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Res. 00303-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/01/2011

Dismissal of amparo for noise pollution in Parque PalmaresRechazo de amparo por contaminación sónica en Parque Palmares

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo is denied because the petitioner failed to prove that he filed written complaints with the competent authorities, and the only documented complaint was addressed by the Municipality of Alajuela.Se declara sin lugar el amparo porque el recurrente no demostró haber presentado denuncias escritas ante las autoridades competentes y la única queja documentada fue atendida por la Municipalidad de Alajuela.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident near Parque Palmares in Alajuela, who claims that municipal and health authorities have failed to address his complaints about noise pollution, insecurity, and disturbances in the park, violating his right to a healthy and ecologically balanced environment. The Chamber reviews the reports from the respondent authorities and the evidence provided, concluding that the petitioner did not submit formal written complaints to the competent entities, and that the only documented action —a note from a neighborhood committee— was addressed by the municipality through a periodic surveillance order. The Chamber reiterates that the Ministry of Health is primarily responsible for controlling noise pollution, but municipalities must also coordinate and oversee such matters. Since no effective omission or violation of rights was proven, the amparo is dismissed, although the authorities are urged to coordinate future complaints.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino del Parque Palmares en Alajuela, quien alega que las autoridades municipales y de salud no han atendido sus quejas sobre contaminación sónica, inseguridad y escándalos en dicho parque, lo que vulnera su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Sala analiza los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada, determinando que el recurrente no presentó denuncias escritas formales ante las entidades competentes, y que la única gestión documentada —una nota de un comité de vecinos— fue atendida por la municipalidad mediante una orden de vigilancia periódica. La Sala recuerda que el Ministerio de Salud es el principal responsable de fiscalizar la contaminación sónica, pero que las municipalidades también deben coordinar y supervisar estas situaciones. Al no demostrarse una omisión o lesión efectiva de derechos, el recurso se declara sin lugar, aunque se insta a las autoridades a coordinar futuras denuncias.

Key excerptExtracto clave

VI.- On the specific case. After studying the evidence submitted with the amparo, as well as the statements made under oath by the respondent authorities, the Chamber finds that the action must be dismissed, as will be explained. In this regard, this Tribunal has duly established that through a note submitted on April 8, 2010, one of the representatives of the residents of Parque Palmares in downtown Alajuela petitioned the Municipality of Alajuela for cooperation to maintain constant surveillance in that sector due to criminal acts that had been occurring in the area. In light of the above, the Chamber notes that by execution order number 017-PSMCV-2010 of April 29, 2010, the Municipal Security and Traffic Control Process of the respondent Municipality ordered periodic visits to Parque Palmares, from 9:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday through Saturday. Likewise, it is established that through official letter number CN-ARS-A1-2607-2010 of July 22, 2010, the Director of the Alajuela Health Area sent a note to the Municipality of Alajuela so that the situation denounced by the petitioner could be addressed, as it fell under municipal jurisdiction. Finally, it is important to recall that from the statements made under oath by the respondents, it is evident that the petitioner has not submitted any written complaint to either of the two respondent agencies. Considering this body of proven facts, in the Chamber's opinion the amparo must be dismissed, because although the petitioner alleges in the amparo filing that multiple complaints have been filed with the respondent authorities to resolve the problem of vandalism and noise pollution generated in the vicinity of Parque Palmares in downtown Alajuela, the truth is that he has not provided any documentary evidence to support his claims.VI.- Sobre el caso en concreto. Luego del estudio de los elementos probatorios aportados al amparo, así como las manifestaciones rendidas bajo juramento por las autoridades recurridas, estima la Sala que se debe declarar sin lugar el recurso, según se explicará. Al respecto, tiene debidamente demostrado este Tribunal que mediante nota presentada el ocho de abril de dos mil diez, uno de los representantes de los vecinos del Parque Palmares, en Alajuela centro, gestionó ante la Municipalidad de Alajuela, la colaboración para mantener constante vigilancia en ese sector, debido a los hechos delictivos que se habían estado cometiendo en la zona. En virtud de lo anterior, aprecia la Sala que por orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial de la Municipalidad recurrida, ordenó la visita periódica al Parque Palmares, en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, de lunes a sábado. Asimismo, se tiene por acreditado que mediante oficio número CN-ARS-A1-2607-2010 del veintidós de julio de dos mil diez, el Director del Área Rectora de Salud de Alajuela, le dirigió nota a la Municipalidad de Alajuela, a fin de que se atendiera la situación denunciada por el accionante, por ser competencia municipal. Finalmente, es importante recordar que de lo manifestado bajo juramento por los recurridos, se extrae que el recurrente no ha presentado ningún tipo de denuncia escrita ante las dos dependencias accionadas. Tomando en consideración ese elenco de hechos probados, en opinión de la Sala el recurso debe desestimarse, pues si bien el recurrente acusa en el líbelo de interposición del amparo que han sido múltiples las quejas que se han planteado ante las autoridades recurridas para que se solucione el problema de vandalismo y contaminación sónica que se genera en las cercanías del Parque Palmares, en Alajuela centro; lo cierto es que no aporta prueba documental alguna que logre acreditar sus aseveraciones.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, que pongan en peligro la salud de los administrados."

    "There is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of pollution that endanger the health of those administered."

    Considerando V

  • "Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, que pongan en peligro la salud de los administrados."

    Considerando V

  • "Las situaciones donde se denuncie algún tipo de contaminación, ya sea sónica, por basura, por humo, o cualquier otro tipo de contaminación que genere perjuicios a la salud pública, corresponde atenderlas al Ministerio de Salud, como dependencia encargada de velar por la protección de este valor fundamental."

    "Situations where any type of pollution is reported, whether noise, garbage, smoke, or any other type of pollution that causes harm to public health, must be addressed by the Ministry of Health, as the agency responsible for safeguarding this fundamental value."

    Considerando VII

  • "Las situaciones donde se denuncie algún tipo de contaminación, ya sea sónica, por basura, por humo, o cualquier otro tipo de contaminación que genere perjuicios a la salud pública, corresponde atenderlas al Ministerio de Salud, como dependencia encargada de velar por la protección de este valor fundamental."

    Considerando VII

  • "De acuerdo con el principio de coordinación institucional, es también deber del ente municipal, ejercer una supervisión efectiva sobre las molestias que causen ciertas actividades en el Parque Palmares a las personas que habitan cerca de ese lugar, y que sean denunciadas ante esa corporación municipal."

    "In accordance with the principle of institutional coordination, it is also the duty of the municipal entity to exercise effective supervision over the nuisances caused by certain activities in Parque Palmares to the people living near that place, and that are reported to that municipal corporation."

    Considerando VII

  • "De acuerdo con el principio de coordinación institucional, es también deber del ente municipal, ejercer una supervisión efectiva sobre las molestias que causen ciertas actividades en el Parque Palmares a las personas que habitan cerca de ese lugar, y que sean denunciadas ante esa corporación municipal."

    Considerando VII

  • "Las demás quejas supuestamente registradas vía telefónica, constituyen hechos que no se tienen por acreditados en este amparo, de manera que no pudieron ser valorados a la hora de tomar la decisión de desestimar el amparo."

    "Other complaints allegedly registered by telephone constitute facts that are not considered proven in this amparo, so they could not be assessed when deciding to dismiss the amparo."

    Considerando VI

  • "Las demás quejas supuestamente registradas vía telefónica, constituyen hechos que no se tienen por acreditados en este amparo, de manera que no pudieron ser valorados a la hora de tomar la decisión de desestimar el amparo."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Case File: 10-009064-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *100090640007CO* Res. No. 2011000303 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifty-eight minutes on the fourteenth of January, two thousand eleven.

Amparo appeal filed by Edwin Alvarado Miranda, of legal age, married, Business Administrator, bearer of identity card number 1-523-879, resident of Alajuela; against the Ministry of Health and the Municipality of Alajuela.

Whereas:

1.- Through a document received via the Chamber's fax system at eight hours and thirty-five minutes on the seventh of July, two thousand ten, the appellant files an amparo appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Alajuela, and states that he resides in central Alajuela, specifically on the west side of Parque Palmares, in front of the old Hospital San Rafael. He indicates that despite the fact that the residents of the area have carried out efforts before the respondent authorities aimed at improving the maintenance of the public area, the security of the site, the control of drugs and scandals, as well as requests for the adequate supervision of the spectacles - mostly troupes (comparsas) - that take place in said park at late hours of the night, and which cause severe noise pollution (contaminación sónica) that harms the residents of the area; however, at the time of filing this appeal, nothing has been done to remedy the situation. He considers his fundamental rights to be violated. He requests the Chamber to grant the appeal, with the legal consequences.

2.- By a resolution at eleven hours and forty-one minutes on the seventh of July, two thousand ten, the amparo is processed and the respective reports are requested.

3.- Reports under oath Jaime Gutiérrez Rodríguez, in his capacity as Director of the Rector Health Area of Alajuela 1 (folio 18), that on the twenty-first of July, two thousand ten, official letter number CN-ARS-A1-2583-2010 was issued by the Directorate of that unit, which states that upon reviewing the files or administrative records of that Rector Health Area, there is no complaint whatsoever regarding the grievance presented by the appellant. He states that the complaint refers to scandals on public roads and Parque Palmares, places that are not within the purview of that Ministry, and therefore the respective complaint would be forwarded to the Municipality of Alajuela, owner of the property, for it to proceed in accordance with the law. He indicates that through official letter number CN-ARS-A1-2607-2010 of the twenty-second of July, two thousand ten, he addressed a note to the Municipal Mayor of Alajuela, so that the situation denounced by the petitioner would be addressed, as it falls under municipal jurisdiction. He points out that the aforementioned document was received by the respondent Municipality through procedure number 18518 on the twenty-second of July, two thousand ten. He requests the Chamber to dismiss the amparo appeal filed against him.

4.- Reports under oath Humberto Soto Herrera, in his capacity as Acting Municipal Mayor of Alajuela (folio 25), that the Municipal Security and Traffic Control Process issued execution order number 017-PSMCV-2010 of the twenty-ninth of April, two thousand ten, addressed to the group leaders, and that Parque Palmares has been visited periodically during the hours between nine in the morning and nine at night, Monday through Saturday, in order to address the complaints filed by the Organizing Committee of the Citizen Security System of Barrio El Correo-Parque Palmares. He affirms that currently, the Municipal Security and Traffic Control Process does not have sufficient personnel to work twenty-four hours a day. He requests the Chamber to dismiss the appeal filed against him.

5.- Through a document visible on folio 32 of the case file, the appellant appears in order to reply to the reports rendered by the respondent authorities. He maintains that indeed, in the respondent Rector Health Area there is no record of any complaint, since the times they have appeared to lodge the grievance, they have been told that Parque Palmares is not under the purview of that Ministry, and therefore they ignore what is denounced without having any file; in addition to not having any established procedure for complaints regarding noise pollution aspects. He considers that the Ministry of Health is obligated to coordinate, both with the Municipality of Alajuela and with the Police, the actions aimed at safeguarding the established order. He explains that during the occasions he has visited the respondent Municipality, specifically the Department of Citizen Security Promoters, in charge of parks and legal advice, he has been told that said complaint falls under the jurisdiction of the Ministry of Health. He alleges that the respondent Mayor does not present the suitable procedure for addressing complaints such as the one presented regarding noise pollution. He argues that there are records of telephone complaints made by the residents to 911, with the purpose of having the police appear to silence the drums and scandals that occur at night in said park, as well as logbook reports on the drug control that has been carried out on several occasions. He mentions that the authorities have stated on several occasions that they are fully willing to help, but they do not have the instruments to measure decibel levels, the established scale, and the procedure to follow, due to the lack of institutional coordination. He requests the Chamber to grant the appeal.

6.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Armijo Sancho; and,

Considering:

I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated: a) that through a note presented on the eighth of April, two thousand ten, one of the representatives of the residents of Parque Palmares, in central Alajuela, requested the Municipality of Alajuela for collaboration in maintaining constant surveillance in that sector, due to the criminal acts that had been occurring in the area (see evidence on folio 30 of the case file); b) that by execution order number 017-PSMCV-2010 of the twenty-ninth of April, two thousand ten, the Municipal Security and Traffic Control Process of the respondent Municipality ordered the periodic visit to Parque Palmares, during the hours between nine in the morning and nine at night, Monday through Saturday (see statements made under oath on folio 25 and evidence on folio 28 of the case file); c) that through official letter number CN-ARS-A1-2607-2010 of the twenty-second of July, two thousand ten, the Director of the Rector Health Area of Alajuela addressed a note to the Municipality of Alajuela, so that the situation denounced by the petitioner would be addressed, as it falls under municipal jurisdiction (see statements made under oath on folio 19 and evidence on folio 23 of the case file); d) that the appellant himself has not filed any type of written complaint before the two respondent agencies (see statements made under oath on folios 18 and 26 of the case file).

II.- Object of the appeal. The appellant contends that despite the fact that the residents of Parque Palmares, in central Alajuela, have carried out efforts before the Municipality of Alajuela and the Rector Health Area of Alajuela, in order to improve the security of the site, the control of drugs and scandals that occur in that place, and which cause severe noise pollution, to date the situation has not been resolved, which violates his fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.

III.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Based on the provisions set forth in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, this Court has broadly recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is in accordance with these articles, as well as with the infra-constitutional environmental regulations, that the responsibility of the State arises to exercise a tutelary and governing function in this matter. In this regard, this Chamber, in vote number 4830-02 at sixteen hours and zero minutes on the twenty-first of May, two thousand two, stated the following:

"(...) Our Political Constitution, in its Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the global community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of short, medium, and long-term interests. Environmental pollution (contaminación del medio) is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are mostly imperishable and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding -through oversight and direct intervention- the commission of acts that harm the environment, and is subject to the correlative and equally inescapable prohibition of promoting its degradation (...)”.

Likewise, this Court, in ruling number 17552-07 at twelve hours and twenty-two minutes on the thirtieth of November, two thousand seven, ordered the following:

"(...) The cited Article 50 also outlines the Social Rule of Law State, so we can conclude that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers regarding factors that may alter its balance and hinder the person's development and unfolding in a healthy environment. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State finds its primary reason, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of these rights and, secondly, because the State's activity is directed towards the satisfaction of the collective interests. In constitutional jurisprudence, the concept of \"environment\" has not been limited to the primary elements of nature, that is, the soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework without which basic demands -such as food, energy, housing, sanitation, and recreation- would be impossible, is formed. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral manner, establishing a \"macro-environmental\" concept, by also encompassing aspects related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: \"For the foregoing reason, Environmental Law should not be associated only with nature, as the latter is merely one part of the environment. The policy for nature protection also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus achieve the unification of the legal body we call Environmental Law (…)”.

IV.- On noise pollution (contaminación sónica). This Court has ruled on several occasions regarding noise pollution and the right to demand from the State the necessary measures to prevent it. Thus, in ruling number 05928-06 of the second of May, two thousand six, this Chamber considered the following:

"(...) HARMFUL CONSEQUENCES OF NOISE POLLUTION. There are scientific advances that show the disturbing effects that certain levels and types of noise generate on people, particularly regarding conditions of psychological equilibrium. If the set of noises exceeds the limits foreseen, mainly, by specialized agencies of the United Nations (UN) such as the World Health Organization (WHO), the eventual reduction of auditory capacity is risked and, in addition, disorders in the psychological and social plane are caused, such as, for example, communication and interrelation in the community. In effect, the World Health Organization Guidelines on noise levels (Experts from the World Health Organization and others, “Guidelines for Urban Noise”, Geneva, April 1999), indicate that noise acts through the ear organ on the central and autonomic nervous systems, and when the stimulus exceeds the established limits, deafness and pathological effects occur in the referred systems, both instantaneously and with temporally deferred consequences. At lower levels, noise produces discomfort and hinders or impedes attention, communication, concentration, rest, and sleep. Likewise, constant noise can cause chronic states of nervousness and stress, which could translate into psychophysical disorders, cardiovascular diseases, and alterations of the immune system. It also determines that prolonged exposure to noise can have negative effects on sleep, physiological functions, mental health, performance, and has adverse effects on social and behavioral relationships. According to such technical studies, environmental noise produces important sleep disorders, whether primary effects during the rest period, or secondary effects that are observed the following day. On this matter, it is considered that uninterrupted sleep is a prerequisite for good physiological and mental functioning. It is specifically stipulated that to rest appropriately, the equivalent sound level should not exceed 30 decibels for continuous background noise, while individual noise or single noise events above 45 dB should be avoided (…)”.

V.- The coordination of public institutions in the comprehensive protection of the environment. There is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution that endanger the health of the administered. In this task, a public institution is understood to mean both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of the subject matter, have a broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the area, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)–, as well as decentralized institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Similarly, municipalities have great responsibility in this task regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in achieving common goals, by pointing out in ruling number 5445-99 at fourteen hours and thirty minutes on the fourteenth of July, 1999, that:

"Coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence upon a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship between the decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, the imposition of certain behaviors upon the latter is not possible, which gives rise to the essential inter-institutional 'agreement' (concierto), in a strict sense, inasmuch as the autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form detrimental to their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the State’s interest (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, in the function of legality control that falls to it, with powers of general vigilance over the entire sector).” VI.- On the specific case. After studying the evidentiary elements provided in the amparo, as well as the statements rendered under oath by the respondent authorities, the Chamber considers that the appeal must be dismissed, as will be explained. In this regard, this Court has duly demonstrated that through a note presented on the eighth of April, two thousand ten, one of the representatives of the residents of Parque Palmares, in central Alajuela, requested the Municipality of Alajuela for collaboration in maintaining constant surveillance in that sector, due to the criminal acts that had been occurring in the area. By virtue of the foregoing, the Chamber observes that by execution order number 017-PSMCV-2010 of the twenty-ninth of April, two thousand ten, the Municipal Security and Traffic Control Process of the respondent Municipality ordered the periodic visit to Parque Palmares, during the hours between nine in the morning and nine at night, Monday through Saturday. Likewise, it is accredited that through official letter number CN-ARS-A1-2607-2010 of the twenty-second of July, two thousand ten, the Director of the Rector Health Area of Alajuela addressed a note to the Municipality of Alajuela, so that the situation denounced by the petitioner would be addressed, as it falls under municipal jurisdiction. Finally, it is important to recall that from what was stated under oath by the respondents, it is deduced that the appellant has not filed any type of written complaint before the two respondent agencies. Considering this list of proven facts, in the Chamber's opinion, the appeal must be dismissed, because although the appellant alleges in the initial document of the amparo that there have been multiple complaints filed with the respondent authorities to resolve the problem of vandalism and noise pollution generated in the vicinity of Parque Palmares, in central Alajuela, the truth is that he does not provide any documentary evidence that manages to substantiate his assertions. Apparently, according to what was indicated by the petitioner himself, they have not been willing to accept his complaints in any of the respondent agencies, because both entities declare themselves incompetent; however, this is an aspect that this Court cannot deem accredited, as it involves the mere statements of the protected individual, which have no type of evidentiary value in this constitutional venue. On the other hand, from what was reported by the respondent authorities –which is considered given under the faith of oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that Governs this Jurisdiction–, it is verified that, indeed, the petitioner has not filed any type of written complaint before the two respondent agencies, it being that the only thing recorded in the case file is a note signed by one of the representatives of the Organizing Committee of the Community Security System of Barrio El Correo-Parque Palmares, presented to the respondent Municipality, with the purpose of addressing the criminal acts that were being committed in the vicinity of Parque Palmares. In view of that effort, the Chamber observes that the respondent Municipality issued execution order number 017-PSMCV-2010 of the twenty-ninth of April, two thousand ten, through which the municipal police were ordered to periodically visit Parque Palmares, during the hours between nine in the morning and nine at night, Monday through Saturday. From this perspective, the Chamber observes that the only request for collaboration recorded in the case file was duly attended to by the Municipality of Alajuela, despite the fact that such an effort may not have been signed by the appellant here. The other complaints supposedly registered by telephone constitute facts that are not deemed proven in this amparo, and therefore could not be assessed when deciding to dismiss the amparo. In summary, in this specific case, there is no evidence that the competent administrative authorities have been urged to supervise the noise that apparently occurs in Parque Palmares. This being the case, this Court does not find that his constitutional rights have been violated, for which reason the appeal must be dismissed.

VII.- Before concluding, this Chamber must remind both the respondent authorities and the petitioner that, according to the abundant jurisprudence issued by this Court in this regard, situations where any type of pollution is reported, whether noise (as in the case under study), garbage, smoke, or any other type of pollution that generates harm to public health, must be addressed by the Ministry of Health, as the agency responsible for ensuring the protection of this fundamental value. So, if the alleged noise pollution in Parque Palmares were to eventually be verified, it is the authorities of the respondent Rector Health Area that are called upon to address that situation and coordinate the corresponding measures to reduce the harmful effects it produces. However, the foregoing does not mean that municipal powers are diminished in this regard, but rather the opposite. In accordance with the principle of institutional coordination explained in one of the preceding considerations, it is also the duty of the municipal entity to exercise effective supervision over the nuisances caused by certain activities in Parque Palmares to the people living near that place, and which are reported to that municipal corporation.

VIII.- Conclusion. Thus, for the reasons set forth above, this Chamber considers that in the case at hand, the violation of the protected individual's rights is not verified, especially considering that the complaints he claims to have filed could not be demonstrated, and because the only written grievance raised by another person completely unrelated to the petitioner, was indeed duly addressed through execution order number 017-PSMCV-2010 of the twenty-ninth of April, two thousand ten, and therefore it is appropriate to dismiss the appeal filed, as is hereby done.

Therefore:

The appeal is dismissed. Let the respondent authorities take note of what was explained in the seventh considering of this ruling.- Ana Virginia Calzada M.

Presiding Judge Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C.

Jose Paulino Hernández G.

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 10:26:59.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *100090640007CO* Res. Nº 2011000303 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del catorce de enero del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por Edwin Alvarado Miranda, mayor, casado, Administrador de Negocios, portador de la cédula de identidad número 1-523-879, vecino de Alajuela; contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela.

Resultando:

1.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax de la Sala a las ocho horas con treinta y cinco minutos del siete de julio de dos mil diez, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela, y manifiesta que reside en Alajuela centro, específicamente al costado oeste del Parque Palmares, frente al antiguo Hospital San Rafael. Indica que pese a que los vecinos del lugar han efectuado gestiones ante las autoridades recurridas, tendentes a mejorar el mantenimiento de la zona pública, la seguridad del sitio, el control de drogas y escándalos, así como requerimientos para que se fiscalicen de manera adecuada los espectáculos - en su mayoría comparsas - que tienen lugar en dicho parque a altas horas de la noche, y que causan una fuerte contaminación sónica que perjudica a los vecinos del lugar; sin embargo, al momento de interpuesto el presente recurso, no se ha hecho nada para arreglar la situación. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita a la Sala que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- Por resolución de las once horas con cuarenta y uno minutos del siete de julio de dos mil diez, se le da curso al amparo y se solicitan los informes respectivos.

3.- Informa bajo juramento Jaime Gutiérrez Rodríguez, en su calidad de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 1 (folio 18), que en fecha veintiuno de julio de dos mil diez, se emitió el oficio número CN-ARS-A1-2583-2010 de la Dirección de esa dependencia, en donde se hace constar que revisados los archivos o expedientes administrativos de esa Área Rectora de Salud, no existe denuncia alguna referente a la queja que expone el recurrente. Refiere que la denuncia es referente a escándalos en la vía pública y el Parque Palmares, sitios que no están dentro de la tutela de ese Ministerio, por lo que se procedería a pasar la respectiva denuncia a la Municipalidad de Alajuela, propietaria del inmueble, para que proceda conforme a la ley. Indica que mediante oficio número CN-ARS-A1-2607-2010 del veintidós de julio de dos mil diez, le dirigió nota a la Alcaldesa Municipal de Alajuela, a fin de que se atendiera la situación denunciada por el accionante, por ser competencia municipal. Señala que el anterior documento fue recibido en la Municipalidad recurrida mediante el trámite número 18518 del veintidós de julio de dos mil diez. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso de amparo presentado en su contra.

4.- Informa bajo juramento Humberto Soto Herrera, en su condición de Alcalde Municipal en Ejercicio de Alajuela (folio 25), que el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, giró orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, dirigido a los encargados de grupos y se ha estado visitando el Parque Palmares periódicamente en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, de lunes a sábado, ello para atender las denuncias presentadas por el Comité Organizador del Sistema de Seguridad Ciudadana de Barrio El Correo-Parque Palmares. Afirma que en la actualidad, el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial no cuenta con personal suficiente para laborar las veinticuatro horas del día. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso presentado en su contra.

5.- Mediante escrito visible a folio 32 del expediente, se apersona el recurrente con el objeto de replicar los informes rendidos por las autoridades accionadas. Sostiene que efectivamente en el Área Rectora de Salud recurrida no consta denuncia alguna, pues las veces que se han apersonado a poner la queja, se les ha dicho que el Parque Palmares no es de tutela de ese Ministerio, y por lo tanto hacen caso omiso a lo denunciado sin contar con algún expediente; además de que no tiene establecido ningún procedimiento para denuncias sobre aspectos de contaminación sónica. Estima que el Ministerio de Salud está en la obligación de coordinar, tanto con la Municipalidad de Alajuela como con la Policía, las acciones tendentes a salvaguardar el orden establecido. Explica que durante las ocasiones que ha visitado la Municipalidad recurrida, específicamente el Departamento de Promotores de Seguridad Ciudadana, encargado de parques y asesoría legal, se le ha manifestado que dicha denuncia es competencia del Ministerio de Salud. Alega que el Alcalde recurrido no presenta el procedimiento idóneo para atender denuncias como la presentada referente a contaminación sónica. Aduce que existen registros de denuncias telefónicas realizadas por los vecinos al 911, con el fin de que la policía se apersone a callar los tambores y escándalos que se dan en la noche en dicho parque, así como también reportes de bitácoras sobre el control de drogas que se ha realizado en varias ocasiones. Menciona que las autoridades han manifestado en varias ocasiones que están en toda la disposición de ayudar, pero no cuentan con los instrumentos para medir los grados de decibelios, la escala establecida y el procedimiento a seguir, ello por la falta de coordinación institucional. Solicita a la Sala que se acoja el recurso.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que mediante nota presentada el ocho de abril de dos mil diez, uno de los representantes de los vecinos del Parque Palmares, en Alajuela centro, gestionó ante la Municipalidad de Alajuela, la colaboración para mantener constante vigilancia en ese sector, debido a los hechos delictivos que se habían estado cometiendo en la zona (ver prueba a folio 30 del expediente); b) que por orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial de la Municipalidad recurrida, ordenó la visita periódica al Parque Palmares, en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, de lunes a sábado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 25 y prueba a folio 28 del expediente); c) que mediante oficio número CN-ARS-A1-2607-2010 del veintidós de julio de dos mil diez, el Director del Área Rectora de Salud de Alajuela, le dirigió nota a la Municipalidad de Alajuela, a fin de que se atendiera la situación denunciada por el accionante, por ser competencia municipal (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 19 y prueba a folio 23 del expediente); d) que directamente el recurrente no ha presentado ningún tipo de denuncia escrita ante las dos dependencias accionadas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folios 18 y 26 del expediente).

II.- Objeto del recurso. Acusa el recurrente que pese a que los vecinos del Parque Palmares, en Alajuela centro, han efectuado gestiones ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud de Alajuela, a fin de mejorar la seguridad del sitio, el control de drogas y escándalos que se dan en ese lugar, y que causan una fuerte contaminación sónica, a la fecha no se ha solucionado la situación, lo cual vulnera su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

III.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala en el voto número 4830-02 de las dieciséis horas y cero minutos del veintiuno de mayo de dos mil dos, señaló lo siguiente:

"(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.

Asimismo, este Tribunal en la sentencia número 17552-07 de las doce horas y veintidós minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, dispuso lo siguiente:

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro- ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: "Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)”.

IV.- Sobre la contaminación sónica. Este Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la contaminación sónica y el derecho de exigirle al Estado las medidas necesarias para evitarla. Así, en la sentencia número 05928-06 del dos de mayo de dos mil seis, esta Sala consideró lo siguiente:

“(…) CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO. Existen avances científicos que dan cuenta de los efectos perturbadores que ciertos niveles y tipos de ruido generan sobre las personas, particularmente, en cuanto a las condiciones de equilibrio psíquico se refiere. Si el conjunto de ruidos exceden los límites previstos, principalmente, por organismos especializados de las Naciones Unidas (ONU) tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), se arriesga la eventual disminución de la capacidad auditiva y, además, se provocan trastornos en el plano psicológico y social, como por ejemplo, la comunicación y la interrelación en comunidad. En efecto, las Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre niveles de ruido (Expertos de la Organización Mundial de la Salud y otros, “Guías para el ruido urbano”, Ginebra, abril de 1999), señalan que el ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y autónomo y cuando el estímulo sobrepasa los límites establecidos, se produce sordera y efectos patológicos en los sistemas referidos, tanto de manera instantánea así como con consecuencias diferidas temporalmente. A niveles menores, el ruido produce malestar y dificulta o impide la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño. Asimismo, el ruido constante puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo y estrés lo que se podría traducir en trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. Igualmente, determina que la exposición prolongada al ruido puede tener efectos negativos sobre el sueño, las funciones fisiológicas, la salud mental, el rendimiento y tiene efectos adversos sobre las relaciones sociales y conductuales. Según tales estudios técnicos, el ruido ambiental produce trastornos importantes en el sueño, ya sea de efectos primarios durante el periodo de descanso, o bien, de efectos secundarios que se constatan al día siguiente. Sobre el particular, se considera que el sueño ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Se dispone, en forma específica, que para descansar apropiadamente el nivel de sonido equivalente no debe exceder los 30 decibelios para el ruido continuo de fondo, mientras que se debe evitar el ruido individual o sucesos de ruido únicos por encima de los 45 db (…)”.

V.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de 1999, que:

"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” VI.- Sobre el caso en concreto. Luego del estudio de los elementos probatorios aportados al amparo, así como las manifestaciones rendidas bajo juramento por las autoridades recurridas, estima la Sala que se debe declarar sin lugar el recurso, según se explicará. Al respecto, tiene debidamente demostrado este Tribunal que mediante nota presentada el ocho de abril de dos mil diez, uno de los representantes de los vecinos del Parque Palmares, en Alajuela centro, gestionó ante la Municipalidad de Alajuela, la colaboración para mantener constante vigilancia en ese sector, debido a los hechos delictivos que se habían estado cometiendo en la zona. En virtud de lo anterior, aprecia la Sala que por orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial de la Municipalidad recurrida, ordenó la visita periódica al Parque Palmares, en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, de lunes a sábado. Asimismo, se tiene por acreditado que mediante oficio número CN-ARS-A1-2607-2010 del veintidós de julio de dos mil diez, el Director del Área Rectora de Salud de Alajuela, le dirigió nota a la Municipalidad de Alajuela, a fin de que se atendiera la situación denunciada por el accionante, por ser competencia municipal. Finalmente, es importante recordar que de lo manifestado bajo juramento por los recurridos, se extrae que el recurrente no ha presentado ningún tipo de denuncia escrita ante las dos dependencias accionadas. Tomando en consideración ese elenco de hechos probados, en opinión de la Sala el recurso debe desestimarse, pues si bien el recurrente acusa en el líbelo de interposición del amparo que han sido múltiples las quejas que se han planteado ante las autoridades recurridas para que se solucione el problema de vandalismo y contaminación sónica que se genera en las cercanías del Parque Palmares, en Alajuela centro; lo cierto es que no aporta prueba documental alguna que logre acreditar sus aseveraciones. Aparentemente, según lo indicado por el propio amparado, no le han querido recibir sus denuncias en ninguna de las dependencias accionadas, debido a que ambas instancias se declaran incompetentes; sin embargo, ello es un extremo que este Tribunal no puede tener por acreditado, ya que se trata de las simples manifestaciones del tutelado, que no tienen ningún tipo de valor probatorio en esta sede constitucional. Por otro lado, de lo informado por las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo la fe del juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, se verifica que, efectivamente, el accionante no ha presentado ningún tipo de denuncia escrita ante las dos dependencias accionadas, siendo que lo único que consta dentro del expediente es una nota suscrita por uno de los representantes del Comité Organizador del Sistema de Seguridad Comunitaria de Barrio El Correo-Parque Palmares, presentada ante la Municipalidad recurrida, con el objeto de que se atendieran los actos delictivos que se cometían en las inmediaciones del Parque Palmares. En vista de esa gestión, aprecia la Sala que la Municipalidad recurrida emitió la orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, por medio de la cual se ordenó a la policía municipal la visita periódica al Parque Palmares, en el horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, de lunes a sábado. Bajo esa perspectiva, observa la Sala que la única solicitud de colaboración que consta dentro del expediente, fue debidamente atendida por la Municipalidad de Alajuela, a pesar de que tal gestión no haya sido suscrita por el aquí recurrente. Las demás quejas supuestamente registradas vía telefónica, constituyen hechos que no se tienen por acreditados en este amparo, de manera que no pudieron ser valorados a la hora de tomar la decisión de desestimar el amparo. En síntesis, en este caso concreto, no hay prueba de que se haya instado a las autoridades administrativas competentes para fiscalizar el ruido que, aparentemente, se suscita en el Parque Palmares. Siendo ello así, no encuentra este Tribunal que se le hayan vulnerado sus derechos constitucionales, motivo por el cual se debe declarar sin lugar el recurso.

VII.- Antes de concluir, debe recordar esta Sala, tanto a las autoridades recurridas como al amparado, que de acuerdo a la abundante jurisprudencia emitida por este Tribunal en ese sentido, las situaciones donde se denuncie algún tipo de contaminación, ya sea sónica (como es el caso bajo estudio), por basura, por humo, o cualquier otro tipo de contaminación que genere perjuicios a la salud pública, corresponde atenderlas al Ministerio de Salud, como dependencia encargada de velar por la protección de este valor fundamental. De manera que si, eventualmente, llegare a verificarse la aducida contaminación sónica en el Parque Palmares, son las autoridades del Área Rectora de Salud recurrida, las llamadas a atender esa situación y coordinar las medidas correspondientes para reducir los efectos nocivos que ello produzca. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que las competencias municipales se vean disminuidas en este sentido, sino todo lo contrario. De acuerdo con el principio de coordinación institucional que se explicó en uno de los considerandos anteriores, es también deber del ente municipal, ejercer una supervisión efectiva sobre las molestias que causen ciertas actividades en el Parque Palmares a las personas que habitan cerca de ese lugar, y que sean denunciadas ante esa corporación municipal.

VIII.- Conclusión. Así las cosas, por lo expuesto anteriormente, esta Sala estima que en el caso de marras no se constata la vulneración a los derechos del tutelado, sobre todo considerando que no se logró demostrar las denuncias que dice haber presentado, y debido a que la única queja escrita planteada por otra persona completamente ajena al accionante, sí fue debidamente atendida mediante orden de ejecución número 017-PSMCV-2010 del veintinueve de abril de dos mil diez, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto, como en efecto se hace.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo explicado en el sétimo considerando de la sentencia.- Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C.

Jose Paulino Hernández G.

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