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Res. 10054-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/07/2011
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo because determining the nature of the drainage works and their impact on water flows required extensive evidence and an ordinary-law analysis belonging in the appropriate ordinary jurisdiction.La Sala declaró sin lugar el amparo porque determinar la naturaleza de las obras de drenaje y su impacto en el flujo de las aguas exigía prueba amplia y un análisis de legalidad ordinaria propio de la jurisdicción correspondiente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo filed by owners of agricultural properties against Autopistas del Sol and the National Concessions Council over drainage works on the El Coyol connector road. The claimants alleged that a culvert and highway ditches discharged water onto their land, increased the risk of flooding, and had been built without their authorization, an environmental impact study, or an effective response to their complaints. The respondents maintained that the works were located within the public right-of-way and merely channeled water from a preexisting stream toward the Siquiares River in accordance with the natural topography. The Chamber did not decide which account was correct or whether the works caused environmental or property damage. It held that determining the nature of the works and their impact on local water flows would require extensive evidence and interpretation of subconstitutional law, matters incompatible with the summary nature of amparo proceedings. It therefore directed the dispute to the appropriate ordinary jurisdiction and denied the petition.La Sala Constitucional rechazó el amparo promovido por propietarios de fincas agrícolas contra Autopistas del Sol y el Consejo Nacional de Concesiones por las obras de drenaje de la Radial El Coyol. Los recurrentes alegaron que una alcantarilla y varias cunetas descargaban aguas hacia sus propiedades, aumentaban el riesgo de inundación y habían sido construidas sin autorización, estudio de impacto ambiental ni respuesta efectiva a sus reclamos. Las partes recurridas sostuvieron que las obras, ubicadas dentro del derecho de vía, únicamente encauzaban las aguas de una quebrada preexistente hacia el río Siquiares conforme a la topografía natural. La Sala no determinó cuál versión era correcta ni resolvió si las obras producían daños ambientales o patrimoniales. Consideró que establecer la naturaleza de las obras y su impacto sobre el flujo de las aguas requería prueba amplia y la interpretación de normativa infraconstitucional, cuestiones incompatibles con el carácter sumario del amparo. Indicó que el conflicto debía plantearse ante la jurisdicción ordinaria y declaró sin lugar el recurso.
Key excerptExtracto clave
In any event, regarding the underlying dispute in this matter, this Chamber finds that the disagreement falls outside its jurisdiction, because receiving and analyzing the available evidence to establish the nature of the works performed by the respondent company and their potential impact on water flows in the area—and thereby determining whether they are permissible under the proper application and interpretation of the governing subconstitutional rules—concerns a dispute of ordinary legality that also exceeds the essentially summary nature of amparo proceedings. The claimants may therefore challenge the respondents’ actions before the appropriate ordinary jurisdiction, where these matters may be examined with the necessary evidentiary breadth. Accordingly, the petition must be denied, as hereby ordered. The petition is DENIED.En todo caso, y en lo que se refiere al conflicto de fondo del presente asunto, estima esta Sala que se plantea un diferendo cuya conocimiento y resolución resulta ajeno a su ámbito de competencia, pues evacuar y analizar el material probatorio existente para establecer la naturaleza de las obras realizadas por la empresa recurrida y su eventual impacto en el flujo de las aguas de la zona, para así poder determinar su procedencia o no, conforme a la correcta aplicación e interpretación de la normativa infraconstitucional que rige la materia, hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria que, además, excede el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo. Por lo que la disconformidad de los recurrentes con respecto a lo actuado por las recurridas se podrá plantear en la jurisdicción ordinaria correspondiente, donde se podrá analizar -con la debida amplitud probatoria- tales extremos. En virtud de lo anterior, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso, como así se dispone. Se declara SIN LUGAR el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"De esta forma, el amparo no pretende constituirse en una vía para la resolución de cualquier conflicto que se genere con las administraciones o autoridades públicas, ni su objeto es el de servir como un instrumento genérico para fiscalizar en abstracto la correcta aplicación del Derecho o para ejercer un control de legalidad respecto de lo resuelto por un servidor u órgano público."
"Thus, amparo is not intended to become a means of resolving every dispute arising with public administrations or authorities, nor is it a generic instrument for abstractly reviewing the proper application of law or exercising legality review over decisions by a public official or body."
Considerando II
"De esta forma, el amparo no pretende constituirse en una vía para la resolución de cualquier conflicto que se genere con las administraciones o autoridades públicas, ni su objeto es el de servir como un instrumento genérico para fiscalizar en abstracto la correcta aplicación del Derecho o para ejercer un control de legalidad respecto de lo resuelto por un servidor u órgano público."
Considerando II
"Debe tenerse presente que, en general, la procedencia del recurso de amparo está condicionada no sólo a que se acuse la existencia de una violación -o amenaza de violación- a uno o más de los derechos o garantías fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución; sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios ordinarios."
"It must be borne in mind that, generally, an amparo is admissible not only when a violation—or threat of violation—of one or more fundamental rights or guarantees recognized by constitutional law is alleged, but also when the threat or infringement is direct and flagrant and, because of its urgency, cannot await the operation of ordinary remedies."
Considerando II
"Debe tenerse presente que, en general, la procedencia del recurso de amparo está condicionada no sólo a que se acuse la existencia de una violación -o amenaza de violación- a uno o más de los derechos o garantías fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución; sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios ordinarios."
Considerando II
"Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infraconstitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso."
"This circumstance underscores the essentially summary nature of amparo proceedings, whose processing is ill-suited to slow and complex evidentiary measures or to the need for a prior declaratory examination of whether the subconstitutional rights invoked by the parties as part of the factual basis of the petition or official report actually exist."
Considerando II
"Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infraconstitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso."
Considerando II
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*110077520007CO* *110077520007CO* DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven forty-seven on veintinueve de julio del dos mil once.
Amparo action (recurso de amparo) processed under expediente number 11-007752-0007-CO, filed by MIGUEL ANGEL MURILLO ALPIZAR, of legal age, single, farmer, identity card 0201810190, resident of Ciruelas, and JULIE ROOS AYUB, of legal age, married, advertising designer, identity card 1-0600-0955, on their own behalf and on behalf of EIBICI S.R.L., legal entity identification number 3102091329, respectively, against AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA and EL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.
Findings:
before emptying into Río Siquiares, as it always has, due to the pronounced natural slope of the terrain. Its existence is shown on the Hoja Cartográfica Ciruelas published in 1991 by Instituto Geográfico Nacional, where the watershed and body of water located in the same area as the petitioners’ farms can be distinguished. Regarding the ditches, that flow incorporates only water from the roadway, and that water is part of the same watershed flow. The sole purpose of the culvert is to ensure that the natural flow of Quebrada Sin Nombre is not interrupted. In that regard, Ley de Aguas provides in Article 94 that “lower-lying lands are required to receive waters that naturally flow from higher lands, as well as the soil or stones carried along in their course.” Likewise, Ley General de Caminos Públicos provides in Article 20 that all “possessors of real property, under any title, are required to receive and allow road waters to flow through their parcels when the slope of the terrain so dictates and, when their tracts are adjacent to a road’s drainage outlets, they must keep those drainage outlets clean, in perfect working order, and free of obstructions.” He argues that construction of Radial El Coyol caused no change in the elevation or slope of the terrain.
The receipt of water on the petitioners’ farms is not new, given that their land lies at a lower elevation than the land where Quebrada Sin Nombre originates, and the stream has flowed through that location at least since 1991. He contends that this confirms that the petitioners’ property right has not been affected because the stream’s natural channel (cauce natural) within the property was not altered, nor was the natural course of stormwater runoff (aguas de escorrentía pluvial); therefore, the property has not depreciated in any way. He insists that all the works were carried out within the public roadway and therefore require no permission from private individuals or owners of private property. Furthermore, construction of the culvert is supported by the technical studies necessary to determine the dimensions and location of the works. He argues that if the construction company had interrupted the natural channel of the stream in question, as the petitioners requested, their farms would indeed have been relieved of their legal obligation to receive water; however, it is not the responsibility of that office or the construction company to invest funds and labor allocated to construction of Radial El Coyol in order to resolve the private problems of owners of neighboring parcels. He adds that Consejo Nacional de Concesiones processed the petitioners’ complaint and forwarded it on 10 de mayo del 2011, and Autopistas del Sol responded to the complaint the following day.
Justice Armijo Sancho authored the opinion; and,
Whereas:
The respondents request that this Court order the continued execution of the challenged act. No ruling is issued on this point because it is unnecessary, since the merits of the proceeding will now be decided.
This Chamber, as guarantor of constitutional rules and principles, as well as of the fundamental rights recognized by Constitutional Law, has specified and delimited the scope of its jurisdiction in amparo matters. Thus, for example, in judgment number 2009-006180 issued at 17:08 on 22 de abril del 2009, this Chamber clarified:
“(…) Pursuant to Article 48 of the Political Constitution, as well as Articles 1 and 2, in relation to Article 29 et seq., of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), no claims may be asserted through a writ of amparo (recurso de amparo) other than those intended to restore or preserve fundamental rights that have been directly violated or threatened to the detriment of their holder. In defining the scope of its jurisdiction in amparo matters, this Court has stated that amparo is appropriate for the effective protection of fundamental rights when they “are directly infringed through acts, omissions, or mere material conduct by public servants or bodies that is not based on an effective administrative act. Of course, since the Law of the Constitution stands at the apex of the legal order, any violation of statutory law certainly indirectly infringes some component of the constitutional standard; nevertheless, to remedy such disputes, the constitutional framers established the ordinary jurisdictions—namely, administrative litigation, labor, commercial, civil, etc.—in Articles 49 and 153, just as they established constitutional jurisdiction in Articles 10 and 48, but—as indicated supra—in the latter case, to ensure the protection of rights of constitutional rank directly infringed by public-law bodies or servants and, exceptionally, by private-law persons in the circumstances specified in Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law.” (See, to this effect, judgment 2002- 12122, issued at diez horas once minutos del veinte de diciembre del dos mil dos).
Thus, amparo is not intended to become a means of resolving every dispute arising with public administrations or authorities, nor is its purpose to serve as a general instrument for abstractly overseeing the proper application of the law or reviewing the legality of decisions made by a public servant or body. Under our legal system, such review of legality falls to the relevant administrative authorities and, ultimately, to the ordinary courts through the procedures established for that purpose.” Meanwhile, in judgment number 2010-007000, issued at 16:12 horas del 16 de abril del 2010, this Chamber specified:
“(…) It must be borne in mind that, generally, the admissibility of a writ of amparo depends not only on an allegation that one or more of the fundamental rights or guarantees enshrined in the Law of the Constitution have been violated—or threatened with violation—but also on the existence of a direct and manifest threat or infringement whose urgency precludes waiting for ordinary remedies to take effect. This latter circumstance underscores the fundamentally summary nature of amparo proceedings, whose conduct is not well suited to slow and complex evidentiary measures or to the need first to examine—in declaratory proceedings—whether rights below constitutional rank cited by the parties as part of the factual basis of the writ of amparo or the legally required report, as applicable, actually exist. It is evident that this is a power that this Chamber does not possess.”
In this case, the petitioners allege that Autopistas del Sol S.A. constructed a culvert (acueducto) crossing the roadway on the San José-Caldera highway, on the branch running from the Siquiares roundabout toward Llanos del Coyol. That culvert discharges water from several highway drainage ditches (cunetas) directly onto their properties, thereby causing them unlawful harm. The respondents, for their part, dispute the petitioners’ allegations and contend that Autopistas del Sol S.A. merely carried out works to channel the flow of water from Quebrada Sin Nombre, whose watershed (cuenca) crosses several properties, including the property expropriated to construct Radial El Coyol and the petitioners’ properties, before emptying into Río Siquiares, as it did prior to construction of the highway because of the land’s steep natural gradient. They insist that the sole purpose of those works is to ensure that the natural flow of Quebrada Sin Nombre is not interrupted and continues along its natural course, in which case the petitioners are obligated to receive the waters that naturally flow or run toward their property, in accordance with the applicable legal provisions.
Finally, the President of Consejo Nacional de Concesiones states in his report—submitted under oath, after due warning of the consequences, including the criminal consequences, provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law—that the Council processed the petitioners’ claim and forwarded it on 10 de mayo del 2011 to Autopistas del Sol S.A., which responded to the claim the following day. In any event, with respect to the underlying dispute in this matter, this Chamber finds that the issue raised falls outside its jurisdiction to hear and resolve, because receiving and analyzing the available evidence to establish the nature of the works performed by the respondent company and their potential impact on water flow in the area, and thereby determining whether those works are legally permissible based on the proper application and interpretation of the subconstitutional provisions governing the matter, concerns a dispute of ordinary legality that also exceeds the fundamentally summary nature of amparo proceedings.
The petitioners may therefore challenge the respondents’ actions before the appropriate ordinary jurisdiction, where those issues may be analyzed with the necessary evidentiary breadth. In view of the foregoing, the writ must be denied, as hereby ordered.
Por tanto:
The writ is DENIED.
Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G.
Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
*110077520007CO* *110077520007CO* DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cuarenta y siete minutos del veintinueve de julio del dos mil once.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 11-007752-0007-CO, interpuesto por MIGUEL ANGEL MURILLO ALPIZAR, mayor, soltero, agricultor, cédula de identidad 0201810190, vecino de Ciruelas, y JULIE ROOS AYUB, mayor, casada, diseñadora publicitaria, cédula de identidad 1-0600-0955, a su favor y de EIBICI S.R.L., cédula jurídica 3102091329, respectivamente, contra AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y EL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.
Resultando:
Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,
Considerando:
Los recurridos solicitan que este Tribunal disponga que se continúe con la ejecución del acto impugnado. No se emite pronunciamiento en cuanto a este extremo por resultar innecesario, ya que en este acto se procederá a resolver sobre el fondo del proceso.
II- SOBRE EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA SALA. Esta Sala, como garante de las normas y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Constitucional, ha especificado y delimitado su ámbito de competencia en materia de amparo. Así, por ejemplo, en la sentencia número 2009-006180 de las 17:08 horas del 22 de abril del 2009, esta Sala aclaró:
“(…) De conformidad al artículo 48 de la Constitución Política, así como los artículos 1 y 2, en relación con el 29 y siguientes, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, mediante el recurso de amparo no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o a preservar los derechos fundamentales, violados o amenazados, de forma directa, en perjuicio de su titular. Al precisar este Tribunal su ámbito de competencia en materia de amparo ha señalado que éste procede para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, cuando "sean directamente vulnerados con acciones u omisiones o simples actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz de los servidores u órganos públicos. Por supuesto que si en la cúspide del orden normativo se encuentra el Derecho de la Constitución, ciertamente cualquier vulneración de orden legal violenta de manera indirecta algún componente del parámetro de constitucionalidad, sin embargo, para remediar estos conflictos el legislador constitucional creó las jurisdicciones comunes, sea la contencioso-administrativa, la laboral, la comercial, la civil etc., en sus artículos 49 y 153, al igual que creó la jurisdicción constitucional en los numerales 10 y 48, pero -como se indicó supra- en este último caso, para garantizar la tutela de aquellos derechos de rango constitucional, violentados en forma directa por órganos o servidores de derecho público y, excepcionalmente, por sujetos de derecho privado, en las hipótesis que señala el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional".
(ver en este sentido sentencia 2002- 12122 de las diez horas once minutos del veinte de diciembre del dos mil dos). De esta forma, el amparo no pretende constituirse en una vía para la resolución de cualquier conflicto que se genere con las administraciones o autoridades públicas, ni su objeto es el de servir como un instrumento genérico para fiscalizar en abstracto la correcta aplicación del Derecho o para ejercer un control de legalidad respecto de lo resuelto por un servidor u órgano público. Control de legalidad que, de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en manos de las instancias administrativas correspondientes y, en último grado, de los jueces ordinarios, mediante los procedimientos previstos para tal propósito.” Mientras que en sentencia número 2010-007000 de las 16:12 horas del 16 de abril del 2010, esta Sala puntualizó:
“(…) Debe tenerse presente que, en general, la procedencia del recurso de amparo está condicionada no sólo a que se acuse la existencia de una violación -o amenaza de violación- a uno o más de los derechos o garantías fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución; sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios ordinarios. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infraconstitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Es evidente que esa es una competencia que esta Sala carece.”
En la especie, los recurrentes acusan que Autopistas del Sol S.A. ha construido un acueducto que atraviesa la vía, en la carretera San José-Caldera, en el ramal que va de la rotonda de Siquiares hacia los Llanos del Coyol. El que desfoga el agua de varias cunetas de la autopista directamente hacia sus propiedades, con lo que se les provoca un daño antijurídico. Por su parte, las recurridas refutan los reproches de los recurrentes y alegan que Autopistas del Sol S.A. se ha limitado a realizar obras para encausar el paso de las aguas de la Quebrada Sin Nombre, cuya cuenca atraviesa varias fincas, incluida la finca expropiada para construir la Radial El Coyol y las fincas de los recurrentes, para luego desembocar en el Río Siquiares, como ya ocurría antes de la construcción de la carretera, debido al pronunciado desnivel natural del terreno. Insisten que tales obras tienen como único fin que el flujo natural de la Quebrada Sin Nombre no se vea interrumpido y prosiga su curso natural, en cuyo caso, los recurrentes tienen la obligación de recibir las aguas que naturalmente fluyan o discurran hacia su propiedad, conforme a lo dispuesto por la normativa legal aplicable.
Finalmente, el Presidente del Consejo Nacional de Concesiones indica en su informe -rendido bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que dicho Consejo procesó el reclamo de los recurrentes y lo remitió al 10 de mayo del 2011 a Autopistas del Sol S.A. y ésta contestó el reclamo el día siguiente. En todo caso, y en lo que se refiere al conflicto de fondo del presente asunto, estima esta Sala que se plantea un diferendo cuya conocimiento y resolución resulta ajeno a su ámbito de competencia, pues evacuar y analizar el material probatorio existente para establecer la naturaleza de las obras realizadas por la empresa recurrida y su eventual impacto en el flujo de las aguas de la zona, para así poder determinar su procedencia o no, conforme a la correcta aplicación e interpretación de la normativa infraconstitucional que rige la materia, hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria que, además, excede el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo.
Por lo que la disconformidad de los recurrentes con respecto a lo actuado por las recurridas se podrá plantear en la jurisdicción ordinaria correspondiente, donde se podrá analizar -con la debida amplitud probatoria- tales extremos. En virtud de lo anterior, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso, como así se dispone.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G.
2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
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