Res. 08604-2011 Sala ConstitucionalRes. 08604-2011 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110064650007CO* Res. Nº 2011008604 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por BONIFACIA MORAGA MORAGA, mayor, portadora de la cédula de identidad 0500870653, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:33 horas de 31 de mayo de 2011, la recurrente interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados y manifestó que el 8 de marzo de 2011, en forma conjunta con vecinos de la comunidad de San Juan de Dios, presentó un escrito ante la Alcaldesa Municipalidad de ese Cantón, en el que expusieron los problemas que se han dado como consecuencia del desbordamiento y crecida del caudal de la quebrada que pasa frente a sus casas. Asimismo, señalaron que dicha situación pone en riesgo la integridad física y vida de las personas de la localidad, y causó daños a sus inmuebles, por lo que solicitaron que se tomaran las medidas necesarias para resolver dichos problemas de previo a la entrada de la estación lluviosa. Refiere que pese a que la gestión se presentó con suficiente anticipación, la municipalidad recurrida no ha dictado acto alguno tendente a solventar sus problemas. Estima que las omisiones atribuibles a las autoridades recurridas lesiona sus derechos fundamentales. Solicitó la recurrente que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 11:07 hrs. de 2 de junio de 2011, se dio curso al amparo y se solicitó el informe correspondiente.

3.- Informó bajo juramento Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, que en atención a la gestión de la recurrente se giraron las órdenes del caso, al Ingeniero Municipal, quien en compañía del Vice- Alcalde se desplazó al lugar donde reside la amparada el 17 de junio de 2011. En esa visita se constató que la construcción no respeta la distancia de retiro. Otro aspecto que incide en la erosión de la margen derecha del río es la inadecuada disposición de las aguas pluviales de la vivienda de la recurrente, puesto que éstas caen, directamente, al suelo desde una altura de al menos dos metros. Esto a su vez incide en la estabilidad estructural de la vivienda. Este factor debe ser corregido por la amparada. Apunta que la omisión que se reclama se debió a que entregó su gestión ante el Despacho de la Alcaldía, cuando lo correcto era que lo que presentara en la Plataforma de Servicios, para que se trasladara al departamento correspondiente. En todo caso, la gestión es relativamente reciente. Aunado a lo anterior, la Unidad de Obras Públicas realizó una inspección en la que se determinó que la erosión no es tan grave, por lo que la Municipalidad podría realizar algún tipo de intervención para amortiguar su efecto. Esto podría darse en un plazo de seis meses, dada la gran cantidad de casos que se atienden. Solicitó que se declare sin lugar el recurso.- 4.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente demandó la tutela de sus derechos a un procedimiento administrativo pronto y cumplido y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en su criterio, la Municipalidad de Desamparados ha incurrido en una dilación excesiva e injustificara en la resolución de la gestión que presentó el 8 de marzo de 2011.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 8 de marzo de 2011, la recurrente le solicitó a la Municipalidad de Desamparados que le brindara una solución a los problemas que genera una quebrada que se ubica junto a su vivienda (los autos). 2) En fecha indeterminada, se trasladó esa gestión al Departamento de Ingeniería Municipal para su atención (informe y los autos). 3) El 17 de junio de 2011, el Ingeniero Municipal y el Vice- Alcalde realizaron una inspección en el lugar donde reside la recurrente, en la que se constató que la vivienda de la amparada no respeta el retiro y la incorrecta disposición de las aguas pluviales de la casa (informe y los autos).

III.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos –situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos –del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.

IV.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada –en un sentido favorable o desfavorable-, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo –fase recursiva-. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes –ordinario, sumario y recursos-, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes –a partir de su inicio- para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.

V.- CASO CONCRETO. Se acreditó que con ocasión de la interposición de este proceso, se trasladó la gestión de la recurrente al Departamento de Ingeniería Municipal, para su atención (informe). También, consta que el 17 de junio de 2011, el Ingeniero Municipal y el Vice- alcalde realizaron una inspección en la vivienda de la recurrente, en la que se verificó el irrespeto de la distancia de retiro y la incorrecta disposición de las aguas pluviales (informe y los autos). Como se puede advertir, la gestión de la recurrente se atendió con ocasión de este proceso. Aunado a lo anterior, según el informó la Alcaldesa Municipal de Desamparados, la intervención de su representada se dará en los próximos seis meses, dada la gran cantidad de casos que atiende. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala que se produjo el agravio reclamado.

VI.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, en los términos que se dirán.-

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Maureen Fallas Fallas , en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a quien en su lugar ejerza el cargo, disponer lo necesario para que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución, se disponga y ejecute lo necesario para que el problema ambiental que reclama la recurrente se corrija de manera definitiva. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal.- Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Roxana Salazar C.

Ricardo Guerrero P.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110064650007CO* Res. Nº 2011008604 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por BONIFACIA MORAGA MORAGA, mayor, portadora de la cédula de identidad 0500870653, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:33 horas de 31 de mayo de 2011, la recurrente interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados y manifestó que el 8 de marzo de 2011, en forma conjunta con vecinos de la comunidad de San Juan de Dios, presentó un escrito ante la Alcaldesa Municipalidad de ese Cantón, en el que expusieron los problemas que se han dado como consecuencia del desbordamiento y crecida del caudal de la quebrada que pasa frente a sus casas. Asimismo, señalaron que dicha situación pone en riesgo la integridad física y vida de las personas de la localidad, y causó daños a sus inmuebles, por lo que solicitaron que se tomaran las medidas necesarias para resolver dichos problemas de previo a la entrada de la estación lluviosa. Refiere que pese a que la gestión se presentó con suficiente anticipación, la municipalidad recurrida no ha dictado acto alguno tendente a solventar sus problemas. Estima que las omisiones atribuibles a las autoridades recurridas lesiona sus derechos fundamentales. Solicitó la recurrente que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 11:07 hrs. de 2 de junio de 2011, se dio curso al amparo y se solicitó el informe correspondiente.

3.- Informó bajo juramento Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, que en atención a la gestión de la recurrente se giraron las órdenes del caso, al Ingeniero Municipal, quien en compañía del Vice- Alcalde se desplazó al lugar donde reside la amparada el 17 de junio de 2011. En esa visita se constató que la construcción no respeta la distancia de retiro. Otro aspecto que incide en la erosión de la margen derecha del río es la inadecuada disposición de las aguas pluviales de la vivienda de la recurrente, puesto que éstas caen, directamente, al suelo desde una altura de al menos dos metros. Esto a su vez incide en la estabilidad estructural de la vivienda. Este factor debe ser corregido por la amparada. Apunta que la omisión que se reclama se debió a que entregó su gestión ante el Despacho de la Alcaldía, cuando lo correcto era que lo que presentara en la Plataforma de Servicios, para que se trasladara al departamento correspondiente. En todo caso, la gestión es relativamente reciente. Aunado a lo anterior, la Unidad de Obras Públicas realizó una inspección en la que se determinó que la erosión no es tan grave, por lo que la Municipalidad podría realizar algún tipo de intervención para amortiguar su efecto. Esto podría darse en un plazo de seis meses, dada la gran cantidad de casos que se atienden. Solicitó que se declare sin lugar el recurso.- 4.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente demandó la tutela de sus derechos a un procedimiento administrativo pronto y cumplido y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en su criterio, la Municipalidad de Desamparados ha incurrido en una dilación excesiva e injustificara en la resolución de la gestión que presentó el 8 de marzo de 2011.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 8 de marzo de 2011, la recurrente le solicitó a la Municipalidad de Desamparados que le brindara una solución a los problemas que genera una quebrada que se ubica junto a su vivienda (los autos). 2) En fecha indeterminada, se trasladó esa gestión al Departamento de Ingeniería Municipal para su atención (informe y los autos). 3) El 17 de junio de 2011, el Ingeniero Municipal y el Vice- Alcalde realizaron una inspección en el lugar donde reside la recurrente, en la que se constató que la vivienda de la amparada no respeta el retiro y la incorrecta disposición de las aguas pluviales de la casa (informe y los autos).

III.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos –situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos –del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.

IV.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada –en un sentido favorable o desfavorable-, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo –fase recursiva-. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes –ordinario, sumario y recursos-, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes –a partir de su inicio- para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.

V.- CASO CONCRETO. Se acreditó que con ocasión de la interposición de este proceso, se trasladó la gestión de la recurrente al Departamento de Ingeniería Municipal, para su atención (informe). También, consta que el 17 de junio de 2011, el Ingeniero Municipal y el Vice- alcalde realizaron una inspección en la vivienda de la recurrente, en la que se verificó el irrespeto de la distancia de retiro y la incorrecta disposición de las aguas pluviales (informe y los autos). Como se puede advertir, la gestión de la recurrente se atendió con ocasión de este proceso. Aunado a lo anterior, según el informó la Alcaldesa Municipal de Desamparados, la intervención de su representada se dará en los próximos seis meses, dada la gran cantidad de casos que atiende. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala que se produjo el agravio reclamado.

VI.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, en los términos que se dirán.-

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Maureen Fallas Fallas , en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a quien en su lugar ejerza el cargo, disponer lo necesario para que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución, se disponga y ejecute lo necesario para que el problema ambiental que reclama la recurrente se corrija de manera definitiva. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal.- Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Roxana Salazar C.

Ricardo Guerrero P.