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Res. 07597-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/06/2011
OutcomeResultado
The Chamber ordered the General Directorate of Social Adaptation to promptly conserve the portion of the Amparo Zeledón building it occupies, but denied relief against the Cultural Heritage Center and the Municipality of Goicoechea.La Sala ordenó a la Dirección General de Adaptación Social conservar a la mayor brevedad la parte del edificio Amparo Zeledón que ocupa, pero rechazó el amparo contra el Centro de Patrimonio Cultural y la Municipalidad de Goicoechea.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber decided an amparo concerning deterioration of the Amparo Zeledón building, a declared site of architectural and historical interest partly occupied by the General Directorate of Social Adaptation. It reaffirmed that cultural-heritage protection is a fundamental right derived from the right to culture and Articles 50 and 89 of the Constitution. It also explained that heritage conservation contributes to urban environmental balance and requires effective action by public authorities. The Directorate violated the building’s specially protected status by carrying out work incompatible with its conservation and failing to provide timely and adequate maintenance. Although it reported completed or planned repairs, those measures did not ensure full compliance with its conservation duty. The Chamber ordered prompt conservation of the portion occupied by the Directorate. It denied relief against the Cultural Heritage Center and the Municipality of Goicoechea because they had performed their respective supervisory and maintenance duties, and left disputes concerning the usufruct and the building’s permitted use to administrative or ordinary judicial proceedings.La Sala Constitucional resolvió un amparo por el deterioro del edificio Amparo Zeledón, declarado reliquia de interés arquitectónico e histórico y ocupado parcialmente por la Dirección General de Adaptación Social. Reafirmó que la protección del patrimonio cultural es un derecho fundamental derivado del derecho a la cultura y de los artículos 50 y 89 constitucionales. También señaló que su conservación contribuye al equilibrio ambiental urbano y exige actuaciones efectivas de las autoridades públicas. La Dirección lesionó la protección especial del inmueble al ejecutar obras incompatibles con su conservación y omitir un mantenimiento oportuno y adecuado. Aunque informó sobre reparaciones realizadas o programadas, estas no garantizaban el cumplimiento integral de su deber. La Sala ordenó conservar, a la mayor brevedad, la parte ocupada por esa Dirección. Desestimó el recurso contra el Centro de Patrimonio Cultural y la Municipalidad de Goicoechea porque habían ejercido supervisión y mantenimiento, respectivamente, y remitió las controversias sobre el usufructo y destino del inmueble a la vía ordinaria.
Key excerptExtracto clave
V.- Regarding the General Directorate of Social Adaptation, the Cultural Heritage Research and Conservation Center’s cited 2010 report shows that the Directorate violated the property’s status as an asset of historic architectural value in two respects: by carrying out work incompatible with its conservation and by failing to provide timely and adequate maintenance. In his report, the General Director of Social Adaptation refers to work performed in November 2010 on the Center’s bathrooms, toilets, and washbasins, and states that the entire electrical installation was replaced and that sewage and soapy wastewater were channeled and piped in the Central Archive area. Painting and repairs to gutters and windows are scheduled for this year and await approval by the Research Center. That work would remedy some of the defects identified by the Research Center, but there is no assurance that it fully satisfies the Directorate’s duty to provide the conservation required by the property, and some of it has not yet been performed. The application is therefore granted against the Directorate, and its General Director is ordered to adopt the necessary measures so that, as promptly as possible, the part of the Amparo Zeledón building it occupies receives the conservation appropriate to its status as a property of architectural and historical interest. The judgment shall be served on the Minister of Justice and Peace because the respondent Directorate is attached to that Ministry. Therefore: The application is granted solely against the General Directorate of Social Adaptation. Jorge Rodríguez Bogle, General Director of Social Adaptation, or whoever holds that office, is ordered to adopt the necessary measures so that, as promptly as possible, the part of the Amparo Zeledón building it occupies receives the conservation appropriate to its status as a property of architectural and historical interest. In all other respects, the amparo is denied. The State is ordered to pay the resulting costs, damages, and losses, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction. The official is warned that, under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be obeyed or enforced and fails to obey or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. Serve this decision personally on the respondent and the Minister of Justice and Peace.V.- En cuanto a la Dirección General de Adaptación Social el citado informe de 2010 del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural pone en evidencia que violentó la condición de bien de valor histórico arquitectónico del inmueble en dos vertientes: al ejecutar obras incompatibles con su conservación y al omitir darle mantenimiento oportuno y adecuado. En su informe, el Director General de Adaptación Social señala obras ejecutadas en noviembre de 2010 en los baños, servicios y lavatorios del Centro y refiere que se cambió toda la instalación eléctrica, se encausaron y entubaron las aguas negras y jabonosas en el sector del Archivo Central. Que este año están programados trabajos de pintura, reparación de canoas y ventanas, en fase de aprobación por el Centro de Investigación. Con esas obras se estaría remediando parte de los defectos señalados por el Centro de Investigación, pero no se asegura que ellas satisfacen plenamente el deber de la Dirección de dar la conservación que corresponde al bien y una parte no se ha ejecutado aún. Por lo anterior se declara con lugar el recurso en contra de la Dirección, ordenando a su Director General adoptar las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se de a la parte que ocupa del edificio Amparo Zeledón la conservación que corresponde a su condición de bien de interés arquitectónico e histórico. De la sentencia deberá notificarse al Ministro de Justicia y Paz, por estar adscrita la Dirección accionada a esa Cartera. Por tanto: Se declara con lugar el recurso únicamente en contra de la Dirección General de Adaptación Social. Se ordena a Jorge Rodríguez Bogle, Director General de Adaptación Social, o a quien ocupe su cargo, adoptar las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se de a la parte que ocupa del edificio Amparo Zeledón la conservación que corresponde a su condición de bien de interés arquitectónico e histórico. En lo demás, se declara sin lugar el amparo. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte al funcionario dicho que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese al recurrido y al Ministro de Justicia y Paz la presente resolución en forma personal.
Pull quotesCitas destacadas
"Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano."
"Articles 50 and 89 of the Constitution create an obligation for the State to protect the surroundings in which the nation’s population lives, encompassing both the natural and urban realms."
Considerando III
"Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano."
Considerando III
"la conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el desarrollo urbano"
"the conservation of cultural heritage helps maintain the environmental balance necessary for urban development"
Considerando III
"la conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el desarrollo urbano"
Considerando III
"Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura"
"Within this context, the State’s duty to safeguard or protect cultural heritage arises because it forms part of the Social State under the rule of law, with all its implications, and is therefore understood as a true fundamental right derived from the right to culture."
Considerando III
"Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura"
Considerando III
"no cabe duda que se trata de un bien de los protegidos en el artículo 89 de la Constitución, pues se decretó su formal declaratoria de reliquia de interés arquitectónico e histórico en 1981"
"there is no doubt that this is property protected under Article 89 of the Constitution, since it was formally declared a relic of architectural and historical interest in 1981"
Considerando IV
"no cabe duda que se trata de un bien de los protegidos en el artículo 89 de la Constitución, pues se decretó su formal declaratoria de reliquia de interés arquitectónico e histórico en 1981"
Considerando IV
Full documentDocumento completo
*110059630007CO* Decision No. 2011007597 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seventeen hours and three minutes on catorce de junio del dos mil once.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Daniel Antonio Madrigal Sojo, identity card 0105140703, against the Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, the Dirección General de Adaptación Social, and the Municipalidad de Goicoechea.
Background:
Justice Armijo Sancho drafted the decision; and,
Considering:
I.Subject matter of the proceeding. The petitioner considers that the Dirección General de Adaptación Social’s failure to maintain the portion of the Amparo Zeledón building in Goicoechea that it occupies violates his right to historical and architectural heritage.
II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven as such or because the respondent failed to address them as required in the initial order:
III.Merits. Principally, judgment #2003-3656, issued at 14:43 hours on 7 de mayo de 2007, explains the constitutional significance of protecting historical and architectural heritage in the following terms:
“XVIII.- Articles 50 and 89 of the Constitution impose an obligation upon the State to protect the environment in which the nation’s population lives, encompassing two spheres: the natural and the urban; consequently, the protection of cultural heritage, and more specifically historical and architectural heritage, falls within urban planning regulations (regulaciones de orden urbanístico). In view of the foregoing considerations, it may properly be stated that the preservation of cultural heritage contributes to maintaining the environmental balance necessary for urban development because its effective protection requires respect for urban scale, structure, and dimensions, regulates physical carrying capacity, and calls urban functions and services into question, thereby resulting in better environmental quality; it also contributes to preserving the city’s distinctive image or perceptual coherence, which gives it identity or formal cohesion.” (…)
“XX.- CONCEPTUALIZATION OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AS A FUNDAMENTAL RIGHT. Society’s process of cultural development and the exchange of cultural goods and expressions give rise to a framework of rights and obligations linked to social, political, and economic conditions in the world, such as the population’s growing sociocultural needs; the increasing importance of culture as an essential element of nationality (national identity); the challenges facing the survival of traditional, artisanal, and folkloric cultures; and the importance of the values and expressions of cultural heritage as a fundamental factor in national integration. This demonstrates the need for appropriate regulation encompassing the interests at stake. Within this context arises the State’s duty to safeguard or protect cultural heritage, since it falls within the framework of the social rule-of-law state (Estado Social de Derecho), with all its implications.
Accordingly, it is conceptualized as a true fundamental right (derecho fundamental), derived from the right to culture; it may therefore be enforced against the public authorities responsible for such protection, which translates into the right to demand effective and concrete actions by the Administration to safeguard cultural heritage. This right is grounded in the essential dignity of the human person and in the need to integrate this element into the development of the community; it therefore encompasses not only the individual’s right to personal self-fulfillment, but also the right of the community—the population—to shape its cultural identity, since cultural heritage is an essential element that contributes to this important task. It thus also has implications for the cultural sovereignty of States, specifically with regard to safeguarding the country’s cultural identity and requiring such international cooperation as may and should be provided in this respect.
It is a third-generation right, grounded in the principle of solidarity), and is therefore classified within the category of social rights. It is clearly significant insofar as it affects life in society, since it establishes the right of every individual—as required by the individual’s essential dignity—to participate in the heritage and cultural activity of the community to which that individual belongs; and it creates a duty—a responsibility—on the part of public authorities to provide appropriate means for effective participation, so as to guarantee access to and exercise of this right to the extent permitted by available resources. Culture thus constitutes the most significant element of awareness for safeguarding the essential heritage that defines national identity at various levels, encompassing the protection of folklore, the encouragement of intellectual and artistic endeavors, the promotion of international exchange, the protection of cultural heritage, the promotion of the development of the arts, arts education, and the promotion of books. Thus, every person has a right to culture, just as every person has a right to education, work, and freedom of expression, fundamental rights with which it is directly connected.” (…)
“State assistance in the preservation of this heritage, which takes the form of planning and development planning, specialized technical assistance, and the granting of donations, tax benefits, subsidies, or preferential loans suitable for these purposes to private owners and their users. Such assistance is subject to compliance with certain conditions imposed in the public interest, such as guaranteeing the integrity of buildings, allowing properties to be visited, providing access to parks, gardens, or sites, permitting photographs to be taken, allowing inspections to be conducted, etc.;” Likewise, in judgments #2004-13652 at 18:13 hours on 30 de noviembre de 2004 and #2010-15388 at 11:15 hours on 17 de setiembre del 2010, the matter was protected through the amparo proceeding (proceso de amparo), as it was understood to involve a fundamental right.
IV.In the present case, there is no doubt that the property is among those protected under article 89 of the Constitution, since it was formally declared a relic of architectural and historical interest in 1981. It is therefore appropriate to determine in an amparo proceeding whether serious acts or omissions have occurred that contravene the property’s status as an asset afforded special protection under the legal system. From that perspective, however, there is no evidence that the Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural openly neglected its duty to supervise whether the property was receiving the preservation it required, since report CPC #1080-2010 of 28 de abril de 2010 identified the unlawful alterations that had been made to the building and urged the Ministerio de Justicia to invest in its preservation during the 2011 budget year. Consequently, the amparo claim against that agency must be dismissed.
V.With respect to the Dirección General de Adaptación Social, the aforementioned 2010 report by the Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural demonstrates that it violated the property’s status as an asset of historical and architectural value in two respects: by carrying out works incompatible with its preservation and by failing to provide timely and adequate maintenance. In his report, the Director General de Adaptación Social describes work carried out in noviembre de 2010 on the Center’s bathrooms, toilets, and washbasins, and states that the entire electrical system was replaced and that the sewage and graywater in the Archivo Central area were channeled and piped. Painting and repairs to gutters and windows are scheduled for this year and are pending approval by the Centro de Investigación. Those works would remedy some of the deficiencies identified by the Centro de Investigación, but there is no assurance that they fully satisfy the Directorate’s duty to provide the property with the preservation it requires, and some of the work has not yet been performed.
For these reasons, the petition against the Directorate is granted, and its Director General is ordered to take the necessary measures to ensure that, as soon as possible, the portion of the Amparo Zeledón building occupied by the Directorate receives the preservation required by its status as a property of architectural and historical interest. The judgment must be served on the Ministro de Justicia y Paz because the respondent Directorate is attached to that Ministry.
VI.Finally, it should be noted that a report was requested from the Municipalidad de Goicoechea in its capacity as owner of the property; however, since it has been established that the Municipality provides the property with the required maintenance, the amparo claim against it must be dismissed. This is subject to the clarification that some of the matters it raises fall outside the scope of constitutional law and are incompatible with the summary nature of amparo proceedings. Specifically, these matters concern whether the usufruct (usufructo) imposed as a condition of the donation made by the Dirección General de Adaptación Social—the property’s original titleholder—is subject to a term and, if so, what that term would be, as well as the use to which the portion of the property subject to the usufruct should be put. Those matters must be discussed and decided through administrative proceedings or before the competent ordinary court.
Por tanto:
The petition is granted solely against the Dirección General de Adaptación Social. Jorge Rodríguez Bogle, Director General de Adaptación Social, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary measures to ensure that, as soon as possible, the portion of the Amparo Zeledón building occupied by the Directorate receives the preservation required by its status as a property of architectural and historical interest. In all other respects, the amparo petition is denied. The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses incurred, which shall be assessed during enforcement of the judgment in the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). The aforementioned official is warned that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty. This decision shall be served personally on the respondent and on the Ministro de Justicia y Paz.
Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Roxana Salazar C.
Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
*110059630007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y tres minutos del catorce de junio del dos mil once.
Recurso de amparo interpuesto por Daniel Antonio Madrigal Sojo, cédula de identidad 0105140703, contra el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, la Dirección General de Adaptación Social y la Municipalidad de Goicoechea.
Resultando:
Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Considera el actor contrario a su derecho al patrimonio histórico arquitectónico la falta de mantenimiento que da la Dirección General de Adaptación Social a la parte que posee del edificio Amparo Zeledón en Goicoechea.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.Sobre el fondo. Principalmente en la sentencia #2003-3656 de las 14:43 horas del 7 de mayo de 2007 se desarrolla la relevancia constitucional de la protección del patrimonio histórico arquitectónico, en los siguientes términos:
“XVIII.- Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio cultural, y más específico, del patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro de las regulaciones de orden urbanístico. Es en atención a las anteriores consideraciones que bien puede afirmarse que la conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el desarrollo urbano, al requerir, para su efectiva tutela, el respeto de la escala, la estructura y el dimensionamiento urbanos, regula la capacidad de cargas físicas, cuestiona las funciones y servicios urbanos, lo cual da como resultado, una mejor calidad ambiental; además de que contribuye a mantener la imagen propia o concurrencia perceptiva de la ciudad, lo que le da identidad o cohesión formal.” (…)
“XX.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TUTELA AL PATRIMONIO CULTURAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. El proceso de desarrollo cultural de la sociedad y el intercambio de bienes y expresiones culturales, motivan el surgimiento de un contexto de derechos y obligaciones ligados a situaciones sociales, políticas y económicas del mundo, tales como las crecientes necesidades socioculturales de la población, la importancia cada vez mayor de la cultura como elemento esencial de la nacionalidad (identidad nacional), los problemas de la supervivencia de las culturas tradicionales, artesanales y folklóricas, y la importancia de los valores y expresiones del patrimonio cultural como factor fundamental de integración nacional, lo cual evidencia la necesidad de una adecuada regulación que involucre los intereses en juego. Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura; y por lo tanto es exigible frente a las autoridades públicas responsables de esta tutela, lo cual se traduce en la exigibilidad de actuaciones efectivas y concretas de la Administración que tutelen el patrimonio cultural.
Este derecho tiene su sustento en la dignidad esencial de la persona humana, y en la necesidad de integrar este elemento con el desarrollo de la comunidad; de manera que comprende, no sólo el derecho de la persona a su autorrealización personal, sino también el derecho de la colectividad -población- a conformar su identidad cultural, toda vez que se constituye en un elemento esencial que coadyuva en esta importante tarea, por lo que también tiene implicaciones en la soberanía cultural de los Estados, concretamente en lo que respecta al resguardo de la personalidad cultural del país y a la exigencia de la cooperación internacional que al respecto pueda y deba darse. Es un derecho de la tercera generación, que se sustenta en el principio de solidaridad), por lo que se clasifica en la categoría de los derechos sociales, el cual tiene evidente trascendencia en tanto repercute en la vida en sociedad, por cuanto en virtud de éste se configura un derecho de todo individuo -como exigencia de su dignidad esencial-, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad a que pertenece; y genera el deber -responsabilidad- para las autoridades públicas de propiciar los medios adecuados de participación efectiva para garantizar el acceso y ejercicio de este derecho, en la medida en que los recursos de que disponga lo permitan.
De este modo, la cultura se constituye en el elemento de conciencia más significativo para la salvaguardia del patrimonio esencial que define la identidad nacional en diversos niveles, y que comprende la protección del folklore, el estímulo de intelectuales y artísticas, el fomento del intercambio internacional, la protección del patrimonio cultural, el fomento del desarrollo de las artes, la educación artística y el fomento del libro. Es así como todo hombre tiene derecho a la cultura, del mismo modo que a la educación, al trabajo y la libertad de expresión, derechos fundamentales con los que guarda directa relación.”(…)
“la ayuda estatal en la conservación de este patrimonio, la cual se traduce en la planificación y planeamiento, asistencia técnica especializada, el otorgamiento de donaciones, ventajas fiscales, subsidios o préstamos blandos y adecuados para estos fines a los propietarios privados y sus usuarios, las cuales quedan subordinadas al respeto de ciertas condiciones impuestas en razón del interés público, como el garantizar la integridad de los edificios, la posibilidad de visitar los inmuebles, el tener acceso a los parques, jardines o lugares, tomar fotografías, la realización de inspecciones, etc.;” Asimismo en las sentencias #2004-13652 de las 18:13 horas del 30 de noviembre de 2004 y #2010-15388 de las 11:15 horas del 17 de setiembre del 2010 se tuteló el tema por medio del proceso de amparo, entendiéndolo como derecho fundamental.
IV.En el presente caso, no cabe duda que se trata de un bien de los protegidos en el artículo 89 de la Constitución, pues se decretó su formal declaratoria de reliquia de interés arquitectónico e histórico en 1981, por lo que cabe discutir en amparo si se ha incurrido en actos u omisiones graves que contravengan la condición de bien de protección especial que le confiere el ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, sin embargo, no hay prueba de que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural haya desatendido abiertamente su deber de supervisar que al bien se le de la conservación que requiere, pues, en el informe CPC #1080-2010 del 28 de abril de 2010 destacó las modificaciones ilegales que se habían efectuado al edificio e instado al Ministerio de Justicia a invertir en su conservación en el ejercicio presupuestario 2011. En consecuencia, respecto de esa dependencia debe desestimarse el amparo.
V.En cuanto a la Dirección General de Adaptación Social el citado informe de 2010 del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural pone en evidencia que violentó la condición de bien de valor histórico arquitectónico del inmueble en dos vertientes: al ejecutar obras incompatibles con su conservación y al omitir darle mantenimiento oportuno y adecuado. En su informe, el Director General de Adaptación Social señala obras ejecutadas en noviembre de 2010 en los baños, servicios y lavatorios del Centro y refiere que se cambió toda la instalación eléctrica, se encausaron y entubaron las aguas negras y jabonosas en el sector del Archivo Central. Que este año están programados trabajos de pintura, reparación de canoas y ventanas, en fase de aprobación por el Centro de Investigación. Con esas obras se estaría remediando parte de los defectos señalados por el Centro de Investigación, pero no se asegura que ellas satisfacen plenamente el deber de la Dirección de dar la conservación que corresponde al bien y una parte no se ha ejecutado aún.
Por lo anterior se declara con lugar el recurso en contra de la Dirección, ordenando a su Director General adoptar las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se de a la parte que ocupa del edificio Amparo Zeledón la conservación que corresponde a su condición de bien de interés arquitectónico e histórico. De la sentencia deberá notificarse al Ministro de Justicia y Paz, por estar adscrita la Dirección accionada a esa Cartera.
VI.Cabe señalar, por último, que se requirió informe a la Municipalidad de Goicoechea, en su condición de propietaria del inmueble, pero habiéndose constatado que da el mantenimiento que corresponde al bien, debe desestimarse el amparo en su contra. Lo anterior con la aclaración que parte de los temas que sugiere son ajenos a la materia constitucional y extraños a la sumariedad que caracteriza al amparo. Concretamente si el usufructo al cual se condicionó la donación efectuada por la Dirección General de Adaptación Social –titular originario del bien– está sujeto a plazo y cuál sería ese plazo, así como el destino que deba darse a la parte usufructuada del inmueble. Esos extremos deberán discutirse y definirse en sede administrativa o en la jurisdiccional ordinaria competente.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso únicamente en contra de la Dirección General de Adaptación Social. Se ordena a Jorge Rodríguez Bogle, Director General de Adaptación Social, o a quien ocupe su cargo, adoptar las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se de a la parte que ocupa del edificio Amparo Zeledón la conservación que corresponde a su condición de bien de interés arquitectónico e histórico. En lo demás, se declara sin lugar el amparo. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte al funcionario dicho que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese al recurrido y al Ministro de Justicia y Paz la presente resolución en forma personal.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Roxana Salazar C.
2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
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