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Res. 10355-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/08/2011
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Municipality of San Carlos to complete the vehicle approaches to the Bailey bridge over the La Vieja River within three months and denied the petition as to MOPT and the Municipality of Zarcero.La Sala ordenó a la Municipalidad de San Carlos concluir en tres meses los accesos vehiculares al puente Bailey sobre el río La Vieja y rechazó el amparo respecto del MOPT y la Municipalidad de Zarcero.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by a resident of Buena Vista de San Carlos after heavy rains caused the bridge over the La Vieja River to collapse. Although a Bailey bridge structure had already been assembled, installed, and used as a pedestrian crossing, the approaches required for vehicle traffic remained unfinished. The Chamber held that because the bridge formed part of the cantonal road network, the Municipality of San Carlos was responsible for completing those works and could not indefinitely shift its responsibility to the Ministry of Public Works and Transportation. The delay impaired the movement of people and vehicles and violated the constitutional principles of administrative effectiveness, efficiency, simplicity, and promptness, as well as the right to properly functioning public services. The municipality was ordered to complete the approaches within three months and held liable for costs and resulting damages. The petition was denied as to the Ministry and the Municipality of Zarcero because their conduct complied with the law.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo promovido por un vecino de Buena Vista de San Carlos tras el colapso, por fuertes lluvias, del puente sobre el río La Vieja. Aunque la estructura Bailey ya había sido armada, instalada y utilizada como paso peatonal, todavía faltaban los accesos necesarios para habilitar el tránsito vehicular. La Sala determinó que, por estar el puente dentro de la red vial cantonal, correspondía a la Municipalidad de San Carlos finalizar esas obras y que esta no podía trasladar indefinidamente su responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La demora afectó el tránsito de personas y vehículos y desconoció los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad administrativa, así como el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos. Se ordenó concluir los accesos en tres meses, se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios y se rechazó el recurso respecto del MOPT y la Municipalidad de Zarcero.
Key excerptExtracto clave
In this particular case, although the Municipality of San Carlos is responsible for carrying out the construction phase of the bridge approaches that remain unfinished, it has not done so to date and may not delay their execution indefinitely. This omission, consisting of the failure to complete the works, has adversely affected the movement of vehicles and people through the area, although the impact on pedestrians is less severe because the structure is currently being used as a pedestrian bridge. For all these reasons, the conduct at issue is inconsistent with the constitutional principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and promptness governing administrative organization and functions. These principles require public administrations to fulfill their objectives and purposes in satisfaction of the public interest through the available mechanisms while avoiding undue delay. Although the Municipality of San Carlos has taken steps toward rebuilding the collapsed bridge, it cannot simply attempt to delegate that function to the Ministry of Public Works and Transportation. Its conduct shows that it has not acted with the necessary efficiency and promptness, despite the fact that this public work, once properly completed, would permit the movement of vehicles and people from the community. The petition must therefore be granted for the violation of constitutional rights, and the respondent municipality must be ordered to act as legally required and immediately complete the approaches needed by the bridge over the La Vieja River.En el caso particular, pese a que corresponde a la Municipalidad de San Carlos llevar a cabo la fase de construcción de los accesos que aún faltan en el puente, a la fecha no lo ha realizado sin que pueda retrasar indefinidamente su ejecución. Tal omisión, que consiste en la no terminación de las obras, ha incidido negativamente en el tránsito de vehículos y personas por ese lugar, en el segundo caso, en menor grado, dada la actual utilización del mismo como puente peatonal. Por todo lo anterior se corrobora una actuación alejada de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, que obliga a las Administraciones Públicas cumplir con sus objetivos y fines para la satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, evitando retardos indebidos, como se indicó, por parte de la Municipalidad de San Carlos aquí recurrida, ya que si bien ha realizado actos tendentes a que se cumpla el objetivo de construcción del puente colapsado, no puede simplemente pretender delegar esa función en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y lo que denota no ha procedido con la eficiencia y celeridad necesarias, al estar de por medio una obra pública que debidamente construida, permitiría el tránsito de vehículos y personas de esa comunidad, por lo que procede acoger el recurso por la violación a sus derechos constitucionales y ordenar a la Municipalidad recurrida proceder como en derecho corresponda, para que de inmediato concluya las obras de realización de los accesos que requiere el puente sobre el río La Vieja.
Pull quotesCitas destacadas
"Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente."
"Our Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services, meaning that they must be provided according to high quality standards, with the corresponding obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently."
Considerando III
"Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente."
Considerando III
"Sobre el particular estima la Sala que no puede la Municipalidad de San Carlos, como parece sugerir en su informe, responsabilizar a otras instituciones, ya que el puente sobre el río La Vieja se localiza dentro de la Red Vial Cantonal."
"On this point, the Chamber finds that the Municipality of San Carlos may not, as its report appears to suggest, hold other institutions responsible, because the bridge over the La Vieja River is located within the cantonal road network."
Considerando IV
"Sobre el particular estima la Sala que no puede la Municipalidad de San Carlos, como parece sugerir en su informe, responsabilizar a otras instituciones, ya que el puente sobre el río La Vieja se localiza dentro de la Red Vial Cantonal."
Considerando IV
"Se declara parcialmente con lugar el recurso."
"The petition is partially granted."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de San Carlos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Municipality of San Carlos is ordered to pay the costs and the damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement proceedings before the administrative litigation jurisdiction."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de San Carlos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
*110040200007CO* *110040200007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven forty-eight a.m. on August fifth, two thousand eleven.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Edgar Núñez Cartín, of legal age, married, holder of identity card number 2-341-357, resident of Buena Vista de San Carlos, Alajuela, against the Viceministra de Obras Públicas, the Presidente del Consejo Nacional de Vialidad, the Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, the Alcalde Municipal de San Carlos, and the Alcalde Municipal de Alfaro Ruiz.
Findings:
Justice Salazar Cambronero authored the opinion; and,
Whereas:
I.Subject matter of the application. The applicant considers that his fundamental rights have been violated because, on 20 de julio de 2010, the community of Buena Vista and areas surrounding the cantón de San Carlos, in Alajuela, were affected by the season’s heavy rains, which caused the bridge over the La Vieja River, on the road connecting Buena Vista with Ciudad Quesada, to collapse, leaving that area cut off. Numerous requests were submitted to the Municipalidades de San Carlos y Alfaro Ruiz, the Consejo Nacional de Vialidad, and the Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias in an effort to resolve the road-network problem, but to date those requests have not been addressed. He further alleged that the road connecting the hamlet known as La Quina, which borders Buena Vista to the north and falls within the jurisdiction of Zarcero, is an alternate route that could alleviate the transportation problem in the affected area, but has received no maintenance of any kind for many years. For that reason, on 20 de julio de 2010, he requested that the Corporación Municipal de Zarcero repair that road, and to date they have received no response.
Proven facts. The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed duly established:
III.The law. In judgment number 2003-11223 issued at 17:49 hours on 12 de setiembre de 2003, this Chamber, in an opinion authored by Justice Jinesta Lobo, ruled as follows:
“(…) VI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES. Our Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of governed persons to the proper and efficient functioning of public services, that is, for such services to be provided under high quality standards; the necessary corollary of this right is the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation arises from the systematic relationship among several constitutional provisions, such as Article 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to “Ensure the proper functioning of administrative services and agencies”; Article 139, subsection 4), insofar as it incorporates the concept of the “proper conduct of Government”; and Article 191, insofar as it incorporates the principle of “administrative efficiency.” This atypical or unnamed individual guarantee is heightened in the case of essential public welfare services, such as social security services, particularly when patients, because of their pathology or clinical syndrome, require immediate care without any undue delay in order to guarantee their rights to life and health (…)”.
IV.Merits. The established facts have duly demonstrated that the petitioner has been pursuing the installation of a Bailey bridge over the río La Vieja near the community of Buena Vista in the canton of San Carlos, to replace the bridge that was destroyed by the heavy rains that affected the area on July 20, 2010. In this regard, the evidence shows that the Municipalidad de San Carlos requested assistance from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. That Ministry requested the provision of certain materials in order to assemble the Bailey bridge, which was stored in the warehouses of the Dirección de la División de Obras Públicas. The Municipalidad de San Carlos delivered the requested materials, except for certain metal floor channels (braces) needed to assemble the bridge, which remained pending; it fulfilled that requirement before the Dirección de Puentes in April of this year. The structure was finally assembled and delivered to the Municipalidad de San Carlos in June of this year.
It is noted that, during a site visit to the bridge by the Dirección de la División de Obras Públicas, it was determined that the structure had already been assembled and placed at the site and that the approaches remained to be built; the structure is currently being used as a pedestrian bridge. In this regard, the Chamber considers that the Municipalidad de San Carlos cannot, as it appears to suggest in its report, hold other institutions responsible, because the bridge over the río La Vieja is located within the Cantonal Road Network (Red Vial Cantonal). Although the representatives of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes provided support in this regard, it is noted that when the Municipalidad de San Carlos was asked to supply the materials required to assemble the bridge stored in the warehouses of the Dirección de la División de Obras Públicas, that Municipal Corporation delivered them, but not in their entirety, and it was not until this past April that it fulfilled that requirement.
In this particular case, although it is the responsibility of the Municipalidad de San Carlos to carry out the construction phase for the bridge approaches that remain unfinished, it has not done so to date and may not indefinitely delay their completion. That omission, consisting of the failure to complete the works, has adversely affected the movement of vehicles and people through that location, although to a lesser extent in the latter case, given its current use as a pedestrian bridge. All the foregoing confirms conduct inconsistent with the constitutional principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and promptness in administrative organization and functions, which require Public Administrations to fulfill their objectives and purposes in order to satisfy public interests through the various available mechanisms while avoiding undue delays, as indicated, on the part of the respondent Municipalidad de San Carlos.
Although it has taken steps aimed at achieving the objective of constructing the bridge to replace the one that collapsed, it cannot simply seek to delegate that function to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes; its conduct shows that it has not acted with the necessary efficiency and promptness, even though the matter involves a public work that, if properly constructed, would allow vehicles and people from that community to cross. Accordingly, the amparo proceeding (recurso de amparo) must be granted because of the violation of their constitutional rights, and the respondent Municipalidad must be ordered to act as required by law so that it immediately completes the construction of the approaches required by the bridge over the río La Vieja. As to the other respondent authorities, the proceeding is denied, since the record shows that their conduct complied with the law, including that of the Municipalidad de Zarcero, which reported, regarding the progress of the work consisting of improvements to the cantonal road beginning at the junction with Ruta 141 (Zapote) and ending at the cantonal boundary with San Carlos in La Quina, that the work is nearly complete and that this will provide an alternative route of great importance for access to the Liceo de Sucre de San Carlos and other surrounding locations from the affected area.
Por tanto:
The proceeding is partially granted. Alfredo Córdoba Soro, in his capacity as Alcalde Municipal de San Carlos, or whoever holds that office in his stead, is ordered to take the necessary actions and issue the pertinent orders within the scope of his authority so that, within THREE MONTHS from notification of this decision, the necessary works are carried out to complete the approaches to the Bailey bridge installed over the río La Vieja in the community of Buena Vista, so that it may also be used as a vehicular bridge. The respondent is advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that he or she must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause compliance with it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
As to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and the Municipalidad de Zarcero, the proceeding is denied. The Municipalidad de San Carlos is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in contentious-administrative judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). This decision shall be served personally upon Alfredo Córdoba Soro, in his capacity as Alcalde Municipal de San Carlos, or whoever holds that office in his stead.
Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C.
EXPEDIENTE N° 11-004020-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
*110040200007CO* *110040200007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cuarenta y ocho minutos del cinco de agosto del dos mil once.
Recurso de amparo interpuesto por Edgar Núñez Cartín; mayor, casado, portador de la cédula de identidad número 2-341-357; vecino de Buena Vista de San Carlos, Alajuela; contra la Viceministra de Obras Públicas, el Presidente del Consejo Nacional de Vialidad, la Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Alcalde Municipal de San Carlos y el Alcalde Municipal de Alfaro Ruiz.
Resultando:
Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, en virtud de que el 20 de julio de 2010, la comunidad de Buena Vista y lugares aledaños al cantón de San Carlos, en Alajuela, se vieron afectados por las fuertes lluvias de la época que derribó el puente sobre el río La Vieja, vía que comunica Buena Vista con Ciudad Quesada, hecho que provocó que dicho sector quedó incomunicado, que se han presentado sendas gestiones ante las Municipalidades de San Carlos y Alfaro Ruiz, el Consejo Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias con el fin de dar solución al problema de la red vial, a la fecha, sus gestiones no han sido atendidas. Alegó asimismo que el camino que une el caserío denominado La Quina, el cual limita al norte con Buena Vista y pertenece a la jurisdicción de Zarcero, vía alterna para solventar el problema vial de la zona afectada, desde hace muchos años no recibe mantenimiento de ningún tipo, motivo por el cual, el 20 de julio de 2010, pidió a la Corporación Municipal de Zarcero la reparación de ese camino y a la fecha no han obtenido respuesta.
Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Sobre el derecho. Esta Sala en la sentencia número 2003-11223 de las 17:49 horas del 12 de setiembre de 2003, resolviócon redacción del Magistrado Jinesta Lobo, resolvió, lo siguiente:
“(…) VI.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a la salud (…)”.
IV.Sobre el fondo. De la relación de hechos probados, ha quedado debidamente demostrado, que el recurrente ha venido gestionando la instalación de un puente Bailey sobre el río La Vieja a la altura de la comunidad de Buena Vista en el cantón de San Carlos, que fue derribado por las fuertes lluvias que afectaron la zona el 20 de julio de 2010. Al respecto, de las pruebas se desprende que la Municipalidad de San Carlos pidió ayuda ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este Ministerio requirió el suministro de ciertos materiales a fin de armar el puente Bailey, el cual se encontraba en las bodegas de la Dirección de la División de Obras Públicas. La Municipalidad de San Carlos entregó los materiales solicitados, quedando pendiente de entrega unos canales metálicos (arriostres) de piso para poder armar el puente, requerimiento con el cual cumplieron ante la Dirección de Puentes en el mes de abril anterior.
La estructura finalmente fue armada y entregada a la Municipalidad de San Carlos el mes de junio anterior. Se observa que en visita hecha al sitio del puente por parte de la Dirección de la División de Obras Públicas, se tuvo que la estructura ya se encuentra armada y colocada en el sitio y que falta construir los accesos; la estructura se está utilizando como puente peatonal. Sobre el particular estima la Sala que no puede la Municipalidad de San Carlos, como parece sugerir en su informe, responsabilizar a otras instituciones, ya que el puente sobre el río La Vieja se localiza dentro de la Red Vial Cantonal. Si bien los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes procedieron a darle apoyo en tal sentido, se observa que cuando se le solicitaron los materiales que se requerían con el fin de armar el puente que se encontraba en las bodegas de la Dirección de la División de Obras Públicas, dicha Corporación Municipal los entregó, no lo hizo en su totalidad, y no fue sino hasta el mes de abril pasado, en que cumplió con tal requerimiento.
En el caso particular, pese a que corresponde a la Municipalidad de San Carlos llevar a cabo la fase de construcción de los accesos que aún faltan en el puente, a la fecha no lo ha realizado sin que pueda retrasar indefinidamente su ejecución. Tal omisión, que consiste en la no terminación de las obras, ha incidido negativamente en el tránsito de vehículos y personas por ese lugar, en el segundo caso, en menor grado, dada la actual utilización del mismo como puente peatonal. Por todo lo anterior se corrobora una actuación alejada de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, que obliga a las Administraciones Públicas cumplir con sus objetivos y fines para la satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, evitando retardos indebidos, como se indicó, por parte de la Municipalidad de San Carlos aquí recurrida, ya que si bien ha realizado actos tendentes a que se cumpla el objetivo de construcción del puente colapsado, no puede simplemente pretender delegar esa función en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y lo que denota no ha procedido con la eficiencia y celeridad necesarias, al estar de por medio una obra pública que debidamente construida, permitiría el tránsito de vehículos y personas de esa comunidad, por lo que procede acoger el recurso por la violación a sus derechos constitucionales y ordenar a la Municipalidad recurrida proceder como en derecho corresponda, para que de inmediato concluya las obras de realización de los accesos que requiere el puente sobre el río La Vieja.
Respecto de las demás autoridades recurridas se declara sin lugar el recurso, toda vez que consta en autos que su actuación estuvo ajustada a derecho, incluida la actuación de la Municipalidad de Zarcero, la cual informó, respecto del avance de la obra que consistía en el mejoramiento del camino cantonal que inicia en el entronque Ruta 141 (Zapote) y finaliza en el límite cantonal con San Carlos en La Quina, que la misma ya está por finalizarse y que ello permitirá tener una ruta alterna de gran importancia para poder acceder al Liceo de Sucre de San Carlos y demás lugares circunvecinos desde la zona afectada.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Alfredo Córdoba Soro, en su calidad de Alcalde Municipal de San Carlos, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que lleve a cabo las actuaciones necesarias y gire las órdenes pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, realicen las obras necesarias, para que se concluyan los accesos al puente Bailey que se instaló sobre el río La Vieja ubicado en la comunidad de Buena Vista, de modo tal que pueda también ser utilizado como puente vehicular. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la Municipalidad de Zarcero, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de San Carlos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a Alfredo Córdoba Soro, en su calidad de Alcalde Municipal de San Carlos, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C.
EXPEDIENTE N° 11-004020-0007-CO 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
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