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Res. 09041-2009 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2009
OutcomeResultado
The Court granted the amparo, ordering immediate cleanup of water sources, a single plan coordinated by the Ministry of Health, and issuance of decrees on pesticide limits in drinking water.La Sala declaró con lugar el recurso y ordenó el saneamiento inmediato de las fuentes de agua, la elaboración de un plan único coordinado por el Ministerio de Salud, y la emisión de decretos sobre límites de plaguicidas en agua potable.
SummaryResumen
The Constitutional Court reviewed an amparo filed by residents of Milano, El Cairo, Luisiana, and La Francia de Siquirres, who claimed that the pineapple company FRUTEX S.A. contaminated their drinking water sources with pesticides (bromacil and diuron), violating their rights to health and a healthy environment. They alleged omissions by the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Ministry of Environment and Energy, and the Municipality of Siquirres. The Court confirmed persistent trace levels of bromacil and diuron in the aqueducts, based on studies by the National Water Laboratory. Although authorities had taken palliative measures—such as distributing water via tanker trucks since August 2007 and forming an inter-institutional commission—no definitive solution had been achieved, thereby breaching the fundamental right to drinking water derived from the rights to health, life, and a healthy environment. The appeal was granted, ordering the institutions to immediately begin cleanup and elimination of pesticide residues in the water sources, to develop and implement a single plan under the Ministry of Health’s coordination, and for the Intersectoral Commission to issue within a reasonable time decrees regulating the presence of bromacil and diuron in drinking water.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de las comunidades de Milano, El Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, quienes alegaron que la empresa piñera FRUTEX S.A. contaminó con plaguicidas (bromacil y diurón) las fuentes de agua que abastecen sus acueductos, afectando su derecho a la salud y a un ambiente sano. Los recurrentes señalaron omisiones del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Municipalidad de Siquirres en atender y resolver el problema. La Sala tuvo por acreditada la presencia persistente de trazas de bromacil y diurón en los acueductos, confirmada por estudios del Laboratorio Nacional de Aguas. Consideró que si bien las autoridades adoptaron medidas paliativas, como la distribución de agua en camiones cisterna desde agosto de 2007 y la conformación de una comisión interinstitucional, no se había alcanzado una solución definitiva, vulnerando el derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos a la salud, la vida y un ambiente sano. Declaró con lugar el recurso y ordenó a las instituciones iniciar inmediatamente el saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua, elaborar y ejecutar un plan único bajo coordinación del Ministerio de Salud, y a la Comisión Intersectorial emitir en un plazo razonable los decretos para normar la presencia de bromacil y diurón en agua de consumo humano.
Key excerptExtracto clave
Thus, considering that in the present case each of the institutions involved, within the scope of their competencies, have failed in their obligation to provide a resource fundamental to human beings such as drinking water, the appeal must be granted, ordering the Ministers of Environment, Energy and Telecommunications, the Minister of Health, and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to immediately adopt all necessary measures to definitively solve the water supply problem suffered by the inhabitants of the community of Milano de Siquirres so that these people may enjoy, under equal conditions, an efficient and adequate drinking water service that is one hundred percent potable. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall inform this Court of the measures adopted to solve the problem. [...] The appeal is granted. María Luisa Ávila Agüero, in her capacity as Minister of Health, Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications, and Ricardo Sancho Chavarria, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are ordered to immediately begin the process of cleanup and elimination of pesticide residues from the water sources that supply the aqueduct of the community of Milano de Siquirres. They are warned that each appealed body and entity shall determine, in accordance with their own legal competencies, the individual actions they are obliged to carry out, within a SINGLE PLAN that as parts of the State Administration they must execute jointly.Así las cosas, al considerarse que en el presente caso cada una de las instituciones en cuestión dentro del ámbito de sus competencias han incumplido con la obligación de satisfacer un recurso fundamental para el ser humano como es el abastecimiento de agua potable, el recurso debe ser estimado, ordenándose a los Ministros de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la Ministra de Salud y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que de inmediato adopten todas las medidas que sean necesarias para darle solución definitiva al problema de abastecimiento de agua que sufren los habitantes de la comunidad de Milano de Siquirres a fin de que estas personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de un eficiente y adecuado servicio de agua potable que sea cien por ciento potable. De lo anterior, deberá el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, poner en conocimiento de esta Sala cuales fueron las medidas que adoptaron para solucionar el problema.- [...] Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Ricardo Sancho Chavarria, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes, en su lugar ejerzan esos cargos, que de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua de las que se abastece el acueducto de la comunidad de Milano de Siquirres. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.
Pull quotesCitas destacadas
"En reiteradas resoluciones esta Sala ha reconocido un derecho fundamental al agua potable; sobre éste, se pronunció en la resolución Nº 2006-005606, de las 15:21 hrs. del 26 de abril del 2006, de la siguiente manera: «VII.-El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local...»"
"In repeated rulings this Court has recognized a fundamental right to drinking water; on this matter, it pronounced in Resolution No. 2006-005606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006, as follows: "VII.- Access to drinking water as a human right. In addition to the above, and perhaps the most relevant aspect of this issue, is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here the obvious and well-known reality that without water there can be no life, nor quality of life, and therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this issue is not and cannot be a territorial or local issue...""
Considerando IV
"En reiteradas resoluciones esta Sala ha reconocido un derecho fundamental al agua potable; sobre éste, se pronunció en la resolución Nº 2006-005606, de las 15:21 hrs. del 26 de abril del 2006, de la siguiente manera: «VII.-El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local...»"
Considerando IV
"Así las cosas, al considerarse que en el presente caso cada una de las instituciones en cuestión dentro del ámbito de sus competencias han incumplido con la obligación de satisfacer un recurso fundamental para el ser humano como es el abastecimiento de agua potable, el recurso debe ser estimado..."
"Thus, considering that in the present case each of the institutions involved, within the scope of their competencies, have failed in their obligation to provide a resource fundamental to human beings such as drinking water, the appeal must be granted..."
Considerando V
"Así las cosas, al considerarse que en el presente caso cada una de las instituciones en cuestión dentro del ámbito de sus competencias han incumplido con la obligación de satisfacer un recurso fundamental para el ser humano como es el abastecimiento de agua potable, el recurso debe ser estimado..."
Considerando V
"Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado."
"The Minister of Health and whoever holds that position is designated as the principal responsible for this plan and its complete fulfillment, which means that the Head of Health must immediately inform this Court if any obstacle arises in their coordinating role to achieve the objective ordered herein."
Por tanto
"Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado."
Por tanto
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Type of Matter: Amparo action *080045400007CO* Res. No. 2009-09041 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten-thirty hours on the twenty-ninth of May of two thousand nine.
An amparo action filed by ALVARO FALLAS RODRIGUEZ, ANA LORENA ARTAVIA BRENES, ANTONIO CASTRO D., CARLOS LUIS VARGAS MURCIA, CARLOS VALVERDE ALVAREZ, DAVID LACAYO LEON, DELIA ISABEL QUINTANA RAMIREZ, EDWIN CAMPOS, ELIAN QUESADA ARIAS, ELIAS QUESADA CRUZ, FELIX MARTINEZ D., FELIX RODRIGUEZ LORIA, GERARDO FERNANDEZ ARCE, GILBERTO SANCHEZ, GUISELLE QUESADA CRUZ, IRMA QUESADA, JERYKA LEDEZMA MC CARTHY, JESUS QUIROS ARCE, JOHANNA ARGUEDAS PICADO, JOSE CAMBRONERO M., JOSE CASTILLO, JOSE MANUEL JIMENEZ CARVAJAL, JUNIOR LOPEZ SANCHEZ, LEONORA BENET E., LIDIANA PERCY QUINTANA, LILLIANA MONTERO CAMPOS, LUZ ARIAS, MARLEN JINESTA SALAS, MARTIZA ZUÑIGA GUZMAN, MARVIN BARRANTES MURILLO, MAYRA PICADO ROJAS, NOYLIN PEREZ QUINTANA, OLDEMAR PEREZ PEREZ, PONCIANO BARQUERO MONTENEGRO, REBECA ARGUEDAS PICADO, ROGELIO RAMIREZ JIMENEZ, ROSA BARRANTES, ROSAURA MC CARTHY BENNETT, VICTORIA CRUZ ESQUIVEL and WILLIAM BENAVIDES RODRIGUEZ, against FRUTAS DE EXPORTACION FRUTEX S.A., the MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA, and the MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.
Whereas:
It affirms that, in application of the principles of risk, health safety, and protection of the area of influence up to the point of the water intakes (captaciones), there are treatment systems to eliminate those substances; the institution began delivering potable water by means of cistern trucks, a measure that will remain in effect until the trace concentrations of pesticide are below the limit of quantification or detection of the analysis method (D: Detectable but not quantifiable, or ND: Not Detectable), or until the permitted limits of those substances, their use, and application are regulated via national regulation. It indicates that in 1996, the Watershed Department of AyA called the attention of the Municipality of Siquirres and the regional authorities to the risks of land-use change (cambio de uso de la tierra) and the risks of water contamination related to the planting of pineapple in areas immediately adjacent to the captured springs (nacientes).
It maintains that from 2002 to 2004, the National Water Laboratory, together with the National University (UNA), carried out a study in which persistent contamination of bromacil, diuron, and triadimefon was determined at trace levels in the aqueducts of El Cairo, Milano, and Luisiana de Siquirres, with values less than 10 micrograms per liter (μg/L). Subsequently, in 2005 and 2006, the National Water Laboratory (LNA), with the support of the UNA laboratory, conducted studies in which the persistent presence of the three aforementioned pesticides was confirmed. It maintains that, by virtue of the foregoing, the Executive Presidency of AyA, the Ministry of Health, the Ministry of the Environment, and the Ministry of Agriculture adopted a series of urgent measures such as communicating said situation to the senior officials of the companies involved, with the objective of taking corrective measures such as:
Drafted by Magistrate Salazar Cambronero; and,
Considering:
I.PURPOSE OF THE APPEAL.- The appellants allege a violation of the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined, respectively, in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, due to the omission of the respondent authorities, within the scope of their powers, to provide a solution to the problem of contamination with Bromacil and Diuron—agrochemicals used in pineapple production—that exists in the aqueduct of Milano de Siquirres and that prevents them from consuming water for personal use.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through international regulations. In this sense, this Constitutional Court, in Ruling No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:
“(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)”.
Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which provides, as relevant:
“(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)”.
In relation to the foregoing, this Chamber, by means of Judgment No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ordered the following:
“(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each of the individuals that make up the national community does not suffer harm from third parties, in relation to these rights, but must also assume the responsibility of achieving the favorable social conditions so that each person may enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (…)”.
On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right and, in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a comptroller of compliance with the obligations deriving from the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitution, which constrain the State not only to recognize the indicated rights, but also to use materially and legally legitimate means to guarantee them.
In reiterated resolutions, this Chamber has recognized a fundamental right to potable water; regarding this, it pronounced itself in Resolution No. 2006-005606, of 3:21 p.m. on April 26, 2006, as follows:
«VII.- Access to potable water as a human right. In addition to what has been indicated, and perhaps the most relevant aspect in this matter, is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation of the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this matter is not and cannot be a territorial or local matter. The Chamber itself in its constitutional jurisprudence has stated that access to potable water is a fundamental human right, insofar as it forms an integral part of the content of the right to health and to life. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923). This same line has been maintained in judgments 2003-04654 and 2004-07779, which, as relevant, state:
“V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and declared in numerous others of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a healthy environment 1.- Every person has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services”. The lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).
V.REGARDING THE PRESENCE OF CHEMICAL SUBSTANCES IN THE SOURCES OF THE MILANO DE SIQUIRRES AQUEDUCT AND THE IMPACT ON PEOPLE'S HEALTH. In the first place, the appellants allege that the chemical substances (pesticides) used by the respondent company for pineapple monoculture contaminate the sources from which the Milano de Siquirres aqueduct is supplied. From the report issued by the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which is given under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, and the evidence in the record, it is proven that in 2005 the National Water Laboratory detected the presence of bromacil and diuron—agrochemicals used in pineapple plantations—in the water wells that supply the El Cairo and Milano aqueducts, both in Siquirres de Limón (report of ICAA, at folios 442 and following).
Certainly, from the analyses performed, the level has not exceeded the tolerance standards for potable water of the U.S. Environmental Protection Agency, which are applied as a reference, since in Costa Rica there is no regulation that sets them. In the first results referring to 2005, the average value of bromacil was 20 times below those standards and diuron 3 times. Since mid-2007, the value of the substance diuron has been below the detection limits (folio 440). Furthermore, in the sampling carried out on November 29, 2007—as indicated by the Ministry of Health—in the catchment tanks of El Cairo and Luisiana, the analyses for the presence of pesticides were negative and only in the Milano catchment tank was a very low figure of bromacil detected, of 0.025μg/L—the maximum limit, according to the U.S. Environmental Protection Agency, is 100μg/L— (folio 14 administrative file). Recently, in an analysis conducted by the National Water Laboratory on December 9, two thousand eight, Milano de Siquirres, distribution network was determined as 0.1275 ug/L (folio 552).
By virtue of the foregoing, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, applying the principles of risk and sanitary safety, from late August 2007 and until the substances are undetectable, have to date provided potable water in tanker trucks and recommended the residents not to use the well water for other purposes. Furthermore, the Regional Inter-Institutional Commission for Expanded Health Surveillance was formed with the participation of all the respondents herein, with the aim of finding a definitive solution to the water problem in the aqueducts of El Cairo, Luisiana, and Milano de Siquirres. Likewise, the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Law No. 2726 of April 14, 1961, determines that this entity is responsible for directing and overseeing everything related to providing the inhabitants of the republic with a potable water service.
Certainly, in accordance with subsection g) of Article 2, it may delegate the administration, operation, maintenance, and development of aqueducts and sewerage to organizations duly constituted for such purposes; however, the governing body and, ultimately, the entity responsible in the matter will continue to be the Institute. Thus, in accordance with the constitutional jurisprudence cited above, the right to water constitutes a fundamental right, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, and food, which must be protected by the Administration, a reason for which, by proving that the water supplying the Aqueduct of the community of Milano is not potable for human consumption, the provisions of Article 21 of the Political Constitution are violated. In this regard, although this Court acknowledges the efforts made by the respondent authorities by compelling the high-ranking officials of the companies involved to eliminate the use of the pesticides bromacil and diuron in the pineapple cultivation process (443), as well as the formation of an Inter-institutional Commission jointly with the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Agriculture and Livestock, such measures have not provided a definitive and effective solution to the problem, since the inhabitants of the community of Milano have been receiving water for human consumption from a tanker truck since the month of August two thousand seven.
Note that our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as a necessary correlate the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently, especially when it concerns an essential public service such as the supply of potable water, which in the present case has not been effectively guaranteed, for the reasons indicated. Thus, considering that in the present case each of the institutions in question, within the scope of their powers, have failed in the obligation to satisfy a fundamental resource for the human being such as the supply of potable water, the appeal must be granted, ordering the Ministers of Environment, Energy, and Telecommunications, the Minister of Health, and the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to immediately adopt all measures necessary to provide a definitive solution to the water supply problem suffered by the inhabitants of the community of Milano de Siquirres, so that these persons may enjoy, under equal conditions, an efficient and adequate potable water service that is one hundred percent potable. Regarding the foregoing, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must inform this Chamber of the measures adopted to solve the problem.-
VI.On the other hand, in accordance with what was reported by the respondent authorities, the Regulation for the Quality of Potable Water does not contain values for Bromacil, Diuron, and Tridimefón. By virtue of the foregoing, the Intersectoral Commission for the Protection of Water Sources for Human Consumption, composed of representatives from the Ministries of Health, Environment and Energy, Agriculture and Livestock, SENARA, and AyA, has been acting in the Subcommission for the drafting of Decrees to regulate matters related to the presence of Diuron and Bromacil in water for human consumption (folio 445). Thus, let the members that form said Commission take note so that, within a reasonable period, they issue the corresponding regulation regarding the presence of Diuron and Bromacil in water for human consumption, the foregoing in order to effectively guarantee respect for the provisions of Article 21 of the Political Constitution. Finally, the members of the Intersectoral Commission for the Protection of Water Sources for Human Consumption are reminded that they must inform this Chamber of the measures adopted in the implementation of the regulation in question.
VII.In merit of the foregoing, the appeal filed must be partially granted, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.
Therefore:
The appeal is granted. María Luisa Ávila Agüero, in her capacity as Minister of Health, Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and Ricardo Sancho Chavarria, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues from the water sources that supply the aqueduct of the community of Milano de Siquirres. They are warned that each appealed body and entity shall determine, in accordance with its own legal powers, the individual actions it is obligated to carry out, within a SINGLE PLAN that, as parts of the State Administration, they must execute jointly. The Minister of Health and whoever holds that position is designated as the principal responsible party for that plan and for its complete fulfillment, which means that the Health Authority must immediately inform this Chamber if any obstacle arises in its coordinating work to fulfill the objective ordered herein.
The respondents are warned that they may order all actions that are technically and scientifically conducive to the cleaning and purification of the water of that aqueduct, of all agrochemical residue, which implies ordering the company Frutas de Exportación Frutex S.A. to carry out legally corresponding withdrawals, and even, if necessary, absolutely prohibiting it from using contaminating agrochemicals in its plantations, and even ordering its immediate closure if the company fails to comply in any way with the orders and instructions given to it. The foregoing, under warning that, if this order is not obeyed, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in enforcement of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. On the other hand, let the Minister of Health, the Minister of Environment and Energy, and the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados take note of the provisions set forth in the sixth recital (considerando) of the judgment. Let this judgment be notified personally to the officials indicated above, or to whoever holds those positions in their stead. Let it be communicated.- Ana Virginia Calzada M.
Acting President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
hmb / azunigag FILE No. 08-004540-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-23-2026 15:15:45.
*080045400007CO* Res. Nº 2009-09041 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y treinta minutos del veintinueve de mayo del dos mil nueve.
Recurso de amparo interpuesto por ALVARO FALLAS RODRIGUEZ, ANA LORENA ARTAVIA BRENES, ANTONIO CASTRO D., CARLOS LUIS VARGAS MURCIA, CARLOS VALVERDE ALVAREZ, DAVID LACAYO LEON, DELIA ISABEL QUINTANA RAMIREZ, EDWIN CAMPOS, ELIAN QUESADA ARIAS, ELIAS QUESADA CRUZ, FELIX MARTINEZ D., FELIX RODRIGUEZ LORIA, GERARDO FERNANDEZ ARCE, GILBERTO SANCHEZ, GUISELLE QUESADA CRUZ, IRMA QUESADA, JERYKA LEDEZMA MC CARTHY, JESUS QUIROS ARCE, JOHANNA ARGUEDAS PICADO, JOSE CAMBRONERO M., JOSE CASTILLO, JOSE MANUEL JIMENEZ CARVAJAL, JUNIOR LOPEZ SANCHEZ, LEONORA BENET E., LIDIANA PERCY QUINTANA, LILLIANA MONTERO CAMPOS, LUZ ARIAS, MARLEN JINESTA SALAS, MARTIZA ZUÑIGA GUZMAN, MARVIN BARRANTES MURILLO, MAYRA PICADO ROJAS, NOYLIN PEREZ QUINTANA, OLDEMAR PEREZ PEREZ, PONCIANO BARQUERO MONTENEGRO, REBECA ARGUEDAS PICADO, ROGELIO RAMIREZ JIMENEZ, ROSA BARRANTES, ROSAURA MC CARTHY BENNETT, VICTORIA CRUZ ESQUIVEL y WILLIAM BENAVIDES RODRIGUEZ, contra FRUTAS DE EXPORTACION FRUTEX S.A., el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.
Resultando:
Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,
Considerando:
I.OBJETO DEL RECURSO.- Los recurrentes aducen vulnerado el derecho a la salud y el derecho a obtener un ambiente sano y, ecológicamente, equilibrado consagrados, respectivamente, en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, por la omisión de las autoridades recurridas en el ámbito de sus competencias, en dar una solución al problema de contaminación con Bromacil y Diurón, -agroquímicos utilizados en la producción de piña- que existe en el acueducto de Milano de Siquirres y que les impide el consumo de agua personal.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:
“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".
Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".
En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia No. 180-98 de las 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:
"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".
De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.
En reiteradas resoluciones esta Sala ha reconocido un derecho fundamental al agua potable; sobre éste, se pronunció en la resolución Nº 2006-005606, de las 15:21 hrs. del 26 de abril del 2006, de la siguiente manera:
«VII.-El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923). Esta misma línea se ha mantenido en las sentencias 2003-04654 y 2004-07779, que en lo que interesa señalan:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11.
Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
V.ACERCA DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS FUENTES DEL ACUEDUCTO DE MILANO DE SIQUIRRES Y LA AFECTACIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS. En primer término, los recurrentes acusan que las sustancias químicas (plaguicidas) que utiliza la empresa recurrida para el monocultivo de la piña, contaminan las fuentes de las cuales se abastece el acueducto de Milano de Siquirres. Del informe rendido por el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual es dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y las pruebas que constan en autos, se acredita que en el año 2005 el Laboratorio Nacional de Aguas detectó la presencia de bromacil y diurón —agroquímicos utilizados en las plantaciones de piña— en los pozos de agua que abastecen los acueductos de El Cairo y Milano, ambos en Siquirres de Limón (informe del ICAA, a folios 442 y siguientes).
Ciertamente de los análisis realizados, el nivel no ha sobrepasado los estándares de tolerancia, para agua potable, de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., los cuales se aplican como referencia, pues en Costa Rica no existe norma que los fije. En los primeros resultados referidos al año 2005, el valor promedio del bromacil estuvo 20 veces más abajo de esos estándares y el diurón 3 veces. Desde mediados del año 2007 el valor de la sustancia diurón está por debajo de los límites de detección (folio 440). Además, en el muestreo realizado el 29 de noviembre del 2007 —según indicó el Ministerio de Salud— en los tanques de captación de El Cairo y Luisiana los análisis de presencia de plaguicidas fueron negativos y solo en el tanque de captación de Milano se detectó una cifra muy baja de bromacil, de 0.025μg/L —el límite máximo, según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. es de 100μg/L— (folio 14 expediente administrativo).
Recientemente, en un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas el nueve de diciembre de dos mil ocho, se determinó el Milano de Siquirres, red de distribución, 0,1275 ug/L (folio 552). En virtud de lo anterior, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, aplicando los principios de riesgo y seguridad sanitaria, desde finales de agosto del 2007 y hasta que las sustancias sean indetectables, brinda a la fecha agua potable en camiones cisterna y recomendó a los vecinos no utilizar el agua de los pozos para otros efectos. Se conformó, además, la Comisión Interinstitucional Regional de Vigilancia de la Salud Ampliada con la participación de todas las aquí recurridas con el fin de encontrar una solución definitiva al problema del agua en los acueductos de El Cairo, Luisiana y Milano de Siquirres. De igual modo, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley No. 2726 del 14 de abril de 1961, determina que a ese ente le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable.
Ciertamente, de conformidad con el inciso g) del artículo 2, puede delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los acueductos y alcantarillado, en organizaciones debidamente constituidas para tales efectos; no obstante, el ente rector y, en última instancia, responsable en la materia seguirá siendo el Instituto. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia constitucional supra-citada el derecho al agua, se constituye en un derecho fundamental, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación el cual deber se tutelado por la Administración, motivo por el cual al acreditarse que el agua que abastece el Acueducto de la comunidad de Milano no es potable para el consumo humano, se vulnera lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política. Al respecto, si bien este Tribunal reconoce los esfuerzos que han llevado las autoridades recurridas al obligar a los altos jerarcas de las empresas involucradas a eliminar el uso de los plaguicidas bromacil, diurón en el proceso de cultivo de la piña (443), así como la conformación de una Comisión Interinstitucional en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tales medidas no han brindado una solución definitiva y efectiva al problema pues los pobladores de la comunidad de Milano desde el mes de agosto de dos mil siete, reciben por parte de un camión cisterna el agua para consumo humano.
Nótese que nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente, máxime si se trata de un servicio público esencial como el abastecimiento de agua potable, el cual en el presente caso no ha sido garantizado efectivamente, por las razones indicadas. Así las cosas, al considerarse que en el presente caso cada una de las instituciones en cuestión dentro del ámbito de sus competencias han incumplido con la obligación de satisfacer un recurso fundamental para el ser humano como es el abastecimiento de agua potable, el recurso debe ser estimado, ordenándose a los Ministros de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la Ministra de Salud y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que de inmediato adopten todas las medidas que sean necesarias para darle solución definitiva al problema de abastecimiento de agua que sufren los habitantes de la comunidad de Milano de Siquirres a fin de que estas personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de un eficiente y adecuado servicio de agua potable que sea cien por ciento potable. De lo anterior, deberá el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, poner en conocimiento de esta Sala cuales fueron las medidas que adoptaron para solucionar el problema.-
VI.Por otra parte, de conformidad con lo informado por las autoridades recurridas el Reglamento para la Calidad del Agua Potable no contiene valores para Bromacil, Diurón y Tridimefón. En virtud de lo anterior, la Comisión Intersectorial para la Protección de Fuentes de Agua para Consumo Humano, constituida por representantes de los Ministerio de Salud, Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, SENARA y AyA han venido actuando en la Subcomisión para la elaboración de Decretos para normar lo relacionado con la presencia de Diurón y Bromacil, en agua de consumo humano (folio 445). Así las cosas, tomen nota los miembros que conforman dicha Comisión a fin de que en un plazo razonable emitan la reglamentación correspondiente en relación a la presencia de Diurón y Bromacil en el agua de consumo humano, lo anterior a fin de garantizar en forma efectiva el respeto de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política. Finalmente, se les recuerda a los miembros de la Comisión Intersectorial para la Protección de Fuentes de Agua para Consumo Humano que deberán poner en conocimiento de esta Sala cuales fueron las medidas que adoptaron en la implementación de la reglamentación en cuestión.
VII.En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Ricardo Sancho Chavarria, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes, en su lugar ejerzan esos cargos, que de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua de las que se abastece el acueducto de la comunidad de Milano de Siquirres. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado.
Se le advierte a los accionados que podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la limpieza y purificación del agua de ese acueducto, de todo residuo agroquímico, lo que implica ordenarle a la empresa Frutas de Exportación Frutex S.A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes, en sus plantaciones y hasta ordenarle el cierre inmediato, si la empresa incumpliere de cualquier forma las ordenes e instrucciones que se le dieren. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirá en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Por otra parte tomen nota la Ministra de Salud, el Ministro de Ambiente y Energía y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando sexto de la sentencia. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. Comuníquese.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i.
Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
hmb / azunigag
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