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Res. 09022-2009 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2009
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismissed the amparo action since no current violation of the right to a healthy environment by the respondent authorities was proven, and referred to compliance with a prior ruling ordering the delimitation of the protection zone under Decree Law LXV of 1888.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo al no demostrarse violación actual del derecho a un ambiente sano por parte de las autoridades recurridas, y remitió al cumplimiento de un fallo anterior que ordena delimitar la zona de protección del Decreto Ley LXV de 1888.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismisses an amparo action filed by residents and associations of Carrizal and Cinco Esquinas against several state entities and the Municipality of Santa Bárbara de Heredia concerning the Montaña Tranquila Tourism Project. The petitioners argued that the works —extraction of material from a quarry, road construction, and dumping of debris— within the protection zone of Decree Law LXV of 1888 and in recharge areas of the Colima and Barva aquifers violated their right to a healthy environment and threatened water resources. After reviewing the evidence, the Chamber finds that the project lies outside the area protected by said decree, that no significant environmental damage was proven, and that the respondent authorities —particularly the Municipality, MINAE, SETENA, and the Environmental Administrative Tribunal— did perform control, closure, and criminal reporting duties. Nonetheless, the Chamber warns of the continued duty of vigilance and refers to a prior ruling ordering the physical delimitation of the zone under Law 65 of 1888. The action is dismissed in all respects.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo presentado por vecinos y asociaciones de Carrizal y Cinco Esquinas contra varias instituciones del Estado y la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, en relación con el desarrollo del Proyecto Turístico Montaña Tranquila. Los recurrentes alegaban que las obras realizadas —extracción de material de un tajo, construcción de caminos y vertido de escombros— dentro de la zona de protección del Decreto Ley LXV de 1888 y en áreas de recarga de los acuíferos Colima y Barva, vulneraban su derecho a un ambiente sano y amenazaban el recurso hídrico. Tras analizar la prueba, la Sala constata que el proyecto se ubica fuera del área protegida por dicho decreto, que no se demostró daño ambiental significativo y que las autoridades recurridas —especialmente la Municipalidad, el MINAE, SETENA y el Tribunal Ambiental Administrativo— sí ejercieron labores de control, clausura y denuncia penal. Sin embargo, se advierte del deber de vigilancia constante y se remite a un fallo anterior que ordenó delimitar físicamente la zona de la Ley 65 de 1888. El recurso se declara sin lugar en todos sus extremos.
Key excerptExtracto clave
VI.- ON THE MERITS. (…) In the instant case, the petitioners raise two substantial issues. First, that environmental damage has been caused in the “Montaña Tranquila” project, a site where a large-scale tourism development is also planned that will affect the aquifers of the area, and that the authorities have not taken the required control actions to prevent it. Second, that the scope and boundaries of Decree Law No. 65 of July 28, 1888 must be delimited in this zone. On the first point, this Constitutional Chamber considers, based on the reports submitted by the representatives of the respondent authorities (…) and on the evidence provided for the resolution of this matter, extensively described in the list of proven facts, that there are no evidentiary grounds to conclude that the alleged violation has occurred. Indeed, there is no evidence supporting the petitioners’ claims; rather, the opposite is true. When analyzing the actions of the respondent authorities individually, it is observed that (…) every urban development initiative has been halted through integrated efforts until feasibilities are determined. It is precisely because of the intervention of the relevant authorities that all environmental damage has been stopped, and by filing the corresponding criminal complaints, the eventual knowledge of criminal offenses has been transferred to the appropriate legal channel, as it should be. The authorities have not failed in their obligation to guarantee the protection of the fundamental rights at stake, nor have they neglected their duty to monitor the activities carried out on these properties. For these reasons, the action must be dismissed. VII.- In conclusion.- (…) Nor are violations of other constitutional rights observed in the actions of the respondents. Nevertheless, the respondents are warned of their duty of vigilance against any present or potential harm to the environment and the water resources of the area (…) Regarding the request to physically delimit the zone established by Law No. 65 of 1888, the parties must abide by what was decided in this Chamber’s judgment No. 12109 of fifteen hours and sixteen minutes of August 5, 2008.VI.- SOBRE EL FONDO. (…) En el sub lite, son dos los planteamientos sustanciales de los recurrentes. El primero, que se ha producido un daño al ambiente en el proyecto “Montaña Tranquila”, lugar en el que además se planea construir un proyecto turístico de grandes dimensiones que afectará los mantos acuíferos de la zona y que las autoridades no han efectuado las acciones de control para evitarlo. El segundo, que deben delimitarse los alcances y límites del Decreto Ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho en esta zona. Sobre el primer punto, considera esta Cámara constitucional, que de los informes rendidos por los representantes de la autoridades recurridas (…) y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que no existen sustentos probatorios para estimar que se ha producido la infracción que se acusa. Efectivamente, no se cuenta con evidencia que respalde lo expuesto por los recurrentes, sino todo lo contrario. Al analizar individualmente las actuaciones de las autoridades recurridas, se observa, que (…) toda iniciativa de desarrollo urbanístico, ha sido detenida en una labor integrada, hasta tanto se determinen las factibilidades. Ha sido precisamente por la intervención de las autoridades respectivas que todo daño ambiental ha sido detenido y al efectuar las denuncias penales respectivas, se ha trasladado a la vía idónea de legalidad, el conocimiento eventual de ilícitos penales, tal como corresponde. Las autoridades no han faltado a su obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de interés y tampoco han faltado al deber de vigilancia de las actividades realizadas en estas propiedades inmuebles. Por las razones expuestas lo procedente es declarar sin lugar el recurso. VII.- En conclusión.- (…) Tampoco se observan infracciones a otros derechos constitucionales en las actuaciones de los recurridos. No obstante, se advierte a los recurridos del deber de vigilancia que les asiste ante cualquier vulneración presente o potencial al ambiente y al recurso hídrico de la zona (…) En torno a la solicitud de delimitar físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, deberán las partes estarse a lo resuelto en sentencia de esta Sala número 12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.
Pull quotesCitas destacadas
"La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente."
"Environmental pollution is one of the ways in which the integrity of the ecosystem can be broken, with results that are mostly lasting and cumulative. The Costa Rican State has the obligation to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the performance of acts that harm the environment."
Considerando IV
"La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente."
Considerando IV
"En este orden de ideas, el principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente."
"In this line of thought, the precautionary principle obliges the Environmental Administration to carefully weigh whether human activity compromises the environment, and to deny authorization if the assessments show that the activity may produce harmful or irreparable consequences to the environment."
Considerando IV
"En este orden de ideas, el principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente."
Considerando IV
"El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"Article 50 of the Constitution obliges the State and other public institutions to actively intervene in protecting the environment. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and for fostering economic and social development fully compatible with a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando IV
"El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando IV
"No obstante, se advierte a los recurridos del deber de vigilancia que les asiste ante cualquier vulneración presente o potencial al ambiente y al recurso hídrico de la zona, para que de manera objetiva y consciente sean atendidas."
"Nevertheless, the respondents are warned of their duty of vigilance against any present or potential harm to the environment and the water resources of the area, so that they are addressed objectively and conscientiously."
Considerando VII
"No obstante, se advierte a los recurridos del deber de vigilancia que les asiste ante cualquier vulneración presente o potencial al ambiente y al recurso hídrico de la zona, para que de manera objetiva y consciente sean atendidas."
Considerando VII
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Constitutional Chamber Date of Resolution: May 29, 2009 at 10:11 a.m.
Case File: 08-007018-0007-CO Type of Matter: *Amparo* Appeal \* 080070180007CO \* Res. No. 2009-009022 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and eleven minutes on the twenty-ninth of May, two thousand nine.
*Amparo* appeal filed by FABIO RODRIGUEZ ALVAREZ, FERNANDO CALVO RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO ALVAREZ MOLINA, OSCAR ENRIQUE BARRANTES, RAMON DANILO PANIAGUA ARAYA, identity card numbers 0202980278, 0202980278, 0202890966, 0303140904, 0105280071, on behalf of LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CARRIZAL, LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARRIZAL DE ALAJUELA, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, and EL COMITE BANDERA AZUL ECOLOGICA, against the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), THE MINISTER OF HEALTH, THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF SANTA BARBARA DE HEREDIA, THE SECRETARY OF THE SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL (SETENA), and THE MANAGER OF THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).
Whereas:
2. By a resolution at eight hours and forty-six minutes on May 13, 2008, the present Appeal was admitted, and GUILLERMO ESCALANTE H., LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY "LACTEOS ROMERO," was considered a party to this *amparo* appeal.
[^1]: The original text states "reconstruido una campaña," which likely contains a typo or unclear phrasing. The most probable intended meaning is "reconstruido una cabaña" (reconstructed a cabin), as mentioned later in the same paragraph (point e). If "campaña" is literal, it has no clear meaning in this context.
10. RICARDO SANCHO CHAVARRIA, in his capacity as EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS), reports under oath (Report folio 812) as follows: a) That there is no management or approval of projects under the names Turístico Montaña Tranquila and El Marro, located on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Area de Conservación Cordillera Volcánica Central), on the Barva cartographic sheet 1:50,000, cadastral plans H-1177149-2007, H-1177152-2007, real estate folios 4-031057-000 and 4-107288-000. b) That his institution is unaware of the situation of the cited project. c) That every project must come to AyA for its approval in accordance with the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). Requests that the appeal be declared without merit in relation to the institution he represents.
Drafted by Magistrate González Quiroga; and,
Considering:
I.Purpose of the appeal.- The appellants seek the protection of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, due to the initiation of development of a project called "Proyecto Turístico Montaña Tranquila," on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, on the Barva cartographic sheet scale 1:50,000, specifically on the recharge areas of the aqueducts of the localities of Cinco Esquinas, Carrizal, and part of Santa Bárbara and Alajuela, and within the protection zone established according to decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the lands where the waters that supply populations of Heredia, Alajuela, Puntarenas originate, and feed the Upper and Lower Colima aquifers, on which the life of the entire Greater Metropolitan Area and Puntarenas depends. That in this project, material extractions from a quarry, construction and improvement of roads have been carried out, and the earth, product of earthworks (movimientos), is being dumped in the Conejera Watershed (Cuenca de la Conejera), causing its contamination.
All of the above, despite the Environmental Technical Viability granted to this project being for the construction of a stable for 18 horses, a caretaker's house, a ranch-style structure (rancho), a cabin, and a swing area, and that the municipal permit was granted for the construction of a wall and a gate. For this reason, the Municipality of Santa Bárbara closed the works, but they continue to be carried out. Considers that the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) has not fulfilled its functions.
II.Proven facts.- Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
1. On July 26, 2006, Messrs. Fernando Calvo of the Ecological Blue Flag Program (Programa Bandera Azul Ecológica) and Francisco Álvarez of ASADA-Carrizal, requested the Municipal Council of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, to investigate the elimination of understory (sotobosque) in two forested areas located in the upper part of Carrizal, on the slopes of Cerro Guararí or Concordia, specifically in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, and to file a complaint before the Environmental Tribunal to prevent damage to water resources. (Folio 176 and Report of folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara) 2. On August 15, 2006, the Municipal Council of Santa Bárbara, by agreement No. 300-06, article 3) subsection u), of ordinary session No. 16, decided by unanimous vote to address the Ministry of Environment and Energy and the Environmental Tribunal to carry out the pertinent investigations regarding the indicated complaint.
(Report folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara) 3. On August 23, 2006, the Municipality of Santa Bárbara issued an official communication informing the Administrative Environmental Tribunal of the agreement requesting that the necessary investigations be carried out in relation to the mentioned complaint. (Folio 174 and report of folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara) 4. On an unspecified date but subsequent to that, the Administrative Environmental Tribunal assigned file number No. 246-06-02-TAA to this complaint. (Report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 5. On October 24, 2006, by summons number 464, the Municipality of Santa Bárbara ordered for the first time the closure of the works carried out on the denounced real estate properties, located in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, owned by the company Lácteos Romero S.A., legal ID 3-101-110231-28.
(Folio 568 and report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 6. On December 11, 2006, the company Lácteos Romero S.A., legal ID 3-101-110231-28, represented by Mr. Guillermo Escalante Henchoz, submitted the Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental) number D2-1952-2006 to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the project called "Montaña Tranquila" located on the real estate properties described above, in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, plan number H-1105122-2006, real estate folio numbers 4-107288-000, 4-31057-000 and 4-66142-000. According to this application, the net area of the project is 537 square meters; it is supplied with water from a spring; water consumption would not exceed 50 cubic meters per month; tree felling is not required; wastewater will be treated by septic tank; and the volumes of material to be removed do not exceed 200 cubic meters.
(Folio 591; Report folio 550 of SETENA and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 7. The mentioned lands are located within the Protected Wilderness Area (Aérea Silvestre Protegida) called Forest Reserve Cordillera Volcánica Central. They have 13 water springs, of which 3 are visible and permanent, concessioned before the Water Department of MINAE, and the others are intermittent and dry up in the summer period, and there is a pre-existing quarry. (Report folio 603 of MINAE, Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 8. That same day, December 11, 2006, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) initiated the project's environmental assessment process, via administrative file D-1952-2006-SETENA, and via official communication SGPDGI-1746-2006, requested Guillermo Escalante Henchoz to submit the detailed description of the project and the design of the work to be developed.
(Folio 589, 590 and Report folio 550 of SETENA) 9. On December 18, 2006, the described company submitted to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) an official communication indicating that the project includes the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horses' caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters. It will also have an area for a child's swing (60 square meters). (Folio 583 and Report folio 550 of SETENA) 10. On January 11, 2007, the Heredia office of the Ministry of Environment and Energy, Central Subregion (MINAE), received an environmental complaint filed by several Associations regarding the "Montaña Tranquila" Project described above, but indicating that a large-scale project is being planned (lots for country houses, hotel with casino, stables, canopy, among others).
(Folio 719 and Report folio 603 of MINAE) 11. On January 19, 2007, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) conducted the study on the received application, and considering the project to be of Low Potential Environmental Impact, issued the Environmental Viability by resolution RVLA-087-2007-SETENA in the following terms:
"(...) Regarding the Environmental Assessment Document (D2), which was assigned Administrative File number D2-1952-2006-SETENA, submitted by you before the National Environmental Technical Secretariat on date: 6/01/07, and additional information submitted on 12/18/06, corresponding to the activity, work, or project called: Montaña Tranquila (Construction area 537 m2) (...) I am pleased to inform you that upon analyzing the information received, it has been determined that it complies with the provisions of Executive Decrees No. 31849-MINAE-MAG-MEIC, of June 28, 2004, and No. 32079-MINAE of November 5, 2004. Therefore; Environmental Viability is granted, opening the environmental management stage. The Developer is reminded that they must comply with the Code of Good Environmental Practices and current Environmental Legislation. The developer is warned that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with article 14 of Executive Decree 31849, or if it is proven that the information provided is false or has been manipulated, given the Sworn Declaration nature of the submitted instrument, this Secretariat may proceed in accordance with article 15 of the same Decree, rendering the environmental viability granted through this document null and void, and the corresponding documentation must be submitted, independently of the power to file the corresponding criminal complaints (...) ". (Folio 581; Report folio 550 of SETENA and Report folio 603 of MINAE)
12. On January 18, 2007, the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) conducted an inspection of the mentioned real estate properties and determined:
"(...) 1. There is a ballasted access road that leads us to the part where the infrastructure is located. (...) 3. There is various infrastructure already built, such as a cabin, main ranch-style structure, stable, restored small house, and poultry farm (...) 4. That there are at least three terraces, of which two have infrastructure (terrace no. 01, main ranch-style structure, terrace no. 02, stable, restored small house, poultry farm) and the last one is observed in a state of land leveling. (...) 6. That thinning (raleo) does not require any type of approval from the state forestry administration, as long as it is not within a Protected Wilderness Area. For this particular case, this property is within the Forest Reserve Cordillera Volcánica Central and requires an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by Setena. This means that this harvesting is occurring irregularly, in plain sight and with the tolerance of the colleagues who went to the site and did not act as appropriate. (...) 8. That the property in question has Protection Areas and that therefore the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, Chapter IV, Article 33 must be respected in the first instance. Furthermore, according to the characteristics of the terrain, the distances must be 15 m and 50 m (...)" (Folio 164 and 713 and Report folio 603 of MINAE)
13. On January 22, 2007, by summons 534, the Municipality of Santa Bárbara ordered, for the second time, the closure of the works carried out on the denounced real estate properties. (Folio 569 and report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 14. On July 9, 2007, the Subregional office of the Ministry of Environment and Energy of Heredia, Central Subregion (MINAE), received a complaint about the construction of a road and contamination of the La Conejera watershed, therefore it proceeded to make a visit to the project and, via official communication OH-703, determined that there was road improvement with a tractor, outside the protection area, without finding contamination in the "La Conejera" Stream. (Report of 603 of MINAE) 15. On August 22, 2007, the Municipality of Santa Bárbara ordered for the third time the closure of the works carried out on the property of interest, by summons number 712, and it was verified that, until that moment, only a stable, a cabin, swings, and a ranch-style structure had been built; that video was recorded; that legal inspection records have been raised; and that everything was without any construction since the last closure order. (Folio 134, 135, 570, and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara).
16. On August 30, 2007, by resolution 2902-07-TAA, at seven hours and twenty minutes that day, in file No. 246-06-02-TAA, the Administrative Environmental Tribunal requested the Subregional Office of Heredia of MINAE to perform an economic valuation of the environmental damage at the denounced site. (Folio 157 and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara) 17. In that same month, according to the Economic Valuation of Environmental Damage in the "Montaña Tranquila" Project, conducted by the Subregional Office of Heredia of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of MINAE, in administrative file 246-06-02-TAA), it was indicated:
"(...) General description of the damage.
· That in a sector of the property of the project called Montaña Tranquila, cutting and clearing (corta y chapia, socola) of shrubs and plants was carried out within a secondary forest (bosque secundario) area.
· That on the property where the project called Montaña Tranquila is located, there are important bodies of water (two streams), which are captured for human consumption and dairy farms.
· The affected forest area is estimated at 1 ha.
· That the elimination of the forest areas generated adverse impacts on the existing wild flora and fauna, soil; as well as a landscape modification" (...) The value of the environmental damage caused in the forest area on the property of the Montaña Tranquila project amounts to 378,987.45 (three hundred seventy-eight thousand nine hundred eighty-seven colones and forty-five cents).(...)" (See folio 141) 18. On September 10, 2007, officials from the Central Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) conducted an inspection of the site, generating official communication SRC-OH-796, which indicated:
"(...) * In the upper part of the property, an existing trail was traversed that leads directly to a waterfall; at this site, the partial rehabilitation of a road was evidenced in a section estimated at a length of 50 meters by two meters wide, which then narrowed to a trail or path leading directly to a waterfall. In this sector, a small clearing estimated at 60 square meters was observed. This clearing was the product of the natural fall of a tree, which the farm workers chose to section, top, and remove from the watercourse to prevent damming.
* Entry was made to the quarry sector, where in a site near a slope, a mound of earth had accumulated, which, due to the intensity and frequency of precipitation (rain), typical of the season, weakened and slid down the slope, causing a landslide that dragged part of the existing vegetation (...)" (Folio 669 and Report folio 603 of MINAE) 19. On September 20, 2007, the officials of the mentioned Central Subregion, via official communication SRC-OA-971, requested Mr. Rafael Gutierrez, Director of the CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL CONSERVATION AREA (ACCVC) of MINAE, to appoint an external commission to analyze the case. (Folio 660 and Report folio 603 of MINAE) 20. On October 1, 2007, via official communication OAMSB 469-2007, the Municipality of Santa Bárbara de Heredia forwarded other complaints filed regarding the mentioned project to the Administrative Environmental Tribunal. (Folio 131 and Report folio 114 of the Mayor's Office of Santa Bárbara) 21.
On October 11, 2007, the officials of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) filed a criminal complaint before the Public Ministry of the province of Heredia against Messrs. Guillermo Escalante Henchoz as representative of the firm Lacteos Romero S.A. and Adriana Soto Kuchn as representative of the Montaña Tranquila Project, to investigate the possible commission of the crimes of Violation of the Forestry Law, Infraction of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de vida Silvestre), and the Water Law (Ley de Aguas). (Folio 181; Report 114 of the Municipality of Santa Bárbara; Report of folio 101 of the Ministry of Health and Report 603 of MINAE) 22. On October 12, 2007, by official communication D-1062 of the Ministry of Environment and Energy, Cordillera Volcánica Central Conservation Area (MINAE), it was determined: that the rubble and earth are being deposited less than 50 meters from the micro-watershed; that the works are halted; that the deposited earth affected the protection area of the spring and is the responsibility of the owners; that the quarry is located less than 50 meters from the captured spring within the spring's protection area and has been exploited, although not extensively; that there is no severe damage from the material exploitation; that felled trees were found in the protection area of a stream, and that according to the environmental viability issued by SETENA, more works were carried out than those authorized.
That the watershed 50 meters from Quebrada las Conejas was only slightly dirtied. (Folio 622, Report folio 603 of MINAE) 23. On October 22, 2007, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) received the complaint from several Associations about the launch of a large tourist project called "Montaña Tranquila". (Report folio 550 of SETENA).
24. On November 22, 2007, the officials of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) expanded the criminal complaint filed before the Public Ministry of Heredia. (Folio 613 and Report folio 603 of MINAE ) 25. On January 28, 2008, via official communication OAMSB 107-2008, the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Santa Bárbara, indicated:
"(...) at this time, there is no construction permit granted to the company Lácteos Romero, Sociedad Anónima, which is the owner of the real estate mentioned in the project. That it does not have the municipal approvals on the cadastral plans. That there is no free access to the project as it is a private road, although the property owner says it is a public road. That the plans do not meet the requirements to grant land use (uso del suelo) either. It has only been granted for the construction of a wall and gate. That the other works are firmly closed by our Municipality according to notifications 0712, 0534, and 0464; however, the owner continues to carry out construction work clandestinely, since, as I said before, it is a private property of difficult access, and despite several attempts by myself, together with representatives of the municipality's legal advisory office and witnesses, to enter the project in question, they have refused to give us entry, of which there are records in our administrative files. (...)" (Folio 16)
26. On April 30, 2008, the officials of the Environmental Advisory and Monitoring unit of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), officials of the Municipality of Santa Bárbara, of the System of Conservation Areas, and the complainants began coordination efforts to address the complaints. (Report folio 550 of SETENA).
27. On May 19, 2008, by technical report number RCN-AJ-172-2008, prepared by the Central North Region of the Ministry of Health, on the "Inspection of the Touristic Project Montaña Tranquila", the following was concluded:
"(...) During the visit, Mr. David Chanto, the caretaker, attended, who explained in detail the situation and description of the project. According to Chanto, the total area of the property is 226 hectares and the project consists of the future construction of a residential development (urbanización), in which, at the moment, lots of 7000 square meters are being sold. This is a residential project intended to be built in the mountain heights. (...) the trails that surround the mountain were ballasted, making access easier; there is a ranch-style structure in rustic pine wood, equipped and conditioned. A conditioned and equipped house where a couple lives who manages and watches over the place. There is also a stable, and along the path, two or three unused cabins are also observed (...) LEGALITY OF THE PROJECT: The aforementioned advances were built, as indicated by the municipal authorities, without any type of permit; there is neither plan approval nor construction permit. Regarding the Ministry of Health, there are no permits granted in the Rector Area, nor in the Central North Regional Directorate (...) Conclusions: 1) The Montaña Tranquila tourist project is an area that should remain protected and with consecutive restrictions, due to its conditions and its importance for the conservation of flora, fauna, and water resources. 2) Montaña Tranquila does not have the permits or documents established for all types of activities.
Recommendations: It is recommended that periodic visits be made to the Montaña Tranquila Project, in order to provide adequate follow-up to this case and take the corresponding measures based on articles 355 and 356 of the Ley General de Salud, so that the suspension of any type of work at the site be ordered, including earthworks (movimiento de tierras) and improvements to the road providing access to the property (…).” (Folio 111 and Report at folio 101 of the Ministry of Health) 28. On May 27, 2008, at 9:29 a.m., officials of the Administrative Environmental Tribunal conducted an inspection of the immovable properties in question and determined that no tree cutting was observed in the forest and understory area, and what are noted are diseased and deteriorated trees. (Folio 855) 29. On June 19, 2008, by resolution 576-08-TAA at seven hours and twenty minutes of that same day, in expediente 246-06-02-TAA, the Administrative Environmental Tribunal resolved:
“(…) Single Considering: That in view of the ocular inspection report carried out by the officials of this Administrative Environmental Tribunal on May 27, 2007 at 9:29 a.m., which is attached at folio 154, wherein it is established that no tree cutting was observed in the forest and understory area, and what are noted are diseased and deteriorated trees, this complaint is hereby dismissed (…) IT IS AGREED: To proceed to dismiss the complaint filed by the Municipality of Santa Bárbara, Messrs. Fernando Calvo, in his capacity as representative of the BAE program, Mr. Francisco Alvarez, in his capacity as representative of the ASADA of Carrizal, Freddy Valerio Segura, in his capacity as Head of the Subregional Office of Heredia of the Area de Conservación Cordillera Volcánica Central and the ASADAs and the development associations of Carrizal and Cinco Esquinas of the Central Canton of Alajuela and to archive administrative expediente number 246-06-02-TAA (…)” (Folio 210) 30.
That the Central Subregional Office of Heredia of the Ministry of Energy and Mines (MINAE), determined that the immovable properties of Sociedad Lácteos Romero are located on the summit, midslope and foothills of the La Concordia hill, specifically the eastern part of the hill, according to measurements taken with GPS. That of these, the immovable properties comprising the project in question lie outside the area established by the Ley de 1888. There is only a minimal part on the northeastern boundary that lies within the area of the decree. (Report 603 of MINAE) 31. That in the Municipality of Santa Bárbara and the Interinstitutional Commission for Micro-watersheds of Heredia CIMH-2005, there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose.
That since official letter OAMSB-290-2008, all types of Municipal authorization procedures for this project have been suspended. (Report at folio 114 of the Municipal Mayor of Santa Bárbara) 32. That in the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. (Report at Folio 543 of INVU) 33. That in the Regional Health Area of Santa Bárbara de Heredia, there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. (Folio 104, Report at folio 101 of the Ministry of Health) 34.
That in the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila”; what exists is the approval of an environmental feasibility (Viabilidad Ambiental) for the construction of a project that includes the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), a house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters, and a children's swing set (60 square meters). (Folios 589, 590 and Report at folio 550 of SETENA) 35. That the Montaña Tranquila project is advertised on the Internet as a site for the sale of lots. (Report at folio 114 of the Mayor of Santa Bárbara de Heredia) 36. That in the Prosecutor's Office of San Joaquín de Flores de Heredia, criminal proceedings 07-003210-369-PE and 08-002865-369-PE, against ADRIANA SOTO KUHN and GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, for the crimes of Violation of the Ley Forestal, Infraction of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Ley de Aguas, are in the Preparatory Phase.
The following facts are deemed unproven:
1. That extraction of material was carried out from the quarry (tajo) located on the mentioned properties and that the earth resulting from the earthworks was dumped less than 50 meters from the spring (naciente) in the Cuenca de la Conejera.
2. That the respondent authorities do not carry out inspections to verify the reported situations, nor have they followed up on the case.
3. That the execution of the works constructed under the protection of the environmental feasibility granted by the National Environmental Technical Secretariat has caused injury to fundamental rights or to the right to a healthy and ecologically balanced environment.
IV.ON THE STATE'S DUTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.- This Chamber's position on the State's duty of environmental protection has emphasized that the right to a healthy and balanced environment obligates the State to ensure adequate protection of the environment; consequently, to take the necessary measures to prevent alterations produced by human activity from constituting an injury to the environment. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in this regard—the guiding principles of Environmental Law require that precautionary measures deemed appropriate be adopted so that this impact does not occur, and even allow postponing the activity in question, since once the harmful biological and social consequences have already occurred, a posteriori coercion is ineffective, and would have nothing more than moral significance, as it would hardly compensate for the damages caused to the environment.
In this vein, the precautionary principle obligates the Environmental Administration to carefully weigh whether man's activity compromises the environment, and not to grant authorization if the evaluations demonstrate that the activity could produce harmful or irreparable consequences for the environment. Thus, the Costa Rican State is obligated to ensure and adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment. Constitutional Law requires using all available means—whether legal or factual—to preserve the environment. Article 50 of the Constitution obligates the State and other public institutions to actively intervene in environmental protection. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and fostering in its content economic and social development in full compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant implementing legislation, among which we can cite, among others: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas and Ley de Planificación Urbana.
These regulations, and other similar ones that may be added, materialize the State obligation to protect the environment as a fundamental right. This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination—without which the former could not be effective—are fundamental rights, such that it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end, or through specific acts by the Administration (ruling number 1763-94, at 4:45 p.m. on April 13, 1994.). In this sense, it has been stated:
"(…) Environmental contamination is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often lasting and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the execution of acts that injure the environment, and under the correlative and equally inescapable prohibition against fostering its degradation (…)" (Ruling number 2002-04830 at sixteen hours on May twenty-first, two thousand, a criterion reiterated in ruling 2002-8996 at ten hours and fourteen minutes on September sixth, two thousand two).
As a corollary to the foregoing, it can be affirmed that although it is true that the State must respect the right of individuals to work and to private enterprise, it is also true that it must ensure the well-being of the community.
Specifically ON THE PROTECTION OF WATER RESOURCES, this Chamber indicated in ruling 2008-12583 at fifteen hours and two minutes on August nineteenth, two thousand eight:
"(…) V.- On the protection of water resources, given the problem of water scarcity. On repeated occasions, this Court has analyzed the importance of protecting underground water resources, given the increasing scarcity of the precious liquid. In this regard, what was ordered by ruling number 2008-12109 at fifteen hours and sixteen minutes on August fifth, two thousand eight, is of relevance, in which it was stated, as relevant:
"V.-On the problem of water scarcity. In recent years, the issue of access to water has become a global problem, due to the ever-increasing scarcity of the precious liquid. According to the second United Nations World Water Development Report, some one billion one hundred million people lack access to potable water in the world, a number that increases daily due to the contamination or disappearance of the sources that supply the planet. The aforementioned report notes that more than four thousand children die daily from diseases caused by the lack of potable water, such as, for example, diarrhea, which kills more than one million eight hundred thousand people per year, the majority of them under five years of age. Likewise, it mentions that by the year two thousand twenty-five, two thousand seven hundred million people—equivalent to one-third of the world's population—will have water scarcity problems, a situation that could generate demographic catastrophes never before seen.
The United Nations considers that the lives of one million six hundred thousand people could be saved each year if they were offered the possibility of accessing potable water; however, in most regions of the world, the necessary actions to meet this objective have not yet been adopted. In the specific case of Latin America, various studies consider that more than sixty million people lack access to potable water in the region, this despite South America containing only six percent of the world's population and enjoying twenty-six percent of the planet's water resources. The data presented above generate great concern within the United Nations, which has called upon the different governments of the world to adopt appropriate measures to mitigate the described problem in their territories.
VI.On groundwater and its protection. Groundwater has become the primary means of public supply in the Central American region, since the majority of surface sources have been contaminated by human action. In the specific case of Costa Rica, it is estimated that approximately seventy percent of the water consumed daily by the country's inhabitants comes from groundwater, a situation that highlights the importance of protecting this resource. Precisely on this particular topic, it is relevant to note what was ordered by this Court in ruling number 2004-01923, at fourteen hours and fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, in which it indicated, as relevant:
“V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is that found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the altitude difference between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the velocity of groundwater movement depends, essentially, on the hydraulic gradient.
Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water of the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, meaning 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of daily water for human consumption that are used, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater intakes. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in demand for the service, and collection areas can be located near the place where demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physico-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) as soil or rocks exist above groundwater, it is more protected from natural or human-origin contamination; d) variations in quantity and availability during dry seasons or rainfall are minimal compared to those of surface water; e) it constitutes a strategic reserve to face states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.
The topic of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, sets forth the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life—'without water, no life is possible,' affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to the health of persons—indispensable for their food, drink, and hygiene—(article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the development and socioeconomic growth of peoples to ensure each individual well-being and a dignified quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights).
The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in great proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025 nearly 5.5 billion people will have water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, at present, a duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development) has been recognized, such that the needs of the present must be satisfied without compromising the ability of future generations to do so with their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972).
In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-contaminating or environmentally compatible water use—.” From the foregoing, the importance of groundwater as a means of guaranteeing access to potable water for a large part of the national population is deduced. Therefore, the State is obligated to guarantee its protection, through the use of the powers granted to it by the Legal System, in order to comply with the provisions of article 50 of the Constitution. (…)
VI.On the specific case. It is unquestionable that tourism has become one of the most important sources of income for Costa Rica, hence its importance for the country's economy cannot be denied. Nevertheless, this activity, like any other, cannot be exempted from compliance with the controls and requirements set forth by national legislation, for doing so would place at risk a series of rights that are protected by the legal system, and which as such deserve protection by the State. In the specific case, it is proven that the Ministry of Environment and Energy proceeded to formalize the project called Infrastructure for the Braulio Carrillo National Park, Barva Sector, SINAC-MINAE, in order to provide Braulio Carrillo National Park with the necessary infrastructure to receive tourists throughout the year; however, from the elements contributed to the record, it is deduced that the cited project was begun without the totality of technical studies necessary to guarantee that it would not produce any damage in the area where it is located, which harbors a large part of the aquifers supplying water to the population of the Greater Metropolitan Area. (…) "
In ruling 2008-004790 at twelve hours and thirty-nine minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, this Chamber indicated:
"(…) III.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that falls to everyone equally, that is, there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the citizenry. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewer Systems; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction.
It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in achieving common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and decentralized institutions carry out in this important function—, for which it defers to what was indicated on that occasion (ruling number 5445-99, at fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen hundred ninety-nine):
“So that coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which addresses this concurrence on a same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conduct on them, with which arises the essential interinstitutional ‘concert,’ in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on this preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through ‘administrative oversight’ of the State, and specifically, in the function of legality control that pertains to it, with powers of general vigilance over the entire sector).” On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing businesses to operate without health permits regarding the treatment of blackwater or residual water (Aqueducts and Sewer Systems and Ministry of Health), or failing to verify sonic controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard ruling number 2006-005159 at thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six).(…)”
Regarding this aspect, this Chamber already had the opportunity to rule in ruling 2008-12109 at fifteen hours and sixteen minutes on August fifth, two thousand eight.
"(…) V.-On decree law number 65. Through decree law number 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, the legislator ordered the protection of one of the areas in which the water springs that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are found, providing for this purpose, as relevant, as follows:
THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA, Whereas the conservation of the mountains in which originate the streams and springs that supply water to the province of Heredia and part of that of Alajuela is of public utility,
DECREES:
Art. 1.—A zone of land two kilometers wide is declared inalienable, on one side and the other of the summit of the mountain known by the name of Montaña del Volcán de Barba, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, whether said zone is of national or municipal property.
Art. 2.—The Executive Branch is authorized to increase or decrease the extent of the zone referred to in the preceding article if, after carrying out the respective survey by means of a scientific commission, it deems it appropriate to modify it in the manner that said commission indicates.
As is evident from the reading of the cited regulation, the legislator of the century before last intended to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves the water resources necessary to meet the needs of the population in the future. To achieve this, the legislator ordered the creation of an inalienable zone, which could not be subject to any type of possession due to its public nature, as this Court has held in a series of pronouncements, as is the case of ruling number 422-96 of January twenty-second, two thousand six, in which it was stated, as relevant:
“(…)The public domain is comprised of goods that manifest, by express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are public things or public goods that do not belong individually to private individuals and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide, which is invariably essential by virtue of express regulation. Therefore, their characteristics are being inalienable, imprescriptible, unseizable; they cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance. Since they are outside of commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, not a right to property.”
VI.Based on the foregoing recitals, this Chamber finds that in the specific case a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution is confirmed, which is attributable to the State and the respondent municipalities. With respect to the Costa Rican State, it has been proven that over the years, it has not carried out the corresponding tasks to delimit the zone covered by Law No. 65 of eighteen eighty-eight, in order to ensure that no type of human activity takes place in said location and thus fulfill the intent of the legislature at the time of issuing the cited regulation. This inaction persists even to the present day, since the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), as the authority responsible for safeguarding the country's natural resources, has failed in its duty to effectively delimit and monitor the strip of land established by Law No. 65, despite the fact that the legislature placed said zone in the public domain with the aim of creating an area free from any type of interference by private parties, an intention that has not been fulfilled to date, since the case file shows that construction permits have even been granted on the cited land.
In the case of the respondent municipalities, it is inferred from the evidence provided in the case file that said corporations have granted construction permits in the zone covered by Decree-Law No. 65, a situation that violates not only the desire of the legislature at the time of enacting the cited regulation, but also violates the provisions of Article 50 of the Constitution, for the reasons set forth above. It is worth mentioning that although Law No. 65 does not clearly establish the degree of limitation to which the zone established by said law was subject, the truth is that in application of the in dubio pro natura (in dubio pro natura) principle, and considering the spirit of the cited regulation, this Chamber finds that said protection must be understood as total, and therefore no type of permit or concession may be granted in said strip of land. Likewise, this Court considers that none of the respondent authorities may claim ignorance of the provisions of Law No. 65, for although more than a century has passed since its creation, the truth is that said regulation remains in force, as inferred from Legal Opinion (Opinión Jurídica) No. OJ-118-2004 of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República).
Thus, for the reasons set forth above, the appropriate course is to grant the appeal on this point, ordering the respondent Ministry to coordinate with the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) to physically delimit the zone covered by the aforementioned law, and then recover the lands located therein that are being occupied by private parties; and ordering the respondent municipalities to refrain from granting any type of permit within the perimeter established by Law No. 65. (...) Therefore:
The appeal is granted, solely with respect to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Municipalities (Municipalidades) of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy (MINAE), is ordered as follows: a) Within seven months from the notification of this judgment, undertake the actions within the scope of his authority to physically delimit the zone established by Law No. 65 of 1888, and thereafter, initiate the recovery processes for the lands located in said sector that are being occupied by private parties; (...) José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds his position as Mayor (Alcalde Municipal) of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds his position as Mayor (Alcalde), and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds her position as President of the Municipal Council (Presidenta del Concejo Municipal), both of the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara de Heredia, (...) are ordered as follows: a) To immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by Law No. 65 of 1888, with respect to their jurisdictions; b) To proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report called “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica (Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica)”, which must be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority.
(...) The State and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado are ordered to pay the costs, damages, and losses that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. With respect to the other respondent authorities, the appeal is dismissed. (...)”
The appellants seek protection of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, because the development of a project called “Montaña Tranquila” (Montaña Tranquila) Tourist Project was initiated, on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Area de Conservación Cordillera Volcánica Central), on the Barva cartographic sheet at a scale of 1:50,000, specifically on the recharge areas of the aqueducts of the localities of Cinco Esquinas, Carrizal, and part of Santa Bárbara and Alajuela, and within the protection zone established by Decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the lands where the waters that supply the populations of Heredia, Alajuela, Puntarenas originate and that feed the Upper and Lower Colima aquifer systems (mantos acuíferos), upon which the life of the entire Greater Metropolitan Area (Gran Area Metropolitana) and Puntarenas depends.
That in this project, material has been extracted from a quarry (tajo), and roads have been built and improved. Furthermore, the earth (tierra) resulting from the earthworks (movimientos) is being dumped in the Conejera Basin (Cuenca de la Conejera), causing its contamination. All of the foregoing, despite the fact that the Environmental Technical Viability (Viabilidad Técnica Ambiental) granted to this project is for the construction of a stable for 18 horses, a caretaker's house, a ranch-style structure (rancho), a cabin, and a swing set area, and despite the fact that the municipal permit was granted for the construction of a wall (tapia) and a gate. For this reason, the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara ordered the closure (clausuró) of the works, but they continue to be carried out. They consider that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) does not conduct the required inspections.
In the case sub lite, the appellants raise two substantive arguments. First, that environmental damage has been caused in the “Montaña Tranquila” project, a place where a large-scale tourist project is also planned that will affect the aquifer systems of the zone, and that the authorities have not carried out the control actions to prevent it. Second, that the scope and limits of Decree-Law No. 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, must be delimited in this zone. On the first point, this Constitutional Chamber (Cámara constitucional) considers, from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, described extensively in the list of proven facts, that there is no evidentiary support to find that the alleged infringement has occurred.
Indeed, there is no evidence to support what the appellants claim, but rather the opposite. Upon individually analyzing the actions of the respondent authorities, it is observed that, in the case of the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara, there is no procedure or application filed by the company that owns the properties, or by any other person, for the purpose of developing a Tourist Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. The closure (clausura) of the works has been ordered on three occasions, and all types of Municipal authorization procedures for this project are suspended. They have verified that no other additional construction has been carried out on the site, and various visits and inspections have been conducted for that purpose. Furthermore, these officials have insisted on filing complaints with the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and have followed up on them.
Finally, they have participated in institutional coordination efforts to address the complaints filed. For its part, in the Regional Health Area (Area Regional de Salud) of Santa Bárbara de Heredia, there is also no procedure or application filed for the purpose of developing that Tourist Project, and they have not granted any permit or authorization for that purpose. The head of the area states that an inspection of the site was conducted and that periodic visits have been deemed necessary. Likewise, at the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), what was granted was the approval of an “Environmental Viability (Viabilidad Ambiental)” for the construction of a project comprising the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (rancho) (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters, and a children's swing set (60 square meters).
There is no approval whatsoever for an Environmental Viability Project for large-scale development. The regional offices of MINAE, in turn, have investigated the complaints filed by private parties and other state institutions, have conducted site inspections, and have carried out the respective measurements to determine the limits of Law 65 of 1888 in the specific case. The latter has allowed them to determine that the real estate properties of Sociedad Lácteos Romero are located on the summit, mid-slope, and lower slopes of Cerro La Concordia, specifically the eastern part of the hill, according to measurements taken with GPS. That of these, the real estate properties that are relevant in this matter lie outside the area established by the Decree-Law of 1888. Only a minimal portion on the northeastern boundary is within the area of the decree (MINAE Report 603). Likewise, they have filed criminal complaints with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) in order for the possible commission of infractions of the Forestry Law (Ley Forestal), Water Law (Ley de Aguas), and Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre) to be investigated, which are in the preparatory phase.
Finally, they have participated in institutional coordination efforts to address the complaints filed. Finally, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) conducted the administrative process, carried out the necessary inspections, and ruled out environmental damage in the zone. For their part, SENARA, INVU, and AyA have not carried out any authorization procedure, nor has one been requested of them. All of the foregoing allows us to state that, to date, we have no elements to support the claim that the authorities have provided a disinterested and ineffective response to the case. As can be seen, any urban development initiative has been halted through integrated efforts, until feasibility can be determined. It has been precisely through the intervention of the respective authorities that all environmental damage has been stopped, and by filing the respective criminal complaints, the potential knowledge of criminal offenses has been transferred to the appropriate legality channel, as is proper.
The authorities have not failed in their obligation to guarantee the protection of the fundamental rights at issue, nor have they failed in their duty of vigilance over the activities carried out on these real estate properties. For the reasons stated, the appropriate course is to dismiss the appeal. Regarding the second point, which refers to defining the scope of the Decree-Law, this Chamber has already ruled on this matter in judgment 2008-12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight—transcribed in relevant part in recital VI of this judgment—and therefore the parties must abide by what was decided therein, such that they have the right to demand compliance with what was ordered therein.
VII.In conclusion.- Based on what was stated in the preceding recital, from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it is not proven that a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment has occurred in this case. Nor are infringements of other constitutional rights observed in the actions of the respondents. However, the respondents are warned of their duty of vigilance regarding any present or potential harm to the environment and the water resources (recurso hídrico) of the zone, so that they may be addressed objectively and conscientiously. Regarding the request to physically delimit the zone established by Law No. 65 of 1888, the parties must abide by what was decided in judgment of this Chamber No. 12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight.
Therefore:
Abide by what was decided in judgment of this Chamber No. 12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight, in that it ordered the physical delimitation of the zone established by Law No. 65 of 1888. Regarding the remaining claims, the appeal is dismissed. Notify.
Ana Virginia Calzada M. Acting Presiding Judge (Presidenta a.i.)
Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
FCC/mquesadach(95)/car.- Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 07:36:28.
* 080070180007CO * Res. Nº 2009-009022 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y once minutos del veintinueve de mayo del dos mil nueve.
Recurso de amparo interpuesto por FABIO RODRIGUEZ ALVAREZ, FERNANDO CALVO RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO ALVAREZ MOLINA, OSCAR ENRIQUE BARRANTES, RAMON DANILO PANIAGUA ARAYA, cédulas de identidad número 0202980278, 0202980278, 0202890966, 0303140904, 0105280071, a favor de LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CARRIZAL, LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARRIZAL DE ALAJUELA, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL Y EL COMITE BANDERA AZUL ECOLOGICA, contra el PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE), LA MINISTRA DE SALUD, EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA, LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL (SETENA) Y EL GERENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).
Resultando:
2. Mediante resolución de las ocho horas y cuarenta y seis minutos del 13 de mayo del 2008, se dio curso al presente Recurso y se tuvo como parte en este recurso de amparo a GUILLERMO ESCALANTE H. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "LACTEOS ROMERO".
10. Informa bajo juramento RICARDO SANCHO CHAVARRIA en su condición de PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (Informe folio 812) lo siguiente: a) Que no se tiene gestión o aprobación de proyectos con los nombres Turístico Montaña Tranquila y El Marro, ubicado en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva 1:50.000 planos catastrados H-1177149-2007, H-1177152- 2007, folios reales 4-031057-000 y 4-107288-000. b) Que su institución desconoce la situación del citado proyecto. c) Que todo proyecto debe venir para su aprobación al AyA de conformidad con la Ley de Planificación Urbana. Solicita se declare sin lugar el recurso en relación a la institución que representa.
Redacta el Magistrado González Quiroga; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso.- Los recurrentes acuden en tutela de su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud de que se inició el desarrollo de un proyecto denominado Proyecto Turístico Montaña Tranquila, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva escala 1:50.000, propiamente sobre las áreas de recarga de los acueductos de las localidades de Cinco Esquinas, Carrizal y parte de Santa Bárbara y Alajuela y dentro de la zona de protección establecida según decreto N° LXV del 30 de julio de 1888, el cual declara inalienables las tierras en que tienen su origen las aguas que abastecen poblaciones de Heredia, Alajuela, Puntarenas y alimentan los mantos acuíferos Colima Superior e Inferior, de los cuáles depende la vida de toda la Gran Area Metropolitana y Puntarenas. Que en este proyecto, han realizado extracciones de material de un tajo, construcción y mejora de caminos y la tierra, producto de los movimientos, la están tirando en la Cuenca de la Conejera, provocando su contaminación.
Todo lo anterior, a pesar de que la Viabilidad Técnica Ambiental otorgada a este proyecto es para la construcción de una caballeriza, una casa para encargado, un rancho, una cabina y un área para columpio y de que el permiso municipal estaba otorgado para la construcción de una tapia y un portón. Por esta razón, la Municipalidad de Santa Bárbara clausuró las obras, pero siguen realizándolas. Considera que la Secretaría Técnica Ambiental no ha cumplido sus funciones.
II.Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1. El 26 de julio de 2006, los señores Fernando Calvo del Programa Bandera Azul Ecológica y Francisco Álvarez de ASADA-Carrizal, solicitan al Consejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, investigar la eliminación de sotobosque de dos zonas boscosas ubicadas en la parte alta de Carrizal, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia, propiamente en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo y efectuar la denuncia ante el Tribunal Ambiental para evitar daños a los recursos hídricos. (Folio 176 e Informe de folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara) 2. El 15 de agosto de 2006, el Consejo Municipal de Santa Bárbara, mediante acuerdo No. 300-06 artículo 3) inciso u), de la sesión ordinaria No. 16 decide por votación unánime, dirigirse al Ministerio del Ambiente y Energía y al Tribunal Ambiental para que se realicen las investigaciones pertinentes en torno a la denuncia indicada.
(Informe folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara) 3. El 23 de agosto del 2006, la Municipalidad de Santa Bárbara emite oficio en que comunica al Tribunal Ambiental administrativo el acuerdo en que solicita que se realicen las investigaciones necesarias en relación con la denuncia mencionada. (Folio 174 e informe de folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara) 4. En fecha no precisa pero posterior a ello, el Tribunal Ambiental Administrativo, asigna a esta denuncia el número de expediente No. 246-06-02-TAA. (Informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 5. El 24 de octubre del 2006, mediante boleta número 464, la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó por primera vez, la clausura de las obras realizadas en las propiedades inmuebles denunciadas, que se ubican en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo, propiedad de la empresa Lácteos Romero S.A., cédula jurídica 3-101-110231-28.
(Folio 568 e informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 6. El 11 de diciembre del 2006, la empresa Lácteos Romero S.A., cédula jurídica 3-101- 110231-28, representada por el señor Guillermo Escalante Henchoz, presentó el Documento de Evaluación Ambiental número D2-1952-2006 ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para el proyecto denominado “Montaña Tranquila” ubicado en las propiedades inmuebles antes descritas, en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo, número de plano H-1105122-2006, número de fincas de folio real 4-107288-000, 4-31057-000 y 4-66142-000. Según esta solicitud, el área neta del proyecto es de 537 metros cuadrados; se abastece de agua de una naciente; el consumo de agua no superaría los 50 metros cúbicos al mes; no se requiere talar árboles; las aguas servidas se tratarán por medio de tanque séptico y los volúmenes de material a remover no superan los 200 metros cúbicos.
(Folio 591; Informe folio 550 de SETENA e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 7. Los terrenos mencionados están ubicados dentro del Aérea Silvestre Protegida denominada Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Poseen 13 nacientes de agua, de ellas, 3 son visibles y permanentes concesionadas ante el Departamento de Aguas del MINAE y las demás son intermitentes y se secan en el periodo del verano y tiene un tajo de existencia previa. (Informe folio 603 del MINAE, Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 8. Ese mismo día, 11 de diciembre del 2006, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), inició el proceso de evaluación ambiental del proyecto, mediante expediente administrativo D-1952-2006-SETENA y mediante oficio SGPDGI-1746-2006 solicitó a Guillermo Escalante Henchoz, la presentación de la descripción detallada del proyecto y el diseño de la obra a desarrollar.
(Folio 589, 590 e Informe folio 550 de SETENA) 9. El 18 de diciembre del 2006, la sociedad descrita, presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), un oficio en que indica que el proyecto contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados. Además contará con un área para ubicar un columpio infantil (60 metros cuadrados). (Folio 583 e Informe folio 550 de SETENA) 10. El 11 de enero del 2007, la oficina del Ministerio de Ambiente y Energía de Heredia, de la Subregión Central (MINAE), recibió denuncia ambiental presentada por varias Asociaciones, sobre el Proyecto “Montaña Tranquila” antes descrito, pero indicando que se está planeando un proyecto de gran envergadura (lotes para quintas, hotel con casino, caballerizas, canopy, entre otros).
(Folio 719 e Informe folio 603 de MINAE) 11. El 19 de enero del 2007, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), realiza el estudio sobre la solicitud recibida y al considerar el proyecto de Bajo Impacto Ambiental Potencial, emite la Viabilidad Ambiental mediante resolución RVLA-087-2007-SETENA en los siguientes términos:
“(…) En relación con el documento de Evaluación Ambiental (D2), el cuál se le asignó el Expediente administrativo número D2-1952-2006-SETENA, presentado por usted ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha:6/01/07, e información adicional presentada el día 18/12/06, correspondiente a la actividad, obra o proyecto denominada: Montaña Tranquila (Area de construcción 537 m2) (…) me permito comunicarle que analizada la información recibida, se ha determinado que la misma cumple con lo establecido en los Decretos Ejecutivos No. 31849-MINAE-MAG-MEIC, del 28 de junio del 2004 y No. 32079-MINAE del 5 de noviembre del 2004. Por lo tanto; Se le otorga Viabilidad Ambiental, quedando abierta la etapa de gestión ambiental. Se le recuerda al Desarrollador que debe cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y la Legislación Ambiental vigente. Se advierte al desarrollador que si llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849 o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la viabilidad ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes (…)”.
(Folio 581; Informe folio 550 de SETENA e Informe folio 603 del MINAE) 12. El 18 de enero del 2007, la Subregión Central del Area de Conservación Coordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizó inspección en las propiedades inmuebles mencionadas y determinó:
“(…) 1. Existe un camino de acceso lastreado que nos lleva hasta la parte donde se ubica la infraestructura. (…) 3. Existe diversa infraestructura ya construida tal es el caso de cabaña, rancho principal, caballeriza, casita restaurada y granja avícola (…) 4. Que existe al menos tres terrazas de las cuales dos están con infraestructura (terraza no. 01, rancho principal, terraza no. 02, caballeriza, casita restaurada, granja avícola) y la última se observa en un estado de nivelación del terreno. (…) 6. Que la raleo no requiere de ningún tipo de aprobación por parte de la administración forestal del estado, siempre y cuando no esté dentro de un Area Silvestre Protegida. Para este caso en particular esta propiedad está dentro de de la Reserva Forestal Coordillera Volcánica Central y requiere tener un estudio de Impacto Ambiental, por parte de Setena. Quiere decir que este aprovechamiento se está dando de forma irregular a vista y paciencia de los compañeros que fueron al lugar y no actuaron como corresponde.
(…) 8. Que la propiedad en cuestión tiene Areas de Protección y que por lo tanto se debe de respetar la Ley Forestal No. 7575, Capítulo IV, Artículo 33 en primera instancia. Además que de acuerdo a las características del terreno los distanciamientos deben ser 15 m y 50 m (…)” (Folio 164 y 713 e Informe folio 603 de MINAE) 13. El 22 de enero del 2007, mediante boleta 534, la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó, por segunda vez, la clausura de las obras realizadas en las propiedades inmuebles denunciadas. (Folio 569 e informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 14. El 9 de julio del 2007, la oficina Subregional del Ministerio de Ambiente y Energía de Heredia, de la Subregión Central (MINAE), recibió denuncia de la construcción de un camino y la contaminación de la cuenca La Conejera, por lo que procedió a hacer una visita al proyecto y mediante oficio OH-703, determinó que había un mejoramiento del camino con tractor, fuera del área de protección, sin encontrar contaminación en la Quebrada “La Conejera”.
(Informe de 603 del MINAE) 15. El 22 de agosto de 2007 la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó por tercera vez, la clausura de las obras realizadas en la propiedad de interés, mediante boleta número 712 y se constató que hasta el momento sólo se había construido una caballeriza, una cabaña, columpios y un rancho, que se levantó video, que se han levantado actas de inspección legal y que todo estaba sin ninguna construcción desde el momento último de clausura. (Folio 134, 135, 570, e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara).
16. El 30 de agosto del 2007, mediante resolución 2902-07-TAA, de las siete horas con veinte minutos de ese día, en expediente No. 246-06-02-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo, solicita a la oficina Subregional de Heredia del MINAE realizar una valoración económica del daño ambiental en el sitio denunciado (Folio 157 e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara) 17. En ese mismo mes, según la Valoración económica del Daño ambiental en el Proyecto “Montaña Tranquila”, realizada por la Oficina Subregional de Heredia del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, del Sistema nacional de Areas de conservación del MINAE, en el expediente administrativo 246-06-02-TAA), se indicó:
“(…) Descripción general del daño.
· Que en un sector de la finca del proyecto denominado Montaña Tranquila, se realizó una corta y chapia (socola), de arbustos y plantas dentro de un área de bosque secundario.
· Que en la propiedad donde se ubica el proyecto denominado Montaña Tranquila, se encuentran importantes cuerpos de agua (dos quebradas), que son captadas para el consumo humano y lecherías.
· El área de bosque afectado se considera en 1 ha.
· Que la eliminación de las áreas de bosque, generó impactos adversos sobre la flora y fauna silvestre existente, suelo; así como de una modificación del paisaje” (…) El valor del daño ambiental causado en el área de bosque en la finca del proyecto Montaña Tranquila, da un monto de 378.987,45 (trescientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete colones con cuarenta y cinco céntimos).(…)” (Ver folio 141) 18. El 10 de setiembre del 2007, funcionarios de la Oficina Subregional Central del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), realizaron inspección al sitio generando el oficio SRC-OH-796, que indicó:
“(…) * En la parte superior de la finca se recorrió un sendero existente que conduce directamente a una catarata, en este sitio se evidenció la rehabilitación parcial de un camino en un tramo estimado en una longitud de 50 metros por dos de ancho, que luego se reducía a unsendero o picada que da directamente a una catarata. En este sector se observó un pequeño claro estimado en 60 mestros cuadrados. Este claro fue producto de la caída natural de un árbol, lo cual los peones de la finca optaron por seccionarlo, despuntarlo y extraerlo de cauce para evitar represamientos.
* Se ingresó al sector del tajo donde en un sitio cercano a una pendiente se había acumulado un montículo de tierra, el cual por la intensidad y frecuencia de las precipitación (lluvia), propia de la época. Se debilitó y se precipitó pendiente abajo, provocando un derrumbe que arrastró parte de la vegetación existente (…)” (Folio 669 e Informe folio 603 de MINAE) 19. El 20 de setiembre del 2007, los funcionarios de la Subregión Central mencionada, mediante oficio SRC-OA-971, solicitaron al señor Rafael Gutierrez, Director del AREA DE CONSERVACION DE CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL del MINAE (ACCVC) nombrar una comisión externa para analizar el caso. (Folio 660 e Informe folio 603 de MINAE) 20. El 1 de octubre de 2007, mediante oficio OAMSB 469-2007, la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia traslada ante el Tribunal Ambiental Administrativo otras denuncias presentadas en torno al proyecto mencionado.
(Folio 131 e Informe folio 114 de la Alcaldía de Santa Bárbara) 21. El 11 de octubre del 2007, los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), interpusieron denuncia penal ante el Ministerio Público de la provincia de Heredia, en contra de los señores Guillermo Escalante Henchoz como representante de la firma Lacteos Romero S.A. y Adriana Soto Kuchn como representante del Proyecto Montaña Tranquila, a fin de que se investigara la posible comisión de los delitos de Violación a la Ley Forestal, Infracción a la Ley de Conservación de vida Silvestre y a la Ley de Aguas. (Folio 181; Informe 114 de la Municipalidad de Santa Bárbara; Informe de folio 101 del Ministerio de Salud e Informe 603 del MINAE) 22. El 12 de octubre del 2007, mediante oficio D-1062 del Ministerio de Ambiente y Energía, Area de Conservación Cordillera Volcánica Central (MINAE) determinó: que los escombros y tierra se están depositando a menos de 50 metros de la micro cuenca; que los trabajos están paralizados; que la tierra depositada afectó el área de protección de la naciente y es responsabilidad de los propietarios; que el tajo se ubica a menos de 50 metros de la naciente captada dentro del área de protección de la naciente y ha sido explotada aunque de manera no extensiva; que no existe un daño severo por la explotación del material; que se encontraron árboles cortados en el área de protección de una quebrada y que de acuerdo a la viabilidad ambiental emitida por SETENA se realizaron más obras de las autorizadas.
Que sólo se ensució un poco, la cuenca que da a 50 metros de la Quebrada las Conejas. (Folio 622, Informe folio 603 del MINAE) 23. El 22 de octubre del 2007, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) recibió la denuncia por parte de varias Asociaciones, de la puesta en marcha de un gran proyecto turístico denominado “Montaña Tranquila”. (Informe folio 550 de SETENA).
24. El 22 de noviembre del 2007, los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ampliaron la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de Heredia. (Folio 613 e Informe folio 603 de MINAE ) 25. El 28 de enero del 2008, mediante oficio OAMSB 107-2008, la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, indicó:
“(…) por el momento no existe ningún permiso de construcción otorgado a la empresa Lácteos Romero, Sociedad Anónima que es la propietaria de los inmuebles mencionados en el proyecto. Que la misma no tiene los visados municipales, en los planos catastrados. Que no hay acceso libre al proyecto por ser calle privada, aunque el propietario del inmueble diga que es calle pública. Que tampoco los planos cumplen con los requisitos para otorgar el uso del suelo. Solamente se le ha otorgado para construcción de tapia y portón. Que las demás obras se encuentran clausuradas rotundamente por nuestra Municipalidad según notificaciones 0712, 0534 y 0464 sin embargo el propietario continúa realizando labores de construcción clandestinamente, pues como dije anteriormente es una propiedad privada de difícil acceso y pese a varios intentos de ingresar mi persona en conjunto con personeros de la asesoría legal de la municipalidad y testigos al proyecto en mención se han negado a darnos el ingreso, de ello constan actas en nuestros expedientes administrativos.
(…)" (Folio 16) 26. El 30 de abril del 2008 los funcionarios de la Asesoría y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), funcionarios de la Municipalidad de Santa Bárbara, del Sistema de Areas de Conservación y los denunciantes iniciaron labores de coordinación para atender las denuncias (Informe folio 550 de SETENA).
27. El 19 de mayo del 2008, mediante informe técnico número RCN-AJ-172-2008, elaborado por la Región Central Norte del Ministerio de Salud, sobre la “Inspección del Proyecto Turístico Montaña Tranquila, se concluyó:
“(…) Durante la visita atendió el sr. David Chanto encargado, el cuál explicó de manera detallada la situación y descripción del proyecto. Según Chanto el área total de la propiedad son 226 hectáreas y el proyecto consiste en la futura construcción de una urbanización en la cual por el momento se están vendiendo lotes de 7000 metros cuadrados. Se trata de un proyecto residencial que se pretende realizar en los altos de las montañas.(…) los senderos que rodean la montaña fueron lastreados haciendo más accesible el ingreso, existe un rancho de maderas en pino tipo rústico, equipado y acondicionado. Una casa acondicionada y equipada donde vive una pareja que administra y cuida del lugar. Existe también una caballeriza y a lo largo del camino también se observan dos o tres cabañas sin uso (…) LEGALIDAD DEL PROYECTO: Los avances antes dichos fueron construidos según lo indicado por las autoridades de la municipalidad, sin ningún tipo de permiso, no tiene ni visado de planos ni permiso de construcción.
En cuanto al Ministerio de Salud, no existen permisos otorgados en el Area Rectora, ni en la Dirección Regional Central Norte (…) Conclusiones: 1) El proyecto turístico Montaña Tranquila, es una zona que debería permanecer protegida y con restricciones consecutivas, debido a sus condiciones, y a la importancia para la conservación de la flora, la fauna y el recurso hídrico. 2) Montaña Tranquila no cuenta con los permisos ni los documentos establecido para todo tipo de actividades. Recomendaciones: Se recomienda efectuar visitas periódicas al Proyecto Montaña Tranquila, con el fin de dar un seguimiento adecuado a este caso y tomar las medidas que correspondan con base en el articulo 355 y 356 de la Ley General de Salud, para que se ordene la suspensión de cualquier tipo de obra en el lugar, incluyendo el movimiento de tierras y las mejoras del camino que da acceso a la propiedad (…)”. (Folio 111 e Informe de folio 101 del Ministerio de Salud) 28.
El 27 de mayo del 2008, a las 9 horas 29 minutos, funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo realizaron inspección a las propiedades inmuebles es cuestión y determinaron que no se observó en la zona de bosque y sotobosque la corta de árboles y lo que se denotan son árboles enfermos y deteriorados. (Folio 855) 29. El 19 de junio del 2008, mediante resolución 576-08-TAA de las siete horas con veinte minutos de ese mismo día, en expediente 246-06-02-TAA, el Tribunal Ambiental administrativo resolvió:
“(…) Considerando Unico: Que visto el informe de inspección ocular realizada por los funcionarios de este Tribunal Ambiental Administrativo el día 27 de mayo del 2007 a las 9:29 horas, que corre agregado a folio 154, en donde se establece que no se observó en la zona de bosque y sotobosque la corta de árboles y lo que se denotan son árboles enfermos y deteriorados, se procede a desestimar la presente denuncia (…) SE ACUERDA: Proceder a desestimar la denuncia planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara, los señores Fernando calvo, en su condición de representante del programa BAE, señor Francisco Alvarez, en su condición de representante de la ASADA de carrizal, Freddy Valerio Segura, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de heredia del Area de Conservación Cordillera Volcánica central y las ASADAS y las asociaciones de desarrollo de Carrizal y Cinco esquinas del Cantón Central de Alajuela y archivar el expediente administrativo número 246-06-02-TAA (…)” (Folio 210) 30.
Que la oficina Subregional Central de Heredia del Ministerio de Energía y Minas (MINAE), determinó que las propiedades inmuebles de la Sociedad Lácteos Romero se encuentran en la cumbre, parte media y faldas del cerro La Concordia, específicamente parte este del cerro, de acuerdo a las mediciones realizadas con el GPS. Que de éstas, las propiedades inmuebles que comprenden el proyecto en cuestión, quedan fuera del área establecida mediante el Decreto de Ley de 1888. Sólo existe una mínima parte en límite noreste que se encuentra dentro del área del decreto. (Informe 603 del MINAE) 31. Que en la Municipalidad de Santa Bárbara y la Comisión Interinstitucional de micro cuencas de Heredia CIMH-2005, no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin.
Que desde el oficio OAMSB-290-2008 tiene suspendido todo tipo de trámite de autorización Municipal para este proyecto. (Informe folio 114 del Alcalde Municipal de Santa Bárbara) 32. Que en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. (Informe de Folio 543 del INVU) 33. Que en el Area Regional de Salud de Santa Bárbara de Heredia, no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. (Folio 104, Informe de folio 101 del Ministerio de Salud) 34.
Que en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila”, lo que existe es la aprobación de una Viabilidad Ambiental para la construcción de un proyecto que contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados y un columpio infantil (60 metros cuadrados). (Folio 589, 590 e Informe folio 550 de SETENA) 35. Que el proyecto Montaña Tranquila, se publicita en Internet como sitio en venta de lotes. (Informe folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara de Heredia) 36. Que en la Fiscalía de San Joaquín de Flores de Heredia se encuentran en Fase preparatoria, los procesos penales 07-003210-369-PE y 08-002865-369-PE, contra ADRIANA SOTO KUHN y GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, por los delitos de de Violación a la Ley Forestal, Infracción a la Ley de Conservación de vida Silvestre y a la Ley de Aguas.
Se tienen por indemostrados los siguientes hechos:
1. Que se realizó extracción de material del tajo ubicado en las propiedades mencionadas y que la tierra producto de los movimientos fue tirada a menos de 50 metros de la naciente en la Cuenca de la Conejera.
2. Que las autoridades recurridas no hacen inspecciones para constatar las situaciones denunciadas, ni le han dado seguimiento al caso.
3. Que la realización de las obras construidas bajo el amparo de la Viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, haya provocado lesión a los derechos fundamentales o al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
IV.DEL DEBER DE PROTECCION ESTATAL AL AMBIENTE.- La posición de esta Cámara sobre el deber de protección estatal al ambiente, ha enfatizado en que el derecho a un ambiente sano y equilibrado, obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, a tomar las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen que se adopten las medidas de precaución que se estimen convenientes para que esa afectación no se produzca, e inclusive permiten posponer la actividad de que se trate, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y sociales nocivas, la coacción a posteriori resulta ineficaz, y no tendría más que trascendencia moral, pues difícilmente compensaría los daños ocasionados al ambiente.
En este orden de ideas, el principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente. Así pues, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente. El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El país cuenta actualmente, con una abundante legislación de desarrollo entre las que podemos citar entre otras: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas y Ley de Planificación Urbana. Estas normativas, y otros similares que pueden adicionarse, materializan la obligación estatal en la protección del ambiente como derecho fundamental. Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración (sentencia número 1763-94, de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994.). En este sentido se ha dicho:
"(…) La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)" (Sentencia número sentencia número 2002-04830 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil, criterio reiterado en la sentencia 2002-8996 de las diez horas con catorce minutos del seis de setiembre de dos mil dos).
Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar, que si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos al trabajo y a la empresa privada, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad.
Propiamente SOBRE LA TUTELA AL RECURSO HÍDRICO, esta Sala ha indicado en sentencia 2008-12583 de las quince horas y dos minutos del diecinueve de agosto del dos mil ocho:
“(…) V.- Sobre la tutela de los recursos hídricos, ante el problema de la escasez del agua. Ya en reiteradas ocasiones este Tribunal ha analizado la importancia de la tutela de los recursos hídricos subterráneos, en virtud de la escasez, cada vez mayor, del preciado líquido. Sobre el particular, resulta de relevancia lo dispuesto por la sentencia número 2008-12109 de las quince horas con dieciséis minutos del cinco de agosto de dos mil ocho, en la que se señaló en lo que interesa:
"V.-Sobre el problema de la escasez del agua. Durante los últimos años, el tema del acceso al agua se ha convertido en un problema de índole mundial, en razón de la escasez, cada vez mayor, del preciado líquido. Según el segundo Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, unas mil cien millones de personas, no tienen acceso al agua potable en el mundo, número que aumenta cada día más en razón de la contaminación o desaparición de las fuentes que abastecen al planeta. En el informe antes mencionado, se señala que más de cuatro mil niños mueren a diario por enfermedades provocadas por la falta de agua potable, como es por ejemplo la diarrea, que mata al año más de un millón ochocientas mil personas, la mayoría de ellas menores de cinco años. Asimismo, se menciona que para el año dos mil veinticinco, dos mil setecientos millones de personas –equivalente a un tercio de la población mundial-, tendrán problemas de escasez de agua, situación que podría generar catástrofes demográficas nunca antes vistas.
La Organización de las Naciones Unidas, considera que cada año se podría salvar la vida un millón seiscientas mil personas si se les ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable, no obstante en la mayoría de las regiones del mundo no se han adoptado aún las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo. En el caso concreto, de América Latina, diversos estudios consideran que más de sesenta millones de personas no tienen acceso al agua potable de la región, esto a pesar de que América del Sur alberga sólo el seis por ciento de la población mundial, y disfruta del veintiséis por ciento de los recursos hídricos del planeta. Los datos antes expuestos generan gran preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha llamado a los distintos gobiernos del orbe, a adoptar las medidas del caso a efecto de mitigar en sus territorios la problemática descrita con anterioridad.
VI.Sobre las aguas subterráneas y su protección. Las aguas subterráneas se han convertido en el principal medio de abastecimiento público en la región Centroamericana, ya que la mayoría de las fuentes superficiales han sido contaminadas por la acción del hombre. En el caso concreto de Costa Rica, se estima que aproximadamente un setenta por ciento del agua que consumen a diario los habitantes del país, proviene de las aguas subterráneas, situación que hace ver la importancia de proteger este recurso. Precisamente sobre este tema en particular, resulta de relevancia señalar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia número 2004-01923, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, en la que se indicó en lo que interesa:
“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas.
El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas.
El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.
El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972).
En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.” De lo expuesto anteriormente, se deduce la importancia que tienen las aguas subterráneas como medio de garantizar el acceso del agua potable a gran parte de la población nacional. Por lo anterior, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar la protección de las mismas, mediante el uso de las potestades que al efecto le otorga el Ordenamiento Jurídico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional. (…)
VI.Sobre el caso concreto. Resulta incuestionable que el turismo se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes de Costa Rica, de ahí que no se pueda negar su importancia para la economía del país. No obstante lo anterior, dicha actividad, al igual que cualquier otra, no puede ser eximida del cumplimiento de los controles y requisitos dispuestos por la legislación nacional, pues de hacerlo se pondrían en riesgo una serie de derechos que son tutelados por el ordenamiento jurídico, y que como tales merecen protección por parte del Estado. En el caso concreto, se tiene por probado que el Ministerio de Ambiente y Energía procedió a oficializar el proyecto denominado Infraestructura para el Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Barva, SINAC- MINAE, con el fin de dotar al Parque Nacional Braulio Carrillo de la infraestructura necesaria para recibir turistas a lo largo del año, sin embargo de los elementos aportados a los autos se deduce que el citado proyecto se inicio sin contar con la totalidad de estudios técnicos necesarios a efecto de garantizar que el mismo no produjera daño alguno en la zona donde se ubica, la cual alberga gran parte de los mantos acuíferos que abastecen de agua a la población del Gran Área Metropolitana. (…) “
En sentencia 2008-004790 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, esta Sala indicó:
“(…) III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).(…)”
En torno a este aspecto, esta Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia 2008-12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.
“(…) V.-Sobre el decreto ley número 65. Por medio del decreto ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el legislador ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José, disponiendo para tal efecto en lo que interesa lo siguiente:
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela,
DECRETA:
Art. 1°—Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.
Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique.
Tal y como se desprende de la lectura de la norma de cita, la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública, tal y como lo ha sostenido este Tribunal en una serie de pronunciamientos, como es el caso de la sentencia número 422-96 del veintidós de enero de dos mil seis, en la que se señaló en lo que interesa:
“(…)El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comuni_dad, al interés público.- Se trata de bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invaria_blemente es esencial en virtud de norma expresa. Por ello, son sus caracte_rís_ti_cas el ser inalie_nables, impres_criptibles, inembarga_bles; no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamien_to, no un derecho a la propiedad. (…)”
VI.Partiendo de lo externado en los considerandos anteriores, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas. En lo que respecta al Estado Costarricense, se tiene por probado que a lo largo de los años, éste no ha realizado las labores correspondientes a efecto de delimitar la zona comprendida por la ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho, con el fin de garantizar que en dicho lugar no se llevara a cabo ningún tipo de actividad humana y cumplir así con la pretensión que tenía el legislador al momento de dictar la norma de cita. Dicha inercia se mantiene incluso hasta la actualidad, pues el Ministerio de Ambiente y Energía, como autoridad encargada de velar por los recursos naturales del país, ha incumplido con su labor de delimitar y vigilar en forma efectiva, la franja de terreno establecida por la ley número 65, ello a pesar de que el legislador afectó dicha zona al dominio público con el fin de crear un área libre de cualquier tipo de injerencia de particulares, intención que no se ha cumplido a la fecha, ya que en los autos consta que incluso se han otorgado permisos de construcción en el terreno de cita.
En el caso de las municipalidades accionadas, se deduce de la prueba aportada al expediente que dichas corporaciones han otorgado permisos de construcción en la zona comprendida por el decreto ley número 65, situación que vulnera no sólo el deseo que tenía el legislador al momento de promulgar la norma de cita, sino que además violenta lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, en razón de lo expuesto anteriormente. Conviene mencionar, que si bien en la ley número 65 no se establece claramente el grado de limitación al que estaba sometida la zona establecida por dicha ley, lo cierto es que en aplicación del principio de indubio pro natura, y tomando en cuenta el espíritu de la norma de cita, esta Sala considera que debe entenderse que dicha protección es total, por lo que no puede otorgarse ningún tipo de permiso o concesión en dicha franja de terreno. Asimismo, estima este Tribunal que ninguna de las autoridades recurrida puede alegar desconocimiento de lo dispuesto por la ley número 65, pues si bien ha transcurrido más de un siglo desde que la misma fuera creada, lo cierto es que dicha norma mantiene aún su vigencia, tal y como se deduce de la Opinión Jurídica número OJ-118-2004 de la Procuraduría General de la República.
Así, en razón de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este extremo, ordenando al Ministerio recurrido coordinar lo correspondiente con el Instituto Geográfico Nacional para delimitar físicamente la zona comprendida por la ley antes citada, para luego recuperar los terrenos que se encuentren ahí y que estén siendo ocupados por particulares; y a las municipalidades accionadas abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso dentro del perímetro establecido por la ley número 65. (…) Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; (…) Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia,(…) lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada.
(…) Se condena al Estado y a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vasquez de Coronado al pago de las costas daños y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso. (…)” (El subrayado no pertenece al original)
Los recurrentes acuden en tutela de su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud de que se inició el desarrollo de un proyecto denominado Proyecto Turístico Montaña Tranquila, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva escala 1:50.000, propiamente sobre las áreas de recarga de los acueductos de las localidades de Cinco Esquinas, Carrizal y parte de Santa Bárbara y Alajuela y dentro de la zona de protección establecida según decreto N° LXV del 30 de julio de 1888, el cual declara inalienables las tierras en que tienen su origen las aguas que abastecen poblaciones de Heredia, Alajuela, Puntarenas y alimentan los mantos acuíferos Colima Superior e Inferior, de los cuáles depende la vida de toda la Gran Area Metropolitana y Puntarenas. Que en este proyecto, han realizado extracciones de material de un tajo, construcción y mejora de caminos.
Además la tierra, producto de los movimientos, la están tirando en la Cuenca de la Conejera, provocando su contaminación. Todo lo anterior, a pesar de que la Viabilidad Técnica Ambiental otorgada a este proyecto es para la construcción de una caballeriza, una casa para encargado, un rancho, una cabina y un área para columpio y de que el permiso municipal estaba otorgado para la construcción de una tapia y un portón. Por esta razón, la Municipalidad de Santa Bárbara clausuró las obras, pero siguen realizándolas. Considera que la Secretaría Técnica Ambiental no realiza las inspecciones debidas. En el sub lite, son dos los planteamientos sustanciales de los recurrentes. El primero, que se ha producido un daño al ambiente en el proyecto “Montaña Tranquila”, lugar en el que además se planea construir un proyecto turístico de grandes dimensiones que afectará los mantos acuíferos de la zona y que las autoridades no han efectuado las acciones de control para evitarlo.
El segundo, que deben delimitarse los alcances y límites del Decreto Ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho en esta zona. Sobre el primer punto, considera esta Cámara constitucional, que de los informes rendidos por los representantes de la autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que no existen sustentos probatorios para estimar que se ha producido la infracción que se acusa. Efectivamente, no se cuenta con evidencia que respalde lo expuesto por los recurrentes, sino todo lo contrario. Al analizar individualmente las actuaciones de las autoridades recurridas, se observa, que en el caso de la Municipalidad de Santa Bárbara no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin.
Se ha efectuado la clausura de las obras en tres oportunidades y se tiene suspendido todo tipo de trámite de autorización Municipal para este proyecto. Han constatado que no se ha efectuado ninguna otra construcción adicional en el sitio y se han realizado diversas visitas e inspecciones con ese fin. Además estos funcionarios han insistido en realizar denuncias ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ante el Tribunal Ambiental Administrativo y les ha dado seguimiento. Finalmente, han participado en labores de coordinación institucional para atender las denuncias presentadas. Por su parte, en el Area Regional de Salud de Santa Bárbara de Heredia, tampoco existe ningún trámite o solicitud realizado con el fin de desarrollar ese Proyecto Turístico y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. La jerarca indica que se realizó inspección al sitio y que se han estimado necesarias las visitas periódicas Asimismo, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), lo que se otorgó es la aprobación de una “Viabilidad Ambiental” para la construcción de un proyecto que contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados y un columpio infantil (60 metros cuadrados).
No hay aprobación alguna de un Proyecto de Viabilidad Ambiental para un desarrollo de gran escala. Las oficinas regionales del MINAE, a su vez, han investigado las denuncias interpuestas por particulares y por otras instituciones estatales, han realizado inspecciones al sitio y han efectuado las mediciones respectivas para determinar los límites de la Ley 65 de 1888 en el caso concreto. Esto último les ha permitido determinar que las propiedades inmuebles de la Sociedad Lácteos Romero se encuentran en la cumbre, parte media y faldas del cerro La Concordia, específicamente parte este del cerro, de acuerdo a las mediciones realizadas con el GPS. Que de éstas, las propiedades inmuebles que interesan en este asunto, quedan fuera del área establecida mediante el Decreto de Ley de 1888. Sólo existe una mínima parte en límite noreste que se encuentra dentro del área del decreto. (Informe 603 del MINAE).
Asimismo, han interpuesto ante el Ministerio Público las denuncias penales a fin de que se investigue la posible comisión de infracción a la Ley Forestal, ley de Aguas y Vida silvestre, las que se encuentran en fase preparatoria. Por último, han participado en labores de coordinación institucional para atender las denuncias presentadas Finalmente, el Tribunal Ambiental Administrativo efectuó el proceso administrativo, realizó las inspecciones necesarias y descartó el daño ambiental en la zona. Por su parte, SENARA, INVU y AyA no han efectuado ningún trámite de autorización ni les ha sido solicitado. Todo lo anterior, permite afirmar, que hasta el momento no contamos con elementos que permitan sostener que las autoridades han brindado una atención desinteresada e ineficaz al caso. Como se aprecia, toda iniciativa de desarrollo urbanístico, ha sido detenida en una labor integrada, hasta tanto se determinen las factibilidades.
Ha sido precisamente por la intervención de las autoridades respectivas que todo daño ambiental ha sido detenido y al efectuar las denuncias penales respectivas, se ha trasladado a la vía idónea de legalidad, el conocimiento eventual de ilícitos penales, tal como corresponde. Las autoridades no han faltado a su obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de interés y tampoco han faltado al deber de vigilancia de las actividades realizadas en estas propiedades inmuebles. Por las razones expuestas lo procedente es declarar sin lugar el recurso. En cuanto al segundo punto, que está referido a definir los alcances del Decreto ley, ya esta Sala se pronunció al respecto en sentencia 2008-12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho –transcrita en lo conducente en el considerando VI de esta sentencia- y por ello deberán las partes estarse a lo ahí resuelto, de manera tal que les asiste el derecho de exigir el cumplimiento de lo ahí ordenado.
VII.En conclusión.- Tomando como base lo dicho en el considerando anterior, de los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, no se comprueba que en este caso se ha producido una violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco se observan infracciones a otros derechos constitucionales en las actuaciones de los recurridos. No obstante, se advierte a los recurridos del deber de vigilancia que les asiste ante cualquier vulneración presente o potencial al ambiente y al recurso hídrico de la zona, para que de manera objetiva y consciente sean atendidas. En torno a la solicitud de delimitar físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, deberán las partes estarse a lo resuelto en sentencia de esta Sala número 12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.
Por tanto:
Estese a lo resuelto en sentencia de esta Sala número 12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho, en tanto ordenó delimitar físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888. En torno a los demás alegatos, se declara sin lugar el recurso. Notifiquese.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i.
Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
FCC/mquesadach(95)/car.-
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