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Res. 01663-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/02/2011

Extraction of materials in the Térraba River under emergency decreeExtracción de materiales en río Térraba bajo decreto de emergencia

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Court denied the amparo action, holding that the material extraction by the Municipality of Osa complied with Law 8668 and Emergency Decree 34805-MP, without violating fundamental rights.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la extracción de materiales por la Municipalidad de Osa se ajustó a la Ley 8668 y al Decreto de Emergencia 34805-MP, sin violar derechos fundamentales.

SummaryResumen

The Constitutional Court dismissed an amparo action filed by a resident against the Municipality of Osa and other entities, challenging the extraction of materials from the Grande de Térraba River. The petitioner argued the municipality was relying on a national emergency decree (Decree 34805-MP) to obtain unlimited extraction permits without proper controls, despite pending criminal complaints and a competing concession application. The Court held that the municipality's actions were grounded in Law 8668 (Emergency Material Extraction), whose constitutionality had been previously upheld, and that the law itself imposes supervision and control obligations on the municipality. The Court also found that the extraction is not unlimited, being subject to the maximum five-year duration of the declared emergency. The ruling affirms the legality of the special material extraction procedure in national emergencies, coordinated with the National Emergency Commission.La Sala Constitucional desestima un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa y otras entidades, presentado por un vecino que cuestionaba la extracción de materiales del río Grande de Térraba. El recurrente alegaba que la Municipalidad se amparaba en un decreto de emergencia nacional (Decreto 34805-MP) para obtener permisos de extracción de forma ilimitada y sin controles, a pesar de existir denuncias penales y un trámite de concesión concurrente. La Sala concluye que la actuación municipal se ajustó a la Ley 8668 (Extracción de Materiales en Emergencias), cuya constitucionalidad fue previamente avalada, y que la propia ley establece obligaciones de supervisión y control. Además, la Sala constata que la extracción no es ilimitada, pues está sujeta al plazo máximo de cinco años que dure el estado de emergencia. El fallo reafirma la legalidad del procedimiento especial de extracción de materiales en situaciones de emergencia nacional coordinado con la Comisión Nacional de Emergencias.

Key excerptExtracto clave

III.- On the merits. In the concrete case, the petitioner challenges the material extraction activities carried out by the Municipality of Osa in the Térraba River, claiming that these are based on Emergency Decree No. 34805-MP of November 4, 2008, which allows the Municipality to obtain multiple permits to remove materials from rivers for an indefinite period and without the necessary controls. In this regard, this Chamber does not find the respondent authority's actions contrary to the Political Constitution, since they are grounded in Law 8668, norms whose constitutionality was upheld by this Tribunal when it dismissed unconstitutionality action No. 09-009190-0007-CO, thus confirming that the contested actions comply with the principle of legality. Moreover, from the evidence on file, it follows that the possibility of obtaining permits under Law 8668 by the Municipality of Osa is not unlimited as the petitioner claims, since it is limited to the duration of the effects of Emergency Decree 34805-MP, which may not exceed five years. Likewise, a reading of Article 3 of Law 8668 reveals that the municipality has a duty to supervise and control the extraction activities, thereby refuting the alleged lack of controls as argued by the petitioner. Therefore, the appropriate course is to dismiss the amparo action.III.-Sobre el fondo. En el caso concreto, el recurrente cuestiona las labores de extracción de material que realiza la Municipalidad de Osa en el Río Térraba, pues afirma que éstas se fundamentan en el Decreto de Emergencia número 34805-MP del cuatro de noviembre de dos mil ocho, lo que hace que la Municipalidad pueda obtener múltiples permisos para sacar materiales de ríos, por plazo indefinido y sin contar con los controles necesarios. Sobre el particular, debe indicarse que esta Sala no considera que la actuación de la autoridad recurrida resulte contraria a lo dispuesto por la Constitución Política, toda vez que ésta tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 8668, normas cuya constitucionalidad fue avalada por este Tribunal, al desestimar la acción de inconstitucionalidad número 09-009190-0007-CO, de ahí que se constate que la actuación recurrida se encuentra apegada al principio de legalidad. Por otra parte, conviene indicar que del estudio de los elementos aportados a los autos, se deduce que la posibilidad de obtener permisos al amparo de la ley 8668 por parte de la Municipalidad de Osa, no es ilimitada tal y como alega el accionante, toda vez que ésta se encuentra reducida al plazo en que duren los efectos derivados del Decreto de Emergencia 34805-MP, el que no podrá extenderse más de cinco años. Asimismo, de la lectura del artículo 3 de la ley 8668 se desprende que existe una obligación de la municipalidad de supervisar y controlar las labores de extracción, de ahí que se descarte la supuesta inexistencia de controles, tal y como aduce el recurrente. Así, en virtud de lo anterior, lo procedente es desestimar el recurso planteado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "esta Sala no considera que la actuación de la autoridad recurrida resulte contraria a lo dispuesto por la Constitución Política, toda vez que ésta tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 8668, normas cuya constitucionalidad fue avalada por este Tribunal"

    "this Chamber does not find the respondent authority's actions contrary to the Political Constitution, since they are grounded in Law 8668, norms whose constitutionality was upheld by this Tribunal"

    Considerando III

  • "esta Sala no considera que la actuación de la autoridad recurrida resulte contraria a lo dispuesto por la Constitución Política, toda vez que ésta tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 8668, normas cuya constitucionalidad fue avalada por este Tribunal"

    Considerando III

  • "la posibilidad de obtener permisos al amparo de la ley 8668 por parte de la Municipalidad de Osa, no es ilimitada tal y como alega el accionante, toda vez que ésta se encuentra reducida al plazo en que duren los efectos derivados del Decreto de Emergencia 34805-MP, el que no podrá extenderse más de cinco años"

    "the possibility of obtaining permits under Law 8668 by the Municipality of Osa is not unlimited as the petitioner claims, since it is limited to the duration of the effects of Emergency Decree 34805-MP, which may not exceed five years"

    Considerando III

  • "la posibilidad de obtener permisos al amparo de la ley 8668 por parte de la Municipalidad de Osa, no es ilimitada tal y como alega el accionante, toda vez que ésta se encuentra reducida al plazo en que duren los efectos derivados del Decreto de Emergencia 34805-MP, el que no podrá extenderse más de cinco años"

    Considerando III

  • "de la lectura del artículo 3 de la ley 8668 se desprende que existe una obligación de la municipalidad de supervisar y controlar las labores de extracción"

    "from a reading of Article 3 of Law 8668 it follows that the municipality has a duty to supervise and control the extraction activities"

    Considerando III

  • "de la lectura del artículo 3 de la ley 8668 se desprende que existe una obligación de la municipalidad de supervisar y controlar las labores de extracción"

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Res: No. 2011-001663 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours and thirty-seven minutes on the eleventh of February of two thousand eleven.

An amparo appeal processed in case file number 09-005122-0007-CO, filed by EDGAR ANTONIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, identity card 6-154-806, of legal age, resident of Puerto Cortés, against the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS), THE MINISTRY OF THE PRESIDENCY (EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA), THE MUNICIPALITY OF OSA (LA MUNICIPALIDAD DE OSA), THE DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINES OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS (LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES) AND THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL).

Resultando:

1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber at eleven hours and forty-two minutes on the first of April of two thousand nine, the appellant filed an amparo appeal against the Municipality of Osa, the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, the Ministry of the Presidency, and the National Environmental Technical Secretariat, and states that on the twenty-ninth of December of two thousand eight, he filed a criminal complaint against the Municipal Mayor of Osa for the crime of Illegal Extraction of Materials, which is being processed under case file number 08-000427-0629-PE in the Prosecutor's Office of Osa. He also indicates that based on the notice of submission of an Environmental Impact Statement (Estado de Impacto Ambiental) published in the newspaper La Teja, it was stated that the Developer Municipality of Osa submitted to the National Environmental Technical Secretariat an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the project named CDP-Río Grande de Térraba, to carry out the extraction and processing of materials to be executed in the canton of Osa, this according to case file number 1093-2009. Thus, he argues that on the sixteenth of January of two thousand nine, he addressed a note to said Secretariat, opposing the claims of the Municipality of Osa, due to the criminal complaint filed, such that “According to a note of the twentieth of February of two thousand nine, signed by ING. Eduardo Murillo M., DAP Coordinator, where they warn the Municipal Mayor of Osa that he has fifteen business days to present the documentary evidence (sic) necessary to proceed with due process. To date, I do not know what evidence was presented, since the complaint is in process at the Prosecutor's Office of Osa (sic).” He indicates that the Municipality of Osa relies on the Emergency Decree (Decreto de Emergencia) number 34805-MP of the fourth of November of two thousand eight, which declared a national emergency due to tropical depression number sixteen, which caused soil saturation, overflowing of rivers and streams, among other disasters. He comments that in his canton, the damage was not such, and furthermore, it appears that the effects of that declaration are permanent, a reason that allows for the issuance of multiple permits to extract materials from rivers without the necessary controls. Based on the foregoing, he argues that thanks to the complaints he has filed against the respondent Mayor, the latter has been unable to obtain authorization for a concession to exploit fine sand material, and therefore, in a clever manner, has taken advantage of the aforementioned decree, which led to the removal of many truckloads of this material on the day this appeal was filed, which were left at a Municipality of Osa depot in Ciudad Cortés. He adds that “The strangest part of the present case is that the place where the fine sand material extraction is being carried out is a property where a company is processing a Concession for that purpose; and Geología y Minas authorizes said extraction overriding the procedures already completed by the company called ESCOSA...” He considers that the described actions are contrary to the Political Constitution, and therefore requests that the appeal be granted.

2.- José Francisco Castro Muñoz, in his capacity as Director of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, reports under oath (folio 27) that through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34805-MP, which took effect on the twelfth of October of two thousand eight and was published in the Official Gazette (La Gaceta) number 213 on the fourth of November of two thousand eight, given the situation caused by the low-pressure system that evolved into a tropical depression, a state of emergency was declared in, among others, the cantons of Montes de Oro, Esparza, Puntarenas, Garabito, Parrita, Aguirre, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores, and Coto Brus of the Province of Puntarenas. On the twenty-third of October of two thousand eight, in the Official Gazette number 205, Law 8668 (Ley 8668) was published, which regulates the Extraction of Materials from Quarries and Public Domain Watercourses (Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público) by Municipalities, also regulating a special exploitation permit in the event of declared national emergencies and in cases of imminent risk of emergency. On the eighteenth of February of two thousand nine, the Municipality of Osa, in accordance with Decree 34805-MP and resolution PRE-086-2009 of the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) of the fourth of February of two thousand nine, and based on Law 8668, informed the respondent Directorate of the extraction of materials in the Térraba River to carry out rehabilitation and reconstruction activities on various roads located in the District of Palmar of the canton of Osa. He states that the effects of Emergency Decree 34805-MP are not permanent, as the appellant seems to understand, according to the provisions of Articles 30 and 37 of the National Emergency Law (Ley Nacional de Emergencias), and numeral 9 of the decree. Regarding the controls on the extraction work carried out by the Municipality, he states that Article 3 of Law 8668, in its points 4 and 5, provides for supervision activities of said work. He indicates that through official letter DGM-RNM-158-2007 of the twelfth of March of two thousand seven, in compliance with the provisions of Article 36 of the Mining Code (Código de Minería), the respondent Directorate informed the Municipality of Osa that within a period of sixty calendar days, it had to express its interest or lack thereof in the area requested by the company Equipos Solvar S.A. Said request was answered affirmatively on the fourteenth of May of two thousand seven, and it is currently being processed. He alleges that despite the foregoing, the Municipality may carry out material extraction in accordance with the regulations of Law 8668. He adds that on the date indicated by the appellant, the twenty-ninth of December of two thousand eight, or before that day, there was no request for the extraction of materials in the Térraba River watercourse (cauce) filed by the Municipality of Osa under an Emergency Decree or through the National Emergency Commission, which is why no authorization was granted by the respondent Directorate to carry out any type of extraction in the Térraba River by the Municipality on the date indicated by the appellant.

3.- Rodrigo Arias Sánchez, in his capacity as Minister of the Presidency (Ministro de la Presidencia), reports under oath (folio 51) that it is true that by Executive Decree number 34805 of the twentieth of October of two thousand eight, a state of national emergency was decreed in a series of cantons, including Osa. He argues that said declaration is due to the state's duty to provide protection to citizens within the national territory, in order to protect their lives, property, and physical integrity, as well as the environment, against dangerous events or disasters that may occur, as provided for in Article 3 of the National Law on Emergencies and Risk Prevention (Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo). He adds that the declaration in the cited decree is effective from the twelfth of November of two thousand eight and until the National Emergency Commission submits a technical study supporting the completion of all emergency phases indicated by law. He argues that according to the provisions of Article 30 of Law 8488 (ley 8488), the Commission has a maximum period of five years to complete said phases, and to date, no request has been received from said institution for the cessation of the state of emergency. Based on the foregoing, he requests that the appeal filed be dismissed.

4- Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental), reports under oath (folio 61) that the environmental assessment document D1 has been submitted for its corresponding analysis since the nineteenth of February of two thousand nine, by the responsible Environmental Consultants for an Artisanal Extraction Project on the Río Grande de Térraba. She argues that SETENA grants environmental viability (viabilidad ambiental) only to corresponding projects, and therefore, the exploitation permits or mining concessions are granted by the Directorate General of Geology and Mines (Dirección General de Geología y Minas), which is governed by Law 6797 (ley 6797). Based on the foregoing, she requests that the appeal filed be dismissed.

5.- Vanessa Rosales Ardón, in her capacity as President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), reports under oath (folio 68) that through Executive Decree number 34805-MP, published in the official gazette La Gaceta number 213 on the fourth of November of two thousand eight, a national emergency was declared due to the tropical depression named number 16, which includes the canton of Osa. She argues that the Municipality has carried out a series of proceedings to request a pronouncement from the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response for the extraction of materials, which were resolved by resolutions PRE-1806-2008, PRE-1811-2008, PRE-009-2009, PRE-086-2009, and PRE-177-2009. She alleges that the cited proceedings are based on Law 8668 (ley 8668), which in its Article 3 establishes the procedure that local governments must follow for the exploitation of minerals in the event of a declared national emergency. This law must be read in conjunction with Article 3 of Law 8488 (Ley 8488), which establishes the Principle of Solidarity, considering the attention to the needs of the most vulnerable as a priority under the precepts of equity and reason, and given that such urgencies were present, as recorded in the documentation provided by the Municipality of Osa, the provisions of Law 8668 were applicable. Based on the foregoing, she requests that the appeal filed be dismissed.

6.- Eugenio Nájera Santamaría, in his capacity as President of the Council of Osa (Presidente del Concejo de Osa), reports under oath (folio 178) that it is true that the appellant filed two complaints before the Prosecutor's Office of Osa, which are being processed jointly under case file 08-000427-629. He clarifies that said complaint is not formally filed against the Mayor, but against an unknown person. On the twelfth of March of two thousand seven, the Head of the Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines (Jefe del Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas) of MINAET informed the Municipality of the existence of an application by a private party called Equipos Solvar S.A. that was processing an application for a public domain watercourse (cauce en dominio público), and therefore a period of sixty calendar days was granted to the respondent corporation to pronounce or demonstrate its interest in carrying out the extraction to execute public works. He explains that since the Municipality does not have sources of materials for repairing the various local roads, the Municipal Mayor sent official letter DAM-ALCAOSA-307-2007 of the eleventh of May of two thousand seven, informing the Directorate of its interest in the consulted area. He indicates that as part of the procedures to obtain the material extraction concession in the watercourse of the Río Grande de Térraba, once the respective application has been submitted to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) of MINAET, the corresponding Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) must be processed before SETENA, hence on the twelfth of September of two thousand seven, the Initial Environmental Assessment document for the project CDP-Río Grande de Térraba was submitted to said institution, which was assigned case file 1093-2004-SETENA. After conducting the respective inspection, through resolution 052-2008-SETENA of the eleventh of January of two thousand eight, SETENA communicated that it granted a maximum period of one year for the submission of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). He argues that in accordance with current legislation, SETENA published a notice in a National Circulation Newspaper, in this case, the newspaper La Teja, for the purpose of allowing any interested party to refer to the application submitted by the Municipality. As a result of said publication, the appellant filed an opposition alleging the existence of a complaint being processed before the Courts of Justice against the Municipal Mayor, and therefore SETENA sent the municipality official letter SG-DAP-322-2009-SETENA of the twentieth of February of two thousand nine, which referred to the appellant's opposition and granted a period to present documentary evidence in defense. In response to said document, the Mayor sent official letter DAM-ALCAOSA-225 of the twenty-fifth of February of two thousand nine. Regarding Emergency Decree 34805-MP of the fourth of November of two thousand eight, he states that according to the provisions of Article 5 of Law 7914 (Ley 7914), once a state of emergency is declared, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response may, in the exercise of its regulations, conduct the damage assessment and submit a report to the Executive Branch, for which it may have the support of the municipality. He alleges that the appellant is incorrect when he claims that the damage in the canton was not considerable. He reports that in accordance with the provisions of official letters DAM-ALCAOSA-870-2008 and DAM-ALCAOSA-874-2008, both of the sixth of November of two thousand eight, the Presidency of the cited Commission, based on the referred Emergency Decree, issued a certification endorsing the Municipality of Osa's request for the extraction of materials for the repair of the canton's roads that had been affected by the emergency, conditioning the extraction process on the expiration of the emergency declaration. He explains that according to the provisions of Article 3 of Law 8668 (ley 8668), it will suffice for the municipality, in coordination with the cited Commission, to inform the Directorate of Geology and Mines of the information referred to in that numeral, in order to proceed with the extraction work. He points out that by official letter DAM-ALCAOSA-97-2009 of the fourth of February of two thousand nine, the Municipal Mayor informed the President of the National Emergency Commission of the information to carry out the extraction in various rivers, including the Río Grande de Térraba. By official letter DAM-ALCAOSA-101-2009 of that same day, the Mayor informed the Directorate of Geology and Mines of MINAET of the information indicated by Law 8668 to begin the extraction of materials. Said procedure was processed in the Directorate of Geology and Mines under case file 32CNE-2009. In a supplementary manner, official letter DAM-ALCAOSA-260-2009 of the tenth of March of two thousand nine was sent to the Directorate, because the volume to be extracted was not sufficient to achieve the objective of repairing many of the defined roads. Based on the foregoing, he requests that the appeal filed be dismissed.

7.- Jorge Alberto Cole De León, in his capacity as Mayor, and Eugenia Nájera Santamaría, in her capacity as President of the Council, both of the Municipality of Osa, report under oath (folio 193) and reiterate what the latter stated in the report rendered at folio 118 of the case file.

8.- By judgment number 2009-15413 at seventeen hours and twenty-four minutes on the twenty-ninth of September of two thousand nine, the Constitutional Chamber ordered the joinder of amparo appeal number 09-005122-0007-CO with the present matter.

9.- By judgment number 2010-003768 at sixteen hours and four minutes on the twenty-third of February of two thousand ten (folio 289), the Constitutional Chamber suspended the present amparo appeal, until the unconstitutionality action being processed under case file number 09-009190-0007-CO was resolved.

10.- By judgment number 2010-015738 at fourteen hours and fifty-four minutes on the twenty-second of September of two thousand ten, the Constitutional Chamber declared the unconstitutionality action number 09-009190-0007-CO without merit.

11.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

  • a)On the twelfth of March of two thousand seven, the Head of the Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines (Jefe del Registro de Minas de la Dirección de Geología y Minas) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications informed the Municipality of Osa that there was an application from a private party called Equipos Solvar S.A. for obtaining a permit for a public domain watercourse (cauce en dominio público), and therefore a period of sixty calendar days was granted for it to pronounce or demonstrate its interest in carrying out the extraction to execute public works. Said application was addressed through official letter DAM-ALCAOSA-307-2007 of the eleventh of May of two thousand seven, in which the Municipality expressed its interest in the consulted area. (Report at folio 178 of the case file).
  • b)On the eleventh, fourteenth, and twenty-sixth of November of two thousand eight, and the fourth of February of two thousand nine, the Municipal Mayor of Osa requested the President of the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) to grant authorization for the extraction of the material necessary to address the problems generated by the events that motivated Emergency Declaration number 34805-MP. (Folios 130 to 134, 138 to 152, 153 to 156 and 160 to 166 of the case file).
  • c)By resolutions PRE-1806-2008 at fourteen hours and twenty-five minutes on the twenty-fourth of November of two thousand eight, PRE-1811-2008 at sixteen hours and twenty minutes on the twenty-sixth of November of two thousand eight, and PRE-086-2009 at sixteen hours and five minutes on the fourth of February of two thousand nine, the National Emergency Commission authorized the requests made by the Municipality of Osa. (127 to 129, 135 to 137 and 157 to 159 of the case file) d) By official letter DAM-ALCAOSA-101-2009 of the fourth of February of two thousand nine, the Mayor of Osa informed the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) of MINAET of the rehabilitation and reconstruction activities of different roads located in the District of Palmar of the canton of Osa, for which materials extracted from the Térraba River would be used, a procedure that was processed under case file 32CNE-2009 in the cited Directorate. Said information was expanded by official letter DAM-ALCAOSA-260-2009 of the tenth of March of two thousand nine. (Report at folio 124 and folio 39 of the case file).

II.- Facts not proven. None of relevance for the resolution of the appeal.

III.- On the merits. In the specific case, the appellant challenges the material extraction work carried out by the Municipality of Osa in the Térraba River, claiming that it is based on Emergency Decree number 34805-MP of the fourth of November of two thousand eight, which allows the Municipality to obtain multiple permits to extract materials from rivers, for an indefinite period and without the necessary controls. Regarding this matter, it must be indicated that this Chamber does not consider that the action of the respondent authority is contrary to the provisions of the Political Constitution, given that it is based on the provisions of Law 8668 (ley 8668), norms whose constitutionality was endorsed by this Court when it dismissed unconstitutionality action number 09-009190-0007-CO, hence it is verified that the challenged action complies with the principle of legality. Moreover, it is worth indicating that from the study of the elements provided in the case file, it is deduced that the possibility of obtaining permits under Law 8668 by the Municipality of Osa is not unlimited, as the claimant alleges, since it is reduced to the period in which the effects derived from Emergency Decree 34805-MP last, which may not extend more than five years. Likewise, from the reading of Article 3 of Law 8668, it is clear that there is an obligation on the part of the municipality to supervise and control the extraction work, thus dismissing the alleged non-existence of controls, as argued by the appellant. Thus, by virtue of the foregoing, it is appropriate to dismiss the appeal filed.

Por tanto:

The appeal is declared without merit.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *090051220007CO* Res: Nº 2011-001663 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y treinta y siete minutos del once de febrero del dos mil once.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 09-005122-0007-CO, interpuesto por EDGAR ANTONIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, cédula de identidad 6-154-806, mayor, vecino de Puerto Cortés contra LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, LA MUNICIPALIDAD DE OSA, LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas con cuarenta y dos minutos del primero de abril de dos mil nueve, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa, la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que el veintinueve de diciembre de dos mil ocho interpuso una denuncia penal contra el Alcalde Municipal de Osa, por el delito de Extracción Ilegal de Materiales, la que se tramita bajo el expediente número 08-000427-0629-PE en la Fiscalía de Osa. Indica además que con base en el aviso de presentación de Estado de Impacto Ambiental publicado en el Periódico La Teja, se dijo que la Desarrolladora Municipalidad de Osa, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental un estudio de impacto ambiental del proyecto de nombre CDP-Río Grande de Térraba, para desarrollar la extracción y procesamiento de materiales a ejecutarse en el cantón de Osa, ello según expediente número 1093-2009. Así las cosas, aduce que el dieciséis de enero de dos mil nueve dirigió una nota a la Secretaría dicha, donde se opuso a las pretensiones de la Municipalidad de Osa, en razón de la denuncia penal incoada, de manera que “Según nota de veinte de febrero de dos mil nueve, suscrita por el ING. Eduardo Murillo M. Coordinador de DAP, donde le previenen al señor Alcalde Municipal de Osa que tiene quince días hábiles para que presente las pruebas documental (sic) de descargo necesarias para dar el debido trámite. Que hasta el día de hoy no se que pruebas presento ya que la denuncia se encuentra en proceso en la Fiscalía de Osa (sic)”. Indica que la Municipalidad de Osa se ampara en el Decreto de Emergencia número 34805-MP de cuatro de noviembre de dos mil ocho, donde se declaró emergencia nacional con motivo de la depresión tropical número dieciséis, que generó saturación de suelos, desbordamiento de ríos y quebradas, entre otros desastres. Comenta que en su cantón los daños no fueron tales, además que pareciera que los efectos de esa declaratoria fueran permanentes, motivo que da cabida para la emisión de múltiples permisos para sacar materiales de ríos sin contar con los controles necesarios. Por lo dicho, arguye que gracias a las denuncias que ha interpuesto contra el Alcalde recurrido, éste no ha podido optar por la autorización de una concesión para la explotación de material de arena fina, por lo que, en forma astuta, se ha aprovechado del decreto aludido, lo que motivó que el día de la interposición del presente recurso, sacaran muchas vagonetas de este material las cuales se dejaron en un plantel de la Municipalidad de Osa en Ciudad Cortés. Agrega que “Lo más raro del presente caso en (sic) que en el lugar que se está realizando la extracción de material arena fina es una propiedad donde una empresa está tramitando una Concesión para tal fin; y Geología y Minas autoriza dicha extracción pasando por encima los trámites ya realizados por la sociedad denominada ESCOSA…” Estima que las actuaciones descritas resultan contrarias a la Constitución Política, por lo que solicita se acoja el recurso.

2.- Informa bajo juramento José Francisco Castro Muñoz, en su calidad de Director de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 27), que mediante Decreto Ejecutivo número 34805-MP, que rige a partir del doce de octubre de dos mil ocho y publicado en la Gaceta número 213 del cuatro de noviembre de dos mil ocho, ante la situación provocada por la baja presión que evolucionó a depresión tropical, se declaró en estado de emergencia, entre otros, los cantones de Montes de Oro, Esparza, Puntarenas, Garabito, Parrita, Aguirre, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus de la Provincia de Puntarenas. El veintitrés de octubre de dos mil ocho, en la Gaceta número 205, se publicó la Ley 8668, que norma la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, regulando además un permiso especial de explotación en caso de emergencias nacionales declaradas y en caso de riesgo inminente de emergencia. El dieciocho de febrero de dos mil nueve, la Municipalidad de Osa, de conformidad con el Decreto 34805-MP, y la resolución PRE-086-2009 de la Comisión Nacional de Emergencias del cuatro de febrero de dos mil nueve, y con base en la Ley 8668, comunicó a la Dirección recurrida la extracción de materiales en el Río Térraba para realizar actividades de rehabilitación y reconstrucción de diferentes caminos ubicados en el Distrito de Palmar del cantón de Osa. Manifiesta que los efectos del Decreto de Emergencia 34805-MP, no son permanentes como parece entenderlo el recurrente, según lo dispuesto por los artículos 30 y 37 de la Ley Nacional de Emergencias, y el numeral 9 del decreto de cita. En lo que atañe a los controles de las labores de extracción realizadas por la Municipalidad, manifiesta que el artículo 3 de la Ley 8668, en sus puntos 4 y 5 dispone que existen actividades de supervisión de dichas labores. Indica que mediante oficio DGM-RNM-158-2007 del doce de marzo de dos mil siete, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 36 del Código de Minería, la Dirección recurrida le comunicó a la Municipalidad de Osa que en el plazo de sesenta días naturales, debía manifestar su interés o no sobre el área solicitada por la sociedad Equipos Solvar S.A. Dicha solicitud fue respondida afirmativamente el catorce de mayo de dos mil siete, siendo que la misma se encuentra en trámite. Alega que a pesar de lo anterior, la Municipalidad podrá realizar extracción de materiales de acuerdo con lo regulado por la ley 8668. Agrega que a la fecha señalada por el recurrente veintinueve de diciembre de dos mil ocho, o antes de ese día, no existía solicitud para la extracción de materiales en el cauce del Río Térraba, presentada por la Municipalidad de Osa en virtud de un Decreto de Emergencia o por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, razón por la cual no existe autorización otorgada por la Dirección accionada para realizar ningún tipo de extracción en el Río Térraba por parte de la Municipalidad, a la fecha indicada por el recurrente.

3.-Informa bajo juramento Rodrigo Arias Sánchez, en su calidad de Ministro de la Presidencia (folio 51), que es cierto que por Decreto Ejecutivo número 34805 del veinte de octubre de dos mil ocho, se decretó estado de emergencia nacional en una serie de cantones, entre ellos el de Osa. Aduce que dicha declaratoria obedece al deber estatal de brindar protección a los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, en aras de proteger sus vidas, bienes e integridad física, así como el ambiente frente a los sucesos o desastres peligrosos que puedan ocurrir, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Agrega que el decreto citado la declaratoria rige desde el doce de noviembre de dos mil ocho y hasta que la Comisión Nacional de Emergencias remita un estudio técnico en el que se respalde el cumplimiento de todas las fases de emergencia señaladas por ley. Aduce que según lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 8488, la Comisión cuenta con un plazo máximo de cinco años para finalizar dichas etapas, siendo que a la fecha no se ha recibido solicitud por parte de dicha institución para el cese del estado de emergencia. Por lo expuesto, solicita que se desestime el recurso planteado.

4-Informa bajo juramento Sonia Espinoza Valverde, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 61) que existe presentado para su correspondiente análisis el documento de evaluación ambiental D1 desde el diecinueve de febrero de dos mil nueve, por parte de los Consultores Ambientales responsables para un Proyecto de Extracción Artesanal sobre el Río Grande de Térraba. Aduce que la SETENA otorga viabilidad ambiental únicamente a los proyectos que correspondan, por lo que los permisos de explotación o concesión minera son otorgados por la Dirección General de Geología y Minas que se rige por la ley 6797. Por lo expuesto, solicita que se desestime el recurso planteado.

5.- Informa bajo juramento Vanessa Rosales Ardón, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (folio 68), que mediante Decreto Ejecutivo número 34805-MP, publicado en el diario oficial La Gaceta número 213 del cuatro de noviembre de dos mil ocho, se declara emergencia nacional con motivo de la depresión tropical denominada la número 16, el cual incluye al cantón de Osa. Aduce que la Municipalidad ha realizado una serie de gestiones para solicitar pronunciamiento a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la extracción de materiales, los que fueron resueltos por resoluciones PRE-1806-2008, PRE-1811-2008, PRE-009-2009, PRE-086-2009, y PRE-177-2009. Alega que las gestiones de cita se fundamentan en la ley 8668, que en su artículo 3 establece el procedimiento que los gobiernos locales deben seguir para la explotación de minerales en caso de emergencia nacional declarada. Dicha ley debe concordarse con el artículo 3 de la Ley 8488 que establece el Principio de Solidaridad, considerando prioritaria la atención de las necesidades de los más vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón, y estando presentes tales urgencias, conforme consta en la documentación aportada por la Municipalidad de Osa, era aplicable lo dispuesto por la ley 8668. Por lo expuesto, solicita que se desestime el recurso planteado.

6.- Informa bajo juramento Eugenio Nájera Santamaría, en su calidad de Presidente del Concejo de Osa (folio 178), que es cierto que el recurrente presentó ante la Fiscalía de Osa dos denuncias, las cuales se tramitan en conjunto bajo el expediente 08-000427-629. Aclara que dicha denuncia no es planteada contra el Alcalde formalmente, sino contra una persona ignorada. El doce de marzo de dos mil siete, la Jefe del Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas del MINAET, le comunicó a la Municipalidad sobre la existencia de una solicitud de un particular denominado Equipos Solvar S.A. que tramitaba una solicitud de cauce en dominio público, por lo que se confirió un plazo de sesenta días naturales a la corporación recurrida para pronunciarse o demostrar su interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales. Explica que dado que la Municipalidad no cuenta con fuentes de materiales para reparación de los distintos caminos vecinales, el Alcalde Municipal remitió el oficio DAM-ALCAOSA-307-2007 del once de mayo de dos mil siete, comunicando a la Dirección el interés en el área consultada. Indica que como parte de los trámite para obtener la concesión de extracción de materiales en el cauce del Río Grande de Térraba, una vez presentada la respectiva solicitud ante la Dirección de Geología y Minas del MINAET, debe tramitarse la correspondiente Viabilidad Ambiental ante la SETENA, de ahí que el doce de septiembre de dos mil siete, se presentó ante dicha institución el documento de Evaluación Ambiental inicial del proyecto CDP-Río Grande de Térraba, al que se asignó el expediente 1093-2004-SETENA. Una vez realizada la respectiva inspección, mediante resolución 052-2008-SETENA del once de enero de dos mil ocho, la SETENA comunicó que otorgaba un plazo máximo de un año para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Aduce que conforme la legislación vigente, la SETENA publicó un anuncio en un Diario de Circulación Nacional, en el caso de marras, el Periódico La Teja, con el propósito de que cualquier interesado pudiera referirse a la solicitud presentada por la Municipalidad. A raíz de dicha publicación, el recurrente interpuso una oposición alegando la existencia de una denuncia que se tramitaba ante los Tribunales de Justicia contra el Alcalde Municipal, de ahí que SETENA remitió a la municipalidad el oficio SG-DAP-322-2009-SETENA del veinte de febrero de dos mil nueve, en el que se refería a la oposición del recurrente, y concedía un plazo para que se presentara la prueba documental de descargo. En respuesta a dicho documento, el Alcalde remitió el oficio DAM-ALCAOSA-225 del veinticinco de febrero de dos mil nueve. En lo que atañe al Decreto de Emergencia 34805-MP del cuatro de noviembre de dos mil ocho, manifiesta que conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 7914, una vez declarado un estado de emergencia, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, puede en ejercicio de su normativa realizar la evaluación de los daños y presentar un informe al Poder Ejecutivo, para lo cual podrá contar con el apoyo de la municipalidad. Alega que el recurrente no lleva razón cuando afirma que los daños en el cantón no fueron de consideración. Informa que de conformidad con lo dispuesto por los oficios DAM-ALCAOSA-870-2008 y DAM-ALCAOSA-874-2008, ambos del seis de noviembre de dos mil ocho, la Presidencia de la Comisión de cita, con fundamento en el referido Decreto de Emergencia, emite una constancia avalando la solicitud de la Municipalidad de Osa para la extracción de materiales para la reparación de los caminos del cantón que habían sido afectados con la urgencia, condicionando el proceso de extracción al vencimiento de la declaratoria de emergencias. Explica que conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 8668, bastará con que la municipalidad en coordinación con la Comisión de cita, comunique a la Dirección de Geología y Minas la información a la que se hace referencia en el numeral, para que se proceda con las labores extractivas. Señala que por oficio DAM-ALCAOSA-97-2009 del cuatro de febrero de dos mil nueve, el Alcalde Municipal comunicó al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias la información para realizar la extracción en diversos ríos, entre ellos el Río Grande de Térraba. Por oficio DAM-ALCAOSA-101-2009 de ese mismo día, el Alcalde comunicó a la Dirección de Geología y Minas del MINAET, la información señalada por la ley 8668 para iniciar la extracción de materiales. Dicha gestión se tramitó en la Dirección de Geología y Minas bajo el expediente 32CNE-2009. En forma complementaria, se remitió a la Dirección el oficio DAM-ALCAOSA-260-2009 del diez de marzo de dos mil nueve, debido a que el volumen a extraer no era suficiente para alcanzar el objetivo de arreglar muchas de las vías definidas. Por lo expuesto, solicita que se desestime el recurso planteado.

7.-Informan bajo juramento Jorge Alberto Cole De León, en su calidad de Alcalde, y Eugenia Nájera Santamaría, en su calidad de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Osa (folio 193), y reiteran lo dicho por el segundo en el informe que rindiera a folio 118 del expediente.

8.-Por sentencia número 2009-15413 de las diecisiete horas con veinticuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil nueve, la Sala Constitucional ordenó acumular el recurso de amparo número 09-005122-0007-CO, al presente asunto.

9.- Por sentencia número 2010-003768 de las dieciséis horas con cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez (folio 289), la Sala Constitucional suspendió el presente recurso de amparo, hasta tanto no fuera resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramitaba bajo el expediente número 09-009190-0007-CO.

10.- Por sentencia número 2010-015738 de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del veintidós de septiembre del dos mil diez, la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad número 09-009190-0007-CO.

11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El doce de marzo de dos mil siete, el Jefe del Registro de Minas de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio, Ambiente, Energía y Telecomunicaciones informó a la Municipalidad de Osa que existía una solicitud de un particular denominado Equipos Solvar S.A para la obtención de un permiso de cauce en dominio público, por lo que se le confería un plazo de sesenta días naturales para que se pronunciara o demostrara su interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio DAM-ALCAOSA-307-2007 del once de mayo de dos mil siete, en la que la Municipalidad manifestaba su interés en el área consultada. (Informe a folio 178 del expediente).
  • b)Los días once, catorce y veintiséis de noviembre de dos mil ocho, y cuatro de febrero de dos mil nueve, el Alcalde Municipal de Osa solicitó al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que se le otorgara autorización para la extracción del material necesario para atender los problemas generados por los hechos que motivaron la Declaratoria de Emergencia número 34805-MP. (Folios 130 a 134, 138 a 152, 153 a 156 y 160 a 166 del expediente).
  • c)Por resoluciones PRE-1806-2008 de las catorce horas con veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, PRE-1811-2008 de las dieciséis horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho y PRE-086-2009 de las dieciséis horas con cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil nueve, la Comisión Nacional de Emergencias autorizó las solicitudes hechas por la Municipalidad de Osa.( 127 a 129, 135 a 137 y 157 a 159 del expediente) d) Por oficio DAM-ALCAOSA-101-2009 del cuatro de febrero de dos mil nueve, el Alcalde de Osa comunicó a la Dirección de Geología y Minas del MINAET las actividades de rehabilitación y reconstrucción de diferentes caminos ubicados en el Distrito de Palmar del cantón de Osa, para lo que se utilizaría materiales extraídos del Río Térraba, gestión que se tramitó bajo el expediente 32CNE-2009 en la Dirección citada. Dicha información fue ampliada por oficio DAM-ALCAOSA-260-2009 del diez de marzo de dos mil nueve. (Informe a folio 124 y folio 39 del expediente).

II.-Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución del recurso.

III.-Sobre el fondo. En el caso concreto, el recurrente cuestiona las labores de extracción de material que realiza la Municipalidad de Osa en el Río Térraba, pues afirma que éstas se fundamentan en el Decreto de Emergencia número 34805-MP del cuatro de noviembre de dos mil ocho, lo que hace que la Municipalidad pueda obtener múltiples permisos para sacar materiales de ríos, por plazo indefinido y sin contar con los controles necesarios. Sobre el particular, debe indicarse que esta Sala no considera que la actuación de la autoridad recurrida resulte contraria a lo dispuesto por la Constitución Política, toda vez que ésta tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 8668, normas cuya constitucionalidad fue avalada por este Tribunal, al desestimar la acción de inconstitucionalidad número 09-009190-0007-CO, de ahí que se constate que la actuación recurrida se encuentra apegada al principio de legalidad. Por otra parte, conviene indicar que del estudio de los elementos aportados a los autos, se deduce que la posibilidad de obtener permisos al amparo de la ley 8668 por parte de la Municipalidad de Osa, no es ilimitada tal y como alega el accionante, toda vez que ésta se encuentra reducida al plazo en que duren los efectos derivados del Decreto de Emergencia 34805-MP, el que no podrá extenderse más de cinco años. Asimismo, de la lectura del artículo 3 de la ley 8668 se desprende que existe una obligación de la municipalidad de supervisar y controlar las labores de extracción, de ahí que se descarte la supuesta inexistencia de controles, tal y como aduce el recurrente. Así, en virtud de lo anterior, lo procedente es desestimar el recurso planteado.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Luis Paulino Mora M. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Roxana Salazar C.

Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G.

160/lgarrop

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    • Ley 8668 Art. 3
    • Decreto Ejecutivo 34805-MP
    • Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 8488 Art. 30

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