46.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil doce.
Recurso de amparo interpuesto por P.B.C. y otras, contra la Municipalidad de San Ramón, Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso.- Las recurrentes, vecinas de San Ramón, consideran que la inercia de los recurridos en atender la denuncia que plantearon en contra del [...] por no poseer una planta de tratamiento para las aguas residuales (ocasionando que esta agua desemboquen en una quebrada y malos olores) y por hacer un uso irracional del agua potable, violenta su derecho a gozar de un ambiente sano.
II.Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Actuaciones de la Municipalidad de San Ramón b) Que el 29 de setiembre del 2011 las recurrentes presentaron ante la Municipalidad de San Ramón una denuncia por el uso irracional y el uso inadecuado de aguas residuales del [...] (ver informe).
Actuaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones g) Que el 28 de setiembre del 2011 las recurrentes presentaron denuncia por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (ver informe).
Actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados i) Que el 03 de octubre del 2011 las recurrentes presentaron ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados denuncia por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales (ver prueba aportada por las recurrentes).
Actuaciones del Ministerio de Salud k) Que el 09 de noviembre del 2011 las recurrentes presentaron ante el Ministerio de Salud denuncia por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales (ver informe).
III.SOBRE EL FONDO.- Del escrito de interposición y todo lo actuado dentro de este expediente, se desprende que el fondo del asunto se concentra en determinar si las actuaciones de los recurridos en atender la denuncia presentada desde finales de setiembre del 2011 por contaminación de la quebrada detrás del negocio […] por parte de dicho negocio, ha sido debidamente atendida, en atención al derecho fundamental al ambiente y al buen funcionamiento de los servicios públicos. Lo mismo que examinar si las actuaciones de dicha empresa, en tanto sujeto de derecho privado han sido respetuosos del derecho al ambiente. Antes de proceder al examen concreto de lo planteado, recuérdese lo que la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha establecido en relación con los derechos fundamentales que siendo objeto de análisis en este recurso.
IV.EN GENERAL SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.- Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia 2006-005928 de las 15 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió:
³ («) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.
En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de calidad ambiental como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras principio de desarrollo sostenible.
Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes" Como derivación de lo anterior, esta Sala ha reconocido de forma reiterada que, como parte de las obligaciones primarias y fundamentales del Estado, está el deber de respetar, proteger y garantizar de forma diligente y oportuna- el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (ver, p. ej., sentencias 1992-1915 de las 14:12 horas del 22 de julio de 1992, 2004-10039 de las 14:39 horas del 13 de septiembre del 2004, 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre del 2006 y 2008-001003 de las 14:56 horas del 23 de enero del 2008).
V.SOBRE EL CASO CONCRETO.- De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la contestación de parte de la empresa recurrida, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que en efecto las recurrentes interpusieron una denuncia por uso irracional del agua y uso inadecuado de aguas residuales ante la Municipalidad de San Ramón (el 29 de setiembre del 2011), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (el 28 de setiembre del 2011), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (el 03 de octubre del 2011) y el Ministerio de Salud (el 09 de noviembre del 2011). Se comprueba que dicha denuncia fue respondida por cada uno de los recurridos, en las siguientes fechas: a) la Municipalidad de San Ramón el 11 de octubre del 2011 (solicitando más tiempo), el 09 de noviembre del 2011 (indicando que la empresa cuenta con todos los permisos) y el 01 de diciembre del 2011 (informando de los resultados de la inspección realizada y de la prevención hecha al propietario para corregir el manejo de aguas). b) El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el 31 de octubre del 2011 indicando el resultado de la inspección realizada el 24 de octubre del 2011. c) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 29 de noviembre del 2011 informando el resultado de la inspección referido a que la empresa cuenta con el servicio de agua potable legalizado. d) El Ministerio de Salud el 02 de diciembre del 2011 enviando copia de la orden sanitaria que emitieron al propietario del establecimiento luego de la inspección realizada el 09 de noviembre del 2011.
Así que no se observa hasta aquí, que haya habido inercia o falta de respuesta de los recurridos en atender la denuncia, sino que esta es respondida dentro de un plazo razonable, más o menos dos meses después de planteada, y todos realizaron inspecciones en el sitio. Ahora bien, pese a lo anterior, sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones« y luego de la inspección realizada por personeros del Ministerio de Salud también en noviembre del 2011 se emite una orden sanitaria ordenado al propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad .
Si bien es cierto se informa que el propietario del lugar fue pronto en acatar las órdenes, pues al 09 de diciembre del 2011 según la inspección de personeros municipales se comprobó que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encontraban concluidas, y en inspección del 24 de enero del 2012 por parte de personeros del Ministerio de Salud se concluyó que la orden sanitaria para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, al momento de presentarse el recurso, el 24 de noviembre del 2011, ya la violación al derecho al ambiente se había y seguía produciendo. Razón suficiente para que esta Sala acoja este recurso, al menos en cuanto a este alegato. Sobre las actuaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no se verifica ninguna violación grave de derechos fundamentales, aunque no deja de extrañar a esta Sala que el primero realizara una inspección el 24 de octubre del 2011 y no encontrara irregularidad en la descarga de aguas.
Finalmente, en cuanto al alegato de uso irracional del agua potable, esta es una cuestión que no corresponde ventilarse en esta sede, pues no sólo por medio del recurso de amparo vía sumarísima- no es posible llegar a determinar si en efecto un sujeto está desperdiciando el agua potable, sino que, no existe ni puede existir- tutela constitucional bajo este alegato, el uso que cada quien le de al agua es, hasta el momento, una cuestión de responsabilidad individual y serán las instituciones encargadas de dotar el servicio quienes, en el ámbito de la legalidad, puedan iniciar campañas o algún otro tipo de acciones para promover el ahorro del agua.
VI.CONCLUSIÓN.- Se desestima el recurso en cuanto al alegato de que las instituciones recurridas han sido omisas en atender las denuncias presentadas por las recurrentes pues se comprueba que sí las han atendido (dando respuesta, realizando inspecciones, y emitiendo órdenes al propietario del establecimiento). También se desestima el recurso en cuanto al alegato de uso irracional del agua potable aspecto de legalidad que corresponde prevenir y atenderse por parte del prestador del servicio. Sin embargo, dado que se comprueba que, el establecimiento en cuestión sí incurrió en una violación al derecho al ambiente al liberar aguas servidas a un canal y no tener un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad, corresponde la estimatoria en cuanto a este alegato y únicamente en contra del propietario del establecimiento, pues las autoridades recurridas procedieron a tomar todas las acciones para atender la situación.
Siendo que, como se informa que a la fecha la situación está solventada, esta estimatoria tiene como efecto la condenatoria en daños y perjuicios al propietario del establecimiento, y ordenarle a los recurridos su deber de seguir siendo vigilantes de las actividades desarrolladas por el establecimiento comercial en cuestión para que la situación presentada no se vuelva a repetir o para que, no se vuelvan a presentar violaciones al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Calzada pone nota según las siguientes consideraciones. Dejo expresa constancia que en este caso, aún y cuando el amparo es declarado sin lugar, por haberse entrado a dilucidar y resolver los aspectos alegados, los efectos de este pronunciamiento en ese sentido producen cosa juzgada material en el ámbito interno y es de carácter erga omnes salvo para la misma Sala, según lo establecen los artículos 7 y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Como bien lo indicó el Tribunal Constitucional Chileno en la sentencia No. 740 del 2008, considerando 70: «tanto los órganos del Estado, como toda persona, institución o grupo se encuentran en el imperativo de acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque ha ejercido la tarea que el propio Constituyente le ha confiado de velar por la supremacía, sustantiva y formal, de la carta Fundamental. Bajo ese parámetro, como bien lo señala el artículo 7 citado, sólo la propia Sala podría variar su jurisprudencia, lo cual tiene pleno sentido con lo señalado por Nogueira en la doctrina, cuando indica que: Una rigidez absoluta de la jurisprudencia impediría al Tribunal Constitucional superar aquellas decisiones anteriores que se considerarán erróneas, situación que nunca puede excluirse. Ello significaría también admitir que una decisión equivocada del Tribunal Constitucional sustituiría de hecho una o más normas constitucionales; o también simplemente una decisión que se tomó en un contexto diferente.
Sin embargo, dicha reversión sólo puede devenir del propio Tribunal Constitucional, no impuesto por ningún otro órgano y menos aún revisando hechos que han sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala, ya que así fue conferida dicha potestad por el mismo Constituyente en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, lo cual reviste de seguridad jurídica y garantiza a toda persona que sólo sea juzgada por el Tribunal que señale la ley y por el Juez que lo representa, para impedir que el juzgamiento destinado a afectar sus derechos y bienes se realice arbitrariamente. Según la doctrina alemana moderna, la cosa juzgada es la declaración de certeza contenida en la sentencia, con el carácter de obligatoria e indiscutible, que impide una nueva sentencia diferente. Concepto que es complementado por la doctrina italiana al señalar que la cosa juzgada impide toda nueva decisión de fondo sobre el mismo litigio y no solamente una que sea diferente.
La doctrina procesal contemporánea por su parte, refiere que la cosa juzgada sólo opera cuando la sentencia judicial decide la cuestión planteada en el proceso, es decir, sobre las pretensiones planteadas por las partes. Es una cualidad de la sentencia más que un efecto de ésta, materializado en el principio constitucional non bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de la misma cuestión o mismos hechos. La propia Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone en el párrafo final del artículo 11, que no cabe recurso alguno contra las sentencias de la Sala, lo cual es consecuente con las potestades otorgadas a la Jurisdicción Constitucional por el propio Constituyente, como garantía de certeza y seguridad jurídica. En un Estado Social y Democrático Constitucional de Derecho, no solo se debe preservar el sistema constitucional, sino también garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos fundamentales, otorgando la tutela efectiva a las personas que se ven perjudicadas frente a los actos o decisiones que los restrinjan o supriman, lo cual requiere de esta jurisdicción sin duda alguna, de una incuestionable validez constitucional.
Sobre el particular en la sentencia No. 1249/01-R de 23 de noviembre ha enfatizado el Tribunal Constitucional Boliviano -cuyo control constitucional también es concentrado-: Que, así identificado el objeto del recurso conviene señalar que según la norma prevista por el art. 121-I de la Constitución Política del Estado "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno"; en concordancia con la norma constitucional referida el art. 42 de la Ley N° 1836 dispone que "Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno". Las normas citadas precedentemente tienen su fundamento en el hecho de que Bolivia, como Estado Democrático de Derecho basado, entre otros, en los principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones, la independencia y coordinación de los poderes públicos y la supremacía constitucional, adopta un sistema constitucional en el que la labor del control concentrado de constitucionalidad está encomendada al Tribunal Constitucional, por lo que éste se convierte en el máximo Tribunal de justicia constitucional e intérprete de la Constitución, guardián de la supremacía e integridad de la Constitución; por lo que el Poder Constituyente, a través de la citada norma constitucional instituyó el principio de la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias del Tribunal constitucional un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico«Que, de lo referido se concluye que el sistema procesal constitucional adoptado por la Constitución y la Ley Nº 1836 para el ejercicio del control de constitucionalidad, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, instituye la cosa juzgada constitucional, lo que significa que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter definitivo, absoluto e incontrovertible, de manera tal que sobre el tema resuelto no puede volver a plantearse nuevo litigio a través de recurso alguno, ya que expresamente está excluida esa posibilidad por mandato del art. 121-I de la Constitución y el art. 42 de la Ley Nº 1836«´ Por otro lado, la fuerza vinculante de las sentencias de nuestro Tribunal no proviene únicamente de su parte dispositiva, sino de los fundamentos, análisis y valoración dada por la Sala cuando resuelve por el fondo un asunto, lo cual también vincula a la administración pública y a la jurisdicción judicial a lo resuelto por ésta en cada proceso.
Diferente es el caso en el que la Sala declare sin lugar el recurso advirtiendo que no entra a conocer el asunto porque no es de su competencia y no emite pronunciamiento alguno en ese sentido, quedando en dicho supuesto abierta la posibilidad de discutir la cuestión planteada en otra vía, lo que no ocurre en el presente caso, en el cual sí se hace un análisis de fondo sobre lo expuesto; y respecto del cual este Tribunal no puede renunciar a conocer, toda vez que así lo impone la Constitución Política en los artículos 10 y 48, tratándose de un derecho constitucional expresamente establecido en el artículo 50 constitucional.
POR TANTO:
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. Se ordena a los recurridos, coordinar acciones a efectos de que, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, sean vigilantes de las actividades desarrolladas en el […] y verificar que no se vuelva a producir contaminación por mal manejo de aguas y residuos. Todo lo anterior, bajo la advertencia a todos los recurridos que, de no acatar las órdenes dichas incurrirán en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a M.A.C.Q., cédula […], en su calidad de Propietario del […], al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía civil de ejecución de sentencia. Comuníquese a todas las partes.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Paul Rueda L.
Rodolfo E. Piza R. Jorge Araya G.
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