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Res. 11900-2007 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/08/2007
OutcomeResultado
The majority dismissed the appeal for lack of proven current environmental harm, but reminded the Municipality of its duty to issue a regulatory plan. The dissenting vote partially granted the amparo to order the immediate drafting of the regulatory plan.La mayoría declaró sin lugar el recurso por no acreditarse lesión actual al ambiente, pero recordó a la Municipalidad su deber de emitir un plan regulador. El voto salvado acogió parcialmente el amparo para ordenar la inmediata elaboración del plan regulador.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of Tibás against the Municipal Mayor, alleging a violation of the right to a healthy environment due to the reactivation of a commercial patent for Laquinsa, a company formulating agrochemicals in a residential area. The plaintiff argued that the company lacked a land-use certificate, generated pollution, and that the municipal decision ignored a prior ruling by the Contentious-Administrative Court denying a new patent. The majority dismissed the appeal, holding that no concrete environmental harm was proven and that the municipal act merely corrected an administrative error; it also declined to review the substance of sectoral permits given the summary nature of amparo. Nevertheless, the judgment unanimously reminds municipalities of their constitutional duty to issue regulatory plans to organize land use and protect the environment, given the municipality's inaction. The dissenting minority would have partially granted the appeal to immediately order the drafting of a regulatory plan based on the precautionary principle, recognizing that its absence could cause environmental damage.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una vecina del cantón de Tibás contra la Alcaldía Municipal, alegando violación de su derecho a un ambiente sano por la reactivación de la patente comercial de la empresa Laquinsa, dedicada a la formulación de agroquímicos en una zona residencial. La recurrente argumentó que la empresa carecía de certificado de uso de suelo, generaba contaminación y que la decisión municipal desconocía un fallo previo del Tribunal Contencioso Administrativo que denegó una nueva patente. La Sala, en voto de mayoría, declaró sin lugar el recurso al considerar que no se demostró una lesión concreta al ambiente ni arbitrariedad en el acto municipal, que corrigió un error administrativo; además, se abstuvo de revisar el fondo de las autorizaciones sectoriales por exceder la naturaleza sumaria del amparo. Sin embargo, la sentencia unánimemente recuerda la obligación constitucional de las municipalidades de emitir planes reguladores para ordenar el uso del suelo y proteger el ambiente, ante la inercia del municipio. El voto salvado minoritario habría acogido parcialmente el recurso para ordenar de inmediato la elaboración del plan regulador con base en el principio precautorio, al reconocer que su ausencia podría causar daño ambiental.
Key excerptExtracto clave
Considering VI.- Notwithstanding the foregoing, this Court must refer to the power of Municipalities to prepare and approve Regulatory Plans for their canton for the better ordering not only of resources but also of needs and sustainable development. (...) In this specific case, this Court observes inertia on the part of the Municipal Administration of Tibás in failing to issue any Regulatory Plan, which could eventually cause environmental damage. Under this thesis, this Chamber reminds the respondent Municipality of the importance of issuing a Regulatory Plan to fully comply with Articles 50 and 169 of the Constitution. Considering VIII.- Conclusion. For the reasons stated above, this Chamber does not find any injury to the fundamental rights of the petitioner, specifically to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment; therefore, the appropriate course is to dismiss the appeal, as hereby ordered. (...) Nonetheless, this Court reminds the respondent Municipality of the need to issue the respective Regulatory Plan as soon as possible, in order to properly organize the canton. Dissenting Vote of Judges Vargas, Jinesta and Cruz: "If the majority of the Chamber acknowledges in considering VI that the absence of a Regulatory Plan may harm the environment, then it is clear that the appeal should have been granted on that point, by virtue of the precautionary principle or prudent avoidance in environmental matters."Considerando VI.- No obstante lo esbozado en el considerando anterior, este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de las necesidades y desarrollo sostenible. (...) En el caso concreto este Tribunal observa una inercia por parte de la Administración Municipal de Tibás, al no emitir Plan Regulador alguno, lo que podría eventualmente producir un daño al ambiente. Bajo esta tesis, esta Sala recuerda a la Municipalidad recurrida la importancia de la emisión de un Plan Regulador, para dar cabal cumplimiento al contenido de los artículos 50 y 169 constitucional. Considerando VIII.- Conclusión. Por las razones indicadas en los considerandos anteriores, esta Sala no estima que exista lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, específicamente al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. (...) No obstante lo anterior, este Tribunal le recuerda al Municipio recurrido, la necesidad de emitir el Plan Regulador respectivo a la mayor brevedad posible, con el fin de ordenar el cantón como corresponde. Voto Salvado de los Magistrados Vargas, Jinesta y Cruz: "Si la mayoría de la Sala reconoce en el considerando VI que la inexistencia de un Plan Regulador puede dañar el ambiente, pues es claro que el recurso debió ser declarado con lugar en ese extremo, en virtud del principio precautorio o de evitación prudente en materia ambiental."
Pull quotesCitas destacadas
"En el caso concreto este Tribunal observa una inercia por parte de la Administración Municipal de Tibás, al no emitir Plan Regulador alguno, lo que podría eventualmente producir un daño al ambiente."
"In this specific case, this Court observes inertia on the part of the Municipal Administration of Tibás in failing to issue any Regulatory Plan, which could eventually cause environmental damage."
Considerando VI
"En el caso concreto este Tribunal observa una inercia por parte de la Administración Municipal de Tibás, al no emitir Plan Regulador alguno, lo que podría eventualmente producir un daño al ambiente."
Considerando VI
"Si la mayoría de la Sala reconoce en el considerando VI que la inexistencia de un Plan Regulador puede dañar el ambiente, pues es claro que el recurso debió ser declarado con lugar en ese extremo, en virtud del principio precautorio o de evitación prudente en materia ambiental."
"If the majority of the Chamber acknowledges in considering VI that the absence of a Regulatory Plan may harm the environment, then it is clear that the appeal should have been granted on that point, by virtue of the precautionary principle or prudent avoidance in environmental matters."
Voto Salvado
"Si la mayoría de la Sala reconoce en el considerando VI que la inexistencia de un Plan Regulador puede dañar el ambiente, pues es claro que el recurso debió ser declarado con lugar en ese extremo, en virtud del principio precautorio o de evitación prudente en materia ambiental."
Voto Salvado
"Esta Sala recuerda a la Municipalidad recurrida la importancia de la emisión de un Plan Regulador, para dar cabal cumplimiento al contenido de los artículos 50 y 169 constitucional."
"This Chamber reminds the respondent Municipality of the importance of issuing a Regulatory Plan to fully comply with Articles 50 and 169 of the Constitution."
Considerando VI
"Esta Sala recuerda a la Municipalidad recurrida la importancia de la emisión de un Plan Regulador, para dar cabal cumplimiento al contenido de los artículos 50 y 169 constitucional."
Considerando VI
"Esta Sala no estima que exista lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, específicamente al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso."
"This Chamber does not find any injury to the fundamental rights of the petitioner, specifically to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment; therefore, the appropriate course is to dismiss the appeal."
Considerando VIII
"Esta Sala no estima que exista lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, específicamente al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
II.Purpose of the appeal. The appellant comes before this Chamber to safeguard her fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as set forth in Article 50 of the Political Constitution, as she considers that the decision of the Municipality of Tibás to reactivate the patent of the company Laquinsa is contrary to law and to the ruling of the Administrative and Civil Treasury Court, which confirmed the denial of a new patent. She considers that the company should not be located in a residential zone, since it carries out industrial work, stores hazardous materials, and emits foul odors. She notes that the protected company does not have a land-use certificate; nevertheless, it obtained Sanitary Operating Permit No. ARST-040-05.
III.On the joinders. Joinder is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the principal parties; consequently, anyone who has a direct interest in the outcome of the appeal is authorized to act as a coadjuvant. In this regard, Article 34, paragraph three, of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that anyone with a legitimate interest in the outcome of the appeal may appear and intervene in it as a coadjuvant of the appellant or the respondent. Thus, joinder is the procedural avenue to allow someone who could be harmed by an adverse judgment to lend their assistance (coadyuvar) to the party with a coinciding interest to facilitate the success of their claim, and it does not constitute an independent party or a joint litigant, but merely an adherent without procedural standing to sue in the same proceeding. In the case under study, at folio 268 of the file, residents of the canton of Tibás appear to present a joinder in favor of the protected party Alba Muñoz.
Likewise, at folio 559 of the file, employees of the company Laquinsa appear to file a joinder in favor of the protected company. This Chamber considers that the effects of this Judgment would indeed cover the coadjuvants herein, by virtue of their status as persons potentially affected by the alleged contamination from the Laquinsa company, and as workers thereof, who possess a legitimate interest.
IV.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution, aside from imposing upon the State the obligation to protect the fundamental right to a healthy environment against acts or threats from third parties, imposes upon it the duty to act in accordance with the environmental conservation policies adopted through laws and treaties. In this regard, in judgment number 2001-13294 at twelve hours and five minutes on December twenty-first, two thousand one, this Chamber considered:
"Introduced so stringently in the Constitution, in its express formulation, the fundamental right to the environment is composed, as legal doctrine usually recognizes, of a bundle of positions of very different types. As far as it concerns the position of the State, which is what is important for now, the fundamental right to the environment begins by imposing limits on its actions, limits that, in concrete terms, must be considered and set according to the circumstances; because logically the State, obligated to guarantee, defend, and preserve that right, cannot but omit certain interventions on its part that affect the environment, even if they were lawful or intended to pursue legitimate purposes (as is the case, for example, with the exploitation of petroleum deposits or other hydrocarbon substances), if as a result of them that right suffers (or may suffer) in the integrity that the Constitution recognizes for it.
But the fundamental right to the environment is also a right to positive actions from the State. It is, among other things, a right to its protection against third parties, which includes protection through the exercise of the State's punitive power." In view of the foregoing, environmental protection by the State implies, first, the imposition of limits on its own actions, in an effort to guarantee all citizens a healthy and ecologically balanced environment, which means that the State and its institutions must refrain from damaging the ecosystem by their own means, must avoid engaging in acts that harm that right, even when their interventions "were lawful or intended to pursue legitimate purposes." Second, this environmental protection implies the adoption by the State of intervention measures against possible and preventable damages that third parties may cause to natural resources.
V.On the actions of the Municipality of Tibás. In the present case, the Mayor of the Municipality of Tibás, by resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, ordered the Department of Patents to activate the commercial patent of Laboratorios Químicos Industriales S.A. (LAQUINSA) and to proceed with the collection. This decision was based on the company's history, given that it had been granted the commercial patent in 1971. Subsequently, by agreement III of Session 313 of July 20, 1993, the exemption from Payment of the Patent Tax was approved for a period of ten years, as it enjoyed the benefit granted by the Free Zone Regime which classified it as an Export Processing Industry. However, the Administration expressly acknowledges that, due to its own error, the Patent was withdrawn from the respondent company and its file was archived; likewise, the Patent was not reviewed at the ten-year mark when it expired, namely in the year 2003.
The Municipal Mayor of Tibás alleges in the report rendered under oath that the representatives of the Laquinsa Company originally requested a new patent, which was rejected by the Municipal Council in session 150 of March 15, 2005, given that the Company had held the patent since 1971, which is why it considered the appropriate action was to renew the Patent, as it did, and not to issue a new one. Regarding this matter, the appellant accuses that the resolution of the Municipality of Tibás at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, is illegitimate because it contravenes the ruling of the Administrative Court, Third Section of the Second Judicial Circuit in judgment number 329 of October fourteenth, two thousand five, which confirms the resolution of session 150 of March 15, 2005, of the Municipal Council of Tibás, which denied the application for a new Patent submitted by the representatives of the Laquinsa Company.
In this sense, this Chamber must warn that it is not a controller of legality, and therefore it is not its role to indicate whether a resolution issued by a municipal authority contravenes or not what was ordered in a jurisdictional venue. Likewise, it is not within its competence to evaluate the fulfillment of requirements for the respective Municipality to grant the Patents required for a company's operation, and thus it can in no way question the substance of the resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six. However, this Chamber does observe that the resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, was signed in an effort to correct an error that the Municipal Administration itself indicates it committed; that is, it was issued with the purpose of righting a matter that was not in order, which cannot be considered arbitrary, unlike the act of erroneously archiving the file containing Laquinsa's original operating patent.
In addition to this, this Court must rule on the allegation regarding whether the Laquinsa company is poorly or well located, in the sense that an Industry cannot be located within a Residential Zone; on this matter, and due to the non-existence of a Regulatory Plan in the area of Tibás where the company subject of this amparo appeal is located, this Chamber cannot determine the appropriateness of the Laquinsa company's location, as doing so is beyond its competence. Furthermore, in the report rendered under oath, the municipal authorities indicate that the Laquinsa company has been patented for thirty-six years, so the appellant built or bought her property knowing that the company was her adjoining neighbor. Finally, regarding the lack of a land-use certificate, in official communication number DPAT-0683-2006 of October seventeenth, two thousand six, visible at folio 180 of the administrative file provided by the Municipality of Tibás, the person in charge of patents in the Department of Patents informs the Municipal Mayor that when the Patent was granted in 1971, it was verified that the Laquinsa Company had the respective land-use permit, a requirement for granting it.
In conclusion, if the petitioner believes there is any irregularity in the granting of the Patent, such as a lack of requirements or others, she must file her disagreement through the pertinent administrative channels and not before this Chamber.
VI.Despite what was outlined in the previous recital, this Court must refer to the power of Municipalities to draft and approve the Regulatory Plans for their canton for the better planning not only of resources but also of needs and sustainable development. Thus, by Article 169 of the Political Constitution, Municipalities are vested not only with the power but also the duty to guarantee, defend, and preserve social order and the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, from the constitutional mandate entrusted to local governments regarding the administration of local interests and services arises the obligation to ensure a social and urban planning order within their territorial jurisdiction. By virtue of this generic competence, local governments are responsible for making necessary provisions so that the enjoyment of public resources –such as streets, parks, etc.– is carried out in an orderly manner, always maintaining a harmonious relationship.
From the foregoing, it is clear that municipalities are responsible for exercising not only oversight functions but also the function of creating plans through which they concretely establish the standards to be respected in their specific territorial circumscription. Therefore, the development of so-called regulatory plans is necessary, as they develop matters related to land use for specific activities –residential, commercial, industrial, protection, etc.– and the urban environment –condition of buildings–, in summary, everything protected by constitutional numeral 50. In the specific case, this Court observes inertia on the part of the Municipal Administration of Tibás in failing to issue any Regulatory Plan, which could eventually cause environmental damage. Under this thesis, this Chamber reminds the respondent Municipality of the importance of issuing a Regulatory Plan, to fully comply with the content of constitutional articles 50 and 169.
VII.On the actions of the authorities of the Ministry of Health. Regarding the work carried out by the authorities of the Ministry of Health, it is noted that on September first, two thousand four, an inspection was conducted at the Laquinsa Company in Llorente de Tibás, from which it emerged that the Agrochemical Production Area did not maintain the required setbacks (retiros) from adjoining properties. As a result, Sanitary Order No. 61004 was issued, effective from October seventh to nineteenth, two thousand four, ordering the Laquinsa Company to comply with the setbacks from adjoining properties. Based on this, the company's representatives submitted a schedule of corrective actions, which was approved in official communication number UPAH-RCS-235-2004, and based on this, the sanitary operating permit number ARST-040-05 was granted. In addition, on March nineteenth, two thousand seven, another inspection was conducted, verifying that the setbacks established in Chapter X of the Construction Regulations and decree number 24874-S were now being complied with; furthermore, it was verified that the raw materials were properly packaged.
Following the reasoning expressed in the previous recital, this Chamber warns that it cannot act as a controlling body over administrative acts issued by the Administration in the use of powers granted by Law, since doing so exceeds the summary nature of the amparo appeal and the competencies granted to this Chamber by the Political Constitution and the Law of Constitutional Jurisdiction. From the foregoing, it follows that this Court cannot assess the fulfillment of the requirements demanded by the Ministry of Health for granting the sanitary operating permit. Furthermore, if the petitioner believes that the Laquinsa Company is a high-risk industry and not one of commerce and services, and therefore the granting of the sanitary operating permit is improper, this is also not a matter for this Chamber to consider, as it can in no way decree the category of Industry held by the respondent company, which is why she must present her argument before the pertinent administrative instances.
In addition, from the report rendered under oath, it is also inferred that there is no danger in the warehouse built by the respondent company, as alleged by the protected party, given that the raw materials stored there are properly packaged. Finally, the authorities of the Ministry of Health report under oath that on March twenty-third and May twenty-second, two thousand seven, they conducted an inspection of the respondent industry and verified compliance with sanitary orders No. 061004 and ARST-UPAH-079-05.
VIII.Conclusion. For the reasons stated in the preceding recitals, this Chamber does not find any violation of the fundamental rights of the appellant, specifically the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, which is why the appropriate course is to dismiss the appeal, as is hereby ordered. Notwithstanding the foregoing, this Court reminds the respondent Municipality of the need to issue the respective Regulatory Plan as soon as possible, in order to properly organize the canton.
She alleges that as of the resolution of 25 April 2006, the acting substitute mayor ordered the license reactivated and the patent tax (impuesto de patentes) collected in the month of May 2006, an act that serves the company to continue its industrial activities without caring, repairing, and therefore disregarding what was affirmed in resolution number 329 of 14 October 2005, issued in the Administrative Litigation Court (Sede Jurisdiccional Contencioso Administrativo).
It indicates that in January 1995 they inaugurated two enormous tanks to treat all the wastewater from the agricultural and veterinary formulation, which were abandoned by the company without informing the Ministry of Health.
Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and,
Considering.
Likewise, they indicate that what was ordered in órdenes sanitarias number 06104 and ARST-UPAH-079-05 was complied with (folios 572-573); ñ) By official communication number PRE-DD-2007-0196 of June fifth, two thousand seven, the Director of the Office of the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados certifies that there is no spill of black water, nor is there any sewer problem in the area (folio 596); o) By official communication number DARST 054-06-07 of June twenty-seventh, two thousand seven, the Área Rectora de Salud de Tibás indicates that based on inspections carried out on March twenty-third and May twenty-second, two thousand seven, compliance with órdenes sanitarias number 061004 and ARST-UPAH-079-05 was verified.
II.Object of the appeal. The appellant comes to this Chamber in protection of her fundamental right to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article 50 of the Constitución Política, as she believes that the decision of the Municipalidad de Tibás to reactivate the patent of the company Laquinsa is contrary to law and to what was ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, which confirmed the denial to grant a new patent. She considers that the company should not be located within a residential zone, as it carries out industrial work, in addition to storing hazardous materials, and bad odors emanate from it. She notes that the protected company does not have the land use certificate (certificado de uso de suelo); nevertheless, it obtained the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) No. ARST-040-05.
III.Regarding the coadjuvancies (coadyuvancias). A coadjuvancy (coadyuvancia) is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the main parties; consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a coadjuvant (coadyuvante). In that sense, Article 34, third paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that whoever has a legitimate interest in the outcome of the appeal may appear and intervene in it as a coadjuvant (coadyuvante) of the plaintiff or the defendant. Thus, the coadjuvancy (coadyuvancia) is the procedural channel to allow someone who could be harmed by an adverse judgment to lend their help (coadyuvar) to the party with a coinciding interest to facilitate the triumph of their claim, and it is not a matter of an independent party or a joint litigant, but merely an adherent without procedural standing to sue in the same process.
In the case under study, at folio 268 of the file, neighbors of the cantón of Tibás appear in order to present a coadjuvancy (coadyuvancia) in favor of the protected party Alba Muñoz. Likewise, at folio 559 of the file, the employees of the company Laquinsa appear in order to file a coadjuvancy (coadyuvancia) in favor of the protected company. The Chamber considers that the effects of this Judgment would cover the coadjuvants (coadyuvantes) here, by virtue of their condition as possible persons affected by the alleged contamination from the company Laquinsa, and as workers thereof, who possess a legitimate interest.
IV.Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Constitución Política, aside from imposing on the State the obligation to protect the fundamental right to a healthy environment against acts or threats from third parties, imposes on it the duty to act in accordance with the policies on environmental conservation that have been adopted through laws and treaties. In this sense, in judgment number 2001-13294 at twelve hours five minutes on December twenty-first, two thousand one, this Chamber considered:
“Introduced in such a demanding manner into the Constitution, in its express formulation, the fundamental right to the environment is composed, as doctrine usually recognizes, of a bundle of very different types of positions. Regarding the position of the State, which is what matters for the moment, the fundamental right to the environment begins by imposing limits on its action, limits that, specifically, must be considered and set according to the cases; because logically the State, obliged to guarantee, defend, and preserve that right, cannot help but omit certain interventions of its own that affect the environment, even if they were lawful or designed to pursue legitimate purposes (as is the case, for example, of the exploitation of oil deposits or other hydrocarbon substances), if as a result of them that right suffers (or could suffer) in the integrity that the Constitution recognizes for it.
But the fundamental right to the environment is also a right to positive actions by the State. It is, among other things, a right to its protection against third parties, which includes even protection through the exercise of the punitive power of the State.” It is in view of the foregoing that the protection of the environment by the State implies, in the first place, the imposition of limits on its action, in pursuit of guaranteeing all citizens a healthy and ecologically balanced environment, which means that the State and its institutions must refrain from damaging the ecosystem by their own means, must avoid incurring acts that injure that right, even when their interventions “were lawful or designed to pursue legitimate purposes.” In the second place, this protection of the environment implies the adoption by the State of intervention measures against possible and avoidable damages that third parties may cause to natural resources.
V.Regarding the action of the Municipalidad de Tibás. In the present case, it is established that the Mayor of the Municipalidad de Tibás, by means of the resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, ordered the Department of Patents to activate the commercial patent of Laboratorios Químicos Industriales S.A. (LAQUINSA) and proceed with the collection. She based that decision on the history of the company, since the commercial patent was granted to it in the year 1971. Subsequently, by agreement III of Session 313 of July 20, 1993, the exemption from the Payment of the Patent Tax was approved for a period of ten years, for enjoying the benefit granted by the Régimen de Zona Franca that qualified it as an Export Processing Industry. However, the Administration expressly acknowledges that due to an error on its part, the Patent was withdrawn from the respondent company and its file was archived; likewise, the Patent was also not reviewed after ten years, when it expired, which was in the year 2003.
The Alcalde Municipal de Tibás argues in the report given under oath that the representatives of the Company Laquinsa originally requested a new patent, which was rejected by the Concejo Municipal in session 150 of March 15, 2005, given that the Company had held the patent since 1971, which is why he considered that the proper course was to renew the Patent as he did, and not to issue a new one. On this matter, the appellant accuses that the resolution of the Municipalidad de Tibás at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, is illegitimate because it contravenes what was ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial in judgment number 329 of October fourteenth, two thousand five, which confirms the resolution of session 150 of March 15, 2005, of the Concejo Municipal de Tibás, which denied the request for a new Patent submitted by the representatives of the Company Laquinsa.
In that sense, this Chamber must warn that it is not a comptroller of legality, so it is not its responsibility to indicate whether a resolution issued by a municipal authority contravenes or not what was ordered in the jurisdictional venue. Likewise, it is also not within its purview to evaluate the fulfillment of requirements for the respective Municipality to grant the Patents required for the operation of a company, so it cannot in any way question the substance of the resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six. However, this Chamber does observe that the resolution at fourteen hours forty minutes on April twenty-fifth, two thousand six, was signed for the purpose of amending an error that the Municipal Administration itself indicates it committed, that is, it was issued with the aim of bringing a fact that was not lawful into compliance with the law, which cannot be considered arbitrary, as was the erroneous archiving of the file containing the original operating patent of Laquinsa.
In addition to this, it is necessary for this Court to rule on the allegation regarding whether the company Laquinsa is poorly or well located, in the sense that an Industry cannot be located within a Residential Zone; on this matter, and due to the non-existence of a Plan Regulador in the area of Tibás where the company that is the object of the present amparo appeal is located, this Chamber cannot determine the appropriateness of the location of the company Laquinsa, because doing so falls outside its competencies; furthermore, in the report given under oath, the municipal authorities indicate that the company Laquinsa has been patented for thirty-six years, so the appellant built or bought knowing that the company was her adjoining neighbor. Finally, regarding the lack of land use (uso de suelo), in official communication number DPAT-0683-2006 of October seventeenth, two thousand six, visible at folio 180 of the administrative file provided by the Municipalidad de Tibás, the person in charge of patents of the Department of Patents informs the Alcalde Municipal that when the Patent was granted in 1971, it was corroborated that the Company Laquinsa had the respective land use permit (permiso de uso de suelo), a requirement for it to be granted.
In conclusion, if the plaintiff believes there is some irregularity in the granting of the Patent, such as a lack of requirements or others, she must raise her disagreement through the pertinent administrative channels and not before this Chamber.
VI.Notwithstanding what was outlined in the previous considering clause, this Court must refer to the power of Municipalities to elaborate and approve the Planes Reguladores of their canton for the better ordering not only of resources but also of needs and sustainable development. It is thus how Article 169 of the Constitución Política assists Municipalities not only with the faculty but also the duty to guarantee, defend, and preserve social order and the right to a healthy and ecologically balanced environment. In that sense, from the constitutional task entrusted to local governments, regarding the administration of local interests and services, arises the obligation to ensure a social and urban order within their territorial jurisdiction. By virtue of that generic competence, local governments are responsible for arranging what is necessary so that the enjoyment of public resources –such as streets, parks, etc.– is done in an orderly manner, always maintaining a harmonious relationship.
From what has been said, it is clear that municipalities are responsible for exercising functions not only of vigilance but also as creators of plans with which they specifically establish the norms that must be respected within their determined territorial circumscription; for this reason, the formation of the so-called regulatory plans (planes reguladores) is necessary, which develop matters related to land use (uso de suelo) for specific activities –residential, commercial, industrial, protection, etc.– and the urban environment –condition of buildings–, in summary, everything protected by constitutional numeral 50. In the specific case, this Court observes inertia on the part of the Municipal Administration of Tibás, by not issuing any Plan Regulador, which could eventually produce damage to the environment. Under this thesis, this Chamber reminds the respondent Municipality of the importance of issuing a Plan Regulador, to fully comply with the content of Articles 50 and 169 of the Constitution.
VII.Regarding the action of the authorities of the Ministry of Health. As for the work carried out by the authorities of the Ministry of Health, it is established that on September first, two thousand four, an inspection was conducted on the Company Laquinsa, in Llorente de Tibás, from which it emerged that the Agrochemical Production Area did not observe the setbacks (retiros) to property boundaries, for which reason it issued Orden Sanitaria number 61004 effective from October seventh to nineteenth, two thousand four, in which the Company Laquinsa was ordered to comply with the property boundary setbacks (retiros a las colindancias), and based on this, the representatives of the Company presented a timeline of corrective actions, which was approved in official communication number UPAH-RCS-235-2004, and based on this, the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) number ARST-040-05 was granted.
In addition to this, on March nineteenth, two thousand seven, another inspection was conducted, in which it was verified that compliance with the property boundary setbacks established in Chapter X of the Reglamento de Construcciones and decree number 24874-S is now met, and it was also verified that the raw material is properly packaged. Following the criterion expressed in the previous considering clause, this Chamber warns that it cannot constitute itself as a comptroller entity of the administrative acts emanating from the Administration in the use of the powers granted by Law, since doing so surpasses the summary nature of the amparo appeal and the competencies granted by the Constitución Política and the Ley de la Jurisdicción Constitucional to this Chamber. From the foregoing, it can be inferred that this Court cannot proceed to assess compliance with the requirements demanded by the Ministry of Health to grant the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento).
Furthermore, if the petitioner considers that the Company Laquinsa is a high-risk industry and not one of commerce and services, for which the granting of the sanitary operating permit is not appropriate, this is also not a matter for this Chamber to consider, which can in no way decree the Industry category held by the respondent company; for this reason, she must present her argument before the pertinent administrative instances. In addition to this, from what was set forth in the report given under oath, it can also be inferred that there is no danger in the warehouse built by the respondent company, as claimed by the protected party, given that the raw material stored there is properly packaged. Finally, the authorities of the Ministry of Health report under oath that on March twenty-third and May twenty-second, two thousand seven, they conducted an inspection of the respondent industry and verified compliance with Órdenes Sanitarias No. 061004 and ARST-UPAH-079-05.
VIII.Conclusion. For the reasons indicated in the previous considering clauses, this Chamber does not deem that there is any injury to the fundamental rights of the appellant, specifically to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment; for which reason, the proper course is to declare the appeal without merit, as is hereby ordered. Notwithstanding the foregoing, this Court reminds the respondent Municipality of the need to issue the respective Plan Regulador as soon as possible, in order to organize the canton as corresponds.
Por tanto:
The appeal is declared without merit.
Magistrates Vargas, Jinesta, and Cruz dissent and partially grant the appeal against the Municipalidad de Tibás, ordering it to immediately initiate the necessary studies to provide the canton of Tibás with a Plan Regulador with the respective regulations, within a reasonable period.
Luis Fernando Solano C.
President Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G.
nrosito.
Dissenting Vote of Magistrates Vargas, Jinesta, and Cruz, drafted by the first We differ from the majority vote insofar as it dismisses the appeal, and instead we partially grant it, ordering the Municipalidad de Tibás to initiate the necessary studies to provide said canton with a Plan Regulador with the respective regulations, within a reasonable period.
As the majority judgment rightly acknowledges, municipalities have the obligation to draft and approve the regulatory plans (planes reguladores) for their canton in order to achieve better land-use planning (ordenamiento territorial), through the proper use of soil and sustainable development hand in hand with the environment. Likewise, the majority judgment acknowledges that the inertia of the Municipalidad de Tibás in this specific case in failing to issue the Plan Regulador “could eventually cause environmental damage.” It is for this reason that we do not understand how, despite what is stated in that judgment, the appeal was not granted, especially when the protection of fundamental rights is at stake. If the majority of the Chamber acknowledges in Considerando VI that the absence of a Plan Regulador can harm the environment, then it is clear that the appeal should have been granted on that point, by virtue of the precautionary principle or prudent avoidance in environmental matters.
We consider that if the Municipality does not have a Plan Regulador, the citizen does not have the correlative guarantee of protection of their rights against the operation of commercial activities, since these must only be carried out in areas suitable for such purpose, without endangering the peace, health, and right to a healthy and ecologically balanced environment of the people of the canton.
For these reasons, we deem it appropriate to grant the appeal on that point, with the consequences indicated.
Adrián Vargas B.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
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Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Municipalidad Subtemas:
Alcalde de la Municipalidad de Tibás.
Tema: Certificación de uso de suelo Subtemas:
Otorgan patente a empresa por cuanto posee el permiso respestivo.
Tema: Plan regulador Subtemas:
Inexistencia de un plan regulador. Competencia de las municipalidades para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir.
Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Inexistencia de violación del derecho alegado por cuanto la autoridad recurrida otorgó la patente municipal a la empresa cuestionada para lo cual realizó las inspecciones necesarias.
Tema: Patente municipal Subtemas:
Empresa cuestionada cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento.
“II.- Objeto del recurso. La recurrente acude a esta Sala en resguardo de su derecho fundamental de disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues estima que la decisión de la Municipalidad de Tibás de reactivar la patente de la empresa Laquinsa es contraria a derecho y a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que confirmó la negativa a conceder una nueva patente. Considera que la empresa no debería ubicarse dentro de una zona residencial, pues realiza una labor industrial, además de que almacena materia peligrosa, y de la misma emanan malos olores. Acota que la empresa amparada no cuenta con el certificado de uso de suelo; no obstante obtuvo el Permiso Sanitario de Funcionamiento No. ARST-040-05.
III.Sobre las coadyuvancias. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso. En ese sentido el artículo 34 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el que tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. Es así, como la coadyuvancia es la vía procesal para permitir a quien podría ser perjudicado por una sentencia adversa, prestar su ayuda (coadyuvar) a la parte con interés coincidente para facilitar el triunfo de su pretensión y que no se trata de una parte independiente ni de un litisconsorte, sino tan solo de un adherente sin legitimación procesal para demandar en un mismo proceso.
En el caso bajo estudio, a folio 268 del expediente, se apersonan los vecinos del cantón del Tibás a efecto de presentar una coadyuvancia a favor de la amparada Alba Muñoz. Asimismo, a folio 559 del expediente se apersonan los empleados de la empresa Laquinsa a efecto de interponer coadyuvancia a favor de la empresa amparada. Considera la Sala que los efectos de esta Sentencia sí cubrirían a los aquí coadyuvantes, en virtud de su condición de posibles afectados por la supuesta contaminación de la empresa Laquinsa, y de trabajadores de la misma, quienes poseen un interés legítimo.
IV.Sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política, aparte de imponer al Estado la obligación de proteger el derecho fundamental a un ambiente sano frente a actos o amenazas de terceros, le impone el deber de actuar conforme a la políticas que en materia de conservación ambiental se hayan adoptado mediante leyes y tratados. En este sentido, en sentencia número 2001-13294 de las doce horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, ésta Sala consideró:
"Introducido de manera tan exigente en la Constitución, en su formulación expresa, el derecho fundamental al ambiente está conformado, como suele reconocer la doctrina, por un haz de posiciones de tipos muy diferentes. En cuanto respecta a la posición del Estado, que es lo que por lo pronto interesa, el derecho fundamental al ambiente comienza por imponer límites a su actuación, límites que, en concreto, han de considerarse y fijarse según los casos; porque lógicamente el Estado, obligado a garantizar, defender y preservar ese derecho, no puede menos que omitir determinadas intervenciones suyas que incidan en el medio ambiente, aunque fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas (como es el caso, por ejemplo, de la explotación de depósitos de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas), si es que como resultado de ellas aquel derecho padece (o puede padecer) en la integridad que la Constitución le reconoce. Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado. Es, entre otras cosas, un derecho a su protección frente a terceros, lo cual incluye hasta la protección mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado".
Es con vista en lo anteriormente expuesto que la protección al medio ambiente por parte del Estado implica en primer término la imposición de límites a su actuación, en procura de garantizarle a todos los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual significa que el Estado y sus instituciones deben abstenerse de dañar por sus propios medios el ecosistema, deben evitar incurrir en actos que lesionen ese derecho, aún y cuando sus intervenciones "fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas". En segundo término esta protección al medio ambiente implica la adopción por parte del Estado, de medidas de intervención frente a posibles y evitables daños que puedan causarle terceros a los recursos naturales.
V.Sobre la actuación de la Municipalidad de Tibás. En el presente caso se tiene que la Alcaldesa de la Municipalidad de Tibás, por medio de la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, ordenó al Departamento de Patentes activar la patente comercial de Laboratorios Químicos Industriales S.A. (LAQUINSA), y proceder al cobro. Dicha decisión la baso en el historial de la empresa, toda vez que a la misma se le otorgó la patente comercial desde el año 1971. Posteriormente, por acuerdo III de la Sesión 313 del 20 de julio de 1993, se aprobó la exención del Pago del Impuesto de Patentes por un período de diez años, por gozar del beneficio que otorga el Régimen de Zona Franca que la calificaba como Industria Procesadora de Exportación. Sin embargo, la Administración expresamente reconoce que por un error suyo, se le retiró la Patente a la empresa accionada y se archivó su expediente, asimismo, tampoco se hizo la revisión de la Patente a los diez años, cuando esta venció, sea en el año 2003.
Aduce el Alcalde Municipal de Tibás en el informe rendido bajo juramento, que los representantes de la Empresa Laquinsa, solicitaron originalmente una patente nueva, la cual fue rechazada por el Concejo Municipal en sesión 150 del 15 de marzo de 2005, por cuanto la Empresa contaba con la patente desde el año 1971, razón por la cual consideró que lo procedente era renovar la Patente tal y como lo hizo, y no entregar una nueva. Sobre el particular la recurrente acusa que la resolución de la Municipalidad de Tibás de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, es ilegítima pues contraviene lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial en la sentencia número 329 del catorce de octubre de dos mil cinco, que confirma la resolución de la sesión 150 del 15 de marzo de 2005 del Concejo Municipal de Tibás, que denegó la solicitud de Patente nueva presentada por los representantes de la Empresa Laquinsa.
En ese sentido, esta Sala debe advertir que no es una contralora de legalidad, por lo que no le corresponde indicar si una resolución emitida por una autoridad municipal, atenta o no contra lo ordenado en sede jurisdiccional. Asimismo, tampoco le compete evaluar el cumplimiento de requisitos para que la respectiva Municipalidad otorgue las Patentes requeridas para el funcionamiento de una empresa, por lo que no puede de ninguna manera cuestionar el fondo de la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis. No obstante, si observa esta Sala que la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, fue suscrita en aras de enmendar un error que la propia Administración Municipal señala cometió, es decir, fue dictada con el afán de poner a derecho un hecho que no lo estaba, lo cual de no puede considerarse arbitrario, como sí lo fue el archivar por error el expediente que contenía la patente original de funcionamiento de Laquinsa.
Aunado a ello, es menester que este Tribunal se pronuncie en relación al alegato sobre si la empresa Laquinsa se encuentra mal o bien ubicada, en el sentido de que una Industria no puede ubicarse dentro de una Zona Residencial; sobre el particular, y debido a la inexistencia de un Plan Regulador en la zona de Tibás en donde se encuentra localizada la empresa objeto del presente recurso de amparo, esta Sala no puede determinar la procedencia de la ubicación de la empresa Laquinsa, por cuanto hacerlo escapa de sus competencias, además, en el informe rendido bajo juramento, las autoridades municipales indican que la empresa Laquinsa lleva treinta y seis años de estar patentada, por lo que la recurrente construyó o compró conocedora de que la empresa era su colindante. Por último, sobre la falta de uso de suelo, en el oficio número DPAT-0683-2006 del diecisiete de octubre de dos mil seis, visible a folio 180 del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de Tibás, el encargado de patentes del Departamento de Patentes le informa al Alcalde Municipal que al otorgarse la Patente en el año 1971, se corroboró que la Empresa Laquinsa contaba con el respectivo permiso de uso de suelo, requisito para concederse la misma.
En conclusión, si la accionante estima que existe alguna irregularidad en el otorgamiento de la Patente, como falta de requisitos u otros, deberá plantear su disconformidad ante la vía administrativa pertinente y no ante esta Sala.
VI.No obstante lo esbozado en el considerando anterior, este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de las necesidades y desarrollo sostenible.Es así como el artículo 169 de la Constitución Política, a las Municipalidades les asiste no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta la administración de los intereses y servicios locales, nace la obligación de velar por un orden social y urbanístico de su jurisdicción territorial. En virtud de esa competencia genérica, a los gobiernos locales les corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos públicos –como calles, parques etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una relación armónica.
De lo dicho, queda claro que a las municipalidades les corresponde ejercer las funciones no sólo de vigilancia, sino también de creadora de planes con los cuales establezca de manera concreta las normas que deben respetarse en su determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la formación de los llamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con el uso de suelo por actividades concretas –residencia, comercial, industrial, protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición de las edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional. En el caso concreto este Tribunal observa una inercia por parte de la Administración Municipal de Tibás, al no emitir Plan Regulador alguno, lo que podría eventualmente producir un daño al ambiente. Bajo esta tesis, esta Sala recuerda a la Municipalidad recurrida la importancia de la emisión de un Plan Regulador, para dar cabal cumplimiento al contenido de los artículos 50 y 169 constitucional.
VII.Sobre la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud. En lo que respecta a la labor realizada por las autoridades del Ministerio de Salud, se tiene que el primero de setiembre de dos mil cuatro, se realizó una inspección a la Empresa Laquinsa, en Llorente de Tibás, de la cual se desprendió que el Área de Producción de agroquímicos no guardaba los retiros a las colindancias, por lo que emitió la Orden Sanitaria número 61004 con vigencia del siete al diecinueve de octubre de dos mil cuatro, en la que se ordenó a la Empresa Laquinsa cumplir con los retiros de las colindancias, siendo que con base en esta los representantes de la Empresa presentaron un cronograma de acciones correctivas, el cual fue aprobado en el oficio número UPAH-RCS-235-2004, y en base a este se otorgó el permiso sanitario de funcionamiento número ARST-040-05. Aunado a ello, el diecinueve de marzo de dos mil siete, se realizó otra inspección, en la cual se verificó que ya se cumple con las colindancias establecidas en el Capítulo X del Reglamento de Construcciones y decreto número 24874-S, además se comprobó que la materia prima se encuentra debidamente empacada.
Siguiendo el criterio vertido en el considerando anterior, esta Sala advierte no puede constituirse en un ente contralor de los actos administrativos emanados de la Administración en el uso de las potestades otorgadas por Ley, toda vez que hacerlo traspasa la naturaleza sumaria del recurso de amparo, y las competencias otorgadas por la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional a esta Cámara. De lo anterior se colige que este Tribunal no puede entrar a valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para otorgar el permiso sanitario de funcionamiento. Además, si la petente considera que la Empresa Laquinsa es una industria de alto riesgo y no de comercio y servicios, por lo que no procede el otorgamiento del permiso de funcionamiento sanitario, esto tampoco compete considerarlo a esta Sala, que de ninguna manera puede decretar la categoría de Industria que posee la empresa recurrida, razón por la cual deberá presentar su alegato ante las instancias administrativas pertinentes.
Aunado a ello, de lo expuesto en el informe rendido bajo juramento se colige también que no existe peligro en la bodega construida por la empresa accionada, tal y como lo aduce la amparada, toda vez que la materia prima que allí se encuentra almacenada, esta debidamente empacada. Por último, las autoridades del Ministerio de Salud, informan bajo juramento que el veintitrés de marzo y el veintidós de mayo de dos mil siete, realizaron una inspección a la industria accionada y se verificó el cumplimiento de las órdenes sanitarias No. 061004 y ARST-UPAH-079-05.
VIII.Conclusión. Por las razones indicadas en los considerandos anteriores, esta Sala no estima que exista lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, específicamente al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. No obstante lo anterior, este Tribunal le recuerda al Municipio recurrido, la necesidad de emitir el Plan Regulador respectivo a la mayor brevedad posible, con el fin de ordenar el cantón como corresponde.”
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado “Voto Salvado de los Magistrados Vargas, Jinesta y Cruz, con redacción del primero Diferimos del voto de mayoría en cuanto desestima el recurso y en su lugar lo declaramos con lugar en forma parcial, ordenando a la Municipalidad de Tibás iniciar los estudios necesarios para dotar a dicho cantón de un Plan Regulador con los reglamentos respectivos, en un plazo razonable.
Como bien lo reconoce la sentencia de mayoría, las municipalidades tienen la obligación de elaborar y aprobar los planes reguladores de su cantón para alcanzar un mejor ordenamiento territorial, a través del adecuado uso de suelo y el desarrollo sostenible de la mano con el ambiente. Asimismo, reconoce la sentencia de mayoría que la inercia de la Municipalidad de Tibás en el caso concreto al no emitir el Plan Regulador “podría eventualmente producir un daño al ambiente”. Es por esta razón, que no entendemos cómo a pesar de lo indicado en esa sentencia, el recurso no fue acogido, sobre todo estando de por medio la tutela de derechos fundamentales. Si la mayoría de la Sala reconoce en el considerando VI que la inexistencia de un Plan Regulador puede dañar el ambiente, pues es claro que el recurso debió ser declarado con lugar en ese extremo, en virtud del principio precautorio o de evitación prudente en materia ambiental. Consideramos que si la Municipalidad no tiene un Plan Regulador, el administrado no cuenta con la garantía correlativa de protección a sus derechos frente a la explotación de actividades comerciales, pues éstas únicamente deben realizarse en zonas aptas para tal fin, sin poner en peligro la tranquilidad, la salud y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas del cantón.
Por esas razones estimamos procedente acoger el recurso en cuanto a tal extremo con las consecuencias indicadas.” ... Ver más * 070046940007CO * SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cinco seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil siete.
Recurso de amparo interpuesto por Alba Muñoz Pacheco, mayor, portadora de la cédula de identidad número 3-3951-295, contra el Alcalde de la Municipalidad de Tibás.
Resultando:
Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,
Considerando.
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Asimismo indican que se cumplió con lo ordenado en las órdenes sanitarias número 06104 y ARST-UPAH-079-05 (folios 572-573) ñ) Por oficio número PRE-DD-2007-0196 del cinco de junio de dos mil siete, el Director de Despacho del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, hace constar que no existe ningún derrame de aguas negras, así como tampoco hay ningún problema de alcantarillado en la zona (folio 596) o) Mediante oficio número DARST 054-06-07 del veintisiete de junio de dos mil siete, el Área Rectora de Salud de Tibá, indica que con base a inspecciones realizadas el veintitrés de marzo y el veintidós de mayo de dos mil siete, se verificó el cumplimiento de las órdenes sanitarias número 061004 y ARST-UPAH-079-05
II.Objeto del recurso. La recurrente acude a esta Sala en resguardo de su derecho fundamental de disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues estima que la decisión de la Municipalidad de Tibás de reactivar la patente de la empresa Laquinsa es contraria a derecho y a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que confirmó la negativa a conceder una nueva patente. Considera que la empresa no debería ubicarse dentro de una zona residencial, pues realiza una labor industrial, además de que almacena materia peligrosa, y de la misma emanan malos olores. Acota que la empresa amparada no cuenta con el certificado de uso de suelo; no obstante obtuvo el Permiso Sanitario de Funcionamiento No. ARST-040-05.
III.Sobre las coadyuvancias. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso. En ese sentido el artículo 34 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el que tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. Es así, como la coadyuvancia es la vía procesal para permitir a quien podría ser perjudicado por una sentencia adversa, prestar su ayuda (coadyuvar) a la parte con interés coincidente para facilitar el triunfo de su pretensión y que no se trata de una parte independiente ni de un litisconsorte, sino tan solo de un adherente sin legitimación procesal para demandar en un mismo proceso.
En el caso bajo estudio, a folio 268 del expediente, se apersonan los vecinos del cantón del Tibás a efecto de presentar una coadyuvancia a favor de la amparada Alba Muñoz. Asimismo, a folio 559 del expediente se apersonan los empleados de la empresa Laquinsa a efecto de interponer coadyuvancia a favor de la empresa amparada. Considera la Sala que los efectos de esta Sentencia sí cubrirían a los aquí coadyuvantes, en virtud de su condición de posibles afectados por la supuesta contaminación de la empresa Laquinsa, y de trabajadores de la misma, quienes poseen un interés legítimo.
IV.Sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política, aparte de imponer al Estado la obligación de proteger el derecho fundamental a un ambiente sano frente a actos o amenazas de terceros, le impone el deber de actuar conforme a la políticas que en materia de conservación ambiental se hayan adoptado mediante leyes y tratados. En este sentido, en sentencia número 2001-13294 de las doce horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, ésta Sala consideró:
"Introducido de manera tan exigente en la Constitución, en su formulación expresa, el derecho fundamental al ambiente está conformado, como suele reconocer la doctrina, por un haz de posiciones de tipos muy diferentes. En cuanto respecta a la posición del Estado, que es lo que por lo pronto interesa, el derecho fundamental al ambiente comienza por imponer límites a su actuación, límites que, en concreto, han de considerarse y fijarse según los casos; porque lógicamente el Estado, obligado a garantizar, defender y preservar ese derecho, no puede menos que omitir determinadas intervenciones suyas que incidan en el medio ambiente, aunque fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas (como es el caso, por ejemplo, de la explotación de depósitos de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas), si es que como resultado de ellas aquel derecho padece (o puede padecer) en la integridad que la Constitución le reconoce. Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado. Es, entre otras cosas, un derecho a su protección frente a terceros, lo cual incluye hasta la protección mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado".
Es con vista en lo anteriormente expuesto que la protección al medio ambiente por parte del Estado implica en primer término la imposición de límites a su actuación, en procura de garantizarle a todos los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual significa que el Estado y sus instituciones deben abstenerse de dañar por sus propios medios el ecosistema, deben evitar incurrir en actos que lesionen ese derecho, aún y cuando sus intervenciones "fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas". En segundo término esta protección al medio ambiente implica la adopción por parte del Estado, de medidas de intervención frente a posibles y evitables daños que puedan causarle terceros a los recursos naturales.
V.Sobre la actuación de la Municipalidad de Tibás. En el presente caso se tiene que la Alcaldesa de la Municipalidad de Tibás, por medio de la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, ordenó al Departamento de Patentes activar la patente comercial de Laboratorios Químicos Industriales S.A. (LAQUINSA), y proceder al cobro. Dicha decisión la baso en el historial de la empresa, toda vez que a la misma se le otorgó la patente comercial desde el año 1971. Posteriormente, por acuerdo III de la Sesión 313 del 20 de julio de 1993, se aprobó la exención del Pago del Impuesto de Patentes por un período de diez años, por gozar del beneficio que otorga el Régimen de Zona Franca que la calificaba como Industria Procesadora de Exportación. Sin embargo, la Administración expresamente reconoce que por un error suyo, se le retiró la Patente a la empresa accionada y se archivó su expediente, asimismo, tampoco se hizo la revisión de la Patente a los diez años, cuando esta venció, sea en el año 2003.
Aduce el Alcalde Municipal de Tibás en el informe rendido bajo juramento, que los representantes de la Empresa Laquinsa, solicitaron originalmente una patente nueva, la cual fue rechazada por el Concejo Municipal en sesión 150 del 15 de marzo de 2005, por cuanto la Empresa contaba con la patente desde el año 1971, razón por la cual consideró que lo procedente era renovar la Patente tal y como lo hizo, y no entregar una nueva. Sobre el particular la recurrente acusa que la resolución de la Municipalidad de Tibás de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, es ilegítima pues contraviene lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial en la sentencia número 329 del catorce de octubre de dos mil cinco, que confirma la resolución de la sesión 150 del 15 de marzo de 2005 del Concejo Municipal de Tibás, que denegó la solicitud de Patente nueva presentada por los representantes de la Empresa Laquinsa.
En ese sentido, esta Sala debe advertir que no es una contralora de legalidad, por lo que no le corresponde indicar si una resolución emitida por una autoridad municipal, atenta o no contra lo ordenado en sede jurisdiccional. Asimismo, tampoco le compete evaluar el cumplimiento de requisitos para que la respectiva Municipalidad otorgue las Patentes requeridas para el funcionamiento de una empresa, por lo que no puede de ninguna manera cuestionar el fondo de la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis. No obstante, si observa esta Sala que la resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, fue suscrita en aras de enmendar un error que la propia Administración Municipal señala cometió, es decir, fue dictada con el afán de poner a derecho un hecho que no lo estaba, lo cual de no puede considerarse arbitrario, como sí lo fue el archivar por error el expediente que contenía la patente original de funcionamiento de Laquinsa.
Aunado a ello, es menester que este Tribunal se pronuncie en relación al alegato sobre si la empresa Laquinsa se encuentra mal o bien ubicada, en el sentido de que una Industria no puede ubicarse dentro de una Zona Residencial; sobre el particular, y debido a la inexistencia de un Plan Regulador en la zona de Tibás en donde se encuentra localizada la empresa objeto del presente recurso de amparo, esta Sala no puede determinar la procedencia de la ubicación de la empresa Laquinsa, por cuanto hacerlo escapa de sus competencias, además, en el informe rendido bajo juramento, las autoridades municipales indican que la empresa Laquinsa lleva treinta y seis años de estar patentada, por lo que la recurrente construyó o compró conocedora de que la empresa era su colindante. Por último, sobre la falta de uso de suelo, en el oficio número DPAT-0683-2006 del diecisiete de octubre de dos mil seis, visible a folio 180 del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de Tibás, el encargado de patentes del Departamento de Patentes le informa al Alcalde Municipal que al otorgarse la Patente en el año 1971, se corroboró que la Empresa Laquinsa contaba con el respectivo permiso de uso de suelo, requisito para concederse la misma.
En conclusión, si la accionante estima que existe alguna irregularidad en el otorgamiento de la Patente, como falta de requisitos u otros, deberá plantear su disconformidad ante la vía administrativa pertinente y no ante esta Sala.
VI.No obstante lo esbozado en el considerando anterior, este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de las necesidades y desarrollo sostenible.Es así como el artículo 169 de la Constitución Política, a las Municipalidades les asiste no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta la administración de los intereses y servicios locales, nace la obligación de velar por un orden social y urbanístico de su jurisdicción territorial. En virtud de esa competencia genérica, a los gobiernos locales les corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos públicos –como calles, parques etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una relación armónica.
De lo dicho, queda claro que a las municipalidades les corresponde ejercer las funciones no sólo de vigilancia, sino también de creadora de planes con los cuales establezca de manera concreta las normas que deben respetarse en su determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la formación de los llamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con el uso de suelo por actividades concretas –residencia, comercial, industrial, protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición de las edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional. En el caso concreto este Tribunal observa una inercia por parte de la Administración Municipal de Tibás, al no emitir Plan Regulador alguno, lo que podría eventualmente producir un daño al ambiente. Bajo esta tesis, esta Sala recuerda a la Municipalidad recurrida la importancia de la emisión de un Plan Regulador, para dar cabal cumplimiento al contenido de los artículos 50 y 169 constitucional.
VII.Sobre la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud. En lo que respecta a la labor realizada por las autoridades del Ministerio de Salud, se tiene que el primero de setiembre de dos mil cuatro, se realizó una inspección a la Empresa Laquinsa, en Llorente de Tibás, de la cual se desprendió que el Área de Producción de agroquímicos no guardaba los retiros a las colindancias, por lo que emitió la Orden Sanitaria número 61004 con vigencia del siete al diecinueve de octubre de dos mil cuatro, en la que se ordenó a la Empresa Laquinsa cumplir con los retiros de las colindancias, siendo que con base en esta los representantes de la Empresa presentaron un cronograma de acciones correctivas, el cual fue aprobado en el oficio número UPAH-RCS-235-2004, y en base a este se otorgó el permiso sanitario de funcionamiento número ARST-040-05. Aunado a ello, el diecinueve de marzo de dos mil siete, se realizó otra inspección, en la cual se verificó que ya se cumple con las colindancias establecidas en el Capítulo X del Reglamento de Construcciones y decreto número 24874-S, además se comprobó que la materia prima se encuentra debidamente empacada.
Siguiendo el criterio vertido en el considerando anterior, esta Sala advierte no puede constituirse en un ente contralor de los actos administrativos emanados de la Administración en el uso de las potestades otorgadas por Ley, toda vez que hacerlo traspasa la naturaleza sumaria del recurso de amparo, y las competencias otorgadas por la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional a esta Cámara. De lo anterior se colige que este Tribunal no puede entrar a valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para otorgar el permiso sanitario de funcionamiento. Además, si la petente considera que la Empresa Laquinsa es una industria de alto riesgo y no de comercio y servicios, por lo que no procede el otorgamiento del permiso de funcionamiento sanitario, esto tampoco compete considerarlo a esta Sala, que de ninguna manera puede decretar la categoría de Industria que posee la empresa recurrida, razón por la cual deberá presentar su alegato ante las instancias administrativas pertinentes.
Aunado a ello, de lo expuesto en el informe rendido bajo juramento se colige también que no existe peligro en la bodega construida por la empresa accionada, tal y como lo aduce la amparada, toda vez que la materia prima que allí se encuentra almacenada, esta debidamente empacada. Por último, las autoridades del Ministerio de Salud, informan bajo juramento que el veintitrés de marzo y el veintidós de mayo de dos mil siete, realizaron una inspección a la industria accionada y se verificó el cumplimiento de las órdenes sanitarias No. 061004 y ARST-UPAH-079-05.
VIII.Conclusión. Por las razones indicadas en los considerandos anteriores, esta Sala no estima que exista lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, específicamente al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. No obstante lo anterior, este Tribunal le recuerda al Municipio recurrido, la necesidad de emitir el Plan Regulador respectivo a la mayor brevedad posible, con el fin de ordenar el cantón como corresponde.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Vargas, Jinesta y Cruz salvan el voto y acogen parcialmente el recurso contra la Municipalidad de Tibás, ordenándole que de inmediato, inicie los estudios necesarios, para dotar en un plazo razonable al cantón de Tibás, de un Plan Regulador con los reglamentos respectivos.
Luis Fernando Solano C.
Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G.
nrosito.
Voto Salvado de los Magistrados Vargas, Jinesta y Cruz, con redacción del primero Diferimos del voto de mayoría en cuanto desestima el recurso y en su lugar lo declaramos con lugar en forma parcial, ordenando a la Municipalidad de Tibás iniciar los estudios necesarios para dotar a dicho cantón de un Plan Regulador con los reglamentos respectivos, en un plazo razonable.
Como bien lo reconoce la sentencia de mayoría, las municipalidades tienen la obligación de elaborar y aprobar los planes reguladores de su cantón para alcanzar un mejor ordenamiento territorial, a través del adecuado uso de suelo y el desarrollo sostenible de la mano con el ambiente. Asimismo, reconoce la sentencia de mayoría que la inercia de la Municipalidad de Tibás en el caso concreto al no emitir el Plan Regulador “podría eventualmente producir un daño al ambiente”. Es por esta razón, que no entendemos cómo a pesar de lo indicado en esa sentencia, el recurso no fue acogido, sobre todo estando de por medio la tutela de derechos fundamentales. Si la mayoría de la Sala reconoce en el considerando VI que la inexistencia de un Plan Regulador puede dañar el ambiente, pues es claro que el recurso debió ser declarado con lugar en ese extremo, en virtud del principio precautorio o de evitación prudente en materia ambiental. Consideramos que si la Municipalidad no tiene un Plan Regulador, el administrado no cuenta con la garantía correlativa de protección a sus derechos frente a la explotación de actividades comerciales, pues éstas únicamente deben realizarse en zonas aptas para tal fin, sin poner en peligro la tranquilidad, la salud y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas del cantón.
Por esas razones estimamos procedente acoger el recurso en cuanto a tal extremo con las consecuencias indicadas.
Adrián Vargas B.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
69/oc/07-4694 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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