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Res. 00263-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/01/2012
OutcomeResultado
The unconstitutionality action is summarily dismissed for lack of standing and because it is merely a disagreement with the legislator's decision, not a constitutional issue.Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación del accionante y por tratarse de una mera disconformidad con la decisión del legislador, no de un problema de constitucionalidad.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily dismissed an unconstitutionality action against Articles 7 and 17 of the INCOPESCA Creation Law and Article 159 of the Fisheries and Aquaculture Law. The plaintiff argued that the Board of Directors of INCOPESCA, composed only of the public-political sector and the private-fishing sector, excludes civil society and the environmental sector, violating the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution), the democratic principle, citizen participation, and international treaties. The Chamber held that the challenged norms have no direct relationship with environmental matters, so the plaintiff lacked standing to invoke diffuse interests. Furthermore, the alleged unconstitutionality is merely a disagreement with the legislator's decision on the Board's composition, which is beyond the Chamber's jurisdiction. Justices Cruz and Ulate dissented, arguing that the diffuse environmental interest does confer standing and that the omission of environmental representatives raises a genuine constitutional issue of legislative omission.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 7 y 17 de la Ley de Creación del INCOPESCA y el 159 de la Ley de Pesca y Acuicultura. El accionante alegaba que la composición de la Junta Directiva del INCOPESCA, con representación solo del sector público-político y del sector privado-pesquero, excluye a la sociedad civil y al sector ambiental, vulnerando el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), el principio democrático, la participación ciudadana y tratados internacionales. La Sala concluye que las normas impugnadas no tienen relación directa con la materia ambiental, por lo que el accionante carece de legitimación para invocar intereses difusos. Además, la supuesta inconstitucionalidad es en realidad una disconformidad con la decisión del legislador sobre la composición de la Junta Directiva, lo cual no es competencia de la Sala. Los magistrados Cruz y Ulate salvan el voto, argumentando que sí existe legitimación por el interés difuso en materia ambiental y que la omisión de representantes ambientales plantea una verdadera cuestión de constitucionalidad por omisión legislativa.
Key excerptExtracto clave
Evidently, none of the norms transcribed have a direct relationship with environmental matters, which is why the plaintiff lacks standing to invoke diffuse interests in this proceeding. Moreover, upon examining the arguments of the action, it is apparent that the alleged unconstitutionality is nothing but a disagreement with the way in which the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture is composed, which is not the subject matter of an unconstitutionality action. As the plaintiff argues, the INCOPESCA Board of Directors is composed of two sectors of Costa Rican society: the political-public and the private-fishing sector, a composition he considers unbalanced and which implies a tacit delegation of public powers to private subjects. In addition, he believes that the absence of representation of the environmental sector—state and private—on the Board implies a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with Article 50 of the Political Constitution. He also argues that the norms in question are contrary to Articles 1, 9, 50 and 69 of the Political Constitution, as well as a series of provisions of international agreements subscribed by Costa Rica, including Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, specifically through the Convention on Biological Diversity. However, what is raised is not a problem of constitutionality—as alleged—but rather a disagreement with the criterion used by the legislator to compose the INCOPESCA Board of Directors, since in the plaintiff's opinion, that composition is not adequate to ensure the fulfillment of the purposes for which said institute was created.Evidentemente, ninguna de las normas transcritas tiene relación directa con la materia ambiental, razón por la cual el accionante no tiene legitimación para invocar intereses difusos para acceder a esta vía. Por otra parte, del estudio de los argumentos de la acción se constata que la supuesta inconstitucionalidad que aduce el accionante no es sino una inconformidad con la forma en que está conformada la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, lo cual no es materia de acción de inconstitucionalidad. Conforme lo aduce el accionante, la Junta Directiva del INCOPESCA está conformado por dos sectores de la sociedad costarricense: el político-público y el privado-pesquero, conformación que considera desequilibrada y que implica una tácita delegación de potestades públicas en sujetos privados. Además, estima que la ausencia de representación del sector ambiental -estatal y privado- en la Junta Directiva implica una trasgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, arguye que las normas en cuestión son contrarias a los artículos 1, 9, 50 y 69 de la Constitución Política, así como de una serie de disposiciones de convenios internacionales suscritos por Costa Rica, entre ellas, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, específicamente por medio del Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, lo que se plantea no es un problema de constitucionalidad -como se alega- sino una disconformidad con el criterio utilizado por el legislador para conformar la Junta Directiva del INCOPESCA, ya que, a juicio del accionante, esa conformación no es la adecuada para asegurar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado dicho instituto.
Pull quotesCitas destacadas
"Lo que se plantea no es un problema de constitucionalidad -como se alega- sino una disconformidad con el criterio utilizado por el legislador para conformar la Junta Directiva del INCOPESCA..."
"What is raised is not a problem of constitutionality—as alleged—but rather a disagreement with the criterion used by the legislator to compose the INCOPESCA Board of Directors..."
Considerando II
"Lo que se plantea no es un problema de constitucionalidad -como se alega- sino una disconformidad con el criterio utilizado por el legislador para conformar la Junta Directiva del INCOPESCA..."
Considerando II
"...ninguna de las normas transcritas tiene relación directa con la materia ambiental, razón por la cual el accionante no tiene legitimación para invocar intereses difusos..."
"...none of the norms transcribed have a direct relationship with environmental matters, which is why the plaintiff lacks standing to invoke diffuse interests..."
Considerando II
"...ninguna de las normas transcritas tiene relación directa con la materia ambiental, razón por la cual el accionante no tiene legitimación para invocar intereses difusos..."
Considerando II
"Si la forma en que decidió el legislador conformar la Junta Directiva del INCOPESCA no es, a juicio del accionante, la mejor... lo procedente es que haga uso de los mecanismos que el Ordenamiento Jurídico le otorga para promover un proyecto de reforma..."
"If the way the legislator decided to compose the INCOPESCA Board of Directors is not, in the plaintiff's opinion, the best... the proper course is to use the mechanisms the legal system provides to promote a reform bill..."
Considerando II
"Si la forma en que decidió el legislador conformar la Junta Directiva del INCOPESCA no es, a juicio del accionante, la mejor... lo procedente es que haga uso de los mecanismos que el Ordenamiento Jurídico le otorga para promover un proyecto de reforma..."
Considerando II
"...en realidad sí existe legitimación, pues en efecto existe un interés difuso en la materia de INCOPESCA, nótese por ejemplo, que el inciso ñ) del artículo 17 de la Ley de Incopesca indica que una de sus funciones es: 'Vigilar porque se apliquen las políticas y la legislación que garanticen la sostenibilidad y el aprovechamiento racional de los recursos marinos...'"
"...in reality there is standing, since there is indeed a diffuse interest in the subject matter of INCOPESCA; note, for example, that subsection ñ) of Article 17 of the INCOPESCA Law states that one of its functions is: 'Ensure the application of policies and legislation that guarantee the sustainability and rational use of marine resources...'"
Voto salvado
"...en realidad sí existe legitimación, pues en efecto existe un interés difuso en la materia de INCOPESCA, nótese por ejemplo, que el inciso ñ) del artículo 17 de la Ley de Incopesca indica que una de sus funciones es: 'Vigilar porque se apliquen las políticas y la legislación que garanticen la sostenibilidad y el aprovechamiento racional de los recursos marinos...'"
Voto salvado
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CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and thirty minutes on the eleventh of January of two thousand twelve.
Unconstitutionality action brought by D.Ñ.V., of legal age, […], with identity card number […], against ARTICLES 7 AND 17 OF THE LAW CREATING THE COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE, LAW No. 7384 OF MARCH 16, 1994 AND ITS AMENDMENTS, AND 159 OF THE FISHERIES AND AQUACULTURE LAW, LAW No. 8436 OF MARCH 1, 2005.
Whereas:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at nine hours twelve minutes on May 25, 2011, the petitioner requests that the unconstitutionality of ARTICLES 7 AND 17 OF THE LAW CREATING THE COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE, LAW No. 7384 OF MARCH 16, 1994 AND ITS AMENDMENTS, AND 159 OF THE FISHERIES AND AQUACULTURE LAW, LAW No. 8436 OF MARCH 1, 2005 be declared. He maintains that his standing derives from the defense of the diffuse interest in a healthy environment, and therefore he does not require a prior proceeding for the filing of this action. He explains that Article 7 of Law 7384 establishes that the highest direction of INCOPESCA shall be in charge of a Board of Directors composed of a President appointed by the Government Council, the Minister of Agriculture and Livestock or his representative, the Minister of Science and Technology or his representative, a representative of the State appointed by the Government Council, three members from the fisheries sector, a representative of the industrial sector, and the representative of the Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. He explains that Article 17 of the same regulatory body establishes the powers of the Board of Directors of INCOPESCA. He states that Article 158 of the Fisheries and Aquaculture Law establishes that the Board of Directors of INCOPESCA is the body that exhausts the administrative channel, and which may hear the appeal for revocation against resolutions issued by the Executive President. He argues that the actions of the Board of Directors are subject to the public purpose sought with the creation of the Institute: the rational and sustainable use of maritime resources. The petitioner alleges that the challenged Article 7 is unconstitutional because it includes on the Board of Directors representation from only two sectors: the political-public and the productive-private. He understands that, for obvious reasons, the five members who are representatives of the productive-private sector will promote, protect, and defend the private interests of the productive fisheries sector, and not the public purpose that the Institute must pursue. He complains that representatives of the environmental sector and of civil society have not been included, whose intervention is essential to ensure compliance with the public purpose that has been entrusted to INCOPESCA: the rational use of marine and fishery resources. The petitioner alleges that the challenged Article 7 also violates the democratic principle and the principle of citizen participation, which are enshrined in Articles 1 and 9 of the Political Constitution. He states that these principles are materialized with the integration of citizens into the decision-making process of the government and its institutions, and that they cannot be guaranteed if the power of some is total and that of others is almost nil, as is the case on the Board of Directors of INCOPESCA. He emphasizes the recognition that this Chamber has given to the importance of citizen participation in governmental decisions, and to the express provision of Principle 10 of the Rio Convention regarding citizen participation in environmental matters. He refers to the importance of the decisions that INCOPESCA may take, which have an impact on the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in numeral 50 of the Magna Carta. He considers that this favoring by the legislator of the private-fisheries sector is also contrary to the principle of representativeness of the norm. It is the petitioner's opinion that the challenged Article 7 corresponds to the historical-legal context of 1994, the year in which it was approved. He alleges that the current context is very different, given that abundant legislation has been enacted and jurisprudence has been issued in environmental matters that broadly develops the right to a healthy environment, which, he understands, is not respected in the current composition of the Board of Directors of INCOPESCA. Finally, it is the petitioner's opinion that the unconstitutionality of Article 7 of Law 7384 renders unconstitutional the application of Article 17 of the same legal body and Article 159 of the Fisheries and Aquaculture Law, insofar as their application depends on the decisions of a Board of Directors, whose composition contravenes the constitutional principles of participation, reasonableness, and proportionality, as well as the democratic principle, in addition to transgressing constitutional Article 50. He requests that the unconstitutionality of the challenged norms be declared.
2.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen hours thirty minutes on November 25, 2011, the organizations Fundación Mar Viva, represented by its Executive Director, Dr. Jorge Arturo Jiménez; Costa Rica Por Siempre, through its Executive Director Zdenka Piskulich; and Conservación Internacional, represented by the Marine Program Coordinator Marco Quesada, appear in order to express that they agree with the petitioner that the absence of environmental representation and of sectors other than the fisheries and industrial sectors on the Board of Directors of INCOPESCA affects the balance, objectivity, and transparency of the decisions of said body, and therefore the resolution of this action is of great interest to the signatory organizations, and they vehemently urge this Chamber to examine this action as soon as possible.
3.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any motion submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar motion that was rejected.
Drafted by Judge Calzada Miranda; and,
Considering:
I.- PRIOR ISSUE REGARDING THE MOTION FILED. Given that the organizations Fundación Mar Viva, represented by its Executive Director, Dr. Jorge Arturo Jiménez; Costa Rica Por Siempre, through its Executive Director Zdenka Piskulich; and Conservación Internacional, represented by the Marine Program Coordinator Marco Quesada, in the filed brief do not request to be considered as coadjuvants in this action, but merely limit themselves to stating their conformity with it, it is inadmissible to make any pronouncement regarding their statements.
II.- REGARDING STANDING TO SUE. The petitioner invokes diffuse interests to bring action in this venue, in accordance with the provisions of Article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, and therefore, in his judgment, he does not require an underlying matter. It is true that this Chamber has recognized that in environmental matters a diffuse interest exists and, therefore, the existence of a prior matter is not required to challenge a norm whose content harms the right to a healthy environment, free of contamination and ecologically balanced, in the terms of the provisions of Article 50 of the Political Constitution. That said, such harm must derive from the norm itself, either because it inherently contains a lack of protection for the environment or because what it regulates is contrary to the provisions of the aforementioned constitutional Article 50. The petitioner challenges Articles 7 and 17 of the Law Creating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, according to the text in force due to the amendments made by Articles 168 of Law No. 8486 and 36 of Law No. 8823. He also challenges Article 159 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436 of March 1, 2005, regulations which literally state:
"ARTICLE 7.- The highest direction of the Institute shall be in charge of a Board of Directors, composed of nine members:
ch) A representative of the State appointed by the Government Council.
The members referred to in subsections d) and e) shall be chosen by the Government Council from the shortlists sent to it for that purpose by the indicated sectors. The member referred to in subsection f) shall be the one recommended from within its own ranks by the cited Commission.
ARTICLE 17.- The Board of Directors of the Institute shall have the following powers:
ch) To approve, modify, or reject the ordinary and extraordinary budgets of the Institute, in accordance with the Organic Law of the Contraloría General de la República.
(As amended by Article 36° of Law No. 8823 of May 5, 2010) k) To establish the amounts to be charged for the sale of goods and services provided and generated by the Institute.
*(As modified by Article 168 of Law No. 8436 of March 1, 2005).
Article 159. Against resolutions issued by the executive president of INCOPESCA based on this Law, the appeal for revocation with subsidiary appeal may be filed before the board of directors of INCOPESCA, within a period of five business days counted from the day following the notification of the resolution. What is resolved by the board of directors shall exhaust the administrative channel; all in accordance with the provisions of the General Law of Public Administration." Evidently, none of the transcribed norms has a direct relationship with environmental matters, which is why the petitioner does not have standing to invoke diffuse interests to access this venue. Furthermore, from the study of the arguments of the action, it is verified that the alleged unconstitutionality put forward by the petitioner is nothing more than a disagreement with the way in which the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture is constituted, which is not subject matter for an unconstitutionality action. As the petitioner argues, the Board of Directors of INCOPESCA is composed of two sectors of Costa Rican society: the political-public and the private-fisheries, a composition he considers unbalanced and which implies a tacit delegation of public powers to private individuals. Moreover, he believes that the absence of representation of the environmental sector—state and private—on the Board of Directors implies a transgression of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution. He also argues that the norms in question are contrary to Articles 1, 9, 50, and 69 of the Political Constitution, as well as to a series of provisions of international conventions signed by Costa Rica, among them, Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, specifically through the Convention on Biological Diversity. However, what is being raised is not a problem of constitutionality—as alleged—but a disagreement with the criterion used by the legislator to constitute the Board of Directors of INCOPESCA, since, in the petitioner's judgment, that composition is not adequate to ensure compliance with the purposes for which said institute was created. This is not a delegation of public powers to private individuals, because although the Board of Directors of INCOPESCA is composed of representatives of the private sector, that board, as such, is public and the decisions it makes are in its public capacity. Nor is it a problem of violation of the democratic principles, of participation in decision-making, of reasonableness and proportionality, or of the various international conventions signed by Costa Rica on environmental matters cited by the petitioner, but rather a determination of what is the best composition of that Board to achieve the purposes that the law assigns to INCOPESCA, which is the competence of the legislator and not of this venue. The fact of disagreeing with the way in which the legislator regulated a certain matter does not, in itself, make it unconstitutional, because the legislator has at his disposal a range of possibilities for carrying out his legislative design, all of them possible and constitutional. Deciding which of them is the most suitable and which best adjusts to the needs and proposed purposes is a task within his competence and is beyond the control of this jurisdiction. If the manner in which the legislator decided to constitute the Board of Directors of INCOPESCA is not, in the petitioner's judgment, the best one, since it does not adequately protect the principles that inform and the purposes pursued by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, the appropriate course is for him to make use of the mechanisms that the Legal System grants him to promote a reform bill, which is not the task of this Chamber, to which it does not correspond to legislate or to determine how that Board of Directors should be constituted. Furthermore, it is clear that this Board of Directors must make its decisions in accordance with the principles and purposes that the law itself establishes, so that if its decisions were contrary to these and some violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment derived therefrom, that would be a matter for an amparo remedy, not an action.
III.- CONCLUSION. For the foregoing reasons, the petitioner lacks standing to bring action in this venue and, consequently, the appropriate course is to reject the action outright. Judges Cruz and Ulate dissent and order that the action be processed.
Therefore:
The action is rejected outright. Judges Cruz and Ulate dissent and order that the action be processed.
Ana Virginia Calzada M.
President Luis Paulino Mora M. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Rosa María Abdelnour G. Enrique Ulate Ch.
Unconstitutionality Action No. 11-006155-0007-CO Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Ulate Chacón, with the former writing.
We dissent from the majority opinion and consider that the action must be processed, for the following reasons:
1. The outright rejection of the action for lack of standing is actually based on arguments on the merits. In reality, standing does exist, because there is indeed a diffuse interest in the subject matter of INCOPESCA; note, for example, that subsection ñ) of Article 17 of the Incopesca Law indicates that one of its functions is: "ñ) To oversee the application of policies and legislation that guarantee the sustainability and rational use of marine and aquaculture resources," so it is evident that the decisions made by the Board of Directors have significance in environmental matters. The content of Article Fifty of the Constitution allows inferring a diffuse interest clearly recognized in environmental matters, which implies greater participation in institutions that have a clear impact on the environment and on the determination of sustainable and balanced development.
2. An unconstitutionality by omission is actually being raised, because Article 7 of the Incopesca Law does not include civil society, especially environmental representatives, to form part of the Board of Directors of Incopesca. While it is true the legislator has the competence to decide the composition of Boards of Directors, the Chamber, in the case of the CONARROZ action (vote 2008-16.567), considered that due to the subject matter assigned to a Rice Corporation, participation should be granted to the consumer. Similarly, it is valid to admit for analysis the argument being proposed, in the sense that civil society must have participation on the Board of Directors of Incopesca, since the decisions of said entity can have environmental significance; it cannot be ignored that in the case of environmental matters, there is clear standing for diffuse interests, by virtue of the content of Article Fifty of the Constitution. Both the consumer and the protection of environmental interests require direct intervention by the citizenry.
3. It is also admissible to raise a discussion on Article Seven of the Incopesca Law, because it may violate the democratic principle and the principle of citizen participation, which are enshrined in Articles 1 and 9 of the Political Constitution. As the petitioner rightly states, these principles are materialized with the integration of citizens into the decision-making process of the government and its institutions; the significance of some decisions requires a citizen participation that responds to the content of the democratic principle. This entire proposal also finds support in the tenth principle, Principle 10, of the Rio Convention regarding citizen participation in environmental matters.
Enrique Ulate Chacón Fernando Cruz Castro Judge Judge
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2012000263 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta minutos del once de enero del dos mil doce.
Acción de inconstitucionalidad promovida por D.Ñ.V., mayor de edad, […], con cédula de identidad número […], contra los ARTICULOS 7 Y 17 DE LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 7384 DE 16 DE MARZO DE 1994 Y SUS REFORMAS, Y 159 DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 8436 DEL 01 DE MARZO DE 2005.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas doce minutos del 25 de mayo de 2011, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de ARTICULOS 7 Y 17 DE LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 7384 DE 16 DE MARZO DE 1994 Y SUS REFORMAS, Y 159 DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 8436 DEL 01 DE MARZO DE 2005. Sostiene que su legitimación deriva de la defensa del interés difuso de un medio ambiente sano, por lo cual no requiere de proceso previo para la interposición de esta acción. Explica que el artículo 7 de la Ley 7384 establece que la máxima dirección del INCOPESCA estará a cargo de una Junta Directiva que estará compuesta por un Presidente nombrado por el Consejo de Gobierno, el Ministro de Agricultura y Ganadería o su representante, el Ministro de Ciencia y Tecnología o su representante, un representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno, tres miembros del sector pesquero, un representante del sector industrial y el representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. Explica que el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece las atribuciones de la Junta Directiva de INCOPESCA. Declara que el artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura establece que la Junta Directiva de INCOPESCA es el órgano que agota la vía administrativa, y el que puede conocer del recurso de revocatoria contra las resoluciones dictadas por el Presidente Ejecutivo. Aduce que el actuar de la Junta Directiva está sujeto al fin público que se persigue con la creación del Instituto: el uso racional y sostenible de los recursos marítimos. Alega el accionante que el artículo 7 impugnado es inconstitucional por cuanto incluye en la Junta Directiva únicamente representación de dos sectores: el político-público y el productivo-privado. Entiende que, por razones obvias, los cinco miembros que son representantes del sector productivo-privado, impulsarán, promoverán, protegerán y defenderán los intereses privados del sector productivo pesquero, y no el fin público que debe perseguir el Instituto. Reclama que no se haya incluido a representantes del sector ambiental y de la sociedad civil, cuya intervención resulta trascendental para asegurar el cumplimento del fin público que ha sido encomendado al INCOPESCA: el uso racional de los recursos marinos y pesqueros. Alega el accionante que el artículo 7 impugnado también es violatorio del principio democrático y del principio de participación ciudadana, los cuales están consagrados en los artículos 1 y 9 de la Constitución Política. Expone que estos principios se materializan con la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones del gobierno y sus instituciones, y que no pueden ser garantizados si el poder de unos es total y el de otros es casi nulo, tal y como sucede en la Junta Directiva de INCOPESCA. Hace énfasis en el reconocimiento que ha dado esta Sala a la importancia de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, y a la disposición expresa del Principio 10 de la Convención de Río respecto de la participación ciudadana en asuntos ambientales. Refiere la importancia de las decisiones que pueda tomar el INCOPESCA, las cuales tienen impacto sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el numeral 50 de la Carta Magna. Considera que ese favorecimiento del legislador al sector privado-pesquero es también contrario al principio de representatividad de la norma. Es criterio del accionante que el artículo 7 impugnado obedece al contexto histórico-jurídico de 1994, año en el que fue aprobado. Alega que el contexto actual es muy distinto, dado que se ha promulgado abundante normativa y se ha dictado jurisprudencia en materia ambiental que desarrolla ampliamente el derecho a un ambiente sano, lo cual, entiende, no se respeta en la actual composición de la Junta Directiva de INCOPESCA. Finalmente, es criterio del accionante que la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 7384 torna inconstitucional la aplicación del artículo 17 del mismo cuerpo legal y el artículo 159 de la Ley de Pesca y Acuicultura, en tanto su aplicación depende de las decisiones de una Junta Directiva, cuya composición contraviene los principios constitucionales de participación, razonabilidad y proporcionalidad, así como el principio democrático, además de transgredir el artículo 50 constitucional. Solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas treinta minutos del 25 de noviembre de 2011 se apersonan las organizaciones Fundación Mar Viva, representada por su Director General, el Dr. Jorge Arturo Jiménez; Costa Rica Por Siempre, mediante su Directora Ejecutiva Zdenka Piskulich; y Conservación Internacional, representada por el Coordinador de Programa Marino Marco Quesada, con el fin de expresar que coinciden con el accionante en que la ausencia de representación ambiental y de otros sectores distintos al pesquero e industrial en la Junta Directiva de INCOPESCA afecta el equilibrio, la objetividad y la transparencia de las decisiones de dicho órgano, por lo cual es de gran interés para las organizaciones firmantes la resolución de dicha acción, por lo que instan vehementemente a esta Sala a que examine esta acción a la brevedad posible.
3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,
Considerando:
I.- CUESTIÓN PREVIA SOBRE GESTIÓN PRESENTADA. Dado que las organizaciones Fundación Mar Viva, representada por su Director General, el Dr. Jorge Arturo Jiménez; Costa Rica Por Siempre, mediante su Directora Ejecutiva Zdenka Piskulich; y Conservación Internacional, representada por su Coordinador de Programa Marino Marco Quesada, en el escrito presentado no solicitan ser tomadas como coadyuvantes en esta acción, sino que únicamente se limitan a manifestar su conformidad con ésta, resulta improcedente hacer pronunciamiento alguno en relación con sus manifestaciones.
II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR. El accionante invoca intereses difusos para accionar en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, a su juicio, no requiere de asunto base. Es cierto que esta Sala ha reconocido que en materia ambiental existe un interés difuso y, por ende, no se requiere de la existencia de un asunto previo para impugnar una norma cuyo contenido lesione el derecho a un ambiente sano, libre de contaminación y ecológicamente equilibrado, en los términos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. Ahora bien, esa lesión debe derivarse de la norma misma, bien sea porque en sí contiene una desprotección al ambiente o porque lo que regula resulte contrario a lo dispuesto en el citado artículo 50 constitucional. El accionante impugna los artículos 7 y 17 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, según el texto vigente por las reformas operadas por los artículos 168 de la Ley N° 8486 y 36 de la Ley N° 8823. También impugna el artículo 159 de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436 del 01 de marzo de 2025, normativa que a la letra establece:
“ARTÍCULO 7.- La máxima dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva, compuesta por nueve miembros:
ch) Un representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno.
Los miembros a que se refieren los incisos d) y e) serán escogidos por el Consejo de Gobierno de las ternas que al efecto le envíen los sectores indicados. El miembro al que se refiere el inciso f) será el que, de su propio seno, recomiende la Comisión citada.
ARTÍCULO 17.- La Junta Directiva del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
ch) Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
(Así reformado por el artículo 36° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010) k) Establecer los montos por cobrar por la venta de bienes y servicios que preste y genere el Instituto.
*(Así modificado por el artículo 168 de la Ley N° 8436 de 1 de marzo de 2005).
Artículo 159. Contra las resoluciones dictadas por el presidente ejecutivo del INCOPESCA con fundamento en la presente Ley, podrá interponerse el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante la junta directiva del INCOPESCA, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. Lo resuelto por la junta directiva dará por agotada la vía administrativa; todo de conformidad con las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública.” Evidentemente, ninguna de las normas transcritas tiene relación directa con la materia ambiental, razón por la cual el accionante no tiene legitimación para invocar intereses difusos para acceder a esta vía. Por otra parte, del estudio de los argumentos de la acción se constata que la supuesta inconstitucionalidad que aduce el accionante no es sino una inconformidad con la forma en que está conformada la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, lo cual no es materia de acción de inconstitucionalidad. Conforme lo aduce el accionante, la Junta Directiva del INCOPESCA está conformado por dos sectores de la sociedad costarricense: el político-público y el privado-pesquero, conformación que considera desequilibrada y que implica una tácita delegación de potestades públicas en sujetos privados. Además, estima que la ausencia de representación del sector ambiental -estatal y privado- en la Junta Directiva implica una trasgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, arguye que las normas en cuestión son contrarias a los artículos 1, 9, 50 y 69 de la Constitución Política, así como de una serie de disposiciones de convenios internacionales suscritos por Costa Rica, entre ellas, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, específicamente por medio del Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, lo que se plantea no es un problema de constitucionalidad -como se alega- sino una disconformidad con el criterio utilizado por el legislador para conformar la Junta Directiva del INCOPESCA, ya que, a juicio del accionante, esa conformación no es la adecuada para asegurar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado dicho instituto. No se trata de una delegación de potestades públicas en sujetos privadas, ya que si bien la Junta Directiva del INCOPESCA está conformada por representantes del sector privado, esa junta, como tal, es pública y las decisiones que toma es en su carácter público. Tampoco es un problema de violación a los principios democrático, de participación en la toma de decisiones, de razonabilidad y de proporcionalidad, ni de los diversos convenios suscritos por Costa Rica en materia ambiental que cita el accionante, sino de la determinación de cuál es la mejor conformación de esa Junta para lograr los fines que la ley asigna al INCOPESCA, lo que es competencia del legislador y no de esta vía. El hecho de disentir de la manera como el legislador reguló determinada materia no la torna, por sí solo, en inconstitucionalidad, pues el legislador tiene a su haber un abanico de posibilidades para realizar su diseño legislativo, todos ellos posibles y constitucionales. Decidir cuál de ellos es el más apto y el que mejor se ajusta a las necesidades y fines propuestos, es tarea de su competencia y está fuera del control de esta jurisdicción. Si la forma en que decidió el legislador conformar la Junta Directiva del INCOPESCA no es, a juicio del accionante, la mejor, pues con ello no se tutela de forma conveniente los principios que informan y fines que persigue el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, lo procedente es que haga uso de los mecanismos que el Ordenamiento Jurídico le otorga para promover un proyecto de reforma, lo cual no es labor de esta Sala a la que no le corresponde legislar ni disponer de qué forma debería estar conformada esa Junta Directiva. Por lo demás, es claro que esa Junta Directiva debe tomar sus acuerdos de conformidad con los principios y fines que la propia ley establece, de modo que si sus acuerdos fueran contrarios a éstos y de ello se derivare alguna violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ello sería materia de recurso de amparo, no de acción.
III.- CONCLUSIÓN. Por lo anterior, el accionante carece de legitimación para accionar en esta vía y, en consecuencia, lo procedente es rechazar de plano la acción. Los Magistrados Cruz y Ulate salvan el voto y ordenan dar curso a la acción.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción. Los Magistrados Cruz y Ulate salvan el voto y ordenan dar curso a la acción.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Rosa María Abdelnour G. Enrique Ulate Ch.
Acción de inconstitucionalidad N° 11-006155-0007-CO Voto particular de los magistrados Cruz Castro y Ulate Chacón, con redacción del primero.
Disentimos del criterio de mayoría y consideramos que debe dársele curso a la acción, por las siguientes razones:
1. El rechazo de la acción de plano por falta de legitimidad, más bien se funda en argumentos por el fondo. En realidad sí existe legitimación, pues en efecto existe un interés difuso en la materia de INCOPESCA, nótese por ejemplo, que el inciso ñ) del artículo 17 de la Ley de Incopesca indica que una de sus funciones es: "ñ) Vigilar porque se apliquen las políticas y la legislación que garanticen la sostenibilidad y el aprovechamiento racional de los recursos marinos y de acuicultura", así que evidentemente las decisiones que tome la Junta Directiva tiene trascendencia en materia ambiental. El contenido del artículo cincuenta de la constitución permite inferir un interés difuso claramente reconocido en materia de medio ambiente, lo que supone una mayor participación en las instituciones que tienen una clara incidencia en el medio ambiente y en la determinación de un desarrollo sostenible y equilibrado.
2. En realidad se está planteando una inconstitucionalidad por omisión, porque el artículo 7 de la Ley de Incopesca no contempla a la sociedad civil, especialmente representantes del medio ambiente, para que formen parte de la Junta Directiva de Incopesca. Si bien es cierto el legislador tiene competencia para decidir la conformación de las Juntas Directivas, ya la Sala en el caso de la acción de CONARROZ (voto 2008-16.567), consideró que por la materia asignada a una Corporación arrocera, debía dársele participación al consumidor. De igual forma es válido admitir para su análisis, el argumento que se propone, en el sentido que en la Junta Directiva de Incopesca debe tener participación la sociedad civil, ya que en las decisiones de dicha entidad pueden tener trascendencia ambiental; no puede desconocerse que en el caso de los asuntos de medio ambiente, existe una clara legitimidad de los intereses difusos, en virtud del contenido del artículo cincuenta de la Constitución. Tanto el consumidor como la tutela de los intereses del medio ambiente, requieren una intervención directa de la ciudadanía.
3. También resulta admisible suscitar una discusión sobre el artículo siete de la Ley de Incopesca, porque pude ser violatorio del principio democrático y del principio de participación ciudadana, los cuales están consagrados en los artículos 1 y 9 de la Constitución Política. Como bien lo expone el recurrente, estos principios se materializan con la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones del gobierno y sus instituciones; la trascendencia de algunas decisiones requiere una participación ciudadana que responde al contenido del principio democrático. Toda esta propuesta también encuentra respaldo en el décimo principio 10 de la Convención de Río respecto de la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Enrique Ulate Chacón Fernando Cruz Castro Magistrado Magistrado
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