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Res. 02100-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/02/2011
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo due to delayed attention to a sewage complaint, ordering immediate verification of sanitary orders and protection of the petitioner's health, with an award of costs, damages, and losses against the State.La Sala declaró con lugar el amparo por dilación en la atención de la denuncia sobre aguas negras, ordenando verificar inmediatamente las órdenes sanitarias y garantizar la salud de la recurrente, con condenatoria en costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of Urbanización Veracruz, San Miguel de Higuito, Desamparados, alleging that the local Health Authority failed to promptly address her complaint about sewage leakage from a neighboring house. The initial complaint was submitted on August 6, 2010; the Ministry of Health issued sanitary orders on August 19 but did not verify compliance until October 12, 2010—more than a month after the deadline—despite the severity of the contamination. Only after being served with the amparo did the authority declare the house uninhabitable and order its eviction. The Chamber found that the authority's actions lacked the required speed and efficiency, violating the right to agile administration and, more importantly, the complainant's rights to health and a healthy environment. The amparo was granted, and the authority was ordered to immediately verify compliance with the final sanitary orders and guarantee the petitioner's health. The State was also sentenced to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una vecina de la Urbanización Veracruz, San Miguel de Higuito, Desamparados, quien denunció que el Área Rectora de Salud no había atendido con celeridad su queja sobre filtración de aguas negras y servidas provenientes de una vivienda colindante. La denuncia inicial se presentó el 6 de agosto de 2010; el Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias el 19 de agosto, pero no verificó su cumplimiento sino hasta el 12 de octubre de 2010, más de un mes después de vencido el plazo, pese a la gravedad del problema. Fue solo tras la notificación del amparo que se declaró la vivienda inhabitable y se ordenó su desalojo. La Sala determinó que la actuación del ente recurrido careció de la debida celeridad y eficiencia, lo que vulneró el derecho a una administración ágil y, fundamentalmente, el derecho a la salud y a un ambiente sano de la recurrente. Por ello, declaró con lugar el recurso y ordenó verificar inmediatamente el cumplimiento de las últimas órdenes sanitarias y garantizar la salud de la amparada. También condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
IV.- The specific case. (...) Subsequently, in order to follow up on the issued sanitary orders, on October 12, 2010, the respondent authority again conducted an inspection of the site in question, determining that the contamination problem continued to occur. Consequently, new sanitary orders numbered RCS-ARSD-LRR-044-2010 and RCS-ARSD-LRR-045-2010 were issued on October 19, 2010, and notified to the accused parties on October 20, 2010, declaring the house uninhabitable and, therefore, ordering its eviction within 30 working days, in order to prevent the contamination of the petitioner's home by sewage and gray water. In light of the foregoing, the Ministry considered that it had protected the petitioner's rights; however, this Court finds that such action was not carried out with the due speed and efficiency that the situation warranted. Notably, the first sanitary orders were due around September 9, 2010, yet it was not until October 12, 2010—more than a month later—that the respondent authority conducted the inspection to verify compliance. This despite the fact that the matter was extremely serious, even for public health, involving the inadequate handling of sewage and gray water, and with full knowledge of the harm it was causing to the petitioner's family. Moreover, it was only after this amparo was served on the respondent authority that the sanitary orders declaring the dwelling uninhabitable and ordering the eviction of its occupants were issued. The Chamber has consistently emphasized the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services—that is, to services rendered with high quality standards—which necessarily entails the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, expeditious, effective, and efficient manner.IV.- El caso concreto. (...) Posteriormente y con el objeto de dar seguimiento a las órdenes sanitarias emitidas, el 12 de octubre de 2010 la autoridad recurrida volvió a realizar una inspección en el lugar en cuestión, determinando que el problema de contaminación seguía produciéndose, por lo que se giraron nuevamente las órdenes sanitarias número RCS-ARSD-LRR-044-2010 y RCS-ARSD-LRR-045-2010 ambas el 19 de octubre de 2010 y notificadas a los denunciados el 20 de octubre de 2010, declarando la casa inhabitable, y por ende, el desalojo en un plazo de 30 días hábiles, con el fin de evitar la contaminación por aguas negras y servidas a la vivienda de la recurrente. En atención a lo expuesto es que el Ministerio estima haber tutelado los derechos de la amparada, sin embargo este Tribunal considera que dicha actuación no se dio con la debida celeridad y eficiencia que ameritaba, pues nótese que las primeras órdenes sanitarias vencían aproximadamente el 9 de setiembre de 2010 y no es, sino hasta el 12 de agosto de 2010, más de un mes después, que la autoridad recurrida realiza la inspección para verificar su debido cumplimiento, aún cuando se trata de un asunto tan grave, incluso para la salud pública, como es el inadecuado tratamiento de las aguas negras y servidas y teniendo conocimiento de la afectación que ello estaba produciendo en la familia de la amparada; siendo incluso después de notificado este amparo a la autoridad recurrida, que se emiten las órdenes sanitarias que declaran inhabitable dicha vivienda y ordenan el desalojo de los ocupantes. La Sala ha sido enfática en señalar el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.
Pull quotesCitas destacadas
"La Sala ha sido enfática en señalar el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente."
"The Chamber has consistently emphasized the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services—that is, to services rendered with high quality standards—which necessarily entails the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, expeditious, effective, and efficient manner."
Considerando IV
"La Sala ha sido enfática en señalar el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente."
Considerando IV
"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."
"Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that violate this right and to claim reparation for the harm caused."
Considerando III (citando Art. 50 constitucional)
"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."
Considerando III (citando Art. 50 constitucional)
"el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud."
"The State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each individual in the national community does not suffer harm from third parties in relation to these rights, but must also assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health."
Considerando III (citando sentencia 1998-1808)
"el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud."
Considerando III (citando sentencia 1998-1808)
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *100137880007CO* Res. Nº 2011002100 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and fifty-five minutes on the twenty-third of February of two thousand eleven.
An amparo action (Recurso de amparo) filed by Karla Vanessa Dávila Jirón; of legal age, with identity card number 155801781117; against the Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados.
Resultando:
1.- In a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 9:33 a.m. on October 7, 2010, the petitioner files an amparo action against the Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados and states that she is a resident of the Veracruz Housing Development (Urbanización Veracruz), located in San Miguel de Higuito, Desamparados. She reports that on August 6, 2010, she filed a complaint with the respondent authority regarding a leak of black and gray water (aguas negras y servidas) from a neighboring house. She indicates that by official communication ARSD-LRR-10902010 of August 20 last, the respondent authority informed her that sanitary orders (órdenes sanitarias) number ARSD-LRR-032-A and 032-B had been issued, so that within fifteen days the lessor of the adjoining dwelling would carry out the proper channeling of the black and gray water, in order to prevent it from leaking into her home. However, her neighbor did not make the respective repairs, and the respondent has not taken the necessary measures to alleviate the contamination problem she faces. She considers that the respondent has not only violated her right to obtain a prompt resolution to her complaint, but also violates her rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment. She requests that the action be granted.
2.- Carol Jiménez González, in her capacity as Acting Director (Directora a.i.) of the Área Rectora de Salud de Desamparados, reports under oath (folio 12) that on August 6, 2010, the petitioner did indeed file a complaint before that Área Rectora de Salud against her neighbor, for the leakage of black water onto her property. She states that on the following August 19, technician Lilly Rivera Romero conducted an inspection visit and performed a dye test with fluorescein, which yielded a positive result, both for black water and for gray water, for which reason she issued sanitary order number RCS-ARSD-LRR-032-10 to the property owner, Mrs. Patricia Guadamuz Castro, and to the tenant, Mr. Randall Varela Barquero, sanitary order RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordering that within a period of fifteen business days they must properly and sanitarily dispose of the black and gray water from their dwelling into the respective system authorized by the Ministry of Health, and they are also obligated to maintain said system in perfect condition and that, should they fail to comply with the foregoing, the provisions of article 307 of the Penal Code and article 349 of the Ley General de Salud would be enforced, declaring the dwelling uninhabitable. She indicates that through official communication number ARSD-LRR-1090-2010 of the following August 20, the petitioner was informed of what had been done. She states that on October 12, 2010, a follow-up on the case was conducted to verify compliance with the sanitary orders, for which a dye test was performed, and despite the arrangements made by the respondents, the dye test yielded a positive result. She explains that given the foregoing, sanitary orders number RCS-ARSD-LRR-044-2010 and RCS-ARSD-LRR-045-2010 were issued, notified on October 20, declaring the house uninhabitable, which must therefore be vacated within a period of 30 business days, in order to prevent the contamination by black and gray water to the petitioner's dwelling. She states that as can be seen, for the specific case, as is evident from the administrative file, once the complaint was received from the amparo petitioner, on August 6, 2010, that authority arranged for the necessary inspections to be able to corroborate the veracity of the reported facts, and that in view of the fact that the respondent and her tenant ultimately did not comply with the issued sanitary orders, it proceeded to declare the property uninhabitable and thus stop the reported sanitary problem. She concludes that this Área Rectora de Salud has been diligent in processing the filed complaint and has arranged, for the specific case, not only the corresponding inspections and technical assessments, but has also provided timely follow-up on the case, adopting the necessary administrative measures to definitively resolve the reported sanitary problem. She requests that the action filed be dismissed.
3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Prepared by Judge Araya Garcia; and,
Considerando:
I.- Object of the action. The petitioner considers her fundamental rights violated, because she states that the respondent Ministry has not duly addressed the complaint she filed against her neighbor for contamination by black and gray water.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
a. On August 6, 2010, the petitioner filed a complaint before the Área Rectora de Salud de Desamparados against her neighbor, for the leakage of black water onto her property. (folio 41) b. On August 19, 2010, technician Lilly Rivera Romero of the respondent Ministry conducted an inspection and a dye test with fluorescein yielded a positive result, both for black water and for gray water, for which reason she issued sanitary order number RCS-ARSD-LRR-032-10 to the property owner of the dwelling, Mrs. Patricia Guadamuz Castro, and to the tenant, Mr. Randall Varela Barquero, sanitary order RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordering that within a period of fifteen business days they must properly and sanitarily dispose of the black and gray water from their dwelling into the respective system authorized by the Ministry of Health. (folio 35) c. Through official communication number ARSD-LRR-1090-2010 of the following August 20, the respondent Área informed the petitioner of what had been done. (folio 35) d. On October 12, 2010, the respondent authority again conducted an inspection at the location in question, with the purpose of following up on the case to verify compliance with the sanitary orders, for which a dye test was performed, and despite the arrangements made by the respondents, the dye test yielded a positive result. (folio 28) e. The respondent issued sanitary orders number RCS-ARSD-LRR-044-2010 and RCS-ARSD-LRR-045-2010, both dated October 19, 2010, notified to the respondents on October 20, declaring the house uninhabitable, and therefore the eviction within a period of 30 business days, in order to prevent contamination by black and gray water to the petitioner's dwelling. (folios 22 y 25) III.- On the right to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política, as well as in various International Conventions. In this regard, this Constitutional Court, in judgment No. 1993-3705, stated the following:
“(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of \"lesión\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".
Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of article 50 of the Constitución Política, which provides as applicable:
"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)".
In relation to the foregoing, this Chamber, through judgment No. 1998-1808, considered:
"(...) the State not only has the unavoidable responsibility of ensuring that the health of each of the persons who make up the national community does not suffer harm from third parties, in relation to these rights, but, additionally, it must assume the responsibility of achieving the social conditions conducive so that each person can enjoy their health, understanding such right as a state of physical, mental (or psychological) and social well-being (…)".
In that context, infra-constitutional regulations develop this right, and the Ley General de Salud authorizes the Ministry of Health to take sanitary measures and impose the corresponding sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Thus, the rights established in articles 21 and 50 of the Constitution constrain the State not only to recognize them as such, but also compel it to use materially and legally legitimate means to guarantee them.
IV.- The specific case. After analyzing the case under study, this Court finds it proven that the petitioner did indeed file a complaint on August 6, 2010, before the Área Rectora de Salud de Desamparados against a neighbor of hers, for the leakage of black and gray water onto her property. For this reason, on August 19, 2010, the respondent Ministry conducted an inspection, verifying that such contamination was indeed occurring, since the dye test with fluorescein yielded a positive result, both for black water and for gray water, for which reason it issued sanitary order number RCS-ARSD-LRR-032-10 to the property owner of the dwelling, Mrs. Patricia Guadamuz Castro, and to the tenant, Mr. Randall Varela Barquero, sanitary order RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordering them that within a period of fifteen business days they must properly and sanitarily dispose of the black and gray water from their dwelling into the respective system authorized by the Ministry of Health. Of all the foregoing, the petitioner was duly notified through official communication number ARSD-LRR-1090-2010 of August 20, 2010. Subsequently, and with the purpose of following up on the sanitary orders issued, on October 12, 2010, the respondent authority again conducted an inspection at the location in question, determining that the contamination problem was still occurring, for which reason sanitary orders number RCS-ARSD-LRR-044-2010 and RCS-ARSD-LRR-045-2010 were again issued, both on October 19, 2010, and notified to the respondents on October 20, 2010, declaring the house uninhabitable, and therefore, the eviction within a period of 30 business days, in order to prevent contamination by black and gray water to the petitioner's dwelling. In light of the foregoing, the Ministry considers that it has protected the rights of the amparo petitioner; however, this Court considers that said action was not carried out with the due speed and efficiency that was warranted, since it should be noted that the first sanitary orders expired approximately on September 9, 2010, and it was not until August 12, 2010, more than a month later, that the respondent authority performed the inspection to verify their due compliance, even though it concerns a matter so serious, even for public health, such as the inadequate treatment of black and gray water, and having knowledge of the impact this was having on the petitioner's family; with the sanitary orders declaring said dwelling uninhabitable and ordering the eviction of the occupants even being issued after this amparo action was notified to the respondent authority. The Chamber has been emphatic in pointing out the fundamental right of citizens to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. This last obligation is derived from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies”, 139, subsection 4), as it incorporates the concept of “good governance” and 191 to the extent that it incorporates the principle of “efficiency of the administration” (judgment number 2007-4610). Due to the foregoing, and having determined that the respondent authority has not timely and promptly fulfilled its duty to ensure the health of the petitioner, it is appropriate to grant the action, ordering the respondent Ministry to verify compliance with the issued sanitary orders and to guarantee the rights of the amparo petitioner.
Por tanto:
The action is granted. Consequently, Carol Jiménez González, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados, or whoever occupies the position in her stead, is ordered to IMMEDIATELY upon notification of this resolution, proceed to verify compliance with sanitary orders RCS-ARSD-LRR-044-2010 and RCS-ARSD-LRR-045-2010 and to guarantee the right to health of the amparo petitioner. The foregoing under warning of the consequences, including criminal ones, arising from disobedience to the orders issued by this Constitutional Court, article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The State is ordered to pay costs, damages, and losses, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify this judgment to Carol Jiménez González, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados, or to whoever occupies the position in her stead, in person. Communicate.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V.
Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G.
Jorge Araya G.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *100137880007CO* Res. Nº 2011002100 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil once.
Recurso de amparo interpuesto por Karla Vanessa Dávila Jirón; mayor, con cédula de residencia número 155801781117; contra la Directora del Área Rectora de Salud de Desamparados.
Resultando:
1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 9:33 horas del 7 de octubre de 2010, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Directora del Área Rectora de Salud de Desamparados y manifiesta que es vecina de la Urbanización Veracruz, situada en San Miguel de Higuito, Desamparados. Refiere que el 06 de agosto de 2010 interpuso ante la autoridad recurrida una denuncia por filtración de aguas negras y servidas provenientes de una casa vecina. Señala que por oficio ARSD-LRR-10902010 del 20 de agosto pasado, la autoridad recurrida le indicó que se habían girado las órdenes sanitarias número ARSD-LRR-032-A y 032-B, a efecto de que en el plazo de quince días el arrendante de la vivienda contigua realizara la canalización adecuada de las aguas negras y servidas, a efecto de evitar que se filtraran a su vivienda. Sin embargo, su vecino no hizo las reparaciones respectivas, y el accionado no ha tomado las medidas necesarias para paliar el problema de contaminación que enfrenta. Estima que el recurrido no solo ha lesionado su derecho a obtener pronta resolución a su denuncia, sino que lesiona sus derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Informa bajo juramento Carol Jiménez González, en su calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados (folio 12), que el 06 de agosto del 2010 la recurrente efectivamente interpuso denuncia ante esa Área Rectora de Salud en contra de su vecina, por filtración de aguas negras hacia su propiedad. Señala que el 19 de agosto siguiente, la técnico Lilly Rivera Romero realizó visita de inspección y realizó prueba de coloración con fluoresceína, la cual dio resultado positivo, tanto por aguas negras como por aguas servidas, por lo que giró la orden sanitaria número RCS-ARSD-LRR-032-10 a la propietaria de la vivienda, señora Patricia Guadamuz Castro y al inquilino, señor Randall Varela Barquero, orden sanitaria RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordenando que en un plazo de quince días hábiles debían disponer adecuada y sanitariamente de las aguas negras y servidas de su vivienda al respectivo sistema autorizado por el Ministerio de Salud, asimismo están obligados a mantener dicho sistema en perfecto estado y que de no cumplir con lo anterior, se cumpliría con lo ordenado en el artículo 307 del Código Penal y el artículo 349 de la Ley General de Salud, declarando inhabitable la vivienda. Indica que mediante oficio número ARSD-LRR-1090-2010 del 20 de agosto siguiente, se le informó a la recurrente lo actuado. Manifiesta que el 12 de octubre de 2010, se realizó seguimiento al caso para verificar el cumplimiento de lo ordenado en las órdenes sanitarias, por lo cual se realizó prueba de coloración y a pesar de los arreglos realizados por los denunciados, la prueba de coloración dio un resultado positivo. Explica que dado lo anterior, se giró orden sanitaria número RCS-ARSD-LRR-044-2010 y RCS-ARSD-LRR-045-2010, notificadas el 20 de octubre, declarando la casa inhabitable, por lo que se debe desalojar en un plazo de 30 días hábiles, con el fin de evitar la contaminación por aguas negras y servidas a la vivienda de la recurrente. Expresa que como se puede apreciar, para el caso concreto, según se desprende del expediente administrativo, una vez recibida la denuncia por parte de la amparada, el 06 de agosto de 2010 se dispuso de parte de esa autoridad, las inspecciones necesarias para poder corroborar la veracidad de los hechos denunciados y que en vista de que finalmente, la denunciada y su inquilino no cumplieron con las órdenes sanitarias giradas, se procedió a declarar inhabitable el inmueble y así detener el problema sanitario denunciado. Concluye que esa Área Rectora de Salud ha sido diligente en la tramitación de la denuncia interpuesta y ha dispuesto, para el caso concreto, no sólo las inspecciones y valoraciones técnicas correspondientes, sino que ha brindado el seguimiento oportuno del caso, adoptando las medidas administrativas necesarias para resolver de forma definitiva el problema sanitario denunciado. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, por cuanto señala que el Ministerio recurrido no ha atendido debidamente la denuncia que interpuso contra su vecina por contaminación de aguas negras y servidas.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a. El 6 de agosto de 2010 la recurrente interpuso denuncia ante el Área Rectora de Salud de Desamparados en contra de su vecina, por filtración de aguas negras hacia su propiedad. (folio 41) b. El 19 de agosto de 2010 la técnico Lilly Rivera Romero del Ministerio recurrido realizó una inspección y la prueba de coloración con fluoresceína dio resultado positivo, tanto por aguas negras como por aguas servidas, por lo que giró la orden sanitaria número RCS-ARSD-LRR-032-10 a la propietaria de la vivienda, señora Patricia Guadamuz Castro y al inquilino, señor Randall Varela Barquero, orden sanitaria RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordenando que en un plazo de quince días hábiles debían disponer adecuada y sanitariamente de las aguas negras y servidas de su vivienda al respectivo sistema autorizado por el Ministerio de Salud. (folio 35) c. Mediante oficio número ARSD-LRR-1090-2010 del 20 de agosto siguiente, el Área recurrida le informó a la recurrente lo actuado. (folio 35) d. El 12 de octubre de 2010 la autoridad recurrida volvió a realizar una inspección en el lugar en cuestión, con el objeto de dar seguimiento al caso para verificar el cumplimiento de las órdenes sanitarias, por lo cual se realizó prueba de coloración y a pesar de los arreglos realizados por los denunciados, la prueba de coloración dio un resultado positivo. (folio 28) e. La recurrida giró las órdenes sanitarias número RCS-ARSD-LRR-044-2010 y RCS-ARSD-LRR-045-2010 ambas del 19 de octubre de 2010, notificadas a los denunciados el 20 de octubre, declarando la casa inhabitable, y por ende el desalojo en un plazo de 30 días hábiles, con el fin de evitar la contaminación por aguas negras y servidas a la vivienda de la recurrente. (folios 22 y 25) III.- Sobre el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política, así como en diversos Convenios Internacionales. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la sentencia No. 1993-3705, indicó lo siguiente:
“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".
Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".
En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante sentencia No. 1998-1808 consideró:
"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".
En ese contexto la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias e imponer las sanciones correspondientes con el fin de proteger el ambiente y el derecho a la salud de las personas. De modo que los derechos establecidos en los artículos 21 y 50 constitucionales, constriñen al Estado no solo a reconocerlos como tales, sino además, lo conmina a utilizar los medios, material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.
IV.- El caso concreto. Una vez analizado el caso sometido a estudio, este Tribunal tiene por demostrado que efectivamente la recurrente presentó una denuncia el 6 de agosto de 2010 ante el Área Rectora de Salud de Desamparados en contra de una vecina suya, por filtración de aguas negras y servidas hacia su propiedad. Motivo por el cual, el 19 de agosto de 2010 el Ministerio recurrido realizó una inspección verificando que ciertamente se producía tal contaminación, por cuanto la prueba de coloración con fluoresceína dio resultado positivo, tanto por aguas negras como por aguas servidas, por lo que giró la orden sanitaria número RCS-ARSD-LRR-032-10 a la propietaria de la vivienda, señora Patricia Guadamuz Castro y al inquilino, señor Randall Varela Barquero, orden sanitaria RCS-ARSD-LRR-033-2010, ordenándoles que en un plazo de quince días hábiles debían disponer adecuada y sanitariamente de las aguas negras y servidas de su vivienda al respectivo sistema autorizado por el Ministerio de Salud. De todo lo anterior fue debidamente notificada la recurrente mediante oficio número ARSD-LRR-1090-2010 del 20 de agosto de 2010. Posteriormente y con el objeto de dar seguimiento a las órdenes sanitarias emitidas, el 12 de octubre de 2010 la autoridad recurrida volvió a realizar una inspección en el lugar en cuestión, determinando que el problema de contaminación seguía produciéndose, por lo que se giraron nuevamente las órdenes sanitarias número RCS-ARSD-LRR-044-2010 y RCS-ARSD-LRR-045-2010 ambas el 19 de octubre de 2010 y notificadas a los denunciados el 20 de octubre de 2010, declarando la casa inhabitable, y por ende, el desalojo en un plazo de 30 días hábiles, con el fin de evitar la contaminación por aguas negras y servidas a la vivienda de la recurrente. En atención a lo expuesto es que el Ministerio estima haber tutelado los derechos de la amparada, sin embargo este Tribunal considera que dicha actuación no se dio con la debida celeridad y eficiencia que ameritaba, pues nótese que las primeras órdenes sanitarias vencían aproximadamente el 9 de setiembre de 2010 y no es, sino hasta el 12 de agosto de 2010, más de un mes después, que la autoridad recurrida realiza la inspección para verificar su debido cumplimiento, aún cuando se trata de un asunto tan grave, incluso para la salud pública, como es el inadecuado tratamiento de las aguas negras y servidas y teniendo conocimiento de la afectación que ello estaba produciendo en la familia de la amparada; siendo incluso después de notificado este amparo a la autoridad recurrida, que se emiten las órdenes sanitarias que declaran inhabitable dicha vivienda y ordenan el desalojo de los ocupantes. La Sala ha sido enfática en señalar el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración” (sentencia número 2007-4610). En razón de lo expuesto y habiéndose determinado que la autoridad recurrida no ha cumplido oportunamente y con celeridad su deber de velar por la salud de la recurrente, procede declarar con lugar el recurso, ordenando al Ministerio recurrido verificar el cumplimiento de las órdenes sanitarias emitidas y garantizar los derechos de la amparada.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Carol Jiménez González, en su calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que de INMEDIATO a la comunicación de de esta resolución, proceda a verificar el cumplimiento de las órdenes sanitarias RCS-ARSD-LRR-044-2010 y RCS-ARSD-LRR-045-2010 y a garantizar el derecho a la salud de la amparada. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas por este Tribunal Constitucional, artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia a Carol Jiménez González, en su calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal. Comuníquese.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V.
Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G.
Jorge Araya G.
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