← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 06350-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/05/2011
OutcomeResultado
The Chamber prospectively annulled the Attorney General’s oral instructions absolutely excluding negotiated alternative resolutions in proceedings for reckless driving, offenses against public authorities, and violations of the Weapons Act.La Sala anuló, con efectos prospectivos, las instrucciones verbales de la Procuraduría que excluían absolutamente la negociación de salidas alternativas en procesos por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracciones a la Ley de Armas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted two consolidated constitutional challenges against oral instructions issued by the Attorney General’s Office requiring an absolute refusal to negotiate alternative resolutions in proceedings involving reckless driving, offenses against public authorities, and violations of the Weapons Act. Although the Chamber recognized that alternative measures are not a defendant’s fundamental right and that the Attorney General’s Office, when lawfully representing the State as a victim, may decide case by case whether to accept conciliation or suspension of proceedings with probation, it held that the Office could not impose an indiscriminate exclusion through general, oral, and unsupported instructions. That policy rendered the alternatives enacted by the legislature ineffective, displaced the legislature’s authority to define criminal policy, and violated the principles of legality, statutory reservation, and legal certainty. The Chamber annulled the instructions prospectively for unresolved pending or stayed proceedings and for the underlying cases, without affecting cases concluded by final judgment or rights acquired in good faith.La Sala Constitucional declaró con lugar dos acciones acumuladas contra las instrucciones verbales de la Procuraduría General de la República que ordenaban rechazar absolutamente la negociación de medidas alternativas en procesos por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracciones a la Ley de Armas. Aunque reconoció que las medidas alternativas no constituyen un derecho fundamental del imputado y que la Procuraduría, cuando representa legítimamente al Estado como víctima, puede decidir en cada caso si acepta una conciliación o suspensión del proceso a prueba, concluyó que no puede imponer mediante instrucciones generales, verbales y carentes de fundamento una exclusión indiscriminada. Esa política hacía nugatorias las alternativas previstas por el legislador, sustituía su competencia para definir la política criminal y vulneraba los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica. La Sala anuló las instrucciones con efectos prospectivos para procesos pendientes o suspendidos no resueltos, además de los asuntos base, sin afectar causas concluidas por sentencia firme ni derechos adquiridos de buena fe.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing, it follows that although the Attorney General’s Office, in its capacity as the State’s legal representative, may also act as representative of the “victim” in certain offenses and therefore decide in each specific case whether or not to negotiate an alternative measure, it may not issue provisions of general application or unsupported oral instructions that broadly restrict the application of such measures. Doing so renders them ineffective and substitutes the legislature’s will, since the legislature, exercising its authority to design criminal policy, determined that alternative forms of conflict resolution should be included in criminal procedure. Article 7 of the Code of Criminal Procedure itself establishes as one of the principal purposes of the proceedings: “…to resolve the conflict arising from the act, in accordance with the principles contained in the laws, seeking to help restore social harmony between the parties and, especially, to restore the victim’s rights.” The principle of legality must be understood as present throughout every stage of creating and applying criminal offenses: there is no offense without a prior, written, and strict law; there is no punishment without law; and punishment cannot be imposed without a fair trial conducted according to law. Accordingly, this Chamber finds that the oral instructions or circulars of the Attorney General’s Office rejecting alternative measures in criminal cases involving reckless driving, offenses against public authorities, and violations of the Weapons Act are contrary to the principles of legality, statutory reservation, and legal certainty. For the reasons stated above, the action is granted and, consequently, the instructions issued by the Attorney General’s Office that absolutely restrict the possibility of negotiating alternative resolutions in criminal proceedings for reckless driving, offenses against public authorities, and violations of the Weapons Act are annulled.Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se infiere que si bien la Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado, puede figurar a su vez como representante de la “víctima” en determinados delitos y por ende, decidir en cada caso concreto, si negocia o no una medida alternativa, lo cierto es que no puede dictar disposiciones de carácter general o girar instrucciones verbales, sin fundamento alguno, donde se limite de una forma generalizada la aplicación de dichas medidas, pues ello implica hacerlas nugatorias y sustituir la voluntad del legislador, quien en su competencia para diseñar la política criminal, consideró que debían incluirse en el ordenamiento procesal penal, formas de solución alternativas al conflicto, atendiendo a que en el mismo artículo 7 del Código Procesal Penal se fija como uno de los fines principales del proceso: “…resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima.” El principio de legalidad debe entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sin un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley. De ahí que estime esta Sala que las instrucciones o circulares verbales de la Procuraduría General de la República que rechazan la aplicación de medidas alternativas en las causas penales por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracción a la Ley de Armas, resultan contrarias a los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto, se declara con lugar la acción y en consecuencia, se anulan las instrucciones giradas por la Procuraduría que limitan en forma absoluta la posibilidad de negociar salidas alternativas en los procesos penales seguidos por los delitos de conducción temeraria, contra la Autoridad Pública e infracción a la Ley de Armas.
Pull quotesCitas destacadas
"Las condiciones y plazos para acordar la aplicación de las medidas alternativas en el proceso penal deben ser regulados por el legislador en virtud de los principios de legalidad procesal y reserva de ley."
"The conditions and time limits for agreeing to apply alternative measures in criminal proceedings must be regulated by the legislature pursuant to the principles of procedural legality and statutory reservation."
Considerando
"Las condiciones y plazos para acordar la aplicación de las medidas alternativas en el proceso penal deben ser regulados por el legislador en virtud de los principios de legalidad procesal y reserva de ley."
Considerando
"Además, las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal no constituyen un derecho del imputado, ni persiguen como único objetivo la evitación de la persecución penal, tal y como lo ha señalado, en forma reiterada, la jurisprudencia."
"Moreover, the alternative measures provided for in the Code of Criminal Procedure do not constitute a right of the defendant, nor is their sole purpose to avoid criminal prosecution, as the case law has repeatedly stated."
Considerando
"Además, las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal no constituyen un derecho del imputado, ni persiguen como único objetivo la evitación de la persecución penal, tal y como lo ha señalado, en forma reiterada, la jurisprudencia."
Considerando
"Para evitar graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia y la paz social, esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos prospectivos a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial, de manera que se aplicará, únicamente, para los procesos en trámite o suspendidos que no hayan sido resueltos, consecuentemente no será aplicable a las causas penales fenecidas por sentencia firme o que se encuentren en la fase de impugnación, salvo en los asuntos base de esta acción, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe."
"To avoid serious disruption to legal certainty, justice, and social peace, this declaration of unconstitutionality shall have prospective effect from publication of the full judgment in the Judicial Bulletin and shall apply only to unresolved pending or stayed proceedings; consequently, it shall not apply to criminal cases concluded by final judgment or in the appeal stage, except for the underlying cases in this action, without prejudice to rights acquired in good faith."
Por tanto
"Para evitar graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia y la paz social, esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos prospectivos a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial, de manera que se aplicará, únicamente, para los procesos en trámite o suspendidos que no hayan sido resueltos, consecuentemente no será aplicable a las causas penales fenecidas por sentencia firme o que se encuentren en la fase de impugnación, salvo en los asuntos base de esta acción, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe."
Por tanto
Full documentDocumento completo
*100120260007CO* Decision No. 2011006350 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty-four minutes on dieciocho de mayo del dos mil once.
Consolidated constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) filed by Walter Xavier Niehaus Bonilla, of legal age, married once, an attorney, resident of San José, and Álvaro Justo Quirós Sánchez, of legal age, in his capacity as defense counsel for [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], and [Nombre 005], against the verbal instructions or circulars of the Procuraduría General de la República rejecting the application of alternative measures (medidas alternativas) in criminal proceedings for reckless driving, offenses against public authority, and violations of the Ley de Armas. Also participating in the proceedings were the Procuraduría General de la República, represented by the Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel; the Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán; and the Head of the Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.
Findings of Fact (Resultando):
If the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has established that only implementing regulations (reglamentos ejecutivos) may develop the provisions of laws, it being understood that they may neither increase the restrictions established therein nor create restrictions not established therein and that they must rigorously respect their essential content, that restriction applies with all the more reason to the Procuraduría, which, through a verbal directive (directriz verbal), has eliminated the right to negotiate granted by the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Had the legislature so intended, it would have established a rule prohibiting negotiation in cases of reckless driving (conducción temeraria); nevertheless, it did not do so. To negotiate means to compromise, to hear the positions of both parties, and to try to reach an understanding; it does not mean rejecting one party’s proposal out of hand.
The position of an unequivocal “no” to negotiation is wholly disproportionate and unreasonable, insofar as it elevates the sanction from a reparative plan (plan reparador) to a prison sentence of 1 to 3 years, to the detriment of the accused (imputado). If, in the past, the Procuraduría had been negotiating and accepting reparative plans, it should not be permitted to change the category of the sanction through a verbal directive, as it has in fact done. This infringes the principle of the most favorable interpretation (principio de la interpretación más favorable). Although the Procuraduría represents the victim in cases involving victimless offenses or harm to diffuse interests (intereses difusos), it lacks authority, on its own initiative (motu proprio), to prevent the exercise of an individual right (derecho subjetivo) recognized under criminal law. In other words, the Procuraduría lacks the legal and constitutional authority to prohibit, through a general regulation, the possibility of conciliation (conciliación) in criminal matters when the offense is reckless driving.
The Procuraduría could issue a well-founded, reasoned, and substantiated directive bearing a date certain (fecha cierta), proportionate and grounded in the principle of reasonableness (principio de razonabilidad), establishing assessment criteria based on certain parameters for applying reparative plans under specified circumstances, or sanctions when there is damage, injury, or loss of life. In this manner, a public authority would be giving effect to the institution of negotiation referenced by law. The Procuraduría operated under that policy and framework in the past. It is not true that the Procuraduría has absolute discretion to decide whether or not to enter into conciliation. Unlike a victim understood as a private-law person (sujeto de derecho privado), its conduct must be based on the exercise of authority previously conferred by the legal system (ordenamiento jurídico) and must also be duly substantiated.
Ultimately, the directive violates the provisions of Articles 11, with respect to the principle of legality (principio de legalidad); 39, with respect to the principles of due substantiation or justification (principios de debida fundamentación o justificación); 33 and 41, with respect to the principles of justice, legal certainty, equality, and reasonableness (principios de justicia, seguridad jurídica, igualdad y razonabilidad); the principles of harmfulness and rational limitation as a last resort (principios de lesividad y reducción racional de última ratio), with respect to Article 28 of the Political Constitution (Constitución Política); and the principle of non-retroactivity (principio de irretroactividad), under Article 34 of the Political Constitution.
In the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by defense attorney Álvaro Justo Quirós, it is alleged that the suspension of proceedings on probation (suspensión del proceso a prueba), established by law as a State criminal-justice policy, entails its general, reasonable, and proportionate application; and that the Procuraduría cannot disregard the higher authority of the law or its reasonable and proportionate application according to the circumstances of each case. In establishing its internal policy for applying alternative dispute-resolution measures (medidas de solución alterna al proceso), which is now being challenged, the Procuraduría General de la República, far from disregarding the text of the law, acts in accordance with it. The criminal procedure law grants the victim the authority to decide unilaterally on the application of suspension of proceedings on probation and conciliation (conciliación), and the State representative acts in the exercise of that authority.
The refusal to accept an alternative resolution in proceedings involving offenses contained in the Ley de Armas and reckless driving is consistent with the options provided by the Código Procesal Penal and, accordingly, cannot be considered unreasonable or disproportionate. The claimant’s argument appears to overlook the fact that alternative dispute-resolution measures in criminal proceedings do not constitute a right of the accused (imputado), as well as the State’s status as a victim and the scope of this party’s participation in the proceedings. Claimant Quirós Sánchez challenges the Procuraduría’s standing (legitimación) to represent the victim in reckless-driving offenses, arguing that such offenses are offenses against means of transportation. Although this appears to be a claim concerning legality rather than constitutionality, it should be noted that the Procuraduría’s participation in those criminal proceedings is based on the belief that the commission of such offenses directly harms the State, because the statutory conduct entails disobedience of the rules governing the operation of motor vehicles, enforcement of which is entrusted to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Likewise, the courts and the prosecutors of the Republic have, to a very significant extent, regarded the State as the victim in reckless-driving offenses and summon the Procuraduría, in its capacity as legal representative (mandatario judicial), to represent it in all applicable procedural acts. Álvaro Justo Quirós also alleges a violation of the principle of judicial impartiality (principio de imparcialidad del juez), arguing that the application of alternative dispute-resolution measures is within the judge’s authority and that, in exercising that authority, the judge cannot be indirectly bound by a directive of the Procuraduría General de la República. The principle of impartiality requires the adjudicator to maintain both personal and institutional impartiality regarding the matter submitted for consideration, demanding that judges adopt a neutral position concerning the historical facts in dispute; it is unclear how the Procuraduría’s internal policy could affect that condition required of the judge.
It is clear that the Procuraduría General de la República is the Administration’s highest advisory body and that its opinions are binding upon the Administración Pública, as the claimant states; however, it is evident that internal institutional policies do not form part of the exercise of that function and do not have the binding effects indicated. Both claimants allege a breach of the constitutional principle of legality (principio de legalidad constitucional). Quirós Sánchez argues that the necessary oral and public trial, with a possible conviction and entry in the Registro Judicial, may be brought about only through definitions of criminal offenses (tipos penales), and not through a directive requiring the rejection of alternative dispute-resolution measures. Claimant Walter Niehaus, for his part, alleges that the Procuraduría’s directive renders Article 25 of the Código Procesal Penal ineffective and that the State representative, even in its capacity as a victim, cannot introduce a prohibition contrary to the legislature’s intent by eliminating the right to negotiate granted by the Código Procesal Penal.
He further contends that the Procuraduría General must accept its legal nature and status as a public entity and cannot, in some cases, invoke the principles of freedom of will governing private parties because, as the Sala Constitucional has held, public bodies and entities are not holders of fundamental rights. The alleged violation of the constitutional principle of legality does not materialize for the reasons set out below. First, the institutional position denying suspension of proceedings on probation or conciliation in proceedings involving the referenced offenses has no effect whatsoever on the legal classification (tipificación) of the conduct attributed to the accused or on the ordinary procedure established for adjudicating conduct constituting an offense. The accused’s right to be tried in accordance with due process (debido proceso) remains intact. Second, Articles 25 and 36 of the Código Procesal Penal empower the Procuraduría General de la República, when participating on behalf of the State as victim, to accept or reject suspension of proceedings on probation or conciliation.
Third, the introduction of the challenged policies does not render Article 25 of the Código Procesal Penal ineffective, introduce a prohibition contrary to the legislature’s intent, or eliminate the right to negotiate. The legislature’s intent was precisely to condition the application of alternative dispute-resolution measures on the victim’s expression of acceptance, thereby seeking to restore the victim’s rights and return to the victim a leading role in resolving the conflict. Furthermore, the criminal procedure legislation does not at any time grant the accused a right to negotiate or to benefit from the application of alternative dispute-resolution measures, a position repeatedly upheld by the case law of both this Tribunal Constitucional and the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Finally, in acting as the victim’s representative, the Procuraduría General does not exercise a fundamental right but rather a procedural authority (potestad procesal), and it is subject to the terms required by the criminal procedure law.
Both claimants allege that the Procuraduría’s institutional policy violates the harm principle (principio de lesividad). In issuing guidelines governing the application of alternative measures in offenses contained in the Ley de Armas and reckless-driving offenses, the Procuraduría is not exercising the State’s punitive power but is acting as the State’s legal representative in criminal proceedings. The harm principle is a limitation on the State’s power to punish (ius puniendi), manifested as a prohibition against the legislature criminalizing conduct that does not protect legally protected interests (bienes jurídicos), understood as society’s fundamental values or interests. The Procuraduría’s institutional policies are intended solely to regulate the appropriate course of action in reckless-driving offenses. Those guidelines do not express any position whatsoever regarding the institutional stance adopted in relation to other offenses that might be committed as a result of driving under the influence of drugs or alcohol.
Defense attorney Álvaro Justo Quirós asserts that the Procuraduría General’s institutional policies disregard the fact that the State lacks the capacity and authority to investigate, prosecute, adjudicate, and punish all offenses and, moreover, overlook the fact that the State is the guarantor, but not the owner, of the inhabitants’ protected legal interests. The argument accompanying the claimant’s allegation does not explain the alleged infringement of the principle of effective judicial protection and prompt justice (principio de tutela judicial efectiva y justicia pronta). The requirements arising from the principles of equality, proportionality, and reasonableness cannot be invoked against the actions of a party to the proceedings, such as the Procuraduría, in cases in which it represents the State as victim in offenses contained in the Ley de Armas and reckless-driving offenses. The victim of an offense is a party to the proceedings who, as relevant here, exercises an authority recognized by the Código Procesal Penal that allows the victim to decide unilaterally whether to accept or reject the application of suspension of proceedings on probation or conciliation, without being required to adhere to the terms applied in previous or similar cases.
Claimant Niehaus Bonilla attributes to the institutional policy an alleged violation of the principle against retroactive application of laws (principio de irretroactividad de las leyes), based on his assertion that the challenged guidelines apply to all courts from the time they are issued and do not distinguish cases arising before their promulgation. In the argument under review, the claimant proceeds from an incorrect premise by attributing the nature and effects of a law to the internal policies established by the Procuraduría. What is challenged is an internal institutional policy, an extraprocedural instrument (instrumento extra procesal) whose purpose is to guide criminal-law attorneys from the Procuraduría in addressing proposals for alternative resolution submitted in proceedings involving offenses contained in the Ley de Armas or the offense of reckless driving. It is evident that the prohibition against retroactive application of criminal laws does not apply to an instrument such as that issued by the Procuraduría.
In conclusion, the Procuraduría considers that there is no basis for finding that the institutional policies issued to guide criminal-law attorneys from the Procuraduría in addressing proposals for suspension of proceedings on probation or conciliation submitted in proceedings involving offenses contained in the Ley de Armas or reckless-driving offenses violate the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad).
Under this new body of law: “[…] The Ministerio Público has the function of requesting that the criminal courts apply the law, through the institution of criminal proceedings and the conduct of the preliminary investigation (investigación preparatoria) in publicly prosecutable offenses (delitos de acción pública).” The same provision adds that it “Shall participate in sentence-enforcement proceedings (procedimiento de ejecución penal), provide civil representation for the victim when appropriate, and assume any other functions assigned to it by law.” Although the principle of mandatory prosecution (principio de legalidad procesal) is established, the second paragraph of the provision in this body of law introduces the opportunity principle (principio de oportunidad) by providing: “Nevertheless, when authorized by law and with the prior authorization of a superior, the representative of the Ministerio Público may request that criminal prosecution be waived in whole or in part, or limited to one or more offenses or to one or more of the persons who participated in the act.” From a procedural perspective, in cases involving the commission of the offense of reckless driving and a violation of the Ley de Armas y Explosivos, recourse must be had to suspension of proceedings subject to probation (suspensión del proceso a prueba) in order to apply an alternative resolution (salida alterna).
The Código de Procedimientos Penales de 1973 was repealed by Ley número 7594, enacted on cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. With the entry into force of that body of law in mil novecientos noventa y seis, the roles of the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República in criminal proceedings were specified, since their organic laws predated it (1994 y 1982 respectivamente). Accordingly, a systematic analysis is conducted of the procedural legislation currently in force, the Ley Orgánica del Ministerio Público, the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, and the remainder of the legal system in order to determine the authority of the Ministerio Público concerning the admissibility of suspension of proceedings subject to probation. Suspension of proceedings subject to probation may be conceptualized as “…a mechanism applicable to a person who commits a minor offense for the first time and is eligible for a suspended sentence (condena de ejecución condicional), intended to avoid the negative effects of short custodial sentences and the stigmatization that could result from holding an oral and public trial and subsequently rendering a judgment of conviction.
It entails the temporary stay of the exercise of the State’s punitive claim (pretensión punitiva), tailored to the person subject to the proceedings, whereby certain rules and conditions are imposed upon that person for a period of time (probation), such that, if the accused complies with them, the criminal action is extinguished; in the event of noncompliance, the proceedings resume. Indeed, the accused—and, in some countries, the prosecutor as well—requests suspension of the proceedings in exchange for performing certain community-service tasks and making reparation for the harm caused by the offense to the extent possible, without this implying a confession to the act or acceptance of criminal responsibility. Accordingly, and with the consent of the parties, the proceedings are suspended for a reasonable period during which the imposed obligations must be fulfilled. Once that period has elapsed, if the suspension has not been revoked, the criminal action is extinguished.” The procedure for applying suspension of proceedings subject to probation is governed by Article 25 of the Código Procesal Penal.
According to the first paragraph of that provision: “When a conditional suspension of sentence (suspensión condicional de la pena) is available, or in matters involving offenses punishable exclusively by noncustodial penalties (penas no privativas de libertad), the accused may request suspension of proceedings subject to probation, provided that, during the preceding cinco años, the accused has not benefited from this measure or from the extinguishment of the criminal action through reparation of harm or conciliation.” The second and third paragraphs of the aforementioned provision add a series of requirements for granting suspension of the proceedings. The second paragraph states: “The measure shall not be available for intentional offenses (delitos dolosos) when the act was committed by means of force against property or violence against persons. The request must contain a plan to repair the harm caused by the offense, satisfactory to the victim whose address is known, and details of the conditions that the accused is willing to fulfill pursuant to the following article.
The plan may consist of conciliation with the victim, restitution in kind for the harm caused (reparación natural del daño), or symbolic reparation (reparación simbólica), either immediate or payable in installments. If, when the request is made, no indictment yet exists, the Ministerio Público shall describe the act attributed to the accused”; while the third paragraph states: “To grant the benefit, it is indispensable that the accused admit the act attributed to them and that the victim express agreement with the suspension of proceedings subject to probation.” From an analysis of the excerpts from Article 25 of the Código Procesal Penal, it may be concluded that there are a series of affirmative and negative prerequisites (presupuestos positivos y negativos) for granting suspension of proceedings subject to probation: Affirmative prerequisites: A) When a conditional suspension of sentence is available or for offenses punishable exclusively by noncustodial penalties: Conditional suspension is available when the sentence to be imposed is equal to or less than 3 años de prisión o extrañamiento.
Additionally, pursuant to Article 50 of the Código Penal, the principal penalties other than imprisonment are banishment (extrañamiento), a fine, and disqualification. B) Proposing a plan to repair the harm (conciliation, restitution in kind for the harm caused, or symbolic reparation). C) The victim’s expression of agreement with the suspension of proceedings subject to probation. Article 60 establishes who may be considered victims of an offense. According to that provision, victims are: the person directly harmed by the offense; the spouse, the cohabiting partner with more than dos años de vida en común, the son or daughter, the adoptive mother and father, relatives within the third degree of consanguinity or second degree of affinity, and the judicially declared heir, in offenses resulting in the death of the injured party; partners, associates, or members, with respect to offenses affecting a legal entity and committed by those who direct, manage, or control it; and associations, foundations, and other registered entities, in offenses affecting collective or diffuse interests (intereses colectivos o difusos), provided that the purpose of the organization is directly connected with those interests.
The last of the situations established by the higher court concerns the impairment of collective and diffuse interests. According to Ramírez Altamirano, “Some legal scholarship distinguishes between collective and diffuse interests, primarily on the basis of representativeness. Thus, the interests of the community are identified with those of the nation, with those of all individuals comprising the national community. They have the broadest possible scope and, consequently, it is very difficult to find or identify an individual injury. They generally concern the defense of society’s patrimony, property for public use, activities of public interest, the environment, and cultural or artistic heritage. Diffuse interests are the interests of distinct sectors within the community that lack a clear group consciousness and are not organized. Because collective and diffuse interests are held in common by many but exclusively by no one, their defense by an individual must necessarily be undertaken on behalf of the interests of all those affected by the challenged act or omission.” According to Rivero Sánchez, “…Others state that it is not possible to distinguish between the two concepts, because the plurality and generality of the persons potentially connected with them place collective and diffuse interests in such close connection that it is not easy to delineate the conceptual boundaries of each.” The concept of diffuse interests was defined by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia in voto 503-94 de las quince horas quince minutos del veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, which provided: “Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot under our Law—as this Sala has already stated—be merely collective interests; nor may they be so diffuse that their ownership becomes indistinguishable from that of the national community as a whole, or so concrete that specific persons or identifiable groups are identified or readily identifiable in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests or interests concerning a community as a whole.
These are, therefore, individual interests, but at the same time they are dispersed among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and consequently receive a benefit or suffer harm, actual or potential, that is more or less equal for all. Thus, it is rightly said that these are identical interests belonging both to groups of persons who find themselves in particular situations and, at the same time, to each individual within those groups. In other words, diffuse interests (intereses difusos) have a dual nature, since they are both collective—because they are common to the public at large—and individual, and may therefore be asserted as such.” Subsequently, through decision 2005-1538 at 14:56 hours on quince de febrero del dos mil cinco, the Sala Constitucional clarified the concept of diffuse interests. With regard to collective interest (interés colectivo), based on its analysis of the relevant article of the Ley de Jurisdicción Constitucional, the Sala defined it by stating: “the Sala has indicated that this concept refers to the standing (legitimación) held by a corporate group when, acting as such through its representatives, it defends the rights and interests of the persons comprising its membership, in relation to rules or provisions affecting the core rights or interests that constitute the group’s purpose and unifying factor.” According to the Sala Tercera de la Corte, “A collective interest is one belonging to a group that comes together, whether in fact or in law, to pursue a specific purpose.
A diffuse interest, by contrast, belongs to an individual simply by virtue of being a member of society and allows that individual to seek redress for something that does not affect any particular person, such that no holder of the right to compensation can be identified; rather, it is suffered with equal intensity by the public at large.” D) Conditions that the accused (imputado) is willing to fulfill. These conditions may be proposed by the accused or may consist of any of those prescribed in Article 26 of the Código Procesal Penal: residing in a specified place; regularly visiting specified places or persons; refraining from using drugs or narcotics or from abusing alcoholic beverages; participating in special treatment programs in order to refrain from using drugs or alcoholic beverages or committing criminal acts; beginning or completing primary education if not already completed; learning a profession or trade, or attending training courses at the place or institution determined by the court; performing services or work for the State or public-benefit institutions; undergoing medical or psychological treatment, if necessary; remaining in a job or employment, or adopting, within the period determined by the court, a trade, craft, industry, or other activity determined by the court; not possessing or carrying weapons; or not driving vehicles.
Because probationary suspension of proceedings cannot be applied where an offense is committed by using force against property or violence against persons, its application is prohibited prima facie in robbery offenses and their aggravated forms, without being limited to those offenses, because those elements form part of the statutory definition of the offense (tipo penal) and must therefore be present for the offense to be established. C) The accused must not have benefited during the preceding five years from probationary suspension of proceedings or from dismissal of the criminal action (extinción de la acción penal) through the application of full reparation (reparación integral) or conciliation (conciliación). Under Article 3 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, that institution has standing to “[…] Act in defense of the national patrimony, the resources located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the territorial sea, the exclusive economic zone, and the continental shelf.
Take appropriate legal action to safeguard the environment, in order to guarantee every person’s constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment.” As established in Article 16, second paragraph, of the Código Procesal Penal: “[…] In offenses against the security of the Nation, public tranquility, public authorities, the constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses, and those contained in the Ley de Aduanas, número 7557 del veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco; the Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, número 7558 del tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; and the Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, número 6872 del diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres, the Procuraduría General de la República may also prosecute that action directly, without being subordinate to the actions and decisions of the Ministerio Público.
In matters initiated through an action by the Procuraduría, it shall be deemed a party and may pursue the same remedies granted to the Ministerio Público by this Code.” From the relationship between the two quoted articles, it follows that the Procuraduría General de la República may participate in criminal proceedings on behalf of the State’s interests when the offenses concern the security of the Nation, public tranquility, public authorities, the constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses, offenses contained in the Ley de Aduanas, the Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, or the Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; or when the conduct affects the national patrimony, resources located in the maritime-terrestrial zone, the territorial sea, the exclusive economic zone, or the continental shelf, without prejudice to the matters specified in other special laws.
However, given the manner in which the legislature provided for the participation of the Procuraduría General de la República in the Código Procesal Penal, it may be concluded that, far from being mandatory, the institution’s participation is discretionary, since the legislative drafting employs the verb “may.” Accordingly, under the procedure established in the third paragraph of Article 25 of the Código Procesal Penal, application of the mechanism of probationary suspension of proceedings requires the victim to express agreement with that procedure. From the same perspective, the aforementioned fourth paragraph states that a victim whose address is known must be heard. In light of these provisions, even if it is accepted that, in criminal proceedings, the Procuraduría General de la República represents the State as victim in cases involving harm to diffuse interests; harm to the national patrimony, resources located in the maritime-terrestrial zone, the territorial sea, the exclusive economic zone, or the continental shelf; or offenses against the security of the Nation, public tranquility, public authorities, the constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses, offenses contained in the Ley de Aduanas, the Ley Orgánica del Banco Central, or the Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, probationary suspension of proceedings may be applied without its participation if the Procuraduría General de la República has not entered an appearance (apersonada) in the proceedings.
Consistent with these principles, Houed Vega states: “…Before the reform introduced by ley 8146 del treinta de noviembre del dos mil uno, the Code required the victim’s consent as an essential prerequisite for probationary suspension of proceedings. The issue was the subject of vigorous debate during the legislative process that led to the reform, and the prevailing position was that the victim must accept both the reparation plan and the application of the mechanism itself. It should be noted that this refers to a victim whose ‘address is known,’ and it is that victim who must be summoned to a hearing so that the victim’s views may be heard; therefore, if no identifiable victim exists, this requirement cannot be imposed as a prerequisite for the admissibility of the suspension.” A similar approach appears in oficio 10-6-1998 of the Oficina Auxiliar de la Comisión de Asuntos Penales: “[…] The foregoing therefore means that the Procuraduría may, but is not required to, participate in prosecuting the criminal action in cases involving the offenses specified in Article 16.
It is therefore possible that, in such criminal matters, a private individual or another entity of the Poder Ejecutivo may instead file the complaint, and the Ministerio Público may prosecute the criminal action. We understand that this is what occurs in practice, which is why it is unnecessary for the Procuraduría to be called upon to participate as representative of the affected diffuse interests, since that initiative must originate with the Procuradores themselves. It is sufficient, instead, for the representatives of the reporting entity—a public office, private association, or ordinary citizen—to consent to conciliation, the application of an opportunity criterion (criterio de oportunidad), full reparation for the harm, and so forth, for these mechanisms to be applied with all their consequences; to full reparation for the harm, and so forth, for these mechanisms to be applied with all their consequences, provided that all statutory requirements are satisfied in the particular case.
On this point, it must not be forgotten that one of the most notable overarching principles of the new procedural framework is the effective resolution of the dispute (Article 7), and all provisions intended to achieve that purpose must therefore be interpreted broadly.
Justice Calzada Miranda authors the opinion; and,
Whereas:
I.Subject matter of the action. The general instructions or circulars issued verbally by the Procuradora General de la República are challenged. Under those instructions, criminal prosecutors are ordered to reject proposals to negotiate alternative measures to criminal proceedings (medidas alternativas al proceso penal) in cases involving offenses under the Ley de Armas, reckless driving, and offenses against the Autoridad Pública. The petitioners believe that these verbal instructions or circulars violate the principles of legality, due process, defense, effective judicial protection, prompt and effective justice, legal certainty, equality, reasonableness, harmfulness, non-retroactivity, and last resort (última ratio), provided for in Articles 28, 33, 34, 39, 41, 153 and 154 of the Constitución Política. They state that establishing the State’s criminal policy falls to the Poder Legislativo through legislation, and therefore, if the procedure provides for resolving the dispute and restoring the victim’s rights, the indiscriminate rejection of any resolution of the dispute constitutes a restrictive interpretation that does not favor the accused’s freedom.
They contend that the Procuradora’s instructions are unsupported and that, although the application of such measures is not a right of the accused, compliance with the requirements must be established in each case, and the merits, reasonableness, and proportionality of the measure, as well as the restoration of the victim’s rights, must be substantiated. They state that no law authorizes the Procuraduría to eliminate the possibility of negotiation generally, thereby modifying the content of the law. They add that the victim is the person directly harmed by the offense and that diffuse interests (intereses difusos) may be identified in matters concerning the environment, culture, territory, public expenditure, ethnic groups, and the consumption of certain products; nevertheless, in the case of the offense of reckless driving, the Procuraduría lacks standing (legitimación) to act as the victim, and it is for the Ministerio Público to state its position regarding whether the alternative measures should be applied, given that the State is not the holder of the inhabitants’ protected legal interests (bienes jurídicos protegidos), but merely their guarantor.
It is further stated that the challenged “directives” of the Procuraduría have not been published, are unsupported, and bear no date of issuance. They contend that the principle of equality is infringed because the Procuraduría’s directive is applied in some cases but not in others, and that the principles of reasonableness and proportionality are also violated because all cases receive the same treatment without regard to their particular circumstances. They argue that the Procuraduría could issue a well-founded, reasoned, and substantiated directive bearing a definite date and consistent with the principle of proportionality, establishing assessment criteria based on certain parameters for applying reparation plans (planes reparadores) under particular circumstances, but it cannot modify the provisions of the law, since, had the legislature intended to eliminate the possibility of negotiation for those offenses, it would have done so. They likewise state that, unlike a victim who is a private party, the Procuraduría’s actions must rest on an adequate legal basis in the exercise of authority previously granted by law.
The action filed is admissible pursuant to Articles 73 and 75 et seq. of the Ley de Jurisdicción Constitucional. It is directed against provisions of a general nature, namely, the verbal instructions or circulars issued by the Procuradora General de la República, which require the rejection of alternative measures in criminal cases prosecuted for the offenses of reckless driving, violation of the Ley de Armas, and offenses against the autoridad pública, as established at folios 83, 128, 158, 177, 230 and 231 of the case file. Article 102 of the Ley General de la Administración Pública provides that the powers of a hierarchical superior include, among others: “a) To issue specific orders, instructions, or circulars concerning how subordinates are to perform their duties, both as regards expediency and appropriateness and as regards legality, subject only to such restrictions as may be expressly established.” It was established in this case that the Procuradora General de la República issued verbal instructions or circulars which, in the petitioners’ view, violate constitutional provisions and principles.
Furthermore, the corresponding claim of unconstitutionality was raised in the criminal proceedings conducted under expediente numbers [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003], before the Juzgado Penal de Aguirre y Parrita, for the offenses of reckless driving, unlawful carrying of a permitted weapon, aggravated attack on authority, aggravated resisting arrest, and aggravated threats. The claim was likewise raised in the criminal case conducted under expediente number [Valor 004] before the Juzgado Penal de Puntarenas, for the offense of reckless driving.
This Chamber has addressed the legislature’s authority to design the various types of proceedings and, in particular, to establish such alternative measures as it considers appropriate, in accordance with the criminal-policy criteria it seeks to adopt. Of course, that legislative authority is limited by the principles, rights, and guarantees established under the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución). It has likewise held that there is no fundamental right to alternative measures and that the legislature may consequently establish conditions and limits governing their application. Thus, judgment number 2000-04983, issued at fourteen hours and fifty-one minutes on June twenty-eighth, two thousand, stated:
“With the enactment of the new criminal procedural legislation, Ley número 7594, of April tenth, nineteen ninety-six, alternative means of concluding proceedings were incorporated into the criminal justice system; that is, mechanisms were provided whose effect is to deem the criminal action (acción penal) extinguished or to avoid holding the plenary hearing or oral and public trial. These are: the application of prosecutorial-discretion criteria (criterios de oportunidad) (Articles 22 to 24), suspension of proceedings with probation (suspensión del procedimiento a prueba) (Articles 25 to 29), full reparation for harm (reparación integral del daño) (Article 30, subsection j), conciliation (conciliación) (Article 36), and the abbreviated procedure (procedimiento abreviado) (Articles 373 to 375). It has already been explained how Article 373 of the Código Procesal Penal contains a time limitation for requesting application of the abbreviated procedure.
However, for that limitation to be considered constitutionally illegitimate, at least two conditions would have to be met: a) the allegedly defective rule must affect the core of the basic rights established by our Constitución Política as the minimum requirements necessary to confer constitutional validity upon a given punitive proceeding; that is, it would have to affect a right regarded as fundamental and forming part of due process; b) second, it would have to be shown that such an infringement arises from a rule that is unreasonable or disproportionate to the objective pursued. This is because the Chamber has repeatedly held that citizens’ fundamental rights are not absolute and unrestricted in their exercise, but may be regulated in their exercise by the competent authorities when necessary to guarantee their own existence and that of the rights belonging to third parties. If either or both of these two conditions are not met, the conclusion would be that the rule does not infringe the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad) and must therefore be upheld as a valid exercise of governmental authority.
VII.With regard to the first of the two conditions (the infringement of the fundamental rights of the accused (imputado)), we find that Article 373 regulates an abbreviated procedure (proceso abreviado), consisting of the omission of the oral and public trial (debate oral y público), based on an agreement between the prosecution and the accused, who waives that stage of the proceedings in exchange for some benefit. This is an option that—although valuable within the design that gave rise to the new procedure—forms part of it only contingently, since it may or may not occur depending on various conditions. This Chamber has repeatedly held—for example, in decision number 07177-99, issued at las catorce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y nueve—that this procedural alternative does not form part of the due process (debido proceso) to which the accused is entitled: “III.- On the merits.
The purpose of criminal proceedings is not exclusively—or even primarily—to achieve the outcome most favorable to the accused, but rather to respect the accused’s fundamental rights and ascertain the truth of the facts. Accordingly, it cannot be said that the accused has a right to benefit from an abbreviated procedure. Either the Public Prosecutor’s Office or the defense may request it, and it is a consensual act among them, the accused, and the Judge; however, it is neither a procedural obligation nor, much less, a fundamental right that may be asserted. What the Chamber has held is that, if such an agreement is reached, it must be honored, under penalty of infringing the accused’s constitutional rights.” It is apparent from the quoted judgment that the abbreviated procedure is regarded as an option during the course of criminal proceedings; it may be absent without affecting the basic rights that the State is obligated to respect when subjecting an individual to criminal proceedings.
Thus, although the Chamber’s observations concerning the need for the interpretation of the fundamental rights of governed persons (administrados) to be guided by the “pro homine” and “pro libertate” principles are valid, none of that is at issue here, or at least not with respect to the analysis that the Chamber must conduct regarding the validity of a maximum period for requesting application of the abbreviated procedure because—as stated—such a procedure constitutes a benefit granted not in observance and implementation of a specific constitutional rule or principle, but in response to interests of legislative rank, which are therefore broadly adjustable at that same level, provided, of course, that the rules governing legislative activity contained expressly or implicitly in the Political Constitution are respected. Finally, on this point, the Chamber considers that it should refrain from intervening in the discussion concerning the correct interpretation of Articles 322 and 341 of the Code of Criminal Procedure, in relation to Article 7 of that same body of law, with which they allegedly conflict, since this task falls precisely to the criminal courts, which must give precedence to the interpretation most consistent with the rules and principles that—at their various levels—govern criminal proceedings.
VIII.As for the second condition necessary for a declaration that the time limit imposed by Article 373 of the Code of Criminal Procedure is unconstitutional (the unreasonableness and disproportionality of the disputed rule), it should be noted that, in this Chamber’s judgment, this condition is likewise not present in this specific case. Alternative measures for resolving criminal cases are intended to ensure that criminal prosecution is not pursued mandatorily and indiscriminately, but rather with due regard for criteria of prosecutorial discretion (criterios de oportunidad) and utility, applied in accordance with procedural law, the State’s criminal policy, and the parties’ interest in resolving the dispute. In the case under review, this last element is emphasized as one of the innovations of the recent criminal procedural legislation, insofar as it recognizes greater participation by the parties involved in the various stages of criminal proceedings.
Nevertheless, while it is true that the State has an evident interest in restoring social harmony and that, to some extent, the abbreviated procedure—like other alternatives to full criminal proceedings (proceso penal plenario)—seeks to achieve that end by resolving the interpersonal disputes underlying criminal proceedings, it is also true that, like every procedural mechanism (instituto procesal), alternative measures cannot be left unregulated for the parties to use at their discretion; the latter idea is alien to the very notion of an orderly procedural system and may originate in assigning greater importance than is warranted within the system to the resolution of the dispute between the parties as a purpose of the proceedings. Quite the contrary, it must be borne in mind that the design of the current criminal procedural system still retains, as its primary purpose, the regulation and operation of the State’s punitive authority, even when it provides various forms of dispute resolution intended to mitigate the harshness that the previous system displayed in that regard, especially in certain special cases in which a private party’s interest in punishment and compensation exceeded that of the State.
From that perspective, it is not unreasonable to establish final deadlines for completing the various acts and stages, provided that they do not prejudice the principal interest of the proceedings or their essential procedural formalities.”
The conditions and time limits for agreeing to apply alternative measures in criminal proceedings must be regulated by the legislature pursuant to the principles of procedural legality (legalidad procesal) and statutory reservation (reserva de ley). The principle of statutory reservation reflects the fact that offenses and penalties, as well as the applicable criminal procedure, may be created only by means of formal, written law. This principle responds to values prevailing in Constitutional Law (Derecho de la Constitución), such as the right-of-defense principle (principio de defensa), legal certainty (seguridad jurídica), and respect for the separation of functions among the various Branches of Government. Alternative measures within criminal proceedings respond to the need to give victims greater participation and to facilitate offenders’ social reintegration, subject to certain conditions, while avoiding their incarceration and the harmful consequences it produces not only for the person upon whom the penalty is imposed, but also for that person’s family and society in general.
Furthermore, in the area of restorative justice (justicia restaurativa), reparation for harm to the legally protected interest (bien jurídico) is promoted in accordance with Article 41 of the Political Constitution, which states: “By resorting to the laws, all persons shall obtain redress for injuries or damages sustained to their person, property, or moral interests. They shall receive prompt and full justice, without denial and in strict accordance with the laws.”
The Economic and Social Council of the United Nations, in its resolution 1999/26 of 28 de julio de mil novecientos noventa y nueve, entitled “Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice,” requested that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice consider the desirability of formulating United Nations standards on mediation and restorative justice. Resolution 2000/14 of 27 de julio del dos mil of the United Nations General Assembly established the elements of a preliminary draft declaration of basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters, so that Member States and relevant intergovernmental and nongovernmental organizations, as well as the institutes comprising the United Nations Programme Network, could submit pertinent observations. For its part, the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (United Nations General Assembly resolution 55/59, of cuatro de diciembre del dos mil) stated: “We encourage the development of restorative justice policies, procedures, and programs that respect the rights, needs, and interests of victims, offenders, communities, and all other interested parties.” A meeting of the Group of Experts on Restorative Justice was also held in Ottawa from 29 de octubre al 10 de noviembre de 2001, hosted by the Government of Canada.
This Group of Experts extensively clarified and codified those principles, emphasizing the need for an instrument on restorative justice to provide guidance for establishing national programs. Subsequently, the Plans of Action for the Implementation of the Vienna Declaration were adopted in United Nations resolution 56/261 of quince de abril del dos mil dos, which provided:
“Individually and collectively, as appropriate, States shall endeavor to support the following measures: a) Take into account Economic and Social Council resolution 2000/14 of 27 de julio de 2000, entitled ‘Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters,’ when considering the desirability and means of establishing common principles; b) Address offenses, especially minor offenses, in accordance with customary restorative justice practices where such practices exist and are appropriate, provided that human rights are respected and the consent of the interested parties is obtained; c) Use the conciliatory means provided for in domestic legislation to resolve offenses, especially minor offenses, between the parties, employing, for example, mediation, civil reparation, or agreements for compensation of the victim by the offender; (Emphasis not in the original) d) Promote a culture supportive of mediation and restorative justice among the competent law-enforcement, judicial, and social authorities, as well as among local communities; e) Provide appropriate training to those responsible for developing and implementing restorative justice policies and programs.” Finally, in resolution 2002/12 of the United Nations General Assembly, dated veinticuatro de julio del dos mil dos, the “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters” were approved.
The Preamble to that Declaration states that restorative justice “is an evolving response to crime that respects the dignity and equality of all persons, fosters understanding, and promotes social harmony through the recovery of victims, offenders, and communities.” In the same vein, the Council of the European Union agreed: “Member States shall seek to promote mediation in criminal cases for offenses which they consider appropriate for this type of measure. 2. Member States shall ensure that any agreement between the victim and the accused reached through mediation in criminal cases may be taken into consideration.” (Council of the European Union Framework Decision on the Standing of Victims in Criminal Proceedings 15/03/01).
V.Standing (legitimación) of the Procuraduría General de la República and the Ministerio Público in the exercise of public criminal prosecution (acción penal pública).
Article 3 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, number 6815 of veintisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y dos, provides:
ARTICLE 3.—POWERS:
The powers of the Procuraduría General de la República are:
[…]
In the case of private persons, the authority of the Procuraduría shall be exercised only when those persons administer public assets or funds by any means, receive benefits derived from subsidies or incentives funded with public monies, or participate in any manner in the criminal offense committed by public officials.
The foregoing is without prejudice to its duty to bring such facts and conduct to the attention of the corresponding administrative oversight and supervisory bodies for such action as may fall within their jurisdiction.
(As added by Article 1 of Ley N° 8242 de 9 de abril del 2002, Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública)
To take the appropriate legal actions to safeguard the environment, in order to guarantee every person’s constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment.
To ensure the proper application of conventions, international treaties, laws, regulations, and other provisions concerning those matters.
To investigate, on its own initiative or at the request of a party, any act or omission that violates the indicated legal framework.
To be recognized as a party, from the beginning of the proceedings, in criminal cases alleging the commission of an offense or a violation of environmental legislation or the Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. For this purpose, it may initiate criminal prosecution on its own initiative, without being subordinate to the actions and decisions of the Ministerio Público; file the same appeals that the Código de Procedimientos Penales grants to that body; and bring a civil action for damages (acción civil resarcitoria). (* See Note at the end of the subsection) With authorization from the Procurador General de la República or the Procurador General Adjunto, it may coordinate actions with public and private institutions, particularly municipalities, community development associations, and nongovernmental environmental organizations, in order to implement projects and programs providing legal information on the protection of the environment, the maritime-terrestrial zone, the exclusive economic zone, and the continental shelf, thereby safeguarding natural resources through preventive activities involving the country’s communities.
(As amended by Article 1 of ley N° 7455 de 29 de noviembre de 1994)
(*) (NOTE: the final paragraph of Article 58 of Ley Forestal N° 7575 de 13 de febrero de 1996 grants representative standing to the Procuraduría General de la República so that it may bring a civil action for damages arising from ecological damage caused to the State’s natural patrimony. For these purposes, officials of the Administración Forestal del Estado may act as expert appraisers) […]
Article 16 of the Código Procesal Penal states that the exercise of public criminal prosecution falls to the Ministerio Público, without prejudice to the participation afforded to the victim or to citizens. Nevertheless, it provides that, for offenses against national security (Articles 277 to 293 of the Código Penal), public tranquility (Articles 273 to 276 of the Código Penal), public authorities and the constitutional order (Articles 294 to 303 of the Código Penal), the environment (for example, violations of the Ley Forestal, Ley de Conservación de Vida Silvestre, etc.), the maritime-terrestrial zone (violations of the Ley sobre la zona marítimo terrestre), the public treasury, the duties of public office, tax offenses, offenses contained in Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995; and Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983, the Procuraduría General de la República also “may exercise” that prosecution directly, without being subordinate to the actions and decisions of the Ministerio Público.
In matters initiated by the Procuraduría, it shall be recognized as a party and may pursue the same appeals that the Code grants to the Ministerio Público. As can be seen, the Procuraduría is not obligated to prosecute in those circumstances; rather, it has the discretion to do so or not to do so based on considerations of expediency and advisability. In the circumstances examined in this action, specifically offenses of reckless driving (Article 254 bis of the Código Penal), violations of the Ley de Armas, and offenses against the Autoridad Pública (Articles 304 et seq.), the law does not provide that the Procuraduría must exercise criminal prosecution; instead, it grants exclusive authority to the Ministerio Público. This follows from Article 2 of the Ley Orgánica del Ministerio Público, which states:
“The function of the Ministerio Público is to petition the criminal courts for enforcement of the law through the exercise of criminal prosecution and the conduct of the preparatory investigation (investigación preparatoria) in publicly prosecuted offenses (delitos de acción pública).” Consequently, it is clear that, for offenses in which there is no individually identifiable victim and no statutory authority has been granted to another State body, the Ministerio Público alone is responsible for deciding whether to accept an alternative measure (medida alternativa), such as conciliation, suspension of proceedings subject to probation (suspensión del proceso a prueba), full reparation of the harm (reparación integral del daño), etc. That authority is consistent with the role assigned to the prosecutorial body in designing criminal prosecution policies.
VI.Unconstitutionality of the general verbal instructions issued by the Procuraduría General de la República not to negotiate alternative measures in criminal proceedings.
Now, from the foregoing, it may be inferred that although the Procuraduría General de la República, in its capacity as the State’s legal representative, may also act as the representative of the “victim” in certain offenses and, therefore, decide in each specific case whether or not to negotiate an alternative measure (medida alternativa), it may not issue provisions of general application or give verbal instructions, without any basis whatsoever, that broadly restrict the application of such measures, because doing so renders them ineffective and substitutes its will for that of the legislature, which, in exercising its authority to formulate criminal policy (política criminal), deemed it necessary to include alternative forms of dispute resolution (formas de solución alternativas al conflicto) in the criminal procedural system, given that Article 7 of the Código Procesal Penal itself establishes the following as one of the principal purposes of the proceedings: “…to resolve the dispute arising as a consequence of the act, in accordance with the principles contained in the laws, seeking to contribute to restoring social harmony between the parties and, in particular, to restoring the rights of the victim.” The principle of legality (principio de legalidad) must be understood as applying throughout every stage of the creation and application of criminal offenses: there is no offense without a prior, written, and strict law; there is no punishment without law; and punishment may not be imposed without a fair trial and in accordance with the provisions of the law.
This principle therefore encompasses legality in criminalization, punishment, procedure, and enforcement. The State must act in complete submission to the rule of law and within its limits; moreover, by virtue of the principles of legal certainty (seguridad jurídica) and the right to a defense (defensa), citizens, or the persons to whom the rules are addressed, must be guaranteed access to information concerning which conduct is prohibited and its consequences, as well as the procedure that will apply if they are tried for committing an offense. In creating the various alternative measures within criminal proceedings, such as conciliation (conciliación), full reparation for harm (reparación integral del daño), and conditional suspension of proceedings (suspensión del proceso a prueba), the legislature adopted a criminal-policy approach grounded in international-law instruments and established various conditions and requirements for their application, including the victim’s free and voluntary consent, the nature of the offense, the severity of the punishment, the manner in which the offense was committed, the harm caused, and the appropriate procedural stage for approving them, among others.
Accordingly, if the Procuraduría General de la República chooses not to negotiate alternative measures in cases in which it appears as a party under the legal system, it must do so on reasoned grounds, providing clear and objective reasons based on criteria of suitability, necessity, and proportionality, so that the parties may understand the reasons for that course of action and know what to expect. It should be noted that, in cases in which the legislature deemed it necessary, it established stricter requirements or even an absolute restriction on the application of alternative measures. Thus, it provided that “In sexual offenses, domestic assaults, and offenses punishable under the Ley de penalización de la violencia contra la mujer, the court must not seek conciliation between the parties or convene a hearing for that purpose, except when expressly requested by the victim or the victim’s legal representatives” (Article 25, paragraph 8, of the Código Procesal Penal); furthermore, with respect to minors, it established: “The court shall not approve conciliation… in offenses committed against minors.” (Article 25, paragraph 7, of the Código Procesal Penal).
Had the legislature intended that alternative measures not be applied in any criminal proceedings for reckless driving (conducción temeraria) (Article 254 bis of the Código Penal), violations of the Ley de Armas (Ley 7530 and its amendments), or offenses against public authority (delitos contra la Autoridad Pública) (Articles 304 et seq. of the Código Penal), it would have so provided. Moreover, for these offenses, the law does not provide that the Procuraduría must prosecute the criminal action (acción penal), but rather the Ministerio Público. This Chamber therefore finds that the verbal instructions or circulars issued by the Procuraduría General de la República rejecting the application of alternative measures in criminal cases involving reckless driving, offenses against public authority, and violations of the Ley de Armas are contrary to the principles of legality, statutory reservation (reserva de ley), and legal certainty.
For the foregoing reasons, the action is granted and, consequently, the instructions issued by the Procuraduría that absolutely restrict the possibility of negotiating alternative dispositions (salidas alternativas) in criminal proceedings for reckless driving, offenses against the Autoridad Pública, and violations of the Ley de Armas are annulled. Magistrate Mora grants the action solely insofar as it concerns the lack of standing (falta de legitimación) of the Procuraduría General de la República to act as a party in reckless-driving offenses. Magistrates Armijo Sancho, Cruz Castro, and Castillo Víquez dissent and deny the action. Magistrate Castillo Víquez files a separate note.
Por tanto:
The consolidated actions are GRANTED. Consequently, the instructions issued by the Procuraduría General de la República that absolutely restrict the possibility of negotiating alternative dispositions in criminal proceedings for reckless driving, offenses against the Autoridad Pública, and violations of the Ley de Armas are annulled. To prevent serious disruptions to legal certainty, justice, and social peace, this declaration of unconstitutionality (declaratoria de inconstitucionalidad) shall have prospective effect as of the full publication of the judgment in the Boletín Judicial, such that it shall apply only to pending or stayed proceedings that have not been resolved; consequently, it shall not apply to criminal cases concluded by a final judgment or currently at the appellate stage, except for the underlying cases in this action, all without prejudice to rights acquired in good faith.
Notice shall be given to the Procuradora General de la República, the petitioner, the parties to the underlying matter, the Ministerio Público, and the Defensa Pública. The notices and the full decision shall be published in the Boletín Judicial, and a summary shall be published in the official gazette La Gaceta. Let notice be given. Magistrate Mora grants the action solely insofar as it concerns the lack of standing of the Procuraduría General de la República to act as a party in reckless-driving offenses. Magistrates Armijo Sancho, Cruz Castro, and Castillo Víquez dissent and deny the action. Magistrate Castillo Víquez files a separate note.
Ana Virginia Calzada M.
Chief Justice Luis Paulino Mora M.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Dissenting opinion (voto particular) of Magistrates Armijo Sancho, Cruz Castro, and Castillo Víquez, authored by the second.
1- The subject matter of the challenge falls within the jurisdiction of the criminal courts.
As the Procuraduría General de la República correctly notes, the petitioner’s objection concerns the judicial authority’s interpretation of the Procuraduría’s refusal to accept conditional suspension of proceedings for certain offenses; the criminal procedural-policy guidelines (pautas político procesales) established by the Procuraduría must be reviewed by the judicial authority. The claim asserted is not directed against the institutional policy of the Procuraduría General, or even against the conduct of State representatives in criminal proceedings. Rather, the petitioner challenges the interpretation given by the Juzgado Penal de Aguirre y Parrita to the Procuraduría’s refusal to accept the application of conditional suspension of proceedings for certain offenses, because he considers it contrary to the rules set forth in Article 2 of the Código Procesal Penal. This is instead an issue that must be resolved within the specific criminal proceeding, because the rejection of alternative avenues (vías alternativas) does not entail a violation of fundamental rights.
Any criminal charge brought against a citizen must be resolved in accordance with the rights and guarantees established in the Constitution and conventional law (derecho convencional). The exclusion of alternative resolutions by the victim or the State’s representatives cannot constitute a violation of the accused’s fundamental guarantees. Nor does the petitioner articulate a constitutional challenge that may be examined by this court.
2- The petitioners’ objections lack adequate supporting grounds. Petitioner Quirós Sánchez further contends that the rejection of any alternative dispute-resolution measure (medida de solución alterna) constitutes a restrictive interpretation of the State’s criminal policy imposed by the Poder Ejecutivo, which advocates resolution of the dispute and restoration of the victim’s rights. Once again, that argument lacks a constitutional claim, because the petitioner does not indicate the nature of the alleged violation of the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad) caused by the purported restrictive interpretation of the State’s criminal policy. The inability to apply alternative resolutions (soluciones alternativas) in reckless-driving cases and offenses established in the Ley de Armas does not cause any violation of fundamental rights, since the legal system itself provides constitutionally acceptable resolutions for cases in which the victim or the State representative does not accept the alternative resolution, by requiring a trial that does not infringe any fundamental guarantee.
Resolution of the dispute is a procedural objective that is not necessarily limited to alternative resolutions; rather, it establishes that the dispute between the parties requires special attention. Indeed, for victimless offenses, resolution of the dispute may require an avenue other than settlement between the parties (composición entre las partes).
3- Alternative procedural resolutions are neither a guarantee nor a right of the accused. The alternative measures contemplated by the Código Procesal Penal do not constitute a right or guarantee of the accused, nor is their sole objective to avoid criminal prosecution, as the case law has repeatedly held. The Procuraduría’s rejection of alternative resolutions is not a restrictive interpretation of the State’s criminal policy, but rather the legitimate exercise of a power granted to the victim of an offense in the broad sense. The provision itself permits, in each case, a restriction on alternative resolutions.
4- Ordinary criminal proceedings (proceso penal ordinario) embody constitutional and treaty-based requirements. The appellants’ argument proceeds from a logically inconsistent premise by asserting that there is an essential difference, detrimental to constitutional rights, between the use of ordinary criminal proceedings, with all their safeguards, and alternative resolutions (soluciones alternativas) aimed at settlement between the parties. However, this argument is based on an erroneous premise, because there is no essential, constitutionally relevant difference between the use of ordinary criminal procedure and the possibility of applying alternative procedural resolutions, such as suspension of proceedings on probation (suspensión del proceso a prueba). The objectives of the sanction that may be imposed and the very nature of the offense, both in its abstract definition and in light of the particular nature of the specific acts, create a range of possibilities that may make alternative resolutions inadvisable. As a matter of procedural policy, the possibility of rejecting alternatives to judicial proceedings cannot be characterized as a violation of fundamental rights.
The possibility that proceedings may be resolved through alternative resolutions in some cases but not permitted in others does not violate the principle of equality (principio de igualdad), because the victim’s wishes and the advisability of such alternatives cannot support constitutionally objectionable discrimination. The victim’s wishes and the very nature of the offense are two parameters from which no discriminatory criteria can be derived to show that different resolutions are applied to identical cases. Furthermore, as explained above, the various alternatives to judicial proceedings and the use of ordinary procedure provide no basis for discrimination, since fundamental safeguards are not infringed in either case.
5- The grounds for a directive are presented before the judge hearing the case. As for the claim that the oral directive lacked supporting grounds, that objection is irrelevant because the directive takes the form of a reasoned application submitted to the judicial authority responsible for assessing its appropriateness. It is not the form of the directive that determines its constitutionality; rather, in each specific case, the judicial authority will determine whether the application is appropriate and legally admissible. The acceptance or rejection of a procedural settlement arrangement is not a decision that infringes the right of defense (derecho de defensa) or due process (debido proceso), because the procedural setting in which those safeguards are enforceable is ordinary criminal proceedings, with all their safeguards. It would be logically inconsistent to assert that when the victim of an offense does not accept an alternative resolution or conciliation (conciliación), the perpetrator’s right of defense is infringed, because the wishes of one party do not affect the opposing party’s safeguards.
The bilateral nature of the proceedings, as an essential characteristic, has nothing to do with the acceptance of an alternative resolution. Rejection of an alternative to trial leaves due-process safeguards intact, because those safeguards are enforceable under the Constitution and international human rights law.
The interests of the individual victim or of the victim in the abstract, represented by the Procuraduría, require no more than an expression before the judicial authority of the willingness to accept an alternative avenue. A victim cannot be required to provide a justification when rejecting that possibility because, when the injured party rejects it, the criminal proceedings continue in full observance of all constitutional and treaty-based safeguards.
The possibility of accepting or rejecting an alternative resolution is based on considerations of advisability for the victim or the victim’s representative and therefore does not require supporting grounds, contrary to the majority opinion. In any event, such a requirement would arise in each individual case, since the judge could well require a justification, even though no legal requirement exists to justify the rejection or acceptance of the alternative resolution. Review of whether the alternative arrangement is appropriate or inappropriate occurs in each specific case, and it is for the judicial authority to determine whether the rejection is well-founded or unfounded. Given its nature as an internal directive, this Court is not responsible for reviewing its content, because its actual application is subject to specific judicial review.
The lack of a statement of reasons also does not entail disregarding the legislature’s intent, since, by its very nature, no form of settlement between the parties requires the victim to satisfy requirements of justification or supporting grounds when accepting or rejecting an alternative resolution. The law itself imposes no specific requirement on the victim, nor does it authorize the judge to impose such a resolution despite the victim’s rejection of the possibility of an agreement.
6- The victim’s wishes do not infringe any rights of the accused. The development of a policy providing for alternatives to ordinary criminal proceedings is an option that in no way binds the wishes of the victim, understood broadly. The reasons for rejecting a settlement between the parties do not infringe the accused’s fundamental rights. For this reason, alternative resolutions are not encompassed within due process, because the State does not exercise its punitive authority (potestad represiva) through settlement arrangements.
7- It is not constitutionally relevant that the Procuraduría represent the victim’s interests in victimless offenses. Determining whether the Procuraduría may represent the victim’s interests in offenses that have no particular victim is not a constitutional issue; it is a matter to be resolved by the ordinary criminal courts, which to date have regarded the Procuraduría’s participation as legitimate. The participation or exclusion of the State’s representative neither infringes fundamental constitutional safeguards nor contravenes the basic rules of a fair trial. The issue raised must be decided within the ordinary criminal jurisdiction.
8- Alternative resolutions cannot be applied in offenses without an individual victim. The arguments supporting the appellants’ claims contain an essential logical flaw: if these are offenses in which, as they acknowledge, there is no victim, then no agreement could be applied and the victim’s position could not be considered. Accordingly, neither suspension of proceedings on probation nor conciliation would be admissible, because if there is no victim, alternative procedural resolutions could not be applied. The entire dispute raised becomes meaningless when it concerns offenses in which, as the appellants themselves assert, there is no victim. Such cases involve punishable offenses for which no alternative resolution is available because there is no victim, and the traditional criminal process must therefore be applied in every case.
9- Resolution of the dispute is not excluded from ordinary criminal proceedings. Although Article seven of the Code of Criminal Procedure (código procesal penal) establishes resolution of the dispute as one of the purposes of criminal proceedings, that procedural-policy objective does not mean that the victim—or the victim’s representative, the Procuraduría, in the case of offenses without an individual victim—may not reject alternative means of resolving the proceedings on the ground that the matter should be decided through full ordinary procedure, with recognition of all safeguards afforded to the accused. In some cases, resolution of the dispute requires recourse to the traditional avenue of intervention. The circumstances of certain criminal offenses require that the dispute be resolved wholly or partially through a punitive procedural response, having regard to the nature and effects of the offense.
These exceptions, such as those challenged in this action, are cases in which the importance of the legally protected interests (bienes jurídicos) at stake does not permit settlement between the parties. Alternative procedural resolutions in no way preclude bodies representing the collective interest, such as the Ministerio Público and, in some cases, the Procuraduría General de la República, from determining that settlement between the parties is an inadvisable resolution of the proceedings, particularly when there is no victim. The alternative resolution promoted by the legislature does not at any time require its application in cases where the alleged criminal offense does not permit such a resolution.
10- The victim’s wishes may also restrict alternative resolutions. Express statutory language excluding offenses for which alternative arrangements are unavailable is not the only means of restricting this procedural option, as the majority opinion assumes. Such exclusion is also permissible when the victim rejects the alternative resolution. These are offenses in which the legislature could not disregard the victim’s wishes and interests. Although the law may exclude certain offenses from alternative-resolution arrangements, the victim is also entitled to do so in a specific case when the victim does not consider them advisable. The existence of instruments of international law recognizing alternative resolutions in criminal proceedings does not mean that such resolutions become binding upon the State, the victim, or the victim’s representatives. Their application remains subject to the wishes of the parties and to their advisability in each case, with ordinary criminal proceedings and all their safeguards always retaining primacy. Rejection of alternative procedural resolutions cannot be deemed an infringement of the accused’s safeguards, because the predominant rule is the model of trial with all applicable safeguards.
11- The principle of legality (principio de legalidad) does not preclude the exclusion of alternative resolutions. The Procuraduría’s directive does not infringe the principle of legality because, as stated supra, the provision expressly recognizes the victim’s unqualified consent as a requirement for the admissibility of alternative resolutions. Nor does it violate the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica), because the rule applicable to a criminal offense is ordinary procedure, with all its safeguards.
It is important to note that the annulment ordered in the majority opinion has no practical significance, because it is sufficient for the internal directive to state its grounds and then be applied in every case. Furthermore, even assuming that the directive did not exist, in each specific case involving reckless driving, an offense under the Ley de Armas, or an offense against public authority, the Procuraduría could reject the alternative procedural avenue on stated grounds without that decision constituting noncompliance with the ruling in this judgment.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Gilbert Armijo S.
SEPARATE NOTE OF JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ In addition to the reasons set forth in the minority opinion (voto de minoría), I consider that the verbal directive (directriz) not to enter into conciliation (conciliación), or permit the application of other alternative measures (medidas alternativas), in the offenses of reckless driving (conducción temeraria), offenses against public authority (delitos contra la autoridad pública), and violations of the Ley de Armas challenged in this action, does not infringe the fundamental right (derecho fundamental) to conciliation held by the inhabitants of the Republic; nor does it affect conciliation as a restorative justice mechanism (mecanismo de justicia restaurativa) or as an alternative mechanism for resolving certain legal disputes in criminal matters. In this regard, the institution of conciliation (instituto de la conciliación) as such is not being questioned.
As the Corte Constitucional colombiana aptly stated in judgment C-160/99, conciliation “(…) is an institution through which a public interest is pursued by means of the negotiated resolution of a legal dispute between parties, with the intervention of a government official belonging to the judicial branch or the administration, and, exceptionally, of private individuals.” The decision of the senior officials of the Procuraduría General de la República not to enter into conciliation in these types of offenses, or permit the application of other alternative measures, is more than justified. There are objective and reasonable grounds for it. In the case of the offense of reckless driving, one must not lose sight of a publicly and widely known fact: the recent entry into force of the amendments to the Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres—scarcely less than three years ago, through Ley n.° 8696 de 17 de diciembre del 2008—which specifically classified this type of conduct as a criminal offense because of the number of traffic accidents caused largely by persons driving vehicles under the influence of alcohol, with the tragic toll of deaths and lifelong disabling injuries suffered by many people.
Faced with that reality, the legislature adopted the decision to criminalize this type of conduct so that the penalty would deter people from driving under the influence of alcohol or at unreasonable speeds, an aspect that we do not assess in this case. In light of this fundamental policy decision by the Poder Legislativo and the Poder Ejecutivo—bearing in mind that, under our political system, the latter is a co-legislator—and less than three years after the law entered into force, it would be neither logical nor justified for the Procuraduría General de la República, acting on behalf of the State, to enter into conciliation or agree to the application of other alternative measures in this type of matter, since doing so would amount to nothing less than undermining the decision of two Branches of the State. The directive challenged in this action reflects an essential element of the Costa Rican political system: respect for the decisions of the Branches of the State, which possess profound democratic legitimacy.
Accordingly, the issue before us must not be analyzed solely from a procedural or adjectival-law perspective (perspectiva procesal, adjetiva)—that is, whether the application of the alternative measures contained in the Código Procesal Penal is being obstructed—but the perspective must necessarily be broadened to include substantive law (derecho sustantivo o de fondo), in this case the amendments to the Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. In this comprehensive analysis of the legal system (ordenamiento jurídico), any person must necessarily conclude that the decision of the Branches of the State cannot and should not, at least in the short or medium term, be undermined by the representative of the State—the victim in these cases—because allowing this would weaken, and even render ineffective, the instrument—the penalty—that those constitutional bodies chose to eradicate socially harmful conduct from our society.
In short, it would run contrary to common sense to allow the Procuraduría General de la República to undermine, weaken, or render ineffective the criminal policy (política criminal) democratically adopted by the Poder Legislativo and the Poder Ejecutivo. In the eyes of public opinion, we would then have, on the one hand, constitutional bodies defining a criminal policy in one direction, while the representative of the State acted in the opposite direction; this would not only have harmful effects but would also entail an absolute lack of coordination among State bodies. In this case, it would appear inconsistent to public opinion and to voters—to whom political actors have a constitutional and ethical duty to render account—for the political discourse, on the one hand, to seek to apply a strict criminal policy to reckless-driving offenses while, on the other, the Procuraduría General de República entered into conciliation or permitted the application of alternative measures in such offenses.
There would clearly be a profound contradiction in this case, which would also entail uncoordinated action by State bodies; moreover, the deterrent effect of the penalty could be reduced to practically nothing—according to data from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, there has been a slight increase thus far in 2011 in the number of people driving under the influence of alcohol: whereas 114 violations were recorded in February 2010, 196 were recorded in 2011; the figure for March rose from 141 to 161, and that for April from 144 to 151—.
Something similar occurs with offenses against public order (delitos contra el orden público) and violations of the Ley de Armas. As is well known, one of the problems associated with crime and the increase in violence that our society unfortunately suffers is the unlawful possession of firearms (tenencia ilegal de armas de fuego). Specifically, the Poder Ejecutivo submitted a bill to the Asamblea Legislativa on cuatro de abril del dos mil once, which is being processed under expediente legislativo número 18050, “Reforma General de la Ley de Armas y Explosivos N.° 7530 y Adición a Leyes Conexas,” stating that “(…) armed violence requires special attention from the State, not so much because of what it represents statistically, but because of the repercussions that these acts of aggression have on society as a whole, since they dramatically and irreversibly disrupt the environment of those who suffer from them.
It is important to have a clear understanding of certain figures in order to better comprehend the current situation: during 2010, 6.405 weapons were registered in our country and 21.471 carrying permits were issued. In turn, 4.250 firearms were seized, of which approximately 7% were returned to their lawful owners.
A final aspect of particular relevance in the contents of the bill presented here is the creation of different criminal offenses (tipos penales) consistent with our criminal legislation and adapted to the new trends developed in the bill.” In this case, penalties are being increased and new offenses created; indeed, the proposal of the Poder Ejecutivo is that offenders not be granted alternative measures or the benefit of a suspended sentence (beneficio de ejecución condicional) for this type of offense—the penalty is increased from four to eight years for the offenses of unlawful carrying, failure to conduct inspections, unauthorized carrying, stolen weapons, transfer of weapons, sale of permitted weapons and ammunition, introduction of permitted weapons and explosives into public places, and disclosure of information; and from four to ten years for the offenses of unlawful cross-border movements, unlawful modifications and alterations, supplying minors or persons lacking legal capacity, sale of prohibited weapons and ammunition, unlawful sale of explosives, introduction of prohibited weapons and explosives into unauthorized places, weapons, ammunition and explosives, and carrying prohibited weapons—.
In light of this fact, there can be no doubt that the Procuraduría General de la República must act consistently with the aims of the Poder Ejecutivo, because otherwise, once again, a technical body would thwart the formulation, design, and adoption of a criminal policy that the Poder Ejecutivo intends to pursue with the participation of the Poder Legislativo.
In summary, there are reasons of State—objective, reasonable, and grounded in common sense—for the Procuraduría General de la República to have adopted the directive challenged in this action. As extensively explained in the minority opinion, that directive does not violate any fundamental right; for these additional reasons, I am therefore inclined to dismiss the action (declarar sin lugar la acción).
Fernando Castillo V Justice (Magistrado) Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
*100120260007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y cuatro minutos del dieciocho de mayo del dos mil once.
Acciones de inconstitucionalidad acumuladas promovidas por Walter Xavier Niehaus Bonilla, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José y Álvaro Justo Quirós Sánchez, mayor, en su condición de abogado defensor de [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] y [Nombre 005] contra las instrucciones o circulares verbales de la Procuraduría General de la República que rechazan la aplicación de medidas alternativas en las causas penales por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracción a la Ley de Armas. Intervinieron también en el proceso la Procuraduría General de la República, representada por la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán y la Jefe de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.
Resultando:
Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,
Considerando:
I.Objeto de la acción. Se impugnan las instrucciones de carácter general o circulares giradas en forma verbal por la Procuradora General de la República, según las cuales, se ordena a los procuradores penales rechazar las propuestas de negociación de medidas alternativas al proceso penal en las causas por delitos de infracción a la Ley de Armas, conducción temeraria y contra la Autoridad Pública. Estiman los accionantes que esas instrucciones o circulares verbales vulneran los principios de legalidad, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva, justicia pronta y cumplida, seguridad jurídica, igualdad, razonabilidad, lesividad, irretroactividad y el de última ratio, previstos en los artículos 28, 33, 34, 39, 41, 153 y 154 de la Constitución Política. Señalan que la determinación de la política criminal del Estado compete al Poder Legislativo a través de la ley, de forma que si dentro del procedimiento se encuentra la solución del conflicto y el restablecimiento de los derechos de la víctima; el rechazo indiscriminado de cualquier solución al conflicto constituye una interpretación restrictiva que no favorece la libertad del imputado.
Aducen que las instrucciones de la Procuradora no se encuentran fundamentadas y que si bien, la aplicación de las medidas no es un derecho del imputado, en cada caso se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos y fundamentar el mérito, razonabilidad y proporcionalidad de la medida, así como el restablecimiento de los derechos de la víctima. Refieren que no existe una ley que faculte a la Procuraduría para eliminar la posibilidad de negociar en forma general, modificando de esta forma el contenido de la ley. Añaden que la víctima es la persona directamente ofendida por el delito y que se puede señalar la presencia de intereses difusos en materia de ambiente, cultura, territorio, gasto público, etnias y consumo de ciertos productos; no obstante, en el caso del delito de conducción temeraria, la Procuraduría carece de legitimación para actuar como víctima, correspondiendo al Ministerio Público otorgar su criterio en relación con la aplicación o no de las medidas alternativas, dado que el Estado no es poseedor de los bienes jurídicos protegidos de los habitantes, sino sólo garante de éstos.
Se indica además que las “directrices” de la Procuraduría que se impugnan no han sido publicadas, no se encuentran fundamentadas, ni tienen fecha de emisión. Aducen que se lesiona el principio de igualdad, dado que lo dispuesto por la Procuraduría se aplica en unas causas y en otras no se aplica, así como vulneración a los principios de razonabilidad y proporcionalidad porque se da un mismo tratamiento a todos los casos, sin tomar en cuenta sus particularidades. Argumentan que la Procuraduría podría emitir una directriz bien fundamentada, razonada y motivada, con fecha cierta y amparada al principio de proporcionalidad, que establezca un criterio de valoración, bajo algunos parámetros para la aplicación de planes reparadores ante determinadas circunstancias, pero no modificar lo establecido en la ley, dado que si el legislador hubiera querido eliminar la posibilidad de negociar en esos delitos, así lo habría hecho.
Asimismo, señalan que la actuación de la Procuraduría, a diferencia de la víctima sujeto privado, debe provenir de un adecuado fundamento en el ejercicio de una competencia previamente otorgada por ley.
La acción planteada resulta admisible al tenor de lo dispuesto en los artículos 73 y 75 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se dirige contra disposiciones de carácter general, a saber, las instrucciones o circulares verbales giradas por la Procuradora General de la República, que disponen el rechazo de la aplicación de medidas alternativas en las causas penales seguidas por los delitos de conducción temeraria, infracción a la Ley de Armas y delitos contra la autoridad pública, según se acredita a folios 83, 128, 158, 177, 230 y 231 del expediente. El artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública dispone como potestades del superior jerárquico, entre otras: “a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan circulares verbales que a juicio de los accionantes infringen normas y principios constitucionales.
Además, se invocó la inconstitucionalidad respectiva en los procesos penales tramitados con los números de expediente [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003], en el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita, por los delitos de conducción temeraria, portación ilegal de arma permitida, atentado agravado, resistencia agravada y amenazas agravadas. De igual modo, en la causa penal tramitada con el número de expediente [Valor 004] en el Juzgado Penal de Puntarenas, por el delito de conducción temeraria.
Esta Sala se ha referido a la competencia que tiene el legislador para diseñar los distintos procesos y particularmente, disponer las medidas alternativas que considere convenientes, de conformidad con los criterios de política criminal que pretenda establecer. Claro está, esa competencia del legislador encuentra sus límites en los principios, derechos y garantías previstos en el Derecho de la Constitución. Asimismo, ha señalado que no existe un derecho fundamental a las medidas alternas y en consecuencia, el legislador puede establecer condiciones y límites para su aplicación. Así, en la sentencia número 2000-04983 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de junio del dos mil se indicó:
“Con la promulgación de la nueva legislación procesal penal, Ley número 7594, de diez de abril de mil novecientos noventa y seis, se integran al sistema jurídico penal formas alternativas de finalización del proceso, sea, que dota de mecanismos cuya consecuencia es que se tenga por extinguida la acción penal, o se evite la realización del debate o juicio oral y público; estos son: la aplicación del criterios de oportunidad (artículos 22 a 24), la suspensión del procedimientos a prueba (artículos 25 a 29), reparación integral del daño (artículos 30 inciso j), la conciliación (artículo 36), y el procedimiento abreviado (artículos 373 a 375). Ya se explicó como el artículo 373 del Código Procesal Penal contiene una limitación temporal para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado; ahora bien, para que dicha limitación pueda considerarse constitucionalmente ilegítima, deberían concurrir al menos dos condiciones: a) la norma supuestamente defectuosa debe incidir, en el núcleo de derechos básicos que nuestra Constitución Política establece como los mínimos necesarios para otorgarle validez constitucional a un proceso sancionatorio dado; es decir, debería producir efectos sobre algún derecho de los considerados fundamentales e integrantes del debido proceso; b) en segundo lugar, debería demostrarse que dicha afectación se origina en una regla irrazonable o desproprocionada frente al fin que se busca; ello porque ha sido doctrina reiterada de la Sala el que los derechos fundamentales de los cuidadanos no son de ejercicio absoluto e incontrolado sino que pueden ser sometidos a regulación en su ejercicio por parte de las autoridades competentes cuando ello resulte necesario para garantizar su propia existencia y la aquellos pertenecientes a terceros.
Si alguna o ambas de esas dos condiciones se incumplen, la conclusión sería que la norma no alcanza a lesionar el bloque de constitucionalidad y por ende debe sostenerse como un ejercicio válido del poder por parte de las autoridades.
VII.En relación con la primera de las dos condiciones (la afectación de derechos fundamentales del imputado) encontramos que el artículo 373 regula una forma abreviada de proceso penal, consistente en la omisión del debate oral y público, con fundamento en un acuerdo entre la acusación y el imputado, quien renuncia a esa fase del proceso a cambio de alguna ventaja. Se trata de una opción que –aunque valiosa en el diseño que dio origen al nuevo proceso- no forma parte de este sino de manera eventual, puesto que puede darse o no dependiendo de diferentes condiciones. Esta Sala ha señalado reiteradamente –por ejemplo en la resolución número 07177-99 de las catorce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y nueve- que dicha alternativa procesal no forma parte del debido proceso a que tiene derecho el imputado: "III.- Sobre el fondo . El proceso penal no busca en forma exclusiva -ni siquiera principal- la solución más favorable al imputado, sino el respeto de sus derechos fundamentales y la averiguación de la verdad de los hechos.
En ese sentido, no puede decirse que exista un derecho del imputado a que se le beneficie con un proceso abreviado. Este lo puede solicitar el Ministerio Público o la defensa, y se trata de un acto consensuado entre éstos, el imputado y el Juez, pero no se trata de una obligación procesal, ni mucho menos un derecho fundamental que pueda ser exigido. Lo que sí ha señalado la Sala es que si se llega a formular el convenio, éste tiene que respetarse, so pena de lesionar los derechos constitucionales del imputado." Se aprecia de la sentencia transcrita, que el proceso abreviado es considerado como una opción dentro del devenir del proceso penal; puede faltar sin que ello afecte los derechos básicos que el Estado está obligado a respetar al individuo cuando lo somete a un proceso penal. De esa forma, aunque son válidas las observaciones de la Sala respecto a la necesidad de que la interpretación de los derechos fundamentales de los administrados se rijan por los principios "pro hómine" y "pro libertate" nada de ello está en juego aquí, o al menos no lo está en lo que se refiere al análisis que debe hacer la Sala en cuanto de la validez de un plazo máximo para la solicitud de aplicación del proceso abreviado porque -como se dijo- se trata en tal caso de una ventaja otorgada, no en acatamiento y materialización de una específica regla o principio constitucional, sino como respuesta a intereses de rango legislativo y por lo tanto ampliamente modulables en ese mismo nivel, siempre y cuando obviamente se respeten las reglas sobre la actividad legislativa que contiene explícita o implícitamente la propia Constitución Política.
Finalmente, en cuanto a este punto, considera la Sala que debe eximirse de intervenir en la discusión sobre la exégesis correcta de los artículos 322 y 341 ambos del Código Procesal Penal, frente al artículo 7 de ese mismo cuerpo legal, con el cual supuestamente entran en contradicción, dado que se trata precisamente de la labor de los tribunales penales, quienes han de hacer prevalecer la intepretación que esté más acorde con las reglas y principios que –a los distintos niveles- informan el proceso penal.
VIII.En cuanto a la segunda condición necesaria para una declaración de inconstitucionalidad del plazo impuesto en el artículo 373 del Código procesal penal, (la irrazonablidad y desporporción de la regla discutida) cabe señalar que a juicio de esta Sala tampoco ello ocurre en el caso concreto. Con las medidas alternativas de solución de las causas penales, se pretende que la persecución penal no sea ejercida en forma obligatoria e indiscriminadamente, sino tomando en cuenta criterios de oportunidad y utilidad aplicables de conformidad con la ley procesal, la política criminal del Estado y el interés de las partes en la solución del conflicto. En el caso aquí analizado, se resalta este último elemento, como una de las innovaciones de la reciente legislación procesal penal en el sentido de reconocer una mayor participación de las partes que intervienen en el proceso penal en las diversas fases.
No obstante, si bien es verdad que existe un evidente interés del Estado en restaurar la armonía social y que en cierta medida el proceso abreviado -como otras medidas alternas al proceso penal plenario- busca llenar ese fin mediante la resolución de los conflictos que a nivel intersubjetivo subyacen al proceso penal, también es cierto que, como todo instituto procesal, el de las medidas alternas no puede quedar librado de regulaciones para ser utlizado por las partes a discreción; esta última idea resulta extraña a la propia noción de un sistema procesal ordenado y posiblemente tiene su origen cuando se otorga a la búsqueda de la resolución del conflicto entre las partes, en cuanto fin del proceso, una relevancia mayor a la que le corresponde dentro del sistema. Justamente al contrario, contrario, debe tomarse en cuenta que el diseño del sistema procesal penal actual, conserva aún como fin primordial la regulación e iteración del ejercicio del poder punitivo del Estado, inclusive cuando se proveen diversas formas de solución de conflictos, con las que se pretende atenuar la rigurosidad que en tal sentido exhibía el sistema anterior, en especial frente a ciertos casos especiales donde el interés de un particular por la sanción y el resarcimiento sobrepasaba al estatal.
Desde tal perspectiva no resulta irrazonable establecer plazos finales para el cumplimiento de las diferentes actuaciones y etapas con tal de que ellas no perjudiquen lo constituye el interés principal del proceso ni sus ritualidades esenciales.”
Las condiciones y plazos para acordar la aplicación de las medidas alternativas en el proceso penal deben ser regulados por el legislador en virtud de los principios de legalidad procesal y reserva de ley. El principio de reserva de ley atiende al hecho de que solo por medio de la ley formal y escrita, pueden crearse los delitos y las penas, así como el procedimiento penal aplicable. Responde este principio a valores imperantes en el Derecho de la Constitución, tales como el principio de defensa, la seguridad jurídica y el respeto a la división de funciones entre los distintos Poderes del Estado. Las medidas alternativas dentro del proceso penal responden a la necesidad de dar una mayor participación a la víctima, posibilitar la reinserción social de los infractores, bajo ciertas condiciones, evitando su prisionalización y las consecuencias nocivas que ésta produce, no sólo para el sujeto sobre quien recae la sanción, sino además, sobre su familia y la sociedad en general.
Se promueve además, en el tema de la justicia restaurativa, la reparación de la afectación al bien jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, que indica: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”
El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 1999/26 del 28 de julio de mil novecientos noventa y nueve, titulada “Elaboración y aplicación de medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal” solicitó a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que estudiara la conveniencia de formular normas de las Naciones Unidas en materia de mediación y justicia restitutiva. En la resolución 2000/14 del 27 de julio del dos mil, de la Asamblea General de las Naciones Unidas se establecen los elementos para un anteproyecto de declaración de principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, para que los Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, así como los institutos que integran la red del Programa de las Naciones Unidas, hicieran las observaciones pertinentes.
Por su parte, la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia frente a los retos del siglo XXI (Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 55/59, del cuatro de diciembre del dos mil) estableció: “Alentamos la elaboración de políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que respeten los derechos, necesidades e intereses de las víctimas, los delincuentes, las comunidades y demás partes interesadas.” Se celebró además una reunión del Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa en Ottawa, el 29 de octubre al 10 de noviembre de 2001, acogida por el Gobierno del Canadá. Este Grupo de Expertos precisa y codifica ampliamente esos principios, haciendo énfasis en la necesidad de contar con un instrumento sobre justicia restaurativa para proporcionar orientación en el establecimiento de programas nacionales. Posteriormente se dictan los Planes de Acción para la aplicación de la Declaración de Viena, en la resolución 56/261 del quince de abril del dos mil dos de las Naciones Unidas, donde se dispuso:
“Individual y colectivamente, según proceda, los Estados se esforzarán por apoyar las medidas siguientes: a) Tener en cuenta la resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 2000, titulada “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal” al examinar la conveniencia y los medios de establecer principios comunes; b) Tratar los delitos, especialmente los de menor cuantía, conforme a la práctica consuetudinaria en lo tocante a la justicia restaurativa, cuando exista tal práctica y ésta sea apropiada, a condición de que con ello se respeten los derechos humanos y se cuente con el consentimiento de los interesados; c) Utilizar los medios conciliatorios previstos en la legislación interna para resolver los delitos, especialmente los de menor cuantía, entre las partes, recurriendo, por ejemplo, a la mediación, la reparación civil o los acuerdos de indemnización de la víctima por parte del delincuente; (El resaltado no es del original) d) Promover una cultura favorable a la mediación y la justicia restitutiva entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, judiciales y sociales competentes, así como entre las comunidades locales; e) Impartir formación apropiada a los encargados de la elaboración y la ejecución de las políticas y programas de justicia restitutiva”.
Finalmente, en la resolución 2002/12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha veinticuatro de julio del dos mil dos, se aprueban los “Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal” En el Preámbulo de dicha Declaración, se señala que la justicia restitutiva “es una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece la comprensión y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades.” En igual sentido, el Consejo de la Unión Europea acordó: “Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida. 2. Los Estados miembros velarán porque pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales.”(Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal 15/03/01).
V.Legitimación de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública.
El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, número 6815 del veintisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y dos, dispone:
ARTÍCULO 3 º.—ATRIBUCIONES:
Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:
[…]
En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos.
Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que corresponda en su ámbito de competencia.
(Así adicionado por el artículo 1 ° de la Ley N° 8242 de 9 de abril del 2002, Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública)
Tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Velar por la aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias.
Investigar, de oficio o a petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada.
Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos penales en que se impute la comisión de una infracción o la violación de la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. Para ello, podrá ejercitar la acción penal, de oficio, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público; interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria. (* Ver Nota al final del inciso) Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin de poner en marcha proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la zona marítimo-terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continental para tutelar los recursos naturales, mediante actividades preventivas que involucren a las comunidades del país.
(Así reformado por el artículo 1 ° de la ley N° 7455 de 29 de noviembre de 1994)
(*) (NOTA: el párrafo final del artículo 58 de la Ley Forestal N ° 7575 de 13 de febrero de 1996 otorga la acción de representación a la Procuraduría General de la República, para que establezca la acción civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al patrimonio natural del Estado. Para estos efectos, los funcionarios de la Administración Forestal del Estado podrán actuar como peritos evaluadores) […]
El artículo 16 del Código Procesal Penal señala que el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que se concede a la víctima o a los ciudadanos. No obstante, dispone que en los delitos contra la seguridad de la Nación (artículos 277 a 293 del Código Penal) la tranquilidad pública (artículos 273 a 276 del Código Penal) los poderes públicos, el orden constitucional (artículos 294 a 303 del Código Penal) el ambiente (por ejemplo, infracciones a la Ley Forestal, Ley de Conservación de Vida Silvestre, etc.) la zona marítimo-terrestre (infracciones a la Ley sobre la zona marítimo terrestre) la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios, los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983; la Procuraduría General de la República también “ podrá ejercer” directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público.
En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, ésta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el Código le concede al Ministerio Público. Como puede apreciarse, la Procuraduría no tiene una obligación de ejercer la acción en esos supuestos, sino que se trata de una facultad, que podrá ejercerla o no conforme a criterios de oportunidad y conveniencia. En los supuestos que se analizan en esta acción, propiamente, el caso de los delitos de conducción temeraria (artículo 254 bis del Código Penal), de Infracción a la Ley de Armas y de los delitos contra la Autoridad Pública (artículos 304 y siguientes) la ley no prevé que sea la Procuraduría quien deba ejercer la acción penal, sino que atribuye una competencia exclusiva al Ministerio Público. Ello se infiere de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que expresa:
“El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública.” En consecuencia, resulta claro que en los delitos donde no exista una víctima individualizada y no se encuentre establecida una competencia legal a favor de otro órgano del Estado, es exclusivamente al Ministerio Público a quien corresponde decidir sobre la aceptación o no de una medida alternativa (conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño, etc.). Tal competencia resulta coherente con la atribución del Órgano Fiscal en el diseño de las políticas de persecución penal.
VI.Inconstitucionalidad de las instrucciones verbales de carácter general giradas por la Procuraduría General de la República para no negociar medidas alternativas en el proceso penal.
Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se infiere que si bien la Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado, puede figurar a su vez como representante de la “víctima” en determinados delitos y por ende, decidir en cada caso concreto, si negocia o no una medida alternativa, lo cierto es que no puede dictar disposiciones de carácter general o girar instrucciones verbales, sin fundamento alguno, donde se limite de una forma generalizada la aplicación de dichas medidas, pues ello implica hacerlas nugatorias y sustituir la voluntad del legislador, quien en su competencia para diseñar la política criminal, consideró que debían incluirse en el ordenamiento procesal penal, formas de solución alternativas al conflicto, atendiendo a que en el mismo artículo 7 del Código Procesal Penal se fija como uno de los fines principales del proceso: “…resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima.” El principio de legalidad debe entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sin un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley.
De ahí que incluya este principio, las vertientes de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. El Estado debe actuar con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, y por otra parte, en virtud de los principios de seguridad jurídica y defensa, se debe garantizar a los ciudadanos o destinatarios de las normas, el acceso a conocer cuáles son las conductas prohibidas y sus consecuencias, así como el procedimiento que se aplicará en caso de ser juzgado por la comisión de un delito. El legislador, al crear las distintas medidas alternativas dentro del proceso penal, tales como la conciliación, la reparación integral del daño y la suspensión del proceso a prueba, apostó por una opción político criminal que tiene fundamento en instrumentos de derecho internacional y estableció distintas condiciones y requisitos para su aplicación, tales como el acuerdo libre y voluntario de la víctima, la naturaleza del delito, la gravedad de la pena, la forma de comisión, el daño causado y el momento procesal oportuno para acordarlas, entre otros.
De ahí que si la Procuraduría General de la República, opta por no negociar medidas alternativas en los casos donde según el ordenamiento jurídico figura como parte, debe hacerlo de una forma fundamentada, con razones claras y objetivas, atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a fin de que las partes puedan conocer los motivos de tal proceder y sepan a qué atenerse. Véase que en los casos en que el legislador lo consideró necesario, estableció mayores exigencias o incluso restricción absoluta a la aplicación de medidas alternativas. Así, dispuso que “En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los delitos sancionados con la Ley de penalización de la violencia contra la mujer, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo soliciten, en forma expresa, la víctima o sus representantes legales” (artículo 25 párrafo 8) del Código Procesal Penal); además, tratándose de menores de edad estableció: “El tribunal no aprobará la conciliación… en los delitos cometidos en perjuicio de las personas menores de edad.” (artículo 25, párrafo 7) del Código Procesal Penal).
Si la voluntad del legislador hubiera sido que no se aplicaran medidas alternativas en ningún proceso penal por conducción temeraria (artículo 254 bis del Código Penal) infracción a la Ley de Armas (Ley 7530 y sus reformas ) o por delitos contra la Autoridad Pública (artículos 304 y siguientes del Código Penal) pues así lo habría establecido. Aunado a ello, en el caso de estos delitos, la ley no prevé que sea la Procuraduría quien deba ejercer la acción penal, sino el Ministerio Público. De ahí que estime esta Sala que las instrucciones o circulares verbales de la Procuraduría General de la República que rechazan la aplicación de medidas alternativas en las causas penales por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracción a la Ley de Armas, resultan contrarias a los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto, se declara con lugar la acción y en consecuencia, se anulan las instrucciones giradas por la Procuraduría que limitan en forma absoluta la posibilidad de negociar salidas alternativas en los procesos penales seguidos por los delitos de conducción temeraria, contra la Autoridad Pública e infracción a la Ley de Armas.
El Magistrado Mora declara con lugar la acción únicamente en cuanto se refiere a la falta de legitimación de la Procuraduría General de la República para actuar como parte en los delitos de conducción temeraria. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez salvan el voto y declaran sin lugar la acción. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.
Por tanto:
Se declaran CON LUGAR las acciones acumuladas. En consecuencia se anulan las instrucciones giradas por la Procuraduría General de la República, que limitan en forma absoluta la posibilidad de negociar salidas alternativas en los procesos penales seguidos por los delitos de conducción temeraria, contra la Autoridad Pública e infracción a la Ley de Armas. Para evitar graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia y la paz social, esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos prospectivos a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial, de manera que se aplicará, únicamente, para los procesos en trámite o suspendidos que no hayan sido resueltos, consecuentemente no será aplicable a las causas penales fenecidas por sentencia firme o que se encuentren en la fase de impugnación, salvo en los asuntos base de esta acción, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.
Comuníquese a la Procuradora General de la República, el accionante, las partes del asunto base, al Ministerio Público y a la Defensa Pública. Publíquense los avisos e íntegramente el voto en el Boletín Judicial y reséñese en el diario oficial La Gaceta. Notifíquese. El Magistrado Mora declara con lugar la acción únicamente en cuanto se refiere a la falta de legitimación de la Procuraduría General de la República para actuar como parte en los delitos de conducción temeraria. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez salvan el voto y declaran sin lugar la acción. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Voto particular de los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez, con redacción del segundo.
1- El objeto de la consulta corresponde a los tribunales penales.
Como bien lo señala la Procuraduría General de la República, el reproche del accionante se refiere a la interpretación de la autoridad judicial respecto a la negativa de la Procuraduría de admitir la suspensión del proceso a prueba en ciertos delitos; las pautas político procesales que defina la Procuraduría, debe controlarlas la autoridad judicial. El reclamo planteado no está dirigido en contra de la política institucional de la Procuraduría General, ni siquiera de la actuación de los representantes estatales en los procesos penales. El accionante más bien reprocha la interpretación dada por el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita a la negativa de la Procuraduría de aceptar la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en ciertos delitos, porque considera que es contraria a las reglas previstas por el Código Procesal Penal en su artículo segundo. Se trata más bien de un tema que debe dilucidarse dentro del proceso penal en particular, porque el rechazo de vías alternativas no implica una lesión a derechos fundamentales.
La imputación penal atribuida a cualquier ciudadano debe resolverse conforme a los derechos y garantías previstos en la Constitución y el derecho convencional. La exclusión de soluciones alternativas por parte de la víctima o de los representantes del Estado, no puede constituir una lesión a las garantías fundamentales del acusado. Tampoco expresa el accionante un cuestionamiento de constitucionalidad que pueda ser analizado por esta instancia.
2- Las objeciones de los recurrentes no tienen una fundamentación satisfactoria. El accionante Quirós Sánchez, por otra parte, sostiene que el rechazo a cualquier medida de solución alterna constituye una interpretación restrictiva de la política criminal del Estado impuesta por el Poder Ejecutivo, que aboga por la solución del conflicto y el restablecimiento de los derechos de la víctima. Nuevamente se observa en el planteamiento mencionado, la carencia de un reclamo de constitucionalidad, al no indicar el accionante en qué consistiría o cuál sería la infracción al bloque de constitucionalidad producida por la supuesta interpretación restrictiva de la política criminal del Estado que se acusa. La imposibilidad de aplicar soluciones alternativas en conducción temeraria y en los delitos previstos en la Ley de Armas no provoca ninguna lesión a derechos fundamentales, puesto que el propio ordenamiento prevé soluciones constitucionalmente aceptables para los casos en que la víctima o el representante estatal no admite la solución alternativa, sometiéndose a un enjuiciamiento que no conculca ninguna garantía fundamental.
La solución del conflicto es un objetivo procesal que no se circunscribe, forzosamente, a las soluciones alternativas, sino que establece que el conflicto entre las partes requiere una atención especial; casualmente en los delitos sin víctima individual, la solución del conflicto puede requerir una vía que no es la composición entre las partes.
3- Las soluciones alternativas del proceso no son una garantía o un derecho del imputado. Las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal no constituyen un derecho o una garantía para el imputado, ni persiguen como único objetivo la evitación de la persecución penal, tal y como lo ha señalado, en forma reiterada, la jurisprudencia. El hecho que la Procuraduría rechace las soluciones alternativas, no es una interpretación restrictiva de la política criminal del Estado, sino que es el ejercicio legítimo de una potestad que se reconoce a la víctima penal en sentido amplio. La propia norma propicia, en cada caso, una restricción a las soluciones alternas.
4- El proceso penal ordinario concentra las exigencias constitucionales y convencionales. La argumentación de los recurrentes parte de un supuesto lógicamente inconsistente, al considerar que existe una diferencia esencial, lesiva de derechos constitucionales, entre la aplicación de un proceso penal ordinario, con todas las garantías y las soluciones alternativas, orientadas hacia la composición entre las partes. Pero este argumento parte de un supuesto erróneo, ya que no existe diferencia esencial, constitucionalmente relevante, entre la aplicación del procedimiento penal ordinario y la posibilidad aplicar soluciones alternativas del proceso como la suspensión del proceso a prueba. Los objetivos de la sanción que pueda ser aplicable y la propia naturaleza de la infracción, tanto en su contenido abstracto, como por la propia naturaleza de los hechos concretos, abre una serie de posibilidades que determinan la inconveniencia de las soluciones alternas. En materia de política procesal, la posibilidad de rechazar las soluciones alternativas al proceso, no puede catalogarse como violatorio de los derechos fundamentales.
La posibilidad que en algunos casos se resuelva el proceso mediante soluciones alternas y en otros no se admita, no es violatorio del principio de igualdad, porque la voluntad de la víctima y la conveniencia de tales alternativas, no puede sustentar una discriminación constitucionalmente reprochable, porque la voluntad de la víctima y la naturaleza misma de la infracción, constituyen dos parámetros con los que no es posible encontrar criterios de discriminación que demuestre que frente a un mismo caso, se aplican soluciones diferentes; por otra parte, como se expuso, las diversas soluciones alternas del proceso y la aplicación del procedimiento ordinario no le dan sustento a una discriminación, pues en los dos casos, no se lesionan garantías fundamentales.
5- La fundamentación de una directriz se desarrolla ante el juez de la causa. Respecto al reclamo sobre la falta de fundamentación de la directriz verbal, es una objeción irrelevante, porque la directriz se traduce en una solicitud fundada ante la autoridad judicial, que es la encargada de evaluar su pertinencia. No es la forma de la directriz la que determina su constitucionalidad, sino que será la autoridad judicial, en cada caso concreto, la que determinará si tal petición es pertinente y jurídicamente admisible. La admisión o el rechazo de una fórmula de composición del proceso, no es una decisión que lesione el derecho de defensa ni el debido proceso, pues el escenario procesal en que esas garantías son exigibles, es en el proceso penal ordinario, con todas las garantías. Sería lógicamente inconsistente afirmar que cuando la víctima de un delito no admite una solución alternativa o la conciliación, se lesiona el derecho de defensa del victimario, porque la voluntad de una de las partes no incide en las garantías de la contraparte, ya que la bilateralidad del proceso, como característica esencial, no tiene nada que ver con la admisión de una solución alternativa.
El rechazo de una solución alternativa al enjuiciamiento, deja incólume las garantías del debido proceso, porque estas garantías son exigibles conforme a la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.
Los intereses de la víctima particular o la víctima en abstracto, que es la que representa la Procuraduría, no requieren más que la expresión de su voluntad de admitir una vía alterna ante la autoridad judicial. A la víctima no se le puede exigir una justificación cuando rechaza tal posibilidad, pues ante el rechazo del ofendido, el proceso penal continúa con el respeto pleno de todas las garantías constitucionales y convencionales.
La posibilidad de admitir o rechazar una solución alterna se funda en criterios de conveniencia de la víctima o de quien la representa, por esta razón no requiere fundamentación, como lo asume el voto de mayoría; en todo caso, esta exigencia se daría en cada caso, pues el juez bien podría requerir una justificación, a pesar que no existe ninguna exigencia legal que justifique el rechazo o admisión de la solución alterna. El control sobre la pertinencia o impertinencia de la fórmula alterna, se produce en cada caso concreto y es a la autoridad jurisdiccional a la que le corresponde determinar si el rechazo es fundado o infundado; como directriz interna y dadas sus características, no le corresponde a este tribunal controlar su contenido, pues para su efectiva aplicación, existe una evaluación jurisdiccional específica.
La falta de motivación tampoco supone la exclusión de la voluntad del legislador, puesto que toda fórmula de composición entre las partes no requiere, por su propia naturaleza, que la víctima deba someterse a exigencias de justificación o fundamentación cuando admite o rechaza una solución alterna. La propia ley no le exige a la víctima ningún requisito específico, ni tampoco autoriza al juez para que a pesar del rechazo de la víctima de la posibilidad de un acuerdo, se le imponga tal solución.
6- La voluntad de la víctima no provoca ninguna lesión a los derechos del enjuiciado. El desarrollo de una política que contemple las soluciones alternas al proceso penal ordinario, es una posibilidad que no vincula, de ninguna forma, la voluntad de la víctima, en sentido amplio. Las razones para rechazar la composición entre las partes, no provoca una lesión de los derechos fundamentales del enjuiciado, por esta razón las soluciones alternas no se incluyen dentro del debido proceso, ya que en las fórmulas de composición el Estado no ejerce la potestad represiva.
7- No es constitucionalmente relevante que la Procuraduría represente a los delitos sin víctima. Determinar si la Procuraduría puede asumir la representación de la víctima en los delitos sin una víctima en particular, no es un tema de constitucionalidad; es una materia que debe dilucidar la jurisdicción penal ordinaria, que hasta el momento ha considerado legítima la intervención de la Procuraduría. La intervención del representante del Estado o su exclusión no conculca garantías constitucionales fundamentales, ni contraviene las reglas básicas de un proceso justo. El tema planteado corresponde definirlo en el seno de la jurisdicción penal ordinaria.
8- En los delitos sin víctima individual, no pueden aplicarse las soluciones alternas al proceso. Los argumentos que sustentan las pretensiones del recurrentes contienen un vicio lógico esencial: si se trata de delitos en los que como ellos admiten, no hay víctima, entonces no podría aplicarse ningún convenio, ni podría admitirse el criterio de la víctima, de tal forma que no son admisibles ni la suspensión del proceso a prueba, ni la conciliación, puesto que si no hay víctima, no sería posible aplicar las soluciones alternas del proceso. Toda la discusión planteada, pierde sentido, cuando se trata de delitos en los que no hay víctima, según lo aseveran los mismos recurrentes. En estos casos se trata de infracciones punitivas que no admiten ninguna solución alterna, porque no hay víctima, debiendo aplicarse, en todos los casos, el proceso penal tradicional.
9- La solución del conflicto no se excluye en el proceso penal ordinario. Si bien el artículo siete del código procesal penal establece la solución del conflicto como uno de los fines del proceso penal, esa meta político procesal no implica que la víctima o su representante, la Procuraduría en caso de los delitos sin víctima individual, no puedan rechazar las formas alternativas de solución del proceso, considerando que debe resolverse mediante el procedimiento ordinario pleno, con el reconocimiento de todas las garantías del encausado. En algunos casos la solución del conflicto requiere la vía de intervención tradicional. Las condiciones de algunas infracciones penales, requieren que la solución total o parcial del conflicto, se aborde mediante una respuesta procesal represiva, atendiendo a la naturaleza y efectos de la infracción. Estas excepciones, como las que se objetan en la presente acción, son los casos en los que la trascendencia de los bienes jurídicos en juego, no admiten la composición entre las partes.
Las soluciones alternativas del proceso no excluyen, de ningún modo, la posibilidad que los órganos que representan el interés de la colectividad, como el Ministerio Público y en algunos casos, la Procuraduría General de la República, puedan considerar inconveniente la composición entre las partes como solución del proceso y con mayor razón si no hay una víctima. En ningún momento la solución alternativa que propicia el legislador, impone su aplicación en los casos en que la infracción delictiva acusada no admite esa solución.
10- La voluntad de la víctima también puede restringir las soluciones alternas. La exclusión de las infracciones en las que no son admisibles las fórmulas alternas, mediante un texto expreso de la ley, no es la única forma de restringir esta posibilidad procesal, como se asume en el voto de mayoría, también es admisible tal exclusión cuando la víctima rechaza la solución alterna. Se trata de infracciones en las que el legislador no podría ignorar la voluntad y la conveniencia de la víctima. Si bien la ley puede excluir algunas infracciones de las fórmulas de solución alternas, también se le reconoce a la víctima la posibilidad de hacerlo, en el caso concreto, cuando no lo estime conveniente. El hecho que existan instrumentos de derecho internacional que reconozcan las soluciones alternas en el proceso penal, no implica que se conviertan en una solución vinculante para el Estado, para la víctima o sus representantes. Su aplicación queda sujeto a la voluntad de las partes y a la conveniencia en cada caso, manteniéndose siempre la preeminencia del proceso penal ordinario con todas las garantías. No puede considerarse que el rechazo de las soluciones alternas del proceso constituya una lesión a garantías del acusado, puesto que la regla predominante es el modelo de enjuiciamiento con todas las garantías.
11- El principio de legalidad no impide la exclusión de las soluciones alternas. La directriz de la Procuraduría no lesiona el principio de legalidad, puesto que como se expresó supra, la norma expresamente reconoce la voluntad de la víctima, sin ninguna matización, como exigencia para la admisibilidad de las soluciones alternas. Tampoco se violenta el principio de seguridad jurídica, porque frente a una infracción penal, lo que procede, como regla, es la aplicación del procedimiento ordinario, con todas sus garantías.
Es importante señalar que la anulación que se decreta en el voto de mayoría, no tiene trascendencia práctica, porque basta que la directriz interna, se fundamente, aplicándose en todos los casos; por otra parte, admitiendo la posibilidad que no exista la directriz, en cada caso específico de conducción temeraria, infracción a la Ley de Armas y en delitos contra la autoridad, la Procuraduría podría rechazar, fundadamente, la vía alterna del proceso, sin que tal decisión suponga un incumplimiento de la resuelto en esta sentencia.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Gilbert Armijo S.
NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Además de las razones que se esgrimen en el voto de minoría, considero que la directriz verbal de no conciliar, ni permitir la aplicación de otras medidas alternativas, en los delitos de conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracción a la Ley de Armas que se impugna en esta acción, no lesionan el derecho fundamental a la conciliación que tienen los habitantes de la República; tampoco afecta la conciliación como mecanismo de justicia restaurativa o como un mecanismo alternativo para la solución de algunos conflictos jurídicos en lo penal. En este sentido, no se está cuestionando el instituto de la conciliación como tal, la que, como acertadamente lo ha señalado la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia C-160/99, “(…) es una institución en virtud de la cual se persigue un interés público, mediante la solución negociada de un conflicto jurídico entre partes, con la intervención de un funcionario estatal, perteneciente a la rama judicial o a la administración y excepcionalmente de particulares”.
La decisión de los jerarcas de la Procuraduría General de la República de no conciliar en este tipo de ilícitos, ni permitir la aplicación de otros medidas alternativas, está más que justificada. Hay motivos objetivos y razonables para ello. En el caso del delito de conducción temeraria, no hay que perder de vista un hecho público y notorio, como es la reciente entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres –hace escasamente menos de tres años, mediante Ley n.° 8696 de 17 de diciembre del 2008-, donde, precisamente, se tipificó como delito este tipo de conductas debido a la cantidad de accidentes de tránsitos provocados, en gran parte, por personas que conducen los vehículos bajo los efectos del alcohol, con el trágico saldo de muertes y lesiones incapacitantes de por vida de muchas personas. Ante esa realidad, el legislador adoptada la decisión de penalizar este tipo de conductas, con el propósito de que la pena disuada a las personas de conducir bajo los efectos del licor o a velocidades irrazonables, aspecto que no entramos a valor en este caso.
Frente a esta decisión política fundamental de los Poderes Legislativo y Ejecutivo –recuérdese que en nuestro régimen político el segundo es colegislador- y a menos de tres años de entrada en vigencia de la ley, no resulta lógico ni justificado que la Procuraduría General de la República, actuando en represtación del Estado, concilie o acepte la aplicación de otras medidas alternativas en este tipo de asunto, pues ello significaría, ni más ni menos, socavar la decisión de dos Poderes del Estado. La directriz que se cuestiona en esta acción responde a un elemento esencial del sistema político costarricense: el respeto a las decisiones de los Poderes del Estado que poseen una profunda legitimidad democrática. De ahí que el tema que nos ocupa no sólo debe ser analizado desde la perspectiva procesal, adjetiva, en el sentido de si se esta o no atentando contra la aplicación de las medidas alternativas que contiene el Código Procesal Penal, sino que debe ampliarse necesariamente la perspectiva, visualizando el derecho sustantivo o de fondo, en este caso las reformas a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres.
En este análisis integral del ordenamiento jurídico, cualquier persona, necesariamente, tiene que llegar a concluir de que la decisión de los Poderes del Estado no puede ni debe, por lo menos en el corto o mediano plazo, ser socavada por el representante del Estado –víctima en estos casos-, pues de admitirse tal hecho se estaría debilitado e, incluso, dejando sin efecto el instrumento –la pena- que esos órganos constitucionales eligieron para erradicar una conducta socialmente dañina de nuestro medio. En pocas palabras: sería ir en contra del sentido común permitir que la Procuraduría General de la República atente, debilite o deje sin efecto la definición de política criminal democráticamente adoptada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Ante la opinión pública tendríamos, entonces, que, por un lado, los órganos constitucionales definen una política criminal en un sentido, mientras que el representante del Estado estaría actuando en la dirección opuesta, lo que no sólo tendría efectos perniciosos, sino que supondría una descoordinación absoluta entre los órganos del Estado.
En este caso, resultaría incongruente ante la opinión pública, ante los electores –a quienes los actores políticos están en el deber constitucional y ético de rendir cuentas- el discurso político que, por un lado, pretende aplicar una política criminal fuerte ante los ilícitos de conducción temeraria, mientras que la Procuraduría General de República estaría conciliando o permitiendo la aplicación de medidas alternativas en este tipo de delitos, por el otro.
Evidentemente habría una profunda contradicción en este caso, lo que también supondría un actuar desarticulado de los órganos del Estado; amén de que el efecto disuasivo de la pena podría quedar prácticamente en nada –según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en lo que va del año 2011, se ha presentado un leve aumento de personas que conducen bajo los efectos del licor, en efecto: mientras en febrero del 2010 se efectuaron 114 infracciones en el 2011 se registraron 196, en marzo se pasó de 141 a 161 y en abril de 144 a 151-.
Algo similar ocurre con los delitos contra el orden público y la infracción a la Ley de Armas. Como es bien sabido uno de los problemas que están asociados a la criminalidad y al aumento de la violencia que, desgraciadamente, sufre nuestra sociedad, es la tenencia ilegal de armas de fuego. Precisamente el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley el cuatro de abril del dos mil once, el que se tramita bajo el la violencia armada requiere una atención especial por parte del Estado, no tanto por lo que ella represente desde el punto de vista estadístico, sino más bien las repercusiones que estos actos de agresión tienen en el conglomerado social, ya que trastorna en forma dramática e irreversible el entorno de quienes la padecen.
Es importante tener claros algunos números para una mayor comprensión la situación actual: durante el año 2010 en nuestro país se inscribieron 6.405 armas y se otorgaron 21.471 permisos de portación. A su vez, se decomisaron 4.250 armas de fuego, de las cuales cerca del 7% fue devuelta a sus legítimos propietarios.
Como último aspecto de especial relevancia en el contenido del proyecto de ley que se penal, y adaptados a las nuevas tendencias desarrolladas en el proyecto”. En este caso, se están aumentando las penas y creando nuevos delitos e, inclusive, la idea que propone el Poder Ejecutivo es que al infractor no se le apliquen las medidas alternativas, ni el beneficio de ejecución condicional, en este tipo de ilícitos – se aumenta de cuatro a ocho años la pena en los delitos de portación ilegal, omisión de controles, portación no autorizada, armas sustraídas, traspaso de armas, comercialización de armas y municiones permitidas, introducción de armas y explosivos permitidos a sitios públicos, divulgación de información; de cuatro a diez años en los delitos de movimientos transfronterizos ilegales, modificaciones y alteraciones ilegales, suministro a menores o incapaces, comercialización de armas y municiones prohibidas, comercialización ilegal de explosivos, introducción de armas y explosivos prohibidos a sitios no autorizados, armas, municiones y explosivos y portación de armas prohibidas-.
Ante ese hecho, no cabe duda que la Procuraduría General de la República debe de ser congruente con lo que pretende el Poder Ejecutivo, pues si no fue así, nuevamente un órgano técnico estaría dando al traste con la elaboración, diseño y adopción de una política criminal que el Poder Ejecutivo pretende llevar adelante con el concurso del Poder Legislativo.
En síntesis, hay motivos de Estado, objetivos, razonables y de sentido común, para que la Procuraduría General de la República haya adoptado la directriz que en esta acción se cuestiona, la que, como se explicó ampliamente en el voto de minoría, no vulnera ningún derecho fundamental, por lo que me inclino por declarar sin lugar la acción por estas razones adicionales.
Fernando Castillo V www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
Document not found. Documento no encontrado.