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Res. 00442-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/01/2012

Amparo for Constructions and Logging in Playa Pará DeniedAmparo por construcciones y tala en Playa Pará se declara sin lugar

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that the requested demolition and surveillance are matters of ordinary legality already being pursued through other channels, and that sanctioning officials falls outside its jurisdiction.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que la demolición de obras y la vigilancia solicitada son asuntos de legalidad ordinaria que ya se ventilan en otras vías, y que sancionar a los funcionarios está fuera de sus competencias.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied a writ of amparo filed by an individual against the Municipality of Aguirre and the Central Pacific Conservation Area (MINAET) for alleged irregularities in Playa Pará (Manuel Antonio). The plaintiff claimed the construction of a mansion, tower, stairs, and road, as well as tree felling, in an area classified as State natural heritage, with supposed tolerance by the authorities. He argued that although the zoning plan for Playa Pará was annulled in 2008 by order of the Comptroller and the land registered in the State’s name, the violations persisted and no action was taken. The Chamber held that ordering demolition of the works is a matter of ordinary legality for administrative or judicial authorities, not constitutional jurisdiction. It was shown that two criminal proceedings were already underway, where the State had requested demolition, and it was verified that by 2008 the infrastructure had been demolished. Regarding the requested surveillance, the Chamber stated that technical criteria on patrols cannot be determined through amparo. Neither could it order sanctions for the municipal officials who approved the zoning plan, as that matter is already subject to a criminal process and is a matter of ordinary legality.La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por un particular contra la Municipalidad de Aguirre y el Área de Conservación Pacífico Central del MINAET por presuntas irregularidades en Playa Pará (Manuel Antonio). El recurrente denunciaba la construcción de una mansión, torre, escaleras y camino, así como tala de árboles, en un área que califica como patrimonio natural del Estado, con la supuesta tolerancia de las autoridades. Alegó que pese a que el plan regulador de playa Pará fue anulado en 2008 por orden de la Contraloría y el terreno inscrito a nombre del Estado, las infracciones persistían y no se había actuado. La Sala determinó que la demolición de las obras es una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde a las autoridades administrativas o judiciales, no a la jurisdicción constitucional. Se constató que ya existían dos procesos penales en curso, donde el Estado solicitó la demolición, y se verificó que para 2008 la infraestructura había sido demolida. En cuanto a la vigilancia solicitada, la Sala indicó que los criterios técnicos sobre patrullajes no pueden ser fijados por la vía de amparo. Tampoco procedió ordenar sancionar a los funcionarios municipales que aprobaron el plan regulador, pues ese aspecto ya es objeto de un proceso penal y es de legalidad ordinaria.

Key excerptExtracto clave

First, the petitioner seeks that this Chamber order the demolition of infrastructure works (stairs, towers, etc.) allegedly built irregularly at Playa Pará. However, a Constitutional Court is not responsible for directly ordering such demolition. It is a matter of ordinary legality, to be decided by the respective administrative or judicial authorities. It was established that two criminal proceedings are underway where the State's representation requested precisely that demolition, and it was also established that, by 2008, the Aguirre-Parrita Subregional Office, at the request of the Criminal Judge itself, verified that the constructed infrastructure was indeed demolished (folio 30 of the certified copies provided by the head of that office). In any case, if any other irregular construction has been carried out — and it is clear that neither the Municipality of Aguirre nor the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications granted permits — the demolition request must be heard again by the Judge handling the case. The petitioner argued that this is not necessary because the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications should act directly. However, in the view of this Court, it is not appropriate to resolve that point, as already indicated, through amparo proceedings. Furthermore, the petitioner seeks that this Chamber sanction or order sanctions for the officials of the Municipality of Aguirre, who, in his view, willfully approved the Playa Pará Zoning Plan in 2004. However, this claim falls outside the powers of this Chamber. From the report of the Comptroller General of the Republic that ordered the plan’s annulment, it is clear that an irregular situation indeed occurred. This Court, in ruling No. 2007-10078 of 10:22 a.m. on 20 July 2007, flatly rejected the amparo filed against that report by one of the persons seeking to obtain a concession in the area. Nevertheless, this too is a matter of ordinary legality that may even give rise to criminal liability. The petitioner himself acknowledged that a criminal proceeding is underway against them for the alleged irregularities.En primer término, el recurrente pretende que esta Sala ordene la demolición de obras de infraestructura (gradas, torres, etc.) supuestamente construidas, de manera irregular en playa Pará. Sin embargo, a un Tribunal Constitucional no le corresponde ordenar, directamente, tal demolición. Se trata de una cuestión de legalidad ordinaria, que deben disponer las respectivas autoridades administrativas o judiciales. Se acreditó que se siguen dos procesos penales donde la representación del Estado solicitó, precisamente, esa demolición e, incluso, también se acreditó que, para el 2008, la Oficina Subregional Aguirre-Parrita, a instancias del mismo Juez Penal, constató que la infraestructura construida sí fue demolida (folio 30 de las copias certificadas aportadas por el Jefe de esa oficina). En todo caso, de haberse realizado alguna otra construcción irregular -y es claro que ni la Municipalidad de Aguirre ni el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones otorgaron permisos- la solicitud de demolición deberá conocerla, de nuevo, el Juez que tramita la causa. El recurrente alegó que no es necesario hacerlo, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debería actuar directamente. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, no procede dilucidar tal punto, como ya se indicó, en la vía del amparo. De otra parte, el recurrente pretende que esta Sala sancione o ordene sancionar a los funcionarios de la Municipalidad de Aguirre, que, a su juicio, aprobaron, de manera dolosa, en el año 2004 el Plan Regulador de Playa Pará. Sin embargo, se trata de una pretensión ajena a las competencias de esta Sala. Del informe de la Contraloría General de la República que ordenó anular el plan se desprende, que en efecto, se presentó una situación irregular. Este Tribunal en sentencia No. 2007-10078 de las 10:22 hrs de 20 de julio de 2007, rechazó de plano el recurso de amparo presentado contra dicho informe, por una de las personas que pretendía obtner una concesión en el lugar. Sin embargo, también este es asunto de legalidad ordinaria que, incluso, puede generar responsabilidades penales. El mismo recurrente reconoció que contra ellos se sigue un proceso penal, por las presuntas irregularidades.

Pull quotesCitas destacadas

  • "A un Tribunal Constitucional no le corresponde ordenar, directamente, tal demolición. Se trata de una cuestión de legalidad ordinaria, que deben disponer las respectivas autoridades administrativas o judiciales."

    "It is not for a Constitutional Court to directly order such demolition. It is a matter of ordinary legality, to be decided by the respective administrative or judicial authorities."

    Considerando III

  • "A un Tribunal Constitucional no le corresponde ordenar, directamente, tal demolición. Se trata de una cuestión de legalidad ordinaria, que deben disponer las respectivas autoridades administrativas o judiciales."

    Considerando III

  • "Finalmente, el recurrente también pretende que esta Sala ordene al Oficina Subregional Aguirre-Parrita cuándo y de qué manera debe realizarse la vigilancia en ese lugar. Es claro que esa decisión depende de criterios técnicos y no jurídicos, los que no deben ser fijados en la vía del amparo."

    "Finally, the petitioner also seeks that this Chamber order the Aguirre-Parrita Subregional Office when and how surveillance should be carried out at that location. It is clear that this decision depends on technical and not legal criteria, which must not be determined through amparo proceedings."

    Considerando III

  • "Finalmente, el recurrente también pretende que esta Sala ordene al Oficina Subregional Aguirre-Parrita cuándo y de qué manera debe realizarse la vigilancia en ese lugar. Es claro que esa decisión depende de criterios técnicos y no jurídicos, los que no deben ser fijados en la vía del amparo."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the twentieth of January, two thousand twelve.

Amparo remedy filed by G.E.M, identity card No. […], against the MUNICIPALITY OF AGUIRRE and another.

WHEREAS:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on December 22, 2010, the petitioner alleged that the Municipality of Aguirre accepts and processes concession applications on Playa Pará in Manuel Antonio, despite the fact that the Regulatory Plan was annulled —a criminal case was even opened against the councilors who approved it—, because that area, due to its characteristics, should be a State natural heritage site (patrimonio natural del Estado) and cannot be the subject of concessions. Likewise, representatives of the company Los Altos built a road from the building where that company is located to Playa Pará, a mansion —where parties are frequent— and a metal tower on the beach; in addition, they placed stairs from the mansion down to the beach. Moreover, they hire workers to clear-cut the forest (talar el bosque) at night. He asserted that he had reported all of the above to the Municipality of Aguirre and to the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, but they have done nothing about it. He requested that the Office of the Comptroller General of the Republic be included as a party in this proceeding. He requested this Chamber to order the immediate demolition of the house, the tower and the stairs, and to close the road leading to the beach.

2.- By ruling of January 10, 2011, the proceeding was given course.

3.- By brief filed on January 20, 2011, Anabelle Orozco Blanco and Jonathan Rodríguez Morales, respectively, Mayor and Municipal President, both of the Municipality of Aguirre, submitted the report. They indicated that, by order of the Office of the Comptroller General of the Republic, the Municipality annulled, in 2007, the Regulatory Plan of Playa Pará and shelved all concession applications —only applications existed—. As soon as the Municipality became aware of the possible damages, it informed the authorities of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. Municipal officials even accompanied those from the Ministry to stop the alleged anomalies. They added that, once the place is declared a State Natural Heritage Site, in accordance with Articles 73 of Law No. 6043, 4 of the Regulation to that law, and 1, 13 and 14 of the Ley Forestal, the administration and surveillance correspond to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. They added that those lands are already registered under the name of the State.

4.- By brief filed on March 29, 2011, Christian Bogantes Sánchez, Head of the Aguirre-Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, submitted the report. He indicated that, in June 2010, the petitioner reported the felling of trees (tala de árboles) and the construction of a house and roads in the public zone. However, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications has not granted exploitation permits for the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). Regarding the road, he asserted that, in 2005, the respective complaint was filed before the Environmental Administrative Tribunal, since road permits are granted by the Municipality. Furthermore, a complaint has already been filed before the Prosecutor's Office of Aguirre. He indicated that, by official letter ACOPAC-OSRAP-0210-08, the Criminal Judge of Aguirre was informed about the demolition of the infrastructure on Playa Pará. He affirmed that, in the inspections carried out, tree felling was not verified, but only "brush clearing (chapias)". Nor has it been verified that the parties indicated by the petitioner take place. On November 2, 2010, the petitioner filed another complaint, but due to Tropical Storm Thomas, the office was at the disposal of the National Commission of Emergencies. In his opinion, there is no specific person to whom to attribute the alleged crimes, and the office does not have sufficient staff for continuous surveillance, during nights and weekends, as the petitioner intends. He added that, since August 2010, no more inspections have been carried out. He indicated that, on December 10, 2010, the petitioner and his lawyer requested copies of the respective case file, but they have not come to pick them up. He requested that the Municipality of Aguirre be compelled to provide a response regarding the documents of the concessioned areas, and that the National Geographic Institute (IGN) locate the boundaries of Playa Pará.

5.- By brief filed on March 25, 2011, the petitioner requested an on-site ocular inspection (inspección ocular) and submitted evidence.

6.- By brief filed on March 29, 2011, the petitioner commented on the reports rendered. Regarding the Municipality, he alleged that there is no justification for it having approved the Regulatory Plan that it later had to annul. He alleged that the councilors had no idea what they were approving. Regarding the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, he argued that it is not necessary to resort to the Criminal Judge to order the demolition of the house. He insisted that there is indeed tree felling; in his opinion, if the officials do not verify it, it is because they did not conduct the inspection properly. He insisted that both the Municipality and the Ministry have not carried out the duties entrusted to them, and therefore he requested that they be reported to the Public Prosecutor's Office for breach of duties. He reiterated his desire for this Chamber to conduct a judicial inspection.

7.- By brief filed on May 19, 2011, the petitioner alleged that the evidence for a better resolution requested by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications is unnecessary, since the area belonging to the State is indeed duly demarcated, and he submitted evidence. He reiterated his interest that the Office of the Comptroller General of the Republic be a party in this proceeding, that an on-site ocular inspection be carried out, and he submitted evidence.

8.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya Garcia; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE. The petitioner requested this Chamber to order the demolition of a house and other structures built on Playa Pará, with the tolerance, as he alleged, of the Municipality of Aguirre and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. He explained that, in 2004, the Municipality of Aguirre approved a regulatory plan (plan regulador) for Playa Pará, which allowed granting concessions. Consequently, it accepted concession applications —most of them from companies owned by Paul Lambert— and tolerated the appropriation of the place based on the applications. Thanks to the intervention of the Office of the Comptroller General of the Republic, the Municipality annulled the regulatory plan, because it is a forested area, a State natural heritage site (patrimonio natural del Estado), and the land was registered under its name. He added that, a criminal proceeding was even opened against the councilors who approved the plan. However, the petitioner alleged, both the Municipality of Aguirre and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications have allowed, in fact, one of the companies that had applied for the concession —even though it was never granted— to open a road, build a mansion, a tower, and stairs descending to the beach. In addition, it is common to find workers felling trees at night, which is why, in his opinion, night patrols should be conducted regularly. He alleged that he has reported the irregularities, but the respondents do not act. He requested this Chamber to order the demolition of the indicated infrastructure and continuous surveillance by the respondent authorities. In a subsequent brief, he requested that the omissive officials be reported to the Public Prosecutor's Office.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: 1) On November 2, 2004, the Municipal Council of Aguirre approved the Regulatory Plan of Playa Pará (Official Gazette La Gaceta No. 240 of December 8, 2004). 2) On February 16, 2007, the Office of the Comptroller General of the Republic recommended to the Municipality of Aguirre the annulment of said Regulatory Plan, because the land is part of the State Natural Heritage Site (report No. DFOE-SM-3-2007 on folios 1-13 of the certified copy of the municipal case file). 3) On October 21, 2008, the Municipal Council of Aguirre annulled the Regulatory Plan of Playa Pará (Official Gazette La Gaceta No. 30 of February 12, 2009). 4) The Municipality of Aguirre has not approved any concession on Playa Pará and, after the annulment, ordered the shelving of all applications submitted (point II.a of the report rendered by the municipal authorities). 5) In the criminal jurisdiction, two proceedings are being processed for the alleged irregular construction of infrastructure and tree felling on Playa Pará, where the request for demolition of what was built has been raised (point 7° of folio 2 of the report rendered by the Head of the Aguirre-Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area; and folios 3, 6-11, 30, and 97-100 of the certified copies of the administrative case file sent by the same respondent). 6) Before the Environmental Administrative Tribunal, proceedings were opened both for the alleged environmental damage on Playa Pará, and for the decision of the Municipality of Aguirre to approve a Regulatory Plan for that place —subsequently annulled— (point 5° of folio 1° of the report by the Head of the Aguirre-Parrita Subregional Office and folios 14-15 and 24 of the certified copy of the administrative case file provided by that same respondent). 7) On March 12, 2008, the Aguirre-Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area informed the Criminal Judge about the demolition of the works built on Playa Pará (point 7° of the report by the Head of that office and official letter No. ACOPAC-OSRAP-0210-08 on folio 30 of the certified copy of the administrative case file provided by the same respondent). 8) On June 2, 2010, and November 1, 2010, the petitioner reported to the Municipality of Aguirre the alleged existence of irregularly built infrastructure and tree felling on Playa Pará (copies provided by the petitioner, with the received stamp, on folios 9-11 and 15-20 of the case file). 9) In an official letter dated November 5, 2010, the Head of the Department of the Maritime-Terrestrial Zone of the Municipality of Aguirre informed the petitioner of the referral of his complaint to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, because, being a State Natural Heritage Site, the administration of that sector corresponded to that Ministry (copy provided by the petitioner on folio 21 of the case file). 10) On June 30, 2010, the petitioner reported to the Aguirre-Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area the felling of trees on Playa Pará, as well as the existence of infrastructure built in that place (point 3° of folio 1° of the report rendered by the Head of that office). 11) In August 2010, officials of the Aguirre-Parrita Subregional Office conducted inspections at the site and did not observe the reported tree felling (point 9° of folio 2° of the report rendered by the Head of that office). 12) On November 2, 2010, the petitioner reiterated the complaint before the Aguirre-Parrita Subregional Office (point 13 of folio 2° of the report rendered by the Head of that office and copy provided by the petitioner on folios 23-27 of the case file).

III.- ON THE MERITS. In the first place, the petitioner intends for this Chamber to order the demolition of infrastructure works (stairs, towers, etc.) allegedly built irregularly on Playa Pará. However, it is not for a Constitutional Court to directly order such demolition. This is a matter of ordinary legality, which must be decided by the respective administrative or judicial authorities. It was proven that two criminal proceedings are underway where the State's representation sought precisely that demolition and, furthermore, it was also proven that, by 2008, the Aguirre-Parrita Subregional Office, at the request of the same Criminal Judge, verified that the infrastructure built was indeed demolished (folio 30 of the certified copies provided by the Head of that office). In any case, if any other irregular construction has been carried out —and it is clear that neither the Municipality of Aguirre nor the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications granted permits— the request for demolition must again be heard by the Judge processing the case. The petitioner alleged that it is not necessary to do so, because the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications should act directly. However, in the opinion of this Court, it is not appropriate to resolve such a point, as already indicated, through the amparo proceeding. On the other hand, the petitioner intends for this Chamber to sanction or order the sanctioning of the officials of the Municipality of Aguirre, who, in his opinion, fraudulently approved the Regulatory Plan of Playa Pará in 2004. However, this is a claim outside the jurisdiction of this Chamber. It is clear from the report of the Office of the Comptroller General of the Republic that ordered the plan's annulment that an irregular situation indeed occurred. This Court, in judgment No. 2007-10078 of 10:22 hrs of July 20, 2007, flatly rejected the amparo remedy filed against said report by one of the persons seeking to obtain a concession there. However, this is also a matter of ordinary legality which may even generate criminal liability. The same petitioner acknowledged that a criminal proceeding is being pursued against them for the alleged irregularities. Finally, the petitioner also intends for this Chamber to order the Aguirre-Parrita Subregional Office as to when and in what manner surveillance should be carried out in that place. It is clear that this decision depends on technical and not legal criteria, which must not be established through the amparo proceeding. In another vein, there is, certainly, one last petition filed by the petitioner before the Aguirre-Parrita Subregional Office in November 2010, regarding which no action was taken. However, it is a reiteration of what had already been reported, so it is also not appropriate to grant the remedy with respect to this point.

THEREFORE:

The remedy is declared without merit.

Ana Virginia Calzada M. President Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Rodolfo E. Piza R. Paul Rueda L.

Jorge Araya G. Aracelly Pacheco S.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente #/ SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de enero de dos mil doce.

Recurso de amparo interpuesto por G.E.M, cédula de identidad No. […], contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE y otro.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 22 de diciembre de 2010, el recurrente alegó que la Municipalidad de Aguirre acepta y tramita solicitudes de concesión en playa Pará de Manuel Antonio, pese que el Plan Regulador fue anulado -incluso se abrió una causa penal contra los regidores que lo aprobaron-, pues esa zona, por sus características, deber ser patrimonio natural del Estado y no puede ser objeto de concesiones. De igual manera, representantes de la empresa Los Altos construyeron un camino desde el edificio donde está esa compañía hasta playa Pará, una mansión -donde son frecuentes las fiestas- y un torre de metal en la playa; además, colocaron escaleras desde la mansión hasta la playa. Además, contratan a trabajadores para que, durante la noche, talen el bosque. Aseguró haber denunciado todo lo anterior ante la Municipalidad de Aguirre y ante la Área de Conservación Pacífico Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, pero no han hecho nada al respecto. Pidió tener como parte en este proceso a la Contraloría General de la República. Solicitó a esta Sala que ordene demoler de inmediato la casa, la torre y las escaleras y cerrar el camino que conduce a la playa.

2.- Por resolución de 10 de enero de 2011, se le dio curso al proceso.

3.- Mediante escrito presentado el 20 de enero de 2011, Anabelle Orozco Blanco y Jonathan Rodríguez Morales, respectivamente, Alcaldesa y Presidente Municipal, ambos de la Municipalidad de Aguirre, rindieron el informe. Indicaron que, por orden de la Contraloría General de la República, la Municipalidad anuló, en el año 2007, el Plan Regulador de playa Pará y archivó todas las solicitudes -solo existían solicitudes- de concesión. En cuanto la Municipalidad tuvo noticia de los posibles daños, lo puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Incluso, funcionarios municipales acompañaron a los del Ministerio a detener las presuntas anomalías. Agregaron que, una vez declarado el lugar como Patrimonio Natural del Estado, de conformidad con los artículos 73 de la Ley No. 6043, 4 del Reglamento a esa ley y 1, 13 y 14 de la Ley Forestal, corresponde al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la administración y vigilancia. Añadieron que esos terrenos ya están inscritos a nombre del Estado.

4.- Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2011, Christian Bogantes Sánchez, Jefe de la Oficina Subregional de Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, rindió el informe. Indicó que, en junio de 2010, el recurrente denunció la tala de árboles y la construcción de una casa y caminos en la zona pública. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no ha otorgado permisos de aprovechamiento de la Zona Marítimo Terrestre. En cuanto al camino, aseguró que, en el año 2005, se presentó la respectiva denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, pues los permisos para caminos son otorgados por la Municipalidad. Además, ya se presentó también una denuncia ante la Fiscalía de Aguirre. Indicó que, mediante oficio ACOPAC-OSRAP-0210-08, se informó al Juez Penal de Aguirre sobre la demolición de la infraestructura de playa Pará. Afirmó que, en las inspecciones realizadas, no se constató la tala de árboles, sino tan solo ³chapias´. Tampoco se ha constatado que se realicen las fiestas que indicó el recurrente. El 2 de noviembre de 2010, el recurrente presentó otra denuncia, pero debido a la tormenta Thomas, la oficina estaba a disposición de la Comisión Nacional de Emergencias. A su juicio, no hay ninguna persona específica a quien imputarle los supuestos delitos y la oficina no cuenta con suficiente personal para una vigilancia continua, durante las noches y los fines de semanas, como pretende el recurrente. Agregó que, desde agosto de 2010, no se han realizado más inspecciones. Indicó que, el 10 de diciembre de 2010, el recurrente y su abogado solicitaron copias del expediente respectivo, pero no se han presentado a retirarlas. Solicitó que se le exigiera a la Municipalidad de Aguirre brindar respuesta sobre los documentos de las áreas concesionadas y al Instituto Geográfico Nacional ubicar los linderos de playa Pará.

5.- Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2011, el recurrente solicitó una inspección ocular y aportó prueba.

6.- Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2011, el recurrente se refirió a los informes rendidos. En cuanto a la Municipalidad, alegó que no hay justificación para que hubiera aprobado el Plan Regulador que luego debió anular. Alegó que los regidores no tenían ni idea de lo que estaban aprobando. En cuanto al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, argumentó que no es necesario que recurra al Juez Penal para ordenar la demolición de la casa. Insistió en que sí hay tala de árboles; a su juicio, si los funcionarios no las constatan es porque no realizaron bien la inspección. Insistió en que tanto la Municipalidad como el Ministerio no han realizado las labores que tienen encomendadas por lo que solicitó denunciarlos ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes. Reiteró su deseo de que esta Sala practique una inspección judicial.

7.- Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2011, el recurrente alegó que la prueba para mejor resolver solicitada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es innecesaria, puesto que el área que pertenece al Estado sí está debidamente demarcada y aportó prueba. Reiteró su interés en que la Contraloría General de la República sea parte en este proceso, que se practique una inspección ocular y aportó prueba.

8.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO. El recurrente solicitó a esta Sala ordenar la demolición de una casa y otras estructuras construidas en playa Pará, con la tolerancia, según alegó, de la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Explicó que, en el año 2004, la Municipalidad de Aguirre aprobó un plan regulador de playa Pará, que permitía otorgar concesiones. Por consiguiente, aceptó solicitudes de concesión -la mayoría de empresas de Paul Lambert- y toleró la apropiación del lugar con base en las solicitudes. Gracias a la intervención de la Contraloría General de la República, la Municipalidad anuló, el plan regulador, pues se trata de un área boscosa, patrimonio natural del Estado y el terreno fue inscrito a nombre de éste. Añadió que, incluso, se abrió un proceso penal contra los regidores que aprobaron el plan. Sin embargo, alegó el recurrente, tanto la Municipalidad de Aguirre como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones han permitido que, de hecho, una de las empresas que había solicitado la concesión -pese a que nunca se le otorgó- abriera un camino, construyera una mansión, una torre y unas escaleras que descienden hasta la playa. Además, es frecuente encontrar, durante la noche, peones talando árboles, por lo que, a su juicio, se deben realizar, con regularidad, patrullajes nocturnos. Alegó que ha denunciado las irregularidades, pero los recurridos no actúan. Solicitó a esta Sala ordenar la demolición de la infraestructura indicada y la vigilancia continua por parte de las autoridades recurridas. En escrito posterior solicitó que se denunciara a los funcionarios omisos ante el Ministerio Público.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 2 de noviembre de 2004, el Concejo Municipal de Aguirre aprobó el Plan Regulador del Playa Pará (Diario Oficial La Gaceta No. 240 del 8 de diciembre de 2004). 2) El 16 de febrero de 2007 , la Contralor ía General de la República recomendó a la Municipalidad de Aguirre la anulación de dicho Plan Regulador, pues el terreno es parte del Patrimonio Natural del Estado (informe No. DFOE-SM-3-2007 a folios 1-13 de la copia certificada del expediente municipal).

  • 3)El 21 de octubre de 2008 , el Concejo Municipal de Aguirre anuló el Plan Regulador de Playa Pará (Diario Oficial La Gaceta No. 30 de 12 de febrero de 2009). 4) La Municipalidad de Aguirre no ha aprobado ninguna concesión en playa Pará y, con posterioridad a la anulación, ordenó archivar todas las solicitudes presentadas (punto II.a del informe rendido por las autoridades municipales). 5) En sede penal, se tramitan dos procesos por la supuesta construcción irregular de infraestructura y tala de árboles en playa Pará, donde se ha planteado la solicitud de demolición de lo construido (punto 7° del folio 2 del informe rendido por el Jefe de la Oficina Subregional Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central; y folios 3, 6-11, 30, y 97-100 de las copias certificadas del expediente administrativo remitidas por el mismo recurrido). 6) Ante el Tribunal Ambiental Administrativo se abrieron procedimientos tanto por el alegado daño ambiental en playa Pará, como por la decisión de la Municipalidad de Aguirre de aprobar un Plan Regulador para ese lugar -posteriormente anulado-(punto 5° del folio 1° del informe del Jefe de la Oficina Subregional Aguirre-Parrita y folios 14-15 y 24 de la copia certificada del expediente administrativo aportado por ese mismo recurrido).
  • 7)El 12 de marzo de 2008, la Oficina Subregional Aguirre-Parrita de la Área de Conservación Pacífico Central informó al Juez Penal sobre la demolición de las obras construidas en playa Pará (punto 7° del informe del Jefe de esa oficina y oficio No. ACOPAC-OSRAP-0210-08 a folio 30 de la copia certificada del expediente administrativo aportada por el mismo recurrido). 8) El 2 de junio de 2010 y el 1° de noviembre de 2010, el recurrente denunció ante la Municipalidad de Aguirre la supuesta existencia de infraestructura construida irregularmente y la tala de árboles en playa Pará (copias aportadas por el recurrente, con el sello de recibido, a folios 9-11 y 15-20 del expediente). 9) En oficio del 5 de noviembre de 2010, el Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre le comunicó al recurrente el traslado de su denuncia al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, debido a que, por ser Patrimonio Natural del Estado, correspondía a ese Ministerio la administración de ese sector (copia aportada por el recurrente a folio 21 del expediente). 10) El 30 de junio de 2010, el recurrente denunció ante la Oficina Subregional Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pac ífico Central la tala de árboles en playa Pará, así como la existencia de infraestructura construida en ese lugar (punto 3° del folio 1° del informe rendido por el Jefe de esa oficina). 11) En agosto de 2010, funcionarios de la Oficina Subregional Aguirre-Parrita realizaron inspecciones en el lugar y no observaron la tala de árboles denunciada (punto 9° del folio 2° del informe rendido por el Jefe de esa oficina). 12) El 2 de noviembre de 2010 , el recurrente reiteró la denuncia ante la Oficina Subregional Aguirre-Parrita (punto 13 del folio 2° del informe rendido por el Jefe de esa oficina y copia aportada por el recurrente a folios 23-27 del expediente).

III.- SOBRE EL FONDO. En primer término, el recurrente pretende que esta Sala ordene la demolición de obras de infraestructura (gradas, torres, etc.) supuestamente construidas, de manera irregular en playa Pará. Sin embargo, a un Tribunal Constitucional no le corresponde ordenar, directamente, tal demolición. Se trata de una cuestión de legalidad ordinaria, que deben disponer las respectivas autoridades administrativas o judiciales. Se acreditó que se siguen dos procesos penales donde la representación del Estado solicitó, precisamente, esa demolición e, incluso, también se acreditó que, para el 2008, la Oficina Subregional Aguirre-Parrita, a instancias del mismo Juez Penal, constató que la infraestructura construida sí fue demolida (folio 30 de las copias certificadas aportadas por el Jefe de esa oficina). En todo caso, de haberse realizado alguna otra construcción irregular -y es claro que ni la Municipalidad de Aguirre ni el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones otorgaron permisos- la solicitud de demolición deberá conocerla, de nuevo, el Juez que tramita la causa. El recurrente alegó que no es necesario hacerlo, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debería actuar directamente. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, no procede dilucidar tal punto, como ya se indicó, en la vía del amparo. De otra parte, el recurrente pretende que esta Sala sancione o ordene sancionar a los funcionarios de la Municipalidad de Aguirre, que, a su juicio, aprobaron, de manera dolosa, en el año 2004 el Plan Regulador de Playa Pará. Sin embargo, se trata de una pretensión ajena a las competencias de esta Sala. Del informe de la Contraloría General de la República que ordenó anular el plan se desprende, que en efecto, se presentó una situación irregular. Este Tribunal en sentencia No. 2007-10078 de las 10:22 hrs de 20 de julio de 2007, rechazó de plano el recurso de amparo presentado contra dicho informe, por una de las personas que pretendía obtner una concesión en el lugar. Sin embargo, también este es asunto de legalidad ordinaria que, incluso, puede generar responsabilidades penales. El mismo recurrente reconoció que contra ellos se sigue un proceso penal, por las presuntas irregularidades. Finalmente, el recurrente también pretende que esta Sala ordene al Oficina Subregional Aguirre-Parrita cuándo y de qué manera debe realizarse la vigilancia en ese lugar. Es claro que esa decisión depende de criterios técnicos y no jurídicos, los que no deben ser fijados en la vía del amparo. En otro orden de ideas, ciertamente, hay una última gestión presentada por el recurrente ante la Oficina Subregional Aguirre-Parrita, en noviembre de 2010, en relación con la que no se realizó ninguna acción. Sin embargo, se trata de una reiteración de lo ya denunciado, de manera que no procede estimar el recurso tampoco en cuanto a este punto se refiere.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Rodolfo E. Piza R. Paul Rueda L.

Jorge Araya G. Aracelly Pacheco S.

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