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Res. 00320-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/01/2011

Dismissal during probation period after reporting environmental irregularitiesDespido durante período de prueba tras denunciar irregularidades ambientales

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OutcomeResultado

Rejected on the meritsRechazado por el fondo

The Chamber rejected the amparo considering that dismissal during probation is discretionary and does not require due process, remitting the petitioner to ordinary channels.La Sala rechazó el amparo por considerar que el despido en período de prueba es discrecional y no requiere debido proceso, remitiendo al recurrente a la vía ordinaria.

SummaryResumen

The petitioner, an employee of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), alleged he was dismissed after reporting alleged irregularities in the granting of environmental viability for a project. He argued that his dismissal, formally based on failure to pass the probationary period, was in fact retaliation for his whistleblowing on political interference and potential malfeasance, and that he faced workplace harassment. The Constitutional Chamber rejected the amparo on the merits, stating that it is not competent to review the legality of dismissals through the summary amparo process, and remitted the petitioner to ordinary administrative or judicial channels. It reaffirmed its precedent that dismissal during the probationary period is discretionary and does not require due process safeguards. However, three justices dissented: two held that even during probation a prior procedure with defense guarantees is required, and a third argued that after more than two years in an interim position, the petitioner had already completed probation, and the dismissal was a disguised reprisal for whistleblowing, thus the amparo should have been granted. The decision highlights the tension between employer discretion during probation and protection against retaliation for public interest disclosures, particularly in the environmental sector.El recurrente, funcionario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), alegó que fue despedido tras denunciar presuntas irregularidades en el otorgamiento de viabilidad ambiental a un proyecto. Argumentó que su despido, formalmente basado en la no superación del período de prueba, fue en realidad una represalia por sus denuncias de intervención política y prevaricato, y que sufrió acoso laboral. La Sala Constitucional rechazó por el fondo el amparo, señalando que no le compete revisar la legalidad de los despidos en la vía sumaria del amparo, remitiendo al recurrente a la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria. Además, reiteró su jurisprudencia sobre la naturaleza discrecional del despido durante el período de prueba, sin necesidad de observar las reglas del debido proceso. Sin embargo, tres magistrados salvaron el voto: dos consideraron que aun en período de prueba se requiere un procedimiento previo con garantías de defensa, y un tercero argumentó que tras más de dos años de interinazgo el recurrente ya había superado el período de prueba, y que el despido encubrió una represalia por denunciar irregularidades, por lo que debió admitirse el amparo. La decisión refleja una tensión entre la discrecionalidad patronal en el período de prueba y la protección contra represalias por denuncias de interés público, particularmente en el ámbito ambiental.

Key excerptExtracto clave

Regarding dismissals during the probationary period, this Court has repeatedly held that the decision to dismiss an employee within the probationary period is discretionary, and the dismissal can be ordered if the employee is deemed not suitable for the position, without the need to observe the rules of due process. Consequently, this part of the appeal is rejected on the merits. Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Calzada Miranda: The undersigned dissent, and consider that in this case there has been a violation of due process because, contrary to the majority opinion, we believe that even within the probationary period, before proceeding with the termination, a prior procedure must be followed where the unsuitability for the position or any other reasons leading to such dismissal are proven. Dissenting vote of Judge Hernández Gutiérrez: ...in the case of a worker who, after more than two years of interim service, is appointed on a permanent basis, it is evident that he has already completed the probationary period, and it is not acceptable that his job stability be put at risk with each new appointment... I consider that it is not legitimate, through misuse of power, to use the resolutory condition of the probationary period to conceal dismissals for merely personal reasons, or workplace harassment, discrimination, or violation of fundamental rights or public freedoms.Sobre los despidos en período de prueba, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que la decisión de despedir a un servidor dentro del período de prueba es de carácter discrecional, y se puede disponer el despido de estimarse que el servidor no es idóneo para desempeñar el puesto, sin que para la adopción de tal determinación sea necesario observar las reglas propias del debido proceso. En consecuencia, este extremo de recurso se rechaza por el fondo. Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Calzada Miranda: Los suscritos salvan el voto, y consideran que en este caso sí ha habido una violación al derecho al debido proceso pues, contrario al criterio de mayoría, consideramos que, aún dentro del período de prueba, antes de procederse con la cesación del puesto, debe haberse seguido un procedimiento previo donde se pruebe la ineptitud en el puesto, o cualesquiera otras razones que llevaron a tal destitución. Voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez: ...tratándose de un trabajador que luego de más de dos años de interinazgo es nombrado en propiedad, es evidente que ya purgó el período de prueba, no siendo dable que su estabilidad laboral entre en riesgo por cada nuevo nombramiento... Estimo que no resulta legítimo, por desviación de poder, utilizar la condición resolutoria del período de prueba para encubrir despidos por razones meramente personales, o de acoso laboral o discriminación, o lesión a los derechos fundamentales, o las libertades públicas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No le compete a esta Sala revisar si el recurrente fue injustamente despedido, ese es un asunto que no compete dilucidar en la vía sumaria del amparo, es labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-."

    "It is not within the jurisdiction of this Chamber to review whether the petitioner was unjustly dismissed; this is a matter not suitable for resolution through the summary amparo process, but rather belongs to ordinary administrative or judicial channels."

    Considerando II

  • "No le compete a esta Sala revisar si el recurrente fue injustamente despedido, ese es un asunto que no compete dilucidar en la vía sumaria del amparo, es labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-."

    Considerando II

  • "So pretexto de estarse en un período de prueba, el patrono no debiera tener libertad total para la destitución, o cesación de un puesto, sino que ello debe estar precedido de todas las garantías que otorga un proceso previo, donde el interesado pueda ejercer su derecho de defensa."

    "Under the pretext of being in a probationary period, the employer should not have complete freedom for termination or cessation of a position; rather, it must be preceded by all the guarantees afforded by a prior process, where the interested party can exercise their right of defense."

    Voto salvado Cruz y Calzada

  • "So pretexto de estarse en un período de prueba, el patrono no debiera tener libertad total para la destitución, o cesación de un puesto, sino que ello debe estar precedido de todas las garantías que otorga un proceso previo, donde el interesado pueda ejercer su derecho de defensa."

    Voto salvado Cruz y Calzada

  • "Estimo que no resulta legítimo, por desviación de poder, utilizar la condición resolutoria del período de prueba para encubrir despidos por razones meramente personales, o de acoso laboral o discriminación, o lesión a los derechos fundamentales, o las libertades públicas."

    "I consider that it is not legitimate, through misuse of power, to use the resolutory condition of the probationary period to conceal dismissals for merely personal reasons, workplace harassment, discrimination, or violation of fundamental rights or public freedoms."

    Voto salvado Hernández Gutiérrez

  • "Estimo que no resulta legítimo, por desviación de poder, utilizar la condición resolutoria del período de prueba para encubrir despidos por razones meramente personales, o de acoso laboral o discriminación, o lesión a los derechos fundamentales, o las libertades públicas."

    Voto salvado Hernández Gutiérrez

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION Nº 2011000320 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and fifteen minutes on the fourteenth of January of two thousand eleven.

Amparo action filed by LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ALFARO, identity card number 0401370252, against the DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS, AND THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at eleven hours forty-six minutes on the nineteenth of December of two thousand ten, the petitioner files an amparo action against the DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS, AND THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT and states the following: that on August 16, 2010, he was appointed to a permanent position at the National Environmental Technical Secretariat, after two years and eight months of interim service. On October 31, 2010, the newspaper El Financiero published a report on an irregularity in the Ministry of the Environment, consisting of the fact that due to pressure exerted by a developer, an appeal filed out of time was granted and environmental viability (viabilidad ambiental) was given to a project, without having the competence to do so. He indicates that this was declared so by the Constitutional Chamber and the news report stated that the protected party had denounced the alleged political intervention and the possible malfeasance. The petitioner indicates that as a result of that publication, a situation of workplace harassment began against him. He was subsequently dismissed for not passing the probationary period provided for in Articles 30 and 31 of the Civil Service Statute, even though his outstanding performance, according to the evaluations of the last two years, had not varied. He states that he was dismissed for not remaining silent in the face of an irregularity. He requests that his dismissal be revoked.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds for judging it to be so, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar prior petition that was rejected.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- The petitioner states that he was appointed to a permanent position after more than two years of interim service. The newspaper El Financiero published a report on an irregularity in the Ministry of the Environment; the news report stated that the protected party had denounced the alleged political intervention and the possible malfeasance. This generated a situation of workplace harassment against him and he was later supposedly dismissed for not passing the probationary period provided for in Articles 30 and 31 of the Civil Service Statute, even though his outstanding performance, according to the evaluations of the last two years, had not varied. He requests that his dismissal be revoked.

II.- It is not within the purview of this Chamber to review whether the petitioner was unjustly dismissed; this is a matter that is not appropriate to elucidate in the summary amparo proceeding; it is a task proper to the ordinary channels—administrative or jurisdictional—since this Chamber is not a controller of the legality of the actions or resolutions of the Administration. Therefore, the petitioner must raise his disagreement or claim before the respondent authority or in the appropriate jurisdictional venue, channels in which he may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert his claims.

III.- Regarding dismissals during the probationary period, this Court has repeatedly held that the decision to dismiss an employee within the probationary period is discretionary in nature, and dismissal may be ordered if it is deemed that the employee is not suitable to perform the position, without it being necessary to observe the rules of due process in adopting such a determination. Consequently, this aspect of the action is rejected on the merits.

IV.- Dissenting opinion of Judges Cruz Castro and Calzada Miranda: The undersigned dissent, and consider that in this case there has indeed been a violation of the right to due process because, contrary to the majority opinion, we consider that, even within the probationary period, before proceeding with the cessation of the position, a prior procedure must have been followed in which the unsuitability for the position, or any other reasons that led to such dismissal, are proven. Under the pretext of being in a probationary period, the employer should not have total freedom for the removal, or cessation from a position; rather, this must be preceded by all the guarantees afforded by a prior process, where the interested party may exercise his right to defense.

V.- Dissenting opinion of Judge Hernández Gutiérrez: The undersigned judge dissents from my vote and reasons as follows: I.- That the probationary period is a span of time conceived for the worker to demonstrate his professional aptitude [suitability] and his adaptation [adjustment] to the assigned task. Its characteristic feature is that, during it, either party may freely terminate the relationship that binds them (Constitutional Chamber, rulings # 6287-94 of 15:57 hours on October 26 and # 2004-4529 of 10:27 hours on April 30). It serves for both parties to mutually understand their personal and professional conditions and determine the convenience or not of definitively consolidating the contract. II.- That the length of the probationary period varies according to the nature of the service or the subjects; it may be three months (Articles 28 of the Labor Code, 30 of the Civil Service Statute, and 133 of the Municipal Code), or one year (Article 33 of the Judicial Service Statute). Where there is consensus is that as a general rule it applies at the beginning of the employment relationship, be it public or private, that is, it governs from when the worker takes charge of the position, which conforms to its very nature and rationale (Article 31 of the Civil Service Statute). So that once that period is passed and without being in any of the exceptions, the relationship is consolidated; what was a transitory relationship becomes an indefinite relationship, surrounded by certain basic guarantees that the passage of time allows to be acquired, favorable to the dignity of the worker. III.- That pursuant to the foregoing, in the case of a worker who, after more than two years of interim service, is appointed to a permanent position, it is evident that he has already served out the probationary period, and it is not admissible for his job stability to be put at risk with each new appointment he obtains internally within the institution for which he works, since by virtue of his seniority, he is already the holder of the right to the stability inherent in continuous employment relationships. And if for some reason his performance diminishes or if he does not adjust to the new requirements, then the ordinary administrative procedure must be initiated with all its guarantees. In matters of economic, social, and educational rights, the norms governing the matter must be interpreted and applied in a progressive and not regressive sense that guarantees the full effectiveness of the rights, in accordance with the doctrine resulting from Article 26 of the American Convention on Human Rights and the case law that informs it, and its Additional Protocol, approved by Law #7907 of September 3, 1999, Gazette #190 of September 30, Articles 6 and 7. I deem that it is not legitimate, due to deviation of power, to use the resolutory condition of the probationary period to cover up dismissals for purely personal reasons, or workplace harassment or discrimination, or injury to fundamental rights, or public freedoms. The worker must be allowed to prove the injustice of his dismissal and the existence of elements outside the employment contract that determine its undue termination. Consequently, I order that the amparo action be processed.

Therefore:

The action is rejected on the merits. Judges Calzada Miranda, Cruz Castro, and Hernández Gutiérrez dissent, as indicated in the last two considering clauses of this ruling.- Ana Virginia Calzada M.

President Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C.

Jose Paulino Hernández G.

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:26:48.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *100162060007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2011000320 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y quince minutos del catorce de enero del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ALFARO, cédula de identidad 0401370252, contra el DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cuarenta y seis minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diez, el recurrente interpone recurso de amparo contra el DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL y, manifiesta lo siguiente: que el 16 de agosto de 2010 fue nombrado en propiedad en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, después de dos años y ocho meses de interinazgo. El 31 de octubre de 2010, el periódico El Financiero publicó un reportaje sobre una irregularidad en el Ministerio del Ambiente, consistente en que debido a presiones ejercidas por un desarrollador, se declaró con lugar un recurso presentado fuera de tiempo y se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto, sin tener competencia para ello. Señala que eso fue declarado así por la Sala Constitucional y en la noticia se indicó que el amparado había denunciado la supuesta intervención política y el eventual prevaricato. El recurrente indica que a raíz de esa publicación, comenzó una situación de acoso laboral en su contra. Posteriormente fue despedido por no superar el período de prueba contemplado en los artículos 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil, sin que su desempeño sobresaliente, según las calificaciones de los últimos dos años, hubiere variado. Expresa que fue despedido por no permanecer omiso ante una irregularidad. Solicita se revoque su despido.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- El recurrente manifiesta que fue nombrado en propiedad después de más de dos años de interinazgo. El periódico El Financiero publicó un reportaje sobre una irregularidad en el Ministerio del Ambiente, en la noticia se indicó que el amparado había denunciado la supuesta intervención política y el eventual prevaricato. Ello generó una situación de acoso laboral en su contra y luego fue despedido supuestamente por no superar el período de prueba contemplado en los artículos 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil, sin que su desempeño sobresaliente, según las calificaciones de los últimos dos años, hubiere variado. Solicita se revoque su despido.

II.- No le compete a esta Sala revisar si el recurrente fue injustamente despedido, ese es un asunto que no compete dilucidar en la vía sumaria del amparo, es labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

III.- Sobre los despidos en período de prueba, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que la decisión de despedir a un servidor dentro del período de prueba es de carácter discrecional, y se puede disponer el despido de estimarse que el servidor no es idóneo para desempeñar el puesto, sin que para la adopción de tal determinación sea necesario observar las reglas propias del debido proceso. En consecuencia, este extremo de recurso se rechaza por el fondo.

IV.- Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Calzada Miranda: Los suscritos salvan el voto, y consideran que en este caso sí ha habido una violación al derecho al debido proceso pues, contrario al criterio de mayoría, consideramos que, aún dentro del período de prueba, antes de procederse con la cesación del puesto, debe haberse seguido un procedimiento previo donde se pruebe la ineptitud en el puesto, o cualesquiera otras razones que llevaron a tal destitución. So pretexto de estarse en un período de prueba, el patrono no debiera tener libertad total para la destitución, o cesación de un puesto, sino que ello debe estar precedido de todas las garantías que otorga un proceso previo, donde el interesado pueda ejercer su derecho de defensa.

V.- Voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez: El infrascrito magistrado salvo mi voto y lo razono así: I.- Que el período de prueba es un lapso de tiempo concebido para que el trabajador demuestre su aptitud profesional [idoneidad] y su adaptación [adecuación] a la tarea encomendada. Su nota característica consiste en que, durante éste, cualquiera de las partes puede cesar libremente la relación que las vincula (Sala Constitucional, sentencias # 6287-94 de 15-57 horas de 26 de octubre y # 2004-4529 de 10,27 horas de 30 de abril). Sirve para que ambas partes conozcan mutuamente sus condiciones personales y profesionales y determinen la conveniencia o no de consolidar definitivamente el contrato. II.- Que la extensión del período de prueba varía según la naturaleza de la prestación o de los sujetos; puede ser de tres meses (artículos 28 del Código de Trabajo, 30 del Estatuto de Servicio Civil y 133 del Código Municipal), o un año (artículo 33 del Estatuto de Servicio Judicial). En lo que sí hay consenso es que por regla general se aplica al inicio de la relación laboral, sea esta pública o privada, es decir, rige desde que el trabajador se hace cargo del puesto, lo que se aviene a su propia naturaleza y razón de ser (artículo 31 del Estatuto de Servicio Civil). De modo que superado ese período y no estando en ninguna de las excepciones, la relación se consolida; lo que era una relación transitoria, se convierte en una relación indefinida, rodeada de ciertas garantías básicas que el transcurso del tiempo permiten adquirir, favorables a la dignidad del trabajador. III.- Que conforme a lo expuesto, tratándose de un trabajador que luego de más de dos años de interinazgo es nombrado en propiedad, es evidente que ya purgó el período de prueba, no siendo dable que su estabilidad laboral entre en riesgo por cada nuevo nombramiento que consiga a lo interno de la institución para la que trabaja, pues en atención a su antigüedad, ya es titular del derecho a la estabilidad propia de las relaciones laborales continuas. Y si por alguna razón viene a menos en su desempeño o si no se ajusta a los nuevos requerimientos, entonces debe abrirse el procedimiento administrativo ordinario con todas sus garantías. En materia de derechos económicos, sociales y sobre educación, las normas que gobiernan la materia deben interpretarse y aplicarse en sentido progresivo y no regresivo que garantice la plena efectividad de los derechos, conforme a la doctrina que resulta del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que lo informa, y de su Protocolo adicional, aprobado según ley #7907 de 3 de septiembre de 1999, Gaceta #190 de 30 de septiembre, artículos 6 y 7. Estimo que no resulta legítimo, por desviación de poder, utilizar la condición resolutoria del período de prueba para encubrir despidos por razones meramente personales, o de acoso laboral o discriminación, o lesión a los derechos fundamentales, o las libertades públicas. Debe permitirse al trabajador demostrar la injusticia de su despido y la existencia de elementos ajenos al contrato de trabajo que determinan su indebida resolución. En consecuencia ordeno dar curso al amparo.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso. Los Magistrados Calzada Miranda, Cruz Castro y Hernández Gutiérrez salvan el voto, conforme lo indican en los dos últimos considerandos de esta sentencia.- Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C.

Jose Paulino Hernández G.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Estatuto de Servicio Civil Arts. 30 y 31
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 9

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