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Res. 01841-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/02/2011
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber declares the disobedience by the Mayor of Cartago to ruling 2010-00171 and orders that certified copies be sent to the Public Prosecutor’s Office to investigate the non-compliance.La Sala Constitucional declara la desobediencia del Alcalde de Cartago a la sentencia 2010-00171 y ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el incumplimiento.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber addresses a disobedience motion filed by Johanna Torres Hernández against the Mayor of Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, for failing to comply with rulings No. 2010-00171 and No. 2010-13388. Those rulings ordered the municipality to guarantee potable water service to the residents of Barrio Morado and to issue a sanitary closure order against a private aqueduct illegally operated by Olivier Chaves Chavarría. Despite the Mayor’s claims of interinstitutional meetings and water delivery by tanker trucks, the Chamber finds that the private aqueduct continues to operate without sanitary controls, with unauthorized fees, and poses a public health risk. The Chamber determines that disobedience has occurred and orders that certified copies be sent to the Public Prosecutor’s Office to investigate the non-compliance, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoce una gestión de desobediencia presentada por Johanna Torres Hernández contra el Alcalde de la Municipalidad de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, por incumplir lo ordenado en las sentencias Nº 2010-00171 y Nº 2010-13388. En dichas resoluciones se había ordenado al municipio garantizar el servicio de agua potable a los vecinos de Barrio Morado y emitir una orden sanitaria de clausura contra el acueducto privado operado ilegalmente por Olivier Chaves Chavarría. A pesar de que el Alcalde alegó haber realizado reuniones interinstitucionales y suministrado agua mediante camiones cisterna, la Sala constata que el acueducto privado continúa funcionando sin control sanitario, con tarifas no autorizadas y en riesgo para la salud pública. La Sala determina que existe desobediencia y, en consecuencia, ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el incumplimiento de lo resuelto, conforme al artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Key excerptExtracto clave
Indeed, the respondent Mayor argues in his favor that at the beginning of this year he held several meetings with authorities of the Ministry of Health and representatives of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to achieve a comprehensive resolution of the case, and also indicates that since December 2010 he has been ensuring the enjoyment of potable water service in the homes with the support of tanker trucks. However, since May 25, 2010 (folio 235), the Mayor has been aware of ruling No. 2010-00171 in which the Chamber determined that "...the Municipality authorized the company Proyectos Industriales Eléctricos Sociedad Anónima, represented by Mr. Chaves, who is also the developer of the housing project in that area, to supply water to the cited community; that is, this private party, with the authorization of the respondent Municipality, is operating a private aqueduct outside the law since it has no authorization from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers nor are the rates authorized by ARESEP (...)" the ruling continues "(...) from the inspection carried out by AYA officials, it is verified that the aqueduct 'does not meet the minimum technical requirements to provide a service of quality, continuity and sufficient quantity, they even noted serious problems in the intake that could lead to a risk of contamination, and there are approximately 35 homes interconnected with this system', a situation for which the Chamber ordered "(...) for although the respondent Municipality is not competent to carry out sanitary control of water potability, in this case it is not apparent from the record that it has undertaken any diligent action to solve the problem repeatedly raised by the residents of the area and to verify whether the aqueduct operated by the respondent company was fully operational and, if not, to take appropriate measures or notify the Ministry of Health or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in accordance with the law, a situation that has led to ongoing complaints against this company for the same facts..." In light of the foregoing, and given that, as of the date this new disobedience motion was filed, the respondent authority has not proceeded with the full and complete execution of what was ordered, and the respondent Municipality continues to tolerate the illegal operation of a private aqueduct in the area, which charges fees not approved by the corresponding authority and potentially endangers the health of the residents (see sanitary order No. 863-2010 dated December 20, 2010, visible at folio 332), it is ordered that certified copies be sent to the Public Prosecutor's Office to investigate the non-compliance with ruling No. 2010-00171 of 10:05 a.m. on January 8, 2010.Ciertamente, el Alcalde recurrido alega a su favor que a principios de este año procedió a realizar varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para lograr una resolución integral del caso y además indica que desde el mes de diciembre del 2010 asegura el disfrute del servicio de agua potable en las viviendas apoyado con camiones cisterna. No obstante, desde el 25 de mayo de 2010 (folio 235), el Alcalde tiene conocimiento de la sentencia No. 2010-00171 en el que la Sala determinó que "...la Municipalidad autorizó a la empresa Proyectos Industriales Eléctricos Sociedad Anónima representada por el señor Chaves, que es a su vez el desarrollador del proyecto habitacional de dicha zona, el suministro de agua a la comunidad citada, es decir que dicho sujeto privado con autorización de la Municipalidad recurrida está administrando un acueducto en forma privada y al margen de la ley por cuanto no tiene autorización del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ni las tarifas se encuentran autorizadas por el ARESEP (...)", continúa la sentencia de cita "(...) de la inspección realizada por funcionarios del AYA, se constata que el acueducto 'no guarda los requerimientos mínimos técnicos establecidos para poder brindar un servicio de calidad, continuidad y cantidad suficientes, incluso notaron serios problemas en la captación que pueden inducir a riesgo de contaminación de la misma y que existen aproximadamente 35 viviendas interconectadas con este sistema', situación por la que la Sala dispuso "(...) pues si bien la Municipalidad recurrida no resulta competente para llevar a cabo un control sanitario de la potabilidad del agua, en el presente caso no se desprende de los autos, que haya realizado en general una actuación diligente para solucionar el problema planteado en forma reiterada por los vecinos de la zona y comprobar si el acueducto que administra la empresa recurrida se encontraba en operando a pleno y caso contrario tomar las medidas pertinentes o notificar al Ministerio de Salud, o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de acuerdo con el ordenamiento jurídico, situación que ha provocado que se continúen presentando las denuncias contra esta empresa por los mismos hechos..." En virtud de lo anterior y, dado que, a la fecha de interpuesta esta nueva gestión de desobediencia la autoridad recurrida no ha procedido con la ejecución plena e íntegra de lo ahí dispuesto, y la Municipalidad recurrida continúa tolerando el funcionamiento ilegal de un acueducto privado en la zona, el cual cobra tarifas que no han sido aprobadas por el ente correspondiente y que eventualmente pone en riesgo la salud de los habitantes (ver orden sanitaria No. 863-2010 de fecha 20 de diciembre de 2010 visible a folio 332), se ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el referido incumplimiento de lo resuelto en la sentencia No. 2010-00171 de las 10:05 hrs. del ocho de enero de 2010.
Pull quotesCitas destacadas
"la Municipalidad recurrida continúa tolerando el funcionamiento ilegal de un acueducto privado en la zona, el cual cobra tarifas que no han sido aprobadas por el ente correspondiente y que eventualmente pone en riesgo la salud de los habitantes"
"the respondent Municipality continues to tolerate the illegal operation of a private aqueduct in the area, which charges fees not approved by the corresponding authority and potentially endangers the health of the residents"
Considerando único
"la Municipalidad recurrida continúa tolerando el funcionamiento ilegal de un acueducto privado en la zona, el cual cobra tarifas que no han sido aprobadas por el ente correspondiente y que eventualmente pone en riesgo la salud de los habitantes"
Considerando único
"el Alcalde recurrido alega a su favor que a principios de este año procedió a realizar varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para lograr una resolución integral del caso"
"the respondent Mayor argues in his favor that at the beginning of this year he held several meetings with authorities of the Ministry of Health and representatives of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to achieve a comprehensive resolution of the case"
Considerando único
"el Alcalde recurrido alega a su favor que a principios de este año procedió a realizar varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para lograr una resolución integral del caso"
Considerando único
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: February 11, 2011 at 11:35 a.m.
Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *090106530007CO* Res. No. 2011001841 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and thirty-five minutes on the eleventh of February, two thousand eleven.
Proceeding for disobedience (Gestión de desobediencia) filed by Johanna Torres Hernández, in the case record, against Rolando Alberto Rodríguez Brenes in his capacity as Mayor (Alcalde) of the Municipality of Cartago.- Whereas (Resultando):
1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 3:00 p.m. on November 10, 2010 (visible on folio 286), the petitioner accused disobedience of what was ordered by the Constitutional Court in Votos No. 2010-00171 of 10:05 a.m. on January 8, 2010, and No. 2010-13388 of 5:46 p.m. on August 10, 2010, since the Mayor of the Municipality of Cartago, as of the date this proceeding was filed, has not complied with what was ordered by this Sala and consequently the aqueduct (acueducto) administered by Olivier Chaves Chavarría continues to operate.
2.- By resolution of 11:32 a.m. on November 19, 2010 (visible on folio 289), notice of this proceeding was given to Rolando Alberto Rodríguez Brenes in his capacity as Mayor of the Municipality of Cartago.
3.- By brief submitted at 9:00 a.m. on January 31, 2011, Olivier Chaves Chavarría (folio 336) states that through Votos No. 2009-018147 and No. 2010-00171, the Sala ordered the Municipality of Cartago and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide water to the community of Barrio Morado; however, said institutions failed to comply with the request. On October 23, 2010, he sent a notice to the petitioner for the collection of the water service debt owed to him and on the 30th of that month he cut off the supply due to non-payment. He considers that as long as none of the respondent institutions show an interest in complying with the cited Votos, the community cannot be left without water, so he will continue providing the water service.
4.- Rolando Rodríguez Brenes, in his condition as Municipal Mayor of Cartago, reports under oath (visible on folios 342) that the Municipality of Cartago has guaranteed and will continue to guarantee a water service under adequate conditions of potability and continuity. In compliance with the Votos of the Sala, the municipality has further ensured the enjoyment of the potable water service in the dwelling houses of the petitioner and other residents of that sector, supported by tanker trucks since mid-December 2010, therefore safeguarding for the residents of that neighborhood a public water supply service under potable conditions. On the other hand, the Municipality is not competent to issue health orders. In any case, this Municipality and the Area Rectora de Salud de Cartago have been working continuously on the comprehensive attention and resolution of this case and have also considered the existence of the technical report titled "Generación de un deslizamiento en los alrededores de barrio Morado camino a la planta hidroeléctrica JASEC" No. DPM-INF-0992-2010 issued by the Comisión de Emergencias on October 7, 201. Since the first working day of this year, various meetings have been held at the local and inter-institutional level, as well as sanitary, environmental, and constructive assessments in the field, in which representatives of the ICAA and the Area Rectora de Salud de Cartago participated. He requests that this disobedience proceeding be dismissed.
5.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Araya Garcia; and, Considering (Considerando):
SOLE.- In the present matter, the petitioner appears for the second time before this Constitutional Court alleging disobedience to what was ordered in 2010-00171 of 10:05 a.m. on January 8, 2010, since the respondent Mayor of the Municipality of Cartago, as of the date this proceeding was filed, has not complied with the order of the Sala and the aqueduct (acueducto) administered by Olivier Chaves Chavarría continues to operate. In this regard, in accordance with the report rendered under oath by the cited authority, what was stated by the administrator of the aqueduct, and the documentary evidence provided, this Sala deems it proven that indeed the aqueduct administered by Olivier Chaves Chavarría continues to operate illegally and is the one that supplies potable water service to the residents of Barrio Morado. The foregoing, despite the fact that by interlocutory Voto No. 2010-13388 of 5:46 p.m. on August 10, 2010, this Court reiterated the order to Rolando Alberto Rodríguez Brenes in his capacity as Mayor of the Municipality of Cartago to immediately adopt and execute the necessary measures so that the necessary work is carried out to guarantee the protected party and the residents living in the hamlet located one kilometer east of the Holcim factory the enjoyment of the potable water service in their dwelling houses, and to immediately issue the health order for the closure of the aqueduct administered by Mr. Olivier Chaves Chavarría, President of the company Proyectos Industriales Eléctricos S.A. Certainly, the respondent Mayor argues in his favor that at the beginning of this year he proceeded to hold several meetings with authorities of the Ministry of Health and representatives of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to achieve a comprehensive resolution of the case and also indicates that since December 2010 he has ensured the enjoyment of the potable water service in the homes, supported by tanker trucks. However, since May 25, 2010 (folio 235), the Mayor has been aware of judgment No. 2010-00171 in which the Sala determined that "... the Municipality authorized the company Proyectos Industriales Eléctricos Sociedad Anónima, represented by Mr. Chaves, who is in turn the developer of the housing project in that zone, to supply water to the cited community, meaning that said private subject, with authorization from the respondent Municipality, is administering an aqueduct privately and outside the law since it does not have authorization from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados nor are the tariffs authorized by ARESEP (...)", the cited judgment continues "(...) from the inspection carried out by AYA officials, it is verified that the aqueduct 'does not meet the minimum technical requirements established to be able to provide a service of sufficient quality, continuity, and quantity, they even noted serious problems in the catchment (captación) that could induce a risk of contamination of the same and that there are approximately 35 dwellings interconnected with this system', a situation for which the Sala ordered "(...) for although the respondent Municipality is not competent to carry out a sanitary control of water potability, in the present case it is not evident from the case record that it has generally carried out diligent action to solve the problem raised repeatedly by the residents of the zone and to verify if the aqueduct administered by the respondent company was operating fully and, if not, to take the pertinent measures or notify the Ministry of Health, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in accordance with the legal system, a situation that has caused complaints against this company for the same acts to continue to be filed..." (the underlining is not from the original). By virtue of the foregoing and, given that, as of the date this new disobedience proceeding was filed, the respondent authority has not proceeded with the full and integral execution of what was ordered therein, and the respondent Municipality continues to tolerate the illegal operation of a private aqueduct in the zone, which charges tariffs that have not been approved by the corresponding entity and that eventually puts the health of the inhabitants at risk (see health order No. 863-2010 dated December 20, 2010, visible on folio 332), it is ordered that certified copies of portions of the record be sent to the Ministerio Público (Public Prosecutor's Office) so that it may investigate the aforementioned non-compliance with what was resolved in judgment No. 2010-00171 of 10:05 a.m. on January 8, 2010.
Therefore (POR TANTO):
It is ordered that certified copies of portions of the record be sent to the Ministerio Público so that it may investigate the non-compliance with what was resolved in Judgment 2010-00171 of 10:05 a.m. on January 8, 2010, by Rolando Alberto Rodríguez Brenes, in his condition as Mayor of the Municipality of Cartago (article 71 of the Ley de Jurisdicción Constitucional).
Ana Virginia Calzada M. Presidenta Luis Paulino Mora M. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:29:49.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *090106530007CO* Res. Nº 2011001841 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y treinta y cinco minutos del once de febrero del dos mil once.
Gestión de desobediencia interpuesta por Johanna Torres Hernández en autos conocida contra Rolando Alberto Rodríguez Brenes en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Cartago.-
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:00 hrs. del 10 de noviembre de 2010 (visible a folio 286), la recurrente acusó desobediencia a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en los Votos No. 2010-00171 de las 10:05 hrs. del ocho de enero de 2010 y No. 2010-13388 de las 17:46 hrs. del 10 de agosto de 2010, toda vez que, el Alcalde de la Municipalidad de Cartago, a la fecha de interpuesta la presente gestión, no ha cumplido con la ordenado por esta Sala y en consecuencia el acueducto administrado por Olivier Chaves Chavarría continúa funcionando.
2.- Mediante resolución de las 11:32 hrs. del 19 de noviembre del 2010 (visible a folio 289), se le dio traslado de la presente gestión Rolando Alberto Rodríguez Brenes en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Cartago.
3.- Mediante memorial presentado a las 9:00 hrs. del 31 de enero de 2011, Olivier Chaves Chavarría (folio 336) manifiesta que mediante votos No. 2009-018147 y No. 2010 -00171, la Sala ordenó a la Municipalidad de Cartago y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dotar de agua a la comunidad de Barrio Morado; sin embargo dichas instituciones incumplieron lo solicitado. El 23 de octubre de 2010, le envió un oficio a la recurrente para el cobro del servicio de agua que le adeuda y el 30 de ese mes le cortó el suministro por falta de pago. Considera que mientras ninguna de las instituciones recurridas muestre un interés en cumplir con los votos de cita, la comunidad no puede quedarse sin agua por lo que él mantendrá otorgando el servicio de agua.
4.- Informa bajo juramento Rolando Rodríguez Brenes en su condición de Alcalde Municipal de Cartago (visible a folios 342), que la Municipalidad de Cartago ha dado y seguirá garantizando un servicio de agua en condiciones adecuadas de potabilidad y de continuidad. En acatamiento de los votos de la Sala, la municipalidad ha asegurado aún más el disfrute del servicio de agua potable en las casa de habitación de la recurrente y demás vecinos de ese sector, apoyado con camiones cisternas desde mediados de diciembre de 2010, por lo que se les está resguardando a los vecinos de ese barrio un servicio público de suministro de agua en condiciones de potabilidad. Por otra parte, la Municipalidad no es competente para dictar órdenes sanitarias. En todo caso, esta Municipalidad y el Area Rectora de Salud de Cartago han estado trabajando en forma continua en la atención y resolución integral de este caso y también han considerado la existencia del informe técnico denominado "Generación de un deslizamiento en los alrededores de barrio Morado camino a la planta hidroeléctrica JASEC" No. DPM-INF-0992-2010 emitido por la Comisión de Emergencias el 7 de octubre de 201. Desde el primer día hábil de este año se han realizado diversas reuniones a nivel local e interinstitucional así como valoraciones a nivel sanitario, ambiental y constructiva en el campo, en las que intervinieron representantes del ICAA y el Area Rectora de Salud de Cartago. Solicita que se desestime la presente gestión de desobediencia.
5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,
Considerando:
UNICO.- En el presente asunto, la recurrente acude por segunda ocasión a este Tribunal Constitucional aduciendo la desobediencia a lo dispuesto en el 2010-00171 de las 10:05 hrs. del ocho de enero de 2010, toda vez que el Alcalde recurrido de la Municipalidad de Cartago, a la fecha de interpuesta la presente gestión no ha cumplido con la orden de la Sala y el acueducto administrado por Olivier Chaves Chavarría continúa funcionando. Al respecto, de conformidad con el informe rendido bajo juramento por la citada autoridad, lo dicho por el administrador del acueducto y la prueba documental aportada, esta Sala tiene por acreditado que efectivamente el acueducto administrado por Olivier Chaves Chavarría continúa funcionado en forma ilegal y es el que le suministra el servicio de agua potable a los vecinos de Barrio Morado. Lo anterior, a pesar que por Voto interlocutorio No. 2010-13388 de las 17:46 hrs. del 10 de agosto de 2010, este Tribunal le reiteró la orden a Rolando Alberto Rodríguez Brenes en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Cartago de adoptar y ejecutar en forma inmediata las medidas necesarias a fin de que se efectúen los trabajos que sean necesarios para garantizarle a la amparada y a los vecinos que residen en el caserío ubicado un kilómetro al este de la fábrica Holcim, el disfrute del servicio de agua potable en sus casas de habitación y de emitir de forma inmediata la orden sanitaria de clausura del acueducto administrado por el señor Olivier Chaves Chavarría, Presidente de la sociedad Proyectos Industriales Eléctricos S.A. Ciertamente, el Alcalde recurrido alega a su favor que a principios de este año procedió a realizar varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para lograr una resolución integral del caso y además indica que desde el mes de diciembre del 2010 asegura el disfrute del servicio de agua potable en las viviendas apoyado con camiones cisterna. No obstante, desde el 25 de mayo de 2010 (folio 235), el Alcalde tiene conocimiento de la sentencia No. 2010-00171 en el que la Sala determino que "... la Municipalidad autorizó a la empresa Proyectos Industriales Eléctricos Sociedad Anónima representada por el señor Chaves, que es a su vez el desarrollador del proyecto habitacional de dicha zona, el suministro de agua a la comunidad citada, es decir que dicho sujeto privado con autorización de la Municipalidad recurrida está administrando un acueducto en forma privada y al margen de la ley por cuanto no tiene autorización del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ni las tarifas se encuentran autorizadas por el ARESEP (..)", continúa la sentencia de cita "(...) de la inspección realizada por funcionarios del AYA, se constata que el acueducto "no guarda los requerimientos mínimos técnicos establecidos para poder brindar un servicio de calidad, continuidad y cantidad suficientes, incluso notaron serios problemas en la captación que pueden inducir a riesgo de contaminación de la misma y que existen aproximadamente 35 viviendas interconectadas con este sistema" , situación por la que la Sala dispuso "(...) pues si bien la Municipalidad recurrida no resulta competente para llevar a cabo un control sanitario de la potabilidad del agua, en el presente caso no se desprende de los autos, que haya realizado en general una actuación diligente para solucionar el problema planteado en forma reiterada por los vecinos de la zona y comprobar si el acueducto que administra la empresa recurrida se encontraba en operando a pleno y caso contrario tomar las medidas pertinentes o notificar al Ministerio de Salud, o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de acuerdo con el ordenamiento jurídico, situación que ha provocado que se continúen presentando las denuncias contra esta empresa por los mismos hechos..." (lo subrayado no es del original). En virtud de lo anterior y, dado que, a la fecha de interpuesta esta nueva gestión de desobediencia la autoridad recurrida no ha procedido con la ejecución plena e íntegra de lo ahí dispuesto, y la Municipalidad recurrida continúa tolerando el funcionamiento ilegal de un acueducto privado en la zona, el cual cobra tarifas que no han sido aprobadas por el ente correspondiente y que eventualmente pone en riesgo la salud de los habitantes (ver orden sanitaria No. 863-2010 de fecha 20 de diciembre de 2010 visible a folio 332), se ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el referido incumplimiento de lo resuelto en la sentencia No. 2010-00171 de las 10:05 hrs. del ocho de enero de 2010.
POR TANTO:
Se ordena testimoniar piezas ante el Ministerio Público para que investigue el incumplimiento de lo resuelto en la Sentencia 2010-00171 de las 10:05 hrs. del ocho de enero de 2010 por parte de Rolando Alberto Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago (artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional).
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Roxana Salazar C.
Rosa María Abdelnour G.
Jorge Araya G.
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