← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 12437-2009 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/08/2009
OutcomeResultado
Amparo granted for violation of the right to petition and right to a healthy environment; construction permits issued by the Municipality of San Rafael de Heredia are suspended until the required hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies are completed; municipal authorities are ordered to answer outstanding petitions within eight days.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y al derecho al ambiente; se suspenden los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia en los proyectos discutidos hasta que se realicen los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y de impacto ambiental requeridos; y se ordena a las autoridades municipales responder las gestiones pendientes en un plazo de ocho días.
SummaryResumen
The Constitutional Court upheld an environmental association's amparo against the Municipality of San Rafael de Heredia. The complaint focused on the municipality's failure to respond to information requests and its allowance of construction and subdivisions in areas of high hydrogeological vulnerability, contrary to the Hydrogeological Vulnerability Map and Aquatic Protection Zoning approved by the Municipal Council. The Court found violations of the right to petition (Art. 27, 41) and the right to a healthy environment (Art. 50), as the municipality had permitted development without the required exhaustive hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies. The ruling suspended all challenged construction permits until the required studies demonstrate no harm to water resources, and ordered municipal officials to answer outstanding petitions within eight days. The Municipality was ordered to pay costs and damages.La Sala Constitucional acogió un amparo presentado por una asociación ambiental contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. La recurrente denunció la falta de respuesta a múltiples solicitudes de información sobre movimientos de tierra y construcciones en zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica, en contravención del Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera aprobadas por el propio Concejo Municipal. Además, señaló que la Municipalidad permitió construcciones y fraccionamientos en ausencia de los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y de impacto ambiental exigidos para no afectar los recursos hídricos de las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez y Tibás. La Sala constató la violación del derecho de petición y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como medidas de resguardo, suspendió los permisos de construcción otorgados en los proyectos discutidos hasta que se realicen las evaluaciones exhaustivas requeridas, y ordenó a las autoridades municipales responder las gestiones pendientes en un plazo improrrogable de ocho días. Se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
The Court finds a violation of Article 50 of the Constitution because the Municipality of San Rafael de Heredia has permitted construction, lotifications, and subdivisions in an area of high and medium hydrogeological vulnerability, without carrying out the exhaustive hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies required to determine that these projects will not impact water resources and micro-watersheds; this in accordance with the Hydrogeological Vulnerability Map and the Aquifer Protection Zoning in the micro-watersheds of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and the Federation of Municipalities of Heredia. Thus, this omission directly affects the environment by endangering water resources. Therefore, the amparo is granted for violation of Article 50 of the Constitution.De lo anterior la Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas; esto de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia. De ahí que, se constata que tal omisión repercute directamente en el ambiente al poner en peligro los recursos hídricos. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo por lesión al artículo 50 de la Constitución Política.
Pull quotesCitas destacadas
"Los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"Central and decentralized administrative entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new or modification requests; suspend those in progress until uncertainty is resolved; and adopt all measures for their protection and preservation to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando XV — Principio precautorio
"Los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando XV — Principio precautorio
"Esta Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas."
"This Court finds a violation of Article 50 of the Constitution because the Municipality has permitted construction, lotification, and subdivisions in an area of high and medium hydrogeological vulnerability without carrying out the required exhaustive studies, thereby endangering water resources."
Considerando V — Lesiones al derecho al ambiente
"Esta Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas."
Considerando V — Lesiones al derecho al ambiente
"Se suspenden todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en este recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental..."
"All construction permits granted by the Municipality of San Rafael de Heredia discussed in this amparo are suspended until the exhaustive hydrogeological, hydraulic (...) and environmental impact studies are carried out..."
Por tanto
"Se suspenden todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en este recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental..."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL COURT OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and forty-five minutes on August eleven, two thousand nine.
Amparo action filed by José Francisco Alfaro Carvajal, identity card number 1-0518-0468, on behalf of the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, legal entity number 3-002-443966, against the Municipalidad de San Rafael de Heredia.
Whereas:
Drafted by Judge Salazar Cambronero; and,
Considering:
I.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:
a. That in accordance with the Hydrogeological Vulnerability Map, it is determined that the Canton of San Rafael de Heredia is located in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability. That the area is located on geological formations: lavas, tuffs, and lahars, which have land-use restrictions for urbanizations, agricultural crops, chemical pipeline tanks, discharge of liquid effluents onto the ground, sanitary landfills, and quarries, observing the risk of groundwater contamination and protection measures. That SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC make up the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, which develops the Heredia Micro-Watershed Aquifer Protection Zoning Project to define two aquifer zones 1 and 2, the latter corresponding to the Canton of Concepción de San Rafael de Heredia, which have the following land-use limitations: High-density urbanizations are not permitted, nor subdivisions, lotifications, or agricultural segregations that endanger water resources; it must be demonstrated that the project does not impact water resources; exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, and environmental impact assessments must be carried out where not only the direct influence zone but the entire micro-watershed of interest is considered.
(folio 75); b. That in Gazette number 190 of October four, two thousand six, the Municipalidad de Heredia accepts the publication of the Delimitation of Aquifer Protection Zones in the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás rivers and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seven, two thousand six. (folios 76 and 113); c. That by official letter AANCJF09 and AANCFA10 of June eighteen, two thousand seven, the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia requested from the Mayor and the Municipal Council information regarding the property located on Heredia cadastral map # 1162149-2007, and to date, the petition submitted remains pending resolution. (folios 23 to 27); d. That by ruling ASUB-68-08 of February twenty-seven, two thousand eight, issued by the Groundwater Area regarding well drilling, it stated: 1.- All State Institutions and Municipalities of the Central Valley are notified of the following provision regarding well drilling applications, effective as of March one, two thousand eight. 2.- Due to the deficit in aquifer supply, henceforth, new drilling permits will not be authorized in the northern zone of Heredia and the Drilling Restriction Zone. 3.- The Colima Inferior Aquifer is reserved for exclusive human consumption use by the public entities that provide the service.
Entities must coordinate with SENARA and MINAE the evaluation through hydrogeological studies to determine the usable volumes of the Colima Inferior Aquifer. 4.- In the rest of the area, for the processing of new well drilling applications, users must submit the studies that allow compliance with the directive of the Contraloría General de la República. (folio 76); e. That on April four, two thousand eight, the respondent Association reiterated the request made on June eighteen, two thousand eight, and additionally denounced the construction on said property, a petition which to date has not been addressed. (folio 30); f. That on June thirty, two thousand eight, by official letter JFAC-102008, the petitioner Association reiterated the requests made to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, and to date, the petitions remain pending resolution. (folio 38); g. That by official letter JFAC-1020008 of July thirty, two thousand eight, the respondent Association brought to the attention of the Municipal Council that the Mayor was not requiring the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, reviewed and approved by SETENA, SENARA, and AYA, contravening the Zoning Decree for the Protection of the Micro-Watersheds of Heredia and the Regulatory Plan of the Gran Área Metropolitana, and to date they have not received any response.
(folio 34); h. That on August eleven, two thousand eight, by official letter JFAC-122008, the respondent Association requested the Municipal Mayor, with a copy to the Municipal Council, to report on a new construction being carried out in Concepción de San Rafael de Heredia, 150 meters west of the Camacho supplier, and to date, the petition submitted remains pending resolution. (folio 41); i. That in accordance with official letter ASUB 470-08 dated October twenty-eight, two thousand eight, it is established that SENARA has not received or processed projects, nor received for analysis studies from the Municipalidad de San Rafael de Heredia for the purpose of assessing the risks that the different projects may cause to groundwater resources, in light of the vulnerability to contamination or the impacts that may be caused by being an aquifer recharge zone. (folios 79 to 83); j. That according to an inspection carried out on November eleven, two thousand eight, by SETENA for the project in file 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas (Subdivision Project Fronting Public Road and Agricultural Parcels), segregation of eighteen residential lots, environmental viability has not been granted, and it is confirmed that on site there are four single-family dwellings built, cadastral map H-702382-2001 (folios 89, 137, and 138); k. That according to an inspection carried out on December two, two thousand eight, by SETENA for the project in file 1120-05, environmental viability for a single-family dwelling with a construction area of 998 m2, it is observed that construction work is being carried out, earthworks were observed whose material is located within the same area, and there are also stormwater evacuation systems, cadastral map number H-873988-2003.
(folios 88, 139, and 140); l. That according to an inspection carried out on December two, two thousand eight, by SETENA for the project in file 600-07, environmental viability permit RVLA-578-2007 SETENA was granted solely for the layout and conditioning of accesses, it does not include slope cuts or any type of construction, two fully completed single-family dwellings are observed, and there are also two access entrances to the area, which are paved, cadastral map H-13483-76, real folio number 82742-000. (folios 88 and 144).
II.Purpose of the action: The petitioner alleges harm to the right of petition, since he has submitted requests for information to the Municipalidad de San Rafael de Heredia on June eighteen, two thousand seven, March four, April four, July thirty, and August eleven, all in two thousand eight, which to date have not been resolved. On the other hand, he argues harm to the right to a healthy environment by determining that the Municipalidad de San Rafael has permitted constructions that affect the water resources of the area, contravening the Hydrogeological Vulnerability Map and the Decree for Zoning of Protection of the Micro-Watersheds of the Segundo, Bermúdez, and Tibás Rivers.
III.Regarding the right of petition and prompt resolution: After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies harm to the fundamental rights of the petitioner. From the report rendered by the representative of the respondent authority—which is deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that by official letter AANCJF09 and AANCFA10 of June eighteen, two thousand seven, the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia requested from the Mayor and the Municipal Council information regarding the property located on Heredia cadastral map # 1162149-2007, and to date, the petition submitted remains pending resolution. That on April four, two thousand eight, the respondent Association reiterated the request made on June eighteen, two thousand eight, and additionally denounced construction on said property, a petition which to date has not been addressed.
That on June thirty, two thousand eight, by official letter JFAC-102008, the petitioner Association reiterated the requests made to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, and to date, the petitions remain pending resolution. That by official letter JFAC-1020008 of July thirty, two thousand eight, the respondent Association brought to the attention of the Municipal Council that the Mayor was not requiring the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, reviewed and approved by SETENA, SENARA, and AYA, contravening the Zoning Decree for the Protection of the Micro-Watersheds of Heredia and the Regulatory Plan of the Gran Área Metropolitana, and to date they have not received any response. That on August eleven, two thousand eight, by official letter JFAC-122008, the respondent Association requested the Municipal Mayor, with a copy to the Municipal Council, to report on a new construction being carried out in Concepción de San Rafael de Heredia, 150 meters west of the Camacho supplier, and to date, the petition submitted remains pending resolution.
From the foregoing, this Tribunal concludes that the elapsed time—more than one year and six months—is excessive and exceeds the limits of reasonableness, hence harm to Articles 27 and 41 of the Political Constitution is confirmed. Consequently, it is appropriate to grant the action.
IV.Regarding groundwater. This Court, in judgment number 2004-001923 of fourteen hours and fifty-five minutes on February twenty-five, two thousand four, ordered the following:
"V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and may be subject to common or special uses, there are groundwater. Groundwater is that found beneath the land surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of movement of groundwater depends essentially on the hydraulic gradient.
Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. In the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual groundwater recharge is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water per day used for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater catchments. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following:
VII.Nature and Legal Regime of Groundwater, Aquifers, and Recharge Areas: PUBLIC DOMAIN GOODS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent normative body that globally regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the limited existing legislation focuses predominantly on surface water, overlooking groundwater. As is typical and inherent to Administrative Law, one can observe in this matter a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities responsible for the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater does not constitute an exception to the rule previously indicated. In Water Law, various theses about its legal nature have been maintained—whose variation depends on historical evolution—.
Thus, groundwater has been considered as a) private goods, making it a res nullius appropriable by its discoverer, that is, by the owner of the land where it emerges, following the maxim of Roman Law according to which property extends from the heavens to the depths. Nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Water Law of 1879 which inspired many Latin American laws, including our Water Law of 1942) will give groundwater a character of b) mixed good, meaning that those which the owner of a particular piece of land causes to emerge will be private, and those which originate on public domain land, or the former after their owner has used them, will be public. Finally, starting from the 20th century, many laws will classify all groundwater as c) public domain goods, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thus becoming part of what has been termed the “public hydraulic domain” as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinate to the general interest, for which reason no distinction should be made between surface and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity.
According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as public domain goods constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment characteristic of Private Law. In our legal order, based on a series of dispersed norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations, according to the historical-legislative evolution. The Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in its Article 1, subsections IV, VIII, and IX, classifies, respectively, as public domain waters “Those of (...) springs (manantiales) (...)”, “Those of the springs (manantiales) that emerge on beaches, maritime zones, channels, beds, or banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands”, and “Those underground waters whose emergence is not made by means of wells”, given that subsection 4, subsection III, of that legal text deems of private domain—and, therefore, belonging to the owner of the property— “The underground waters that the owner obtains from his own land by means of wells”, with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that leaves the land becoming public domain waters.
Evidently, the Water Law of 1942 follows a mixed thesis on the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius character—and, consequently, appropriable—if they are discovered on private lands with the demanial character if originating on land whose owner is a public entity. Two subsequent laws, enacted during the course of the last quarter of the past century, tacitly reformed or modified what was established in Articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Water Law. In reality, these two new normative instruments align with the contemporary current of conceiving groundwater as public domain goods by virtue of the unity of the hydrological cycle, thus being sufficient enabling title to admit a strong regime of administrative intervention to conserve the quantity, quality, and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, in its numeral 4, provided the following: “(...) mineral sources and waters and groundwater and surface waters are reserved for the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)”.
In this way, a publicization and nationalization of all groundwater in the country occurred, including that which is discovered by means of a well located on private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in numeral 50—whose heading is “Public domain of water”—reinforced that declaration of demaniality and prescribed that “Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest”. This legislative instrument implies an express affectation of continental waters (surface and groundwater—by not distinguishing them—) to the public domain of the State and qualifies it as of social interest, thereby paving the way for eventual expropriations or limitations on grounds of social interest (Article 45 of the Political Constitution), its protection, preservation or conservation, and sustainable or rational use.
VIII.Aquifers, Recharge, and Discharge Areas. The aquifer is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks like limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, allowing humans to utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer—relationship between recharge and water extraction or discharge—are porosity or permeability—hydraulic conductivity—and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers, thus a) aquicludes are geological formations that contain water inside but do not transmit it, preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained therein, there is no doubt that they are also public domain, given that Articles 4 of the Mining Code and 50 of the Organic Environmental Law do not distinguish between groundwater and surface water, much less between renewable and non-renewable groundwater, therefore they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private discoverer. b) An aquitard, for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly.
Finally, c) an aquifuge is that geological formation that contains no water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed within them, as follows: a) free, unconfined, or phreatic aquifers in which there is a free surface of the water enclosed within them in direct contact with the air, their water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer, and b) captive, confined, or pressure aquifers in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric pressure. There is also the subcategory of perched aquifers, which are free ones with limited spatial distribution and temporal existence. The natural recharge of aquifers is produced by the volume of water that penetrates them over a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers).
Recharge areas, consequently, are all zones of the land surface where rainfall infiltrates the soil until reaching the saturated zone, incorporating into the aquifer. The Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as “The surfaces on which infiltration occurs that feeds aquifers and river channels (...)”. Natural discharge is the volume of water that, over a period of time, naturally leaves the aquifer through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation to lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, ditches, trenches, or tunnels. Groundwater discharge areas include all those points where the water table or phreatic level intersects the land surface—springs (manantiales, nacientes), seepages—the course of a river, or marine or lake beds.
IX.Typology of Aquifers in Costa Rica. In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest and best quality ones, and b) Sedimentary or granular, in superficial formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks do not naturally have permeability; they possess secondary porosity originating from the presence of fractures or fissures caused by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), which gives them hydrogeological aptitude. This type of aquifer occurs in high zones where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Central Valley (e.g., Upper and Lower Colima and Barva). From the hydrogeological perspective, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Central Volcanic Mountain Range is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, as long as they have not been compacted or eroded by human activities, thus fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge.
The high permeability of the fractured and brecciated lava layers and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards, which are the base of the aquifers and allow the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Central Volcanic Mountain Range, with all its aquifers, is a primary source of water to satisfy the needs of at least half of the country's population, including the Greater Metropolitan Area and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out by means of wells or the capture of springs (manantiales) for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Central Volcanic Mountain Range, for the year 1996, SENARA had registered 3,460 wells of varied use and 353 springs (manantiales) for public supply used by the ICAA, municipal corporations, associations administering rural aqueducts, and other entities.
This type of aquifer has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when these are not located in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities involving the use of pesticides and agrochemicals, thus being exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Superficial aquifers are composed of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters, are separated from the surface by a thin and permeable soil layer, and are therefore highly vulnerable to contamination, especially when located under zones of anthropic occupation (urban, industrial development, or agricultural crops). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Barranca River Valley containing two coastal aquifers: Barranca and El Roble.
Unlike the contamination of surface waters, which is usually evident and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, that of groundwater, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest, or when dealing with localized contaminations, they are detected when they flow into some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to achieve potable water levels again have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very high.
To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—in the latter case, duly trained—to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers impose on the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. Contamination of groundwater can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, such as the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when, by dilution, it occurs through contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous.
The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, thus being a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following:
The main contamination threat to aquifers in Costa Rica and, consequently, to groundwater consists of two factors:
Due to the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering safety measures for certain potentially contaminating activities. Our administrative-legal order (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and catchment areas for groundwater. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for that directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee a sufficient quantity and required quality of water to meet present and future human and ecological needs.
These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal order—despite their lack of regulation—as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced utilization of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to prevent their exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures supposes various restrictions and drastic controls over the multiple uses or exploitations of water—especially general or special private uses—and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, thus not affecting the property right or the integrity of the patrimony.
In essence, such measures must be considered as limitations of social interest that do not empty the content of the property right or expand the public domain over groundwater without prior compensation, but rather shape its essential content, for which reason they must be borne, as a general sacrifice or burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries thereof, as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the economy of the water resource in a determined zone. Such administrative intervention measures, virtually contained in Articles 32 of the Water Law of 1942 and 10 of the Regulation for Drilling and Exploitation of Groundwater (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), may be the following: a) Protection perimeters of aquifers: One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its environment.
This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, that is, of the geological formation called an aquifer. That activity consists of projecting and drawing on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof lies, in which a specific regime is established for the utilization of the hydraulic domain—ordering and restriction of pre-existing water concessions, preventing the granting of new ones—and for the control of activities and installations that may affect it—through authorizations—(e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, landfills—storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual waters, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.).
Evidently, the definition of perimeters by national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalities) and the INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters in the norms contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, building regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells—PPP: wellhead protection perimeters—, springs (manantiales, nacientes), etc.—), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the zone of capture or wellhead protection area (ZOC), and its extension depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the norms cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations.
The definition of perimeters must be combined with vulnerability cartography—or natural susceptibility of supply aquifers to anthropic contamination loads—, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for being able to relocate a certain type of activity in time, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents.
The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is a (a) area without territorial occupation, being useful for defining the activities that may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping is made of the natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination, allowing, in the face of the threat of a high contamination index, the relocation of activities and supply sources and the introduction of technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) areas already contaminated, for which alternative sources may be sought, the spread of contamination plumes may be prevented, and, if possible, given its high cost, the waters of the aquifer may be treated after extraction; (d) areas for new water catchments, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried. b) Declaration of an overexploited aquifer: The overexploitation of an aquifer occurs when the extractions or uses are so intensive—discharge—and strong that they exceed the recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer progressively decrease and degrade.
Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs—more energy to make the same quantities of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level—, the depletion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with the greatest concentration of drillings; among the effects of a natural character, there is the reduction of water flows in springs, rivers, streams, creeks, lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations—aquifers—to store water by decreasing the interstitial space in the rocks due to the lack of internal pressure provided by the water, land subsidence due to compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and slope movement. In the hypothesis of overexploitation of the aquifer, the competent administrative authority may declare that state to reverse the state of affairs through an ordering, restriction, and apportionment of the pre-existing extractions or uses to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modification of concessions pending at that time.
Of course, measures of saving and good use of resources may also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater to be reused in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc. c) Declaration of an aquifer in the process of saline intrusion: An aquifer is considered to be in a salinization process when, as a direct consequence of the extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, posing the danger of rendering them unusable. Salinization implies a reduction in the thickness of the freshwater layer under which the marine water rises, such that the water from wells ceases to be potable and even becomes unusable for domestic or irrigation uses, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible.
This problem that may arise in our country, especially in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—gradually or in a generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other points. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, which is why measures similar to those provided for when this problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and apportionment of pre-existing uses or exploitations and the suspension of new applications or modification of concessions. d) States of emergency and water crisis: In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that provoke a public calamity or internal disturbance (e.g., extraordinary droughts, severe overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion thereof), the State—through the Executive Branch—and, based on the principle of necessity, may adopt the necessary and suitable measures regarding the utilization of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening.
When the state of emergency ceases and normality is restored, other types of measures may be adopted, such as those previously set forth (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or those in a salinization process). XIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. Article 31 of Law No. 246, the Ley de Aguas, of August 27, 1942, declares the following as a “reserve of domain in favor of the Nation”: “a) The lands surrounding the sites of water catchment or supply intakes for potable waters, within a perimeter of no less than a two-hundred-meter radius; b) The forest zone that protects or should protect the entirety of the lands in which the infiltration of potable waters occurs (...).” This declaration is of utmost importance, since, based on it, the obligation arises for the State, through its competent bodies, to fix and determine the areas of peripheral protection of wells or water catchment areas—of 200 meters—and, of course, of the recharge zones of the aquifer mantles—the zone in which “the infiltration of potable waters occurs”—that have or should have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection.
In the same way, based on such express legal affectation, the State may exercise recovery and possessory actions to guarantee the integrity of those zones and to subtract them from all types of contamination by subjecting them to a strict land-use control regime, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Section 32 of Law No. 276, the Ley de Aguas of 1942, establishes that “When in an area larger than the one previously indicated there exists a danger of contamination in the surface waters or in the groundwaters, the Executive Branch, through the Drinking Water Section—currently ICAA—(...) shall provide in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination.” This provision imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with the ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge zones and water catchment areas.
The content of the provision is extremely significant and rich, since it empowers the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and harms that a state of emergency due to water crisis could provoke. Evidently, this is also a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The General Drinking Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that “All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health—organs of the Executive Branch that were replaced by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Creation Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Drinking Water Law—consider indispensable for constructing or situating any part or parts of the potable water supply systems, as well as for ensuring the sanitary and physical protection and the necessary flow rate of the same (...)” are of the public domain.
Evidently, this provision has enormous importance, since it declares as public domain the water catchment areas which may include springs or headwaters (nacientes)—a natural form of discharge of groundwater—and, what is more important, grants the condition of a demanial asset to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow rate, which, necessarily, includes the clearly delimited recharge zones of the aquifer mantles through the perimeter-setting activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—due to contamination—and the flow rate—due to waterproofing or overexploitation—of the waters for human consumption and use that emerge from a spring (manantial). The Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that areas of protection are those “(...) bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” and “The recharge zones and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law.” Evidently, these provisions give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and water catchment zones.
The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: “a) Protect, conserve, and, to the extent possible, recover the aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle”; “b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the hydrological regime”; and “c) Maintain the equilibrium of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins.” Thus, the need is established to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph, of the ICAA Creation Law (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) and 15 of the SENARA Creation Law (No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments) crown the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, “The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the water catchment (...) are declared of public utility and social interest, and may be expropriated,” and “The actions promoted by the State, with the purpose of ensuring the protection and rational use of waters (...), are declared of public interest.” In the legal-administrative ordering of waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private individuals and subjects of public law—public entities and bodies—for the adequate protection of the subterranean and surface public hydraulic domain.
Thus, Law No. 246, the Ley de Aguas of 1942, and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs (manantiales)—which are a component of the discharge area of an aquifer mantle—such as the following: a) users or concessionaires must conform to police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring (manantial) to avoid contamination or fetidness—failure to do so may result in loss of the special water use right and a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibid.), concordantly, the Wildlife Conservation Law No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1, prohibits “(...) throwing wastewater, black water, waste, or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, creeks, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)” and imposes on the violator a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible to a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish farming is prohibited in springs (manantiales) destined for population supply (Article 63 ibid.). c) Owners of lands on which there are springs (manantiales) on whose contours the forests that gave them shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the margins at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibid.). d) Destroying, both in national and private forests, trees located less than 60 meters from springs (manantiales) that arise in the hills or less than 50 meters from those that emerge in flat lands is prohibited (Article 149 ibid.).
The Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that “The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas bordering permanent springs (nacientes) and the recharge areas and aquifers of the springs (manantiales).” e) Every application for the use of living waters, flowing waters, and springs (manantiales) must be directed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibid.). With regard to the public entities and bodies that have competence and responsibilities in matters of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, granting for shearing rights, lending, or exploiting on their own account—especially if it involves deforestation—the lands they possess or acquire on the margins of rivers, streams, or springs (manantiales), or in hydrographic basins or hollows where springs (manantiales) well up or have their origins (Articles 154 and 155 ibid.). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (Article 156 ibid.). c) Every Municipality, Board of Education, Board of Social Protection, and, in general, any “public body,” is obliged to consult to obtain the respective permit from the Ministry of Agriculture before alienating, mortgaging, leasing, granting for shearing rights, or exploiting on its own account lands they possess or acquire on which there exist usable waters of the public domain (Article 157 ibid.).
The General Health Law No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific provisions for the effective protection and conservation of groundwater. Thus, Article 275 stipulates that “Any natural or legal person is prohibited from contaminating surface waters, groundwaters (...) directly or indirectly, by means of drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, black water, or substances of any nature, which, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, render it dangerous to the health of persons, of terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.” For its part, Section 276 establishes that only with the permission of the Ministry may drainage be made or proceed to the discharge of solid or liquid residues or waste or other materials that may contaminate surface, subterranean, or maritime water, “(...) subject to the regulatory safety standards and conditions and to the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous.” Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water in an adequate and sanitary manner to avoid the “contamination of the soil and of the natural sources of water for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial residues or those from health establishments into the sewer system to “avoid the contamination of water sources or courses.” Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health shall approve the project for developers, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water, and wastewater.” XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, AQUIFER MANTLES.
DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of subterranean water resources comprises diverse aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational use, prevention and sanction of ecological damage or contamination, and environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for there to be a single regulatory and governing administrative entity in the matter; however, the competences for the integrated management of subterranean water resources are found to be dispersed and fragmented, such that, occasionally, they are exclusive or exclusionary of a single entity, and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a particular effort of administrative coordination to ensure their sustainable utilization. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, one can identify a sector of these that have been assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country.
Within that sector of the public apparatus or service organizations created to satisfy the needs of the entire community, one can identify a group that belongs to the central administration or larger public entity—the State—which are, predominantly, some Ministries or organs thereof—and another formed by functionally decentralized entities or those by services—of a technical nature—and territorially—Municipalities—. 1.- Central Administration. a) Ministry of Environment and Energy and its organs, the Department of Water (Departamento de Aguas) and the Advisory Body on Water (Órgano Asesor de Aguas). b) Article 3, subsection l), of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence to delimit aquifer recharge zones—on its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with the ICAA, the SENARA, or any other technically competent entity in water matters.
Article 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to “(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural programs for the conservation of soils, waters, and forests, with the purpose of achieving the ‘sustainable’ use of wildlife.” This Ministry fulfills a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, which is the control or oversight of the exploitation and use of groundwater to ensure its rational exploitation. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), provides in its section 1 that “All drilling companies must register (...) before the Department of Water (Departamento de Aguas), so that they may be issued the license that permits them to engage in drilling and exploration activities for groundwater.” These functions are shared with the SENARA and the ICAA, since the Department of Water (Departamento de Aguas) of MINAE must transfer the matter to them so that, respectively, they issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry—SENARA—and issue a ruling on whether or not there is harm to the water supply sources destined for human consumption—ICAA—(Article 7).
This regulation establishes that the drilling permit shall be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or other competent institution as an area of aquifer protection and reserve, those suffering from overexploitation, under conditions of vulnerability of the maximum exploitation capacity of the aquifer, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that in the judgment of MINAE and SENARA affect the aquifer and prevent its exploitation, and those of interference with other wells or springs (nacientes) (Article 10). Special mention deserves the Department of Water (Departamento de Aguas), attached to the National Meteorological Institute (Instituto Meteorológico Nacional)—an organ of MINAE—, whose functions of interest, among others, according to Article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following: “a) Define national policies regarding water resources. b) Exercise dominion, surveillance, control, and administration over national waters. c) Process applications for concession for the development of hydraulic forces for electricity generation. d) Process and authorize permits for the drilling of wells for the extraction of waters.
(...) J) Register well-drilling companies and user associations, as well as the changes made to their statutes and representatives (...). n) Apply the sanctions established in the Ley de Aguas, after compliance with due process (...).” The Head of this Department, in turn, has important competences in the matter (Article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow rate increases, expanded use, or any other procedure related to the use of water resources; b) approve well-drilling permits, etc. In section 5 of the referred decree, the “Advisory Body on Water (Órgano Asesor de Aguas)” is created, composed of representatives from various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (Article 7 ibid.):
Article 4 establishes that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and entities competent in matters such as "Prevention, correction, and elimination of all types of water pollution in the irrigation districts (distritos de riego)," "Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for exploitation in the irrigation districts (distritos de riego)," and "Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of aquifers (manos acuíferos) usable for agricultural activities in the irrigation districts (distritos de riego)" (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors is that of issuing agreements for the request of recovery, expropriation, or purchase of “(...) lands on which water resources (recursos hídricos) sit or underlie (...)" (Articles 6 and 7).
One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudential avoidance principle. This principle is set forth in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In the domestic legal system, the Ley de Biodiversidad (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, incorporates the following principles as hermeneutical parameters: “1.- Preventive criterion (Criterio preventivo): It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criterion (Criterios precautorio o indubio pro natura): When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.” In Voto of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources.
Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain possible harm to the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since, if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment.” Subsequently, in Voto No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that “Properly understood, the precautionary principle (principio precautorio) refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts generating risk, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.” In the case of groundwater (aguas subterráneas) contained in aquifers (mantos acuíferos) and recharge areas (áreas de carga) and discharge areas (descarga), the precautionary or in dubio pro natura principle means that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity intended to be carried out on the environment, or these are contradictory amongst themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are underway until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.
In essence, safe environmental management of groundwater (aguas subterráneas) involves protecting the resource before its contamination or degradation.” (judgment number 2004-001923 of two fifty-five p.m. on February twenty-fifth, two thousand four).
V.Regarding the injuries to the right to the environment: From the analysis of the evidentiary elements, this Chamber verifies the injury to the right to the environment by the Municipality of San Rafael de Heredia. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica, it is determined that the Canton of San Rafael de Heredia is located in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability. That the zone is located over geological formations: lavas, tobas, and lahares, which have land-use restrictions for urbanizations, agricultural crops, chemical pipe tanks, liquid effluent discharge to the ground, sanitary landfills, and quarries, and the risk of groundwater contamination and protection measures must be observed.
That SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC make up the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, which develops the Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia to define two aquifer zones 1 and 2, the latter corresponding to the Canton of Concepción de San Rafael de Heredia, which have the following land-use limitations: High-density urbanizations are not permitted, nor subdivision (fraccionamiento), lotifications (lotificaciones), or agricultural segregations that endanger water resources; it must be carried out so that the project does not impact water resources; exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) must be carried out where not only the direct influence zone is considered, but also the micro-basin of interest. That in Gazette number 190 of October fourth, two thousand six, the Municipality of Heredia accepted the publication of the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seventh, two thousand six.
That by opinion ASUB-68-08 of February twenty-seventh, two thousand eight, issued by the Área de Aguas Subterráneas, regarding the drilling of wells, it indicated: 1.- The following provision regarding well drilling applications is communicated to all State Institutions and Municipalities of the Central Valley, effective as of March first, two thousand eight. 2.- Due to the deficit in the supply of aquifers (acuíferos), henceforth, new drilling permits will not be authorized in the northern zone of Heredia and the Drilling Restriction Zone (Zona de Restricción de perforación). 3.- The Acuífero de Colima Inferior is reserved for the exclusive use of human consumption by the public entities that provide the service. The entities must coordinate with Senara and Minae the evaluation through hydrogeological studies and the determination of the usable volumes of the Acuífero de Colima Inferior. 4.- In the rest of the zone, for the processing of new well drilling applications, users must present the studies that allow compliance with the provision of the Contraloría General de la República.
That in accordance with official letter ASUB 470-08 dated October twenty-eighth, two thousand eight, it is established that SENARA has not received or processed projects, or received for analysis studies from the Municipality of San Rafael de Heredia, for the purpose of assessing the risks that the different projects may cause to groundwater resources (recursos hídricos subterráneos), based on the vulnerability to contamination or the impacts that may be caused because it is an aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera). That according to an inspection carried out on November eleventh, two thousand eight by SETENA, on the project file 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregation of eighteen residential lots, environmental viability (viabilidad ambiental) has not been granted; it is corroborated that on the site there are four dwelling houses built, cadastral map H-702382-2001.
That according to an inspection carried out on December second, two thousand eight by SETENA, on the project file 1120-05, environmental viability (viabilidad ambiental) for a dwelling house with a construction area of 998 m2, it is observed that construction work is being carried out, earthworks (movimientos de tierra) were observed whose material is located within the same area, there are also stormwater evacuation systems, cadastral map number H-873988-2003. That according to an inspection carried out on December second, two thousand eight by SETENA, on the project file 600-07, environmental viability permit (permiso de viabilidad ambiental) RVLA-578-2007 SETENA was granted only for the layout and conditioning of accesses, it does not include slope cutting or any type of construction; two fully completed dwelling houses are observed, there are also two access entrances to the area, which are paved, cadastral map H-13483-76, real folio number 82742-000.
From the foregoing, the Chamber determines the injury to article 50 of the Constitución Política by verifying that the Municipality of San Rafael de Heredia has permitted constructions, lotifications (lotificaciones), and subdivisions (fraccionamientos) in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability, without carrying out the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) to determine that such projects do not impact water resources and the micro-basins; this in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica and the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia. Hence, it is verified that such omission directly impacts the environment by endangering water resources. Consequently, it is appropriate to grant the appeal for injury to article 50 of the Constitución Política.
Por tanto:
The appeal is granted for violation of articles 27, 41, and 50 of the Constitución Política; and consequently: a) all construction permits granted by the Municipality of San Rafael de Heredia discussed in this amparo appeal are suspended until such time as the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) are carried out to determine that such projects do not impact the water resources and the micro-basins in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica and the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seventh, two thousand six; b) Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whoever holds those positions in their stead, are ordered, under penalty of disobedience, to, within the non-extendable term of eight days counted from the notification of this judgment, respond to and communicate the petitions filed by the appellant on June eighteenth, two thousand seven, April fourth, two thousand eight, June thirtieth, two thousand eight, July thirtieth, two thousand eight, and August eleventh, two thousand eight.
Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, are warned that failure to comply with the orders issued in this judgment would incur the crime of disobedience, which, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is punishable by imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction.
Notify this resolution to Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and to Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, or to whoever holds those positions, personally.
Adrián Vargas B. President a.i.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C. Alexander Godínez V.
EXPEDIENTE N° 08-014174-0007-CO
*080141740007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del once de agosto del dos mil nueve.
Recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal, cédula de identidad número 1-0518-0468, a favor de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, cédula de persona jurídica número 3-002-443966, contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia.
Resultando:
Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,
Considerando:
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a. Que de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica se determina que el Cantón de San Rafael de Heredia se ubica en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica. Que la zona se localiza sobre formaciones geológicas: lavas, tobas y lahares, que tienen restricciones de uso de suelo para urbanizaciones, cultivos agrícolas, tanques de tuberías químicas, descarga al terreno de efluentes líquidos, rellenos sanitarios y canteras debiendo observarse el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y medidas de protección. Que el SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC integran la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia que desarrolla el Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia para definir dos zonas acuíferas 1 y 2 correspondientes ésta última al Cantón de Concepción de San Rafael de Heredia, mismas que tiene las siguientes limitaciones de uso del suelo: No se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recurso hídricos, debe realizarse que el proyecto no impacte los recursos hídricos, debe realizarse evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental donde no sólo se considere la zona de influencia directa, sino la microcuenca de interés.
(folio 75); b. Que en la gaceta número 190 del cuatro de octubre del dos mil seis la Municipalidad de Heredia acoge la publicación de Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis. (folios 76 y 113); c. que por oficio AANCJF09 y AANCFA10 del dieciocho de junio del dos mil siete la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia solicita al Alcalde y al Concejo Municipal información de la finca ubicada en el plano catastrado de Heredia # 1162149-2007, siendo que a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. (folios 23 al 27); d. que mediante dictamen ASUB-68-08 del veintisiete de febrero del dos mil ocho emitido por el Área de Aguas Subterráneas, referente a la perforación de pozos señaló: 1.- Se le comunica a todas las Instituciones del Estado y Municipalidades del Valle Central, la siguiente disposición en cuanto a las solicitudes de perforación de pozos, la cuál rige a partir del primero de marzo del dos mil ocho.2.-Debido al déficit de la oferta de acuíferos, en adelante, no se autorizarán nuevos permisos de perforación en la zona norte de Heredia y la Zona de Restricción de perforación. 3.- El Acuífero de Colima Inferior queda reservado para el uso exclusivo de consumo humano por parte de las entidades públicas que brindan el servicio.
Las entidades deben coordinar con el Senara y el Minae la evaluación por medio de estudios hidrogeológicos, la determinación de los volúmenes utilizables del Acuífero de Colima Inferior.4.- En el resto de la zona, para la tramitación de nuevas solicitudes de perforación de pozos, los usuarios deben presentar los estudios que permiten cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República. (folio 76); e. que el cuatro de abril del dos mil ocho la Asociación recurrida reitera la solicitud efectuada el dieciocho de junio del dos mil ocho, además denuncia la construcción de en dicha propiedad, gestión que a la fecha no ha sido atendida.(folio 30); f. que el treinta de junio del dos mil ocho oficio JFAC-102008 la Asociación accionante reitera las solicitudes efectuadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, siendo que a la fecha las gestiones se encuentran pendientes de resolver.
(folio 38); g. que por oficio JFAC-1020008 del treinta de julio del dos mil ocho la Asociación recurrida pone en conocimiento del Concejo Municipal que el Alcalde no estaba exigiendo las exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas, revisadas y aprobadas por Setena, Senara y AYA, contraviendo el Decreto de Zonificación para la Protección de las Micro cuencas de Heredia y el Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, que a la fecha no han recibido respuesta alguna. (folio 34); h. que el once de agosto del dos mil ocho por oficio JFAC-122008 la Asociación recurrida solicita al Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, se informe de una nueva construcción que se está realizando en Concepción de San Rafael de Heredia, del Abastecedor Camacho ciento cincuenta metros al oeste, siendo que, a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. (folio 41); i. que de conformidad con el oficio ASUB 470-08 de fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho se establece que el SENARA no ha recibido o tramitado proyectos o recibido para análisis estudios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia con el fin de valorar los riesgos que los distintos proyectos pueden provocar en los recursos hídricos subterráneos, en función de la vulnerabilidad a la contaminación o los impactos que se pueden provocar por ser zona de recarga acuífera.
(folio 79 al 83); j. que según inspección realizada el once de noviembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregación de dieciocho lotes residenciales, no se ha otorgado la viabilidad ambiental, se corrobora que en el sitio hay construidas cuatro casas de habitación, plano catastrado H-702382-2001 (folios 89, 137 y 138); k. que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 1120-05, viabilidad ambiental para casa de habitación con un área de construcción de 998 m2 se observa que se están llevando a cabo labores de construcción, se observaron movimientos de tierra cuyo material se encuentra ubicado dentro de la misma área, además existen sistemas de evacuación de aguas pluviales, plano catastrado número H-873988-2003. (folios 88, 139 y 140); l. que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 600-07, se otorgó permiso de viabilidad ambiental RVLA-578-2007 SETENA únicamente para el trazo y acondicionamiento de accesos, no incluye corte de taludes ni ningún tipo de construcción, se observan dos casas de habitación finalizadas en su totalidad, además hay dos entradas de acceso al área, las cuales están pavimentadas, plano catastrado H-13483-76, folio real número 82742-000. (folios 88 y 144).
II.Objeto del recurso: Acusa el accionante lesión al derecho de petición, ya que, ha presentado solicitudes de información ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia en fechas dieciocho de junio del dos mil siete, cuatro de marzo, cuatro de abril, treinta de julio y once de agosto todas del dos mil ocho, las cuales a la fecha no han sido resueltas. Por otra parte arguye lesión al derecho al ambiente por determinar que la Municipalidad de San Rafael ha permitido construcciones que afectan los recursos hídricos de la zona contraviniendo el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y el Decreto de Zonificación de Protección de las Microcuencas de los Rios Segundo, Bermúdez y Tibas.
III.Referente al derecho de petición y pronta resolución: Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales del accionante. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que por oficio AANCJF09 y AANCFA10 del dieciocho de junio del dos mil siete la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia solicita al Alcalde y al Concejo Municipal información de la finca ubicada en el plano catastrado de Heredia # 1162149-2007, siendo que a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. Que el cuatro de abril del dos mil ocho la Asociación recurrida reitera la solicitud efectuada el dieciocho de junio del dos mil ocho, además denuncia la construcción de en dicha propiedad, gestión que a la fecha no ha sido atendida.
Que el treinta de junio del dos mil ocho oficio JFAC-102008 la Asociación accionante reitera las solicitudes efectuadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, siendo que a la fecha las gestiones se encuentran pendientes de resolver. Que por oficio JFAC-1020008 del treinta de julio del dos mil ocho la Asociación recurrida pone en conocimiento del Concejo Municipal que el Alcalde no estaba exigiendo las exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas, revisadas y aprobadas por Setena, Senara y AYA, contraviendo el Decreto de Zonificación para la Protección de las Micro cuencas de Heredia y el Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, que a la fecha no han recibido respuesta alguna. Que el once de agosto del dos mil ocho por oficio JFAC-122008 la Asociación recurrida solicita al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal se informe de una nueva construcción que se está realizando en Concepción de San Rafael de Heredia, del Abastecedor Camacho ciento cincuenta metros al oeste, siendo que, a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver.
De lo anterior, este Tribunal concluye que el plazo transcurrido –más un año y seis meses - es excesivo y supera los límites de lo razonable, de ahí que, se constata la lesión a los artículo 27 y 41 de la Constitución Política. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.
IV.Sobre las aguas subterráneas. Esta Sala en sentencia número 2004-001923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, dispuso lo siguiente:
“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas.
El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes:
V.En cuanto a las lesiones al derecho al ambiente: Del análisis de los elementos probatorios esta Sala verifica la lesión al derecho al ambiente por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica se determina que el Cantón de San Rafael de Heredia se ubica en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica. Que la zona se localiza sobre formaciones geológicas: lavas, tobas y lahares, que tienen restricciones de uso de suelo para urbanizaciones, cultivos agrícolas, tanques de tuberías químicas, descarga al terreno de efluentes líquidos, rellenos sanitarios y canteras debiendo observarse el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y medidas de protección.
Que el SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC integran la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia que desarrolla el Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia para definir dos zonas acuíferas 1 y 2 correspondientes ésta última al Cantón de Concepción de San Rafael de Heredia, mismas que tiene las siguientes limitaciones de uso del suelo: No se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recurso hídricos, debe realizarse que el proyecto no impacte los recursos hídricos, debe realizarse evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental donde no sólo se considere la zona de influencia directa, sino la microcuenca de interés. Que en la gaceta número 190 del cuatro de octubre del dos mil seis la Municipalidad de Heredia acoge la publicación de Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis.
Que mediante dictamen ASUB-68-08 del veintisiete de febrero del dos mil ocho emitido por el Área de Aguas Subterráneas, referente a la perforación de pozos señaló: 1.- Se le comunica a todas las Instituciones del Estado y Municipalidades del Valle Central, la siguiente disposición en cuanto a las solicitudes de perforación de pozos, la cuál rige a partir del primero de marzo del dos mil ocho.2.-Debido al déficit de la oferta de acuíferos, en adelante, no se autorizarán nuevos permisos de perforación en la zona norte de Heredia y la Zona de Restricción de perforación. 3.- El Acuífero de Colima Inferior queda reservado para el uso exclusivo de consumo humano por parte de las entidades públicas que brindan el servicio. Las entidades deben coordinar con el Senara y el Minae la evaluación por medio de estudios hidrogeológicos, la determinación de los volúmenes utilizables del Acuífero de Colima Inferior.4.- En el resto de la zona, para la tramitación de nuevas solicitudes de perforación de pozos, los usuarios deben presentar los estudios que permiten cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República.
Que de conformidad con el oficio ASUB 470-08 de fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho se establece que el SENARA no ha recibido o tramitado proyectos o recibido para análisis estudios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia con el fin de valorar los riesgos que los distintos proyectos pueden provocar en los recursos hídricos subterráneos, en función de la vulnerabilidad a la contaminación o los impactos que se pueden provocar por ser zona de recarga acuífera. Que según inspección realizada el once de noviembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregación de dieciocho lotes residenciales, no se ha otorgado la viabilidad ambiental, se corrobora que en el sitio hay construidas cuatro casas de habitación, plano catastrado H-702382-2001. Que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 1120-05, viabilidad ambiental para casa de habitación con un área de construcción de 998 m2 se observa que se están llevando a cabo labores de construcción, se observaron movimientos de tierra cuyo material se encuentra ubicado dentro de la misma área, además existen sistemas de evacuación de aguas pluviales, plano catastrado número H-873988-2003.
Que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 600-07, se otorgó permiso de viabilidad ambiental RVLA-578-2007 SETENA únicamente para el trazo y acondicionamiento de accesos, no incluye corte de taludes ni ningún tipo de construcción, se observan dos casas de habitación finalizadas en su totalidad, además hay dos entradas de acceso al área, las cuales están pavimentadas, plano catastrado H-13483-76, folio real número 82742-000. De lo anterior la Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas; esto de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia.
De ahí que, se constata que tal omisión repercute directamente en el ambiente al poner en peligro los recursos hídricos. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso por lesión al artículo 50 de la Constitución Política.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 27, 41 y 50 de la Constitución Política; y en consecuencia: a) se suspenden todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en este recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis ; b) Se ordena a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de ocho días contado a partir de la notificación de esta sentencia, respondan y comuniquen las gestiones presentadas por el recurrente el dieciocho de junio del dos mil siete, el cuatro de abril del dos mil ocho, el treinta de junio del dos mil ocho, treinta de julio del dos mil ocho y el once de agosto del dos mil ocho.
Se les advierte a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que de no acatar las órdenes impartidas en esta sentencia incurrirían en el delito de desobediencia el que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sanciona con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada en un recurso de amparo y no la cumpla o haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocuparan esos cargos en forma personal.
Adrián Vargas B.
Presidente a.i.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C. Alexander Godínez V.
EXPEDIENTE N° 08-014174-0007-CO
Document not found. Documento no encontrado.