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Res. 10973-2006 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/07/2006
OutcomeResultado
The constitutionality challenge was dismissed, upholding the constitutionality of sport hunting and the seasonal decree, while ordering MINAE to improve future decrees with license limits and monitoring.La acción de inconstitucionalidad se declara sin lugar, confirmando la constitucionalidad de la caza deportiva y del decreto de vedas, y ordenando al MINAE mejorar los futuros decretos con límites y monitoreo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed a constitutional challenge against articles 28-34 of the Wildlife Conservation Law (No. 7317), articles 16-18 of its Regulation, and Executive Decree 31737-MINAE (2004 hunting seasons). The petitioners argued that sport hunting and the annual hunting decree—issued without specific per-species scientific studies—violated the right to a healthy environment (Art. 50 of the Constitution) and the precautionary principle. The Chamber held that sport hunting, as a regulated and supervised use of wildlife, is compatible with the principle of sustainable development. Regarding the decree, it found sufficient technical-scientific support (biologists’ experience, sightings, historical data) even though exact population counts were lacking. The Chamber ruled that concrete effects on specific species must be challenged case-by-case through amparo proceedings, not abstractly in constitutional review. Additionally, it ordered MINAE to include maximum license limits per zone, species, and bag limits in future decrees, along with centralized monitoring.La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 28 a 34 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (N.º 7317), los artículos 16 a 18 de su Reglamento y el Decreto Ejecutivo N.º 31737-MINAE (vedas de caza 2004). Los accionantes alegaban que la caza deportiva y el decreto anual de vedas, emitido sin estudios científicos específicos por especie, violaban el derecho a un ambiente sano (art. 50 constitucional) y el principio precautorio. La Sala determinó que la caza deportiva, como aprovechamiento regulado y fiscalizado de la fauna, es compatible con el principio de desarrollo sostenible. Respecto al decreto impugnado, consideró que contaba con un respaldo técnico-científico suficiente (experiencia de biólogos, avistamientos, datos históricos), aunque no fueran censos poblacionales exactos por especie. La Sala estableció que los efectos concretos del decreto sobre especies específicas deben analizarse caso por caso mediante el recurso de amparo, y no en abstracto en una acción de inconstitucionalidad. Como complemento, ordenó al MINAE que los futuros decretos de vedas establezcan límites máximos de licencias por zona, especie y número de piezas, así como un control y monitoreo centralizado.
Key excerptExtracto clave
Now, the fact that the existence of sport hunting is not in itself unconstitutional does not mean that its specific regulation is not... Decree 31737-MINAE... regulates in detail hunting and fishing... for the year 2004. Here we face a problem of verifying the effects the challenged decree may be having... given its generic nature, it prevents determining the effects on each species... it is enough that the challenged decree has a technical-scientific basis that earns this Chamber's faith to pass the constitutionality test. It does not have to be the best scientific study, only one that respects 'technical and scientific rules of uniform meaning and exact application'... it would be virtually impossible 'in the abstract' to determine the effects that the decree may have on each affected species... which is why the legal system has another solution for this type of case: the concrete analysis of its effects through the amparo remedy... In this context, for this Chamber the challenged decree is not per se unconstitutional, since it has technical-scientific support that, although probably can and should be better, does not allow establishing in the abstract its impact on one or several specific species—effects that can indeed be ascertained through a concrete analysis of each supposedly affected species, if the case arises, via amparo. Finally, this Chamber holds that future decrees of this kind must establish specific limits on the maximum number of licenses to be granted per zone, per species, and the number of pieces permitted, as well as establish centralized control and monitoring thereof, to avoid excesses that could result in a violation of Article 50 of our Constitution.Ahora bien, el hecho de que la existencia de la caza deportiva por sí misma no sea inconstitucional, no quiere decir que su regulación específica no lo sea... el decreto 31737-MINAE... regula en detalle la caza y pesca... para el año 2004. Aquí nos topamos con un problema de comprobación de los efectos que el decreto impugnado pueda estar produciendo... dado que su naturaleza genérica, impide determinar los efectos que en cada especie produce... basta con que el decreto impugnado tenga una base técnico científica que le merezca fe a esta Sala, para superar el test de constitucionalidad. No tiene que ser el mejor estudio científico, sólo aquél que respete las 'reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta'... sería virtualmente imposible 'en abstracto' determinar los efectos que la aplicación del decreto pueda tener en cada especie... por lo cual el sistema legal tiene otra solución para este tipo de casos y es el análisis concreto de sus efectos, mediante el recurso de amparo... Dentro de ese contexto, para esta Sala no resulta per sé inconstitucional el decreto impugnado, pues tiene un respaldo técnico-científico que, aunque probablemente puede y debe ser mejor, no se puede establecer en abstracto su afectación sobre una o varias especies determinadas, efectos que sí se pueden lograr mediante el análisis concreto de cada especie supuestamente afectada, si se diera el caso, por medio del recurso de amparo. Finalmente estima esta Sala que los decretos futuros de esta especie deben establecer límites determinados sobre el número de licencias máximas a otorgar por zona, por especie y el número de piezas permitidas, así como establecer un control y monitoreo centralizado de las mismas, para evitar excesos que pudieran resultar en una violación al artículo 50 de nuestra Constitución.
Pull quotesCitas destacadas
"De esta forma la cacería deportiva constituye una forma legal de aprovechamiento de la fauna silvestre, sometida a regulación, control y fiscalización del Estado, independientemente de su compatibilidad ética."
"In this way, sport hunting constitutes a legal form of wildlife use, subject to state regulation, control, and supervision, regardless of its ethical compatibility."
Considerando V
"De esta forma la cacería deportiva constituye una forma legal de aprovechamiento de la fauna silvestre, sometida a regulación, control y fiscalización del Estado, independientemente de su compatibilidad ética."
Considerando V
"Así las cosas, basta con que el decreto impugnado tenga una base técnico científica que le merezca fe a esta Sala, para superar el test de constitucionalidad. No tiene que ser el mejor estudio científico, sólo aquél que respete las 'reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta'."
"Thus, it suffices that the challenged decree has a technical-scientific basis that earns this Chamber's faith, in order to pass the constitutionality test. It need not be the best scientific study, only one that respects 'technical and scientific rules of uniform meaning and exact application'."
Considerando VI
"Así las cosas, basta con que el decreto impugnado tenga una base técnico científica que le merezca fe a esta Sala, para superar el test de constitucionalidad. No tiene que ser el mejor estudio científico, sólo aquél que respete las 'reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta'."
Considerando VI
"Finalmente estima esta Sala que los decretos futuros de esta especie deben establecer límites determinados sobre el número de licencias máximas a otorgar por zona, por especie y el número de piezas permitidas, así como establecer un control y monitoreo centralizado de las mismas."
"Finally, this Chamber holds that future decrees of this kind must establish specific limits on the maximum number of licenses to be granted per zone, per species, and the number of pieces permitted, as well as establish centralized control and monitoring thereof."
Considerando VII
"Finalmente estima esta Sala que los decretos futuros de esta especie deben establecer límites determinados sobre el número de licencias máximas a otorgar por zona, por especie y el número de piezas permitidas, así como establecer un control y monitoreo centralizado de las mismas."
Considerando VII
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*040075730007CO* *040075730007CO* Res. Nº 2006-010973 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eighteen hours and five minutes on the twenty-sixth day of July, two thousand six.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by Nombre01, of legal age, married once, attorney, holder of identity card CED01, Defensor de los Habitantes de la República, and Nombre02, having only one surname by reason of his Canadian nationality, of legal age, married once, businessman, holder of residence card number one two five- one four zero three five zero- zero zero zero seven seven seven, resident of Garita de Alajuela, in his capacity as President of Fundación Restauración de la Naturaleza, holder of legal entity number three- zero zero six- one hundred seventy-one thousand five hundred fifty-three, against Decreto Ejecutivo # 31737 MINAE, Articles 28 through 34 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, and Articles 16 through 18 of its Regulations, Decreto Ejecutivo # 26435-MINAE. Also participating in the proceedings were Allan René Flores Moya, Acting Ministro del Ambiente y Energía, and Farid Beirute Brenes, representing the Procuraduría General de la República.
Participating as supporting intervenors (coadyuvantes) are Ruth Solano Vásquez, identity card CED02, President of Asociación de Justicia para la Naturaleza, legal entity number three-zero zero two-one one zero zero zero three four-thirty-two; Luis Diego Marín Schumacher, identity card CED03, President of APREFLOFAS, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, legal entity number three zero zero two-zero seven one six seven six-thirty-two; Ignacio Escorriola Giovannini, identity card CED04, Prosecutor for Vida, Asociación de Voluntariado, Investigación y Desarrollo Ambiental, legal entity CED05; Randall Arauz Vargas, identity card CED06, President of Pretoma, Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas, legal entity CED07; María Elena Founier, identity card CED08, President of Asociación Conservacionista Yisky; Noemí Canet Moya, identity card CED09, President of Colegio de Biólogos; and Luis Diego Acuña Delcore, identity card CED10. .
Findings:
Justice Mora Mora drafting; and,
Considering:
I.Admissibility: The Defensoría de los Habitantes has direct standing to bring this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) by express provision of the third paragraph of artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. For his part, petitioner Nombre02 has active and direct standing insofar as the State’s duty to protect the environment safeguards a collective interest whose defense exempts the petitioner from the requirement of a prior proceeding imposed by the first paragraph of artículo 75 de la cited law, pursuant to the second paragraph thereof, as this Constitutional Chamber has interpreted in extensive case law when analyzing artículo 50 de nuestra Constitución Política.
II.Subject matter of the challenge. The purpose of this action is to determine whether artículos 28 a 35 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre and 16 a 18 de su reglamento, decreto número 26435-MINAE, as well as decreto número 31737- MINAE, are unconstitutional because they conflict with artículos 50 y 89 de la Constitución and with the international treaties on the subject signed, approved, and ratified by the Costa Rican State.
The petitioners’ arguments concern two issues:
It is clear from the brief initiating the action that both arguments primarily concern sport hunting, although the challenged regulations govern not only sport hunting but also scientific and subsistence hunting; accordingly, the action is deemed brought solely with respect to sport hunting. It should likewise be clarified that, of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, only the provisions governing hunting were challenged, not those concerning inland and insular fishing (pesca insular), the regulation of which is contained in artículos 61 a 69 de la cited law.
III.Merits. The challenged articles of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre regulate sport, scientific, and subsistence hunting. They provide verbatim:
“ARTICLE 28.- For the purpose of regulating the practice of hunting, hunting is classified as:
For their part, Articles 16 through 18 of the Regulations to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, decreto número 26435-MINAE, set forth the basic guidelines that the Executive Branch must follow in establishing the closed seasons prescribed annually by decree. In this regard, they regulate authorized hunting methods and, specifically, the types of weapons that may be used. These provisions are supplemented each year by the respective closed-season decree. Thus, the regulatory framework governing big-game and small-game hunting (caza mayor y menor) consists of the provisions of Articles 28 through 35 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, Articles 16 through 18 of the Regulations to that Law—which, in addition to hunting, regulate inland and island fishing (pesca continental e insular)—and the corresponding closed-season decree. These latter two instruments, the Regulations and the annual closed-season decree, constitute the implementation by the Executive Branch, in the exercise of its rulemaking authority (potestad normativa), of the provisions of the Ley de Conservación de Vida Silvestre concerning hunting and, where applicable, inland and island fishing.
IV.Regarding the constitutionality of sport hunting (caza deportiva). Costa Rican legislation employs a concept of conservation of our natural resources based on their rational use (uso racional), given their renewable nature. From this standpoint, the State is obligated to ensure the adoption of legislation and measures intended to safeguard the balanced protection and conservation of fauna and flora. The purpose of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and its Regulations is precisely to regulate and maintain the rational use of wildlife without causing harm to it. Within this context, the Executive Branch is obligated to establish the closed seasons and types of weapons that may be used in the hunting and fishing regulated by the Law (Article 34), while its Regulations require the issuance of an annual decree containing the respective rules (Article 16), and prohibit the hunting or fishing of endangered species (especies en vías de extinción), except for sustainably conducted breeding. In this regard, the challenged decreto ejecutivo 31737- MINAE has its legal basis in Articles 6, 12, 14, and 18 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre.
V.This Chamber does not agree with the argument that the sport hunting of wild species in itself endangers the environment and the ecological balance (equilibrio ecológico) protected by Article 50 of the Constitution, because the entire regulatory scheme is based on the premise that the use and exploitation of wildlife by human beings, viewed as a natural resource, must be undertaken in such a manner that its rational use and exploitation do not endanger the survival of species. This perspective is grounded in the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible), which has a constitutional basis and is supported by the international rules subscribed to by our country. The concept of sustainable development has likewise been developed in constitutional case law since judgment 3705-93. Sport hunting therefore constitutes a lawful form of use of wildlife, subject to State regulation, control, and oversight, irrespective of its ethical acceptability.
In addition to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, the Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CITES) establishes the legal framework for hunting, including sport hunting, to be practiced sustainably. To contend that the protection afforded by Article 50 of our Constitution encompasses respect for life in all its forms, without exception, would entail disregarding the principle of sustainable development, with consequences such that animal husbandry for human consumption, as well as scientific and subsistence hunting and fishing—not only sport hunting and fishing—could not be carried out. Therefore, as the Procuraduría correctly observes in its response, Article 9.1 of the Ley de Biodiversidad must be understood in relation to the objectives of conserving and sustainably using national resources. In this specific case, this entails the State’s duty to protect all existing species of flora and fauna against irrational use (uso irracional), understood as use that could endanger the existence of the various species.
Accordingly, insofar as the concept regulated by the Law is consistent with the principle of rational use of natural resources—that is, sustainable development that permits their renewal—the legislation satisfies the requirements of Article 50 of the Constitution and the international treaties subscribed to by our country.
VI.That said, the fact that the existence of sport hunting (caza deportiva) is not in itself unconstitutional does not mean that its specific regulation is not unconstitutional; that is, it does not mean that decreto 31737-MINAE, issued pursuant to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, which regulates in detail inland and island hunting and fishing (caza y pesca continental e insular) for the year 2004, complies with the principles stated above. This brings us to the second ground on which this constitutional challenge (acción) is based. Here we encounter the problem of proving the effects that the challenged decree may be having on flora and fauna, since its general nature makes it impossible to determine the effects it has on each species. This is precisely the central point of the petitioners’ argument: because there are no scientific studies specific to each species, the authorization of sport hunting is itself a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) and of the precautionary principle (principio precautorio); therefore, until such technical studies exist, the authorization contained in the decree to issue sport-hunting licenses must be prohibited.
In support of that position, they cite this Chamber’s precedent in the case involving the closed season (veda) for hunting green sea turtles, stating that, in order to be constitutional, the decree must specify which species may be hunted or fished and with which weapons and methods, based solely on sound technical and scientific support for each species that guarantees respect for the environment. The Office of the Attorney General (Procuraduría) states that the challenged decree must withstand constitutional scrutiny—in this case, compliance with the precautionary principle—and that, although there is a strictly technical and scientific sphere that the constitutional court may not assess, it is nevertheless responsible for verifying whether that requirement, as such, has been met and whether it reasonably satisfies what are technically known as “technical and scientific rules having an unequivocal meaning and exact application,” protected under Article 158.4 of the Ley General de la Administración Pública.
This means that, although the Chamber does not possess the technical and scientific information necessary to determine whether environmental protection is satisfied with respect to each species, the decree generally has some technical and scientific support that gives it a constitutional dimension, even though its particular effects cannot be broadly inferred from that support because it affects an indeterminate number of species. The issue is undoubtedly complex because, even if the decree withstands that analysis, it cannot be known with certainty whether it actually produces harmful effects on one or more specific species, which, as is known, because of the chain of resulting effects would invariably affect the environment as a whole. This brings us back to the first argument raised: whether it is at all possible to hunt animals without affecting the environment. As can be seen, the crux of the matter lies in understanding that the balance sought by both our Constitution and our legislation is not and cannot be perfect, but only reasonable; that is, it entails the rational use of natural resources (aprovechamiento racional de los recursos naturales) in a manner that permits their renewable use.
Human intervention will always produce an imbalancing effect on nature, but its effects must not be such as to endanger its sustainability. Accordingly, it is sufficient for the challenged decree to have a technical and scientific basis that this Chamber deems credible in order to pass constitutional scrutiny. It need not be the best scientific study, but merely one that complies with the “technical and scientific rules having an unequivocal meaning and exact application.” From a scientific standpoint, this may amount to heresy, but not from a legal standpoint, which is governed by different rules. This remains a matter of concern to the Chamber; nevertheless, it would be virtually impossible to determine “in the abstract” the effects that application of the decree might have on every species affected by it. The legal system therefore provides another remedy for cases of this kind: a specific analysis of those effects through an amparo proceeding (recurso de amparo), which is designed precisely to assess the specific application that general rules may have in a particular situation resulting in the infringement of a fundamental right.
This does not mean, as the Office of the Attorney General rightly notes, that the decree is not required to have technical and scientific support. It is here that a conflict arises between what MINAE regards as technical and scientific support and what the petitioners regard as such. The central issue is that MINAE based the drafting of the decree on the experience of its biologists, who have more than twenty years of experience; on research conducted by individuals or by national and foreign institutions; on the historical behavior of the species involved; and on other factors (as stated in official letter DM-1780-2003 of cinco de setiembre del 2003, at page 120). The petitioners contend that, to be valid, this technical and scientific study must be specific to each species. Accordingly, the Chamber is being asked to choose between two systems that have been used, both of them scientific, to determine not which is better—which lies beyond the scope of this challenge—but, as the Office of the Attorney General acknowledges, whether the precautionary principle has been observed; that is, whether the decree has some scientifically reasonable basis that guarantees environmental protection.
We already know that perfection cannot be expected in this area, which is based on the concept of sustainable development (desarrollo sostenible), rather than on preventing every impact on the environment. Within that context, the challenged decree is not per se unconstitutional in this Chamber’s view, because it has technical and scientific support which, although it probably can and should be improved, does not permit its impact on one or more specific species to be established in the abstract. Those effects can, however, be determined through a specific analysis of each species allegedly affected, should such a case arise, by means of an amparo proceeding. It could be argued that the impossibility of knowing in the abstract whether environmental balance is guaranteed is itself proof of a violation of the precautionary principle. That would be true, as it was in precedent 1250-03 concerning sea turtles, were it not for the fact that the State has also submitted evidence that a per se prohibition of sport hunting generally, and of certain species specifically regulated by the challenged decree, could itself have adverse environmental effects if those populations were not controlled, as the Minister of Environment and Energy states in his submissions at pages 157 and 205.
Evidence has even been submitted concerning the overpopulation of several species that adversely affect crops or other species and must be controlled through sport hunting and other methods to avoid the use of techniques that indiscriminately harm the environment, such as mass poisoning, which would affect other species, including those not covered by the decree. Consequently, annulment of the challenged rules could itself constitute a violation of the State’s duty to guarantee a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, the specific effects of the challenged decree must inevitably be assessed in each particular case and through an analysis of the technical and scientific studies submitted as evidence, rather than in the abstract as sought in this challenge.
VII.Finally, this Chamber considers that future decrees of this kind must establish specific limits on the maximum number of licenses to be issued by area and species and on the number of specimens permitted, as well as establish centralized oversight and monitoring of those licenses, in order to prevent excesses that could result in a violation of Article 50 of our Constitution.
Por tanto:
The action is dismissed. The Ministry of Environment and Energy (MINAE) shall comply with the obligation set forth in the final recital (considerando) of this judgment. Let notice be given.
Ana Virginia Calzada M.
Acting President Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
*040075730007CO* *040075730007CO* Res. Nº 2006-010973 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas y cinco minutos del veintiséis de julio del dos mil seis.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre01, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad CED01, Defensor de los Habitantes de la República y Nombre02, con único apellido en razón de su nacionalidad canadiense, mayor, casado una vez, empresario, cédula de residencia número uno dos cinco- uno cuatro cero tres cinco cero- cero cero cero siete siete siete, vecino de la Garita de Alajuela, en su calidad de Presidente de la Fundación Restauración de la Naturaleza, titular de la persona jurídica número tres- cero cero seis- ciento setenta y un mil quinientos cincuenta y tres, contra el Decreto Ejecutivo # 31737 MINAE, los artículos 28 al 34 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y 16 al 18 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo # 26435-MINAE. Intervinieron también en el proceso Allan René Flores Moya, Ministro del Ambiente y Energía a.i y Farid Beirute Brenes en representación de la Procuraduría General de la República.
Como coadyuvantes intervienen Ruth Solano Vásquez, cédula de identidad CED02, Presidenta de la Asociación de Justicia para la Naturaleza, cédula jurídica número tres-cero cero dos-uno uno cero cero cero tres cuatro-treinta y dos, Luis Diego Marín Schumacher, cédula de identidad CED03, Presidente de APREFLOFAS, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, cédula jurídica tres cero cero dos-cero siete uno seis siete seis-treinta y dos, Ignacio Escorriola Giovannini, cédula de identidad CED04, Fiscal de Vida, Asociación de Voluntariado, Investigación y Desarrollo Ambiental, cédula jurídica CED05, Randall Arauz Vargas, cédula de identidad CED06, Presidente de Pretoma, Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas, cédula jurídica CED07, María Elena Founier, cédula de identidad CED08, Presidenta de la Asociación Conservacionista Yisky, Noemí Canet Moya, cédula de identidad CED09, Presidenta del Colegio de Biólogos; Luis Diego Acuña Delcore, cédula de identidad CED10. .
Resultando:
Redacta el Magistrado Mora Mora; y,
Considerando:
I.Sobre la admisibilidad: La Defensoría de los Habitantes está directamente legitimada para interponer esta acción de inconstitucionalidad por disposición expresa del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por su parte, la legitimación del accionante Nombre02, es activa y directa en el tanto el deber estatal de protección del ambiente tutela un interés colectivo cuya defensa exime al accionante del asunto previo exigido por el párrafo primero del artículo 75 de la citada ley, de conformidad con lo que establece el párrafo segundo ibídem, tal y como lo ha interpretado esta Sala Constitucional en abundante jurisprudencia al analizar el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
II.Objeto de la impugnación. Esta acción tiene por objeto determinar si los artículos 28 a 35 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y 16 a 18 de su reglamento, decreto número 26435-MINAE, así como el decreto número 31737- MINAE, son inconstitucionales por ser contrarios a lo que disponen los artículos 50 y 89 de la Constitución, y lo que establecen los tratados internacionales sobre la materia, suscritos aprobados y ratificados por el estado costarricense.
Los argumentos de los accionantes giran en torno a dos aspectos:
Queda claro del escrito de interposición de la acción que ambos argumentos se refieren, principalmente, a la cacería deportiva, aunque la normativa contra la cual fue interpuesta regula, además de esta última, el ejercicio de la cacería científica y la de subsistencia, en ese sentido se tiene por interpuesta la acción en cuanto a la cacería deportiva únicamente. Asimismo cabe aclarar que de la Ley de Conservación de Vida Silvestre sólo fue impugnado el articulado que regula lo relacionado con la caza, no así lo relacionado con la pesca continental e insular, cuya regulación está contenida en los artículos 61 a 69 de la citada ley.
III.Sobre el fondo. Los artículos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre impugnados, regulan lo relacionado con el ejercicio de la caza, deportiva, científica y de subsistencia. Establece textualmente:
“ARTICULO 28.- Con el objetivo de regular el ejercicio de la caza, esta se clasifica en:
Por su parte, los numerales 16 al 18 del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, decreto número 26435-MINAE, señalan los lineamientos básicos que debe seguir el poder ejecutivo en el establecimiento de la vedas que anualmente establece por medio de decreto. En este sentido, regula lo relativo a los métodos de caza autorizados y, específicamente, lo relacionado con el tipo de armas que pueden ser utilizadas. Estas disposiciones vienen a ser complementadas cada año con lo que establece el respectivo decreto de vedas. De esta manera, el marco normativo que regula lo relativo al ejercicio de la caza mayor y menor, está constituido por lo que establece la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículos 28 a 35, el reglamento a la ley en sus artículos 16 a 18, que además de la caza, regula lo relativo a la pesca continental e insular, y el correspondiente decreto de vedas. Estas últimas dos normas, el reglamento y el decreto anual de vedas, vienen a ser el desarrollo que, en ejercicio de su potestad normativa, el poder ejecutivo hace de lo que dispone la Ley de Conservación de Vida Silvestre sobre el ejercicio de la caza y, en su caso, de la pesca continental e insular.
IV.Sobre la constitucionalidad de la caza deportiva. La legislación costarricense utiliza un concepto de conservación de nuestros recursos naturales basado en el uso racional de los mismos, dada su naturaleza renovable. Desde este punto de vista la obligación del Estado es velar por la adopción de legislación y acciones tendentes a asegurar la protección y conservación de la fauna y la flora con un concepto de equilibrio. Precisamente la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento tiene como objeto regular y mantener en forma racional el uso de la vida silvestre sin que se de un detrimento de ésta. Dentro de este contexto el Poder Ejecutivo tiene la obligación de establecer las vedas y tipos de armas que se podrán utilizar en la caza y pesca que regula la ley (artículo 34) y su Reglamento establece la obligación de emitir un decreto anual con las regulaciones respectivas (artículo 16) prohibiéndose la caza o la pesca de las especies en vías de extinción con excepción de la reproducción efectuada sosteniblemente. En ese sentido el decreto ejecutivo 31737- MINAE impugnado, tiene su sustento jurídico en los artículos 6, 12, 14 y 18 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
V.El argumento de que la cacería deportiva de especies silvestres por sí mismo pone en peligro el ambiente y el equilibrio ecológico tutelado en el artículo 50 de la Constitución, no es compartido por esta Sala, en vista de que todo el esquema normativo se basa en que el uso y aprovechamiento que el ser humano puede hacer de la vida silvestre, vista como recurso natural, de tal forma que no puede poner en peligro la superviviencia de las especies con su uso y explotación racional. Se trata de una perspectiva fundamentada en el principio de desarrollo sostenible que tiene sustento constitucional y respaldo en la normativa internacional suscrita por nuestro país. Asimismo el concepto de desarrollo sostenible ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional a partir de la sentencia 3705-93. De esta forma la cacería deportiva constituye una forma legal de aprovechamiento de la fauna silvestre, sometida a regulación, control y fiscalización del Estado, independientemente de su compatibilidad ética.
Además de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CITES), establece el marco jurídico para que la actividad de la caza, incluida la deportiva, se ejerza en forma sostenible. Pretender que la defensa del artículo 50 de nuestra Constitución incluye el respeto a la vida en todas sus formas, sin excepción, implicaría la desaplicación del principio de desarrollo sostenible, con consecuencias tales que no podrían realizarse actividades de crianza de animales pare el consumo humano y de la caza y pesca científica y de subsistencia, no sólo la deportiva, por lo que como bien lo apunta la Procuraduría en su respuesta, el artículo 9.1 de la Ley de Biodiversidad hay que entenderlo en relación con los fines de conservación y uso sostenible de los recursos nacionales, lo que en el caso concreto implica, el deber del Estado de proteger a todas las especies de flora y fauna existentes del uso irracional entendido como aquél que pueda poner en peligro la existencia de las distintas especies.
En ese sentido, mientras que el concepto que la Ley regula sea conforme al principio de uso racional de los recursos naturales, es decir de un desarrollo sostenible que permita su renovación, la legislación cumple con las exigencias del artículo 50 de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
VI.Ahora bien, el hecho de que la existencia de la caza deportiva por sí misma no sea inconstitucional, no quiere decir que su regulación específica no lo sea, es decir, que el decreto 31737-MINAE, dictado conforme a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que regula en detalle la caza y pesca continental e insular para el año 2004, sea respetuosa de los principios señalados, lo cual nos lleva al segundo punto de impugnación de esta acción. Aquí nos topamos con un problema de comprobación de los efectos que el decreto impugnado pueda estar produciendo en la flora y fauna, dado que su naturaleza genérica, impide determinar los efectos que en cada especie produce. Este es precisamente el punto central del argumento de los actores que señalan que al no existir estudios científicos específicos para cada especie, la autorización de caza deportiva en sí misma resulta violatoria del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del principio precautorio, y que por lo tanto, hasta tanto no existan tales estudios técnicos, la autorización contenida en el decreto para emitir licencias de caza deportiva debe ser prohibida.
En apoyo a esa tesis, citan el antecedente de esta Sala dictado en el caso de la veda a la caza de la tortuga verde, indicando que el decreto para ser constitucional debe indicar cuales especies se pueden cazar o pescar, y con qué armas y métodos, sólo a partir de un sólido respaldo técnico científico para cada especie que garantice el respeto al ambiente. La Procuraduría indica que el decreto cuestionado debe resistir el test constitucional en este caso el respeto al principio precautorio, y que aunque existe un ámbito estrictamente técnico científico que el juez constitucional no puede entrar a valorar, sí le corresponde constatar si el requisito en cuanto a tal, se cumple, y si éste razonablemente satisface lo que en materia técnica se llaman “reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta” tutelado en el artículo 158.4 de la Ley General de la Administración Pública.
Lo que esto implica es que si bien la Sala no tiene los elementos técnico-científicos para determinar si en cada especie se cumple con la protección del ambiente, en general el decreto - tiene algún respaldo técnico científico que le de un matiz constitucional, aún y cuando sus efectos particulares no se puedan desprender grosso modo del mismo dado que afecta a un número indeterminado de especies. Sin duda que el tema es complicado porque aunque el decreto resista ese análisis, no se sabe si a ciencia cierta en realidad produce efectos nocivos en una o varias especies determinadas que, como se sabe, debido a la cadena de sus efectos resultaría siempre en una afectación del ambiente en general, con lo cual volvemos a caer en el primer argumento planteado sobre si es posible del todo cazar animales sin afectar el ambiente. Como puede verse el quid del asunto está en entender que el equilibrio que pretenden tanto nuestra Constitución como nuestra legislación no es ni puede ser perfecto, sino únicamente razonable es decir de un aprovechamiento racional de los recursos naturales que permita su uso renovable.
Siempre habrá producto de la intervención del ser humano un efecto desequilibrante en la naturaleza, cuyos efectos no deben ser tales que pongan en peligro su sostenibilidad. Así las cosas, basta con que el decreto impugnado tenga una base técnico científica que le merezca fe a esta Sala, para superar el test de constitucionalidad. No tiene que ser el mejor estudio científico, sólo aquél que respete las “reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta”, lo cual desde el punto de vista científico puede resultar una herejía, pero no desde el punto de vista legal que tiene otras reglas del juego. No deja de ser una preocupación para esta Sala que ello sea así, no obstante sería virtualmente imposible “en abstracto” determinar los efectos que la aplicación del decreto pueda tener en cada especie afectada por el mismo, por lo cual el sistema legal tiene otra solución para este tipo de casos y es el análisis concreto de sus efectos, mediante el recurso de amparo que es precisamente para medir la aplicación concreta que la normativa general pueda tener en una situación concreta que derive en una afectación de un derecho fundamental.
Eso no quiere decir, como bien lo advierte la Procuraduría que el decreto no esté obligado a tener un respaldo técnico científico, y es aquí donde se da una contraposición en entre lo que el Minae considera un respaldo técnico-científico y lo que los recurrentes consideran como tal. El centro del asunto está en que el Minae basa la elaboración del decreto en la experiencia de sus biólogos de más de veinte años de experiencia, de investigaciones particulares o de instituciones nacionales y extranjeros, el comportamiento histórico de las especies involucradazas, entre otros,(como seseñala en el oficio DM-1780-2003 del cinco de setiembre del 2003 a folio 120), y los accionantes estiman que ese estudio técnico científico para ser válido debe ser un estudio específico de cada especie. Así las cosas, se pone a la Sala a escoger entre dos sistemas utilizados, ambos científicos, para determinar, no cuál es el mejor, lo cual no está dentro de los alcances de la acción, que se limita como lo reconoce la Procuraduría, a determinar si se cumple con el respeto al principio precautorio es decir, si el mismo tiene alguna base científicamente razonable que garantice la protección al medio ambiente, pues ya sabemos que no puede pretenderse nada perfecto en esta materia que se basa más bien en el concepto de desarrollo sostenible y no en toda afectación del mismo.
Dentro de ese contexto, para esta Sala no resulta per sé inconstitucional el decreto impugnado, pues tiene un respaldo técnico-científico que, aunque probablemente puede y debe ser mejor, no se puede establecer en abstracto su afectación sobre una o varias especies determinadas, efectos que sí se pueden lograr mediante el análisis concreto de cada especie supuestamente afectada, si se diera el caso, por medio del recurso de amparo. Podría decirse que la imposibilidad de saber en abstracto si el equilibrio ambiental está garantizado es por sí mismo la prueba de la violación al principio precautorio, y ello sería cierto, como resultó en el antecedente del caso de las tortugas marinas 1250-03, si no fuera porque el Estado también ha aportado prueba de que la prohibición per sé de la caza deportiva en general y de ciertas especies en particular reguladas en el decreto cuestionado, pueden traer a su vez efectos adversos sobre el ambiente de no ser controladas, como lo menciona el Ministro de Ambiente y Energía en sus escritos de folios 157 y 205.
Incluso se ha aportado prueba de la sobrepoblación de varias especies que producen efectos nocivos sobre cultivos o sobre otras especies, que requieren ser controlados por medio de la caza deportiva y otros métodos para evitar el uso de técnicas que afectan indiscriminadamente el ambiente, como son los envenenamientos masivos que afectarían otras especies, incluso las que están fuera del decreto, de tal forma que la propia anulación de la normativa impugnada podría significar, a su vez, una violación al deber del estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así las cosas inevitablemente los efectos concretos del decreto impugnado, deberán de valorarse frente a cada caso específico y con análisis de los estudios técnico-científicos que como prueba sean sometidos y no en abstracto como se pretende en esta acción.
VII-. Finalmente estima esta Sala que los decretos futuros de esta especie deben establecer límites determinados sobre el número de licencias máximas a otorgar por zona, por especie y el número de piezas permitidas, así como establecer un control y monitoreo centralizado de las mismas, para evitar excesos que pudieran resultar en una violación al artículo 50 de nuestra Constitución.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción. Debe el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) cumplir con la obligación señalada en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
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