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Res. 00687-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/01/2011
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the right of petition and prompt resolution, and the Director of the Tilarán Health Area is ordered to respond in writing to the information request within a maximum of ten days.Se declara con lugar el amparo por violación del derecho de petición y pronta resolución, y se ordena a la Directora del Área Rectora de Salud de Tilarán responder por escrito la solicitud de información en un plazo máximo de diez días.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by Eddie Alvarado Vargas on behalf of Carlos Adrián Vargas Murillo and Ganadera La Gitana S.A., against the Tilarán Health Area Directorate of the Ministry of Health. The petitioner claims that the respondent authority has not resolved the request for information filed on September 20, 2010, concerning the technical closure and relocation of the Tilarán municipal landfill, as ordered in a previous amparo (file 07-005809-0007-CO). The respondent authority admits that the petition was misplaced and was not timely answered. The Chamber finds a violation of the constitutional right to petition and prompt resolution under Article 27 of the Political Constitution, given that more than four months elapsed without a response. The appeal is granted, and the Director of the Tilarán Health Area is ordered to respond in writing to the request within a non-extendable period of ten days, under warning of the penalties set forth in Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Eddie Alvarado Vargas a favor de Carlos Adrián Vargas Murillo y Ganadera La Gitana S.A., contra el Área Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud. El recurrente reclama que la autoridad recurrida no ha resuelto la solicitud de información presentada el 20 de septiembre de 2010, relativa al cierre técnico y traslado del botadero municipal de Tilarán, ordenado en un amparo anterior (expediente 07-005809-0007-CO). La autoridad recurrida admite que la gestión se traspapeló y no fue respondida oportunamente. La Sala constata la violación del derecho de petición y pronta resolución consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, al haber transcurrido más de cuatro meses sin respuesta. Se declara con lugar el recurso y se ordena a la Directora del Área Rectora de Salud de Tilarán responder por escrito la solicitud en el plazo improrrogable de diez días, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Key excerptExtracto clave
V.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, it is fully established that on September 20, 2010, Carlos A. Vargas Murillo, acting as the general attorney-in-fact for Ganadera La Gitana S.A., filed a writ before the Tilarán Health Area Directorate of the Ministry of Health, requesting information on whether the Municipality of Tilarán had submitted or processed before that Health Area Directorate or the National Environmental Technical Secretariat any project, documentation, or study to relocate the municipal landfill to another site and proceed with its technical closure, as well as information on what that Health Area Directorate had done to promote said relocation and oversee the technical closure of the municipal landfill. It is also established that this request for information was not resolved within the 10-day period provided for in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, since, according to the respondent authority, that petition was 'misplaced'. In fact, the respondent authority reports that as a result of the filing of this amparo, it will proceed to forward the relevant documentation to the petitioner, thus answering the information request. However, there is no evidence that, at the time of deciding this appeal, this has already occurred. This means that, ultimately, 4 months have elapsed since the said information request was filed, and there is no evidence that, to date, a formal administrative act resolving the request has been issued and notified. Therefore, it is appropriate to grant the amparo under review for violation of Article 27 of the Constitution and, consequently, order the respondent authority to proceed to resolve the request in question, within the period to be indicated in the operative part of this judgment.V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se tiene plenamente acreditado que el 20 de septiembre del 2010, Carlos A. Vargas Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de Ganadera La Gitana S.A., presentó un escrito ante al Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, en el que solicitó se le informara si la Municipalidad de Tilarán había presentado o gestionado ante esa Area Rectora de Salud o ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental algún proyecto, documentación o estudio para trasladar el botadero municipal a otro sitio y proceder a su cierre técnico, así como que se le informara qué había realizado esa Area de Rectora de Salud para procurar por el mencionado traslado y para fiscalizar el cierre técnico del botadero municipal. También se tiene por acreditado que tal solicitud de información no fue resuelta en el plazo de 10 días, previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues, según informa la autoridad recurrida, tal gestión se “traspapeló”. De hecho, la autoridad recurrida informa que en razón de la interposición del presente amparo se procederá a remitir la documentación pertinente al amparado, para así contestar su solicitud de información. Sin embargo, no consta que, al momento de resolverse este recurso, ello ya haya ocurrido. Lo que implica que, en definitiva, han transcurrido 4 meses desde que se presentó la referida solicitud de información y no consta que, a la fecha, ya se haya emitido y comunicado formal acto administrativo en que se resuelva la solicitud. Por lo que procede acoger el amparo en estudio por infracción al artículo 27 constitucional y, consecuentemente, ordenar a la autoridad recurrida que procede a resolver la solicitud en cuestión, en el plazo que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.
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"En el artículo 27 de la Constitución Política se consagra la libertad de toda persona de acudir ante cualquier funcionario o entidad oficial, a fin de peticionar por escrito, de forma individual o colectiva, sobre un asunto de su interés. Libertad que se complementa con el derecho a obtener de forma pronta una resolución que resulte congruente o atinente con lo peticionado, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses."
"Article 27 of the Political Constitution enshrines the freedom of every person to approach any public official or official entity in order to petition in writing, individually or collectively, on a matter of their interest. This freedom is complemented by the right to promptly obtain a resolution that is consistent or pertinent to the petition, although the latter does not mean that the petitioner must receive a favorable response to their interests."
Considerando IV
"En el artículo 27 de la Constitución Política se consagra la libertad de toda persona de acudir ante cualquier funcionario o entidad oficial, a fin de peticionar por escrito, de forma individual o colectiva, sobre un asunto de su interés. Libertad que se complementa con el derecho a obtener de forma pronta una resolución que resulte congruente o atinente con lo peticionado, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses."
Considerando IV
"la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y debe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta sino que se le dé, a él, una respuesta."
"the petition must be made in writing, and, therefore, a formal petition must be met with a formal response; therefore, it is not acceptable to consider negative silence as a response; moreover, the response must be timely and must be communicated to the petitioner, since what the petitioner requires, and has the right to demand, is not that a response be given but that a response be given to him."
Considerando IV
"la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y debe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta sino que se le dé, a él, una respuesta."
Considerando IV
"Dependiendo de la complejidad del caso la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 mencionado; si la solución no pueda darse por razones de la materia, la administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no pueda darse cumplimiento a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada..."
"Depending on the complexity of the case, the response must be given within ten days following receipt of the petition, as ordered by the aforementioned Article 32; if the resolution cannot be given for substantive reasons, the administration is obliged to explain, within the period required by law, the reasons why the request cannot be fulfilled, an explanation which must be extensive and detailed..."
Considerando IV
"Dependiendo de la complejidad del caso la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 mencionado; si la solución no pueda darse por razones de la materia, la administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no pueda darse cumplimiento a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada..."
Considerando IV
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Constitutional Chamber Date of Resolution: January 21, 2011 at 09:31 Case File: 10-017136-0007-CO Type of matter: Amparo appeal *100171360007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty-one minutes of January twenty-first, two thousand eleven.
Amparo appeal processed in case file number 10-017136-0007-CO, filed by EDDIE ALVARADO VARGAS, of legal age, married, attorney, identity card number 1-669-364, Costa Rican, on behalf of CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO, identity card number 5-118-589, and GANADERA LA GITANA S.A., against THE TILARAN GOVERNING HEALTH AREA OF THE MINISTRY OF HEALTH.
Whereas:
Drafted by Judge Pacheco Salazar; and,
Considering:
The petitioner alleges that as of the date of filing this amparo appeal, the petition filed by the protected parties on September 20, 2010, before the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, requesting information on the technical closure and relocation of the municipal dump of Tilarán, pursuant to what was already ordered by this Chamber in amparo number 07-005809-0007-CO, has not been resolved.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Only.- On September 20, 2010, Carlos A. Vargas Murillo, in his capacity as general attorney-in-fact (apoderado generalísimo) of Ganadera La Gitana S.A., filed a brief before the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, in which he requested to be informed whether the Municipality of Tilarán had filed or managed, before said Governing Health Area or the National Environmental Technical Secretariat, any project, documentation, or study to move the municipal dump to another site and proceed with its technical closure, as well as to be informed as to what that Governing Health Area had done to pursue the aforementioned relocation and to oversee the technical closure of the municipal dump (see report on folio 20 and copy of the brief on folio 2).
The following facts of relevance for the resolution of this amparo are not deemed proven:
Only.- That, to date, the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health has issued and formally communicated an administrative act (acto administrativo) resolving the aforementioned request for information (the records).
Article 27 of the Political Constitution enshrines the freedom of every person to appear before any official or public entity to petition in writing, individually or collectively, regarding a matter of their interest. This freedom is complemented by the right to promptly obtain a resolution that is consistent or pertinent with the petition, although this does not mean that the petitioner must receive a response favorable to their interests. In other words, what is recognized and protected is the right to petition and to obtain a resolution, and not the right to obtain what is requested. Now, in specifying the content of said fundamental right, this Chamber has resolved:
"(…) Regarding the right to petition and prompt resolution, as well as access to prompt and complete justice, the jurisprudence of this Chamber is abundant, according to which it has been determined that Article 27 of the Political Constitution enshrines the right to petition and prompt resolution, which consists of a power that citizens have to make petitions before public authorities. It has been indicated that the petition must be made in writing, and, therefore, a formal petition corresponds to a formal response, whereby it is not permissible to consider that negative silence is a response; moreover, it must be timely and must be communicated to the petitioner, since what the petitioner requires, and has the right to demand, is not that a response be given, but that a response be given to him. The response offered by the official or public entity requested for information cannot be limited to providing proof that the petition was received, but must examine the content of the request and resolve it in accordance with the legal powers that pertain to it, which does not imply that the response must be favorable to the petitioner's claims, but rather that it must be answered as soon as possible." (judgment number 4229-98 of 16:30 hours on July 17, 1998) Furthermore, in judgment number 2008-002462 of 15:11 hours on February 19, 2008, this Chamber added:
"(…) The right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the petitioner must receive a response favorable to their interests. In other words, it is the right to petition and not the right to obtain what is petitioned for – even though the public official must resolve in strict accordance with the law – since freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot curtail the right of the governed to address public bodies. In this way, the avenue of petition allows the Administration to be presented with matters that cannot be obtained through an appeal before it, provided that the Administration is not prohibited from doing so because it concerns a regulated matter.
Consequently, the right protected in the cited provision 27 is made up of a formal part and a substantive part: the former refers to the means by which the information is requested and, in turn, provided (a written petition must be answered in writing by the Administration); the latter, to the concordance between what is requested and the response provided." Finally, regarding the deadline for resolving the petition, this Constitutional Chamber has indicated the following:
"(...) The right to petition and prompt response protected by Article 27 of the Political Constitution and developed by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction requires the public official to take positive and clear action in response to a citizen's petition. Depending on the complexity of the case, the response must be given within ten days following the receipt of the petition, as ordered by the mentioned Article 32; if the solution cannot be provided due to reasons of the subject matter, the administration is obliged to explain, within the period required by law, the reasons why the request cannot be fulfilled, an explanation that must be extensive and detailed so that the petitioner is informed of the administrative procedure to be followed to issue the requested act." (judgment number 5870-95 of 17:51 hours on October 25, 1995)
In the case at hand, it is fully proven that on September 20, 2010, Carlos A. Vargas Murillo, in his capacity as general attorney-in-fact of Ganadera La Gitana S.A., filed a brief before the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, requesting to be informed whether the Municipality of Tilarán had filed or managed, before said Governing Health Area or the National Environmental Technical Secretariat, any project, documentation, or study to move the municipal dump to another site and proceed with its technical closure, as well as to be informed as to what that Governing Health Area had done to pursue the aforementioned relocation and to oversee the technical closure of the municipal dump. It is also proven that such a request for information was not resolved within the 10-day period provided for in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since, according to the respondent authority's report, said petition was "misfiled." In fact, the respondent authority reports that due to the filing of this amparo, it will proceed to send the pertinent documentation to the protected party, in order to answer his request for information.
However, there is no record that, at the time of resolving this appeal, this has already occurred. This implies that, ultimately, 4 months have elapsed since the aforementioned request for information was filed, and there is no record that, to date, a formal administrative act resolving the request has been issued and communicated. Therefore, the amparo under study must be granted for violation of Article 27 of the Constitution, and consequently, the respondent authority must be ordered to proceed to resolve the request in question, within the period to be indicated in the operative part of this judgment.
Therefore:
The appeal is granted. Consequently, Hilda María Barrantes Guerrero, in her capacity as Director of the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, or whoever exercises that position in her stead, is ordered to proceed, within the non-extendable period of ten days, counted from the notification of this judgment, to respond in writing to the request for information filed by the protected party on September twentieth, two thousand ten, and to notify them accordingly. Hilda María Barrantes Guerrero, in her capacity as Director of the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, or whoever exercises that position in her stead, is warned that in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely penalized.
The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. This resolution shall be notified personally to Hilda María Barrantes Guerrero, in her capacity as Director of the Tilaran Governing Health Area of the Ministry of Health, or to whoever exercises that position in her stead.
Gilbert Armijo S.
Acting Presiding Judge Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Rosa Esmeralda Blanco M.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Araya G.
CASE FILE No. 10-017136-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 10:26:40.
*100171360007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y treinta y uno minutos del veintiuno de enero del dos mil once.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 10-017136-0007-CO, interpuesto por EDDIE ALVARADO VARGAS, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-669-364, costarricense, a favor de CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO, cédula de identidad número 5-118-589, y de GANADERA LA GITANA S.A., contra EL AREA RECTORA DE SALUD DE TILARAN DEL MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,
Considerando:
El recurrente acusa que a la fecha de interposición del presente recurso de amparo no se ha resuelto la gestión planteada por los amparados, desde el 20 de septiembre del 2010, ante el Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, en la que se solicitó información sobre el cierre técnico y traslado del botadero municipal Tilarán, en razón de lo ya ordenado por esta Sala en el amparo número 07-005809-0007-CO.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ello según lo prevenido en el auto inicial:
Unico.- El 20 de septiembre del 2010, Carlos A. Vargas Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de Ganadera La Gitana S.A., presentó un escrito ante al Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, en el que solicitó se le informara si la Municipalidad de Tilarán había presentado o gestionado ante dicha Area Rectora de Salud o ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental algún proyecto, documentación o estudio para trasladar el botadero municipal a otro sitio y proceder a su cierre técnico, así como para que se le informara qué había realizado esa Area de Rectora de Salud para procurar por el mencionado traslado y para fiscalizar el cierre técnico del botadero municipal (ver informe a folio 20 y copia del escrito a folio 2).
No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este amparo:
Unico.- Que, a la fecha, el Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud haya emitido y comunicado formal acto administrativo en que se resuelva la referida solicitud de información (los autos).
En el artículo 27 de la Constitución Política se consagra la libertad de toda persona de acudir ante cualquier funcionario o entidad oficial, a fin de peticionar por escrito, de forma individual o colectiva, sobre un asunto de su interés. Libertad que se complementa con el derecho a obtener de forma pronta una resolución que resulte congruente o atinente con lo peticionado, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, lo que se reconoce y tutela es el derecho a pedir y a obtener resolución, y no el derecho a obtener lo que se pide. Ahora bien, al precisar el contenido de dicho derecho fundamental, esta Sala ha resuelto:
"(…) En punto al derecho de petición y pronta resolución, así como al de acceso a la justicia pronta y cumplida es copiosa la jurisprudencia de esta Sala, de conformidad con la cual se ha determinado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho de petición y pronta resolución, el cual consiste en una facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante las autoridades públicas. Se ha indicado que la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y debe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta sino que se le dé, a él, una respuesta. La contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido de información, no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición, sino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las atribuciones jurídicas que le competen, lo que no implica que la respuesta deba ser favorable a las pretensiones del administrado, sino que le debe responder lo antes posible." (sentencia número 4229-98 de las 16:30 horas del 17 de julio de 1998) Además, en sentencia número 2008-002462 de las 15:11 horas del 19 de febrero del 2008, esta Sala agregó:
"(…) El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide -aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley-, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. De esta manera, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada.
Consecuentemente, el derecho tutelado en el numeral 27 citado está conformado por una parte formal y otra sustancial: la primera se refiere al medio por el cual se solicita y a su vez se proporciona la información (ante una petición por escrito, la Administración debe responder también por escrito); la segunda, a la concordancia entre lo que se pide y la respuesta que se brinda." Finalmente, en cuanto al plazo para resolver la petición, esta Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:
"(...) El derecho de petición y pronta respuesta protegido por el artículo 27 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige al funcionario público una acción positiva y clara ante la petición de un ciudadano. Dependiendo de la complejidad del caso la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 mencionado; si la solución no pueda darse por razones de la materia, la administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no pueda darse cumplimiento a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el petente sea informado del procedimiento administrativo que deba seguirse para dictar el acto pedido." (sentencia número 5870-95 de las 17:51 horas del 25 de octubre de 1995)
En la especie, se tiene plenamente acreditado que el 20 de septiembre del 2010, Carlos A. Vargas Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de Ganadera La Gitana S.A., presentó un escrito ante al Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, en el que solicitó se le informara si la Municipalidad de Tilarán había presentado o gestionado ante esa Area Rectora de Salud o ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental algún proyecto, documentación o estudio para trasladar el botadero municipal a otro sitio y proceder a su cierre técnico, así como que se le informara qué había realizado esa Area de Rectora de Salud para procurar por el mencionado traslado y para fiscalizar el cierre técnico del botadero municipal. También se tiene por acreditado que tal solicitud de información no fue resuelta en el plazo de 10 días, previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues, según informa la autoridad recurrida, tal gestión se “traspapeló”.
De hecho, la autoridad recurrida informa que en razón de la interposición del presente amparo se procederá a remitir la documentación pertinente al amparado, para así contestar su solicitud de información. Sin embargo, no consta que, al momento de resolverse este recurso, ello ya haya ocurrido. Lo que implica que, en definitiva, han transcurrido 4 meses desde que se presentó la referida solicitud de información y no consta que, a la fecha, ya se haya emitido y comunicado formal acto administrativo en que se resuelva la solicitud. Por lo que procede acoger el amparo en estudio por infracción al artículo 27 constitucional y, consecuentemente, ordenar a la autoridad recurrida que procede a resolver la solicitud en cuestión, en el plazo que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Hilda María Barrantes Guerrero, en su calidad de Directora del Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que proceda en el plazo improrrogable de diez días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a responder por escrito la solicitud de información planteada por el amparado el veinte de septiembre del dos mil diez, y se le notifique lo correspondiente. Se advierte a Hilda María Barrantes Guerrero, en su calidad de Directora del Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a Hilda María Barrantes Guerrero, en su calidad de Directora del Area Rectora de Salud de Tilarán del Ministerio de Salud, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Rosa Esmeralda Blanco M.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Araya G.
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