← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 03100-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/03/2011
OutcomeResultado
The Chamber ordered the applicant’s return to competition NE-05-09 with percentage weight assigned to his academic credentials and professional experience, because psychometric tests could not serve as the sole eliminatory criterion.La Sala ordenó reincorporar al recurrente al concurso NE-05-09 y asignar valor porcentual a sus atestados académicos y experiencia profesional, porque las pruebas psicométricas no podían utilizarse como único criterio eliminatorio.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted relief to an interim MINAET employee who was excluded from competition NE-05-09 after scoring 67.5 on the psychometric tests, while his academic credentials and professional experience received no percentage weight in the final score. The Chamber reaffirmed that psychometric assessments are complementary: they cannot operate as a preliminary eliminatory requirement or exhaust the suitability evaluation required by Articles 191 and 192 of the Constitution. The Administration must evaluate academic preparation, professional experience, and psychometric results as an integrated whole, while also examining suitability for the particular position. By preventing the applicant from continuing in the selection process, the General Directorate of Civil Service violated his rights to work and equal access to public employment. The Directorate was ordered to let him continue in the competition and make the necessary adjustments so that his academic qualifications and experience receive a percentage value in the final score.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo de un funcionario interino del MINAET que fue excluido del concurso NE-05-09 por obtener 67,5 en las pruebas psicométricas, sin que sus atestados académicos ni su experiencia profesional recibieran valor porcentual en la nota final. La Sala reiteró que esas pruebas son complementarias: no pueden funcionar como requisito previo y eliminatorio ni agotar la evaluación de idoneidad exigida por los artículos 191 y 192 de la Constitución Política. La Administración debe ponderar integralmente la preparación académica, la experiencia profesional y las evaluaciones psicométricas, atendiendo además a la idoneidad concreta para el puesto. Al impedir que el recurrente continuara en el procedimiento, la Dirección General de Servicio Civil vulneró sus derechos al trabajo y al acceso a la función pública. Se ordenó permitirle continuar en el concurso y efectuar las adecuaciones necesarias para asignar porcentajes a sus méritos académicos y profesionales.
Key excerptExtracto clave
The respondent Directorate appears to be applying Article 22 of the Civil Service Statute incorrectly when it states that “Selection shall be conducted through suitability tests to which only those satisfying the requirements shall be admitted…” because those suitability tests are not exhausted by psychometric tests but extend beyond them, making it improper to consider suitability established solely through psychometric tests. Therefore, in addition to psychometric tests, professional and academic factors must be assigned a percentage value so that all these elements are weighed comprehensively. The application is GRANTED. JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, or whoever holds the position of Director General of Civil Service, is ordered to take the measures within the scope of his authority to allow the protected applicant to continue participating in competition No. NE-05-09, making the appropriate adjustments so that his academic qualifications and experience are evaluated and assigned a percentage within the final score, through the procedures established for that competition.Pareciera que la Dirección recurrida está incurriendo en una errónea aplicación del artículo 22 del Estatuto de Servicio Civil cuando dice que “La selección se hará por medio de pruebas de idoneidad a las que se admitirá únicamente a quienes satisfagan los requisitos…” pues dichas pruebas de idoneidad no se agotan en las pruebas psicométricas sino que van más allá de ellas, siendo improcedente tener por probada la idoneidad únicamente con las pruebas psicométricas. Por ello, además de las pruebas psicométricas se le debe asignar un valor porcentual a los aspectos profesionales y académicos, para que todo ello sea ponderado de manera integral. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, o a quien ocupe el cargo de Director General del Servicio Civil, realizar las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que se permita al amparado continuar participando en el concurso NºNE-05-09, realizando las adecuaciones que correspondan para que se se evalúen los aspectos académicos y la experiencia de éste asignándoles un porcentaje dentro de la nota final, mediante los procedimientos establecidos al efecto para el citado concurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Las pruebas psicométricas que se llevan a cabo en los distintos procesos concursales que realiza la Administración, tienen un carácter eminentemente complementario y no pueden, de ninguna forma, convertirse en un requisito de exclusión previa dentro de los citados concursos."
"Psychometric tests administered in the Administration’s various competitive selection processes are essentially complementary and cannot, under any circumstances, become a preliminary exclusion requirement in those competitions."
Considerando IV
"Las pruebas psicométricas que se llevan a cabo en los distintos procesos concursales que realiza la Administración, tienen un carácter eminentemente complementario y no pueden, de ninguna forma, convertirse en un requisito de exclusión previa dentro de los citados concursos."
Considerando IV
"Estas pruebas evalúan las áreas de inteligencia general, personalidad y valores, en general, pero no prueban la idoneidad concreta en el puesto según las funciones a realizar con los atestados (que muestran la preparación académica) y la experiencia profesional."
"These tests generally assess general intelligence, personality, and values, but they do not establish specific suitability for the position according to its duties, academic credentials—which demonstrate academic preparation—and professional experience."
Considerando IV
"Estas pruebas evalúan las áreas de inteligencia general, personalidad y valores, en general, pero no prueban la idoneidad concreta en el puesto según las funciones a realizar con los atestados (que muestran la preparación académica) y la experiencia profesional."
Considerando IV
"Aceptar el carácter excluyente de las pruebas psicométricas dentro de los concursos abiertos por la Administración, implica interponer aspectos de evaluación complementarios por encima de aquellos que conforme lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, constituyen el verdadero fundamento de la idoneidad de los servidores públicos, a saber, los aspectos académicos y la experiencia profesional."
"Accepting psychometric tests as eliminatory in competitions opened by the Administration would place complementary assessment factors above those that, under Articles 191 and 192 of the Constitution, constitute the true foundation of public servants’ suitability: academic qualifications and professional experience."
Considerando IV
"Aceptar el carácter excluyente de las pruebas psicométricas dentro de los concursos abiertos por la Administración, implica interponer aspectos de evaluación complementarios por encima de aquellos que conforme lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, constituyen el verdadero fundamento de la idoneidad de los servidores públicos, a saber, los aspectos académicos y la experiencia profesional."
Considerando IV
"Finalmente, nótese la gravedad de la cuestión cuando el recurrente afirma que ha ocupado de forma interino el puesto sacado ahora a concurso durante más de DIEZ AÑOS, lo cual, además de ser una situación anómala la existencia de un puesto interino durante tantos años, lo agrava el hecho de que en el concurso para nombrar en propiedad en dicho puesto no se le asigne un valor a la experiencia y preparación académica."
"Finally, the seriousness of the matter should be noted where the applicant states that he held, on an interim basis, the position now opened to competition for more than TEN YEARS; besides the anomalous existence of an interim position for so many years, the situation is aggravated because the competition for a permanent appointment assigns no value to his experience and academic preparation."
Considerando IV
"Finalmente, nótese la gravedad de la cuestión cuando el recurrente afirma que ha ocupado de forma interino el puesto sacado ahora a concurso durante más de DIEZ AÑOS, lo cual, además de ser una situación anómala la existencia de un puesto interino durante tantos años, lo agrava el hecho de que en el concurso para nombrar en propiedad en dicho puesto no se le asigne un valor a la experiencia y preparación académica."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eight forty-nine a.m. on the eleventh of March, two thousand eleven.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by FREDDY ALONSO PIZARRO ARIAS, identity card 0107140464, against the DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
Whereas:
Justice Cruz Castro drafts the decision; and,
Considering:
I.Subject matter of the proceeding.- The petitioner, who states that he has worked on an interim basis for the Ministerio de Ambiente y Energía for twelve years, considers that his fundamental rights were violated when he was excluded from competition NE-05-09 solely because he failed the psychometric tests, without his academic qualifications or professional experience being taken into account. He cites expediente 10-008689-0007-CO as precedent.
II.Proven facts.- The following facts are deemed duly established and relevant to the determination of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as directed in the initial order:
a. That the petitioner took the tests for ordinary competition NE-05-09 on 06 de octubre del 2009, obtaining a score of 67.5, which, according to the respondent Directorate, prevented him from entering the register of eligible candidates (report at folio 026).
b. That the respondent Directorate assigned no percentage value to the petitioner’s credentials and experience for purposes of determining the final score (report at folio 054).
c. That the results of the psychometric tests administered by the respondent determine whether or not the person may continue with the remainder of the selection procedure (report at folio 055).
III.Merits.- It follows from the petition initiating this proceeding that the merits of the matter concern whether the respondent Directorate excluded the petitioner from the list of eligible candidates solely because he failed the psychometric tests, without taking the remainder of his credentials into account, and whether that constitutes a violation of fundamental rights. In this regard, consideration must be given to the precedent of this Chamber decided by decision number 2007-004194 at twelve fifty-seven p.m. on the twenty-third of March, two thousand seven, in which the following was held:
“III.- PRECEDENT. In considering a claim similar to that raised by the protected party, this Court, in judgment Nº 2006-17415 at 19:13 hrs. on 29 de noviembre de 2006, drafted by the reporting Justice, held as follows:
“(…) III.- ON THE COMPLEMENTARY NATURE OF PSYCHOMETRIC TESTS IN COMPETITIONS CONDUCTED BY THE ADMINISTRATION. In the case under review, the petitioner challenges the Dirección General del Servicio Civil’s decision to exclude her from Competition number 05-05 because she failed the psychometric tests administered during that procedure, thereby foreclosing her opportunity to demonstrate her fitness (idoneidad) by completing the other assessments included in that competition. When considering a similar matter in judgment Nº 2580- 1998 at 10:03 hrs. on 17 de abril de 1998, this Court stated the following regarding psychometric assessments:
‘(…) v - Of even greater significance to the matter sub examine is the fact that, in the eyes of the law, medical and psychological tests are essentially complementary in nature. They do not form part of the candidates’ overall score and may not operate as a condition for excluding participants a priori. In other words, medical, psychological, and socioeconomic assessments must be conducted in parallel with the examination of the candidates’ other academic and professional characteristics, never beforehand or as a precondition for the latter. Furthermore, the matters examined in each of those areas—medical, psychological, and socioeconomic—must be strictly limited to those directly relevant to the position being filled through the competition, in accordance with the profiles previously defined for that position in a technical and objective manner. Those instruments could never be used to identify highly personal characteristics of individuals that are irrelevant to the performance of the position, since examining such characteristics would constitute invidious discrimination and an unlawful intrusion into the sphere of privacy guaranteed to all citizens by the Constitución Política.
Finally, it is also clear that the results of those tests may not have the effect of removing a candidate from the competition unless they reveal a serious and irremediable impediment that actually renders the candidate incapable of performing judicial duties, a matter that must be assessed on a case-by-case basis. (…)’ Emphasis not in the original.
In accordance with the precedent partially reproduced above, the psychometric tests (pruebas psicométricas) administered in the various competitive selection processes (procesos concursales) conducted by the Administration are eminently supplementary in nature and may not, under any circumstances, become a preliminary exclusionary requirement in those selection processes. In this regard, treating psychometric tests as exclusionary in competitive selection processes opened by the Administration entails placing supplementary assessment factors above those which, pursuant to Articles 191 and 192 of the Political Constitution, constitute the true basis for determining the suitability (idoneidad) of public servants, namely, academic qualifications and professional experience. In light of the foregoing, it has been established in this matter that the petitioner participated in External Competition Nº 05-05 of the General Directorate of the Civil Service, in which she took a series of psychometric tests and received a score of 68.43, which prevented her from proceeding to the subsequent stages of that selection process, in which the participants’ professional experience and academic credentials (atestados académicos) were to be evaluated, as shown by the evidence submitted by the petitioner on folios 58-64 of the case file.
In this regard, the conduct of the respondent authority violates the petitioner’s rights because it curtails her opportunities and expectations of being evaluated on both academic qualifications and professional experience, criteria that together comprise the assessment of occupational suitability for access to positions covered by the Civil Service in light of Article 192 of the Political Constitution, thereby restricting the protected party’s fundamental rights to work and to access public service. It should be noted that, although this Court agrees with the statement of the Director General of the Civil Service concerning the importance of psychometric tests in the competitive selection processes conducted by the various departments of the Administration, these assessments are supplementary in nature and therefore form part of the concept of suitability enshrined in our Fundamental Charter; however, that concept also entails assessing professional and academic factors, which must be weighed comprehensively (This Chamber adopted the same criterion in judgment Nº 2006-16403 at 16:14 hrs. on November 15, 2006).
Applying the precedent to this specific case, this Court considers that there is no reason to depart from the criterion expressed therein and, therefore, the application for amparo relief (amparo) must be granted. This Court notes that the respondent authority did not submit the administrative record (expediente administrativo) on which it bases its assertions and did not deny the facts alleged by the petitioner. The respondent authority merely reports on the characteristics of the psychometric tests, stating that they measure aptitudes and attitudes, but does not provide detailed information regarding the comprehensive assessment applied to the protected party in this specific case under the terms outlined by this Court. In view of the omission in the report and the absence of the administrative record, the amparo relief must be granted, with the consequences set forth in the operative part (parte dispositiva) of this judgment.
As a corollary to the foregoing considerations, the amparo relief must be granted.”
IV.Regarding the Specific Case.- Based on the foregoing background, and it being clear that the psychometric tests administered in the various competitive selection processes conducted by the Administration are eminently supplementary in nature and may not, under any circumstances, become a preliminary exclusionary requirement in those selection processes, the reports submitted in this case by the representatives of the respondent authority—which are deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for resolution of this matter establish the following: first, that the selection process for competition NE-05-09, conducted by the General Directorate of the Civil Service during 2009, consisted, in the petitioner’s case, of accepting his application and allowing him to take the psychometric tests; because he did not obtain a score of seventy or higher on those tests, he was prevented from continuing with the remainder of the procedure.
Second, that credentials and experience were not assigned a percentage value for purposes of calculating the final score; rather, their sole purpose was to determine the class and specialty for which the interested person met the requirements to continue with the testing process. Third, that the test result was a sine qua non requirement for continuing with the remainder of the procedure. Only after passing that test was an additional percentage assigned if the interested person had experience as a public employee; before that point—as stated supra—neither credentials nor experience were assigned any value toward the final score. Fourth, these tests assess the applicant’s general intelligence, personality, and values for the performance of public service, but do not specifically concern the assessment of suitability for the particular position. It would appear that the respondent Directorate is incorrectly applying Article 22 of the Civil Service Statute when it states that “Selection shall be made by means of suitability tests, to which only those who satisfy the requirements shall be admitted…” because such suitability tests are not limited to psychometric tests but extend beyond them, and it is improper to deem suitability established solely through psychometric tests.
Note that these tests assess general intelligence, personality, and values in general, but do not establish specific suitability for the position according to the duties to be performed, together with the credentials (which demonstrate academic preparation) and professional experience. As previously established by this Chamber, treating psychometric tests as exclusionary in competitive selection processes opened by the Administration entails placing supplementary assessment factors above those which, pursuant to Articles 191 and 192 of the Political Constitution, constitute the true basis for determining the suitability of public servants, namely, academic qualifications and professional experience. In light of the foregoing, because it has been established as true in this case that the respondent Directorate excluded the petitioner from the list of eligible candidates solely because he did not pass the psychometric tests, without assigning any value to his other credentials and professional experience in the final score, thereby preventing him from proceeding to the subsequent stages of that selection process, the conduct of the respondent authority violates the petitioner’s rights because it curtails his opportunities and expectations of being evaluated on both academic qualifications and professional experience, criteria that together comprise the assessment of occupational suitability for access to positions covered by the Civil Service in light of Article 192 of the Political Constitution, thereby restricting the protected party’s fundamental rights to work and to access public service.
Although this Court acknowledges the importance of psychometric tests in the competitive selection processes conducted by the various departments of the Administration, these assessments are supplementary in nature and therefore form part of the concept of suitability enshrined in our Fundamental Charter. Accordingly, in addition to the psychometric tests, a percentage value must be assigned to professional and academic factors so that all such factors may be weighed comprehensively. Finally, the seriousness of the matter should be noted where the petitioner states that he has occupied, on an interim basis, the position now being opened to competition for more than TEN YEARS. The existence of an interim position for so many years is itself anomalous, and this situation is further aggravated by the fact that, in the competition to make a permanent appointment (nombrar en propiedad) to that position, no value is assigned to experience or academic preparation.
In conclusion, because it has been established as true in this case that the respondent Directorate excluded the petitioner from the list of eligible candidates solely because he did not pass the psychometric tests, without assigning any value to his other credentials and professional experience in the final score, thereby preventing him from proceeding to the subsequent stages of that selection process, a violation of the protected party’s fundamental rights to work and to access public service has been established. This application must therefore be granted, with the consequences detailed in the operative part of this decision.
Por tanto:
The application is GRANTED. JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, or whoever holds the office of Director General of the Civil Service, is ordered to take such steps as fall within the scope of his authority to allow the protected party to continue participating in competition NºNE-05-09, making the appropriate adjustments so that his academic qualifications and experience are evaluated and assigned a percentage of the final score through the procedures established for that competition. JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, or whoever holds his office as Director General of the Civil Service, is advised that, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that he is required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or to a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. This decision shall be personally served on JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, or whoever holds the office of Director General of the Civil Service.
Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Enrique Ulate C.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y cuarenta y nueve minutos del once de marzo del dos mil once.
Recurso de amparo interpuesto por FREDDY ALONSO PIZARRO ARIAS, cédula de identidad 0107140464, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso.- El recurrente, quien afirma tener doce años de laborar de forma interina para el Ministerio de Ambiente y Energía, considera violados sus derechos fundamentales por ser excluido del concurso NE-05-09 por el único hecho de no haber pasado las pruebas psicométricas, y sin tomar en cuenta aspectos académicos o experiencia profesional. Cita como antecedente el expediente 10-008689-0007-CO.
II.Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. Que el recurrente realizó las pruebas del concurso ordinario NE-05-09 del 06 de octubre del 2009, obteniendo una calificación de 67.5, lo que según la Dirección recurrida le impidió ingresar al registro de elegibles (informe al folio 026).
b. Que la Dirección recurrida no le asignó a los atestados y la experiencia del recurrente un valor porcentual para la obtención de la nota final (informe al folio 054).
c. Que el resultado de las pruebas psicométricas aplicadas por la recurrida posibilitan o no que la persona continúe con el resto del procedimiento de selección (informe al folio 055).
III.Sobre el fondo.- Del escrito de interposición de este recurso se desprende que el fondo del asunto se concentra en determinar si es cierto que la Dirección recurrida procedió a excluir al recurrente de la lista de elegibles por el sólo hecho de no aprobar las pruebas psicométricas, sin tomar en cuenta el resto de atestados, y si ello constituye una violación de derechos fundamentales. Al respecto, debe tenerse presente el antecedente de esta Sala resuelto mediante resolución número 2007-004194 de las doce horas y cincuenta y siete minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, donde se resolvió lo siguiente:
“III.- ANTECEDENTE. Al conocer un reproche similar al planteado por la amparada, este Tribunal en la sentencia Nº 2006-17415 de las 19:13 hrs. del 29 de noviembre de 2006 y, con redacción del ponente, resolvió lo siguiente:
“(…) III.- SOBRE EL CARÁCTER COMPLEMENTARIO DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS, DENTRO DE LOS CONCURSOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN. En el caso que se examina la recurrente cuestiona que la Dirección General del Servicio Civil procedió a excluirla del Concurso número 05-05, por haber reprobado las pruebas psicométricas que se efectuaron dentro de dicho procedimiento, cercenando así la posibilidad de demostrar su idoneidad mediante la realización de las otras evaluaciones existentes en el concurso de cita. Al conocer un asunto similar, en sentencia Nº 2580- 1998 de las 10:03 hrs. del 17 de abril de 1998, este Tribunal señaló en cuanto al tema de las evaluaciones psicométricas, lo siguiente:
‘(…) v - De mayor trascendencia aun para el asunto sub examine es destacar que las pruebas médicas y psicológicas tienen, a los ojos de la ley, un carácter esencialmente complementario. No integran la calificación global de los concursantes, y no pueden operar como una condición para excluir a priori a los participantes. En otras palabras, las valoraciones médicas, psicológicas y socio–económicas deben ser efectuadas de manera paralela al examen de las restantes características de los candidatos en el plano académico y profesional, nunca de modo previo y como condicionante para lo segundo. Además, los aspectos que sean objeto de examen en cada uno de esos planos (médico, psicológico y socio–económico) deben ser, estrictamente, los que resulten directamente relevantes al cargo concursado, de acuerdo con los perfiles que –de manera técnica y objetiva– hayan sido previamente definidos para el puesto en cuestión.
Jamás podría utilizarse esos instrumentos para la detección de características personalísimas de los individuos, irrelevantes a efectos del desempeño del cargo, cuyo examen vendría a comportar una discriminación odiosa y una ilegítima invasión del ámbito de intimidad que la Constitución Política garantiza a todos los ciudadanos. Finalmente, es claro también que el resultado de esas pruebas no puede tener un efecto de separar a un candidato del concurso más que si de él se desprende la existencia de un impedimento grave e insubsanable, que efectivamente imposibilite para el desempeño de la judicatura, aspecto que se deberá valorar caso por caso. (…)’ Lo resaltado no corresponde al original.
De conformidad con el precedente parcialmente reproducido, las pruebas psicométricas que se llevan a cabo en los distintos procesos concursales que realiza la Administración, tienen un carácter eminentemente complementario y no pueden, de ninguna forma, convertirse en un requisito de exclusión previa dentro de los citados concursos. En ese sentido, el aceptar el carácter excluyente de las pruebas psicométricas dentro de los concursos abiertos por la Administración, implica interponer aspectos de evaluación complementarios por encima de aquellos que conforme lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, constituyen el verdadero fundamento de la idoneidad de los servidores públicos, a saber, los aspectos académicos y la experiencia profesional. Con vista en lo anterior, en el presente asunto se tiene por probado que la recurrente participó en el Concurso Externo Nº 05-05 de la Dirección General del Servicio Civil, en el que realizó una serie de pruebas psicométricas en las que obtuvo una calificación de 68.43, lo que le impidió acceder a las siguientes fases del citado concurso, en las que se evaluarían la experiencia profesional y los atestados académicos de los participantes, tal y como se desprende de la prueba aportada por la recurrente a folios 58-64 del los derechos de la recurrente, pues cercena sus posibilidades y expectativas para ser evaluada en aspectos tanto académicos como de experiencia profesional, criterios que engloban la evaluación de la idoneidad laboral para acceder a cargos cubiertos por el Servicio Civil a la luz de lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política, limitando de esta forma los derechos fundamentales de la amparada al trabajo y al acceso a la función pública.
Conviene señalar que si bien este Tribunal comparte lo dicho por el Director General del Servicio Civil, en cuanto a la importancia de las pruebas psicométricas dentro de los procesos concursales que realicen las distintas dependencias de la Administración, lo cierto es que estas evaluaciones tienen un carácter complementario y, por lo tanto, son integrantes del concepto de idoneidad que consagra nuestra Carta Fundamental, pero, además, implica valorar aspectos profesionales y académicos que deben ser ponderados de manera integral (Igual criterio sostuvo esta Sala en la sentencia Nº 2006-16403 de las 16:14 hrs. del 15 de noviembre de 2006).
Aplicando el precedente al caso concreto, considera este Tribunal que no hay motivo para variar el criterio vertido y, por ende, se debe declarar con lugar el amparo. Llama la atención a este Tribunal que la autoridad recurrida no aportó el expediente administrativo en el que fundamenta su dicho y no negó los hechos señalados por la recurrente. La autoridad recurrida se limita a informar sobre las características de las pruebas psicométricas indicando que éstas miden aptitudes y actitudes pero no informa en forma detallada la evaluación integral que en el caso concreto se aplicó a la amparada en los términos esbozados por este Tribunal. En virtud de la omisión en el informe y la ausencia de expediente administrativo, se impone declarar con lugar el amparo con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva de esta sentencia.
Corolario de las consideraciones realizadas, se debe declarar con lugar el amparo.”
IV.Sobre el caso concreto.- Partiendo de los anteriores antecedentes, y teniendo claro que las pruebas psicométricas que se llevan a cabo en los distintos procesos concursales que realiza la Administración, tienen un carácter eminentemente complementario y no pueden, de ninguna forma, convertirse en un requisito de exclusión previa dentro de los citados concursos, en este caso, de los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba lo siguiente: primero, que el proceso de selección del concurso NE-05-09 realizado por la Dirección General de Servicio Civil durante el año 2009, para el caso del recurrente consistió en admitir la oferta del recurrente y permitirle realizar las pruebas psicométricas, siendo que, como no obtuvo una nota igual o superior a setenta en dichas pruebas, se le impidió continuar con el resto del procedimiento.
Segundo, que los atestados y la experiencia no poseían un valor porcentual para la obtención de la nota final, sino que estos para lo único que servían era para determinar la clase y especialidad en que la persona interesada reúne los requisitos para continuar con el proceso de aplicación de las pruebas. Tercero, que el resultado de las pruebas era un requisito sine qua non para continuar con el resto del procedimiento. Siendo que, no es sino hasta luego de la aprobación de dicha prueba que se le asigna un porcentaje adicional si el interesado tiene experiencia como trabajador público, pero antes de ello –según se dijo supra- ni los atestados ni la experiencia tienen asignado ningún valor para la nota final. Cuarto, estas pruebas evalúan las áreas de inteligencia general, personalidad y valores del oferente para su desempeño en la función pública, pero no se refieren propiamente a la valoración de la idoneidad en el puesto concreto.
Pareciera que la Dirección recurrida está incurriendo en una errónea aplicación del artículo 22 del Estatuto de Servicio Civil cuando dice que “La selección se hará por medio de pruebas de idoneidad a las que se admitirá únicamente a quienes satisfagan los requisitos…” pues dichas pruebas de idoneidad no se agotan en las pruebas psicométricas sino que van más allá de ellas, siendo improcedente tener por probada la idoneidad únicamente con las pruebas psicométricas. Nótese que estas pruebas evalúan las áreas de inteligencia general, personalidad y valores, en general, pero no prueban la idoneidad concreta en el puesto según las funciones a realizar con los atestados (que muestran la preparación académica) y la aceptar el carácter excluyente de las pruebas psicométricas dentro de los concursos abiertos por la Administración, implica interponer aspectos de evaluación complementarios por encima de aquellos que conforme lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, constituyen el verdadero fundamento de la idoneidad de los servidores públicos, a saber, los aspectos académicos y la comprueba como cierto que la Dirección recurrida procedió a excluir al recurrente de la lista de elegibles por el sólo hecho de no aprobar las pruebas psicométricas, sin asignarle un valor al resto de atestados y experiencia profesional en la nota final, impidiéndole continuar con las siguientes fases del citado concurso, el proceder de la autoridad accionada vulnera los derechos de la recurrente, pues cercena sus posibilidades y expectativas para ser evaluado en aspectos tanto académicos como de experiencia profesional, criterios que engloban la evaluación de la idoneidad laboral para acceder a cargos cubiertos por el Servicio Civil a la luz de lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política, limitando de esta forma los derechos fundamentales de la amparado al trabajo y al acceso a la función pública.
Si bien este Tribunal admite la importancia de las pruebas psicométricas dentro de los procesos concursales que realicen las distintas dependencias de la Administración, lo cierto es que estas evaluaciones tienen un carácter complementario y, por lo tanto, son integrantes del concepto de idoneidad que consagra nuestra Carta Fundamental. Por ello, además de las pruebas psicométricas se le debe asignar un valor porcentual a los aspectos profesionales y académicos, para que todo ello sea ponderado de manera integral. Finalmente, nótese la gravedad de la cuestión cuando el recurrente afirma que ha ocupado de forma interino el puesto sacado ahora a concurso durante más de DIEZ AÑOS, lo cual, además de ser una situación anómala la existencia de un puesto interino durante tantos años, lo agrava el hecho de que en el concurso para nombrar en propiedad en dicho puesto no se le asigne un valor a la experiencia y preparación académica.
En conclusión, dado que en este caso se comprueba como cierto que la Dirección recurrida procedió a excluir al recurrente de la lista de elegibles por el sólo hecho de no aprobar las pruebas psicométricas, sin asignarle un valor al resto de atestados y experiencia profesional en la nota final, impidiéndole continuar con las siguientes fases del citado concurso, se constata la violación de los derechos fundamentales del amparado al trabajo y al acceso a la función pública, por lo que corresponde la estimatoria de este recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución.
Por tanto:
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, o a quien ocupe el cargo de Director General del Servicio Civil, realizar las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que se permita al amparado continuar participando en el concurso NºNE-05-09, realizando las adecuaciones que correspondan para que se se evalúen los aspectos académicos y la experiencia de éste asignándoles un porcentaje dentro de la nota final, mediante los procedimientos establecidos al efecto para el citado concurso. Se advierte a JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, o a quien ocupe su cargo como Director General del Servicio Civil, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a JOSÉ JOAQUÍN ARGUEDAS HERRERA, o a quien ocupe el cargo de Director General del Servicio Civil, en forma personal.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Enrique Ulate C.
Document not found. Documento no encontrado.