Res. 04842-2011 Sala ConstitucionalRes. 04842-2011 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110042700007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2011004842 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y cinco minutos del trece de abril del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por JUAN FIGUEROLA LANDI, cédula de identidad 0800820776, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:20 horas del 8 de abril de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que el 24 de febrero del año 2010 presentó ante el recurrido varias solicitudes para constituirse parte en cuatro expedientes diferentes y a la fecha no ha obtenido respuesta a sus trámites. Además, reclama que en marzo de ese año presentó sendas notas para indagar sobre el estado de sus gestiones y tampoco obtuvo respuesta alguna. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El petente alega haber presentado ante el recurrido varias solicitudes para constituirse parte en cuatro expedientes diferentes y afirma que en marzo de ese año presentó sendas notas para indagar sobre el estado de esas gestiones. No obstante, a la fecha no ha obtenido respuesta a ninguno de sus trámites. En relación con lo señalado por la parte recurrente, se resuelve como se dirá en los siguientes considerandos.

II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- Por lo demás, en cuanto a la falta de respuesta a las notas presentadas para indagar sobre el estado de esas gestiones, es importante indicar que resulta improcedente el ejercicio del derecho de información respecto de un procedimiento administrativo, pues reiteradamente ha dicho esta Sala que si existen procesos administrativos no procede ejercer el derecho de petición respecto a ellos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, ya que en ese caso las solicitudes y gestiones de los interesados deben ajustarse a las formalidades y plazos procesales (véase en este sentido la sentencia N° 2011-000601 de las quince horas y veinte minutos del diecinueve de enero del dos mil once).

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Luis Paulino Mora M.

Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Aracelly Pacheco S.

Jorge Araya G.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *110042700007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2011004842 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y cinco minutos del trece de abril del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por JUAN FIGUEROLA LANDI, cédula de identidad 0800820776, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:20 horas del 8 de abril de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que el 24 de febrero del año 2010 presentó ante el recurrido varias solicitudes para constituirse parte en cuatro expedientes diferentes y a la fecha no ha obtenido respuesta a sus trámites. Además, reclama que en marzo de ese año presentó sendas notas para indagar sobre el estado de sus gestiones y tampoco obtuvo respuesta alguna. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El petente alega haber presentado ante el recurrido varias solicitudes para constituirse parte en cuatro expedientes diferentes y afirma que en marzo de ese año presentó sendas notas para indagar sobre el estado de esas gestiones. No obstante, a la fecha no ha obtenido respuesta a ninguno de sus trámites. En relación con lo señalado por la parte recurrente, se resuelve como se dirá en los siguientes considerandos.

II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- Por lo demás, en cuanto a la falta de respuesta a las notas presentadas para indagar sobre el estado de esas gestiones, es importante indicar que resulta improcedente el ejercicio del derecho de información respecto de un procedimiento administrativo, pues reiteradamente ha dicho esta Sala que si existen procesos administrativos no procede ejercer el derecho de petición respecto a ellos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, ya que en ese caso las solicitudes y gestiones de los interesados deben ajustarse a las formalidades y plazos procesales (véase en este sentido la sentencia N° 2011-000601 de las quince horas y veinte minutos del diecinueve de enero del dos mil once).

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Luis Paulino Mora M.

Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Aracelly Pacheco S.

Jorge Araya G.