Res. 13528-2011 Sala ConstitucionalRes. 13528-2011 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110118360007CO* Res. Nº 2011013528 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y diecisiete minutos del siete de octubre del dos mil once.

Recurso de amparo presentado por María del Pilar Basante Balgoma, mayor, portadora de la cédula de identidad número 8-310-359, contra la Municipalidad de San José y el Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala la recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de San José y el Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud. Manifiesta que: a) Es vecina de la Sabana, 600 metros oeste de la Pops, apartamentos color verde, enfrente de Condominios Brisas del Oeste; b) Tiene 68 años de edad y presenta discapacidad en la pierna izquierda; c) A los tres metros de la casa que habita se desarrolló un taller de servicio donde se realizan labores de arreglo y cambio de llantas y de aceite; d) No obstante, desde hace un año, se dedican a reparar coches, al afinamiento de motores con empleo de toda clase de herramientas, subida y bajada de vehículos, a la absorción de fluidos, etc; e) A los tanques de aceite les extraen los fluidos con bombas, lo que provoca ruidos, olores y dejan los residuos inflamables a los tres metros de su casa; f) La bomba recibe presión y la misma es liberada con el consecuente ruido insoportable y vapores; g) En el año 2008, cuando llegó a vivir allí, existía un negocio de venta de llantas, pero el mismo se ha ampliado perjudicando enormemente su salud; h) En ese taller laboran de lunes a sábado desde las ocho hasta las diecinueve horas e inclusive días feriados; i) Por los hechos expuestos, interpuso una denuncia ante la municipalidad accionada que se tramita en el expediente número 200867; sin embargo, no ha recibido respuesta, ni tampoco se ha hecho nada al respecto, permitiendo el funcionamiento de un taller de servicio en una zona no apta para el desarrollo de esa actividad. Estima que la omisión de las autoridades recurridas violenta su derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2.- Por resolución de las once horas y cuarenta y cuatro minutos del veintidós de setiembre del dos mil once se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al Alcalde de la Municipalidad de San José y al Director del Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud. De igual forma se le ordenó a los recurridos tomar las medidas necesarias a fin de fiscalizar si se producen o no los problemas de contaminación sónica y ambiental que acusa la recurrente, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento María Lourdes Cevallos Girón en calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud del Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud (ver registro electrónico) que: a) El establecimiento denunciado Green Lubs Anonos cuenta con permiso sanitario de funcionamiento N°950-10 EXP-411, siendo la actividad principal lubricentro y asesoría venta de llantas; b) El 01 de febrero del 2011 se recibió el oficio DAC-UGT-171-11 en la Unidad de Gestión de Trámites, donde se anexa la denuncia anónima contra el establecimiento; c) Mediante oficio ARSHMR-087-2011 de fecha 24 de marzo del 2011, el Bach. Meyer Guevara mora informó el resultado de la valoración al establecimiento denunciando, no pudiendo comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores; d) En cuanto al ruido se pusieron a funcionar los equipos de alineado, balanceo y cambio de llantas, no detectando ruidos que puedan trascender del establecimiento; e) El 11 de junio del 2011 se recibió copia de oficio CS-ARS-P-158-11 suscrito por la Directora del Área Rectora de Salud de Pavas, dirigido a la Ministra de Salud en contestación al oficio DM-3004-2011, quien informa de la inspección que realizó igualmente el personal a su cargo, concluyendo que de acuerdo a los hallazgos el centro de lubricación no pone en riesgo la salud de las personas, tampoco hay fundamento para girar acto administrativo por parte del Área Rectora de Salud de Pavas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Sandra García Pérez en calidad de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José (ver registro electrónico) que: a) Existe un establecimiento de reparación de llantas y lubricentro en el sector de Mata Redonda, frente a condominios Brisas del Oeste, que cuenta con patente comercial desde el 01 de agosto del 2010 a nombre de Centro de Lubricación para Supermercado S.A.; b) La afectación hacia los vecinos por contaminación y otros problemas para la salud debe ser atendida por el Ministerio de Salud y por técnicos especializados; c) La vigencia de la patente comercial está condicionada a la vigencia del Permiso Sanitario de Funcionamiento, según lo establece el Reglamento a la Ley de Patentes; d) La solicitud 200867 no fue atendida por su Sección sino por la Sección de Inspección, quienes respondieron mediante el oficio 3025-SINSP-2010 ante la Plataforma de Servicios; e) Que el local cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento N°950-10 Exp. 4111 –permiso que vence hasta el 06 de enero del 2016-; f) El 03 de octubre del 2011 se realizó una inspección en el sitio y no se detectó la presencia de derrames de aceites o aguas oleaginosas en pisos y caños se da un servicio “seco”, tampoco materiales inflamables volátiles. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a. Que el establecimiento denunciado Green Lubs Anonos cuenta con permiso sanitario de funcionamiento N°950-10 EXP-411, siendo la actividad principal lubricentro y asesoría venta de llantas (ver registro electrónico).

b. Que en fecha 14 de setiembre del 2011 se presentó una denuncia anónima por contaminación contra el establecimiento denunciado Green Lubs Anonos (ver registro electrónico).

c. Que en fecha 01 de febrero del 2011 se recibió el oficio DAC-UGT-171-11 en la Unidad de Gestión de Trámites, donde se anexa la denuncia anónima contra el establecimiento (ver registro electrónico).

d. Que mediante oficio ARSHMR-087-2011 de fecha 24 de marzo del 2011, el Bach. Meyer Guevara mora informó el resultado de la valoración al establecimiento denunciando, no pudiendo comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores (ver registro electrónico).

e. Que equipos de alineado, balanceo y cambio de llantas no generan ruidos al momento de operar (ver registro electrónico).

f. Que el local cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento N°950-10 Exp. 4111 –permiso que vence hasta el 06 de enero del 2016- (ver registro electrónico).

g. Que en fecha 03 de octubre del 2011 la Municipalidad de San José realizó una inspección en el sitio y no se detectó la presencia de derrames de aceites o aguas oleaginosas en pisos y caños se da un servicio “seco”, tampoco materiales inflamables volátiles. se han observado las prescripciones legales (ver registro electrónico).

II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que cerca de su vivienda se localiza un taller de servicio donde se realizan labores de arreglo y cambio de llantas y de aceite, y que por la contaminación sónica y ambiental que produce, interpuso una denuncia ante la municipalidad accionada, sin embargo, no ha recibido respuesta, ni tampoco se ha hecho nada al respecto, permitiendo el funcionamiento de un taller de servicio en una zona no apta para el desarrollo de esa actividad.

III.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA, Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN: Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado “Contaminación y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad “... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación.” En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: "Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.” El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a altos decibeles en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de septiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: "(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento." La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución (ver en este sentido la sentencia número 2007-14327 de las quince horas diecinueve minutos del cinco de octubre de dos mil siete).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la promovente. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que tanto el Ministerio de Salud como la Municipalidad de San José, realizaron inspecciones en el taller que señala la amparada. El 24 de marzo del 2011 las autoridades de salud y el 03 de octubre del 2011 la Municipalidad de San José, no logrando comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores. De lo anterior, este Tribunal concluye que las autoridades recurridas han actuado diligentemente ante la denuncia anónima formulada, descartando que la actividad que realizan en el taller sea diferente a la autorizada en el permiso municipal y de salud. Ahora bien, en cuanto a la falta de notificación de la denuncia presentada, no procede el reclamo, toda vez que en la denuncia anónima que se presentó no se señaló ningún medio para recibir notificaciones. Por consiguiente, tampoco se advierte violación alguna al derecho a la justicia administrativa, motivo por el que amparo resulta improcedente.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Aracelly Pacheco S.

Roxana Salazar C.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110118360007CO* Res. Nº 2011013528 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y diecisiete minutos del siete de octubre del dos mil once.

Recurso de amparo presentado por María del Pilar Basante Balgoma, mayor, portadora de la cédula de identidad número 8-310-359, contra la Municipalidad de San José y el Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala la recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de San José y el Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud. Manifiesta que: a) Es vecina de la Sabana, 600 metros oeste de la Pops, apartamentos color verde, enfrente de Condominios Brisas del Oeste; b) Tiene 68 años de edad y presenta discapacidad en la pierna izquierda; c) A los tres metros de la casa que habita se desarrolló un taller de servicio donde se realizan labores de arreglo y cambio de llantas y de aceite; d) No obstante, desde hace un año, se dedican a reparar coches, al afinamiento de motores con empleo de toda clase de herramientas, subida y bajada de vehículos, a la absorción de fluidos, etc; e) A los tanques de aceite les extraen los fluidos con bombas, lo que provoca ruidos, olores y dejan los residuos inflamables a los tres metros de su casa; f) La bomba recibe presión y la misma es liberada con el consecuente ruido insoportable y vapores; g) En el año 2008, cuando llegó a vivir allí, existía un negocio de venta de llantas, pero el mismo se ha ampliado perjudicando enormemente su salud; h) En ese taller laboran de lunes a sábado desde las ocho hasta las diecinueve horas e inclusive días feriados; i) Por los hechos expuestos, interpuso una denuncia ante la municipalidad accionada que se tramita en el expediente número 200867; sin embargo, no ha recibido respuesta, ni tampoco se ha hecho nada al respecto, permitiendo el funcionamiento de un taller de servicio en una zona no apta para el desarrollo de esa actividad. Estima que la omisión de las autoridades recurridas violenta su derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2.- Por resolución de las once horas y cuarenta y cuatro minutos del veintidós de setiembre del dos mil once se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al Alcalde de la Municipalidad de San José y al Director del Área Rectora de Salud Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud. De igual forma se le ordenó a los recurridos tomar las medidas necesarias a fin de fiscalizar si se producen o no los problemas de contaminación sónica y ambiental que acusa la recurrente, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento María Lourdes Cevallos Girón en calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud del Hospital Mata Redonda del Ministerio de Salud (ver registro electrónico) que: a) El establecimiento denunciado Green Lubs Anonos cuenta con permiso sanitario de funcionamiento N°950-10 EXP-411, siendo la actividad principal lubricentro y asesoría venta de llantas; b) El 01 de febrero del 2011 se recibió el oficio DAC-UGT-171-11 en la Unidad de Gestión de Trámites, donde se anexa la denuncia anónima contra el establecimiento; c) Mediante oficio ARSHMR-087-2011 de fecha 24 de marzo del 2011, el Bach. Meyer Guevara mora informó el resultado de la valoración al establecimiento denunciando, no pudiendo comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores; d) En cuanto al ruido se pusieron a funcionar los equipos de alineado, balanceo y cambio de llantas, no detectando ruidos que puedan trascender del establecimiento; e) El 11 de junio del 2011 se recibió copia de oficio CS-ARS-P-158-11 suscrito por la Directora del Área Rectora de Salud de Pavas, dirigido a la Ministra de Salud en contestación al oficio DM-3004-2011, quien informa de la inspección que realizó igualmente el personal a su cargo, concluyendo que de acuerdo a los hallazgos el centro de lubricación no pone en riesgo la salud de las personas, tampoco hay fundamento para girar acto administrativo por parte del Área Rectora de Salud de Pavas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Sandra García Pérez en calidad de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José (ver registro electrónico) que: a) Existe un establecimiento de reparación de llantas y lubricentro en el sector de Mata Redonda, frente a condominios Brisas del Oeste, que cuenta con patente comercial desde el 01 de agosto del 2010 a nombre de Centro de Lubricación para Supermercado S.A.; b) La afectación hacia los vecinos por contaminación y otros problemas para la salud debe ser atendida por el Ministerio de Salud y por técnicos especializados; c) La vigencia de la patente comercial está condicionada a la vigencia del Permiso Sanitario de Funcionamiento, según lo establece el Reglamento a la Ley de Patentes; d) La solicitud 200867 no fue atendida por su Sección sino por la Sección de Inspección, quienes respondieron mediante el oficio 3025-SINSP-2010 ante la Plataforma de Servicios; e) Que el local cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento N°950-10 Exp. 4111 –permiso que vence hasta el 06 de enero del 2016-; f) El 03 de octubre del 2011 se realizó una inspección en el sitio y no se detectó la presencia de derrames de aceites o aguas oleaginosas en pisos y caños se da un servicio “seco”, tampoco materiales inflamables volátiles. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a. Que el establecimiento denunciado Green Lubs Anonos cuenta con permiso sanitario de funcionamiento N°950-10 EXP-411, siendo la actividad principal lubricentro y asesoría venta de llantas (ver registro electrónico).

b. Que en fecha 14 de setiembre del 2011 se presentó una denuncia anónima por contaminación contra el establecimiento denunciado Green Lubs Anonos (ver registro electrónico).

c. Que en fecha 01 de febrero del 2011 se recibió el oficio DAC-UGT-171-11 en la Unidad de Gestión de Trámites, donde se anexa la denuncia anónima contra el establecimiento (ver registro electrónico).

d. Que mediante oficio ARSHMR-087-2011 de fecha 24 de marzo del 2011, el Bach. Meyer Guevara mora informó el resultado de la valoración al establecimiento denunciando, no pudiendo comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores (ver registro electrónico).

e. Que equipos de alineado, balanceo y cambio de llantas no generan ruidos al momento de operar (ver registro electrónico).

f. Que el local cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento N°950-10 Exp. 4111 –permiso que vence hasta el 06 de enero del 2016- (ver registro electrónico).

g. Que en fecha 03 de octubre del 2011 la Municipalidad de San José realizó una inspección en el sitio y no se detectó la presencia de derrames de aceites o aguas oleaginosas en pisos y caños se da un servicio “seco”, tampoco materiales inflamables volátiles. se han observado las prescripciones legales (ver registro electrónico).

II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que cerca de su vivienda se localiza un taller de servicio donde se realizan labores de arreglo y cambio de llantas y de aceite, y que por la contaminación sónica y ambiental que produce, interpuso una denuncia ante la municipalidad accionada, sin embargo, no ha recibido respuesta, ni tampoco se ha hecho nada al respecto, permitiendo el funcionamiento de un taller de servicio en una zona no apta para el desarrollo de esa actividad.

III.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA, Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN: Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado “Contaminación y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad “... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación.” En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: "Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.” El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a altos decibeles en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de septiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: "(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento." La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución (ver en este sentido la sentencia número 2007-14327 de las quince horas diecinueve minutos del cinco de octubre de dos mil siete).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la promovente. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que tanto el Ministerio de Salud como la Municipalidad de San José, realizaron inspecciones en el taller que señala la amparada. El 24 de marzo del 2011 las autoridades de salud y el 03 de octubre del 2011 la Municipalidad de San José, no logrando comprobar que el establecimiento denunciado funcione como taller de mecánica o limpieza de motores. De lo anterior, este Tribunal concluye que las autoridades recurridas han actuado diligentemente ante la denuncia anónima formulada, descartando que la actividad que realizan en el taller sea diferente a la autorizada en el permiso municipal y de salud. Ahora bien, en cuanto a la falta de notificación de la denuncia presentada, no procede el reclamo, toda vez que en la denuncia anónima que se presentó no se señaló ningún medio para recibir notificaciones. Por consiguiente, tampoco se advierte violación alguna al derecho a la justicia administrativa, motivo por el que amparo resulta improcedente.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Aracelly Pacheco S.

Roxana Salazar C.

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