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Res. 09153-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/07/2011
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Municipalidad de Acosta Subtemas:
Recurrente acciona por retardo en solucionar el problema de inundaciones, deslizamientos y el falseamiento de los terrenos que aqueja a los vecinos de San Ignacio de Acosta, por la falta de caños y alcantarillas para el desfogue de las aguas pluviales.
Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Violación del derecho alegado por negligencia de las autoridades recurridas en solucionar el problema denunciado por el amparado por inundaciones a su propiedad por falta de mantenimiento de las alcantarillas.
Tema: Principio de coordinación administrativa Subtemas:
Alcances del principio de coordinación.
Tema: Derecho de petición y pronta resolución Subtemas:
Inexistencia de violación por haberse dado respuesta a las peticiones de la parte recurrente..
Tema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado Subtemas:
Se condena a la Municipalidad de Acosta y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
“En reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que las Municipalidades se encuentran obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de su cantón, ello conforme lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política que encomienda al Gobierno Municipal la administración de los servicios locales e intereses del cantón. Asimismo, esta Sala ha sido clara en indicar que las Municipalidades no pueden escudarse en la falta de presupuesto como justificación para no llevar a cabo acciones tendientes a solventar situaciones que afectan a los habitantes del cantón, pues resulta ilegítimo que se antepongan criterios meramente económicos cuando existen derechos fundamentales que tutelar. Partiendo de lo anterior, en el presente asunto esta Sala verifica una violación al derecho a la salud de la amparada por parte de la Municipalidad accionada, además una falta a la responsabilidad del buen funcionamientos de los servicios públicos y una violación al principio de coordinación, por cuanto a pesar de que desde hace varios años la Municipalidad recurrida constató el peligro que existe para la integridad física de la recurrente, su familia y demás vecinos de Potrerillos de Acosta, debido a la fuerte escorrentía de las aguas pluviales que discurren desde la ruta 209 hacia dicha zona, no adoptó las medidas correspondientes para corregir dicho problema. Así las cosas desde el año 2009 y principios del presente año, la Municipalidad puso en conocimiento del CONAVI del problema que genera la ruta 209; sin embargo el CONAVI fue omiso ante tales gestiones presentadas por el Alcalde Municipal. No obstante, no consta la ejecución de algún otro acto por parte de la Municipalidad tendente a solucionar dicha cuestión. Reiteradamente la Sala ha indicado que el papel de las Municipalidades no se debe de limitar a trasladar los problemas de salud, ambiental a otros entes, sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A juicio de esta Sala, la Municipalidad de Acosta teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de la zona de Potrerillos de Acosta se ha limitado a constatar su existencia, trasladar el problema al CONAVI y así evadir su responsabilidad y deberes lo que demuestra una incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia, con el consecuente perjuicio y amenaza a la salud de las personas. Debe recordarse que en situaciones como la presente, en las que debido a la falta de infraestructura adecuada se está provocando inundaciones y falseamiento de terrenos, la actuación de la Municipalidad debe de ser célere dado que un retraso en la ejecución de las obras de infraestructura podría ser incluso fatal, dado que está de por medio la integridad física y la salud de los vecinos de la zona. Aún cuando se admita que la Administración debe sujetarse al contenido presupuestario, lo cierto del caso es que ha omitido su responsabilidad y no ha tomado las medidas pertinentes en aras de proteger la salud e integridad física de los miembros de su comunidad. Recuérdese que las Municipalidades, por su cercanía con el ciudadano, son las primeras llamadas a cumplir sus obligaciones y deberes para con el administrado de forma eficaz y eficiente, tal como es proporcionar y mantener en buen estado y en correcto funcionamiento el desfogue de las alcantarillas. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Acosta por la violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio de los recurrentes y demás vecinos de la zona de San Ignacio de Acosta y se ordena que deberá realizar en forma inmediata las acciones efectivas para reducir el peligro inminente que existe y deberá iniciar las obras para solucionar el problema del alcantarillado en dicho lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que coordine con los entes correspondientes que puedan gestionar para que ese alcantarillado y el correspondiente desfogue de aguas sea el adecuado.” ... Ver más *110047760007CO* Res. Nº 2011009153 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y treinta y nueve minutos del ocho de julio del dos mil once.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 11-004776-0007-CO, interpuesto por NURIA MARÍA CAMPOS CASTRO, cédula de identidad 0107720490 contra la MUNICIPALIDAD DE ACOSTA, el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.
Resultando:
1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:05 horas del 25 de abril de 2011, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Acosta, el Instituto Mixto de Ayuda Social; el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y manifiesta que su casa de habitación se ubica en San Ignacio de Acosta y que desde hace varios años se encuentra en peligro, producto de las aguas pluviales que son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas que recolectan todas las aguas provenientes de varios caseríos que se encuentran en los niveles superiores a su propiedad. Señala que la situación se ha visto agravada en los últimos años debido al aumento de nuevas construcciones, de la instalación de una tubería y alcantarilla por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para encausar las aguas provenientes de la ruta 209 y principalmente por los acontecimientos climáticos que han afectado la zona seriamente en los últimos años, por lo que se ha constituido en un gran peligro, ya que el desagüe que pasa a un lado de su propiedad es cada vez más grande y está falseando el terreno. Destaca que originalmente en ese lugar sólo se encontraban algunas pequeñas casas y otras infraestructuras de actividad pecuaria, y que la Municipalidad de aquel entonces, con el consentimiento de los dueños, instaló una alcantarilla e hizo un caño de cemento y piedra que se extendía a lo largo de lo que hoy es el lindero de su propiedad, el cual iba a desembocar a la quebrada del lugar. Dicho caño funcionó sin problema alguno hasta hace aproximadamente unos diez años pero debido a las causas ya mencionadas, el incremento de las aguas ha sido tal, que lo han desaparecido en su totalidad. Afirma que en reiteradas ocasiones ha remitido gestiones a la Municipalidad de Acosta para que resuelvan el problema, pero a la fecha no ha recibido respuesta alguna y lo único que se le ha manifestado verbalmente es que no se puede hacer nada al respecto porque el dueño de la propiedad en donde se encuentra el problema, es hermano del Alcalde y le sugieren que plantee su caso ante el I.M.A.S. o al Ministerio de Salud, para que sean ellos quienes determinen los responsables y que velen porque las aguas corran normalmente sin generar ningún daño. Agrega que ante una gestión suya, el Ministerio de Salud le indicó que de conformidad con lo previsto en los numerales 94 y 95 de la Ley de Aguas no podía intervenir, lo anterior, pese a que el problema que afronta no tiene un origen natural sino de la intervención del hombre, puesto que esas aguas son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas implementados por las diferentes instancias gubernamentales, las cuales no concluyeron la infraestructura adecuada para el manejo de las aguas. Asegura que ante la respuesta del Ministerio de Salud se dirigió de nuevo a la Alcaldía Municipal recurrida en donde se le indicó verbalmente que no hay presupuesto. Asevera que ha sido tanta su insistencia y esfuerzo por luchar para proteger su casa que volvió a dirigirse a la Municipalidad, oportunidad en que con la ayuda de la Secretaria Municipal redactó una nueva carta dirigida al Concejo Municipal con fecha 03 de agosto de 2010, por medio de la cual solicitó su intervención para que remitieran su caso al I.M.A.S. para que le ayuden en la construcción de un muro que le permita minimizar el deterioro de su terreno, el cual si continúa dañándose, pronto socavará su casa, gestión de la cual tampoco ha recibido respuesta. Menciona que el año pasado las lluvias afectaron fuertemente la zona de Acosta y que su propiedad no fue la excepción, que el caudal por donde baja el agua a un costado de su casa, se hizo tan grande que, inclusive hubo momentos en donde el agua se metió en su casa, arrastrando piedras y troncos que pusieron en peligro a toda su familia y que en los meses de septiembre y octubre que fueron los meses más lluviosos, tuvo que irse a alquilar una casa en otro lugar porque era demasiado el peligro, ya que cada vez era más el agua que caía y se está dañando más porque el terreno se está falseando. En virtud de lo anterior, su vecino le permitió desviar el agua un poco a su terreno y por un tiempo, mientras se soluciona al problema pero recientemente dicho vecino metió maquinaria para encausar las aguas a su caudal original, poniendo nuevamente en alto riesgo su propiedad. Agrega que se aproxima el invierno y que ello le preocupa mucho ya que la Municipalidad recurrida no ha resuelto nada, por lo que nuevamente mediante nota del 14 de marzo anterior, se dirigió en este mismo sentido al Concejo Municipal, sin que haya obtenido respuesta alguna. Solicita la pronta intervención y una solución definitiva a su problema.
2.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de abril de 2011, se recibe copia de escrito dirigido al Director Ejecutivo del CONAVI, y suscrito por la subdirectora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el que se solicita informe técnico de los hechos alegados por la recurrente.
3.- Informa bajo juramento María Luisa Ávila Agüero en su condición de Ministra de Salud, que el 14 de junio de 2006 se realizó una visita a la casa de la recurrente en virtud de una denuncia presentada, y en esa oportunidad se verificó que existía un desagüe en la propiedad del vecino de aproximadamente 40 metros de largo, 70 cms de ancho y un metro de profundidad, el cual recibía un gran caudal de aguas pluviales provenientes de la carretera y de viviendas ubicadas a un nivel superior y a un metro con respecto a la propiedad de la recurrente, lo cual le fue informado a la recurrente. Posteriormente, el 28 de abril del año en curso, se realizó otra inspección a la vivienda de la amparada y se confeccionaron las órdenes sanitarias respectivas contra el Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Acosta, y al Director del CONAVI, las cuales se estarán notificando para que procedan a corregir el daño ocasionado. De conformidad a la visita efectuada, los inspectores constataron que en la zona denunciada existen problemas graves debido a varios factores: la abundancia de aguas pluviales, pasos de alcantarillas, no existe una apropiada construcción para depositar y encauzar adecuadamente y sanitariamente las aguas pluviales, por lo que debido a lo anterior se les giró las ordenas sanitarias No. 001-29-4-2011 y No. 002-29-4-2001 y No. 03-29-4-200 para que presenten un plan, propuesta y diseño de la solución al problema de las aguas pluviales en ese sector, en el que se incluye la vivienda de la recurrente, la construcción de un sistema adecuado para depositar y encauzar adecuadamente y sanitariamente las aguas pluviales. Solicita se declare sin lugar el recurso 4.- Informa bajo juramento Francisco J. Jiménez en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes (ver documento presentado a las 16:20 hrs. del 03 de mayo de 2011), que el presente amparo se encuentra prescrito porque desde hace diez años que los caños empezaron a tener problemas y es hasta ahora es que recurre a la Sala y además lo alegado es un asunto de legalidad. No obstante, el caño y el alcantarillado son servicios públicos que le corresponden a las Municipalidades y la administración de la ruta 209 que pasa por San Ignacio de Acosta, le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa bajo juramento Carlos Acosta Monge en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, que el 5 de mayo de 2011 el Gerente de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, mediante informe técnico Nº DR (Región Central)-33-11-0058, le comunicó que realizó visita en la propiedad de la recurrente, constatando el daño denunciado, además de que se trata de una calle cantonal de la localidad de Potrerillos y que las aguas discurren desde el sitio del deslizamiento en La Ortiga, sobre la ruta nacional 209. Manifiesta que el problema requiere una solución integral, que incluye las obras de estabilización de la calzada y la construcción de obras de conducción de aguas hasta un sitio de descarga, de forma tal que asegure que no se cause daño a los vecinos. Indica que este Consejo espera ofrecer una solución con la Contratación Directa Nº 20011-CD-000016-CV0, que se encuentra en proceso de adjudicación, y que se promovió para solucionar los problemas de urgente atención a la ruta nacional 209, dentro de los cuales aparece el deslizamiento de La Ortiga como el más grave y complejo. Estima que la propiedad de la recurrente se encuentra en ruta cantonal de la localidad de Potrerillos, por lo que deberá la Municipalidad de Acosta, tomar las medidas necesarias.
6.- Informa bajo juramento Fernando Marín Rojas, en su condición de Presidente Ejecutivo del IMAS, que la recurrente vive en San Ignacio de Acosta, según ficha de información social aplicada por el IMAS. Señala que la intervención de este Instituto en el caso de la recurrente se deriva de la referencia efectuada por el Área Rectora de Salud del Cantón de Acosta, según oficio Nº 001-30-09-2010 del 30 de septiembre de 2010, en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias de Acosta, en virtud del estado de emergencia producido por la tormenta tropical Thomas en el año 2010, en que los fuertes aguaceros ocasionaron daños en el sector donde vive la recurrente. Debido a lo anterior el 01 de octubre de 2010, se le otorgó a la recurrente un subsidio por emergencia para el pago de alquiler, por la suma de ciento cincuenta mil colones, según consta en resolución Nº 3858 del expediente administrativo y en la carta de compromiso de aportar al IMAS los recibos de alquiler correspondientes. Sostiene que no le consta que anterior a la emergencia descrita, la vivienda de la recurrente se encontrara en peligro, producto de las aguas pluviales que son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas que recolectan todas las aguas provenientes de varios caseríos y casas vecinas que se encuentran en los niveles superiores de su propiedad. Asimismo nunca se ha recibido ninguna referencia por parte de la Municipalidad de Acosta o de la recurrente, en que se solicitara otorgar un beneficio a favor de la recurrente para la construcción de un muro. Estima que dentro del ámbito de sus funciones y competencias, este Instituto cumplió a cabalidad con su obligación de ayudar a esta familia en el momento de la emergencia, y que en atención al principio constitucional de coordinación estatal, junto con personeros de otras entidades públicas, se realizó una visita in situ, levantando un censo de algunas familias, incluyendo a la de la recurrente, que deben ser reubicadas por haber sido declaradas sus viviendas como inhabitables. Considera que esas familias deberán solicitar y tramitar el bono de vivienda ante el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que ya se comprometió a entregar hasta la suma de catorce millones de colones, para que se puedan construir nuevamente las viviendas. Señala que el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, indicó que no era procedente la construcción de muros de retención en la zona. Agrega que la reubicación y posterior otorgamiento de vivienda no es competencia dad por el legislador al IMAS. Solicita se declare sin lugar el recurso.
7.- Informa bajo juramento Luis Alberto Durán Gamboa, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Acosta, que mediante oficio fechado 2 de julio de 2009 el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial denunció a la Ingeniera encargada de la rutas nacionales 209-301, el problema de aguas en la ruta 209, las cuales están deteriorando la vía y poniendo en peligro de inundación varias casas, por lo que solicitó la canalización de dichas aguas. Mediante oficio A.M. 337-2009 del 17 de agosto de 2009, el Alcalde Municipal remitió al Director de Conservación Vial copia del memorial OI (1-1)-454-2009 suscrito por la Unidad Técnico de Gestión Vial, en el que se confirma que existe una caída de agua con una pendiente de 6 metros sin desagüe, que se traslada hacia la calle pasando por el lado derecho donde hay una cuneta y se provoca socavación, por lo que solicitó el visado para que el inicio de los trabajos requeridos. El 16 de noviembre de 2009, el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial expuso el problema en mención al Concejo Municipal y propuso como solución la corta de aguas arriba, la eliminación de 100 metros de caudal a la cuneta, encauzar la parte de escorrentía directa y agrandar la caja de registro existente. Nuevamente mediante oficio A.M. 491-2009 de fecha 17 de noviembre de 2009, remitido al Organismo de Inspección se solicitó la intervención en el trayecto San Ignacio-La Esperanza de Acosta de la ruta 209, en virtud de los problemas de deslizamiento que habían sido remitidos al CONAVI sin obtener atención, poniendo en peligro la vidas de los vecinos de la zona. El 01 de febrero de 2010, fue remitida una copia al entonces Alcalde Municipal, del oficio DVOP-385-10(01), dirigido al Director Ejecutivo de CONAVI y suscrito por el Viceministro de Obras Públicas, con indicaciones de que se actuara en el menor plazo posible. El 22 de febrero de 2011, la Municipalidad envío el oficio No. A.M.078-2011 al Director Ejecutivo de CONAVI, mediante el cual solicitó un informe del proceso actual o etapa de gestión de riesgo en el que se encuentra la intervención de la ruta 209. Además, se remitió al Director Ejecutivo del CONAVI, el oficio A.M.140-2011, donde se reiteran las solicitudes de intervención a los problemas expuestos, sin obtener respuesta. Estima que el caso de la recurrente, no es solo un problema de encarrilamiento de aguas pluviales, sino que es un problema más complejo, por cuanto la vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo y en zona de descarga directa del material que eventualmente podría desprenderse de la ladera superior, por lo que se coordinó con el Geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia, para que se realizara un estudio integral de un posible mega deslizamiento en el sector. Explica que tras conocer informes de visitas realizadas en el sitio, se deduce que la recurrente debe ser reubicada por un riesgo inminente, y que es improcedente cualquier obra en el sitio. Solicita se declare sin lugar el recurso.
8.- Informa bajo juramento Mauricio Fallas Durán, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Acosta, en los mismo términos que el informe anteriormente rendido por el Alcalde de esta Municipalidad.
9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Sobre el principio de coordinación. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente, es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger la salud y vida de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación de la salud y el ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión: "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)." (ver sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999).- IV.- Sobre el fondo. En el presente caso de la prueba documental aportada y lo informado bajo juramento por las autoridades recurridas la Sala tiene por demostrado que efectivamente en la zona de San Ignacio de Acosta existe un grave problema de desfogue de aguas pluviales que incluso ha llegado a provocar falseamiento y deslizamientos de terrenos poniendo en peligro la salud y vida de los habitantes de la zona. Debido a que en el presente proceso se encuentran recurridas varias instituciones públicas, se procederá hacer el análisis de la actuación de cada una de ellas en forma independiente.
V.- En cuanto a la actuación de la Municipalidad de Acosta.- En reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que las Municipalidades se encuentran obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de su cantón, ello conforme lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política que encomienda al Gobierno Municipal la administración de los servicios locales e intereses del cantón. Asimismo, esta Sala ha sido clara en indicar que las Municipalidades no pueden escudarse en la falta de presupuesto como justificación para no llevar a cabo acciones tendientes a solventar situaciones que afectan a los habitantes del cantón, pues resulta ilegítimo que se antepongan criterios meramente económicos cuando existen derechos fundamentales que tutelar. Partiendo de lo anterior, en el presente asunto esta Sala verifica una violación al derecho a la salud de la amparada por parte de la Municipalidad accionada, además una falta a la responsabilidad del buen funcionamientos de los servicios públicos y una violación al principio de coordinación, por cuanto a pesar de que desde hace varios años la Municipalidad recurrida constató el peligro que existe para la integridad física de la recurrente, su familia y demás vecinos de Potrerillos de Acosta, debido a la fuerte escorrentía de las aguas pluviales que discurren desde la ruta 209 hacia dicha zona, no adoptó las medidas correspondientes para corregir dicho problema. Así las cosas desde el año 2009 y principios del presente año, la Municipalidad puso en conocimiento del CONAVI del problema que genera la ruta 209; sin embargo el CONAVI fue omiso ante tales gestiones presentadas por el Alcalde Municipal. No obstante, no consta la ejecución de algún otro acto por parte de la Municipalidad tendente a solucionar dicha cuestión. Reiteradamente la Sala ha indicado que el papel de las Municipalidades no se debe de limitar a trasladar los problemas de salud, ambiental a otros entes, sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A juicio de esta Sala, la Municipalidad de Acosta teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de la zona de Potrerillos de Acosta se ha limitado a constatar su existencia, trasladar el problema al CONAVI y así evadir su responsabilidad y deberes lo que demuestra una incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia, con el consecuente perjuicio y amenaza a la salud de las personas. Debe recordarse que en situaciones como la presente, en las que debido a la falta de infraestructura adecuada se está provocando inundaciones y falseamiento de terrenos, la actuación de la Municipalidad debe de ser célere dado que un retraso en la ejecución de las obras de infraestructura podría ser incluso fatal, dado que está de por medio la integridad física y la salud de los vecinos de la zona. Aún cuando se admita que la Administración debe sujetarse al contenido presupuestario, lo cierto del caso es que ha omitido su responsabilidad y no ha tomado las medidas pertinentes en aras de proteger la salud e integridad física de los miembros de su comunidad. Recuérdese que las Municipalidades, por su cercanía con el ciudadano, son las primeras llamadas a cumplir sus obligaciones y deberes para con el administrado de forma eficaz y eficiente, tal como es proporcionar y mantener en buen estado y en correcto funcionamiento el desfogue de las alcantarillas. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Acosta por la violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio de los recurrentes y demás vecinos de la zona de San Ignacio de Acosta y se ordena que deberá realizar en forma inmediata las acciones efectivas para reducir el peligro inminente que existe y deberá iniciar las obras para solucionar el problema del alcantarillado en dicho lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que coordine con los entes correspondientes que puedan gestionar para que ese alcantarillado y el correspondiente desfogue de aguas sea el adecuado.
VI.- En cuanto a la actuación del Área Rectora de Salud de Acosta del Ministerio de Salud.- La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. La Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el citado Ministerio no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Del informe presentado a esta Sala y la prueba documental aportada, se tiene por demostrado que posterior a la interposición del presente proceso los inspectores del Ministerio de Salud verificaron que existe un desagüe en la propiedad vecina a la de la recurrente de aproximadamente seis metros de ancho y 3 metros de profundidad, el cual recibe un gran caudal de aguas pluviales provenientes de la carretera y de viviendas ubicadas a un nivel superior, por lo que actualmente la comunidad de Potrerillos de Acosta sufre problemas graves debido a la abundancia de aguas pluviales y a la falta de canalización. En virtud de lo anterior, la autoridad sanitaria realizó un reconocimiento y giró las órdenes sanitarias respectivas contra el Alcalde, el Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad accionada y el CONAVI, y les ordenó presentar un plan, propuesta y diseño de la solución al problema de las aguas pluviales en ese sector y la construcción de un sistema adecuado para depositar y encauzar adecuadamente las aguas pluviales; no obstante, de dicha actuación no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico, como por ejemplo lo establecido en los artículos 355 y 356 de la Ley General de Salud que faculta a las autoridades de salud competentes a decretar por propia autoridad, medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas y entre ellas podrán dar la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, según corresponda. En el caso bajo estudio, quedó demostrado en autos que más allá de las inspecciones realizadas, no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad para dar solución integral al problema y por ende, tal omisión implica también en cuanto a esta institución, la estimación del recurso debido a que las autoridades sanitarias no le dieron la importancia que el caso amerita lo que ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de todos los habitantes del lugar. En un caso similar, la Sala en sentencia No. 2006-08983 de las once horas dieciséis minutos del veintitrés de junio de 2006 dispuso: “ Estima este Tribunal Constitucional que el Ministerio de Salud ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en tutela del derecho a la salud del amparado y demás vecinos de la urbanización de marras, al no hacer uso de sus potestades legales con el fin de solucionar, definitivamente, el problema sanitario que les afecta y que han denunciado formalmente, pues ha realizado una actividad insuficiente, inoportuna e ineficaz que se comprueba con el hecho de que el problema subsiste, al no haber concretado ninguna acción en ejercicio del poder de policía que le asiste por ley para hacer cumplir sus órdenes. Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones u órdenes sanitarias, sin que se tome medida alguna para corroborar que se hayan cumplido y, lo que es peor, sin que se evidencien de su parte acciones eficaces, verdaderamente encaminadas a resolver en definitiva la problemática sanitaria expuesta, como corresponde para cumplir el fin público que se le ha encomendado, lo que redunda en detrimento de la salud y el medio ambiente y, por consiguiente, en violación del artículo 50 constitucional, situación que resulta intolerable para esta Sala”. Partiendo de lo anterior y no existiendo ningún motivos para variar el criterio expuesto, ni reconsiderar la cuestión, se impone declarar con lugar el recurso con respecto al Ministerio de Salud y se ordena VII.- En cuanto a las actuaciones del CONAVI y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.- De la prueba aportada, se desprende que desde el año 2009 el Alcalde de la Municipalidad recurrida puso en conocimiento del CONAVI el problema aquí discutido y les informó que había una caída de agua con una pendiente de 6 metros sin desagüe, que se trasladaba hacia la calle pasando por el lado derecho donde hay una cuneta y socavaba terrenos, por lo se solicitó la intervención para que se solucionara el problema que era provocado por la ruta 209; sin embargo nunca obtuvo respuesta. La Sala ha tenido por demostrado que la ruta 209 que administra el CONAVI genera problemas de aguas pluviales en la zona, y a pesar de tener pleno conocimiento de ello, no efectúo ningún acto para canalizar debidamente las aguas en coordinación con las otras instituciones responsables. En cuanto a este punto, es importante aclarar que, si bien es cierto el artículo 20 de la Ley General de Caminos establece la obligación de los poseedores de bienes inmuebles, por cualquier título, de dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así ocurra por el desnivel del terreno, se debe de tratar de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento, deterioro o degradación del inmueble o amenazar la vida, como sucede en el presente asunto. En todo caso, es importante tener en cuenta que la administración aceptó la necesidad de llevar a cabo obras en el derecho de vía para solucionar el problema. Así las cosas, ante la inercia de la autoridad demandada para ejecutar los trabajos que le corresponden con el fin de poner fin a la situación que apuntó la recurrente, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el fin de restablecer a la amparada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. En consecuencia, el COSEVI lesionó los derechos fundamentales de la recurrente y demás miembros de la comunidad. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se declara sin lugar el recurso en virtud de que la administración de la Ruta 209 le corresponde al CONAVI.
VIII.- Sobre el derecho de petición y pronta resolución. En el presente caso el recurrente acusa que el 03 de agosto de 2010 solicitó a la Municipalidad recurrida la intervención para que se remitiera su caso al I.M.A.S. para obtener una ayuda en la construcción de un muro y el 14 de marzo de 2011 gestionó ante el Concejo Municipal de la Municipalidad accionada una inspección para dar solución a las inundaciones que provoca la escorrentía de aguas pluviales. No obstante lo anterior, a la fecha de interposición del amparo, 25 de abril de 2011 la autoridad recurrida no ha brindado una respuesta a lo solicitado por la recurrente. Estima este Tribunal que el plazo transcurrido sin darle una respuesta a la recurrente, lesiona de manera directa el derecho de petición y pronta resolución. Finalmente con respecto con la denuncia presentada en el año 2006 ante el Área Rectora recurrida, la misma fue atendida. Por otra parte, en cuanto a la supuesta solicitud presentada ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, bajo fe de juramento el Presidente de la institución manifiesta que no consta que la recurrente haya presentado alguna gestión al respecto o que haya sido trasladada por la Municipalidad accionada, por lo que dicha autoridad no ha lesionado el derecho de petición y pronta resolución.
IX.- Conclusión.- A pesar que las autoridades recurridas reconocen la problemática denunciada, a la fecha, no han adoptado ninguna medida concreta para solucionarla e insisten en trasladarse, recíprocamente, la responsabilidad en cuanto al tema. En criterio de este Tribunal Constitucional, independientemente, de las actuaciones que le correspondan en esta materia a cada una de las autoridades según el marco de sus competencias, lo cierto es que, en el sub examine, queda manifiesta su inercia y falta de eficiencia para atender con prontitud, la situación acusada, lo cual, configura no sólo un quebranto a los derechos al buen funcionamiento de los servicios públicos sino que, esencialmente, implica una transgresión a la obligación objetiva de tutelar la vida y la integridad física de las personas que residen en San Ignacio de Acosta, directamente, afectadas por las inundaciones en cuestión. Aún cuando los representantes del CONAVI aleguen a su favor que ya está en proceso una licitación, que la Municipalidad desde hace varios años acusó la situación al CONAVI y que el Área Rectora giró las ordenes sanitarias respectiva, a la fecha ninguna de las autoridades recurridas han iniciado los trabajos requeridos. Finalmente en cuanto el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se declara sin lugar el recurso. En mérito de las consideraciones expuestas, se impone declarar con lugar el recurso con las consecuencias que a continuación se disponen.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a María Luisa Ávila Agüero, Carlos Acosta Monge, Luis Alberto Durán Gamboa y a Mauricio Fallas Durán respectivamente, en su condición de Ministra de Salud, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal, estos últimos de la Municipalidad de Acosta o a quienes ejerzan el cargo, que coordinen lo necesario para que, que dentro del marco de sus atribuciones y competencias, y en asocio con las instituciones correspondientes realicen todos los actos necesarios para solventar en definitiva el problema de aguas pluviales que se presenta en la comunidad de Potrerillos de San Ignacio de Acosta, lo anterior en un plazo de seis meses contado a partir de la comunicación de la presente resolución. Asimismo, se ordena a la Contraloría General de la República, en la persona del Gerente de Área de Servicios Municipales, que no autorice el presupuesto ni ninguna modificación presupuestaria para el siguiente presupuesto, proveniente de la Municipalidad de Acosta, si no incluye las partidas respectivas para dar cumplimiento a este fallo. Además, debe el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Acosta dar respuesta a las gestiones presentadas por la recurrente los días 3 de agosto de 201 y 14 de marzo de 2011 en el plazo de TRES DÍAS a partir de la notificación de la presente sentencia. En cuanto el Instituto Mixto de Ayuda Social y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes se declara sin lugar el recurso. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Acosta y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a María Luisa Ávila Agüero, Carlos Acosta Monge, Luis Alberto Durán Gamboa y a Mauricio Fallas Durán respectivamente, en su condición de Ministra de Salud, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal, estos últimos de la Municipalidad de Acosta, o a quienes ejerzan dicho cargo EN FORMA PERSONAL. Asimismo, comuníquese la presente resolución al Gerente de Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República. Comuníquese.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Roxana Salazar C.
Paul Rueda L.
Enrique Ulate C.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Municipalidad de Acosta Subtemas:
Recurrente acciona por retardo en solucionar el problema de inundaciones, deslizamientos y el falseamiento de los terrenos que aqueja a los vecinos de San Ignacio de Acosta, por la falta de caños y alcantarillas para el desfogue de las aguas pluviales.
Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Violación del derecho alegado por negligencia de las autoridades recurridas en solucionar el problema denunciado por el amparado por inundaciones a su propiedad por falta de mantenimiento de las alcantarillas.
Tema: Principio de coordinación administrativa Subtemas:
Alcances del principio de coordinación.
Tema: Derecho de petición y pronta resolución Subtemas:
Inexistencia de violación por haberse dado respuesta a las peticiones de la parte recurrente..
Tema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado Subtemas:
Se condena a la Municipalidad de Acosta y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
“En reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que las Municipalidades se encuentran obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de su cantón, ello conforme lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política que encomienda al Gobierno Municipal la administración de los servicios locales e intereses del cantón. Asimismo, esta Sala ha sido clara en indicar que las Municipalidades no pueden escudarse en la falta de presupuesto como justificación para no llevar a cabo acciones tendientes a solventar situaciones que afectan a los habitantes del cantón, pues resulta ilegítimo que se antepongan criterios meramente económicos cuando existen derechos fundamentales que tutelar. Partiendo de lo anterior, en el presente asunto esta Sala verifica una violación al derecho a la salud de la amparada por parte de la Municipalidad accionada, además una falta a la responsabilidad del buen funcionamientos de los servicios públicos y una violación al principio de coordinación, por cuanto a pesar de que desde hace varios años la Municipalidad recurrida constató el peligro que existe para la integridad física de la recurrente, su familia y demás vecinos de Potrerillos de Acosta, debido a la fuerte escorrentía de las aguas pluviales que discurren desde la ruta 209 hacia dicha zona, no adoptó las medidas correspondientes para corregir dicho problema. Así las cosas desde el año 2009 y principios del presente año, la Municipalidad puso en conocimiento del CONAVI del problema que genera la ruta 209; sin embargo el CONAVI fue omiso ante tales gestiones presentadas por el Alcalde Municipal. No obstante, no consta la ejecución de algún otro acto por parte de la Municipalidad tendente a solucionar dicha cuestión. Reiteradamente la Sala ha indicado que el papel de las Municipalidades no se debe de limitar a trasladar los problemas de salud, ambiental a otros entes, sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A juicio de esta Sala, la Municipalidad de Acosta teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de la zona de Potrerillos de Acosta se ha limitado a constatar su existencia, trasladar el problema al CONAVI y así evadir su responsabilidad y deberes lo que demuestra una incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia, con el consecuente perjuicio y amenaza a la salud de las personas. Debe recordarse que en situaciones como la presente, en las que debido a la falta de infraestructura adecuada se está provocando inundaciones y falseamiento de terrenos, la actuación de la Municipalidad debe de ser célere dado que un retraso en la ejecución de las obras de infraestructura podría ser incluso fatal, dado que está de por medio la integridad física y la salud de los vecinos de la zona. Aún cuando se admita que la Administración debe sujetarse al contenido presupuestario, lo cierto del caso es que ha omitido su responsabilidad y no ha tomado las medidas pertinentes en aras de proteger la salud e integridad física de los miembros de su comunidad. Recuérdese que las Municipalidades, por su cercanía con el ciudadano, son las primeras llamadas a cumplir sus obligaciones y deberes para con el administrado de forma eficaz y eficiente, tal como es proporcionar y mantener en buen estado y en correcto funcionamiento el desfogue de las alcantarillas. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Acosta por la violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio de los recurrentes y demás vecinos de la zona de San Ignacio de Acosta y se ordena que deberá realizar en forma inmediata las acciones efectivas para reducir el peligro inminente que existe y deberá iniciar las obras para solucionar el problema del alcantarillado en dicho lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que coordine con los entes correspondientes que puedan gestionar para que ese alcantarillado y el correspondiente desfogue de aguas sea el adecuado.” ... Ver más *110047760007CO* Res. Nº 2011009153 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y treinta y nueve minutos del ocho de julio del dos mil once.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 11-004776-0007-CO, interpuesto por NURIA MARÍA CAMPOS CASTRO, cédula de identidad 0107720490 contra la MUNICIPALIDAD DE ACOSTA, el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.
Resultando:
1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:05 horas del 25 de abril de 2011, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Acosta, el Instituto Mixto de Ayuda Social; el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y manifiesta que su casa de habitación se ubica en San Ignacio de Acosta y que desde hace varios años se encuentra en peligro, producto de las aguas pluviales que son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas que recolectan todas las aguas provenientes de varios caseríos que se encuentran en los niveles superiores a su propiedad. Señala que la situación se ha visto agravada en los últimos años debido al aumento de nuevas construcciones, de la instalación de una tubería y alcantarilla por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para encausar las aguas provenientes de la ruta 209 y principalmente por los acontecimientos climáticos que han afectado la zona seriamente en los últimos años, por lo que se ha constituido en un gran peligro, ya que el desagüe que pasa a un lado de su propiedad es cada vez más grande y está falseando el terreno. Destaca que originalmente en ese lugar sólo se encontraban algunas pequeñas casas y otras infraestructuras de actividad pecuaria, y que la Municipalidad de aquel entonces, con el consentimiento de los dueños, instaló una alcantarilla e hizo un caño de cemento y piedra que se extendía a lo largo de lo que hoy es el lindero de su propiedad, el cual iba a desembocar a la quebrada del lugar. Dicho caño funcionó sin problema alguno hasta hace aproximadamente unos diez años pero debido a las causas ya mencionadas, el incremento de las aguas ha sido tal, que lo han desaparecido en su totalidad. Afirma que en reiteradas ocasiones ha remitido gestiones a la Municipalidad de Acosta para que resuelvan el problema, pero a la fecha no ha recibido respuesta alguna y lo único que se le ha manifestado verbalmente es que no se puede hacer nada al respecto porque el dueño de la propiedad en donde se encuentra el problema, es hermano del Alcalde y le sugieren que plantee su caso ante el I.M.A.S. o al Ministerio de Salud, para que sean ellos quienes determinen los responsables y que velen porque las aguas corran normalmente sin generar ningún daño. Agrega que ante una gestión suya, el Ministerio de Salud le indicó que de conformidad con lo previsto en los numerales 94 y 95 de la Ley de Aguas no podía intervenir, lo anterior, pese a que el problema que afronta no tiene un origen natural sino de la intervención del hombre, puesto que esas aguas son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas implementados por las diferentes instancias gubernamentales, las cuales no concluyeron la infraestructura adecuada para el manejo de las aguas. Asegura que ante la respuesta del Ministerio de Salud se dirigió de nuevo a la Alcaldía Municipal recurrida en donde se le indicó verbalmente que no hay presupuesto. Asevera que ha sido tanta su insistencia y esfuerzo por luchar para proteger su casa que volvió a dirigirse a la Municipalidad, oportunidad en que con la ayuda de la Secretaria Municipal redactó una nueva carta dirigida al Concejo Municipal con fecha 03 de agosto de 2010, por medio de la cual solicitó su intervención para que remitieran su caso al I.M.A.S. para que le ayuden en la construcción de un muro que le permita minimizar el deterioro de su terreno, el cual si continúa dañándose, pronto socavará su casa, gestión de la cual tampoco ha recibido respuesta. Menciona que el año pasado las lluvias afectaron fuertemente la zona de Acosta y que su propiedad no fue la excepción, que el caudal por donde baja el agua a un costado de su casa, se hizo tan grande que, inclusive hubo momentos en donde el agua se metió en su casa, arrastrando piedras y troncos que pusieron en peligro a toda su familia y que en los meses de septiembre y octubre que fueron los meses más lluviosos, tuvo que irse a alquilar una casa en otro lugar porque era demasiado el peligro, ya que cada vez era más el agua que caía y se está dañando más porque el terreno se está falseando. En virtud de lo anterior, su vecino le permitió desviar el agua un poco a su terreno y por un tiempo, mientras se soluciona al problema pero recientemente dicho vecino metió maquinaria para encausar las aguas a su caudal original, poniendo nuevamente en alto riesgo su propiedad. Agrega que se aproxima el invierno y que ello le preocupa mucho ya que la Municipalidad recurrida no ha resuelto nada, por lo que nuevamente mediante nota del 14 de marzo anterior, se dirigió en este mismo sentido al Concejo Municipal, sin que haya obtenido respuesta alguna. Solicita la pronta intervención y una solución definitiva a su problema.
2.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de abril de 2011, se recibe copia de escrito dirigido al Director Ejecutivo del CONAVI, y suscrito por la subdirectora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el que se solicita informe técnico de los hechos alegados por la recurrente.
3.- Informa bajo juramento María Luisa Ávila Agüero en su condición de Ministra de Salud, que el 14 de junio de 2006 se realizó una visita a la casa de la recurrente en virtud de una denuncia presentada, y en esa oportunidad se verificó que existía un desagüe en la propiedad del vecino de aproximadamente 40 metros de largo, 70 cms de ancho y un metro de profundidad, el cual recibía un gran caudal de aguas pluviales provenientes de la carretera y de viviendas ubicadas a un nivel superior y a un metro con respecto a la propiedad de la recurrente, lo cual le fue informado a la recurrente. Posteriormente, el 28 de abril del año en curso, se realizó otra inspección a la vivienda de la amparada y se confeccionaron las órdenes sanitarias respectivas contra el Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Acosta, y al Director del CONAVI, las cuales se estarán notificando para que procedan a corregir el daño ocasionado. De conformidad a la visita efectuada, los inspectores constataron que en la zona denunciada existen problemas graves debido a varios factores: la abundancia de aguas pluviales, pasos de alcantarillas, no existe una apropiada construcción para depositar y encauzar adecuadamente y sanitariamente las aguas pluviales, por lo que debido a lo anterior se les giró las ordenas sanitarias No. 001-29-4-2011 y No. 002-29-4-2001 y No. 03-29-4-200 para que presenten un plan, propuesta y diseño de la solución al problema de las aguas pluviales en ese sector, en el que se incluye la vivienda de la recurrente, la construcción de un sistema adecuado para depositar y encauzar adecuadamente y sanitariamente las aguas pluviales. Solicita se declare sin lugar el recurso 4.- Informa bajo juramento Francisco J. Jiménez en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes (ver documento presentado a las 16:20 hrs. del 03 de mayo de 2011), que el presente amparo se encuentra prescrito porque desde hace diez años que los caños empezaron a tener problemas y es hasta ahora es que recurre a la Sala y además lo alegado es un asunto de legalidad. No obstante, el caño y el alcantarillado son servicios públicos que le corresponden a las Municipalidades y la administración de la ruta 209 que pasa por San Ignacio de Acosta, le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa bajo juramento Carlos Acosta Monge en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, que el 5 de mayo de 2011 el Gerente de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, mediante informe técnico Nº DR (Región Central)-33-11-0058, le comunicó que realizó visita en la propiedad de la recurrente, constatando el daño denunciado, además de que se trata de una calle cantonal de la localidad de Potrerillos y que las aguas discurren desde el sitio del deslizamiento en La Ortiga, sobre la ruta nacional 209. Manifiesta que el problema requiere una solución integral, que incluye las obras de estabilización de la calzada y la construcción de obras de conducción de aguas hasta un sitio de descarga, de forma tal que asegure que no se cause daño a los vecinos. Indica que este Consejo espera ofrecer una solución con la Contratación Directa Nº 20011-CD-000016-CV0, que se encuentra en proceso de adjudicación, y que se promovió para solucionar los problemas de urgente atención a la ruta nacional 209, dentro de los cuales aparece el deslizamiento de La Ortiga como el más grave y complejo. Estima que la propiedad de la recurrente se encuentra en ruta cantonal de la localidad de Potrerillos, por lo que deberá la Municipalidad de Acosta, tomar las medidas necesarias.
6.- Informa bajo juramento Fernando Marín Rojas, en su condición de Presidente Ejecutivo del IMAS, que la recurrente vive en San Ignacio de Acosta, según ficha de información social aplicada por el IMAS. Señala que la intervención de este Instituto en el caso de la recurrente se deriva de la referencia efectuada por el Área Rectora de Salud del Cantón de Acosta, según oficio Nº 001-30-09-2010 del 30 de septiembre de 2010, en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias de Acosta, en virtud del estado de emergencia producido por la tormenta tropical Thomas en el año 2010, en que los fuertes aguaceros ocasionaron daños en el sector donde vive la recurrente. Debido a lo anterior el 01 de octubre de 2010, se le otorgó a la recurrente un subsidio por emergencia para el pago de alquiler, por la suma de ciento cincuenta mil colones, según consta en resolución Nº 3858 del expediente administrativo y en la carta de compromiso de aportar al IMAS los recibos de alquiler correspondientes. Sostiene que no le consta que anterior a la emergencia descrita, la vivienda de la recurrente se encontrara en peligro, producto de las aguas pluviales que son encausadas por el sistema de caños y alcantarillas que recolectan todas las aguas provenientes de varios caseríos y casas vecinas que se encuentran en los niveles superiores de su propiedad. Asimismo nunca se ha recibido ninguna referencia por parte de la Municipalidad de Acosta o de la recurrente, en que se solicitara otorgar un beneficio a favor de la recurrente para la construcción de un muro. Estima que dentro del ámbito de sus funciones y competencias, este Instituto cumplió a cabalidad con su obligación de ayudar a esta familia en el momento de la emergencia, y que en atención al principio constitucional de coordinación estatal, junto con personeros de otras entidades públicas, se realizó una visita in situ, levantando un censo de algunas familias, incluyendo a la de la recurrente, que deben ser reubicadas por haber sido declaradas sus viviendas como inhabitables. Considera que esas familias deberán solicitar y tramitar el bono de vivienda ante el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que ya se comprometió a entregar hasta la suma de catorce millones de colones, para que se puedan construir nuevamente las viviendas. Señala que el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, indicó que no era procedente la construcción de muros de retención en la zona. Agrega que la reubicación y posterior otorgamiento de vivienda no es competencia dad por el legislador al IMAS. Solicita se declare sin lugar el recurso.
7.- Informa bajo juramento Luis Alberto Durán Gamboa, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Acosta, que mediante oficio fechado 2 de julio de 2009 el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial denunció a la Ingeniera encargada de la rutas nacionales 209-301, el problema de aguas en la ruta 209, las cuales están deteriorando la vía y poniendo en peligro de inundación varias casas, por lo que solicitó la canalización de dichas aguas. Mediante oficio A.M. 337-2009 del 17 de agosto de 2009, el Alcalde Municipal remitió al Director de Conservación Vial copia del memorial OI (1-1)-454-2009 suscrito por la Unidad Técnico de Gestión Vial, en el que se confirma que existe una caída de agua con una pendiente de 6 metros sin desagüe, que se traslada hacia la calle pasando por el lado derecho donde hay una cuneta y se provoca socavación, por lo que solicitó el visado para que el inicio de los trabajos requeridos. El 16 de noviembre de 2009, el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial expuso el problema en mención al Concejo Municipal y propuso como solución la corta de aguas arriba, la eliminación de 100 metros de caudal a la cuneta, encauzar la parte de escorrentía directa y agrandar la caja de registro existente. Nuevamente mediante oficio A.M. 491-2009 de fecha 17 de noviembre de 2009, remitido al Organismo de Inspección se solicitó la intervención en el trayecto San Ignacio-La Esperanza de Acosta de la ruta 209, en virtud de los problemas de deslizamiento que habían sido remitidos al CONAVI sin obtener atención, poniendo en peligro la vidas de los vecinos de la zona. El 01 de febrero de 2010, fue remitida una copia al entonces Alcalde Municipal, del oficio DVOP-385-10(01), dirigido al Director Ejecutivo de CONAVI y suscrito por el Viceministro de Obras Públicas, con indicaciones de que se actuara en el menor plazo posible. El 22 de febrero de 2011, la Municipalidad envío el oficio No. A.M.078-2011 al Director Ejecutivo de CONAVI, mediante el cual solicitó un informe del proceso actual o etapa de gestión de riesgo en el que se encuentra la intervención de la ruta 209. Además, se remitió al Director Ejecutivo del CONAVI, el oficio A.M.140-2011, donde se reiteran las solicitudes de intervención a los problemas expuestos, sin obtener respuesta. Estima que el caso de la recurrente, no es solo un problema de encarrilamiento de aguas pluviales, sino que es un problema más complejo, por cuanto la vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo y en zona de descarga directa del material que eventualmente podría desprenderse de la ladera superior, por lo que se coordinó con el Geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia, para que se realizara un estudio integral de un posible mega deslizamiento en el sector. Explica que tras conocer informes de visitas realizadas en el sitio, se deduce que la recurrente debe ser reubicada por un riesgo inminente, y que es improcedente cualquier obra en el sitio. Solicita se declare sin lugar el recurso.
8.- Informa bajo juramento Mauricio Fallas Durán, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Acosta, en los mismo términos que el informe anteriormente rendido por el Alcalde de esta Municipalidad.
9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Sobre el principio de coordinación. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente, es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger la salud y vida de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación de la salud y el ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión: "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)." (ver sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999).- IV.- Sobre el fondo. En el presente caso de la prueba documental aportada y lo informado bajo juramento por las autoridades recurridas la Sala tiene por demostrado que efectivamente en la zona de San Ignacio de Acosta existe un grave problema de desfogue de aguas pluviales que incluso ha llegado a provocar falseamiento y deslizamientos de terrenos poniendo en peligro la salud y vida de los habitantes de la zona. Debido a que en el presente proceso se encuentran recurridas varias instituciones públicas, se procederá hacer el análisis de la actuación de cada una de ellas en forma independiente.
V.- En cuanto a la actuación de la Municipalidad de Acosta.- En reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que las Municipalidades se encuentran obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de su cantón, ello conforme lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política que encomienda al Gobierno Municipal la administración de los servicios locales e intereses del cantón. Asimismo, esta Sala ha sido clara en indicar que las Municipalidades no pueden escudarse en la falta de presupuesto como justificación para no llevar a cabo acciones tendientes a solventar situaciones que afectan a los habitantes del cantón, pues resulta ilegítimo que se antepongan criterios meramente económicos cuando existen derechos fundamentales que tutelar. Partiendo de lo anterior, en el presente asunto esta Sala verifica una violación al derecho a la salud de la amparada por parte de la Municipalidad accionada, además una falta a la responsabilidad del buen funcionamientos de los servicios públicos y una violación al principio de coordinación, por cuanto a pesar de que desde hace varios años la Municipalidad recurrida constató el peligro que existe para la integridad física de la recurrente, su familia y demás vecinos de Potrerillos de Acosta, debido a la fuerte escorrentía de las aguas pluviales que discurren desde la ruta 209 hacia dicha zona, no adoptó las medidas correspondientes para corregir dicho problema. Así las cosas desde el año 2009 y principios del presente año, la Municipalidad puso en conocimiento del CONAVI del problema que genera la ruta 209; sin embargo el CONAVI fue omiso ante tales gestiones presentadas por el Alcalde Municipal. No obstante, no consta la ejecución de algún otro acto por parte de la Municipalidad tendente a solucionar dicha cuestión. Reiteradamente la Sala ha indicado que el papel de las Municipalidades no se debe de limitar a trasladar los problemas de salud, ambiental a otros entes, sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A juicio de esta Sala, la Municipalidad de Acosta teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de la zona de Potrerillos de Acosta se ha limitado a constatar su existencia, trasladar el problema al CONAVI y así evadir su responsabilidad y deberes lo que demuestra una incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia, con el consecuente perjuicio y amenaza a la salud de las personas. Debe recordarse que en situaciones como la presente, en las que debido a la falta de infraestructura adecuada se está provocando inundaciones y falseamiento de terrenos, la actuación de la Municipalidad debe de ser célere dado que un retraso en la ejecución de las obras de infraestructura podría ser incluso fatal, dado que está de por medio la integridad física y la salud de los vecinos de la zona. Aún cuando se admita que la Administración debe sujetarse al contenido presupuestario, lo cierto del caso es que ha omitido su responsabilidad y no ha tomado las medidas pertinentes en aras de proteger la salud e integridad física de los miembros de su comunidad. Recuérdese que las Municipalidades, por su cercanía con el ciudadano, son las primeras llamadas a cumplir sus obligaciones y deberes para con el administrado de forma eficaz y eficiente, tal como es proporcionar y mantener en buen estado y en correcto funcionamiento el desfogue de las alcantarillas. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Acosta por la violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio de los recurrentes y demás vecinos de la zona de San Ignacio de Acosta y se ordena que deberá realizar en forma inmediata las acciones efectivas para reducir el peligro inminente que existe y deberá iniciar las obras para solucionar el problema del alcantarillado en dicho lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que coordine con los entes correspondientes que puedan gestionar para que ese alcantarillado y el correspondiente desfogue de aguas sea el adecuado.
VI.- En cuanto a la actuación del Área Rectora de Salud de Acosta del Ministerio de Salud.- La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. La Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el citado Ministerio no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Del informe presentado a esta Sala y la prueba documental aportada, se tiene por demostrado que posterior a la interposición del presente proceso los inspectores del Ministerio de Salud verificaron que existe un desagüe en la propiedad vecina a la de la recurrente de aproximadamente seis metros de ancho y 3 metros de profundidad, el cual recibe un gran caudal de aguas pluviales provenientes de la carretera y de viviendas ubicadas a un nivel superior, por lo que actualmente la comunidad de Potrerillos de Acosta sufre problemas graves debido a la abundancia de aguas pluviales y a la falta de canalización. En virtud de lo anterior, la autoridad sanitaria realizó un reconocimiento y giró las órdenes sanitarias respectivas contra el Alcalde, el Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad accionada y el CONAVI, y les ordenó presentar un plan, propuesta y diseño de la solución al problema de las aguas pluviales en ese sector y la construcción de un sistema adecuado para depositar y encauzar adecuadamente las aguas pluviales; no obstante, de dicha actuación no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico, como por ejemplo lo establecido en los artículos 355 y 356 de la Ley General de Salud que faculta a las autoridades de salud competentes a decretar por propia autoridad, medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas y entre ellas podrán dar la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, según corresponda. En el caso bajo estudio, quedó demostrado en autos que más allá de las inspecciones realizadas, no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad para dar solución integral al problema y por ende, tal omisión implica también en cuanto a esta institución, la estimación del recurso debido a que las autoridades sanitarias no le dieron la importancia que el caso amerita lo que ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de todos los habitantes del lugar. En un caso similar, la Sala en sentencia No. 2006-08983 de las once horas dieciséis minutos del veintitrés de junio de 2006 dispuso: “ Estima este Tribunal Constitucional que el Ministerio de Salud ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en tutela del derecho a la salud del amparado y demás vecinos de la urbanización de marras, al no hacer uso de sus potestades legales con el fin de solucionar, definitivamente, el problema sanitario que les afecta y que han denunciado formalmente, pues ha realizado una actividad insuficiente, inoportuna e ineficaz que se comprueba con el hecho de que el problema subsiste, al no haber concretado ninguna acción en ejercicio del poder de policía que le asiste por ley para hacer cumplir sus órdenes. Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones u órdenes sanitarias, sin que se tome medida alguna para corroborar que se hayan cumplido y, lo que es peor, sin que se evidencien de su parte acciones eficaces, verdaderamente encaminadas a resolver en definitiva la problemática sanitaria expuesta, como corresponde para cumplir el fin público que se le ha encomendado, lo que redunda en detrimento de la salud y el medio ambiente y, por consiguiente, en violación del artículo 50 constitucional, situación que resulta intolerable para esta Sala”. Partiendo de lo anterior y no existiendo ningún motivos para variar el criterio expuesto, ni reconsiderar la cuestión, se impone declarar con lugar el recurso con respecto al Ministerio de Salud y se ordena VII.- En cuanto a las actuaciones del CONAVI y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.- De la prueba aportada, se desprende que desde el año 2009 el Alcalde de la Municipalidad recurrida puso en conocimiento del CONAVI el problema aquí discutido y les informó que había una caída de agua con una pendiente de 6 metros sin desagüe, que se trasladaba hacia la calle pasando por el lado derecho donde hay una cuneta y socavaba terrenos, por lo se solicitó la intervención para que se solucionara el problema que era provocado por la ruta 209; sin embargo nunca obtuvo respuesta. La Sala ha tenido por demostrado que la ruta 209 que administra el CONAVI genera problemas de aguas pluviales en la zona, y a pesar de tener pleno conocimiento de ello, no efectúo ningún acto para canalizar debidamente las aguas en coordinación con las otras instituciones responsables. En cuanto a este punto, es importante aclarar que, si bien es cierto el artículo 20 de la Ley General de Caminos establece la obligación de los poseedores de bienes inmuebles, por cualquier título, de dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así ocurra por el desnivel del terreno, se debe de tratar de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento, deterioro o degradación del inmueble o amenazar la vida, como sucede en el presente asunto. En todo caso, es importante tener en cuenta que la administración aceptó la necesidad de llevar a cabo obras en el derecho de vía para solucionar el problema. Así las cosas, ante la inercia de la autoridad demandada para ejecutar los trabajos que le corresponden con el fin de poner fin a la situación que apuntó la recurrente, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el fin de restablecer a la amparada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. En consecuencia, el COSEVI lesionó los derechos fundamentales de la recurrente y demás miembros de la comunidad. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se declara sin lugar el recurso en virtud de que la administración de la Ruta 209 le corresponde al CONAVI.
VIII.- Sobre el derecho de petición y pronta resolución. En el presente caso el recurrente acusa que el 03 de agosto de 2010 solicitó a la Municipalidad recurrida la intervención para que se remitiera su caso al I.M.A.S. para obtener una ayuda en la construcción de un muro y el 14 de marzo de 2011 gestionó ante el Concejo Municipal de la Municipalidad accionada una inspección para dar solución a las inundaciones que provoca la escorrentía de aguas pluviales. No obstante lo anterior, a la fecha de interposición del amparo, 25 de abril de 2011 la autoridad recurrida no ha brindado una respuesta a lo solicitado por la recurrente. Estima este Tribunal que el plazo transcurrido sin darle una respuesta a la recurrente, lesiona de manera directa el derecho de petición y pronta resolución. Finalmente con respecto con la denuncia presentada en el año 2006 ante el Área Rectora recurrida, la misma fue atendida. Por otra parte, en cuanto a la supuesta solicitud presentada ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, bajo fe de juramento el Presidente de la institución manifiesta que no consta que la recurrente haya presentado alguna gestión al respecto o que haya sido trasladada por la Municipalidad accionada, por lo que dicha autoridad no ha lesionado el derecho de petición y pronta resolución.
IX.- Conclusión.- A pesar que las autoridades recurridas reconocen la problemática denunciada, a la fecha, no han adoptado ninguna medida concreta para solucionarla e insisten en trasladarse, recíprocamente, la responsabilidad en cuanto al tema. En criterio de este Tribunal Constitucional, independientemente, de las actuaciones que le correspondan en esta materia a cada una de las autoridades según el marco de sus competencias, lo cierto es que, en el sub examine, queda manifiesta su inercia y falta de eficiencia para atender con prontitud, la situación acusada, lo cual, configura no sólo un quebranto a los derechos al buen funcionamiento de los servicios públicos sino que, esencialmente, implica una transgresión a la obligación objetiva de tutelar la vida y la integridad física de las personas que residen en San Ignacio de Acosta, directamente, afectadas por las inundaciones en cuestión. Aún cuando los representantes del CONAVI aleguen a su favor que ya está en proceso una licitación, que la Municipalidad desde hace varios años acusó la situación al CONAVI y que el Área Rectora giró las ordenes sanitarias respectiva, a la fecha ninguna de las autoridades recurridas han iniciado los trabajos requeridos. Finalmente en cuanto el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se declara sin lugar el recurso. En mérito de las consideraciones expuestas, se impone declarar con lugar el recurso con las consecuencias que a continuación se disponen.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a María Luisa Ávila Agüero, Carlos Acosta Monge, Luis Alberto Durán Gamboa y a Mauricio Fallas Durán respectivamente, en su condición de Ministra de Salud, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal, estos últimos de la Municipalidad de Acosta o a quienes ejerzan el cargo, que coordinen lo necesario para que, que dentro del marco de sus atribuciones y competencias, y en asocio con las instituciones correspondientes realicen todos los actos necesarios para solventar en definitiva el problema de aguas pluviales que se presenta en la comunidad de Potrerillos de San Ignacio de Acosta, lo anterior en un plazo de seis meses contado a partir de la comunicación de la presente resolución. Asimismo, se ordena a la Contraloría General de la República, en la persona del Gerente de Área de Servicios Municipales, que no autorice el presupuesto ni ninguna modificación presupuestaria para el siguiente presupuesto, proveniente de la Municipalidad de Acosta, si no incluye las partidas respectivas para dar cumplimiento a este fallo. Además, debe el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Acosta dar respuesta a las gestiones presentadas por la recurrente los días 3 de agosto de 201 y 14 de marzo de 2011 en el plazo de TRES DÍAS a partir de la notificación de la presente sentencia. En cuanto el Instituto Mixto de Ayuda Social y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes se declara sin lugar el recurso. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Acosta y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a María Luisa Ávila Agüero, Carlos Acosta Monge, Luis Alberto Durán Gamboa y a Mauricio Fallas Durán respectivamente, en su condición de Ministra de Salud, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal, estos últimos de la Municipalidad de Acosta, o a quienes ejerzan dicho cargo EN FORMA PERSONAL. Asimismo, comuníquese la presente resolución al Gerente de Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República. Comuníquese.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Roxana Salazar C.
Paul Rueda L.
Enrique Ulate C.
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