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Res. 14772-2010 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 01/09/2010
OutcomeResultado
The Chamber invalidated Executive Decree No. 29957-G as unconstitutional, with retroactive effect subject to good-faith acquired rights, and allowed one year for existing agricultural practices to cease under environmental supervision.La Sala anuló por inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.º 29957-G, con efectos retroactivos salvo derechos adquiridos de buena fe, y concedió un año para cesar las prácticas agrícolas existentes bajo supervisión ambiental.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the challenge to Executive Decree No. 29957-G, which expanded the Guaymí de Osa Indigenous Reserve into land within Corcovado National Park. The Chamber found that the overlap partially replaced the national park’s protection and conservation regime with one allowing agricultural activities incompatible with that management category, thereby removing 5,668.3 hectares from the State Natural Heritage. An executive decree could not alter the preexisting legal regime or reduce a protected wildlife area without legislation, environmental technical studies, and participation by the competent environmental authority. Excluding MINAET from the decision-making process also violated the principles of state coordination and unity because environmental protection binds every public body across its respective powers. The decree was annulled with retroactive effect, subject to good-faith acquired rights. Existing agricultural practices received a temporary one-year authorization from notification of the judgment, under environmental supervision, and were required to cease completely when that period expired.La Sala Constitucional declaró con lugar la acción contra el Decreto Ejecutivo n.º 29957-G, que amplió la Reserva Indígena Guaymí de Osa sobre terrenos del Parque Nacional Corcovado. Determinó que la superposición sustituyó parcialmente el régimen de protección y conservación propio del parque nacional por otro que permitía actividades agrícolas incompatibles con esa categoría de manejo, desafectando 5.668,3 hectáreas del Patrimonio Natural del Estado. Un decreto ejecutivo no podía modificar el régimen jurídico anterior ni reducir un área silvestre protegida sin ley, estudios técnicos ambientales y participación de la autoridad ambiental competente. La exclusión del MINAET del proceso también infringió los principios de coordinación y unidad estatal, pues la protección del ambiente vincula transversalmente a todos los órganos públicos. La anulación tuvo efectos retroactivos, salvo los derechos adquiridos de buena fe. Las prácticas agrícolas existentes quedaron temporalmente autorizadas durante un año desde la notificación, bajo supervisión ambiental, y debían cesar totalmente al vencer ese plazo.
Key excerptExtracto clave
By confusing the two regimes so as to replace the protected wildlife area’s conservation and protection regime with another aimed at finding land for cultivation and agriculture, the incompatible nature of the challenged Executive Decree becomes clear, since it implicitly permits certain human practices or activities incompatible with a national park. The evidence ordered by the Chamber to assist its decision demonstrated that an estimated 5,668.3 hectares were in fact removed from the State Natural Heritage; this area now constitutes the portion of the Guaymí de Osa Indigenous Reserve overlapping Corcovado National Park. Even though the National Commission on Indigenous Affairs invokes the irreducibility of indigenous reserves, and the overlap resulted from expansion of the Guaymí de Osa Indigenous Reserve, a preexisting legal regime may under no circumstances be modified to the detriment of the State Natural Heritage. Although the State has a complex structure and is divided into a vast collection of entities and bodies organized according to their specialized functions, this Chamber has recognized the obligation to defend the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. That right cuts across the entire legal system and consequently affects all state bodies and entities. The principles of state coordination and unity prevent the claim of the National Commission on Indigenous Affairs and the Ministry of Governance from becoming consolidated because, by omitting the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications from the decision-making process, they violated the principle of state unity. The principles of state coordination and unity therefore constitute a necessary requirement preventing the consolidation of material state actions that remove property from the natural heritage in violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. The duty of coordination is therefore mandatory as the point of convergence ensuring that state decisions are legally sound and balanced in accordance with the technical and scientific knowledge that must be the starting point for modifying the State Natural Heritage. Consequently, it is unlawful for the procedure through which the State forms its will to exclude the lead environmental authority and its bodies from decisions. If their necessary participation is disregarded, the resulting act becomes constitutionally unlawful even when the stated purpose involves uses alleged to be related to and compatible with conservation of the State Forest Heritage.Pero, al confundir ambos regímenes para sustituir uno de vocación de protección y conservación que tiene el Área Silvestre Protegida, por el otro de búsqueda de zonas para cultivo y agricultura, es clara la naturaleza incompatible del Decreto Ejecutivo impugnado, dado que implícitamente se admiten ciertas prácticas o actividades humanas incompatibles con el Parque Nacional. La prueba para mejor resolver que se ordenó en el expediente, dio como resultado que efectivamente existe una desafectación de área del Patrimonio Natural del Estado estimada de 5.668.3 hectáreas, que ahora se constituye en la porción de la Reserva Indígena de Guaymí de Osa que se sobrepone con el Parque Nacional Corcovado. Aun cuando la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas señala la irreductibilidad de las reservas indígenas, y se produce el traslape conforme a la ampliación de la reserva indígena Guaymí de Osa, de ningún modo puede modificarse un régimen jurídico anterior en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, no obstante el Estado tiene una naturaleza constitutiva compleja, que está dividido en un vasto conglomerado de entes y órganos, organizados conforme a la respectiva especialidad de sus funciones, ha sostenido esta Sala la obligación de defender el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual es transversal a todo el ordenamiento jurídico, e impacta consecuentemente a todos los órganos y entes del Estado. El principio de coordinación y de unidad del Estado impide consolidar la pretensión de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y del Ministerio de Gobernación, pues al omitir al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el proceso de decisión incumplió con el principio de unidad del estado. De ahí que, como requisito necesario, el principio de coordinación y unidad del Estado se erige para impedir la consolidación de actuaciones materiales del Estado que suponen la desafectación del patrimonio natural por infracción al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De ahí que se impone el deber de coordinación, como punto de convergencia para que las decisiones que tome el Estado, sean plausibles jurídicamente, además de balanceadas de conformidad con la técnica y la ciencia que supone debe ser el punto de partida para modificar el Patrimonio Natural del Estado. No será lícito –consecuentemente- que en el procedimiento de formación de la voluntad estatal se excluyan de decisiones al ente rector y sus órganos en la materia ambiental, y si se ignora su necesaria concurrencia, aun cuando se alegue que se persiguen usos afines y compatibles a la conservación del Patrimonio Forestal del Estado, el mismo deviene ilícito constitucionalmente.
Pull quotesCitas destacadas
"Lo que es evidente, es que las gestiones por tierras de vocación agrícola, que requieran ocupar los indígenas -para seguir sus modos tradicionales de vida- no pueden constituirse en zonas cuyo fin legal resulta incompatible con esas prácticas, de ahí que, de constatarse esas necesidades mediante los organismos estatales apropiados, el esfuerzo por ubicar este tipo de zonas deben canalizarse coordinadamente entre todas las instituciones interesadas."
"What is evident is that efforts to obtain agricultural land needed by indigenous people to continue their traditional ways of life cannot be directed toward areas whose legal purpose is incompatible with those practices. If the appropriate state bodies confirm such needs, efforts to locate these areas must therefore be coordinated among all interested institutions."
Consideraciones sobre usos agrícolas
"Lo que es evidente, es que las gestiones por tierras de vocación agrícola, que requieran ocupar los indígenas -para seguir sus modos tradicionales de vida- no pueden constituirse en zonas cuyo fin legal resulta incompatible con esas prácticas, de ahí que, de constatarse esas necesidades mediante los organismos estatales apropiados, el esfuerzo por ubicar este tipo de zonas deben canalizarse coordinadamente entre todas las instituciones interesadas."
Consideraciones sobre usos agrícolas
"Aunque las poblaciones indígenas se encuentran naturalmente habilitadas para poder utilizar los recursos ubicados en una Zona de Amortiguamiento, para la recolección de productos naturales, y que efectivamente pueden estar caracterizados por el bajo impacto de sus prácticas con la naturaleza, es una situación totalmente distinta crear un enclave dentro del Área Silvestre Protegida."
"Although indigenous populations are naturally entitled to use resources located in a buffer zone to gather natural products, and their practices may indeed be characterized by a low impact on nature, creating an enclave within a protected wildlife area is an entirely different situation."
Consideraciones sobre la zona de amortiguamiento
"Aunque las poblaciones indígenas se encuentran naturalmente habilitadas para poder utilizar los recursos ubicados en una Zona de Amortiguamiento, para la recolección de productos naturales, y que efectivamente pueden estar caracterizados por el bajo impacto de sus prácticas con la naturaleza, es una situación totalmente distinta crear un enclave dentro del Área Silvestre Protegida."
Consideraciones sobre la zona de amortiguamiento
"En razón todo lo expuesto, la demanda debe declararse con lugar, en todos sus extremos y anular el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001."
"For all the reasons stated, the action must be granted in full and Executive Decree No. 29957-G of October 26, 2001, must be annulled."
Conclusión
"En razón todo lo expuesto, la demanda debe declararse con lugar, en todos sus extremos y anular el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001."
Conclusión
"Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001."
"The action is GRANTED. Consequently, Executive Decree No. 29957-G of October 26, 2001, is annulled as unconstitutional."
Por tanto
"Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001."
Por tanto
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hmendez hmendez 2 0 2011-01-19T16:55:00Z 2011-01-19T16:55:00Z 4 10268 56477 Judiciary 470 133 66612 12.00 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *090173540007CO* Decision No. 2010-014772 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty-five minutes on uno de setiembre del dos mil diez.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by JUAN MANUEL BONILLA VILLALOBOS, of legal age, married once, Forestry Engineer, holder of identity card number 0401120123, resident of San Pablo de Heredia; against Executive Decree number 29957-G of 26 de octubre de 2001.
Findings:
7316 of 3 de noviembre de 1992, which promotes indigenous peoples’ access to natural resources located within their territories, in accordance with Articles 15 and 23. For its part, the Ley Indígena also provides for the possibility of carrying out certain activities within indigenous reserves (reservas indígenas) that are incompatible with the legal regime governing national parks, such as establishing commercial businesses, constructing houses, felling trees, or planting crops (Article 6); although Article 7 states that “lands within the reserves that are suitable for forestry shall retain that character in order to preserve the hydrological balance of the watersheds unchanged and conserve the wildlife of those regions.” In light of this legal framework, it is valid to affirm that the regimes governing national parks and indigenous reserves, although sharing certain similarities, are fundamentally incompatible and therefore cannot coexist at the same time.
This Advisory Body considers that if the State wishes to create or expand an indigenous reserve within the boundaries of a national park, as in the case before us, or vice versa, it must do so through the procedure established by the legal system for modifying or eliminating the previously designated area. The Costa Rican legislature has strengthened the protected wild areas (áreas silvestres protegidas) system by requiring legislative approval for the reduction of any such area. This is prescribed by Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente; and, in the case of national parks (and biological reserves), as previously indicated, it expressly prohibited the Executive Branch from excluding any land lying within the boundaries specified in the regulations establishing them (Ley No. 6794 of 25 de agosto de 1982, Article Two). Through such measures, the intent has been not only to ensure broader discussion within the Congress of the Republic regarding the advisability—or lack thereof—of reducing the size of any protected wild area, but also to ensure that technical studies support any such proposal.
“According to the foregoing, mutatis mutandis, if, for the creation of a protected wild area, the Legislative Assembly established by law that certain specific requirements must be met in order to determine whether the designation (afectación) in question is justified, it follows logically that certain requirements—such as conducting technical environmental studies—must also be met for its partial or total removal of designation (desafectación), in order to determine that such removal does not violate the substance of Article 50 of the Constitution.” (Voto No. 7294-98 of 16 horas 15 minutos del 13 de octubre de 1998). As this judgment correctly states, and applying it to the matter at issue in this action, it may be concluded that declaring or expanding an indigenous reserve over an area within a national park would not be unconstitutional if done by law, following justification through technical studies establishing that the right to a healthy and ecologically balanced environment is not infringed and that the area is required because it is inhabited or used by a particular indigenous group.
A contrario sensu, and based on all the foregoing, Decreto No. 29957-G of 16 de diciembre del 2001, which expanded Reserva Indígena Guaymí de Osa to encompass a portion of Parque Nacional Corcovado, would indeed be unconstitutional because this was done by decree rather than by a law supported by the pertinent technical studies; such action contravened Article 50 of the Constitution and the numerous international and domestic provisions protecting protected wild areas. It is necessary to clarify that the reasons why this Advisory Body considers Decreto No. 29957-G to be affected by constitutional defects (vicios de inconstitucionalidad) are those set forth herein, and not because it considers that the creation of an indigenous reserve per se may cause environmental harm. Accordingly, and with customary respect, the Procuraduría General de la República recommends granting the action on the merits and declaring Decreto No. 29957-G of 16 de diciembre del 2001 unconstitutional.
Justice Castillo Víquez authored the opinion; and,
Whereas:
I.Standing of the petitioner and supporting interventions (coadyuvancias) filed. In the case before us, the petitioner challenges Executive Decree No. 29957-G of 16 de octubre de 2001 on the ground that it violates the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Constitution and constitutional principles of an environmental nature. Pursuant to the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the protection of the environment constitutes a typical case of a diffuse interest (interés difuso), thereby providing a basis for direct standing (legitimación directa) to file constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad). The Chamber’s case law has been consistent in this regard; accordingly, the merits of the constitutional challenge filed must be adjudicated. Moreover, pursuant to Article 83 of the Constitutional Jurisdiction Law, within the fifteen days following the first publication in the Judicial Bulletin (paragraph 2 of Article 81), parties appearing in matters pending as of the date on which the challenge was filed, or persons having a legitimate interest (interés legítimo), may enter an appearance in the proceeding to support the arguments that may justify granting or denying it or, as applicable, to expand the grounds of unconstitutionality concerning the matters in which they have an interest.
In the case before us, notice of the filing of this challenge against Executive Decree No. 29957-G of 26 de octubre de 2001 was published on 1° de febrero de 2010; therefore, the application filed by Asociación de Desarrollo Integral Indígena Guaymí de Osa on 9 de marzo (at folio 96), as well as the briefs filed by Maximiliano Mendoza Mendoza and others on 21 de abril (at folio 100), and by Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar Tainy; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bajo Chirripó; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Keköldi; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Telire; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Talamanca; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nairí Awari; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar de Talamanca and Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Alto Telire, Piedra Meza de Talamanca Limón on 24 de mayo (shown at folio 106), are untimely and, for that reason, their applications must be denied.
II.Subject matter of the challenge. For a better understanding of the petition, the challenged Executive Decree is transcribed below.
Amendment to Reserva Indígena Guaymí de Osa Nº 29957 THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF THE INTERIOR AND POLICE AND PUBLIC SECURITY Pursuant to subsections 3) and 18) of Article 140 of the Political Constitution and in accordance with Law Nº 5251 of 11 de julio de 1973 and its amendments, Indigenous Law Nº 6172 of 29 de noviembre de 1977, Law Nº 7316 of 12 de octubre de 1992, and ILO Convention Nº 169, and
Whereas:
1º—The Indigenous Guaymí population of Reserva Indígena Guaymí de Osa, seeking to conserve the natural wealth of flora and fauna and the water resources of the northwestern sector of the reserve, has requested that the Executive Branch modify its boundaries so that it may obtain land suitable for agriculture and leave that sector, which is suitable for forestry, under conservation.
2º—The Indigenous Guaymí community of Reserva Indígena Guaymí de Osa has requested that Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) conduct the relevant studies concerning the modification of the boundaries of this reserve.
3º—The boundary demarcation (delimitación) established by Article 2º of Executive Decree Nº 22202-G, published in La Gaceta Nº 108 of 7 de junio de 1993, requires a definition of boundaries more consistent with the circumstances of the Indigenous Guaymí population of Reserva de Osa.
4º—It is advisable to define a buffer zone (zona de amortiguamiento) providing greater support for Reserva Indígena Guaymí de Osa and Parque Nacional Corcovado, with the objective of preserving the natural resources of these administrative units and of Península de Osa in general.
5º—Following consultation with the Indigenous community, as established in Article 6º subsection a) of ILO Convention 169, CONAI conducted the corresponding studies and presented them to the Indigenous community, which approved the project by consensus.
6º—It is essential to correct the numbering of the articles of Decree Nº 22202-G, because it contains two articles numbered 2 (two), and they must be corrected to avoid confusion. Therefore, THEY DECREE:
Article 1º—Article 2º of Executive Decree Nº 22202-G dated 14 de abril de 1993, published in La Gaceta Nº 108 of 7 de julio de 1993, concerning the boundary demarcation of Reserva Indígena Guaymí de Osa, is hereby amended to read as follows:
Article 2° Reserva Indígena Guaymí de Osa is located on the 1:50.000-scale topographic sheets of Instituto Geográfico Nacional, Llorona 3441 I AND Golfo Dulce 3541 IV. Reserva Indígena Guaymí de Osa is bounded by the following coordinate points:
It begins at coordinate point N 285 975 E 519 640, the point shown on the map where the creek intersects río Rincón. The reserve boundary continues upstream along río Rincón to its confluence with río Pavón at coordinates N 284 380 E 518 440. From this point, it proceeds upstream along río Pavón to its spring (naciente), as shown on the map, at coordinates N 284 600 E 510 500. The boundary continues along a headwater of río Pavón, depicted by contour lines on the map, running southwest to coordinate point N 284 050 E 509 825. From there, it proceeds through the following coordinate points:
N 284 320 E 509 625 (Cerro, 390 m) N 284 350 E 509 500 N 284 550 E 509 375 N 284 850 E 509 300 N 285 150 E 509 120 N 285 225 E 509 050 N 285 475 E 508 875 This last point intersects río Corcovado, which is followed upstream to coordinate point N 286 710 E 509270.
From there, it continues in a straight line to coordinate point N 286 925 E 508 710 (Cerro 505), then proceeds partly along the drainage divide (fila divisoria de aguas) between río Corcovado and quebrada Vaquedano, passing through the following coordinate points:
N 287 575 E 508 695 N 287 650 E 508 450 N 287 725 E 508 400 N 287 800 E 508 300 (Cerro, 590 m) N 287 900 E 508 250 N 288 120 E 508 225 N 288 275 E 508 000 N 288 640 E 507 725 N 288 740 E 507 785 (Cerro, 599 m) N 289 000 E 507 610 N 289 225 E 507 650 (Hito Aguja, 617 m, Cerro Brujo) N 289 600 E 507 180 This last point intersects the spring of río Drake shown on the map, and the reserve boundary continues downstream along this river to coordinate point N 291 000 E 507 650. This is the point at which a creek (defined on the map by contour lines) flows into río Drake.
The boundary follows a straight line to coordinate point N 290 775 E 509 020 (Cerro, 621 m). This point is located on part of the drainage divide between ríos Drake and Riyito.
From there, the boundary passes through the following coordinate points:
N 290 000 E 509 000 N 289 850 E 509 398 (Cerro, 679 m) N 289 747 E 510 250 N 289 625 E 510 425 N 289 580 E 510 550 (Cerro, 630 m) From this point, a straight line runs to the spring of a small creek depicted on the map by a contour line, at coordinates N 289600 E 510 875.
From there, it proceeds downstream along this creek to its mouth at río Riyito (Nuchi), at coordinates N 290 125 E 512 225. It continues downstream along río Riyito to coordinate point N 288 150 E 517 198. From this last point, the Indigenous reserve boundary continues through the following coordinates:
N 287 375 E 517 050 N 287300 E 517 650 N 287398 E 517 850 N 287150 E 518 247 This last point intersects an unnamed creek (§in nombre en el mapa) known locally as quebrada Agua Sucia (Nudebrare). It proceeds downstream along this creek to coordinate point N 287 646 E 518 985. The boundary continues through coordinate points N 287 050 E 519 075, N 286 825 E 519 445. From this point, it proceeds to coordinate point N 285 975 E 519 640. The starting point of this description;"
III.Merits. This Chamber reiterates the holding of judgment No. 2006-17126, which stated: “Through the amendment of Article 50 of the Political Constitution by Law number 7412 of tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was expressly enshrined in the Fundamental Text. This Court had previously recognized that right as a fundamental right—particularly in judgments number 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94—by deriving it from Articles 21 (right to health), 69 (the constitutional requirement of the ‘rational exploitation of land’), and 89 (protection of natural beauty), all of the Political Constitution. An integrated interpretation of these constitutional provisions together with Article 50 itself establishes a genuine obligation of the State to protect the environment, so that its actions, through the various manifestations of public functions (formal action—the adoption of administrative acts and regulatory provisions—and material action—the provision of public services and anomalous coercion), result in effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, for the purpose of improving the human living environment.
This goes beyond natural conservation criteria to encompass the entire sphere in which human beings develop and which facilitates their comprehensive—physical, psychological, and mental—development. Consequently, within a specific form of State such as ours—which is defined as a Social and Democratic State Governed by the Rule of Law, pursuant to Articles 1, 9, 50 and 74 of the Constitution—environmental protection operates in two dimensions: first, as a genuine fundamental right vested in every person and, in that sense, capable of being individualized (with respect to nationals, foreign nationals, adults or minors, persons lacking legal capacity, and natural or legal persons), because it concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a genuine public authority, which, as such, translates into specific obligations for the State as a whole, thereby conditioning political objectives and, consequently, the actions of public authorities in general, so as to give full effect to this fundamental right.” As is evident from the arguments in this constitutional challenge, in promulgating Executive Decree No. 29957-G, the State breached several obligations governing its conduct, each of which is addressed in the following sections.
A.- Violation of the procedure for reducing Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas). The legal regimes governing the ownership and protection of Protected Wildlife Areas and Indigenous Reserves differ because, whereas the former are owned by the State, Indigenous Reserves are held under a form of communal ownership (propiedad comunitaria). Thus, although the latter constitute a special form of ownership registered in the name of an Asociación de Desarrollo Integral, they are not equivalent and cannot be treated as equivalent to the forms of protection applicable to State-owned property, particularly property incorporated into the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In its case law concerning public-domain property (bienes demaniales), the Chamber held in judgment No. 2006-11346 that:
the purchase by the Ministerio del Ambiente y Energía of the land for the creation of the Parque Ecológico y Recreativo de Liberia, using funds endorsed in favor of the Fondo de Parques Nacionales, and the status of Natural Monument granted to the park by Decreto Ejecutivo No. 26562-MINAE, designating it as a protected area (área protegida) for the ecological and cultural conservation, education, and recreation of Liberia (folios 3, 4, 36 y 38 del expediente de la Asamblea Legislativa), in addition to the findings set forth in the resolution transcribed above, clearly establish that the Monumento Natural Parque Ecológico y Recreativo de Liberia is one of the Nation’s public environmental assets (bienes públicos ambientales), because it is dedicated to a purpose of undeniable general public benefit. The assets of the Nation, including in this case the public environmental assets belonging to it, are of a special nature, as is the regime governing their withdrawal from public use (desafectación), as this Chamber stated in resolution number 2002-03821 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos:
“VI.- (…) State assets are characterized by being owned exclusively by the State and by being subject to a special legal regime; they form part of the unity of the State and, together with its political, economic, and social organization, seek to satisfy the general interest on an equal basis, with the ultimate objective of fully achieving the common good. This is the principal reason justifying the restriction, at least in principle, on the free disposition of this category of assets. The special regime protecting them, however, does not apply equally to all public assets; the greater, lesser, or nonexistent degree of protection will depend on the type of asset involved. For this reason, public-law doctrine refers to various types of assets belonging to the State. Costa Rican legal tradition has structured its own regime on the basis of those ideas, such that, as assets belonging to the State in the broadest sense, we recognize public-domain assets (bienes demaniales) created by nature or by operation of law, the State’s private assets, rights in rem over property belonging to others (easements (servidumbres)), economic or financial rights (such as State securities or bonds), and communal assets, among others.
Within this illustrative classification, it is relevant to refer only to public-domain or dominical assets (bienes demaniales o dominicales), as they are also known, which acquire that status by virtue of a dedication to public use (afectación) established by the Constitución Política or by law. That dedication determines their subjection to a specific public purpose by designating the asset for public use or service, or for another determinative purpose that justifies its public-domain status (demanialidad). Thus, dedication to public use is the legal connection, whether created by a formal act or otherwise, through which an asset becomes part of the national patrimony by virtue of its designated purpose and the corresponding statutory provisions. As a logical consequence, this means that such assets may be deprived of the special regime governing them only by law, through their withdrawal from public use, which entails separating them from the public purpose to which they are dedicated.
An express and specific legislative act is required, so that there can be no doubt whatsoever as to the legislature’s intent to remove a specifically determined and individually identified asset from—or incorporate it into, as applicable—the public domain (demanio público). Accordingly, the Chamber considers that a general withdrawal from public use is impermissible, much less an implicit one; that is, in this area there can be no ‘open-ended form of withdrawal from public use’ to be completed and specified by the Administration through its discretionary acts. In accordance with the foregoing, alienation—that is, the transfer of ownership—could be considered by a legislative committee with full legislative authority only insofar as it does not involve assets of the Nation under the terms stated above.” (…)
(…) “In conclusion, any provision involving or disposing of assets of the Nation must be approved by the legislative plenary, and the Standing Committees with Full Legislative Authority may therefore consider only cases of alienation that do not involve such assets.” Furthermore, judgment 2007-002063 reiterated that:
“[…] It is therefore important to emphasize that dominical or public-domain assets have that status by virtue of a dedication to public use established either by an express provision of our Fundamental Charter or by law, signifying their subjection to a specific public purpose by designating the asset for public use or service, or for another determinative purpose that justifies that public-domain status. Accordingly, because dedication to public use is the legal connection through which the asset becomes part of this category of assets, based on its designated purpose and in accordance with the corresponding statutory provisions, it follows logically that such assets may be deprived of the special regime governing them only by law, in order to separate them from the public purpose to which they are dedicated (that is, to withdraw them from public use); and it is in this sense that an express and specific legislative act is required, so that there can be no doubt whatsoever as to the legislature’s intent to remove a specifically determined and individually identified asset from the public domain.
For that reason, this Chamber has held that a general withdrawal from public use is impermissible, much less an implicit one; that is, in this area there can be no ‘open-ended form of withdrawal from public use’ to be completed and specified by the Administration through its discretionary acts. In this regard, it is important to recall that every withdrawal from public use, because it must originate in a legislative act, is subject to the corresponding judicial review—in this regard, see judgments number 2000- 10466 and 2002-3821. It must likewise be recalled that withdrawal of forest patrimony (patrimonio forestal) from public use—which entails the reduction or elimination of a protected wilderness area (área silvestre protegida)—may be carried out only by a law of the Republic, after completion of the prior technical studies (environmental impact study (estudio de impacto ambiental)) justifying the measure, under the terms established in article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente.
Finally, it is important to emphasize that, in the case of the Nation’s public-domain assets, their withdrawal from public use could occur only through a constitutional amendment, pursuant to the principle of parallelism of forms (principio del paralelismo de las formas), and, as stated, only after a technical study substantiating the withdrawal, as indicated above. Furthermore, their use and/or concession may be approved only by the Legislative Plenary, and not by Full Legislative Committees, under the terms established in article 124 of the Constitution (judgments number 2002-3821 and 2004-8928).” It follows from the foregoing that the public purpose of an asset in the public domain (demanio público) may not be modified without a legislative act; that is, any reduction in the area of a protected zone is subject to the guarantee provided by the principle of reservation to statute (principio de reserva de ley).
Although, pursuant to Article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente, the Executive Branch is authorized to establish Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas) upon fulfillment of the requirements established in that provision—and Parque Nacional Corcovado was accordingly established through Executive Decrees No. 5357-A of October 24, 1975, and 1148-A of February 5, 1980—its modification may be carried out only in accordance with Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, following technical and scientific studies and through a legislative act. In addition, this Chamber must take into consideration that, through Law No. 6794, the legislature reaffirmed, among other declarations of Protected Wildlife Areas, the executive decrees declaring Parque Nacional de Corcovado; those decrees were thereby reinforced by legislative act and clearly endowed with the legislature’s specific intent, establishing a public purpose of protection and conservation as part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).
Accordingly, only a legislative act of the same nature could terminate that status and modify that purpose. In this regard, the specific nature of the provision displaces any other provision of a general nature. Although the Executive Decrees declaring the territories of the Reserva Indígena Guaymí de Osa and the legal protection they also receive under the Ley Indígena are invoked, the underlying claim concerning Protected Wildlife Areas is irregular and legally defective; this does not entail denying territories granted under national legislation or their regulation pursuant to ILO Conventions No. 107 and 169. To resolve the issue presented, recourse must be had to the interpretation and resolution of conflicts of laws (antinomias normativas), which are resolved not only through the hierarchical criterion but also through other criteria, since the challenged Executive Decree would purportedly displace the effects of Law No. 6794.
Legal interpretation (hermenéutica jurídica) can help resolve conflicts of laws through the chronological and specificity criteria. Although the former is used to interpret a later statute as repealing an earlier one, the two must be equivalent or comparable, such that the criterion would apply if their provisions were general. It follows that, in undertaking this exercise, the legal decision-maker must have another provision that serves a comparative function, as occurs with the specificity criterion, under which a provision is not special in and of itself but in relation to another provision against which it is compared; it therefore also operates as a relational criterion. Its application is necessarily case-specific, so it operates among different provisions where gradations exist within the scope of regulation: a special provision is always considered in relation to a factual situation regulated more broadly by another provision, which may in turn be governed by an even more general provision, and so forth.
From all the foregoing, it must be stated that even where two equivalent or comparable types of provisions conflict, if one of them satisfies the specificity criterion, the special provision must in principle prevail, even when the general provisions—or those based on them—are subsequent. The legal maxim “Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” expresses this principle. Only if the special provision were to disappear would the factual situation automatically become governed by the general provision; in principle, however, if the special provision has not been expressly repealed by the legislature, it must remain in force. Article 10 of the Código Civil itself establishes that: “Provisions shall be interpreted according to the ordinary meaning of their words, in relation to their context, their historical and legislative background, and the social reality of the time in which they are to be applied, with primary regard to their spirit and purpose.” In this regard, the legislature’s intent must prevail to the extent that it is more specific, since the legislature itself may distinguish among the legal provisions it enacts and may therefore establish in a subsequent general statute the repeal of provisions it considers contrary to its intent, or the continued precedence of provisions that might be deemed inconsistent with those newly enacted.
In the case before us, in addition to the legal protection afforded to the Executive Decrees that declared Parque Nacional Corcovado, Law No. 6794 reaffirms the specificity criterion for resolving the issue presented. Even if that law were no longer in force, Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente requires, for the constitutionally valid modification of the regulations governing Protected Wildlife Areas, a legislative enactment and prior technical and scientific studies establishing the feasibility of a legislative act removing an asset from the State Natural Heritage (desafecta un bien del Patrimonio Natural del Estado). The challenged Executive Decree is therefore unconstitutional because it violates the principle of reservation to statute. Because the asset’s public-purpose status renders it inalienable and not subject to acquisitive prescription (imprescriptible), compliance with the Ley Orgánica del Ambiente is mandatory; otherwise, the result would be the deconstitutionalization of the State Natural Heritage.
B.- The Buffer Zone (Zona de Amortiguamiento) and the grounds for Executive Decree No. 29957-G of October 26, 2001.- In the challenged regulations, the Executive Branch justifies modifying the boundaries of the reserve on the grounds of granting land to the Indigenous people and allowing them to choose land suitable for agriculture while leaving the northwestern sector, which is suitable for forestry, under conservation. In doing so, however, it confuses the buffer zone for the Reserva Indígena Guaymí de Osa with that of Parque Nacional Corcovado. Consistent with the foregoing, the Chamber understands that an exchange of land between a protected zone and another buffer zone is unconstitutional in the absence of technical studies demonstrating its feasibility, in addition to the lack of statutory authorization. To decide the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad), however, the Chamber must also determine what a buffer zone is and what its functions are.
Legal scholarship indicates that these are zones adjacent to protected areas whose protection regime is less stringent than that applicable to the protected area itself. Accordingly, from an administrative standpoint, land use within a buffer zone fulfills a dual function: it serves as an additional layer safeguarding the protected area and provides certain resources to surrounding communities. Its regime is therefore less restrictive than that of the protected area; nevertheless, given the foregoing, it is necessary to determine which practices within the buffer zone are compatible with its close relationship to the protected area so as to avoid adversely affecting that area. In this regard, its function is specifically linked to protecting the Protected Wildlife Area by providing an additional expanse that buffers all of its protected habitats and the reproductive cycles of its flora and fauna, including within the adjacent area.
Furthermore, the buffer zone permits some economic activity by neighboring populations, thereby providing a form of social buffering in which conservation and protection are not the primary premise and wildlife may be used to a limited extent by surrounding residents, provided that such use does not conflict with the principal objectives of the Protected Wildlife Area. Hence, prima facie, any activity conducted within the buffer zone that is incompatible with the protection objectives of a Protected Wildlife Area will be unconstitutional for violating Article 50 of the Constitución Política, unless the determination of the type and extent of these areas establishes some degree of compatibility with protection and conservation priorities, the needs of traditional populations dependent on the buffer zone, and, finally, the economic implications that may arise from it, all on a sustainable basis.
Given the nature of the buffer zone’s function, transferring that regime to a Protected Wildlife Area is also unconstitutional because it changes their respective functions: the former exists to serve the latter and may not be put to a contrary use without the corresponding studies and a special enabling statute. Thus, where the appropriate state body has not conducted studies demonstrating compatibility with the objectives and purposes of modifying the protection regime of a protected area, and in the absence of the corresponding statutory amendments, the Executive Branch owes effective legal protection to Parque Nacional de Corcovado as an asset forming part of the State Natural Heritage.
C.- The duty of coordination among the different state bodies and entities. This Chamber must now take into account that the Indigenous community of Guaymí de Osa requested that CONAI conduct the corresponding studies for modifying the reserve’s boundaries; as stated above, however, irregularities render Executive Decree No. 29957-G unconstitutional. Determining whether a measure of this nature could be compatible with the Constitución Política and constitutional environmental principles—specifically the precautionary principle or principle of prudent avoidance (principio precautorio o principio de evitación prudente), as well as the principle of objective environmental protection (principio de objetivización de la tutela ambiental)—is a matter for the lead agency in this field, so that it may determine the compatibility of a buffer zone that permits, on a conditional basis, the sustainable use of natural resources and the traditional means of exploitation used by Indigenous people.
Although Indigenous populations are naturally entitled to use resources located within a buffer zone to gather natural products, and although their practices may indeed be characterized by their low impact on nature, creating an enclave within the Protected Wildlife Area is an entirely different matter. On this subject, the Chamber considers that other types of uses, particularly agricultural uses, must be reviewed by the technical and scientific authorities, because it is clear that Executive Decree No. 29957-G is based not only on the partial modification of the boundaries of the Reserva Indígena Guaymí de Osa, but also on the intention to select land suitable for agriculture while leaving the northwestern sector of the reserve under conservation. What is evident is that efforts to obtain land suitable for agriculture that Indigenous people need to occupy—in order to continue their traditional ways of life—cannot establish such land within zones whose legally prescribed purpose is incompatible with those practices.
Accordingly, if those needs are verified by the appropriate state bodies, efforts to locate such zones must be coordinated among all interested institutions. Specifically, Executive Decree No. 22202, which amends the Reserva Indígena Guaymí de Osa, establishes in Article 3 that:
“The Reserva Indígena Guaymí de Osa constitutes a buffer zone (zona de amortiguamiento) for Parque Nacional Corcovado and, pursuant to the first paragraph of Article 7 of Ley Indígena No. 6172 of November 29, 1977, is an area designated for forestry use (zona de vocación forestal); therefore, timber extraction from that Reserva Indígena shall be entirely restricted and authorized only in exceptionally qualified cases. The systematic exploitation of timber is prohibited, and viable solutions must be sought that allow the Indigenous people to develop without causing alterations to the environment.” (Emphasis not in the original).
However, by confusing the two regimes so as to replace the protected wild area’s (Área Silvestre Protegida) protection and conservation regime with a regime aimed at seeking areas for crops and agriculture, the incompatible nature of the challenged Decreto Ejecutivo is clear, because it implicitly permits certain human practices or activities that are incompatible with the Parque Nacional. The evidence ordered by the Court on its own motion (prueba para mejor resolver) in the case file established that an area of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), estimated at 5.668.3 hectares, had indeed been removed from protected status (desafectación), and that area now constitutes the portion of the Reserva Indígena de Guaymí de Osa that overlaps with Parque Nacional Corcovado. Even though the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas invokes the lifetime tenure (irreductibilidad) of Indigenous reserves, and the overlap results from the expansion of Reserva Indígena Guaymí de Osa, an earlier legal regime may in no way be modified to the detriment of the State Natural Heritage.
Now, although the State has a complex institutional structure and is divided into a vast conglomerate of entities and bodies organized according to their respective specialized functions, this Chamber has upheld the obligation to defend the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which cuts across the entire legal system and consequently affects all State bodies and entities. The principles of coordination and unity of the State preclude upholding the claim of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Ministerio de Gobernación because, by excluding the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones from the decision-making process, they failed to comply with the principle of State unity. Hence, as a necessary requirement, the principles of coordination and unity of the State serve to prevent the consolidation of material acts by the State that entail removing natural heritage from protected status in violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In Judgment 2010-13099, this Chamber held that:
“XI.- On the principles of unity and coordination. The other issues arising from the constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) must be resolved without unduly emphasizing the principles of autonomy of the various centralized and decentralized bodies and entities involved. In other words, application of the principle of specialization of a public body or entity should not be used to produce isolated solutions according to each competent entity. In this regard, although the precedent cited as No. 2004-08928 did not consider matters relating to the Historical and Architectural Heritage (Patrimonio Histórico-Arquitectónico), that does not mean the decision should be deemed invalid; on the contrary, it upholds equally important principles in this area by identifying the State’s collective purposes, such that all public entities and bodies involved must act upon and defend environmental concerns in their broadest sense.
Thus, under the Constitución Política, legal powers and responsibilities converge toward common purposes; therefore, although the Municipalidad may have a particular interest in enhancing the value of Isla San Lucas, national (and international) interests clearly transcend local interests. […] The State is a unified body of powers that must be subdivided according to degrees of specialization in order to fulfill the duties and purposes assigned to it by the legal system. If public bodies and entities must fulfill constitutional purposes (Articles 50 and 89) according to their degree of functional specialization, their coordination must be a priority in resolving problems arising in the exercise of their respective powers, with the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones serving as the authority responsible for the natural heritage, …” Accordingly, a duty of coordination is imposed as the point of convergence needed to ensure that the decisions taken by the State are legally tenable and are also balanced in accordance with the technical and scientific considerations that must serve as the starting point for modifying the State Natural Heritage.
Consequently, it is unlawful for the process of forming the State’s institutional will (voluntad estatal) to exclude from decisions the governing entity and its bodies in environmental matters; and if their necessary participation is disregarded, even if it is alleged that the intended uses are related to and compatible with the conservation of the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), the resulting action is constitutionally unlawful.
IV.Conclusion. In view of all the foregoing, the petition must be granted in all respects, and Decreto Ejecutivo No. 29957-G of October 26, 2001 must be annulled. Pursuant to Article 91 of Ley de la Jurisdicción Constitucional, a constitutional judgment of annulment may calibrate and delimit its retroactive effect in terms of territory, time, or subject matter and shall establish the rules necessary to prevent serious disruption to social security, justice, or peace. Since the judgment of annulment has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled provision, rights acquired in good faith must be protected. Accordingly, only those agricultural practices currently carried out under the challenged Decreto Ejecutivo remain authorized; that authorization shall remain valid for one year from the date notice of this judgment is given. Upon expiration of that period, all agricultural activities must cease entirely. Such activities shall be conducted under the supervision of the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, without prejudice to the authority of other entities and bodies involved in the matter.
Therefore (Por tanto):
The requests for intervention as supporting parties (coadyuvancia) appearing at folios 96, 100, and 106 of the case file are denied as untimely. The action is GRANTED. Consequently, Decreto Ejecutivo No. 29957-G of October 26, 2001 is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled provision, without prejudice to rights acquired in good faith. However, pursuant to Article 91 of Ley de la Jurisdicción Constitucional, its effects are delimited such that the declaration of unconstitutionality does not affect agricultural practices currently carried out under the challenged Decreto Ejecutivo; nevertheless, they shall remain authorized for one year from the date notice of this judgment is given, and upon expiration of that period, such activity must cease entirely. This ruling shall be communicated to the Poder Legislativo and the Poder Ejecutivo. A summary of this ruling shall be published in the Diario Oficial La Gaceta, and the full ruling shall be published in the Boletín Judicial. Notice shall be given.
Ana Virginia Calzada M.
President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. José Paulino Hernández G.
ORODRIGUEZ /KMG CASE FILE N° 09-017354-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
hmendez hmendez 2 0 2011-01-19T16:55:00Z 2011-01-19T16:55:00Z 4 10268 56477 Poder Judicial 470 133 66612 12.00 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *090173540007CO* Res. Nº 2010-014772 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y cinco minutos del uno de setiembre del dos mil diez.
Acción de inconstitucionalidad promovida por JUAN MANUEL BONILLA VILLALOBOS, mayor, casado una vez, Ingeniero Forestal, portador de la cédula de identidad número 0401120123, vecino de San Pablo de Heredia; contra Decreto Ejecutivo número 29957-G del 26 de octubre de 2001.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Sobre la legitimación del accionante y las coadyuvancias presentadas. En el caso que nos ocupa, el accionante impugna el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 16 de octubre de 2001, por la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contenido en el artículo 50 constitucional y los principios constitucionales de naturaleza ambiental. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la defensa del medio ambiente constituye un caso típico de interés difuso, con ello es un presupuesto de legitimación directa para la interposición de acciones de inconstitucionalidad. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada, de manera que corresponde resolver por el fondo la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en los quince días posteriores a la primera publicación del boletín judicial (párrafo 2 del artículo 81), las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de la acción, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asuntos que les interesa.
En el caso que nos ocupa, la publicación del aviso de la interposición de la presente acción contra el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001, fue publicado el día 1° de febrero de 2010, de manera que al 9 de marzo en que fue presentada la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Guaymí de Osa (a folio 96), como también los escritos de Maximiliano Mendoza Mendoza y otros del 21 de abril (a folio 100) y el de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar Tainy; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bajo Chirripó; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Keköldi; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Telire; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Talamanca; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nairí Awari; Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar de Talamanca y Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Alto Telire, Piedra Meza de Talamanca Limón el 24 de mayo (visible a folio 106), resultan extemporáneos y en razón de ello, deben rechazarse sus gestiones.
Reforma Reserva Indígena Guaymí de Osa Nº 29957 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA Con fundamento en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política y de conformidad con la Ley Nº 5251 del 11 de julio de 1973 y sus reformas, Ley Indígena Nº 6172 del 29 de noviembre de 1977 y Ley Nº 7316 del 12 de octubre de 1992, del Convenio Nº 169 de la OIT, y
Considerando:
1º—Que la población Indígena Guaymí de la Reserva Indígena Guaymí de Osa, con el afán de conservar la riqueza natural de flora y fauna y los recursos hídricos del sector noroeste de la reserva, ha solicitado al Poder Ejecutivo la modificación de sus límites para poder optar por tierra de vocación agrícola y dejar en conservación ese sector, que es de vocación forestal.
2º—Que la comunidad indígena Guaymí de la Reserva Indígena Guaymí de Osa, ha solicitado a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) los estudios respectivos a la modificación de límites de esta reserva.
3º—Que la delimitación establecida por el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 22202-G, publicado en La Gaceta Nº 108 del 7 de junio de 1993, requiere una definición de límites más acorde a la realidad que vive la población indígena Guaymí de la Reserva de Osa.
4º—Que es recomendable definir una zona de amortiguamiento de mayor soporte para la Reserva Indígena Guaymí de Osa y el Parque Nacional Corcovado, con el objetivo de preservar los recursos naturales de estas unidades administrativas y de la Península de Osa en general.
5º—Que en consulta a la comunidad indígena, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6º inciso a), la CONAI realizó los estudios correspondientes y los presentó a la comunidad indígena, la que bajo consenso avaló el proyecto.
6º—Que es fundamental corregir la numeración de los artículos del Decreto Nº 22202-G, ya que en este aparecen dos artículos bajo el número 2 (dos), y para evitar confusión se deben corregir. Por tanto,
DECRETAN:
Artículo 1º—Modifíquese el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 22202-G de fecha 14 de abril de 1993, publicado en La Gaceta Nº 108 del 7 de julio de 1993, que se refiere a la delimitación de la Reserva Indígena Guaymí de Osa, para que en adelante se lea así:
Artículo 2° La Reserva Indígena Guaymí de Osa, se localiza en las hojas topográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50.000, Llorona 3441 I Y Golfo Dulce 3541 IV. La Reserva Indígena Guaymí de Osa está delimitada por los puntos de las coordenadas siguientes:
Parte del punto de coordenadas N 285 975 E 519 640, punto de intersección en el mapa, de la quebrada, dando con el río Rincón. Continúa el límite de la reserva aguas arriba por el río Rincón, hasta su confluencia con el río Pavón en coordenadas N 284 380 E 518 440. De este punto se sigue aguas arriba por el río Pavón, hasta su naciente en el mapa en coordenadas N 284 600 E 510 500. Continúa el lindero por una naciente del río Pavón, dibujada por curvas de nivel en el mapa, que toma rumbo suroeste, hasta el punto de coordenadas N 284 050 E 509 825. De ahí se sigue por los puntos de coordenadas siguientes:
N 284 320 E 509 625 (Cerro, 390 m) N 284 350 E 509 500 N 284 550 E 509 375 N 284 850 E 509 300 N 285 150 E 509 120 N 285 225 E 509 050 N 285 475 E 508 875 Este último punto interseca el río Corcovado, por el cual se sigue aguas arriba hasta el punto de coordenadas N 286 710 E 509270.
De ahí se continúa con una recta al punto de coordenadas N 286 925 E 508 710 (Cerro 505) para seguir en parte por la fila divisoria de aguas entre el río Corcovado y la quebrada Vaquedano, pasando por los puntos de coordenadas:
N 287 575 E 508 695 N 287 650 E 508 450 N 287 725 E 508 400 N 287 800 E 508 300 (Cerro, 590 m) N 287 900 E 508 250 N 288 120 E 508 225 N 288 275 E 508 000 N 288 640 E 507 725 N 288 740 E 507 785 (Cerro, 599 m) N 289 000 E 507 610 N 289 225 E 507 650 (Hito Aguja, 617 m, Cerro Brujo) N 289 600 E 507 180 Este último punto interseca la naciente en el mapa, del río Drake continuando el lindero de la reserva por este río aguas abajo, hasta el punto de coordenadas N 291 000 E 507 650. Punto donde confluye una quebrada (definida en el mapa por curvas de nivel) sobre el río Drake.
El límite sigue con una recta al punto de coordenadas N 290 775 E 509 020 (Cerro, 621 m). Punto ubicado en parte de la fila divisoria de aguas de los ríos Drake y Riyito.
A partir de ahí, el lindero pasa por los puntos de coordenadas:
N 290 000 E 509 000 N 289 850 E 509 398 (Cerro, 679 m) N 289 747 E 510 250 N 289 625 E 510 425 N 289 580 E 510 550 (Cerro, 630 m) De este punto, una recta hasta la naciente de una pequeña quebrada dibujada en el mapa por curva de nivel, en coordenadas N 289600 E 510 875.
De allí, se sigue aguas ab~o por esta quebrada, hasta su desembocadura en el río Riyito (Nuchi), en coordenadas N 290 125 E 512 225. Se continúa aguas abajo por el río Riyito, hasta al punto de coordenadas N 288 150 E 517 198. De este último punto, la reserva indígena continúa en su linero por las coordenadas:
N 287 375 E 517 050 N 287300 E 517 650 N 287398 E 517 850 N 287150 E 518 247 Este último punto interseca una quebrada (§in nombre en el mapa) conocida como quebrada Agua Sucia (Nudebrare), en el terreno. Se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta el punto de coordenadas N 287 646 E 518 985. Se continúa con el límite pasando por los puntos de coordenadas N 287 050 E 519 075, N 286 825 E 519 445. De este punto se sigue hasta el punto de coordenadas N 285 975 E 519 640. Punto inicial de la presente descripción;"
III.Sobre el fondo. Esta Sala reitera lo sostenido en la sentencia No. 2006-17126, en cuanto indicó que: “Con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que previamente había sido reconocido por este Tribunal ambiente como un derecho fundamental –en particular pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. De la interpretación integrativa de estas normas constitucionales con el propio numeral 50 es que se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, para que, a través de las diversas manifestaciones de la función pública (actuación formal –adopción de actos administrativos y disposiciones normativas–, y la actuación material –prestación de servicios públicos y la coacción anómala) su accionar se traduzca en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral –físico, psíquico, mental–.
En virtud de lo cual, dentro de una conformación estatal específica como la nuestra –que se define como un Estado Social y Democrático de Derecho, conforme a los artículos primero, 9, 50 y 74 constitucionales–, la tutela ambiental se desarrolla en una doble vertiente, primero como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido, individualizable (respecto del nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto, atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo como una verdadera potestad pública, que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental.” Según es evidente de los alegatos en esta acción de inconstitucionalidad, el Estado al promulgar el Decreto Ejecutivo No. 29957-G infringió varias obligaciones que condicionan su actuación, las cuales se señalan en cada uno de los siguientes apartados.
A.- Infracción al procedimiento para la reducción de las Áreas Silvestres Protegidas. El régimen jurídico de protección de la propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas son distintas, toda vez que mientras en la primera es propiedad Estatal, la de las reservas indígenas pertenecen a una forma de propiedad comunitaria, de modo que, aunque éstas últimas son una forma especial de propiedad, inscrita a nombre de una Asociación de Desarrollo Integral, no son equivalentes y no pueden asimilarse a las formas de protección de la propiedad de bienes del Estado, especialmente aquellas integradas al Patrimonio Natural del Estado. La Sala en su jurisprudencia sobre los bienes demaniales, establece por sentencia No. 2006-11346 que:
la compra que hace el Ministerio del Ambiente y Energía de los terrenos para la creación del Parque Ecológico y Recreativo de Liberia, por medio de fondos endosados a favor del Fondo de Parques Nacionales y del carácter de Monumento Natural que le otorgó el Decreto Ejecutivo No. 26562-MINAE al parque, señalándolo como área protegida para la conservación ecológica y cultural, la formación y la recreación de Liberia (folios 3, 4, 36 y 38 del expediente de la Asamblea Legislativa), además de lo emanado de la resolución anteriormente transcrita, se desprende claramente que el Monumento Natural Parque Ecológico y Recreativo de Liberia es uno de los bienes públicos ambientales pertenecientes a la Nación, por estar afectados a una finalidad de innegable utilidad general. Los bienes de la Nación, y en el caso bienes públicos ambientales que le pertenecen, tienen una especial naturaleza, y su régimen de desafectación también lo es, como lo señaló esta Sala en la resolución número 2002-03821 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos:
“VI.- (…) Los bienes del Estado se caracterizan por ser de su exclusiva titularidad y porque tienen un régimen jurídico especial; integran la unidad del Estado y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción –en plano de igualdad- de los intereses generales, y su objetivo final es alcanzar, plenamente, el bien común. Es ésta la principal razón para justificar el impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición de esta categoría de bienes. El régimen especial que los cobija, sin embargo, no alcanza por igual a todos los bienes públicos; la mayor, menor o inexistente cobertura dependerá del tipo de bien de que se trate. Es por ello que la doctrina del Derecho Público habla de diversos tipos de bienes que pertenecen al Estado. La tradición jurídica costarricense ha estructurado su propio régimen a partir de esas ideas, de manera que como bienes que pertenecen al Estado en el sentido más amplio, consideramos los demaniales creados por naturaleza o por disposición de la ley, los bienes privados del Estado, los derechos reales sobre bienes ajenos (servidumbres), los derechos económicos o financieros (como lo valores o bonos del Estado) y los bienes comunales, entre otros.
Dentro de esta clasificación ejemplarizante, interesa referirse únicamente a los bienes demaniales o dominicales, como también se les conoce, los que tienen ese carácter en virtud de una afectación dada por la Constitución Política o por ley, que es la que determina su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. De esta suerte, la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien se integra en el patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Ello implica, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les pueda privar del régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar -o incorporar, según se trate- del demanio público un bien determinado e individualizado.
Por ello, es que la Sala estima que no es posible una desafectación genérica, y mucho menos, la implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete, señalándolos. De acuerdo con lo dicho, la enajenación –transmisión del dominio- solo podría ser conocida por una comisión legislativa con potestad plena, en tanto no involucre bienes de la Nación en los términos expuestos”(…)
(…)”En conclusión, toda norma que involucre o disponga sobre bienes de la Nación, deberá ser aprobada por el plenario legislativo, y las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena solo podrán, por ello mismo, conocer de casos de enajenación que no involucren aquellos bienes”.
Por otra parte, se reitera mediante la sentencia 2007-002063 se indicó que:
“[…] Es así como interesa resaltar que los bienes dominicales o demaniales tienen ese carácter en virtud de una afectación dada, o por una norma expresa de nuestra Carta Fundamental o por disposición legal, que denota su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique esa demanialidad. En virtud de lo cual, siendo la afectación la vinculación jurídica por el que el bien se integra a esta categoría de bienes, según su destino y conforme a las correspondientes previsiones legales, ello implica, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar de ese régimen especial que los regula, para separarlos de ese fin público al que están vinculados (esto es, para su desafectación); y es en este sentido que se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado; motivo por el cual es que esta Sala ha estimado que no es posible una desafectación genérica, y mucho menos, la implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", para que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete, señalándolos; y en este sentido, es importante recordar que toda desafectación, como debe provenir de acto legislativo, estará sujeta a los controles jurisdiccionales correspondientes –en este sentido, ver sentencias número 2000- 10466 y 2002-3821.
Asimismo, debe recordarse que para la desafectación del patrimonio forestal –lo que se traduce en la reducción o eliminación del área silvestre protegida–, sólo se puede hacer mediante ley de la República, después de realizarse los estudios técnicos previos (estudio de impacto ambiental) que justifique la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por último es importante resaltar que, tratándose de los bienes demaniales de la Nación, su desafectación sólo podría darse por reforma constitucional, en aplicación del principio del paralelismo de las formas, se repite, previo estudio técnico que acredite la desafectación, según se indicó anteriormente. Además, en lo concerniente a su uso y/o concesión sólo puede ser aprobada por el Plenario Legislativo, no así por Comisiones Legislativas Plenas, en los términos previstos en el artículo 124 constitucional (sentencias número 2002-3821 y 2004-8928).” De lo anterior, se impone que no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley.
Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo. Además de lo anterior, debe tomar en consideración esta Sala que el legislador mediante la Ley No. 6794 reafirmó entre otras declaratorias de Áreas Silvestres Protegidas, el caso de los decretos ejecutivos declaratorios del Parque Nacional de Corcovado, con lo que quedaron reforzados con el acto legislativo y revestidos, con toda claridad, de una voluntad específica del legislador, con lo cual hay un fin público de protección y conservación como Patrimonio Natural del Estado.
Según lo anterior, solo un acto legislativo de igual naturaleza podría dar término a él y modificar ese destino. En este sentido, la especificidad de la norma desplaza cualquier otra de naturaleza general. Aunque se invoquen los Decretos Ejecutivos declaratorios de los territorios a la Reserva Indígena Guaymí de Osa y la cobertura legal que también reciben de la Ley Indígena, en el fondo existe una pretensión irregular y viciada sobre Áreas Silvestres Protegidas, que no conllevan a la denegación de territorios otorgados al amparo de la legislación nacional, y su regulación conforme a las Convenciones de la OIT No. 107 y 169. Para resolver el problema planteado, se debe acudir a la interpretación y solución de antinomias normativas, cuya solución no solo se obtiene mediante el criterio jerárquico, sino también otros, dado que se pretendería desplazar los efectos de la ley No. 6794 mediante el Decreto Ejecutivo impugnado.
La hermenéutica jurídica puede ayudar a solucionar los problemas de antinomias jurídicas mediante el criterio cronológico y el de especialidad. Aunque al usar el primero se interpreta que la ley posterior deroga a la anterior, ambas deben ser equiparables, de manera que aplicaría el criterio si sus disposiciones son generales. Se infiere de lo anterior que en este ejercicio el operador jurídico debe tener otra norma que cumpla con la función comparativa, lo que ocurre con el criterio de especialidad, donde la disposición especial no lo es en función de sí misma, sino de otra norma a la que se contrapone, de ahí que opera también como un criterio relacional. Su aplicación es necesariamente casuístico, de modo que operará entre unas normas y otras, al existir entre si graduaciones en el ámbito de regulación, siempre colocada una norma especial frente a un supuesto de hecho regulado más ampliamente en otra norma, y esta a su vez en otra disposición aún más general, así sucesivamente.
De todo lo anterior, debe indicarse que aun cuando exista colisión de dos tipos de normas equivalentes o equiparables, si una de ellas cumple con el criterio de especialidad, en principio debe prevalecer la norma especial aun cuando las disposiciones generales sean posteriores o las que se basan en ellas. El aforismo jurídico “Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” expresa esta máxima. Sólo si la disposición especial desapareciera, el supuesto de hecho quedaría automáticamente regulado en la norma general, pero en principio si ésta no queda derogada expresamente por el legislador, debe mantener su vigencia. El propio artículo 10 del Código Civil, establece que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.” En este sentido, debe prevalecer la voluntad del legislador, entre más específica sea, dado que él mismo puede marcar la diferencia entre las normas jurídicas que dicta, de manera que puede establecer en la ley general posterior las derogatorias de la normativa que estima se opone a su voluntad, o la prevalencia de normas que podrían juzgarse contrarias a las recién dictadas.
En el caso que nos ocupa, además de la cobertura legal que tienen los Decretos Ejecutivos que declararon el Parque Nacional Corcovado, la Ley No. 6794 reafirma el criterio de especialidad para solucionar el problema planteado. Y aún desaparecida ésta, para que se pueda modificar constitucionalmente la normativa destinada a Áreas Silvestres Protegidas, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente requiere de una norma legislativa y de los estudios técnicos y científicos previos que establezcan la viabilidad de un acto legislativo que desafecta un bien del Patrimonio Natural del Estado, de este modo el Decreto Ejecutivo impugnado resulta inconstitucional por infracción al principio de reserva legal. La vocación pública del bien, al ser inalienable e imprescriptible, impone la observancia de la Ley Orgánica del Ambiente, de otro modo implicaría la desconstitucionalización del Patrimonio Natural del Estado.
B.- La Zona de Amortiguamiento y fundamentación del Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001.- En la normativa impugnada, el Poder Ejecutivo justifica la modificación de los límites de la reserva en otorgar a los indígenas y éstos optar por tierra de vocación agrícola y dejar en conservación el sector Noroeste, que es de vocación forestal, pero al hacer ello, confunde la zona de amortiguamiento para la Reserva Indígena Guaymí de Osa y el Parque Nacional Corcovado. Conforme a lo sostenido anteriormente, la Sala entiende que un intercambio de tierras entre una zona protegida con otra zona de amortiguamiento resulta inconstitucional sin que medie estudios técnicos que demuestren esa viabilidad, aparte de la ausencia aprobatoria de ley. Pero además, para resolver la acción de inconstitucionalidad, la Sala debe determinar qué es una zona de amortiguamiento y sus funciones. La doctrina señala que se trata de zonas adyacentes a las áreas protegidas, cuyo régimen de protección resulta ser menos intenso que el que recibe el área protegida.
Por ello, desde el punto de vista de su administración el uso de la tierra en una zona de amortiguamiento cumple una doble función, sirve de estrato adicional que salvaguarda el área protegida y proporciona ciertos recursos a las comunidades circundantes. Su régimen en consecuencia es menos restringido que el área protegida, pero en razón de lo anterior, resulta necesario para no impactar negativamente aquella área, cuales son las prácticas compatibles en la zona de amortiguamiento por su estrecha relación con el área protegida. En este sentido, su función está con la protección del área silvestre protegida específicamente, con una extensión adicional de área que permite el amortiguamiento de todos sus hábitats protegidos y los ciclos reproductivos de la flora y fauna, incluso en el área adyacente. Por otra parte, la Zona de Amortiguamiento permite cierta actividad económica a las poblaciones adyacentes, para proporcionar una actividad socio-amortiguamiento, donde la conservación y protección no sería la premisa principal, y la vida silvestre puede ser utilizada limitadamente por los pobladores circundantes, siempre que ello no entre en conflicto con los objetivos principales del Área Silvestre Protegida.
De ahí que prima facie cualquier actividad que se realice dentro de la zona de amortiguamiento, que suponga incompatibilidad con los objetivos de protección de un Área Silvestre Protegida, resultará inconstitucional por infracción al artículo 50 de la Constitución Política, salvo que en la determinación del tipo y extensión de estas áreas pudieran desprenderse algún tipo de compatibilidad con las prioridades de protección y conservación, las necesidades de las poblaciones tradicionales que dependan del área de amortiguamiento y finalmente las implicaciones económicas que pueden generarse de él, todas ellas de manera sostenible. Pero por la naturaleza de la función de la Zona de Amortiguamiento, es además inconstitucional el traslado de ese régimen a un Área Silvestre Protegida, por el cambio de función, pues el primero estará en función del segundo y no podrá darse un uso contario si no media los estudios respectivos y mediante una ley habilitante especial.
Así que, sin que el órgano estatal correspondiente haya realizado los estudios que demuestren la compatibilidad con los objetivos y fines de una modificación del régimen de protección de una área protegida, y ante la ausencia de las modificaciones legales respectivas, se debe protección jurídica efectiva al Parque Nacional de Corcovado por parte del Poder Ejecutivo, como bien del Patrimonio Natural del Estado.
C.- La obligación de coordinación entre los diferentes órganos y entes del Estado. Ahora bien, esta Sala debe tomar en cuenta que la comunidad Indígena Guaymí de Osa solicitó al CONAI los estudios respectivos para la modificación de los límites de la reserva, pero como se indica arriba, existen irregularidades que producen la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 29957-G. El determinar si una medida de esta naturaliza podría ser compatible con la Constitución Política y los principios constitucionales ambientales, específicamente el precautorio o principio de evitación prudente, como también el de objetivización de la tutela ambiental, corresponderá al órgano rector en la materia, para que éste determine la compatibilidad de una Zona de Amortiguamiento que permita - de forma condicionada - el uso sostenible de los recursos naturales y los medios tradicionales de explotación utilizados por los indígenas.
Aunque las poblaciones indígenas se encuentran naturalmente habilitadas para poder utilizar los recursos ubicados en una Zona de Amortiguamiento, para la recolección de productos naturales, y que efectivamente pueden estar caracterizados por el bajo impacto de sus prácticas con la naturaleza, es una situación totalmente distinta crear un enclave dentro del Área Silvestre Protegida. Sobre este tema, estima la Sala que otro tipo de usos, especialmente agrícolas, deben ser revisados por las instancias técnicas y científicas, pues es claro que el Decreto Ejecutivo No. 29957-G se funda no solo en la modificación parcial de los límites de la Reserva Indígena Guaymí de Osa, sino que también se pretende optar por tierra de vocación agrícola y dejar en conservación el sector noroeste de la reserva. Lo que es evidente, es que las gestiones por tierras de vocación agrícola, que requieran ocupar los indígenas -para seguir sus modos tradicionales de vida- no pueden constituirse en zonas cuyo fin legal resulta incompatible con esas prácticas, de ahí que, de constatarse esas necesidades mediante los organismos estatales apropiados, el esfuerzo por ubicar este tipo de zonas deben canalizarse coordinadamente entre todas las instituciones interesadas. Precisamente el Decreto Ejecutivo No. 22202 que reforma la Reserva Indígena Guaymí de Osa establece en el artículo 3 que:
“La Reserva Indígena Guaymí de Osa constituye una zona de amortiguamiento al Parque Nacional Corcovado y, de conformidad con el artículo 7 párrafo primero de la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, es una zona de vocación forestal, por lo que la extracción de madera de dicha Reserva Indígena será totalmente restringida y únicamente se autorizará en casos muy calificados. Queda prohibida la explotación sistemática de la madera, y se deberá buscar soluciones viables que permitan a los indígenas desarrollarse sin que ello produzca alteraciones al medio ambiente”. (el subrayado no es del original).
Pero, al confundir ambos regímenes para sustituir uno de vocación de protección y conservación que tiene el Área Silvestre Protegida, por el otro de búsqueda de zonas para cultivo y agricultura, es clara la naturaleza incompatible del Decreto Ejecutivo impugnado, dado que implícitamente se admiten ciertas prácticas o actividades humanas incompatibles con el Parque Nacional. La prueba para mejor resolver que se ordenó en el expediente, dio como resultado que efectivamente existe una desafectación de área del Patrimonio Natural del Estado estimada de 5.668.3 hectáreas, que ahora se constituye en la porción de la Reserva Indígena de Guaymí de Osa que se sobrepone con el Parque Nacional Corcovado. Aun cuando la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas señala la irreductibilidad de las reservas indígenas, y se produce el traslape conforme a la ampliación de la reserva indígena Guaymí de Osa, de ningún modo puede modificarse un régimen jurídico anterior en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado.
Ahora bien, no obstante el Estado tiene una naturaleza constitutiva compleja, que está dividido en un vasto conglomerado de entes y órganos, organizados conforme a la respectiva especialidad de sus funciones, ha sostenido esta Sala la obligación de defender el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual es transversal a todo el ordenamiento jurídico, e impacta consecuentemente a todos los órganos y entes del Estado. El principio de coordinación y de unidad del Estado impide consolidar la pretensión de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y del Ministerio de Gobernación, pues al omitir al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el proceso de decisión incumplió con el principio de unidad del estado. De ahí que, como requisito necesario, el principio de coordinación y unidad del Estado se erige para impedir la consolidación de actuaciones materiales del Estado que suponen la desafectación del patrimonio natural por infracción al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por sentencia 2010-13099, esta Sala sostuvo que:
“XI.- Sobre los principios de unidad y coordinación. Los otros problemas derivados de las acciones de inconstitucionalidad deben ser solucionadas sin exacerbar los principios de autonomía de los diferentes órganos centralizados y desconcentrados y entes involucrados. En otras palabras, la aplicación del principio de especialidad del órgano o ente público, no deben servir para dar soluciones aisladas conforme a cada uno de los entes competentes. En este sentido, pese a que en el precedente citado No. 2004-08928 no se tomó en consideración lo relacionado con el Patrimonio Histórico-Arquitectónico, no por ello la decisión debe descartarse como válida, por el contrario sostiene principios igualmente importantes en la materia al enunciar los fines asociativos que tiene el Estado, de manera que todos los entes y órganos públicos involucrados deben actuar y defender los aspectos ambientales en su sentido lato.
De manera que, de la Constitución Política convergen las competencias y atribuciones legales que están destinadas hacia fines comunes, de manera que, aunque la Municipalidad puede interesarle particularmente la puesta en valor de la Isla San Lucas, los intereses nacionales (e internacionales) trascienden a los locales evidentemente. […] El Estado es una unidad de competencias, que debe subdividirse por grados de especialización para lograr sus cometidos y fines señalados en el ordenamiento jurídico. Si los órganos y entes públicos deben llenar fines constitucionales (artículos 50 y 89) con fundamento en el grado de especialización de funciones, su coordinación debe ser un aspecto prioritario para la solución de los problemas que surgen en el ejercicio de sus respectivas competencias, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en cuanto regenta el patrimonio natural,…” De ahí que se impone el deber de coordinación, como punto de convergencia para que las decisiones que tome el Estado, sean plausibles jurídicamente, además de balanceadas de conformidad con la técnica y la ciencia que supone debe ser el punto de partida para modificar el Patrimonio Natural del Estado.
No será lícito –consecuentemente- que en el procedimiento de formación de la voluntad estatal se excluyan de decisiones al ente rector y sus órganos en la materia ambiental, y si se ignora su necesaria concurrencia, aun cuando se alegue que se persiguen usos afines y compatibles a la conservación del Patrimonio Forestal del Estado, el mismo deviene ilícito constitucionalmente.
IV.Conclusión. En razón todo lo expuesto, la demanda debe declararse con lugar, en todos sus extremos y anular el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que esto produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales. Como en efecto, la sentencia anulatoria tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, se deben proteger los derechos adquiridos de buena fe, de manera que quedan autorizadas únicamente aquellas prácticas agrícolas que actualmente se realizan al amparo del decreto ejecutivo impugnado, tendrán una vigencia de un año a partir del momento en que se notifica la presente sentencia, una vez vencido deberán cesar en su totalidad las actividades agrícolas y deberá ser ejercida mediante la supervisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y sin perjuicio de otros entes y órganos relacionados con la materia.
Por tanto:
Se rechazan las solicitudes de coadyuvancia por extemporáneas a folios 96, 100 y 106 del expediente. Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta las prácticas agrícolas que actualmente se realizan al amparo del decreto ejecutivo impugnado, pero tendrán una vigencia de un año a partir del momento en que se notifica la presente sentencia, una vez vencido el plazo dado deberá cesar dicha actividad en su totalidad. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. José Paulino Hernández G.
ORODRIGUEZ /KMG
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