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Res. 00264-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/01/2011

Municipal duty to eliminate threats to health and environmentDeber municipal de eliminar amenazas a la salud y al ambiente

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo against the Municipality of Alajuelita, ordering it to carry out the necessary works within three months to eliminate the landslide risk, and ordered payment of costs, damages, and losses.La Sala declaró con lugar el recurso contra la Municipalidad de Alajuelita, ordenando realizar en tres meses las obras necesarias para eliminar el riesgo de deslizamiento, y condenó al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident of Alajuelita against the Municipality of Alajuelita and the National Emergency Commission. The claimant argued that his home and life were at risk due to landslides caused by the lack of maintenance of stormwater pipes and the absence of a retaining wall. The Chamber deemed the facts proven due to the Municipal Council's failure to report and found that, despite technical reports recommending corrective works since 2008, the Municipality had not taken the necessary actions. The court held that this inaction violated the municipality's constitutional duty to safeguard the interests of its inhabitants under Article 169 of the Constitution, endangering the rights to health and a healthy environment. Consequently, the Municipality was ordered to carry out the required works within three months, based on the technical recommendations, and was ordered to pay costs, damages, and losses. The amparo was denied against the Emergency Commission because primary responsibility was held to lie with the local government.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Alajuelita contra la Municipalidad de Alajuelita y la Comisión Nacional de Emergencias. El recurrente alegó que su vivienda y su vida corrían peligro debido a deslizamientos de tierra provocados por la falta de mantenimiento de tuberías de aguas pluviales y la ausencia de un muro de contención. La Sala tuvo por ciertos los hechos ante la omisión del informe del Concejo Municipal y constató que, pese a existir informes técnicos que recomendaban obras correctivas desde 2008, la Municipalidad no había realizado las acciones necesarias. El tribunal consideró que esta inacción violaba el deber constitucional de la municipalidad de velar por los intereses de sus habitantes, conforme al artículo 169 de la Constitución, al poner en riesgo los derechos a la salud y a un ambiente sano. En consecuencia, se ordenó a la Municipalidad realizar los trabajos requeridos en un plazo de tres meses, con base en las recomendaciones técnicas, y se le condenó al pago de costas, daños y perjuicios. El recurso fue declarado sin lugar respecto de la Comisión de Emergencias por considerarse que la responsabilidad primaria recaía en el gobierno local.

Key excerptExtracto clave

Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country’s municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated rulings, this Court has held that those corporations are under an obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of persons living in their canton (see judgment 2008-11739 of noon twelve minutes on July 25, 2008). In this case, the Court finds it proven that since October 4, 2010, the respondent Municipality was aware of the content of Report CS-ARS-AL-GA-513-2010, in which the Environmental Manager of the Health Area of Alajuelita reported the danger facing the claimant’s dwelling due to problems caused by landslides; nevertheless, there is no evidence that the respondent Municipality had taken any action to resolve that problem, despite the time that elapsed. The foregoing constitutes a clear violation of Articles 21 and 169 of the Political Constitution, since the authority fails in its duty to guarantee the well‑being of the inhabitants of its canton by not carrying out the necessary work to eliminate a situation that endangers the physical integrity of the protected person, even though it was aware of its existence and was even provided with a series of recommendations to address the problem described.El artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la sentencia 2008-11739 de las doce horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho). En el presente asunto, este Tribunal tiene por demostrado que desde el 04 de octubre del 2010 la Municipalidad recurrida tiene conocimiento del contenido del Informe CS-ARS-AL-GA-513-2010, en que el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Alajuelita informó sobre el peligro que corría la vivienda del recurrente, en razón de los problemas generados por los deslizamientos, sin embargo, no existe prueba alguna de que la Municipalidad recurrida hubiera efectuado acción alguna para solventar dicha problemática, a pesar del plazo transcurrido. Lo anterior, constituye una clara violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 169 de la Constitución Política, ya que la autoridad falta a su deber de garantizar el bienestar de sus habitantes del cantón, al no realizar los trabajos del caso para eliminar una situación que pone en peligro la integridad física del tutelado, pese a que tenía conocimiento de su existencia, y de que incluso se le brindaron una serie de recomendaciones para atender la problemática descrita.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción."

    "Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country’s municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction."

    Considerando III

  • "El artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción."

    Considerando III

  • "Este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón."

    "This Court has held that those corporations are under an obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of persons living in their canton."

    Considerando III

  • "Este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón."

    Considerando III

  • "Lo anterior, constituye una clara violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 169 de la Constitución Política, ya que la autoridad falta a su deber de garantizar el bienestar de sus habitantes del cantón, al no realizar los trabajos del caso para eliminar una situación que pone en peligro la integridad física del tutelado."

    "The foregoing constitutes a clear violation of Articles 21 and 169 of the Political Constitution, since the authority fails in its duty to guarantee the well‑being of the inhabitants of its canton by not carrying out the necessary work to eliminate a situation that endangers the physical integrity of the protected person."

    Considerando III

  • "Lo anterior, constituye una clara violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 169 de la Constitución Política, ya que la autoridad falta a su deber de garantizar el bienestar de sus habitantes del cantón, al no realizar los trabajos del caso para eliminar una situación que pone en peligro la integridad física del tutelado."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: January 14, 2011, at 9:19 a.m.

Docket: 10-014687-0007-CO Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *100146870007CO* Res. No. 2011000264 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and nineteen minutes on January fourteenth, two thousand eleven.

Amparo remedy filed by Esteban Alvarado Calderón, legal age, bearer of identity card number 1-674-103, against the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the Municipalidad de Alajuelita.

Whereas:

1.- By a writing filed with the Secretariat of this Chamber at eight hours six minutes on October twenty-fifth, two thousand ten, the petitioner files an amparo remedy against the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the Municipalidad de Alajuelita. He states that: a) He resides in Urbanización La Paz 86 in San Felipe de Alajuelita, first entrance 300 north, last house on the right, number G-26; b) Since May twenty-ninth, two thousand eight, their lives and his property have been in danger, since on that occasion a landslide occurred on the easement (servidumbre) that connected that urbanization with Geranios, which destroyed the right-of-way easement (servidumbre de paso); c) On that occasion, they informed the Mayor of the Municipalidad de Alajuelita, Tomás Poblador, of what had happened by note of May thirtieth, two thousand eight, and clearly explained what was happening, because several months prior the bells of the storm sewer (aguas pluviales) outlets of La Paz and Geranios had come loose, and later the situation worsened, since, without those bells, the soil began to erode, causing impressive amounts of land to break off every time it rained very hard or there was a storm; d) On that occasion they called 911, ticket number 1596, but they were told to call the local Municipality or the Emergencies Commission; e) They met with the Mayor, who committed to help them, and they also went to the Emergencies Commission, and thanks to their pleas and insistence, geologist Julio Madrigal, Head of Prevention and Mitigation, was able to visit the site and produced a report addressed to the Municipality where he gave his suggestions and recommendations, and in which he specifically stated that it was necessary to dredge the river and build a retaining wall, gabion, or riprap (enrocado) to minimize the erosive process, in addition to eliminating accumulations in the channel and building good drainage systems; f) This document was taken to the Mayor on October twenty-first, two thousand eight, together with another letter, and he responded with a note of November thirteenth, two thousand eight, in which it was indicated that by correspondence transfer number 719-08 of November sixth of that year, he forwarded the Commission's report to architect Simón Bolaños Alpízar, promoter of the UTGV of that Municipality, to prepare the budget for the work and request materials from the Comisión Nacional de Emergencias; g) The Mayor also sent two notes to the then President of the Comisión Nacional de Emergencias, of June twenty-third and July twenty-first, two thousand eight, requesting its intervention, but apparently there was no response; h) On May eighth, two thousand nine, another document was submitted requesting an appointment with the new Executive President of the Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales, to meet with them or communicate with them, but they never received a response; i) This winter has been very sad because his house is at risk of collapsing into the void, since on September twenty-ninth last there was a landslide so large that it completely eliminated the easement (servidumbre) that connected both urbanizations, at which time two new notes were submitted to the Municipality, received on October fourth of this year at the Mayor's office, in which they reminded them of the problem not only for them, but for the entire community, since the children are affected in their commute to schools and high schools, and the adults to their jobs, forcing them to take a long detour to continue their daily activities; j) In said notes they explained the problem that arises every time it rains heavily, because a piece breaks off the storm sewer pipes, and the earth is also washed away from above as the water drags the lower part, to the point that there is a vertical distance of almost ten meters between his dwelling and the stream; k) Even though the Municipality provided them with covering plastic to prevent the fall of storm water, and sent a machine to dredge the river and open a path to the water outlets, this is a temporary solution, as the definitive solution is to correct the runoff (escorrentía) of storm water from the municipal pipes and build a retaining wall to prevent the land from washing away (deslave) and causing the collapse of his dwelling house. He considers that the inaction of the respondents has produced a serious threat to his property and their lives, thus violating their fundamental rights.

2.- By a resolution issued at sixteen hours nine minutes on October twenty-sixth, two thousand ten, the present amparo remedy was admitted and an report was requested from the President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the President of the Municipal Council of Alajuelita. Likewise, the respondents were ordered to take the pertinent and immediate measures aimed at preventing the continued washing away (deslave) of the land on the petitioner's property and the eventual threat to the building he inhabits with his family, until such time as the Chamber resolves the remedy in a judgment, or orders otherwise (see folio 41-42 of the judicial file).

3.- Vanesa Rosales Ardón, in her capacity as President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports under oath (see folio 47 of the judicial file) that: a) The maintenance of storm sewer pipes and the construction of the wall indicated by the petitioner is the exclusive responsibility of the Municipalidad de Alajuelita; b) The respondent Municipality has been aware of the situation reported by the petitioner for three years; c) Her represented entity responsibly assumes its competencies and has always been willing to work effectively for civil society and in collaboration with the corresponding entities, such as the State, especially when human lives are at stake, but the country's local governments, very particularly the respondent, must assume their responsibility, and the functions delegated by the Municipal Code and other related laws, since they must budget for river dredging, construction of works that minimize the erosive process of the rivers that affect them, the elimination of garbage in river channels, and the execution of drainage works, maintenance of storm drainage systems, among others, in accordance with the taxes they receive for that purpose. She requests that the remedy be declared without merit.

4.- Tomas Poblador Soto, in his capacity as Municipal Mayor of Alajuelita, reports under oath (see folio 105 of the judicial file) that: a) His represented entity has timely attended to the protected party's petitions; b) It proceeded to carry out studies regarding the needs – by the Engineering Department -, it has intervened with municipal machinery in an effort to mitigate the situation reported by the petitioner, and it has provided special plastic to contain the action of the water; in this regard, even the Municipal Council pronounced itself in ordinary session 24 of October 12, 2010; c) The efforts made before the Comisión Nacional de Emergencias have not borne fruit, despite the principle of solidarity and prevention required of them by Ley 8488. He requests that the remedy be declared without merit.

5.- Visible at folio 111 of the judicial file are certificates issued by the Judicial Assistant and the Secretary of the Office stating that the President of the Municipal Council of Alajuelita failed to comply with the order issued at sixteen hours nine minutes on October twenty-sixth, two thousand ten.

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Whereas:

I.- PRELIMINARY MATTER: In accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in those cases where the respondent authority does not submit its report within an amparo remedy, the facts alleged by the petitioner shall be taken as true, and the remedy shall be decided without further proceedings. By reason of the foregoing, the President of the Municipal Council of Alajuelita having failed to submit the report required by the Presidency of the Chamber in this matter, within the established time limit for such purposes, the appropriate course is to deem the allegations made by the petitioner as proven, and to proceed to resolve the merits of his claim, based on the elements on file.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as required in the initial order:

a. That on May 30, 2008, Residents of Urbanización La Paz submitted to the Municipalidad de Alajuelita a writing requesting assistance with the landslide that occurred on May 29, 2010 (see folio 12 of the judicial file).

b. That on October 21, 2010, Residents of Urbanización La Paz submitted to the Municipalidad de Alajuelita a writing requesting assistance with the landslides occurring on the lands they inhabit (see folio 13 of the judicial file).

c. That by official letter A.M.C.E.N. No. 379-08 dated November 13, 2008, the Municipalidad de Alajuelita informed the Residents of Urbanización La Paz that it had requested assistance from the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias to address the reported problem (see folio 18 of the judicial file).

d. That the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias issued Technical Report DPM-INF-1596-2008 and indicated the need to: 1. Dredge the river channel; 2. Build a structure that minimizes the erosive process; 3. Eliminate accumulation in the channel; and 4. Install good drainage systems (see folios 15-17 of the judicial file).

e. That on May 8, 2009, the Residents of Urbanización La Paz requested assistance from the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias to address the pipe problem (see folio 21 of the judicial file).

f. That on October 4, 2010, the Governing Health Area of Alajuelita issued Technical Report CS-ARS-AL-GA-513-2010 and indicated: "Based on what is described in this Technical Report, it is concluded that the dwelling of Mr. Esteban Alvarado is in danger, since the land is unstable and it is possible that portions of it will continue to break off depending on the intensity of the rains. The plastic that was placed to control the washing away (deslave) of the land is only a temporary solution; however, other corrections must be made to guarantee the stability of this portion of land, without putting Mr. Alvarado's property or the safety of its occupants at risk. Among these necessary corrections, the engineering studies and works required must be carried out by competent professionals in the field, to guarantee the land's stability to prevent future landslides. The foregoing, with the intervention of the competent institutions in the case. Access must be prevented through the strip of land located between Mr. Alvarado's dwelling and the landslide zone. The foregoing, given that the situation puts at risk… to the corresponding social aid and housing institutions, to carry out the pertinent study in the event that the dwelling must be declared uninhabitable due to danger" (see folios 30-31 of the judicial file).

g. That the Engineering Department of the Municipalidad de Alajuelita conducted an on-site inspection and issued Technical Report P.U.C.E.N. No. 0217-2010 dated October 20, 2010 (see folios 32-33 of the judicial file).

h. That as of the date of filing of this amparo remedy, the authorities of the Municipalidad de Alajuelita had not complied with the recommendations made by reports CS-ARS-AL-GA-513-2010 and DPM-INF-1596-2008 (Uncontested fact).

III.- ON THE MERITS: Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's municipalities to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Tribunal has indicated that such corporations are obligated to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see judgment 2008-11739 at twelve hours twelve minutes on July twenty-fifth, two thousand eight). In this matter, this Tribunal deems it proven that since October 4, 2010, the respondent Municipality has been aware of the content of Report CS-ARS-AL-GA-513-2010, in which the Environmental Manager of the Governing Health Area of Alajuelita reported on the danger faced by the petitioner's dwelling, due to the problems generated by the landslides; however, there is no evidence whatsoever that the respondent Municipality took any action to resolve said problem, despite the time elapsed. The foregoing constitutes a clear violation of the provisions of Articles 21 and 169 of the Political Constitution, since the authority fails in its duty to guarantee the well-being of its canton's inhabitants, by not carrying out the necessary work to eliminate a situation that endangers the physical integrity of the protected party, despite being aware of its existence, and even having been provided a series of recommendations to address the described problem. Thus, by reason of the foregoing, this Chamber considers it appropriate to declare with merit the remedy solely against the Municipalidad de Alajuelita, as is hereby done.

Therefore:

The remedy is declared with merit. Tomas Poblador Soto, in his capacity as Municipal Mayor, and the President of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Alajuelita, are ordered to carry out the actions within the scope of their competencies so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the necessary work is performed to resolve the problem affecting the petitioner's property, taking into account the recommendations given in technical reports CS-ARS-AL-GA-513-2010 and DPM-INF-1596-2008. The respondents, or whoever occupies their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo remedy, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Municipalidad de Alajuelita is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts on which this declaration is based, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Alajuelita, IN PERSON. Let it be communicated.

Ana Virginia Calzada M. President Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C. Jose Paulino Hernández G.

DOCKET No. 10-014687-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:26:23.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *100146870007CO* Res. Nº 2011000264 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y diecinueve minutos del catorce de enero del dos mil once.

Recurso de amparo presentado por Esteban Alvarado Calderón, mayor, portador de la cédula de identidad número 1-674-103, contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Municipalidad de Alajuelita.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las ocho horas seis minutos del veinticinco de octubre del dos mil diez el recurrente presenta recurso de amparo contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Municipalidad de Alajuelita. Manifiesta que: a) Reside en la Urbanización La Paz 86 en San Felipe de Alajuelita, primera entrada 300 norte, última casa mano derecha, número G-26; b) Desde el veintinueve de mayo de dos mil ocho sus vidas y su propiedad corre peligro, pues en esa oportunidad se produjo un derrumbe en la servidumbre que comunicaba esa urbanización con Geranios, que desapareció la servidumbre de paso; c) En esa oportunidad se informó lo sucedido al Alcalde de la Municipalidad de Alajuelita, Tomás Poblador, por nota de treinta de mayo de dos mil ocho, y se expuso claramente lo que estaba sucediendo, pues hacía varios meses se habían desprendido las campanas de las salidas de aguas pluviales de La Paz y Geranios, y luego la situación se fue agravando, ya que al no existir esas campanas, comenzó a erosionar el suelo desprendiéndose cantidades impresionantes del terreno cada vez que llovía muy fuerte o hacía temporal; d) En esa oportunidad llamaron al 911, consecutivo 1596, pero le dijeron que llamaran a la Municipalidad local o a la Comisión de Emergencias; e) Se reunieron con el Alcalde y se comprometió a ayudarlos, y también fueron a la Comisión de Emergencias, y gracias a sus súplicas e insistencia se logró que el geólogo Julio Madrigal, Jefe de Prevención y Mitigación llegara a hacer una visita al lugar y realizó un informe dirigido a la Municipalidad donde daba sus sugerencias y recomendaciones, y en el que especificó claramente que había que dragar el río y construir un muro de contención, gavión o enrocado, que minimizara el proceso erosivo, además de eliminar las acumulaciones en el cauce y construir buenos sistemas de drenaje; f) Este documento se llevó al Alcalde el veintiuno de octubre de dos mil ocho junto con otra carta, y respondió con una nota de trece de noviembre de dos mil ocho en la cual se indicaba que por traslado de correspondencia número 719-08 de seis de noviembre de ese año, le trasladó el informe de la Comisión al arquitecto Simón Bolaños Alpízar, promotor de la UTGV de esa Municipalidad, para realizar el presupuesto de la obra y solicitar los materiales a la Comisión Nacional de Emergencias; g) También el Alcalde envió dos notas al entonces Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, de veintitrés de junio y de veintiuno de julio de dos mil ocho, donde solicitaba su intervención, pero al parecer no hubo respuesta; h) El ocho de mayo de dos mil nueve se presentó otro documento en el que se solicitó una cita a la nueva Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales, para que los atendiera o se comunicara con ellos, pero nunca se les respondió; i) Este invierno ha sido muy triste pues su casa está expuesta a irse al vacío, ya que el veintinueve de setiembre pasado hubo un deslizamiento tan grande que eliminó por completo la servidumbre que comunicaba ambas urbanizaciones, momento en que se presentaron dos nuevas notas a la Municipalidad, recibidas el cuatro de octubre de este año en el despacho del Alcalde, en las cuales recordaron el problema no sólo para ellos, sino para toda la comunidad, pues los niños se ven afectados por el paso a escuelas, colegios, y los adultos a sus trabajos, obligándolos a hacer un largo recorrido para poder continuar con sus actividades diarias; j) En dichas notas explicaron la problemática que se genera cada vez que llueve fuerte, porque a las tuberías de aguas pluviales se les desprende un pedazo, y la tierra también se lava de arriba al arrastrar el agua la parte de abajo, al punto de que existe una distancia vertical de casi diez metros entre su vivienda y la quebrada; k) A pesar de que la Municipalidad les facilitó plástico cobertor para evitar la caída de aguas pluviales, así como que enviaron una máquina para dragar el río y abrir paso a las salidas de aguas, ello es una solución momentánea, pues la solución definitiva es corregir la escorrentía de aguas pluviales de las cañerías municipales y la construcción de un muro de contención para evitar que el terreno se deslave y ocasione la caída de su casa de habitación. Estima que la inacción de los recurridos ha producido un grave compromiso a su propiedad y a sus vidas, lesionándose así sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las dieciséis horas y nueve minutos del veintiséis de octubre del dos mil diez se le dio curso al presente recurso de amparo y se le solicito informe al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y al Presidente del Concejo Municipal de Alajuelita. De igual forma se le ordeno a los recurridos tomar las medidas pertinentes e inmediatas tendentes a evitar que se continúe produciendo el deslave del terreno en la propiedad del recurrente y el eventual compromiso de la edificación que habita con su familia, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa (ver folio 41-42 del expediente).

3.- Informa bajo juramento Vanesa Rosales Ardón en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (ver folio 47 del expediente) que: a) El mantenimiento de las tuberías de aguas pluviales y la construcción de muro que señala el recurrente es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Alajuelita; b) La Municipalidad recurrida tiene conocimiento de la situación que denuncia el recurrente desde hace tres años; c) Su representada asume con responsabilidad sus competencias y siempre ha tenido la disposición de trabajar efectivamente en pro de la sociedad civil y el colaboración con los entes correspondientes como lo son el Estado, máxime que están de por medio las vidas humanas, pero los gobiernos locales del país, muy especialmente el recurrido, debe asumir su responsabilidad, y las funciones que delega el Código Municipal y demás leyes conexas, ya que deben presupuestar para dragado de ríos, construcción de obras que minimicen el proceso erosivo de los ríos que los afecten, la eliminación de basura en los cauces de los ríos, y la ejecución de obras para drenajes, el mantenimiento de alcantarillado pluvial, entre otros, de conformidad con los tributos que perciben para ese fin. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Tomas Poblador Soto en su calidad de Alcalde Municipal de Alajuelita (ver folio 105 del expediente) que: a) Su representada ha atendido en forma oportuna las gestiones del amparado; b) Procedió a realizar estudios en cuanto a las necesidades –por parte del Departamento de Ingeniería-, se ha intervenido con maquinaria municipal en procura de mitigar la situación que denuncia el recurrente y se ha suministrado plástico especial para contener la acción de las aguas, en ese sentido se ha pronunciado hasta el Concejo Municipal en la sesión 24 ordinaria del 12 de octubre del 2010; c) Las gestiones efectuadas ante la Comisión Nacional de Emergencias no ha fructificado, a pesar del principio de solidaridad y prevención que les exige la Ley 8488. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Visible a folio 111 del expediente aparecen constancias emitidas por el Auxiliar Judicial y el Secretario del Despacho en las que indican que el Presidente del Concejo Municipal de Alajuelita omitió cumplir con la prevención de las dieciséis horas y nueve minutos del veintiséis de octubre del dos mil diez.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR: De conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en aquellos casos en los que la autoridad recurrida no rindiera su informe dentro de un recurso de amparo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por el recurrente y se entrará a resolver el recurso sin más trámite. En razón de lo anterior, al no haber rendido el Presidente del Concejo Municipal de Alajuelita el informe que le fuera requerido por la Presidencia de la Sala en el presente asunto, dentro del plazo establecido para tales efectos, lo procedente es tener por demostrados los alegatos planteados por el recurrente, y entrar a resolver el fondo de su reclamo, con fundamento en los elementos que constan en autos.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a. Que en fecha 30 de mayo del 2008 Vecinos de La Urbanización La Paz presentaron ante la Municipalidad de Alajuelita un escrito mediante el cual solicitaban colaboración con el derrumbe ocurrido el 29 de mayo del 2010 (ver folio 12 del expediente).

b. Que en fecha 21 de octubre del 2010 Vecinos de La Urbanización La Paz presentaron ante la Municipalidad de Alajuelita un escrito mediante el cual solicitaban colaboración con los deslizamientos presentados en los terrenos que habitan (ver folio 13 del expediente).

c. Que mediante oficio A.M.C.E.N. N°379-08 de fecha 13 de noviembre del 2008 la Municipalidad de Alajuelita le informó a los Vecinos de La Urbanización La Paz que había solicitado colaboración a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender la problemática denunciada (ver folio 18 del expediente).

d. Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió el Informe Técnico DPM-INF-1596-2008 y señaló la necesidad de: 1. Dragar el cauce del río; 2. Construir una obra que minimice el proceso erosivo; 3 Eliminar la acumulación en e, cauce y 4. Efectuar buenos sistemas de drenaje (ver folio15-17 del expediente).

e. Que en fecha 08 de mayo del 2009 los Vecinos de La Urbanización La Paz solicitaron a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias la colaboración para atender la problemática de las tuberías (ver folio 21 del expediente).

f. Que en fecha 04 de octubre del 2010 el Área Rectora de Salud de Alajuelita emitió el Informe Técnico CS-ARS-AL-GA-513-2010 e indicó: “Por lo descrito en este Informe Técnico se concluye que la vivienda del señor Esteban Alvarado se encuentra en peligro, ya que el terreno presenta inestabilidad y es posible que se sigan desprendiendo porciones del mismo según la intensidad de las lluvias. El plástico que fue colocado para controlar el deslave del terreno es una solución momentánea únicamente, sin embargo, deben ser efectuadas otras correcciones para garantizar la estabilidad de esta porción de terreno, sin poner en riesgo la propiedad del señor Alvarado ni la integridad de sus ocupantes. Dentro de estas correcciones necesarias, se deben realizar los estudios y las obras necesitas de ingeniería por parte de profesionales competentes en la materia, que garanticen la estabilidad del terreno para evitar futuros deslizamientos. Lo anterior con la intervención que las instituciones competentes en el caso. Se debe impedir el acceso por la franja de terreno que está ubicada entre la vivienda del señor Alvarado y la zona de deslizamiento. Lo anterior debido a que se pone en riesgo la situación a las instituciones de ayuda social y de vivienda correspondiente, para realizar el estudio pertinente en caso de tener que declarar la vivienda inhabitable por peligrosa” (ver folio 30-31 del expediente).

g. Que el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Alajuelita realizó una inspección in situ y emitió el Informe Técnico P.U.C.E.N. N°0217-2010 de fecha 20 de octubre del 2010 (ver folio 32-33 del expediente).

h. Que a la fecha de interposición del presente recurso de amparo, las autoridades de la Municipalidad de Alajuelita no habían acatado las recomendaciones hechas por los informes CS-ARS-AL-GA-513-2010 y DPM-INF-1596-2008 (Hecho no controvertido).

III.- SOBRE EL FONDO: El artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la sentencia 2008-11739 de las doce horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho). En el presente asunto, este Tribunal tiene por demostrado que desde el 04 de octubre del 2010 la Municipalidad recurrida tiene conocimiento del contenido del Informe CS-ARS-AL-GA-513-2010, en que el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Alajuelita informó sobre el peligro que corría la vivienda del recurrente, en razón de los problemas generados por los deslizamientos, sin embargo, no existe prueba alguna de que la Municipalidad recurrida hubiera efectuado acción alguna para solventar dicha problemática, a pesar del plazo transcurrido. Lo anterior, constituye una clara violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 169 de la Constitución Política, ya que la autoridad falta a su deber de garantizar el bienestar de sus habitantes del cantón, al no realizar los trabajos del caso para eliminar una situación que pone en peligro la integridad física del tutelado, pese a que tenía conocimiento de su existencia, y de que incluso se le brindaron una serie de recomendaciones para atender la problemática descrita. Así, en razón de lo anterior, esta Sala considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Alajuelita, como en efecto se hace.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Tomas Poblador Soto en su calidad de Alcalde Municipal y al Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuelita realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen los trabajos necesarios para solventar el problema que aqueja a la propiedad del recurrente, tomando en cuenta las recomendaciones dadas en los informes técnicos informes CS-ARS-AL-GA-513-2010 y DPM-INF-1596-2008. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese al Alcalde Municipal y al Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuelita EN FORMA PERSONAL. Comuníquese.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Enrique Ulate C.

Jose Paulino Hernández G.

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    • Constitución Política Art. 169
    • Constitución Política Art. 21
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