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Res. 02076-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/02/2011
OutcomeResultado
The amparo is upheld only for violation of the right of petition (Art. 27 of the Constitution), ordering the respondent institutions to respond to the complaints within fifteen days. The alleged violation of the right to a healthy environment (Art. 50) is dismissed, as it is found that the authorities have not been passive in addressing the pollution of Quebrada Seca.Se declara con lugar el recurso únicamente por violación del derecho de petición (art. 27 CP), ordenando a las instituciones recurridas responder las denuncias en un plazo de quince días. Se desestima la alegada violación al derecho a un ambiente sano (art. 50 CP) al constatarse que las autoridades no han sido omisas en atender la contaminación de la Quebrada Seca.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action against several public institutions regarding pollution of the Quebrada Seca stream in San Joaquín de Flores. The petitioners allege violation of the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution) and the right of petition (Article 27) due to the authorities' inaction and failure to respond to their complaints. The Chamber finds that the respondent authorities have established an Inter-institutional Commission and have taken measures such as denying construction permits, cleaning drainage channels, and monitoring the micro-watershed, thus no violation of Article 50. However, it finds that only the Municipality of Flores responded to the complaints, and it did so belatedly. The other institutions did not inform the petitioners about the handling of their complaints. Therefore, the amparo is upheld only for the violation of the right of petition, ordering the institutions to respond within fifteen days. The State, AyA, and the Municipality are ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra varias instituciones públicas por la contaminación de la Quebrada Seca en San Joaquín de Flores. Los recurrentes alegan violación del derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional) y del derecho de petición (artículo 27 constitucional) ante la falta de acción y respuesta a sus denuncias. La Sala constata que las autoridades recurridas han conformado una Comisión Interinstitucional y han adoptado medidas para atender la problemática, como la denegación de permisos de construcción, limpieza de canales y monitoreo de la microcuenca, por lo que no hay lesión al artículo 50. Sin embargo, comprueba que solo la Municipalidad de Flores respondió las denuncias, y lo hizo tardíamente. Las demás instituciones no informaron a los recurrentes sobre el trámite dado a sus gestiones. En consecuencia, se declara con lugar el amparo únicamente por la violación al derecho de petición, ordenando a las instituciones responder en un plazo de quince días. Se condena al Estado, al AyA y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
III.- On the merits. In the present case, the petitioners allege violation of Article 50 of the Political Constitution due to the lack of action by the respondents regarding the pollution problem affecting Quebrada Seca. [...] However, after analyzing the evidence on record, this Court finds that the respondent authorities formed an Inter-institutional Commission to comply with the aforementioned ruling, and in turn, have adopted a series of measures aimed at solving the problem at Quebrada Seca, [...] actions that, according to the respondents' reports, have reduced the degree of pollution at the site, and by virtue of which this Chamber finds that the respondents have not been passive in the face of the problem facing Quebrada Seca. Therefore, the Court considers there is no violation of Article 50 of the Constitution, so the appeal must be dismissed on this point, but reminding the respondents of their obligation to continue taking the necessary actions to fully comply with ruling 2005-4050. IV.- As a second point, the petitioners allege violation of Article 27 of the Political Constitution due to the lack of response to the complaints they filed with the respondent institutions. After reviewing the case file, the Chamber verifies the petitioners' claim, since more than five months have passed since the filing of these complaints, and only the Municipality of Flores provided a response, which in any case was issued after notification of the order admitting the amparo. In that sense, it should be clarified that although the respondents argue in their reports that the petitioners' complaint is extremely generic and that it was referred by the Commission for compliance with ruling 4050 to the Municipality of Flores and the Ministry of Health for resolution, the fact is that this situation should have been communicated to the interested parties so that they could take the measures they deemed appropriate. Thus, based on the foregoing, the appeal must be upheld on this point.III.- Sobre el fondo. En el presente asunto, los recurrentes acusan lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, en virtud de la falta de acción por parte de los recurridos ante el problema de contaminación que afecta a la Quebrada Seca. [...] Ahora bien, tras analizar los elementos aportados a los autos, este Tribunal constata que las autoridades accionadas conformaron una Comisión Interinstitucional dedicada a dar cumplimiento a lo dispuesto por el pronunciamiento mencionado, y a su vez, han adoptado una serie de medidas tendientes a solventar el problema en la que Quebrada Seca, [...] acciones que según informan los recurridos han logrado disminuir el grado de contaminación del sitio en cuestión, y en virtud de las cuales esta Sala constata que los recurridos no han tenido una actitud omisiva ante el problema que enfrenta la Quebrada Seca. En virtud de lo anterior, el Tribunal considera que no existe lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Carta Fundamental, de ahí que el recurso deba desestimarse en cuanto a este punto, pero recordando a los accionados su obligación de continuar con las acciones del caso para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 2005-4050. IV.-Como segundo punto, los recurrentes acusan lesión al artículo 27 de la Constitución Política ante la falta de respuesta a las denuncias que plantearan ante las instituciones recurridas. Luego de realizar un estudio del expediente la Sala constata el alegato de los accionantes, pues a pesar de que han transcurrido más de cinco meses desde la interposición de las gestiones de cita, únicamente la Municipalidad de Flores brindó contestación a éstas, respuesta que en todo caso, fue emitida con posterioridad a la notificación de la resolución que dio curso al amparo. En ese sentido, conviene aclarar que si bien los recurridos aducen en sus informes que la denuncia de los tutelados resulta sumamente genérica y que ésta fue remitida por la Comisión para el cumplimiento del voto 4050 a la Municipalidad de Flores y al Ministerio de Salud para su resolución, lo cierto es que dicha situación debió ser informada a los interesados, con el fin de que éstos adoptaran las medidas que estimaran pertinentes. Así, en virtud de lo anterior, el recurso debe ser acogido en cuanto a este punto.
Pull quotesCitas destacadas
"la denuncia de los tutelados resulta sumamente genérica y que ésta fue remitida por la Comisión para el cumplimiento del voto 4050 a la Municipalidad de Flores y al Ministerio de Salud para su resolución, lo cierto es que dicha situación debió ser informada a los interesados"
"the petitioners' complaint is extremely generic and that it was referred by the Commission for compliance with ruling 4050 to the Municipality of Flores and the Ministry of Health for resolution, the fact is that this situation should have been communicated to the interested parties"
Considerando IV
"la denuncia de los tutelados resulta sumamente genérica y que ésta fue remitida por la Comisión para el cumplimiento del voto 4050 a la Municipalidad de Flores y al Ministerio de Salud para su resolución, lo cierto es que dicha situación debió ser informada a los interesados"
Considerando IV
"no existe lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Carta Fundamental, de ahí que el recurso deba desestimarse en cuanto a este punto, pero recordando a los accionados su obligación de continuar con las acciones del caso para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 2005-4050"
"there is no violation of Article 50 of the Constitution, so the appeal must be dismissed on this point, but reminding the respondents of their obligation to continue taking the necessary actions to fully comply with ruling 2005-4050"
Considerando III
"no existe lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Carta Fundamental, de ahí que el recurso deba desestimarse en cuanto a este punto, pero recordando a los accionados su obligación de continuar con las acciones del caso para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 2005-4050"
Considerando III
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Size Constitutional Chamber Date of Resolution: February 23, 2011 at 14:31 Case File: 10-014642-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal *100146420007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty-one minutes on February twenty-third, two thousand eleven.
Amparo appeal processed in case file number 10-014642-0007-CO, filed by ADRIANA UMAÑA VARGAS, identity card 1-1362-640, DAVID HERNÁNDEZ CAMACHO, identity card 2-647-124, DIEGO HIDALGO BARRANTES, identity card 1-1306-798, against THE MUNICIPALITY OF FLORES, THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THE MINISTRY OF HEALTH, and THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS.-
Whereas:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.On the merits. In the present matter, the appellants accuse injury to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, by virtue of the lack of action by the respondents regarding the contamination problem affecting Quebrada Seca. On this point, it should be noted that said problem was already known by this Chamber in amparo appeal number 03-001735-0007-CO, which was partially granted by judgment number 2005-4050 at ten hours and two minutes on April fifteenth, two thousand five, in which the now respondent authorities were ordered to adopt a series of measures to comply with several recommendations issued to solve the contamination problem of Quebrada Seca. Now, after analyzing the elements provided to the case file, this Court verifies that the respondent authorities formed an Inter-institutional Commission dedicated to complying with the provisions of the mentioned pronouncement, and in turn, have adopted a series of measures aimed at solving the problem in Quebrada Seca, such as the denial of permits for residential developments that discharge their waters at said site, cleaning of discharge channels and sewers in the canton of Flores, preparation of an Action Plan to address the entire area of influence of the micro-watershed, carrying out monitoring along Quebrada Seca-Río Burío, where contamination sites were detected, education efforts, inspections, coordination, agreements, as well as the issuance of administrative acts to various individuals so that they correct detected situations; actions that, as the respondents report, have managed to reduce the degree of contamination of the site in question, and by virtue of which this Chamber verifies that the respondents have not had an omissive attitude towards the problem facing Quebrada Seca.
Based on the foregoing, the Court considers that there is no injury to the provisions of Article 50 of the Fundamental Charter, and therefore the appeal must be dismissed on this point, but reminding the respondents of their obligation to continue with the relevant actions to faithfully comply with the provisions of judgment 2005-4050.
IV.As a second point, the appellants accuse injury to Article 27 of the Political Constitution due to the lack of response to the complaints they filed before the respondent institutions. After conducting a study of the case file, the Chamber verifies the allegation of the claimants, since despite more than five months having elapsed since the filing of the cited proceedings, only the Municipality of Flores provided a response to them, a response that, in any case, was issued subsequent to the notification of the resolution that admitted the amparo. In that sense, it should be clarified that although the respondents argue in their reports that the complaint of the protected parties is extremely generic and that it was forwarded by the Commission for compliance with ruling 4050 to the Municipality of Flores and the Ministry of Health for resolution, the truth is that said situation should have been reported to the interested parties, so that they could adopt the measures they deemed pertinent. Thus, by virtue of the foregoing, the appeal must be granted on this point.
Therefore:
The appeal is granted, solely with regard to the alleged violation of Article 27 of the Political Constitution. It is ordered that Eduardo Lezama Fernández, in his capacity as Deputy Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Teófilo de la Torre Argüello, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications, and Gustavo Espinoza Chaves, in his capacity as Director of the Belén-Flores Governing Health Area, or whoever holds their positions, carry out the actions within the scope of their competencies so that the complaints filed by the appellants on August twenty-third, twenty-fourth, and twenty-sixth, two thousand ten, are answered within a period of fifteen days, counted from the notification of this response. The respondents, or whoever holds their positions, are warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that they must execute or enforce, issued within an amparo appeal, and does not execute it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished.
The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Flores are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the administrative litigation proceedings.
Ana Virginia Calzada M.
President Luis Paulino Mora M. Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V. Roxana Salazar C.
Rosa Maria Abdelnour G. Jorge Araya G.
160/kmg CASE FILE No. 10-014642-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 10:46:33.
*100146420007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y uno minutos del veintitrés de febrero del dos mil once.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 10-014642-0007-CO, interpuesto por ADRIANA UMAÑA VARGAS, cédula de identidad 1-1362-640, DAVID HERNÁNDEZ CAMACHO, cédula de identidad 2-647-124, DIEGO HIDALGO BARRANTES, cédula de identidad 1-1306-798, contra LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.-
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.Sobre el fondo. En el presente asunto, los recurrentes acusan lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, en virtud de la falta de acción por parte de los recurridos ante el problema de contaminación que afecta a la Quebrada Seca. Sobre el particular, conviene indicar que dicha problemática ya fue conocida por esta Sala en el recurso de amparo número 03-001735-0007-CO, que fuera acogido parcialmente mediante sentencia número 2005-4050 de las diez horas con dos minutos del quince de abril de dos mil cinco, en la que se ordenara a las autoridades ahora recurridas, que adoptaran una serie de medidas a efectos cumplir con varias recomendaciones emitidas para solventar el problema de contaminación de la Quebrada Seca. Ahora bien, tras analizar los elementos aportados a los autos, este Tribunal constata que las autoridades accionadas conformaron una Comisión Interinstitucional dedicada a dar cumplimiento a lo dispuesto por el pronunciamiento mencionado, y a su vez, han adoptado una serie de medidas tendientes a solventar el problema en la que Quebrada Seca, tales como denegación de permisos para urbanizaciones que desfoguen sus aguas en dicho sitio, limpieza de los canales de desfogue y alcantarillado del cantón de Flores, elaboración de un Plan de Acción para atender toda el área de influencia de la microcuenca, realizándose un monitoreo a lo largo de la Quebrada Seca-Río Burío, en donde se detectaron sitios de contaminación, labores de educación, inspecciones, coordinaciones, acuerdos, así como la emisión de actos administrativos a diferentes personas a fin de que corrijan situaciones detectadas; acciones que según informan los recurridos han logrado disminuir el grado de contaminación del sitio en cuestión, y en virtud de las cuales esta Sala constata que los recurridos no han tenido una actitud omisiva ante el problema que enfrenta la Quebrada Seca.
En virtud de lo anterior, el Tribunal considera que no existe lesión a lo dispuesto por el artículo 50 de la Carta Fundamental, de ahí que el recurso deba desestimarse en cuanto a este punto, pero recordando a los accionados su obligación de continuar con las acciones del caso para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 2005-4050.
IV.Como segundo punto, los recurrentes acusan lesión al artículo 27 de la Constitución Política ante la falta de respuesta a las denuncias que plantearan ante las instituciones recurridas. Luego de realizar un estudio del expediente la Sala constata el alegato de los accionantes, pues a pesar de que han transcurrido más de cinco meses desde la interposición de las gestiones de cita, únicamente la Municipalidad de Flores brindó contestación a éstas, respuesta que en todo caso, fue emitida con posterioridad a la notificación de la resolución que dio curso al amparo. En ese sentido, conviene aclarar que si bien los recurridos aducen en sus informes que la denuncia de los tutelados resulta sumamente genérica y que ésta fue remitida por la Comisión para el cumplimiento del voto 4050 a la Municipalidad de Flores y al Ministerio de Salud para su resolución, lo cierto es que dicha situación debió ser informada a los interesados, con el fin de que éstos adoptaran las medidas que estimaran pertinentes. Así, en virtud de lo anterior, el recurso debe ser acogido en cuanto a este punto.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la alegada violación al artículo 27 de la Constitución Política. Se ordena a Eduardo Lezama Fernández, en su calidad de Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a Teófilo de la Torre Argüello, en su calidad de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y a Gustavo Espinoza Chaves, en su calidad de Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores, o a quienes ocupen sus cargos, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que las denuncias planteadas por los recurrentes los días veintitrés, veinticuatro, y veintiséis de agosto de dos mil diez, sean respondidas dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta respuesta. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la Municipalidad de Flores al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M. Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V. Roxana Salazar C.
Rosa Maria Abdelnour G. Jorge Araya G.
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