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Res. 14180-2010 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/08/2010
OutcomeResultado
The environmental feasibility granted by SETENA for construction in Playa Ventanas within Las Baulas National Marine Park is annulled, and the property is ordered to be expropriated.Se anula la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para construir en Playa Ventanas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y se ordena expropiar el inmueble.
SummaryResumen
The Constitutional Court upheld an amparo action against SETENA for granting environmental feasibility to a housing project in Playa Ventanas, inside Las Baulas National Marine Park. The Court held that the authorization violated the precautionary principle and the right to a healthy environment, given that the area is critical for the nesting of the leatherback turtle, a critically endangered species. The environmental feasibility and any other construction permits were annulled, and the State was ordered to immediately begin expropriation proceedings so that the property becomes public land, in accordance with the law creating the park. The ruling relied on technical reports from the National University warning of severe impacts on the marine ecosystem from coastal construction, including artificial lighting and beach compaction. The Court reiterated that SETENA must ensure a comprehensive evaluation of cumulative impacts and may not issue permits in protected areas without a thorough analysis, applying the precautionary principle and sustainable development.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra SETENA por otorgar viabilidad ambiental a un proyecto de construcción de vivienda en Playa Ventanas, dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. La Sala consideró que la autorización contraviene el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano, pues el área es crítica para la anidación de la tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción. Se ordenó anular la viabilidad ambiental y cualquier otro permiso de construcción, así como iniciar de inmediato los procedimientos de expropiación de los terrenos para que pasen a manos del Estado, conforme a la Ley de creación del parque. La sentencia se apoya en informes técnicos de la Universidad Nacional que advierten impactos severos al ecosistema marino por la construcción costera, incluyendo efectos de iluminación artificial y compactación de playa. La Sala reiteró que SETENA debe garantizar una evaluación integral de los impactos acumulativos y no otorgar permisos en áreas protegidas sin un análisis profundo, en aplicación del principio precautorio y del desarrollo sostenible.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the precautionary principle and sustainable development. In addition to the above, it is important for the resolution of this case to consider two principles of special relevance in environmental matters: the precautionary principle and the principle of sustainable development. Regarding the former, this Court has recognized that in protecting our natural resources, a preventive attitude must exist, by which the State must do everything necessary — within the bounds of the law — to prevent irreversible damage to the environment. It is also called the principle of “prudent avoidance,” contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration… Consequently, anticipatory actions must be taken to avoid the negative effects of a project and to ensure the protection, conservation and proper management of resources. V.- On the merits. In judgment No. 2008-018529 of 8:58 a.m. on December 16, 2008, this Court, resolving a similar case to the one now analyzed, held: “VIII.- In conclusion.- Given the importance of the existence and protection of Las Baulas Marine Park from the standpoint of environmental conservation and protection, given that SETENA has been granting environmental feasibility to projects located within the park and its buffer zone on an individual basis without having conducted an analysis of the comprehensive impact that such construction would have on the entire ecosystem of the Park… it is appropriate to uphold this appeal…” VI.- Moreover, it must be taken into account that specifically regarding the preservation of sea turtles, Costa Rica signed… the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, whose Annex II, on the protection and conservation of the habitats of these animals provides: “Each Party shall consider and, as necessary, may adopt… measures to protect and conserve… sea turtle habitats… 2. The designation or regulation of the use of beaches and coastal dunes with respect to the location and characteristics of buildings, the use of artificial lighting, and the transit of vehicles in nesting areas.”IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río… En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. V.- Sobre el fondo. En sentencia número 2008-018529 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, esta Sala resolviendo un asunto similar al que ahora se analiza, consideró: “VIII.- En conclusión.- Dada la importancia de la existencia y protección del Parque Marino las Baulas desde el punto de vista de conservación y protección al medio ambiente, dado que SETENA ha estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos situados dentro del parque y en su zona de amortiguamiento de forma individual sin haber hecho un análisis sobre el impacto integral que tales construcciones producirían en todo el ecosistema del Parque… lo procedente es acoger el presente recurso…” VI.- Además debe tomarse en cuenta que tratándose concretamente de la preservación de las tortugas marinas, Costa Rica firmó… la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, cuyo anexo segundo, sobre la protección y conservación de los hábitats de estos animales dispone: “Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá adoptar… medidas para proteger y conservar… los hábitats de las tortugas marinas… 2.- Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras respecto a la localización y características de edificaciones, al uso de iluminación artificial y al tránsito de vehículos en áreas de anidación.”
Pull quotesCitas destacadas
"En caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate."
"Where there is a risk of serious or irreversible damage — or a doubt about it — a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed."
Considerando IV
"En caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate."
Considerando IV
"No es solo un efecto directo y de corto plazo el que se provocaría sobre las poblaciones de tortuga baula, sino prácticamente sobre todo el ecosistema marino."
"It is not only a direct and short-term effect that would be caused to leatherback turtle populations, but practically to the entire marine ecosystem."
Informe UNA, retomado en Voto
"No es solo un efecto directo y de corto plazo el que se provocaría sobre las poblaciones de tortuga baula, sino prácticamente sobre todo el ecosistema marino."
Informe UNA, retomado en Voto
"Dada la importancia de la existencia y protección del Parque Marino las Baulas… lo procedente es acoger el presente recurso."
"Given the importance of the existence and protection of Las Baulas Marine Park… it is appropriate to uphold this appeal."
Considerando V
"Dada la importancia de la existencia y protección del Parque Marino las Baulas… lo procedente es acoger el presente recurso."
Considerando V
"La construcción de casas en la zona ocasionaría impactos muy severos al ecosistema pues las perturbaciones que genera ocasionan cambios rápidos y grandes en tanto el ecosistema se recupera lentamente."
"The construction of houses in the area would cause very severe impacts to the ecosystem because the disturbances generated cause rapid and large changes while the ecosystem recovers slowly."
Hechos probados
"La construcción de casas en la zona ocasionaría impactos muy severos al ecosistema pues las perturbaciones que genera ocasionan cambios rápidos y grandes en tanto el ecosistema se recupera lentamente."
Hechos probados
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: August 25, 2010 at 14:35 Case File: 05-009662-0007-CO Type of matter: Recurso de amparo Related Judgments Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Precautionary Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle (principio precautorio) and the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible). Regarding the former, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. This is also called the principle of "prudent avoidance," set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration … Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources.
Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people." Judgment 14180-10 "On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. Regarding the former, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. This is also called the principle of "prudent avoidance," set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration." Judgment 14180-10 ...
See more *050096620007CO* Case: 05-009662-0007-CO SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty-five minutes on the twenty-fifth of August, two thousand ten.
Recurso de amparo filed by Mario Andrés Boza Loría, identification number 1-297-932, in his capacity as Apoderado Generalísimo without limit of sum of the conservationist organization Fideicomiso Baulas; and on behalf of the latter; against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Resultando:
It indicates that special reference is made to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, ratified by Law No. 7906 of August 23, 1999; to the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, ratified by Law No. 7433 of September 14, 1994; to the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, ratified by Law No. 3763 of October 19, 1976; and to the Convention on Biological Diversity, ratified by Law 7416 of June 30, 1994, all of which are substantially violated by this Regulation to the extent that the signing of these conventions is oriented toward the conservation of flora and fauna at a global level and they form part of the legal system. C) Criteria of an administrative nature:
For example, it is omitted that more than forty duly registered and trained local guides are already in operation with the Ministry of Environment and Energy; 4) based on the foregoing, the arguments in chapter V clearly contradict a historical process that has closely linked surrounding communities with the consolidation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste) and highlights aspects that rather contradict basic criteria for achieving sustainability conditions by threatening the stability of natural resources; furthermore, that position generates elements of injustice and inequality between community groups and private interests. In this regard and as a complement, the incompetence of the municipality to take actions in this field is reiterated once again.
Drafted by Judge Mora Mora; and,
Considering:
I.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: a) that the company Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima is the owner of a piece of land located in Playa Ventanas, in the province of Guanacaste, and that it is located within the restricted zone of the terrestrial maritime zone, in front of a leatherback turtle nesting beach, within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park (see statements made under oath on folios 30, 31 and 264 and documents on folios 81 and 268); b) that according to the opinion of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the Law Creating the Las Baulas National Marine Park does contemplate the area where that property is located but there is no record that the expropriation of the property so that it belongs to the State is planned in the short or medium term (see statements made under oath on folios 28 and 29); c) that on twenty-four August two thousand four, the representative of Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima requested the National Environmental Technical Secretariat to grant environmental viability to build a dwelling house on that property (folios 1 to 30 of the administrative file); d) that the project evaluators, as officials of the National Environmental Technical Secretariat, in resolution number DAP-194-2004-SETENA of thirty September two thousand four, recommended that the Plenary Commission request an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) (folio 32 of the administrative file); e) that by means of resolution number 1800-2004-SETENA at eleven hours ten minutes on twenty October two thousand four, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat requested the company Rover Path de Guanacaste to submit an Environmental Management Plan (folio 41 of the administrative file); f) that by means of resolution number 1349—2005—SETENA at eleven hours twenty-five minutes on nine June two thousand five, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability to the dwelling house project of Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, considering that the environmental management plan met the required technical requirements (folio 69 of the administrative file); g) that by means of resolution number 2076-2005-SETENA at thirteen hours forty-five minutes on seventeen August two thousand five, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat resolved to suspend the execution of the previous resolution number 1349—2005—SETENA at eleven hours twenty-five minutes on nine June two thousand five until such time as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) orders otherwise (folio 37); h) that the leatherback turtle is a species of global relevance with a critical condition in terms of its conservation status, so it is neither acceptable nor justifiable to generate legal-administrative instruments that, far from strengthening conservation actions, rather encourage human actions such as constructions that directly or collaterally threaten the nesting spaces which are vital to guarantee the reproduction of the species (see statements made under oath on folio 253); i) that technically it is not a viable option to consider the coastal strip separately from the marine zone and above all to ignore the existing relationship between the Tamarindo-Salinas mangroves and the Ventanas estuary with the marine sector protected by the Las Baulas National Marine Park (see statements made under oath on folio 255); j) that the construction of houses in the area would cause very severe impacts to the ecosystem because the disturbances it generates cause rapid and large changes while the ecosystem recovers slowly, which will cause the stability of the Las Baulas National Marine Park ecosystem to be significantly affected, such that the short, medium and long-term effect would be enormous, meaning it is not only a direct and short-term effect that would be caused to the leatherback turtle populations, but practically to the entire marine ecosystem (see statements made under oath on folio 255).
II.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Both rights are expressly recognized in article 50 of the Political Constitution which outlines the Social State of Law (Estado Social de Derecho) such that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of public authorities over factors that can alter its balance and hinder a person's development and life in a healthy environment. In that sense, this right manifests itself in a dual aspect: as a subjective right of individuals, and as a goal or end of the action of public authorities in general, so the State must guarantee it, defend it and preserve it.
In that sense, any activity that threatens the right must be barred, prohibited and prevented, and actions must be deployed aimed at proactively protecting the right from possible dangers, in order to make it endure for future generations. Therefore, the State must, on the one hand, refrain from itself threatening the environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements, among which are those of a preventive nature.
III.Obligations of the State in environmental matters. Deriving from the cited article 50 of the Constitution is the guarantor role that the State holds for the conservation of a healthy and ecologically balanced environment. This obligation implies, in the terms in which the Chamber has stated on other occasions, such as in judgment number 2001-13295 at twelve hours six minutes on twenty-one December two thousand one, among others:
“...that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the responsible state body is in itself a technical matter, the duty to make a pronouncement and the requirement of rigor is a legal matter. In general terms, the state duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple marginal requirement within the bidding process. The Constitution does not require merely complying with certain formalities, but rather using, as stated, all legally and factually possible means to preserve the environment.” (see in the same sense resolution number 05906-99 at sixteen hours fifteen minutes on twenty-eight July nineteen ninety-nine).
A duty that, according to what that same judgment recognizes, falls with greater specificity on the National Environmental Technical Secretariat, the respondent here:
“The environmental concern of the Ministry of Environment and Energy is practically reduced to environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), the approval of which is in the hands of SETENA. That is, upon SETENA falls the entire duty of the State to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, as indicated in constitutional article 50. Given such important responsibility, it would be reasonable to expect the technical and administrative strength of the responsible body.” (see judgment number 2001-13295 at twelve hours six minutes on twenty-one December two thousand one) It is in this sense that, in environmental matters, any state omission that results in a deterioration of environmental conditions is especially serious (thus inferred from judgments number 9735-00 at nine hours six minutes on three November two thousand and number 1645-02 at eleven hours four minutes on fifteen February two thousand two, among others).
IV.On the precautionary principle and sustainable development. In addition to the foregoing, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. As for the first, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, there must be a preventive attitude, based on which the State must provide everything necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage from occurring to the environment. It is also called the principle of "prudent avoidance", contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:
"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage – or a doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.
Based on this, the need arises for every State to achieve its progress hand in hand with nature, because only through sustainable development can the existence of resources be guaranteed for present and future generations, thus giving rise to the second principle called "sustainable development." Regarding the latter, the Chamber has referred to it on other occasions, an example being judgment number 2006-13461 at ten hours twenty minutes on eight September two thousand six, in which it held as relevant:
“... In that vein, article 3, subsection 4), of the cited Framework Convention expressly provides that “The Parties have the right to, and should, promote sustainable development... ”.
Likewise, the principle of sustainable development is provided for in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development which states in principle 3 the following:
“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.” Under this principle of sustainable development, the need to achieve the country's development in order to address the social and economic insufficiencies suffered is recognized. But it proclaims that development be carried out without destroying the environment and without depleting the stocks of natural resources, allowing the use of these resources not to exceed their capacity for renewal. Therefore, the possibility of the country's development is recognized, but it should not come at the overt detriment of the environment. The principle of sustainable development – widely recognized by this Court – transcends purely environmental issues, because it stands as an objective in the field of economic science, since in addition to seeking to preserve the natural resources that support the life of human beings, it also pursues efficiency in the use of resources so that development is achieved that satisfies the needs of present and future generations, without compromising the availability of natural resources in general.
In accordance with the foregoing, sustainable resource management implies satisfying the needs of countries, taking into consideration the requirements of present and future generations and balancing three main objectives: environmental, social and economic. The foregoing, in order to reverse trends that threaten the quality of life of human beings and avoid an increase in costs for society. In that sense, it is necessary to stop the continuous environmental degradation with measures aimed at attenuating the negative effects of economic and social development and to ensure the existence of a sustainable link between humanity and nature. Indeed, the adoption of sustainable policies is based on the concordance between economic growth, social equity and the conservation of natural resources, promoting the use of renewable energies and increasing energy efficiency (see in that sense judgment 2007-006315 at fourteen hours thirty-three minutes on nine May two thousand seven). In developing this principle, this Court has stated the following:
“(…) In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, because even economic science, which deals with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently.
All human life occurs in inevitable relation to its environment, especially with the improvement of the quality of life which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable.
The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used adequately, and one must act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological and political relationships, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future and could put at risk the heritage of future generations. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modes of exploitation of natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and a high environmental and social cost being generated that results in a deterioration of the quality of life; because precisely the fundamental objective of the use and protection of the environment is to obtain development and favorable evolution for the human being.
Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury', already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (…)” Judgment 3705-1993 at fifteen hours on thirty July nineteen ninety-three.” Consequently, based on the principles discussed, the need is recognized that any project developed either by the State or by a private legal entity must go hand in hand with the environment, because although a Nation's progress cannot be denied, it must be framed within adequate sustainability parameters to ensure the conservation of resources for future generations (judgment 2007-006315 at fourteen hours thirty-three minutes on nine May two thousand seven). This must undoubtedly be taken into consideration when evaluating the merits of the present matter.
V.On the merits. In judgment number 2008-018529 at eight hours fifty-eight minutes on sixteen December two thousand eight, this Chamber, resolving a matter similar to the one now analyzed, considered:
“VIII.- In conclusion.- Given the importance of the existence and protection of the Las Baulas Marine Park from the point of view of conservation and environmental protection, given that SETENA has been granting environmental viability to projects located within the park and in its buffer zone on an individual basis without having conducted an analysis of the comprehensive impact that such constructions would produce on the entire ecosystem of the Park, given that the Municipality of Santa Cruz has granted construction permits within the park and its buffer zone even without the corresponding environmental viability, and taking into account the precautionary principle in environmental matters, the appropriate course is to grant this remedy with all the consequences detailed in the operative part.” And in that operative part, it was expressly stated, as relevant, the following:
“The appeal is GRANTED, consequently: a) All environmental viabilities granted on properties located within the Las Baulas National Marine Park are annulled, and the Ministry of Environment and Energy is ordered to immediately continue the expropriation processes for such properties. b) SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds this position, is ordered to issue instructions within the scope of her competence not to process new viabilities within the park. c) SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds this position, is ordered to proceed in coordination with the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Municipalities of Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya and Carrillo, to carry out a comprehensive study on the impact that constructions and tourist and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the environment and the necessary measures to be taken, in which it is assessed whether it would be better to also expropriate the properties found there, and expressly indicates the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, blackwater and sewage, human presence and others would produce on the entire ecosystem of the area, especially on the leatherback turtle (…)”.
In turn, in judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on twenty-three May two thousand eight, in which an acción de inconstitucionalidad was resolved regarding the zoning regulation of the district of Cabo Velas that included in its geographic application area a part of the Las Baulas National Marine Park, for which it is applicable to the specific case, it was held:
“D.- The area of protection that must be given to the Leatherback Turtle. Even though the Chamber has no doubts about the unviability of the criteria that support the challenged Zoning Regulation, nor to determine if the leatherback turtle population is in a serious decline, and to resolve what the optimal area should be to guarantee that the turtles spawn on the beaches regulated by the mentioned Zoning Regulation, there exist the International Treaties and constitutional article 50 as legal mechanisms to provide the protection requested from this Court. The precautionary principle obliges the Chamber to grant the acción de inconstitucionalidad, in the terms indicated by the jurisprudence that “if there is a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.” (judgment No. 2006-17126).
The Las Baulas de Guanacaste National Park has a very clear purpose: the protection of the Leatherback Turtle's nesting area, which according to Executive Decree No. 20518-MIRENEM is necessary to ensure the perpetuation of the leatherback turtle colony (Dermochelys coriacea) and other natural resources, tourist and ecological activity, regarding the nesting that occurs throughout the year. It calls the attention of this Chamber that the draft Law Creating the Park reiterates some criteria expressed by the Executive Decree, and the concern about hotel developments, because with them, lighting, waste, pedestrian traffic, outboard motor noise, music, discos and automobiles will be introduced that will come to destroy this natural habitat. Hence, a protection strip of two hundred meters from the ordinary high-water mark was initially proposed in the legislative process; however, with the Affirmative Majority Report, even though those same justifications are maintained, the protection strip is reduced to 125 meters from the ordinary high-water mark, in the same sense as the mentioned Executive Decree does.
As our country has committed internationally to observe the protection and “habitats of sea turtles” the acción de inconstitucionalidad must be granted, and in accordance with the precautionary principle, as well as the binding nature of environmental regulations, the Terrestrial Maritime Zone must equally be included as a necessary protection area for the different sea turtles that use that area as part of the environment utilized by them during the stages of their life cycle.” And it was resolved on that occasion, in the operative part of that judgment, the following:
“The action is GRANTED. Consequently, the Zoning Regulation of the Cabo Velas District issued by the Municipal Council of Santa Cruz, published in La Gaceta No. 127 of 3 July 2006, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled Regulation, without prejudice to rights acquired in good faith. This pronouncement shall be noted in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify the plaintiff, the Municipality of Santa Cruz and the Office of the Attorney General of the Republic.-“ In the matter under study, as evidence for a better decision, a technical report was requested from the Director of the School of Marine Biology of the Universidad Nacional who, in a document visible on folios 247 to 258, makes important warnings about the short, medium and long-term consequences that the construction process that has been underway for a long time in the Las Baulas National Marine Park, and specifically in Playa Grande and Playa Ventanas, could cause, consequences that will not only directly affect leatherback turtles but in general the entire ecosystem existing in the area.
That report fully agrees with the considerations made by the Chamber in the transcribed judgments, in which, taking the precautionary principle into consideration, it is deemed that the area must be protected, avoiding alteration of the environment, for which it is noted that the expropriation process must continue to guarantee the preservation of the ecosystem. In said report, the negative effects that can be produced specifically regarding turtles by artificial lighting on nesting beaches as well as by the construction of buildings that do not maintain an adequate setback from the beach are noted. It is indicated that this setback aims to protect both the beach front and the nesting habitat because many turtle species preferably select wide beaches, free of obstacles for nesting, but coastal development, especially in front of beaches, can reduce the quantity and quality of available nesting sites, whereby, each type of development and any potential barrier needs to be set back from the sand area and this includes lights, constructions, physical objects like chairs, umbrellas, boats and recreational equipment, among others.
If the risk indicated is not unknown to the majority of the population, much less to the National Environmental Technical Secretariat, the logical thing is that when issuing an authorization like the one challenged here, the possible risk of damage that could be caused to the extent that the land in question where construction is planned is within the Las Baulas National Marine Park would have at least been presumed and a decision made on it. This national park was created by Executive Decree number 20518-MIRENEM of nine July nineteen ninety-one, its main objective being the protection in perpetuity of the leatherback turtle colony (Dermochelys coriacea) and of the other natural resources existing in the area, taking into account that there are three areas of global importance where leatherback sea turtles nest, two of those sites being: Playa Grande and Playa Langosta in Bahía Tamarindo, where precisely Playa Ventanas is located, the site where the property referred to in this amparo is found.
All that has been considered leads to the conclusion that in this case the precautionary principle must be applied and the choice must be made not to endanger the asset that is intended to be protected by the legislation related to the establishment of the Las Baulas National Marine Park, specifically in Playa Grande and Playa Ventanas.
The principle of sustainable development, also applicable here, entails that environmental viability (viabilidad ambiental) should not have been granted in this specific case because, as stated above, it is the State’s obligation to ensure that development occurs without destroying the environment and without depleting natural resource stocks, allowing the use of these resources not to exceed their capacity for renewal; thus, the country’s development potential must not be to the open detriment of the environment, pursuing efficiency in the use of resources so that development meets the needs of present and future generations without compromising the availability of natural resources and, in this case, without further compromising the leatherback turtle species beyond what it already is.
VI.Furthermore, it must be taken into account that, specifically regarding the preservation of sea turtles, Costa Rica signed—on January thirty-first, nineteen ninety-seven—and approved—on August twenty-third, nineteen ninety-nine—the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, whose second annex, on the protection and conservation of the habitats of these animals, provides:
“Each Party shall consider and, as necessary, may adopt, in accordance with its laws, regulations, policies, plans, and programs, measures to protect and conserve, within its territories and in maritime areas over which it exercises sovereignty, sovereign rights, or jurisdiction, the habitats of sea turtles, such as:
VII.In addition to the foregoing, the Chamber warns that despite the fact that through Law 7524 of July tenth, nineteen ninety-five, called the Law for the Creation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, this park was created by the interest and will of the State to acquire the lands located within the aforementioned national park, the truth of the matter is that, as already stated in judgment number 2008-007549 at seventeen hours thirty-eight minutes on April thirtieth, two thousand eight, although that Law came into force on August sixteenth, nineteen ninety-five, the nearly ten-year period that elapsed before the Executive Branch began the expropriation of those properties is unjustified and harms the rights protected in articles 21 and 50 of the Political Constitution, as the State disregards its obligation to take appropriate and necessary measures, in accordance with international law and based on the most reliable scientific data available, for the protection, conservation, and recovery of sea turtle populations and their habitats, among them, the restriction of human activities that may seriously affect sea turtles, especially during periods of reproduction, incubation, and migration, under the terms of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles approved through Law 7906 of September twenty-fourth, nineteen ninety-nine.
Under this perspective, when environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the project of the company Rover Path de Guanacaste by the National Environmental Technical Secretariat in resolution number 1349-2005-SETENA at eleven hours twenty-five minutes on June ninth, two thousand five, the provisions of that Law were not taken into account, and even though it was reported to this Chamber under oath that the administrative file did not show that the expropriation of the project area had been planned, it is also true that this was another implicit signal or warning to the respondent Technical Secretariat that this was not just any property but a property located within a national park, with a vocation different from that of mere private property, and therefore, it was essential that all necessary measures be adopted to protect the natural resources intended to be protected by the creation of that national park.
VIII.In light of the foregoing, it is appropriate to grant this remedy (recurso), which entails once again indicating to the Technical Secretariat that it is not possible to continue granting construction permits and environmental viabilities (viabilidades ambientales) without taking into consideration the provisions of the law creating the park more than ten years after its creation and which, as noted, has the purpose of the State’s acquisition of the lands located within the aforementioned national park. In addition to the foregoing, it must be taken into account that this Chamber, in judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on May twenty-third, two thousand eight, transcribed in part, granted the unconstitutionality action number 06-008369-0007-CO that was filed against the Zoning Regulation for the Cabo Velas District, Coastal Sector approved by the Municipality of Santa Cruz and published in La Gaceta number 127 of July third, two thousand six.
In that judgment, the Chamber annulled that regulation—which covered the zone where the property to which this amparo refers is located—and unanimously considered that this regulatory body infringed the Law of the Constitution as well as the norms of international law in force in the country and the laws relating to the protection of fauna, the environment, and the Nation’s natural heritage, which impose the obligation to adopt measures to conserve the leatherback turtle’s habitat as well as the areas that, due to their conditions and characteristics, are a natural destination for their nesting and spawning. For these reasons, in the specific case, it is appropriate to annul the permits granted to the company Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, for the construction of a dwelling house at Playa Ventanas within the seventy-five-meter strip that constitutes part of the Las Baulas National Marine Park.
Furthermore, under the considerations expressed above and in view of the latest criteria expressed by the Chamber on this matter, such as judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on May twenty-third, two thousand eight, and specifically by what was considered in judgment number 2008-007549 at seventeen hours thirty-eight minutes on April thirtieth, two thousand eight, it is appropriate to order that the expropriation proceedings referred to in Law number 7524 of July tenth, nineteen ninety-five be immediately initiated so that this property passes into the hands of the State.
Therefore:
This remedy (recurso) is granted, and consequently, resolution number 1349-2005-SETENA at eleven hours twenty-five minutes on June ninth, two thousand five, by which the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the house construction project of Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, is annulled. Likewise, any other authorization that may have been granted for the construction of that property is annulled. Jorge Rojas Soto, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever exercises that position in his stead, is ordered to immediately issue the necessary instructions so that the competent bodies initiate the pertinent administrative proceedings to expropriate the property to which this amparo refers; likewise, failure to comply with said order shall constitute the crime of disobedience, and that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Notify this resolution to Jorge Rojas Soto, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever exercises that position in his stead, personally. Let it be communicated. Judge Calzada provides different reasons.- Ana Virginia Calzada M.
President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. José Paulino Hernández G.
SEPARATE NOTE OF JUDGE CALZADA MIRANDA:
In the present matter, I concurred in the Chamber vote that granted the remedy (recurso), giving separate reasons. However, once judgment number 14180-2010 was drafted, I am in agreement in all its aspects, and therefore, I waive the note I initially set down.
Ana Virginia Calzada Miranda President Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Reproduction and/or onerous distribution prohibited.
Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Precautorio Subtemas:
NO APLICA.
“Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río …
En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.” Sentencia 14180-10 “Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente.
Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río.” Sentencia 14180-10 ... Ver más *050096620007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto del dos mil diez.
Recurso de amparo interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad número 1-297-932, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la organización conservacionista Fideicomiso Baulas; y a favor de ésta; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Resultando:
Redacta el Magistrado Mora Mora; y,
Considerando:
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que la sociedad Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima es dueña de un terreno ubicado en Playa Ventanas, en provincia de Guanacaste y que se encuentra dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre, frente a una playa de anidación de la tortuga baula, dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 30, 31 y 264 y documentos de folios 81 y 268); b) que según criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas sí contempla el área donde está ubicada esa propiedad pero no consta que ni a corto ni a mediano plazo se tenga prevista la expropiación del inmueble para que pertenezca al Estado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 28 y 29); c) que el veinticuatro de agosto del dos mil cuatro, el representante de Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que se otorgara la viabilidad ambiental para construir una casa de habitación en ese inmueble (folios 1 al 30 del expediente administrativo); d) que los evaluadores del proyecto como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución número DAP-194-2004-SETENA del treinta de septiembre del dos mil cuatro, recomendaron a la Comisión Plenaria solicitar un Plan de Gestión Ambiental (folio 32 del expediente administrativo); e) que mediante resolución número 1800-2004-SETENA de las once horas diez minutos del veinte de octubre del dos mil cuatro, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó a la Sociedad Rover Path de Guanacaste la presentación de un Plan de Gestión Ambiental (folio 41 del expediente administrativo); f) que mediante resolución número 1349—2005—SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de casa de habitación de Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima al considerar que el plan de gestión ambiental cumplía con los requerimientos técnicos exigidos (folio 69 del expediente administrativo); g) que mediante resolución número 2076-2005-SETENA de las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil cinco, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió suspender la ejecución de la resolución anterior número 1349—2005—SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco hasta tanto la Sala Constitucional no disponga otra cosa (folio 37); h) que la tortuga baula es una especie de relevancia mundial con una condición crítica en términos de su estado de conservación por lo que no es aceptable ni justificable que se generen instrumentos jurídico administrativos que, lejos de fortalecer las acciones de conservación, más bien propicien acciones humanas como construcciones que atentan de manera directa o colateral los espacios de anidación los cuales resultan vitales para garantizar la reproducción de la especie (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 253); i) que técnicamente no es una opción viable considerar separada la franja costera de la zona marina y sobre todo obviar la relación existente entre los manglares de Tamarindo-Salinas y el del estero Ventanas con el sector marino protegido por el Parque Nacional Marino Las Baulas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 255); j) que la construcción de casas en la zona ocasionaría impactos muy severos al ecosistema pues las perturbaciones que genera ocasionan cambios rápidos y grandes en tanto el ecosistema se recupera lentamente, lo que provocará que se afecte de manera importante la estabilidad del ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas, de modo que el efecto a corto, mediano y largo plazo sería enorme, con lo cual no es solo un efecto directo y de corto plazo el que se provocaría sobre las poblaciones de tortuga baula, sino prácticamente sobre todo el ecosistema marino (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 255).
II.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ambos derechos se encuentran reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política que perfila el Estado Social de Derecho de forma que la Constitución Política enfatiza que la protección del medio ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. En ese sentido, este derecho se manifiesta en la doble vertiente: como derecho subjetivo de las personas, y como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general, por lo que el Estado debe garantizarlo, defenderlo y preservarlo.
En ese sentido, se debe vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y desplegar acciones dirigidas a proteger anticipadamente el derecho de posibles peligros, a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. Por lo anterior, el Estado debe por un lado abstenerse de atentar él mismo contra el ambiente, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales, dentro de las cuales se encuentran las de carácter preventivo.
III.Obligaciones del Estado en materia ambiental. Deriva del citado artículo 50 de la Constitución, el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos en que lo ha dicho la Sala en otras ocasiones como en la sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, entre otras:
“...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (ver en el mismo sentido la resolución número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve).
Deber que, según lo reconoce esa misma sentencia, recae con mayor especificidad sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aquí recurrida:
“La preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado.”(ver sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno) Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las condiciones del medio ambiente (así se deduce de las sentencias número 9735-00 de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre del dos mil y número 1645-02 de las once horas cuatro minutos del quince de febrero del dos mil dos, entre otras).
IV.Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:
"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".
En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Partiendo de ello, nace la necesidad de que todo Estado alcance su progreso de la mano con la naturaleza, pues sólo a través del desarrollo sostenible, puede garantizarse la existencia de recursos a las generaciones presentes y futuras, surgiendo así el segundo principio denominado “desarrollo sostenible”.
Sobre este último la Sala se ha referido en otras oportunidades, siendo un ejemplo de ello la sentencia número 2006-13461 de las diez horas con veinte minutos del ocho de septiembre del dos mil seis, en la cual dispuso en lo conducente:
“... En esa tesitura, el artículo 3, inciso 4), de la Convención Marco señalada dispone, expresamente, que “Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo... ”.
Asimismo, el principio del desarrollo sostenible está previsto en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que dispone en numeral 3° lo siguiente:
“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.” Bajo este principio de desarrollo sostenible, se reconoce la necesidad de alcanzar el desarrollo del país en aras de atender las insuficiencias sociales y económicas que se padecen. Pero proclama que el desarrollo se realice sin destruir el medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea superior a su capacidad de reposición. Por ello, se reconoce la posibilidad de desarrollo del país pero el mismo no debiera ir en abierto detrimento del medio ambiente. El principio de desarrollo sostenible –ampliamente reconocido por este Tribunal– trasciende las cuestiones meramente ambientales, porque se erige como un objetivo en el ámbito de la ciencia económica, pues además de procurar preservar los recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres humanos, también persigue la eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en general.
Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento de los costos para la sociedad. En ese sentido, es preciso detener la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo económico y social y velar por la existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales, fomentando el uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética (ver en ese sentido la sentencia 2007-006315 de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete). Al desarrollar este principio, este Tribunal ha señalado lo siguiente:
“(…) De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfación (sic) al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.
Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.
El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano.
La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (…)” Sentencia 3705-1993 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres.” En consecuencia, a partir de los principios comentados se reconoce la necesidad de que cualquier proyecto que se desarrolle ya sea por el Estado o por un sujeto de derecho privado, vaya de la mano con el ambiente, pues si bien no puede negarse el progreso de una Nación, éste debe enmarcarse dentro de parámetros adecuados de sostenibilidad, para asegurar la conservación de los recursos a las generaciones futuras (sentencia 2007-006315 de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete). Esto sin duda debe tenerse en consideración al momento de valorarse el fondo del presente asunto.
V.Sobre el fondo. En sentencia número 2008-018529 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, esta Sala resolviendo un asunto similar al que ahora se analiza, consideró:
“VIII.- En conclusión.- Dada la importancia de la existencia y protección del Parque Marino las Baulas desde el punto de vista de conservación y protección al medio ambiente, dado que SETENA ha estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos situados dentro del parque y en su zona de amortiguamiento de forma individual sin haber hecho un análisis sobre el impacto integral que tales construcciones producirían en todo el ecosistema del Parque, dado que la Municipalidad de Santa Cruz ha otorgado permisos de construcción dentro del parque y su zona de amortiguamiento incluso sin contar con la respectiva viabilidad ambiental, y tomando en cuenta el principio precautorio en materia ambiental, lo procedente es acoger el presente recurso con todas las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva”.
Y en esa parte dispositiva, se indicó expresamente, en lo que interesa, lo siguiente:
“Se declara CON lugar el recurso, en consecuencia se: a) Anulan todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas, y se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades. b) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque. c) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, proceder en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula (…)”.
A su vez, en sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho en que se resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre el reglamento de zonificación del distrito de Cabo Velas que incluía en su área geográfica de aplicación una parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, por lo cual es aplicable al caso concreto, se estimó:
“D.- El área de protección que debe darse a la Tortuga Baula. Aún cuando la Sala no tiene dudas sobre la inviabilidad de los criterios que sirven de apoyo al Reglamento de Zonificación impugnado, así como para determinar si la población de las tortugas Baula se encuentra en un grave declive, y resolver cuál debe ser el área optima para garantizar que las tortugas desoven en las playas que regula el mencionado Reglamento de Zonificación, existen los Tratados internacionales y el artículo 50 constitucional como mecanismos jurídicos para dar protección pedida a este Tribunal. El principio precautorio obliga a la Sala a estimar la acción de inconstitucionalidad, en los términos que indica la jurisprudencia que “en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda objetiva al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.” (sentencia No. 2006-17126).
El Parque Nacional Las Bualas de Guanacaste tiene una finalidad muy clara: la protección del área de desove de la Tortuga Baula, que conforme al Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM se hace necesario para asegurar la perpetuidad de la colonia de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y otros recursos naturales, de la actividad turística y ecológica, respecto de la nidificación que se da durante todo el año. Llama a la atención de esta Sala que el proyecto de Ley de Creación del Parque reitera algunos criterios expresados por el Decreto Ejecutivo, y la preocupación por desarrollos hoteleros, pues con ello se implantará la iluminación, desechos, tránsito de personas, ruido de motores fuera de borda, música, discotecas y automóviles que vendrá a destruir este habitat natural. De ahí que se propuso inicialmente en el trámite legislativo una franja de protección de doscientos metros desde la pleamar ordinaria, sin embargo con el Dictamen Afirmativo de Mayoría, aún cuando se mantienen esas mismas justificaciones, reduce la franja de protección a 125 metros de la pleamar ordinaria, en el mismo sentido que lo hace el Decreto Ejecutivo mencionado.
Como nuestro país se ha comprometido internacionalmente a observar la protección y “hábitats de tortugas marinas” la acción de inconstitucionalidad debe declararse con lugar, y conforme al principio precautorio, así como el de vinculatoriedad de la normativa ambiental, la Zona Marítimo Terrestre igualmente debe incluirse como área de protección necesaria para las diferentes tortugas marinas que utilizan esa área como parte del ambiente utilizado por ellas durante sus etapas de su ciclo de vida.” Y se resolvió en aquélla oportunidad, en la parte dispositiva de esa sentencia, lo siguiente:
“Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, publicado en La Gaceta No. 127 del 3 de julio de 2006. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia del Reglamento anulado, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Municipalidad de Santa Cruz y a la Procuraduría General de la República.-“ En el asunto bajo estudio, como prueba para mejor resolver se solicitó un informe técnico al Director de la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional quien en documento visible en folios 247 a 258 hace importantes advertencias sobre las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que podría provocar el proceso constructivo que desde hace mucho tiempo se ha venido desarrollando en el Parque Nacional Marino Las Baulas y específicamente en Playa Grande y Playa Ventanas, consecuencias que no solo afectarán de manera directa a las tortugas baula sino en general a todo el ecosistema que existe en la zona.
Ese informe concuerda plenamente con las consideraciones hechas por la Sala en las sentencias transcritas, en las que tomando en consideración el principio precautorio se estima que la zona debe protegerse, evitando la alteración del medio, para lo cual se señala que debe continuarse con el proceso expropiatorio que garantice la preservación del ecosistema. En dicho informe se señalan los efectos negativos que se pueden producir específicamente en cuanto a las tortugas por la iluminación artificial en playas de desove así como por la construcción de edificaciones que no guardan un retiro adecuado desde la playa. Se indica que ese retiro tiene como objetivo el proteger tanto el frente de la playa como el hábitat de anidación pues muchas especies de tortugas preferiblemente seleccionan playas anchas, libres de obstáculos para anidar, pero el desarrollo costero, especialmente al frente de las playas, puede reducir la cantidad y calidad de los sitios de anidación disponibles, con lo cual, cada tipo de desarrollo y cualquier barrera potencial necesita retirarse de la zona de arena y esto incluye luces, construcciones, objetos físicos como sillas, sombrillas, botes y equipo recreacional, entre otros.
Si el riesgo señalado no es desconocido para la mayoría de la población y mucho menos para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo lógico es que al emitirse una autorización como la que aquí se impugna, al menos se hubiera presupuesto el eventual riesgo de daño que se podría ocasionar en la medida en que el terreno en cuestión donde se proyecta construir, está dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y se resolviera sobre ello. Este parque nacional fue creado mediante Decreto Ejecutivo número 20518-MIRENEM de nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, siendo su principal objetivo la protección a perpetuidad de la colonia de tortuga baula (Dermochelys coriacea) y de los otros recursos naturales existentes en el área, tomándose en cuenta que existen tres áreas de importancia mundial donde anidan las tortugas marinas baula, siendo dos de esos sitios: las playas Grande y Langosta en la Bahía Tamarindo, donde justamente está ubicada la playa Ventanas, sitio en el que se encuentra el inmueble al que se refiere este amparo.
Todo lo considerado conlleva a que en el caso deba aplicarse el principio precautorio y optar por no poner en peligro el bien que pretende protegerse con la legislación relacionada con la constitución del Parque Nacional Marino Las Baulas y específicamente en Playa Grande y Playa Ventanas. El principio de desarrollo sostenible, también aplicable aquí, conlleva que no se otorgara la viabilidad ambiental en el caso concreto pues como se dijo supra, es obligación del Estado propiciar que el desarrollo se realice sin destruir el medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea superior a su capacidad de reposición, con lo cual, la posibilidad de desarrollo del país no debe ir en abierto detrimento del medio ambiente, persiguiéndose la eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales y en este caso, sin comprometer más a la especie de tortugas baulas, de lo que ya de por sí lo está.
VI.Además debe tomarse en cuenta que tratándose concretamente de la preservación de las tortugas marinas, Costa Rica firmó –el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete– y aprobó –el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve– la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, cuyo anexo segundo, sobre la protección y conservación de los hábitats de estos animales dispone:
“Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, planes y programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las tortugas marinas, tales como:
VII.Aunado a lo anterior, la Sala advierte que a pesar de que mediante Ley 7524 del diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, denominada Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, este parque se creó por el interés y voluntad del Estado de adquirir los terrenos ubicados dentro del mencionado parque nacional, lo cierto del caso es que, como ya se ha dicho en la sentencia número 2008-007549 de las diecisiete horas treinta y ocho minutos del treinta de abril del dos mil ocho, a pesar de que esa Ley entró en vigencia desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el plazo transcurrido para que el Poder Ejecutivo comenzara la expropiación de esos inmuebles, de casi diez años, es injustificado y lesiona los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política en cuanto soslaya el Estado su obligación de tomar las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitat, entre ellas, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración en los términos de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas aprobada por medio de la Ley 7906 del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Bajo esta perspectiva, cuando se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de la empresa Rover Path de Guanacaste por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución número 1349-2005-SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, no se tomó en cuenta lo dispuesto por esa Ley y aún cuando bajo juramento se haya informado a esta Sala que no constaba en el expediente administrativo que se tuviera prevista la expropiación del área del proyecto, también es lo cierto que ello era otra señal o advertencia implícita para la Secretaría Técnica recurrida en el sentido de que no se trataba de una propiedad cualquiera sino de un inmueble ubicado dentro de un parque nacional, con una vocación diferente a la de la mera propiedad privada y por tanto, era indispensable que se adoptaran todas las medidas que fueran necesarias para proteger los recursos naturales que se pretenden proteger con la creación de ese parque nacional.
VIII.En atención a lo dicho lo procedente es declarar con lugar este recurso, que conlleva se señale nuevamente a la Secretaría Técnica que no es posible que se siga otorgando permisos de construcción y viabilidades ambientales sin tomar en consideración lo dispuesto en la ley de creación del parque con más de diez años de haberse creado y, que como se observó, tiene por finalidad la adquisición por parte del Estado de los terrenos ubicados dentro del mencionado parque nacional. Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta que esta Sala en sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, transcrita en parte, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad número 06-008369-0007-CO que se interpuso en contra del Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas, Sector Costero aprobado por la Municipalidad de Santa Cruz y publicado en La Gaceta número 127 del tres de julio del dos mil seis.
En esa sentencia la Sala anuló ese reglamento -que abarcaba la zona donde se ubica el inmueble al que se refiere este amparo- y consideró en forma unánime que ese cuerpo normativo infringía el Derecho de la Constitución así como las normas de derecho internacional vigentes en el país y las leyes relativas a la protección de la fauna, el ambiente y el patrimonio natural de la Nación, las cuales imponen la obligación de adoptar medidas para conservar el hábitat de la tortuga baula así como de las áreas que por sus condiciones y características son un destino natural para su anidación y desove. Por tales razones, en el caso concreto, lo procedente es anular los permisos otorgados a la empresa Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, para la construcción de una casa de habitación en Playa Ventanas dentro de la franja de setenta y cinco metros que constituye parte del Parque Nacional Marino Las Baulas.
Además de ello, al amparo de las consideraciones externadas supra y en atención a los últimos criterios externados por la Sala en esta materia como la sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho y específicamente por lo considerado en la sentencia número 2008-007549 de las diecisiete horas treinta y ocho minutos del treinta de abril del dos mil ocho, lo procedente es ordenar que se inicien de manera inmediata los procedimientos de expropiación a que hace referencia la Ley número 7524 de diez de julio de mil novecientos noventa y cinco de manera tal que ese inmueble pase a manos del Estado.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se anula la resolución número 1349-2005-SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, mediante la cual la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de construcción de casa de habitación de Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima. Del mismo modo se anula cualquier otra autorización que hubiera sido otorgada para la construcción de ese inmueble. Se ordena a Jorge Rojas Soto en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que de manera inmediata gire las instrucciones que sean necesarias a fin de que los órganos competentes inicien los procedimientos administrativos que sean procedentes para expropiar el inmueble al que se refiere este amparo, así mismo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Jorge Rojas Soto en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal. Comuníquese. La Magistrada Calzada da razones diferentes.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. José Paulino Hernández G.
NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA CALZADA MIRANDA:
En el presente asunto concurrí en el voto de Sala que declaró con lugar el recurso, dando razones separadas. Sin embargo, una vez redactada la sentencia número 14180-2010 estoy de acuerdo en todos sus extremos, por lo que renuncio a la nota que inicialmente consigné.
Ana Virginia Calzada Miranda Presidenta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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