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Res. 00464-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/01/2012

Citizen Participation in Telecom Tower RegulationParticipación ciudadana en reglamento de torres de telecomunicaciones

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo by majority, finding that the Municipality of San José did hold a public hearing for the regulation under the Municipal Code and that citizen participation is not enforceable via amparo for projects without high environmental impact, with the national public interest in telecommunications infrastructure prevailing.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por mayoría, considerando que la Municipalidad de San José sí realizó audiencia pública del reglamento conforme al Código Municipal y que la participación ciudadana no es exigible vía amparo para proyectos sin alto impacto ambiental, prevaleciendo el interés público nacional en infraestructura de telecomunicaciones.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by neighbors of Residencial La Arboleda against the Municipality of San José, alleging that the Municipal Regulation for the Construction, Installation, Conservation, Maintenance and Operation of Earth Stations and Telecommunications Structures was enacted without a legally required public hearing. The petitioners argue that a planned 3G tower will harm their health, economy, and privacy. The Chamber denies the amparo by majority, finding that the municipality did hold a public consultation via publication in La Gaceta, granting ten business days for objections under Article 43 of the Municipal Code. The majority stresses that the right to citizen participation in amparo is reserved for high environmental impact projects, a category not met here. It extensively reasons that telecommunications infrastructure is a matter of national public interest, prevails over local interests, and does not require zoning plan amendments for siting. Two judges dissent, holding that because the regulation is urbanistic, Article 17 of the Urban Planning Law—not Article 43 of the Municipal Code—applies, requiring a more robust consultation without freezing technological development.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos del Residencial La Arboleda contra la Municipalidad de San José, alegando que el Reglamento Municipal para la Construcción, Instalación, Conservación, Mantenimiento y Explotación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones se emitió sin la audiencia pública exigida por ley. Los recurrentes argumentan que la construcción de una torre 3G afectará su salud, economía y privacidad. La Sala declara sin lugar el recurso por mayoría, concluyendo que la Municipalidad sí realizó una consulta pública mediante publicación en La Gaceta, otorgando diez días hábiles para objeciones conforme al artículo 43 del Código Municipal. La decisión mayoritaria enfatiza que el derecho de participación ciudadana en sede de amparo se reserva para proyectos de alto impacto ambiental, supuesto no verificado. Profundiza en que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público nacional, prevalece sobre intereses locales y no requiere reforma de planes reguladores para su ubicación. Dos magistrados salvan el voto considerando que, por ser reglamentación urbanística, debe aplicarse el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y no el 43 del Código Municipal, exigiendo un proceso de consulta más robusto sin paralizar el desarrollo tecnológico.

Key excerptExtracto clave

On the merits. First, it must be noted that while this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least for the purposes of this jurisdiction, as applying to projects that, by their special nature and great significance or impact, may significantly affect a community. As a constitutional principle, its adoption in other legal instruments is consistent, even covering broader areas than those constitutionally protected via amparo, which is in accordance with the legal system; however, the verification of these hearings or communications is not required in every case by this jurisdiction, but only in those where they are indispensable due to the degree of impact, such as cases technically considered high environmental impact, a situation we are not facing in this case, since it concerns a project that not only has not yet been built but, as of the date of this ruling, no directive prohibiting its construction has been issued by the competent authorities. VI.- TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, MUNICIPALITIES, ZONING PLANS, ZONING, LAND USE CERTIFICATES AND CONSTRUCTION PERMITS. In a clear effort to provide symmetry and standardization in telecommunications infrastructure, given its clear national vocation, a series of important normative instruments have been enacted at both the national and cantonal levels. Thus, the Executive Branch issued Decree No. 36159 of May 10, 2010, entitled “Standard Norms and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation and Expansion of Telecommunications Networks,” aimed at standardizing procedures for obtaining authorizations to build and install telecommunications infrastructure amid prevailing regulatory dispersion and to fill gaps in the matter.Sobre el fondo. De previo debe indicarse, que si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es conforme con el ordenamiento jurídico; sin embargo, la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que no sólo aún no ha sido construida sino que, a la fecha en que se resuelve esta acción, no ha sido emitida directriz alguna que prohíba su construcción, por parte de las autoridades competentes en la materia. VI.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, MUNICIPIOS, PLANES REGULADORES, ZONIFICACION, CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. En un claro intento de brindar simetría y normalización en materia de infraestructura de telecomunicaciones por tratarse de un tema de clara vocación nacional, se han dictado una serie importante de instrumentos normativos de carácter general, tanto a nivel nacional como cantonal. Así, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado “Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”, cuyo fin fue uniformar los trámites para obtener autorizaciones para construir e instalar infraestructura de telecomunicaciones ante la dispersión normativa imperante y colmar las lagunas existentes en la materia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "el derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad."

    "the right to citizen participation in environmental matters must be understood, at least for the purposes of this jurisdiction, as applying to projects that, by their special nature and great significance or impact, may significantly affect a community."

    Considerando III

  • "el derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad."

    Considerando III

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional."

    "the infrastructure, in telecommunications matters, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, indeed, standing as a matter of national scope."

    Considerando V

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional."

    Considerando V

  • "Estimamos que la construcción de torres para la telefonía celular, en tanto edificación de un estructura, sí requiere la emisión de certificados de uso de suelo y permisos de construcción a través de una reglamentación urbanística en los términos del mencionado artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana."

    "We consider that the construction of cellular telephone towers, as the erection of a structure, does require the issuance of land use certificates and construction permits through urbanistic regulations under the terms of the aforementioned Article 17 of the Urban Planning Law."

    Voto salvado

  • "Estimamos que la construcción de torres para la telefonía celular, en tanto edificación de un estructura, sí requiere la emisión de certificados de uso de suelo y permisos de construcción a través de una reglamentación urbanística en los términos del mencionado artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana."

    Voto salvado

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours five minutes on the twentieth of January, two thousand twelve.

Amparo action filed by L.M.S.P, ID number […]; L.F.G, ID number […]; E.V.M, ID number […]; J.C.M, ID number […]; E.C.M, ID number […]; Q.C.H, ID number […]; B.E.A.N, ID number […]; A.J.CH, ID number […]; C.L.V, ID number […]; L.S.G.S, ID number […]; G.D.R, ID number […]; all of legal age; against the Municipal Mayor of San José.

Resultando:

1.- In a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 13:28 hours on September 23, 2011, the petitioners file an amparo action against the Municipal Mayor of San José and state that they are residents of Residencial La Arboleda, located in San José, San Sebastián. They add that without specifying the date, the company Polar Breeze S.A. informed some residents of the area that a 3G telecommunications tower would soon be built in the neighborhood, indicating that they have the required permits for this purpose. They note that despite the fact that the documentation filed with SETENA under expediente number D2-133-2010 was processed and approved in the name of the company Las Torres D.C.R. Sociedad Anónima, the notification was made by the company Polar Breeze S.A., which may be a way to confuse them as to which company will be involved in the matter. They add that the construction of said tower will take place on a property in the neighborhood. They state that due to the opening of telecommunications and the surge in requests for the installation of towers with their respective antennas, the respondent Municipality joined the Femetrom initiative to issue a legal instrument regulating the activity, the Municipal Regulation for the Construction, Installation, Conservation, Maintenance, and Operation of Ground Stations and Telecommunications Structures in the Central Canton of San José (Reglamento Municipal para la Construcción, Instalación, Conservación, Mantenimiento y Explotación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones en el Cantón Central de San José), within which the legally required public hearing was omitted. They indicate that this should have been made public knowledge as a prerequisite for its approval and implementation. They allege that as citizens they have the right to express their opinion regarding the indiscriminate construction of telecommunications towers, something that will directly affect them, not only in their health but also economically, due to the devaluation their properties will suffer, and the loss of privacy implied by unknown people being on the towers, from where they can observe their yards and homes at just a few meters distance during the day. For the reasons stated, they request that the Chamber declare the action with merit, with the legal consequences this implies.

2.- Johnny Araya Monge reports under oath, in his capacity as Municipal Mayor of San José (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente), that according to Article 8 of the Regulation of the Municipality of San José on the Location and Granting of Construction Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones), published in La Gaceta number 184 of September 22, 2010, regulations that established a series of requirements for obtaining a municipal license to build a telecommunications tower, it must be understood that telecommunications infrastructure constitutes a work that can be developed in any zoning due to its specifications and technical requirements. He notes that in the field of telecommunications towers, municipal jurisdiction is limited to the civil construction of the antenna. He indicates that to date, none of the competent authorities in the matter, MINAET, SUTEL, or the Ministry of Health, have issued any directive prohibiting the construction of telecommunications towers, works that can be developed in any zoning due to their specifications and technical requirements. He affirms that the cited Regulation responds to a need to address requirements established in the Free Trade Agreement signed with the United States of America. He states that the construction companies must provide the construction plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; consequently, behind each approved permit there is a professional responsible for the work. He affirms that in La Gaceta number 156 of August 12, 2010, the Reform Project for the Regulation of the Municipality of San José on the Location and Granting of Construction Licenses for Telecommunications Infrastructure was published, granting a period of ten business days for the public hearing in accordance with Article 43 of the Municipal Code. He requests that the action filed be dismissed.

3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Piza R.; and,

Considerando:

I.- Object of the action. The petitioners consider their fundamental rights injured, by virtue of the fact that the Municipality of San José, due to the opening of telecommunications and the surge in requests for the installation of towers with their respective antennas, issued a legal instrument regulating the activity, namely, the Municipal Regulation for the Construction, Installation, Conservation, Maintenance, and Operation of Ground Stations and Telecommunications Structures in the Central Canton of San José, within which the legally required public hearing was omitted.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated: a) that the respondent Municipality issued the Regulation of the Municipality of San José on the Location and Granting of Construction Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in La Gaceta number 184 of September 22, 2010, regulations that establish the requirements for obtaining a municipal license to build a telecommunications tower (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); b) that telecommunications infrastructure constitutes a work that can be developed in any zoning due to its specifications and technical requirements (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); c) that in the field of telecommunications towers, municipal jurisdiction is limited to the civil construction of the antenna (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); d) that none of the competent authorities in the matter, namely, MINAET, SUTEL, or the Ministry of Health, have issued any directive prohibiting the construction of telecommunications towers (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); e) that the Regulation responds to a need to address requirements established in the Free Trade Agreement signed with the United States of America (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); f) that the construction companies must provide the construction plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; consequently, behind each approved permit there is a professional responsible for the work (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente); g) that in La Gaceta number 156 of August 12, 2010, the Reform Project for the Regulation of the Municipality of San José on the Location and Granting of Construction Licenses for Telecommunications Infrastructure was published, granting a period of ten business days for the public hearing in accordance with Article 43 of the Municipal Code (Report Document of the Respondent Authority incorporated into the electronic expediente).

III.- On the merits. It must first be noted that, while it is true this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least to be cognizable by this jurisdiction, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, may significantly affect a community. Being a constitutional principle, its adoption in other legal regulations is consistent, even covering broader scopes than those constitutionally protected via amparo, which is in accordance with the legal system; however, the verification of these hearings or communications does not have to be verified in all cases by this jurisdiction, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered high environmental impact (alto impacto ambiental), an assumption that is not the one we face in the present case, as it involves a work that not only has not yet been built but, as of the date this action is resolved, no directive has been issued prohibiting its construction by the competent authorities in the matter. Under this understanding and by virtue of the fact that, as stated under the solemnity of oath, in La Gaceta number 156 of August 12, 2010, the Reform Project for the Regulation of the Municipality of San José on the Location and Granting of Construction Licenses for Telecommunications Infrastructure was published, granting a period of ten business days for the public hearing in accordance with Article 43 of the Municipal Code, this Tribunal does not find that any fundamental right of the petitioners has been injured, since as indicated, it is proven that the respondent authority has followed up on the legal right claimed by the amparo seekers. Likewise, on this topic, the Chamber recently considered that:

"Regarding the lack of disclosure and the Community Communication Plan. The third claim raised by the petitioner refers to the fact that the necessary disclosure to the residents of the area regarding the construction of the telecommunications tower and the effects it may have on people was not carried out. In this regard, in judgment number 2011-015288 of 16:23 hours on November 8, 2011, this Tribunal ordered the following:

³ ('…) As can be deduced, the developing company was obligated to comply with the disclosure plan submitted before that body, so that, prior to the start of construction, it must inform that Technical Secretariat of its results. Thus, considering that the construction permit has not yet been granted by the respondent municipality, the amparo is premature. Apparently, according to the terms of the resolution that granted environmental viability (viabilidad ambiental), the developing company still has time to implement said disclosure plan that the petitioner claims. In any case, as has been previously held, the verification of compliance with legal requirements for communication to the community regarding a project of this nature is not a matter to be elucidated in this jurisdiction (judgments Nos. 5516-2011 of 12:31 hrs. on April 29, 2011, and 8316-2011 of 11:44 hrs. on June 24, 2011). " Likewise, in judgment number 2011-008316 of 11:44 hours on June 24, 2011, this Tribunal indicated that:

³ ('…) so that, this Tribunal does not find that any fundamental right of the petitioner has been injured, since as indicated, the verification of compliance with legal requirements for communication to the community regarding a project of this nature is not a matter to be elucidated in this jurisdiction, and in any case, as has been proven, the respondent authority has followed up on the legal right claimed by the amparo seeker, who, should she consider in any case that it does not conform to legal parameters, must resort, if she sees fit, to the corresponding contentious-administrative jurisdiction (')'.

As the foregoing is fully applicable to the matter under study and there being no reasons to vary the criteria, the appropriate course is to dismiss that the claimed grievance has occurred.

VI.- On the lack of public hearing prior to the approval of municipal permits. Finally, the amparo seeker claims that the municipal regulation on the construction, installation, and operation of telecommunications antennas was not subjected to public discussion, as established by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). In that sense, it is necessary to review what was ordered by the Chamber in recent vote number 015763-2011 of 09:46 hours on November 16, 2011: IV.- RELEVANCE OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FOR THE DEVELOPMENT OF PEOPLES IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW. PREVIOUS COMMITMENTS ASSUMED BY THE COSTA RICAN STATE. The Costa Rican State has been a member of the International Telecommunication Union (ITU), a specialized agency of the United Nations, since September 13, 1936. Through Law No. 8100 of April 4, 2002, the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, December 22, 1992) and the instrument amending the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (Kyoto, 1994) were approved. The ITU Constitution includes objectives such as the improvement and rational use of all kinds of telecommunications, increasing the efficiency of telecommunication services, enhancing their use and generalizing their utilization to the greatest possible extent by the public, promoting the extension of the benefits of new telecommunications technologies to all the planet's inhabitants, the creation, development, and improvement of telecommunication installations and networks in developing countries by all available means, etc. (Article 1). Article 6 of the ITU Constitution, regarding the execution of the Union's instruments, obligates Member States to observe and abide by the provisions of the Constitution, the Convention, and the Administrative Regulations. Among the resolutions adopted by the Plenipotentiary Conference—the body provided for in the ITU Constitution, composed of delegates from each of the State parties and meeting every four years—several highlight the relevance of telecommunications infrastructure: thus, in No. 22, it is recognized 'that the development of telecommunications/ICT infrastructure and services is a sine qua non condition for social and economic development'; in No. 25, it is considered that 'greater development of national telecommunications/information and communication technology (ICT) infrastructures will make it possible to reduce digital divides at national and global levels'; in No. 71 (Strategic Plan of the Union for 201-2015), it is indicated that the 'Strategic Goal of the ITU Telecommunication Development Sector' has as one of its aspects 'to promote the availability of infrastructure and foster an enabling environment for the development of ICT infrastructure (')' and then it is indicated that 'to fully harness the potential of telecommunications/ICTs, it is necessary for governments and other stakeholders (') to create an underlying infrastructure robust enough to overcome difficulties while seizing opportunities'; in No. 139, the 'indispensable role of telecommunications/ICT infrastructure (') to achieve the goal of digital inclusion and enable sustainable, widespread, and affordable access to global information' is emphasized. Moreover, in the international arena, there are several declarations that highlight the importance of the creation, improvement, and development of telecommunications infrastructure as a key factor for social and economic development, such as the 'Florianópolis Declaration' of June 21, 2000, the 'Geneva Declaration of Principles' (First Phase of the World Summit on the Information Society) of December 12, 2003, and its 'Action Plan', the 'Tunis Commitment' (Second Phase of the World Summit on the Information Society) of November 18, 2005, and its 'Agenda'. Specifically, the 'Action Plan' of the 'Geneva Declaration of Principles', in point C.2 called 'Information and communication infrastructure: an essential foundation for the Information Society', states the following: '9. Infrastructure is central to achieving the goal of digital inclusion, enabling universal, sustainable, ubiquitous and affordable access to ICTs for all, taking into account relevant solutions already applied in developing countries and countries with economies in transition, to provide connectivity and access to remote and marginalized areas at national and regional levels'. It should be clarified that Costa Rica participated in the Geneva Declaration of Principles and its Action Plan with a large delegation of seven delegates. In short, the construction, development, improvement, and expansion of a solid and robust telecommunications infrastructure has been enunciated in various instruments of Public International Law as a commitment and an unavoidable obligation of national States, which cannot be at the discretion of internal territorial local governments, as it could generate asymmetries, with the consequent lack of standardization and national development of telecommunications, causing serious harm to the inhabitants' ability to enjoy the benefits of the information society and the new information and knowledge technologies.

V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. Based on a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal system, it is feasible to conclude that the infrastructure, in the matter of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, standing as an issue that falls within the national orbit with, even, projections in the field of Public International Law, as its development entails the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Tribunal has indicated, the topic of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution indicates that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum are part of the constitutional public domain and concretely are property of the Nation, meaning they cannot be divested or leave the State's domain. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008 (Ley General de Telecomunicaciones) —hereinafter LGT— when stating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources', emphasizing that the use of telecommunications infrastructure must be '(') objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services'. Precisely, the optimization, balanced use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications matters responds to the explicit purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). Moreover, Article 32, subsection d), LGT clearly establishes that the objective of universal access and service and solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure', given that only with robust and fully developed infrastructure is it possible to reduce the digital divide, enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services. Additionally, the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, modified by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for telecommunications infrastructure and networks by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest'. Such a declaration has great repercussions, as it is recognized, by law, that the topic of infrastructure in this area has a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, projecting itself into the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered'; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict'. A consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities, cannot be placed before the clear public interest of telecommunications infrastructure as expressly declared by the national legislator through a law that expresses the general will (Articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over locally-based interests, given that municipal autonomy does not allow local councils to evade what has been declared an interest of national character; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or oversight that the State can exercise, through constitutional bodies, by issuing valid and effective laws, or by the conclusion of international agreements and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4, and 140, subsection 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation 'for legally verified public interest'. A second consequence drawn from the declaration of public interest is that the topic of construction, expansion, or development and improvement of telecommunications infrastructure has a clear and unequivocal national vocation. Thus, it is the State and its bodies that assume leadership and direction in the matter, to which all minor public entities must submit in order to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, and the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from 'localizing' the topic of telecommunications infrastructure, expressly and unequivocally nationalized it. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' (Sector Telecomunicaciones) provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, by providing the following: 'The Telecommunications Sector is created, within the framework of the State's sectorization. It shall be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public enterprises that perform functions or activities related to telecommunications' — according to this norm, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, as it includes the entire universe of public entities, including territorially decentralized ones such as municipalities. Thus, local councils cannot withdraw from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and particularly of its infrastructure, becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, as it establishes that the 'rector' of the sector shall be the Minister of Environment, Energy and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), who is responsible, in the exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, for the following: 'a) Formulate policies for the use and development of telecommunications'; 'b) Coordinate (') the preparation of the National Telecommunications Development Plan (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones) (')'; 'c) Ensure that Sector policies are implemented by public and private entities participating in the Telecommunications Sector'; 'e) Issue the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive regulations'; 'h) Coordinate telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society'; and 'i) Ensure compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature'. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components becomes manifest when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Telecommunications Development Plan', which is defined in paragraph 1 of that numeral as '(') the planning instrument and general orientation of the Sector and defines its goals, objectives, and priorities'. The legislator chose, then, to plan the topic of telecommunications at a national level, and not merely at a local or regional one. Furthermore, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), which is assigned a series of competences of unequivocal national character; thus, according to Articles 59 and 60 of the Law Creating ARESEP, it is responsible for '(') regulating, applying, supervising, and controlling the legal framework of telecommunications (')' for all of which it 'shall act in accordance with the Sector's policies, the provisions of the National Telecommunications Development Plan, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions'. The 'National Telecommunications Development Plan' 2009-2014, for its part, establishes that 'To advance in the use of the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure to allow for more and better telecommunications services for all population sectors. In this sense, the development of infrastructure in that sector constitutes a necessary and indispensable condition that must be given special priority in any national project regarding ICT (')' and later specifies that to achieve the development of national telecommunications infrastructure, it must address the following guidelines: 'a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, allowing convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and security in communications' and 'a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the country's inhabitants, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity (')'.

It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and that urges them to have a telecommunications infrastructure that is robust, modern, optimal, adequate, and developed in order to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, on a matter of clearly national scope, seeks to establish its own guidance and requirements, over and above national legislation and the instruments of Public International Law that bind all the entities that make up the State in the broad sense.

VI.- TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, MUNICIPALITIES, REGULATORY PLANS (PLANES REGULADORES), ZONING (ZONIFICACION), LAND-USE CERTIFICATES (CERTIFICADOS DE USO DE SUELO), AND CONSTRUCTION LICENSES (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN). In a clear attempt to provide symmetry and standardization in the field of telecommunications infrastructure, since it is a matter of clearly national scope, a significant series of general regulatory instruments have been issued, both at the national and cantonal levels. Thus, the Executive Branch issued Decree No. 36159 of May 10, 2010, called "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation and Expansion of Telecommunications Networks," whose purpose was to standardize the procedures for obtaining authorizations to build and install telecommunications infrastructure in the face of the prevailing regulatory dispersion and to fill the existing gaps in the matter. Article 10, paragraph 1, of this Executive Decree provided that it is the municipality’s competence "To grant land-use certificates, in accordance with the Regulatory Plan or its current regulations, provided that said plan or regulations contemplate the installation of telecommunications infrastructure. In cases where the Regulatory Plan and local regulations do not contemplate this matter, the land-use certificates shall be adapted to the provisions established in Articles 4, 5, 6, and 11 of this decree." Consequently, the decree admits two hypotheses: a) That the respective municipality has a Regulatory Plan and, specifically, Zoning Regulations (Reglamento de Zonificación) and within them the matter of installing telecommunications infrastructure is regulated, and b) In the absence of such regulations, the municipal government must hear and resolve the application for a land-use certificate, in accordance with Articles 4 (integration of norms), 5 (public interest in the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks), 6 (concept of a public telecommunications network), and 11 (principles for granting land uses and construction permits) of that Executive Decree. Article 11 of the Executive Decree under discussion establishes the following:

"1. In cases where the zoning for the installation of telecommunications infrastructure is not explicit or is not established in the Regulatory Plan of each Municipality, or where the territorial planning regulations contradict it or this matter is not regulated, applying the principle of legality established in both Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, the Municipality shall favor its establishment, expansion, renovation, and operation by applying the provisions of Article 74 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, Law No. 7593, which declares the public interest nature of the activities of establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements. In any case, said decision shall equally determine compliance with the application of the guiding principles of the Telecommunications Sector indicated in Article 3 of the General Telecommunications Law and in compliance with the principle of legality to which all Public Administration is subject, as provided by Article 11 of the General Law of Public Administration, as well as Article 11 of the Political Constitution. 2. By reason of the provisions of subsections a) and h) of Article 3 of the General Telecommunications Law, Law No. 8642, as well as the provisions of Article 74 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, Law No. 7593, and in compliance with the principle of legality established in Article 11 of the General Law of Public Administration, and in Article 11 of the Political Constitution, the municipalities shall base their actions for granting 'conforming land uses' (usos de suelo conforme) and 'construction permits' (permisos de construcción) on the following principles:

  • a)Principle of universality, such that the granting of the cited authorizations is facilitated to all parties interested in offering telecommunications services in the canton without any discrimination, with the purpose of guaranteeing, at least, a minimum of telecommunications services for the inhabitants of all zones and regions of the country under equal conditions.
  • b)Principle of technological neutrality, such that the granting of the cited authorizations guarantees the right of network operators and telecommunications service providers to choose the technologies to be used.
  • c)The declaration of public interest established by Article 74 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, such that the cited authorizations are granted, considering that the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is of public interest. (...)" Beginning in December 2010, jointly, several municipal corporations approved and published the respective "General Regulations for Municipal Telecommunications Licenses," according to a model regulation project that has been adopted by the majority of territorial entities and which provides, regarding land-use certificates, a rule that is repeated, in almost all of them, under the following terms: "The Land Use certificate shall be granted as conforming use (uso conforme) in any area of the canton's zoning, provided that it complies with the requirements and conditions established in this Chapter." Among the requirements set forth are completing a form indicating the tower height, georeferencing the location of the tower's center with longitude and latitude coordinates, a cadastral plan, the identity card or certification of legal status of the applicant. Also, the properties where the infrastructure is installed or located must have certain minimum front and depth measurements, a minimum buffer strip around the work, minimum and maximum heights, setbacks, etc. Even in such municipal regulations, the possibility of exempting such requirements is foreseen when the applicant justifies the need for different parameters based on technical studies that so justify them. Under this understanding, municipalities must grant land-use certificates for the construction and installation of telecommunications infrastructure in any zoning area of the canton, so it is not required that the pre-existing Regulatory Plan or Zoning Regulations—if they exist—be reformed, modified, or supplemented to regulate a specific zone for locating telecommunications infrastructure. For the location of the infrastructure, it is sufficient to comply with the technical and siting requirements set by national legislation and the regulations of the Executive Branch or specific municipal regulations. For the specific case, the "General Regulations for Municipal Telecommunications Licenses of the Municipality of Goicoechea" of June 1, 2011, provides in its article 11, final paragraph, the following:

"The works referred to in these Regulations shall preferably be located in the Industrial Zones, currently defined by the Regulatory Plan, without prejudice to their location in other places in the Canton under the terms of these Regulations." Numeral 11, final paragraph, of the cited regulation of the Municipality of Goicoechea is sufficiently eloquent, in providing that the land-use certificate to build and install a telecommunications tower or antenna may be granted in any of the areas or zones previously established in the Regulatory Plan and, in particular, in the Zoning Regulations, without it being necessary to reform, supplement, or modify such instruments, provided that the remaining requirements and conditions established by the legal system are met. Regarding the construction license for the installation, expansion, or modification of a telecommunications tower or antenna, the Urban Planning Law (article 29) and the aforementioned Municipal Regulations condition its granting on having a land-use certificate and compliance with other formal and technical requirements.

Since there are no reasons to vary what was decided on that occasion regarding the issue of citizen participation challenged by the appellant, the appropriate course is to dismiss the appeal also on this point.

VII.- Conclusion. By virtue of what has been explained in the preceding considerandos, it is necessary to dismiss the appeal in all its aspects. Judges Armijo Sancho, Cruz Castro, and Rueda Leal issue a dissenting vote solely regarding the issue of citizen participation analyzed in Considerando VI of this judgment, and grant the appeal only with respect to that aspect.

Thus, and there being no reason to modify the criterion of this Constitutional Chamber, it is necessary to reject this amparo, as is hereby ordered.

VIII.- Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Rueda Leal, drafted by the latter. Respectfully, we dissent from the majority vote regarding the requirement of a land-use certificate and a construction permit related to the building of cell phone towers. As indicated in the dissenting vote relative to judgment number 015763-2011 of 9:46 a.m. on November 16, 2011, we recognize and underscore the legal relevance of both the fundamental right to telecommunications and the constitutional right to participatory government. On the one hand, the importance of telecommunications for the development of society and the personal growth of citizens is recognized; on the other, the construction of cell phone towers also affects community interests that are legally relevant. It is noted that the legal nature of the regulations governing this matter is urbanistic in nature, and due to speciality, Article 43 of the Municipal Code, referring to external municipal regulations, is inapplicable. Consequently, the consultation mechanism established in Article 17 of the Urban Planning Law must be respected, as it constitutes a manifestation of the constitutional right to participatory government; however, such a mechanism cannot result in a stagnation of the development of telecommunications and, thereby, in an injury to the fundamental right to that service, as would occur if decisions lacking technical basis were made at the municipal level. Therefore, in accordance with the current legal system and a process of balancing the constitutional rights at stake (the right to telecommunications and to citizen participation), we consider that the construction of cell phone towers, as the building of a structure, does require the issuance of land-use certificates and construction permits through urbanistic regulations under the terms of the aforementioned Article 17 of the Urban Planning Law. In the absence of urbanistic norms issued by the respective municipalities, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) has residual competence, as this Chamber established in judgments numbers 1996-4205 of 2:33 p.m. on August 20, 1996, and 2004-01923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004.

Por tanto:

The appeal is DISMISSED. Judges Cruz Castro and Rueda Leal issue a dissenting vote solely regarding the issue of citizen participation analyzed in Considerando VI of this judgment, and grant the appeal.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Rodolfo E. Piza R. Paul Rueda L.

Jorge Araya G. Aracelly Pacheco S.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de enero de dos mil doce.

Recurso de amparo interpuesto por L.M.S.P, cédula […]; L.F.G, cédula […]; E.V.M, cédula […]; J.C.M, cédula […]; E.C.M, cédula […]; Q.C.H, cédula […]; B.E.A.N, cédula […]; A.J.CH, cédula […]; C.L.V, cédula […]; L.S.G.S, cédula […]; G.D.R, cédula […]; todos mayores; contra el Alcalde Municipal de San José.

Resultando:

1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:28 horas del 23 de setiembre de 2011, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Alcalde Municipal de San José y manifiestan que son vecinos del Residencial La Arboleda, situado en San José, San Sebastián. Agregan que sin precisar la fecha, la empresa Polar Breeze S.A. puso en conocimiento de algunos vecinos del lugar, que próximamente se construiría una torre de telecomunicaciones 3G en el vecindario, indicando que cuentan con los permisos requeridos al efecto. Señalan que pese a que la documentación que consta en la SETENA dentro del expediente número D2-133-2010 fue gestionada y aprobada a nombre de la Compañía las Torres D.C.R. Sociedad Anónima, la que comunicó la gestión fue la Compañía Polar Breeze S.A., lo cual puede ser una forma de confundirlos en cuanto a cuál empresa será la que estará involucrada en el asunto. Agregan que la construcción de dicha torre se efectuará en una propiedad del vecindario. Manifiestan que con motivo de la apertura de telecomunicaciones y el auge de la solicitud de instalación de torres con sus respectivas antenas, la Municipalidad recurrida se unió a la iniciativa de Femetrom para dictar un instrumento jurídico que regulara la actividad, el Reglamento Municipal para la Construcción, Instalación, Conservación, Mantenimiento y Explotación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones en el Cantón Central de San José, dentro del cual se prescindió de la audiencia pública de ley. Indica que lo anterior, debió ser puesto en conocimiento público, como requisito previo para su aprobación e implementación. Alegan que como ciudadanos tienen derecho a manifestar su opinión respecto a la construcción indiscriminada de torres de telecomunicaciones, siendo algo que les afectará directamente, no solamente en la salud, sino inclusive a nivel económico, por la devaluación que sufrirán los terrenos, la pérdida de privacidad que implica que personas desconocidas estén en las torres, donde pueden apreciar sus patios y sus casas a escasos metros de distancia, durante el día. Por lo expuesto, solicitan a la Sala se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.

2.- Informa bajo juramento Johnny Araya Monge, en su calidad de Alcalde Municipal de San José (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico), que según el artículo 8 del Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta número 184 del 22 de setiembre de 2010, normativa que vino a establecer una serie de requisitos para la obtención de una licencia municipal para construir una torre de telecomunicaciones, debe entenderse que la infraestructura para telecomunicaciones constituye una obra que puede ser desarrollada en cualquier zonificación en razón a sus especificaciones y requerimientos técnicos. Señala que en el ámbito de las torres de telecomunicaciones, la competencia municipal se limita al campo de la construcción civil de la antena. Indica que hasta la fecha, ninguna de las autoridades competentes en la materia, MINAET, SUTEL o Ministerio de Salud, han emitido directriz alguna que prohíba la construcción de torres de telecomunicaciones, obras que pueden ser desarrolladas en cualquier zonificación en razón de sus especificaciones y requerimientos técnicos. Afirma que el Reglamento de cita obedece a una necesidad de dar respuesta a requerimientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de América. Manifiesta que las empresas constructoras deben aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en consecuencia, detrás de cada permiso aprobado existe un profesional responsable de la obra. Afirma que en La Gaceta número 156 del 12 de agosto de 2010, se publicó el Proyecto de Reforma al Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones, otorgándose un plazo de diez días hábiles para la audiencia pública de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Piza R.; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, en virtud de que la Municipalidad de San José, con motivo de la apertura de telecomunicaciones y el auge de la solicitud de instalación de torres con sus respectivas antenas, dictó un instrumento jurídico que regulara la actividad, a saber, el Reglamento Municipal para la Construcción, Instalación, Conservación, Mantenimiento y Explotación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones en el Cantón Central de San José, dentro del cual se prescindió de la audiencia pública de ley.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que la Municipalidad recurrida emitió el Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta número 184 del 22 de setiembre de 2010, normativa que establece los requisitos para la obtención de una licencia municipal para construir una torre de telecomunicaciones (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); b) que la infraestructura para telecomunicaciones constituye una obra que puede ser desarrollada en cualquier zonificación en razón a sus especificaciones y requerimientos técnicos (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); c) que en el ámbito de las torres de telecomunicaciones, la competencia municipal se limita al campo de la construcción civil de la antena (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); d) que ninguna de las autoridades competentes en la materia, a saber, MINAET, SUTEL o Ministerio de Salud, han emitido directriz alguna que prohíba la construcción de torres de telecomunicaciones (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); e) que el Reglamento obedece a una necesidad de dar respuesta a requerimientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de América (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); f) que las empresas constructoras deben aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en consecuencia, detrás de cada permiso aprobado existe un profesional responsable de la obra (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico); g) que en La Gaceta número 156 del 12 de agosto de 2010, se publicó el Proyecto de Reforma al Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones, otorgándose un plazo de diez días hábiles para la audiencia pública de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico).

III.- Sobre el fondo. De previo debe indicarse, que si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es conforme con el ordenamiento jurídico; sin embargo, la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que no sólo aún no ha sido construida sino que, a la fecha en que se resuelve esta acción, no ha sido emitida directriz alguna que prohíba su construcción, por parte de las autoridades competentes en la materia. Bajo esta inteligencia y en virtud de que, según se afirma bajo la solemnidad del juramento, en La Gaceta número 156 del 12 de agosto de 2010, se publicó el Proyecto de Reforma al Reglamento de la Municipalidad de San José de Ubicación y Otorgamiento de Licencias Constructivas para Infraestructura de Telecomunicaciones, otorgándose un plazo de diez días hábiles para la audiencia pública de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de los recurrentes, pues como se indicó, quedó acreditado que la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por los amparados. Asimismo, sobre este tema la Sala recientemente consideró que:

"Sobre la falta de divulgación y el Plan de Comunicación a las Comunidades. El tercer alegato planteado por el recurrente hace referencia a no se produjo la divulgación necesaria a los vecinos del lugar sobre la construcción de la torre de telecomunicaciones y los efectos que ésta puede producir sobre las personas. Al respecto, en sentencia número 2011-015288 de las 16:23 horas del 08 de noviembre del 2011, este Tribunal dispuso lo siguiente:

³ («) Como se desprende, se obligó a la empresa desarrolladora a cumplir con el plan de divulgación presentado ante esa instancia, de modo que, de previo al inicio de las obras, debe informar a esa Secretaría Técnica, sus resultados. Así las cosas, considerando que aún, no se ha otorgado el permiso de construcción por parte de la municipalidad recurrida, el amparo resulta prematuro. Al parecer, conforme los términos de la resolución que otorgó la viabilidad ambiental, la empresa desarrolladora aún cuenta con tiempo para poner en ejecución dicho plan de divulgación que reclama el recurrente. En todo caso, tal y como se ha sostenido con anterioridad, la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción (sentencias Nos. 5516-2011 de las 12:31 hrs. de 29 de abril de 2011 y 8316-2011 de las 11:44 hrs. de 24 de junio de 2011). " Asimismo, en sentencia número 2011-008316 de las 11:44 horas del 24 de junio de 2011, este Tribunal indicó que:

³ («) de manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente («)´.

Siendo lo transcrito, plenamente, aplicable al asunto en estudio y no existiendo razones para variar el criterio, lo procedente es descartar que se haya producido el agravio reclamado.

VI.- Sobre la falta de audiencia pública previo a la aprobación de los permisos municipales. Finalmente, el amparado acusa que no se sometió a discusión pública el reglamento municipal sobre la construcción, instalación y operación de las antenas de telecomunicaciones, según establece la Ley de Planificación Urbana. En ese sentido, debe reseñarse lo dispuesto por la Sala en el reciente voto número 015763-2011 de las 09:46 horas del 16 de noviembre de 2011: ³IV.- RELEVANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONESPARAELDESARROLLO DE LOS PUEBLOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. COMPROMISOS PREVIOS ASUMIDOS POR EL ESTADO COSTARRICENSE. El Estado costarricense forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, desde el 13 de septiembre de 1936. Mediante la Ley No. 8100 de 4 de abril de 2002, se aprobaron la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 22 de diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto 1994). En la Constitución de la UIT figuran objetivos tales como los de mejoramiento y empleo racional de toda clase de telecomunicaciones, aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicación, acrecentar su empleo y generalizar al máximo su utilización por el público, promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta, la creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y redes de telecomunicación en los países en desarrollo por todos los medios que se disponga, etc. (artículo 1). El artículo 6 de la Constitución de la UIT, en lo relativo a la ejecución de los instrumentos de la unión, obliga a los Estados miembros a observar y atenerse a las disposiciones de la Constitución, el Convenio y los Reglamentos administrativos. Entre las resoluciones adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios ±órgano previsto en la Constitución de la UIT, conformado por delegados de cada uno de los Estado partes y que se reúne cada cuatro años-, hay varias que destacan la relevancia de la infraestructura en telecomunicaciones, así en la No. 22 se reconoce ³que el desarrollo de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones/TIC es una condición sine qua non del desarrollo social y económico´, en la No. 25 se considera que ³un mayor desarrollo de las infraestructuras nacionales de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitirá reducir las brechas digitales a escala nacional y mundial´, en la No.71(Plan Estratégico de la Unión para 201-2015), se indica que la ³Meta Estratégica del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT´tiene como una de sus vertientes ³promover la disponibilidad de infraestructura y fomentar un entorno propicio para el desarrollo de infraestructuras TIC («)´y luego se indica que ³para aprovechar plenamente el potencial que ofrecen las telecomunicaciones/TIC es necesario que los gobiernos y otras partes («) creen una infraestructura subyacente que sea lo suficientemente robusta como para superar las dificultades y a la vez aprovechar las oportunidades ´, en la No. 139 se enfatiza ³la función indispensable de la infraestructura de las telecomunicaciones/TIC («) para alcanzar la meta de la integración digital y permitir un acceso sostenible, generalizado y asequible a la información mundial´. De otra parte, en el concierto internacional, existen varias declaraciones que destacan la importancia de la creación, mejora y desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones como factor clave para el desarrollo social y económico, tales como la ³Declaración de Florianópolis´de 21 de junio de 2000, la ³Declaración de Principios de Ginebra´(Primera Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información) de 12 de diciembre de 2003 y su ³Plan de Acción´, el ³Compromiso de Túnez´(Segunda Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información) de 18 de noviembre de 2005 y su ³Agenda´. Específicamente el ³Plan de Acción´de la ³Declaración de Principios de Ginebra´en el punto C.2 denominado ³Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento básico para la Sociedad de la Información´, se indica lo siguiente: ³9. La infraestructura es fundamental para alcanzar el objetivo de la integración en el ámbito digital, propicia el acceso universal, sostenible, ubicuo y asequible a las TIC para todos, teniendo en cuenta las soluciones pertinentes ya aplicadas en los países en desarrollo y en los países con economías en transición para ofrecer conectividad y acceso a zonas distantes y marginadas en los ámbitos regional y nacional´. Cabe aclarar que Costa Rica participó en la Declaración de Principios de Ginebra y su Plan de Acción con una nutrida participación de siete delegados. En definitiva, la construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de una infraestructura sólida y robusta de telecomunicaciones ha sido enunciada en diversos instrumentos del Derecho Internacional Público como un compromiso y una obligación indeclinable de los Estados nacionales, que no puede estar al arbitrio de los gobiernos locales territoriales internos, por cuanto, podría generar asimetrías, con la consiguiente falta de normalización y de un desarrollo nacional de las telecomunicaciones que provoca serios perjuicios para que los habitantes pueden gozar de los beneficios de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento.

V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTOCONSTITUCIONALE INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ³servicios inalámbricos´ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 ±en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ³optimización de los recursos escasos´, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ³ («) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios´. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ³desarrollo de la infraestructura ´, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ³Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos´. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ³como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados´, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ³El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto ´. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ³por interés público legalmente comprobado´. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ³localizar´ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ³Sector Telecomunicaciones´previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: ³Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones ´a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el ³rector´del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: ³a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones´; ³b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)´; ³c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones´; ³e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan´; ³h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información´e ³i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza´. Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ³Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones ´, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como ³(«) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste´. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde ³ («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («)´ para todo lo cual ³actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables ´. El ³Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones´ 2009-2014, por su parte, establece que ³Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC(«)´ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: ³a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones´y ³a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («)´. Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio.

VI.-INFRAESTRUCTURADE TELECOMUNICACIONES, MUNICIPIOS, PLANES REGULADORES, ZONIFICACION, CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. En un claro intento de brindar simetría y normalización en materia de infraestructura de telecomunicaciones por tratarse de un tema de clara vocación nacional, se han dictado una serie importante de instrumentos normativos de carácter general, tanto a nivel nacional como cantonal. Así, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado ³Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones´, cuyo fin fue uniformar los trámites para obtener autorizaciones para construir e instalar infraestructura de telecomunicaciones ante la dispersión normativa imperante y colmar las lagunas existentes en la materia. En el artículo 10°, párrafo 1°, de este Decreto Ejecutivo se dispuso que es competencia municipal ³Otorgar los certificados de uso de suelo, de conformidad con el Plan Regulador o sus reglamentos vigentes, siempre y cuando en dicho plan o reglamentos se contemple la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En los casos donde el Plan Regulador y la reglamentación local no contempla esta materia, los certificados de uso de suelo se adecuarán a lo establecido en los artículos 4, 5, 6 y 11 del presente decreto´. Consecuentemente, el decreto admite dos hipótesis: a) Que la respectiva municipalidad cuente con Plan Regulador y, concretamente, Reglamento de Zonificación y dentro de los mismos se regule el tema de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y b) En ausencia de esa normativa, el ayuntamiento debe conocer y resolver la solicitud del certificado de uso del suelo, conforme los artículos 4° (integración de normas), 5° (interés público en el establecimiento, instalación, ampliación, renovación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones), 6° (concepto de red pública de telecomunicaciones) y 11° (principios para el otorgamiento de usos de suelo y permisos de construcción) de ese Decreto Ejecutivo. El artículo 11° del Decreto Ejecutivo de comentario establece lo siguiente:

³1.En los casos donde la zonificación para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones no sea explícita o no se encuentre establecida en el Plan Regulador de cada Municipalidad, o bien que la reglamentación del ordenamiento territorial se contraponga a la misma o no se regule esta materia, aplicando el principio de legalidad establecido tanto en el artículo 11 de la Constitución Política así como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, la Municipalidad favorecerá su establecimiento, ampliación, renovación y operación aplicando lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593, que declara el carácter de interés público de las actividades de establecimiento, instalación, ampliación, renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. En todo caso, dicha decisión determinará, igualmente, que se cumpla con la aplicación de los principios rectores del Sector Telecomunicaciones señalados en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones y en cumplimiento del principio de legalidad al cual toda la Administración Pública se encuentra sujeta por así disponerlo el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 11 de la Constitución Política. 2. En razón de lo dispuesto en los incisos a) y h) del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642, así como lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Ley No. 7593, y en cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y en el artículo 11 de la Constitución Política, las municipalidades fundamentarán sus acciones para el otorgamiento de ³usos de suelo conforme´y ³permisos de construcción´en los siguientes principios:

  • a)Principio de universalidad, de manera que se propicie la concesión de las autorizaciones citadas a todos los interesados en ofrecer servicios de telecomunicaciones en el cantón sin discriminación alguna, con el objeto de que se garanticen, al menos, un mínimo de servicios de telecomunicaciones para los habitantes de todas las zonas y regiones del país en igualdad de condiciones.
  • b)Principio de neutralidad tecnológica, de manera que el otorgamiento de las autorizaciones citadas garanticen el derecho de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones de escoger las tecnologías por utilizar.
  • c)La declaratoria de interés público que establece el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de manera que se otorguen las autorizaciones citadas, considerando que resulta de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos.(«)´ A partir de diciembre de 2010, de manera conjunta, varias corporaciones municipales aprobaron y publicaron el respectivo ³Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones ´, según un proyecto de reglamento modelo que ha sido adoptado por la mayoría de las entidades territoriales y el que dispone en cuanto a los certificados de uso de suelo una norma que se repite, en casi todos, bajo los siguientes términos: ³Se otorgará el certificado de Uso de Suelo como uso conforme en cualquier área de la zonificación del cantón, siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en este Capítulo´. Dentro de los requisitos que se fijan están cumplimentar un formulario con la indicación de la altura de la torre, georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud, plano catastrado, cédula de identidad o certificación de personería jurídica del solicitante. También los predios donde se instala o ubica la infraestructura deben tener ciertas medidas mínimas de frente y fondo, una franja de amortiguamiento mínima alrededor de la obra, alturas mínimas y máximas, retiros, etc.. Incluso en tales reglamentos municipales, se prevé la posibilidad de excepcionar tales recaudos cuando el solicitante justifique la necesidad de parámetros distintos con fundamento en estudios técnicos que así lo justifiquen. Bajo esta inteligencia las municipalidades deben otorgar los certificados de uso de suelo para la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones en cualquier área de zonificación del cantón, por lo que no se requiere que el Plan Regulador o el Reglamento de Zonificación preexistentes ±en caso de existir- sean reformados, modificados o adicionados para regular una zona específica para ubicar la infraestructura de telecomunicaciones. Para la ubicación de la infraestructura basta cumplir con los requisitos técnicos y de emplazamiento fijados por la legislación nacional y los reglamentos del Poder Ejecutivo o municipales específicos. Para el caso específico, el ³Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea ´de 1° de junio de 2011, dispone en su artículo 11°, párrafo in fine, lo siguiente:

³Las obras a las que se refiere este Reglamento se deberán ubicar de preferencia en las Zonas Industriales, definidas en la actualidad por el Plan Regulador, sin perjuicio de su ubicación en otros lugares del Cantón en los términos de este Reglamento´.

El numeral 11°, párrafo in fine, del citado reglamento de la Municipalidad de Goicoechea es suficientemente elocuente, al disponer que el certificado de uso del suelo para construir e instalar una torre o antena de telecomunicaciones puede ser concedido en cualquiera de las áreas o zonas establecidas previamente en el Plan Regulador y, en particular en el Reglamento de Zonificación, sin que sea necesario reformar, adicionar o modificar tales instrumentos, siempre y cuando se cumplan el resto de los requisitos y condiciones que establece el ordenamiento jurídico. En punto a la licencia de construcción para la instalación, ampliación o modificación de una torre o antena de telecomunicaciones, la Ley de Planificación Urbana (artículo 29) y los Reglamentos municipales ya citados condicionan su otorgamiento a contar con un certificado de uso de suelo y el cumplimiento de otros requisitos de carácter formal y técnico´.

Como no existen razones para variar lo dispuesto en esa ocasión respecto al tema de participación ciudadana acusado por el recurrente, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso también en cuanto a este punto.

VII.- Conclusión. En mérito de lo explicado en los considerandos anteriores, se impone declarar sin lugar el recurso en todos sus extremos. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto únicamente en cuanto al tema de la participación ciudadana analizado en el considerando VI de esta sentencia, y declaran con lugar el recurso solo respecto a ese extremo." Así las cosas y no existiendo motivo para modificar el criterio de esta Sala Constitucional, se impone desestimar el presente amparo, como en efecto se dispone.

VIII.- Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del último. Respetuosamente, nos separamos del voto de mayoría en lo atinente al requerimiento de un certificado de uso de suelo y un permiso de construcción relativo a la edificación de torres para la telefonía celular. Conforme se indica en el voto salvado relativo a la sentencia número 015763-2011 de las 9:46 horas del 16 de noviembre de 2011-11-30, reconocemos y subrayamos la relevancia jurídica tanto del derecho fundamental a las telecomunicaciones, como del derecho constitucional al gobierno participativo. De un lado, se reconoce la importancia que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo de la sociedad y el desenvolvimiento personal de los ciudadanos; del otro, la construcción de torres para la telefonía celular afecta también intereses comunales, jurídicamente relevantes. Se advierte que la naturaleza jurídica de la reglamentación que regula esta materia es de naturaleza urbanística y por cuestiones de especialidad, resulta inaplicable el artículo 43 del Código Municipal, referido a reglamentos municipales externos. En consecuencia, el mecanismo de la consulta estatuido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana debe respetarse pues constituye una manifestación del derecho constitucional al gobierno participativo; empero, tal mecanismo no puede derivar en un estancamiento del desarrollo de las telecomunicaciones y, con ello, en una lesión al derecho fundamental a ese servicio, como ocurriría si en el ámbito municipal se tomasen decisiones carentes de fundamento técnico. Por consiguiente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y un proceso de ponderación de los derechos constitucionales en juego (derecho a las telecomunicaciones y a la participación ciudadana), estimamos que la construcción de torres para la telefonía celular, en tanto edificación de un estructura, sí requiere la emisión de certificados de uso de suelo y permisos de construcción a través de una reglamentación urbanística en los términos del mencionado artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. En ausencia de normas urbanísticas dictadas por las respectivas municipalidades, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene una competencia residual, conforme estableció esta Sala en sentencias números 1996-4205 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 y 2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto únicamente en cuanto al tema de la participación ciudadana analizado en el considerando VI de esta sentencia, y declaran con lugar el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Rodolfo E. Piza R. Paul Rueda L.

Jorge Araya G. Aracelly Pacheco S.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 11, 45, 121 inc. 14 c)
    • Ley General de Telecomunicaciones 8642 Arts. 2, 3, 32
    • Ley de la ARESEP 7593 Art. 74
    • Ley de Planificación Urbana Art. 17
    • Código Municipal Art. 43
    • Decreto Ejecutivo 36159 Arts. 10, 11
    • Ley General de la Administración Pública Arts. 11, 113

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