← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 02410-2007 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/02/2007
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismisses the unconstitutionality action on the merits, holding that the norms establishing the marine boundaries of national parks and protected areas on the Pacific coast do not violate the Political Constitution.La Sala Constitucional rechaza por el fondo la acción de inconstitucionalidad, declarando que las normas que establecen los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico no infringen la Constitución Política.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismisses on the merits the unconstitutionality action brought by the fishing associations CAMAPUN and UNIPESCA against various laws and executive decrees establishing the marine boundaries of national parks and protected areas on the Pacific coast. The Chamber holds that geographic delimitation by executive decree is constitutionally valid because the designation of property as part of the nation's natural heritage may be done by law or decree, while the reduction of protected areas is reserved exclusively to law. It rejects the claim of procedural defect for lack of consultation with INCOPESCA, as the matter falls outside its competence. The Chamber finds that an environmental impact study is not required for the creation of protected areas, only the technical studies mandated by the Organic Environmental Law, and that the demarcation does not violate the principles of reasonableness and proportionality because the areas are public domain goods. It concludes that there is no violation of the right to work, as the fishing restrictions derive from the State's duty to ensure a healthy environment and do not absolutely prohibit fishing in the Pacific coastal waters.La Sala Constitucional rechaza por el fondo la acción de inconstitucionalidad interpuesta por las asociaciones de pescadores CAMAPUN y UNIPESCA contra diversas leyes y decretos ejecutivos que establecen los límites marinos de parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico. La Sala determina que la delimitación geográfica mediante decreto ejecutivo es constitucionalmente válida, ya que la afectación de bienes al patrimonio natural del Estado puede realizarse por ley o decreto, reservándose la reducción de áreas protegidas exclusivamente a la ley. Descarta vicios de procedimiento legislativo por falta de consulta al INCOPESCA, pues la materia no es de su competencia. Considera que no se requiere un estudio de impacto ambiental para crear áreas protegidas, sino los estudios técnicos previstos en la Ley Orgánica del Ambiente, y que la demarcación no vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad por tratarse de bienes de dominio público. Concluye que no hay infracción del derecho al trabajo, ya que las restricciones pesqueras derivan del deber estatal de garantizar un ambiente sano y no impiden absolutamente la actividad pesquera en el litoral Pacífico.
Key excerptExtracto clave
Therefore, it is not contrary to the Constitution for the delimitation of marine parks and protected areas to have been carried out by decree, for their extension to have been expanded by subsequent decrees, and finally, in some cases, for their extension to have been ratified by law. It must be emphasized that the only restriction on the Administration is for the declassification of the property or the reduction of the park or protected area, which may only be done by the Legislative Assembly, following a technical study justifying the measure. Consequently, the possible omission of environmental impact studies for the determination of the geographic boundaries of the aforementioned marine parks and protected areas cannot be deemed contrary to the Constitution or the special regime for environmental protection, since such studies are not required for environmental preservation, inasmuch as their creation can in no way be said to cause negative effects. It is not possible to consolidate a subjective right – of ownership, or even of possession – over a public domain good; at most, a concession or permit may be granted, which is subject to revocation for reasons of public interest – as in this case, where an environmental public interest is at stake, transcending the mere administrative interest to encompass goals and values such as life, health, and ecological balance...De manera que, no resulta contrario al Derecho de la Constitución el que la delimitación de los parques y áreas marinas protegidas se haya realizado mediante decreto, que la extensión se haya ampliado mediante decretos posteriores, y que finalmente, en algunos de los casos, se haya ratificado su extensión mediante una ley. Se insiste, la única restricción que tiene la Administración es para la desafectación del bien o para la reducción del parque o área protegida, la cual sólo puede hacer la Asamblea Legislativa, previo estudio técnico que justifique la medida. En virtud de lo cual, no puede estimarse como contrario al Derecho de la Constitución y al régimen especial de la tutela del ambiente la eventual omisión de estudios de impacto ambiental para la determinación de los límites geográficos de los citados parques y áreas marinas protegidas, dado que su realización no se exige para la preservación del ambiente, en atención a que su creación en modo alguno puede tenerse que cause efectos negativos. No es posible consolidar un derecho subjetivo –de propiedad, ni siquiera de posesión– sobre un bien de dominio público, a lo sumo, la concesión o permiso, que es susceptible de ser revocada, por razones de interés público –como en este caso, que se trata de un interés público ambiental, que trasciende el ámbito del mero interés administrativo, para referirse a fines y valores como la vida, la salud y el equilibrio ecológico–...
Pull quotesCitas destacadas
"La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano."
"Environmental protection is a task that falls equally to everyone: public institutions, by enforcing current legislation and promoting efforts to prevent or eliminate environmental dangers; and private individuals, by complying with those provisions and collaborating in the defense of the soil, air and water, since any harmful change resulting from a human act in their composition, content or quality will also be detrimental to the quality of human life."
Considerando III
"La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano."
Considerando III
"La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida."
"The area of protected wilderness areas, which form part of the natural heritage of the State, regardless of their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure."
Considerando V (Art. 38 Ley Orgánica del Ambiente)
"La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida."
Considerando V (Art. 38 Ley Orgánica del Ambiente)
"El artículo 50 de la Constitución Política fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente para positivizar en el Texto Fundamental el reconocimiento de la tutela del ambiente en una doble dimensión, sea, como derecho fundamental y como función pública, toda vez que se estatuye como obligación del Estado –en su conjunto– de 'garantizar, defender y preservar' el ambiente."
"Article 50 of the Political Constitution was amended by Law No. 7412 of June 3, 1994, precisely to enshrine in the Fundamental Text the recognition of environmental protection in a dual dimension, that is, as a fundamental right and as a public function, since it establishes the obligation of the State – as a whole – to 'guarantee, defend and preserve' the environment."
Considerando III
"El artículo 50 de la Constitución Política fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente para positivizar en el Texto Fundamental el reconocimiento de la tutela del ambiente en una doble dimensión, sea, como derecho fundamental y como función pública, toda vez que se estatuye como obligación del Estado –en su conjunto– de 'garantizar, defender y preservar' el ambiente."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: February 21, 2007 at 16:15 Case File: 06-014537-0007-CO Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant judgment Related Judgments Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: PROPERTY Subtopics:
NOT APPLICABLE.
2410-07. DELIMITATION OF MARINE BOUNDARIES OF NATIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS. Legal norms and executive decrees that establish or modify the marine limits of national parks and protected areas on the Pacific coast of Costa Rica.
*060145370007CO* *060145370007CO* Case File: 06-014537-0007-CO Res: 2007-02410 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and fifteen minutes on February twenty-first, two thousand seven.- Action of unconstitutionality brought by ALVARO MORENO GÓMEZ, attorney and notary, with identity card number 6-137-555, resident of Puntarenas and GERARDO MARÍN ROJAS, businessman, with identity card number 6-105-415, resident of Esparza, both of legal age and married, in their capacity as Presidents of the CÁMARA PUNTARENENSE DE PESCADORES (CAMAPUN) and the UNIÓN INDEPENDIENTE DE PESCADORES DE CAMARÓN (UNIPESCA); against the legal norms and executive decrees that establish or modify the marine limits of the national parks and protected areas on the Pacific coast of Costa Rica.
Whereas:
1.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours forty-nine minutes on November twenty-seventh, two thousand six, the plaintiff associations request the declaration of unconstitutionality of the legal norms and executive decrees that establish or modify the marine limits of the national parks and protected areas on the Pacific coast of Costa Rica, considering that the determination of geographic limits of national parks and marine protected areas violates Articles 50, 56, and 190 of the Political Constitution, since, under the Fishing and Aquaculture Law number 8436, the fishermen obtained the subjective right to carry out fishing activity along the entire Pacific coast, on the continental shelf and within the twelve territorial miles in a lawful manner, and in accordance with the conditions set by the Ministry of Agriculture and Livestock, the National Fisheries Directorate, and INCOPESCA, the above in protection of the country's family and food security. Now, through executive decrees, which have been given the force of law, marine territorial limits are established, using imaginary lines oriented seaward, reaching the territorial waters (12 nautical miles) from the coast, without using any technical or scientific criteria, also infringing on the legislative process by omitting the mandatory consultation with INCOPESCA, which in turn is contrary to the principle of publicity; preventing the right to work and livelihood of the fishermen, in addition to the waste of the Nation's usable marine resources, which is an affront to the first paragraph of Article 50 of the Constitution. They claim that this legal framework lacks prior technical environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) studies that would justify or determine the feasibility of the protection sought with the creation of the protected zones and areas, and therefore, vast marine extensions were arbitrarily incorporated into the terrestrial limits and protected areas in the surrounding marine areas, which are, it is repeated, traditionally dedicated to fishing activity; thereby forcing them to venture into international waters to achieve the basic sustenance of their families, which implies the creation of risks that are absolutely unnecessary; it restricts the country's economic and social development, and seriously jeopardizes national food health. Furthermore, under the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and the Natural Scenic Beauties of the Countries of the Americas, approved by Law number 3763, there is a legal reserve for the delimitation of protected zones and areas, so it is not possible to modify the geographic determination via executive decree; for which reason the State must exercise extreme care in its initial demarcation, because it subjects the area to a special regime. By virtue of the foregoing, they request the annulment of the following provisions: the first article of Law number 6794, which ratifies the laws and executive decrees that created or expanded the Cabo Blanco Absolute Nature Reserve (Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco), created by Executive Decree number 10, of October 21, 1963; Santa Rosa National Park, created by Executive Decrees number 1562-A, of March 20, 1971, number 7013-A, of May 14, 1977, and number 2062-A, of November 13, 1980; Corcovado National Park, created by Executive Decrees number 5357-A, of October 24, 1975, and number 1148-A, of February 5, 1980; and the addition to Manuel Antonio National Park, created by Executive Decree number 11148-A, of February 5, 1980; the first article of Decree 6215, of March 9, 1978, which created the Isla del Caño Biological Reserve (Reserva Biológica Isla del Caño); the first articles of Executive Decrees number 8748, of June 22, 1978, number 15514, of June 14, 1984, number 20260, of January 9, 1991, and number 29834, of August 23, 2001, which determine the extent of the Isla del Coco National Park and its islets; the first articles of Executive Decrees number 10, of October 21, 1963, number 13632, of May 3, 1982, and number 23775, of October 23, 1994, which delimit the Cabo Blanco Absolute Nature Reserve; the first article of the Law Creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, number 7524, of September 10, 1995, which determines the extent of this marine park; Transitory Provision I of the Wildlife Conservation Law, number 7317, of October 30, 1992, and executive decrees number 16531, of July 18, 1985, and number 2251, of September 14, 1993, which establish the geographic delimitation of the National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre); the first article of Executive Decree number 19441, of December 14, 1989, which delimits the Ballena National Marine Park; and the first article of Executive Decree number 33232, of July 25, 2006, which determines the extension area of the Caletas-Ario National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario).
2.- In order to substantiate the standing they hold to bring this action of unconstitutionality, they claim the defense of collective interests, resulting in individual harm for each of the inhabitants of the Republic, and for all Costa Rican fishermen and the members of the organizations they represent; as they consider the infringement of the right of every person to enjoy an adequate distribution of wealth, the right to work, equality before the law, oversight of administrative action, and the principle of legality, contained in Articles 11, 33, 50, and 56 of the Political Constitution.
3.- The second paragraph of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to reject on the merits, at any procedural stage, even from its filing, actions brought before it, when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar action that was rejected.
Drafted by Magistrate Solano Carrera; and,
Considering:
I.- OF THE SUBJECT OF THE CHALLENGE.- The Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN) and the Unión Independiente de Pescadores de Camarón (UNIPESCA) request the declaration of unconstitutionality of the legal norms and executive decrees that establish or modify the marine limits of the national parks and protected areas on the Pacific coast of Costa Rica, considering that the determination of geographic limits of national parks and marine protected areas violates Articles 50, 56, and 190 of the Political Constitution, since, under the Fishing and Aquaculture Law number 8436, the fishermen obtained the subjective right to carry out fishing activity along the entire Pacific coast, on the continental shelf and within the twelve territorial miles in a lawful manner, and in accordance with the conditions set by the Ministry of Agriculture and Livestock, the National Fisheries Directorate, and INCOPESCA, the above in protection of the country's family and food security. Now, through executive decrees, which have been given the force of law, marine territorial limits are established, using imaginary lines oriented seaward, reaching the territorial waters (12 nautical miles) from the coast, without using any technical or scientific criteria, also infringing on the legislative process by omitting the mandatory consultation with INCOPESCA, which in turn is contrary to the principle of publicity; preventing the right to work and livelihood of the fishermen, in addition to the waste of the Nation's usable marine resources, which is an affront to the first paragraph of Article 50 of the Constitution. They claim that this legal framework lacks prior technical environmental impact assessment studies that would justify or determine the feasibility of the protection sought with the creation of the protected zones and areas, and therefore, vast marine extensions were arbitrarily incorporated into the terrestrial limits and protected areas in the surrounding marine areas, which are, it is repeated, traditionally dedicated to fishing activity; thereby forcing them to venture into international waters to achieve the basic sustenance of their families, which implies the creation of risks that are absolutely unnecessary; it restricts the country's economic and social development, and seriously jeopardizes national food health. Furthermore, under the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and the Natural Scenic Beauties of the Countries of the Americas, approved by Law number 3763, there is a legal reserve for the delimitation of protected zones and areas, so it is not possible to modify the geographic determination via executive decree; for which reason the State must exercise extreme care in its initial demarcation, because it subjects the area to a special regime. By virtue of the foregoing, they request the annulment of the following provisions: the first article of Law number 6794, which ratifies the laws and executive decrees that created or expanded the Cabo Blanco Absolute Nature Reserve, created by Executive Decree number 10, of October 21, 1963; Santa Rosa National Park, created by Executive Decrees number 1562-A, of March 20, 1971, number 7013-A, of May 14, 1977, and number 2062-A, of November 13, 1980; Corcovado National Park, created by Executive Decrees number 5357-A, of October 24, 1975, and number 1148-A, of February 5, 1980; and the addition to Manuel Antonio National Park, created by Executive Decree number 11148-A, of February 5, 1980; the first article of Decree 6215, of March 9, 1978, which created the Isla del Caño Biological Reserve; the first articles of Executive Decrees number 8748, of June 22, 1978, number 15514, of June 14, 1984, number 20260, of January 9, 1991, and number 29834, of August 23, 2001, which determine the extent of the Isla del Coco National Park and its islets; the first articles of Executive Decrees number 10, of October 21, 1963, number 13632, of May 3, 1982, and number 23775, of October 23, 1994, which delimit the Cabo Blanco Absolute Nature Reserve; the first article of the Law Creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, number 7524, of September 10, 1995, which determines the extent of this marine park; Transitory Provision I of the Wildlife Conservation Law, number 7317, of October 30, 1992, and executive decrees number 16531, of July 18, 1985, and number 2251, of September 14, 1993, which establish the geographic delimitation of the National Wildlife Refuge; the first article of Executive Decree number 19441, of December 14, 1989, which delimits the Ballena National Marine Park; and the first article of Executive Decree number 33232, of July 25, 2006, which determines the extension area of the Caletas-Ario National Wildlife Refuge.
II.- OF THE STANDING OF THE PLAINTIFFS.- It should be noted that in matters of environmental law, and as a direct derivation of Article 50 of the Constitution, a true popular action is established to advocate for the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment, on the basis that these are interests that concern the national community as they transcend "[...] the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental harm does not affect only the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; [...]" (judgments number 2001-08239, 2002-9703, 2003-3656, and 2003-06323).
However, it must be taken into account that the institute of procedural standing is designed as an instrument to guarantee respect for the rights and interests that the constitutional order protects, that is, the direct standing provided by the constitutional norm is not applicable in the case of the challenge of the normative order established to make this protection effective, for which reason its internal logic would not admit the use of the same institute to produce perverse effects for other rights and interests of equal force and relevance, as that would be like admitting a fraud on the system (article 100 of the Civil Procedure Code); for which reason in these cases the existence of a prior matter is required for its challenge. In the case at hand, due to the effects that a potential upholding of the claim would have, it would result in a lack of environmental protection, which suggests the requirement of the cited prior matter, set forth in the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction; were it not for the consideration that the plaintiffs are two associations, acting directly, citing the standing conferred upon them by the second paragraph of said article, "on the grounds that in the present matter, diffuse interests or interests of the community as a whole are harmed, the impact of which, in turn, translates into individual harm for each of the inhabitants of the Republic, for all Costa Rican fishermen, and for the members of the organizations we represent. The above insofar as the challenged norms harm the right of every person to enjoy an adequate distribution of wealth, the right to work, equality before the law, oversight of administrative action due to the principle of legality, and others, protected in Articles 50, 56, 33, 11, and concordant articles of our Political Constitution." With this, we must consider that it involves the defense of a corporate interest, in this case, referring to the protection of the direct interests of the members of the plaintiff associations, that is, legally organized communities, and in this case, referring to fishermen; in the terms already recognized previously by this Tribunal:
"The interest held by the Chamber of Commerce and that gives it standing to bring this action is, indeed, its nature as a corporate entity, characterized by the representation and defense of a core of interests belonging to the members of a specific community or common activity, and, insofar as it represents and defends them, the Chamber acts on behalf of its members, the community of merchants. Thus, we are faced with an interest of that Chamber and, at the same time, of each one of its members, in a non-individualized but individualizable way, which constitutes a corporate interest or one that concerns that legally organized community, the reason why this action is admissible under the terms of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.-" (Judgment number 1631-91, of fifteen hours fifteen minutes on August twenty-first, nineteen ninety-one. In the same sense, see number 2001-9677, of eleven hours twenty-six minutes on September twenty-sixth, two thousand one).
Note that corporate interests cannot be confused with diffuse interests, since as noted, the former refer to the defense of the rights and interests of the members of a legally established organization, while the latter concern the defense of interests that concern the community in general, and which share a dual condition, insofar as they can be attributed to each of the administered individuals, and are diluted, such that they consist of a subjective element (related to group membership) and an objective element (related to the protected legal right), a situation that does not occur in this case. (In the same sense, see judgments number 360-99, 2001-8239; 2004-8207 and 2005-8945.)
III.- OF THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN THE COSTA RICAN CONSTITUTIONAL ORDER. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of this Tribunal recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (judgment number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution, based on the following considerations:
"V.)- Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical nourishment but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in a pollution-free environment, which is the basis of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: 'Human life is inviolable.' It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being, undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life.
Likewise, from the psychological and intellectual point of view, mood also depends on nature, so when the landscape becomes a useful space for rest and leisure time, its preservation and conservation are an obligation. This latter aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally says: 'Among the cultural goals of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.' Protecting nature from an aesthetic point of view is not commercializing it or transforming it into a commodity; it is educating the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value" (judgment number 3705-93, of fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three).
"XIII.- The term 'natural beauties' was the one used at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has developed into a specialty of law: environmental law, which recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural end, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment surpasses the recreational or cultural interests, which are also important aspects of life in society, but also constitutes a paramount requirement for life itself.
[...]
Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life, and through it, the right to a healthy environment. By way of example, we can cite judgments 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right" (judgment number 6240-93, of fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three).
"Norm 69, the Political Charter speaks of the 'rational exploitation of the land,' which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the indicated resources, are canons of the constitutional order" (judgment number 2233-93).
"And this is so by virtue of the fact that the protected legal right is the 'forest resource,' a term that means 'the protection and preservation of the integrity of the natural environment' [...] that exists in the area declared a national park and that is recognized both by international law, by the laws enacted for that purpose, and by the political charters. In this sense, Article 69 of the Constitution speaks of 'rational exploitation of the land,' constituting a fundamental principle for its protection" (judgment number 5399-93).
It is from Article 69 of the Political Constitution that the principle of rational exploitation of the land has been derived, from which the obligation to protect and preserve renewable natural resources is imposed on both private individuals and the State in its broadest sense:
"II. The protection of the environment is a task that belongs to everyone equally: to public institutions, enforcing current legislation and promoting efforts that prevent or eliminate dangers to the environment; and to private individuals, complying with those provisions and collaborating in the defense of the soil, air, and water, since any harmful change resulting from a human act in the composition, content, or quality of these will also be harmful to the quality of human life" (judgment number 4480-94, of ten hours forty-one minutes on August nineteenth, nineteen ninety-four).
Article 50 of the Political Constitution was reformed through Law number 7412, of June 3, 1994, precisely to enshrine in the Fundamental Text the recognition of the protection of the environment in a dual dimension, that is, as a fundamental right and as a public function, since it is established as an obligation of the State –as a whole– to "guarantee, defend, and preserve" the environment, and consequently, the fundamental right, which translates into concrete obligations for the State as a whole, thereby conditioning the political objectives and, consequently, the action of the public powers in general, to fully comply with this fundamental right. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first manifestation in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but have an impact on the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the State's activity is directed toward satisfying the interests of the community. Likewise, the referenced constitutional norm grants the population full standing to denounce any infraction or harm caused to the environment, as well as to advocate for its effective reparation, thus giving express content in the Fundamental Charter to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which this Chamber, in its jurisprudential development, had recognized as derived from Articles 21, 69, and 89 of the Constitution:
"[...], this Chamber has established that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right, as such already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution, [for which reason] it does not consider it useless, much less objectionable, that it be recognized expressly and clearly individualized, [...]" (judgment number 1394-94, of fifteen hours twenty-one minutes on March sixteenth, nineteen ninety-four).
"II.- It is thus clear that the position adopted by this Tribunal in this regard is now confirmed by the cited constitutional reform, a reform that is nothing more than a reflection of the conception that while man has the right to make use of the environment, he also has the obligation to protect and preserve it for the enjoyment of future generations" (judgment number 5668-94, of eighteen hours on September twenty-eighth, nineteen ninety-four).
It is important to highlight that in constitutional jurisprudence, the concept of "environment" has not been limited to the primary elements of nature, such as soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape, from which the environmental framework is formed, without which basic demands –such as food, energy, housing, sanitation, and recreation– would be impossible. Rather, this term has been understood in a more comprehensive way, establishing a "macro-environmental" concept, also encompassing aspects related to the economy, regarding the generation of foreign currency through tourism and/or agricultural exploitation (judgments number 5893-95, number 3705-93, and number 2988-99); and matters related to urban activity, which includes city planning, land-use determinations, waste treatment (solid, toxic waste, wastewater), noise control, public road planning, and the regulation of advertising billboards (judgment number 2003-3656, and 2006-17126).
IV.- It is pertinent to emphasize that the reform of Article 50 of the Constitution to include the protection of the environment in the dual dimension already noted –as a fundamental right and as a public function– is not coincidental. Indeed, prior to its adoption by the legislative body, four bills had been promoted to include this protection in the Fundamental Text, but all of them sought to add it to Article 6 of the Constitution, and subsequently, to Article 18 of the same normative body. It was thus deemed more appropriate to include it in the Chapter on Social Guarantees, firstly, because this enables its defense in the corresponding venues –Constitutional Jurisdiction–, as well as in more expeditious proceedings (amparo remedy); as well as its subjection to the regime of regulation of fundamental rights –through law–, which includes the obligation to respect its essential content. But the second consequence of importance is because it constitutes a third-generation fundamental right –given the chronological moment of its recognition, and because it is linked to the principle of solidarity, which has the particularity that its injury affects not only the community as a whole but is also susceptible to individualization–, which, by its content, is closely linked to the productive and economic processes of the community, which is why it is necessary to link it with the right to development of countries, but one that cannot be just any development, but rather one that is carried out in harmony with the environment (sustainable development) so as to guarantee a healthy and ecologically balanced environment.
Thus, the application of this environmental principle is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct —administrative and of private individuals— and of the regulations governing the matter, such as reasonableness —according to the development of the case law of our Constitutional Court— insofar as its purpose is to tend toward the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their "adequate use"; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political-order relationships, in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right; insofar as through the production and use of technology, it must be promoted that not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing them damage or harm, as our Constitutional Court has considered, in its extensive case law, including from its origins, thus in the above-cited judgments number 3705-93 and number 2006-17126. By virtue of which, the principle of sustainable development constitutes a fundamental parameter of people’s quality of life —as indicated in judgment number 2219-99— insofar as it conditions the actions that man carries out on the environment. Finally, it should be noted that the principle of sustainable development comprises three closely linked factors: the ecological, the economic, and the social, whereby it is obligatory for the State to design productive processes in such a way as to promote the "greatest well-being for all the inhabitants of the country" through the stimulation of production carried out in harmony with the elements that nature provides, for the benefit of the community, in order to procure a dignified life. In light of the content of Article 50 of the Constitution, it is an obligation of the State to design sustainable development policies that allow the preservation and the economic-social development of peoples; however, the analysis of the situation of our country’s fishing sector is a matter that exceeds the object of this Jurisdiction, in the terms in which it has been raised, its debate being more pertinent in a national discussion forum, such as the parliamentary body, or in the various management instances of the Administration. It is on these parameters that the analysis of the challenges made in the action will be carried out.
V.- OF THE LEGAL FORM FOR CARRYING OUT THE GEOGRAPHIC DELIMITATION OF PROTECTED ZONES.- The first challenge alleged in the action relates to the legal form used for determining the geographic limits of protected marine zones, in that it is indicated that it was irregularly done by decree, which were conferred the rank of law, taking into account that this matter is reserved to law, pursuant to the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Scenic Beauties of the Countries of America, approved by Law number 3763. Insofar as the plaintiffs appear to start from erroneous assumptions, it is noted that the allocation of a good to a public or demanial use —such as the natural heritage of the State— can be done by constitutional norm, by law, or by executive decree —case of the natural heritage of the State, and the historical-architectural heritage—, insofar as it is pursuant to the provisions of Articles 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution, and the legal competence entrusted in Articles 37 of the Organic Law of the Environment and 2 and 16 of the Forestry Law (Ley Forestal), that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) has the power to demarcate or determine, via Executive Decree, the protected zones or areas that make up the natural heritage of the State. Thus, it is a matter that by legal mandate has been delegated to the competent Administration (MINAE), from which its action is manifested through an administrative act (executive decree of allocation), given that it cannot act through a law, in view of the fact that the legislative function has been attributed exclusively to the Legislative Assembly —Articles 105 and 121 subsection 1) of the Political Constitution—. Notwithstanding the foregoing, this power of the Administration does not ignore that attributed to the legislator —to incorporate goods into the natural heritage of the State— by means of law. It must also be noted that the determination of a protected zone or area is not an irresolute or unmodifiable decision, but quite the contrary, it can be extended —in most cases— either by legal norm or also by executive decree issued by the competent Administration (Ministry of Environment and Energy, MINAE), or reduced; in this last case, there is an absolute legal reservation, so that only by law emanating from the Legislative Assembly, following technical studies justifying the measure, in the terms provided in Article 38 of the Organic Law of the Environment:
"Reduction of protected wilderness areas. The surface area of protected wilderness areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure." This topic was previously addressed by this Chamber, in judgment number 5399-93, of sixteen hours thirty-nine minutes of October twenty-sixth, nineteen ninety-three, which stated that Article 3 of the Convention for the protection of the flora, fauna, and scenic beauties of the countries of America —approved by Law number 3763, of October first, nineteen sixty-six, "[...] must be understood in a restrictive sense, so that the requirement to establish the limits of national parks through a law is only when it is detrimental to the same, that is, when its extension is to be reduced, and not when the limits of protective zones of the State’s forest heritage are to be extended." Note that the referenced norm literally provides:
"The Contracting Governments agree that the boundaries of national parks shall not be altered nor any part of them alienated except by action of the competent legislative authority. The riches existing in them shall not be exploited for commercial purposes.
The Contracting Governments agree to prohibit hunting, killing, and capture of specimens of fauna and the destruction and collection of specimens of flora in national parks, except when done by park authorities or by order of or under surveillance of the same or for duly authorized scientific research." And this is so by virtue of the fact that the legal interest protected is the "environment," whose protection is endowed with a special guarantee in our legal system, being held as a fundamental right. By virtue of the foregoing, it is not contrary to the Law of the Constitution that the delimitation of parks and protected marine areas was carried out by decree, that the extension was enlarged by subsequent decrees, and that finally, in some cases, its extension was ratified by law. It is reiterated, the only restriction the Administration has is for the deallocation of the good or for the reduction of the park or protected area, which can only be done by the Legislative Assembly, following a technical study justifying the measure.
VI.- OF THE ALLEGED OMISSION IN THE PROCEDURAL PROCESS.- The second challenge made in this action relates to a defect in the legislative process in the processing of the bill that resulted in the approval of Law 6794, for not having granted a hearing to INCOPESCA. This Court takes into account that it is an autonomous institution, created by Law number 7384, of March 16, 1994, which is entrusted with a function of direction and planning —which rather should be exclusive to the Executive Branch, in accordance with the provisions of Article 140 subsection 8) of the Constitution—, in this case, relating to the coordination of the fishing and aquaculture sector in addition to the promotion and management of the development of fishing, maritime hunting, aquaculture, and research, based on criteria of conservation, exploitation, and sustainable use of the biological resources of the sea and aquaculture. And indeed, pursuant to the provisions of Article 190 of the Fundamental Charter, consultation is required for bills "relating to an autonomous institution." Therefore, the alleged infringement cannot be considered, since the content of this law has no impact whatsoever on the organization, operation, or competence of that institution, as its content is limited to the ratification of the geographic determination of certain protected marine areas, a matter in which, it is reiterated, INCOPESCA does not have competence. It should be noted that the Ministry of Environment and Energy is constituted as a governing body regarding the protection of natural resources and the environment —which includes ecological biodiversity in both flora and fauna, ecosystems, forests, forest resources, wildlife—, of mining resources, and those that contribute to generating energy, such as water, air, hydrocarbons, etc.; according to the provisions of Articles 2 subsection a) of the Organic Law of that ministry, number 7152, of June 4, 1990, as they textually provide, in what is relevant:
"Article 2.- The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following:
VII.- OF THE REQUIREMENT TO CARRY OUT AN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.- The third challenge of the plaintiffs refers to the omission to carry out environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) for the creation of the following parks and marine areas: Cabo Blanco Absolute Natural Reserve, Santa Rosa National Park, Corcovado National Park, Isla del Caño Biological Reserve, Isla del Coco National Park, Manuel Antonio National Park, Marino Ballena National Park, Ostional National Wildlife Refuge, Las Baulas Marine Park, and Caletas-Ario National Wildlife Refuge, so that the viability of the protection sought with these zones has not been demonstrated, for which reason vast areas traditionally dedicated to fishing activity have been arbitrarily incorporated. On this point, it is necessary to clarify that the carrying out of environmental impact assessments is established in our legal system in Article 17 of the Organic Law of the Environment, and constitutes a suitable instrument for environmental protection, since it attempts to determine, in an objective —technical and scientific— manner, the degree of negative impact or incidence that the eventual execution of a project or human activity has on the environment and its constituent elements; in order to thereby determine what changes or variables should be adopted so that it does not pollute or damage it; or failing that, to prevent its execution entirely. For this reason, this Court has indicated that it constitutes an expression of the constitutional environmental principle of the objectification of environmental protection (judgments number 2005-14293 and number 2006-17126). By virtue of which, the eventual omission of environmental impact assessments for the determination of the geographic limits of the cited parks and protected marine areas cannot be considered contrary to the Law of the Constitution and the special regime of environmental protection, given that their carrying out is not required for the preservation of the environment, in view of the fact that their creation can in no way be held to cause negative effects. However, in light of the very content of the principle of the objectification of the environment, whose content "[...] translates into the need to substantiate with technical studies the decision-making in this matter, both in relation to acts and to provisions of a general nature —both legal and regulatory—, from which derives the requirement of 'linkage to science and technique,' whereby the discretion of the Administration in this matter is conditioned" (judgment number 2005-14293; and of due process, referring to the reasoning of administrative acts, a foundation (technical and scientific) is indeed required for the establishment of these zones. For this reason, Article 36 of the Organic Law of the Environment establishes the following requirements for creating new wilderness areas:
"a) Preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies that justify it.
VIII.- OF THE NON-INFRINGEMENT OF THE PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY.- The fourth ground for challenging the action is the infringement of the principles of constitutional reasonableness and proportionality, as the petitioners consider the demarcation of the limits of the indicated parks and marine areas to be excessive. Regarding this allegation, the plaintiff associations must take into account that the challenged demarcations are made on a public-domain good, which as such does not belong to any private individual, nor even to the State, but to the Nation, so they are subject to a distinct legal regime that removes them from commerce among men, to which have been attributed the qualities of being inalienable, imprescriptible, and unattachable, so that no type of ownership can be claimed, not even a right of possession, whose administration has been entrusted to the State; moreover, their use and exploitation is subject to police power, through permits and/or concessions, and to state control of the activities carried out on them. Thus, they are goods that are allocated by their nature and vocation by the express will of the legislator (Article 261 of the Civil Code), for which reason they have a special purpose: to serve the community and the public interest. (In this regard, see judgments number 0447-91, 1556-91, 2306-91, 5399-93, 5976-93, 1347-95, 320-96, 1345-96, 3145-96, 5026-97, 0304-98, 2000-10466, 2003-3480, 2005-7158.) Indeed, pursuant to Article 6 of the Fundamental Charter, the patrimonial sea constitutes a public-domain good of the Nation, as this Court considered in judgment number 5399-93, of sixteen hours thirty-nine minutes of October twenty-sixth, nineteen ninety-three:
"Thus, the concept of Territorial Sea has evolved within the codification movement of customary international law, above all for national security and economic reasons, being configured as a demanial good, that is, a public good, and therefore belonging to the State. In this way, both in domestic legislation, in the Magna Cartas of each country or special laws, and in international legislation, in the different international conventions that have been celebrated on the Law of the Sea, far from any incompatibility existing between these, there exists between both a full historical and logical harmony." Thus, in accordance with the Convention on the Law of the Sea, the sovereignty of the State extends beyond its territory and internal waters, whose regime is regulated by the United Nations Convention on the Territorial Sea, which is conformed by four defined zones:
a.) internal waters, which are those located inside the baseline defined in Executive Decree number 18581-RE, of October fourteenth, nineteen ninety-eight, for the measurement of the territorial sea, the contiguous zone, and the exclusive economic zone, which —internal waters— form part of the internal waters of the Republic, and as such, also constitute public-domain goods, over which the State exercises its sovereignty, permitting "the right of innocent passage in favor of vessels of all nations, according to the principles and norms of International Law" as indicated by Article 3 of the cited regulation, in view that "in said waters several deep-water ports are located on our Pacific coast"; b.) the territorial sea, with an extension of twelve nautical miles, measured from the baseline, according to the coordinates established in the cited Executive Decree number 18581-RE, which is measured along the entire coast, over which the State exercises absolute sovereignty; c.) the contiguous zone, which is the strip of high seas contiguous to the territorial sea (hence its name), with an extension of twelve nautical miles, so that jointly the territorial sea and the contiguous zone may not extend more than twenty-four miles measured from the baseline from which the territorial sea is measured; over which the State exercises full jurisdiction to prevent and sanction infractions committed against its sanitary, fiscal, customs, and migratory order; and d.) the exclusive economic zone, with a total extension of two hundred nautical miles from where the width of the territorial sea is measured, in which exclusive sovereignty is granted over the natural resources found on the seabed, in the soil and subsoil, in the waters (marine species), as well as jurisdiction regarding the use and control of its waters, establishing scientific research installations, prevention of the marine environment, and control of the use of resources. Third States are granted the right of overflight, free navigation, and laying of submarine cables.
IX.- With which, the allegation that the fishermen had acquired a subjective right to be able to carry out fishing activity along the entire Pacific coastline, on the continental shelf, and in the twelve territorial miles in a legitimate manner is not legitimate, since its use and exploitation occurs, as indicated, through the exercise of police power, whereby the prior granting by the corresponding Administration of licenses and permits for carrying out this activity is required. It is clear that it is not possible to consolidate a subjective right —of property, nor even of possession— over a public-domain good; at most, the concession or permit, which is susceptible to being revoked for reasons of public interest —as in this case, which concerns an environmental public interest that transcends the scope of mere administrative interest, to refer to ends and values such as life, health, and ecological balance—, and even for reasons of opportunity or convenience, without liability of the Administration, as authorized by Article 154 of the General Law of Public Administration, following the carrying out of a procedure to that effect, as a guarantee of due process (Articles 39 and 41 of the Constitution). Thus, by reason of the protected legal interest (the environment) and the natural resources that conform it —in this case, marine species, archaeological heritage, biodiversity in flora and fauna—, which in their majority are in danger of extinction, as the plaintiff associations themselves indicate, the creation of these parks and marine protection areas is duly justified. On the other hand, in accordance with the demarcations made in the norms of their creation, it is denoted that it is neither excessive nor absolute in relation to the patrimonial sea, covering approximately 16.82% of the total territorial waters of the Pacific coastline, so that fishing and the exploitation of marine resources in this zone is not absolutely prevented. Note also that according to the rules defining the various zones that make up our patrimonial sea, none of the existing parks and protected marine areas exceeds the twelve nautical miles of the territorial sea, the most extensive being Las Baulas Marine Park and Manuel Antonio National Park, which comprise the internal waters up to reaching the twelve nautical miles of the territorial sea; and it should be noted that Santa Rosa National Park, Cabo Blanco Absolute Natural Reserve, Corcovado National Park, Isla del Caño Biological Reserve, and Marino Ballena National Park are located within the internal waters of the Republic, and the extension made of Isla del Coco National Park extends to comprise the twelve nautical miles, measured from the low-water line of the coast (Article first of Law 8748, and its amendments). It must be considered that it is also not true that fishermen must go to international waters (which are beyond the two hundred nautical miles that make up our patrimonial sea) to secure the family and business sustenance of the fishermen, since there are many zones in the internal waters in which there is no restriction on fishing, except, of course, those relating to the regulations on the matter that are provided, such as subjection to police power regarding the use and exploitation of marine species, which subject their exercise to obtaining licenses and permits. It is recalled that fishing is an activity subject to environmental conditions and regulations, so that a rational exploitation of it is achieved, allowing its development without exhausting the species, and giving them time to reproduce according to natural life cycles, and respecting existing ecosystems. Note that the basis of these regulations is not only given in response to the defense of the marine resource, but in the first order, to promote the development and sustainability of fishing activity, since it is not possible to guarantee its success if the species are exhausted; hence the requirement for rational and controlled use of the resources. Therefore, it is cautioned that if, as a consequence of unbridled or uncontrolled exploitation, the destruction of habitats and marine species has been caused in zones over which no legal regime of environmental protection exists, that does not justify allowing fishing in zones that have previously been reserved for the protection and preservation of the marine habitat, because that would translate into a serious infringement of the environmental protection imposed in our legal-constitutional system in Article 50 of the Constitution.
X.- OF THE NON-INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO WORK. Regarding the last allegation, referring to the infringement of the right to work, there is nothing left but its dismissal. Indeed, as the plaintiffs themselves rightly pointed out, the content of this right has been defined by constitutional case law in the following manner:
"Article 56 of the Constitution contains a double declaration: one, that work is a right of the individual, and another, that the State guarantees the right of free choice of work, which together constitute the so-called 'Freedom to Work'. That freedom means that the individual is empowered to choose among the multitude of lawful occupations the one that best suits them for achieving their well-being, and correlatively, the State commits to not imposing a specific activity on them and to respecting their sphere of choice." (Judgment number 00223-98).
However, as the petitioners also pointed out, this right is not unrestricted and absolute; indeed, "Work is a right of the individual and an obligation of the same toward society, and the State must ensure that everyone has an honest and useful occupation. The free choice of an occupation means that a citizen cannot be forced to perform work they do not wish to carry out, pursuant to the provisions of Article 56 of the Magna Carta. However, it does not mean that it is an absolute right, as that is not possible for obvious reasons. There are lawful restrictions, originating in the Constitution itself, legitimized by Article 28, which establishes the limits to freedoms, by stating that: private actions that do not harm morality or public order or that do not harm third parties are outside the domain of the law." (Judgment number 00110-98).
By virtue of which, it is not possible to consider that the creation of parks and protected marine areas infringes this fundamental right, since the restrictions that, it is repeated, are established for the exploitation of marine resources originate in the constitutional obligation imposed on the State to guarantee, defend, and preserve the environment, that is, in the environmental public interest. Furthermore, as noted previously, an absolute restriction is not imposed that prevents fishing activity in internal waters, nor in the territorial sea of the State; it does not even cover the entirety of the patrimonial sea, as the plaintiffs attempt to argue.
XI.- CONCLUSIONS.- Having refuted all the allegations made by the plaintiff associations, as no infringement of the Law of the Constitution is found, the action filed against the legal norms and executive decrees that establish or modify the marine limits of the national parks and protected zones on the Pacific coastline of Costa Rica is hereby dismissed on the merits.
Por tanto:
The action is dismissed on the merits.
Luis Fernando Solano C.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Federico Sosto L.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:
NO APLICA.
2410-07. DELIMITACIÓN DE LINDEROS MARINOS DE PARQUES NACIONES Y ZONAS PROTEGIDAS. Normas legales y decretos ejecutivos que establecen o modifican los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico de Costa Rica.
*060145370007CO* *060145370007CO* Res: 2007-02410 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de febrero del dos mil siete.- Acción de inconstitucionalidad promovida por ALVARO MORENO GÓMEZ, abogado y notario, con cédula de identidad número 6-137-555, vecino de Puntarenas y GERARDO MARÍN ROJAS, empresario, con cédula número 6-105-415, vecino de Esparza, ambos mayores y casados, en su condición de Presidentes de la CÁMARA PUNTARENENSE DE PESCADORES (CAMAPUN) y de la UNIÓN INDEPENDIENTE DE PESCADORES DE CAMARÓN (UNIPESCA); contra las normas legales y decretos ejecutivos que establecen o modifican los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico de Costa Rica.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintisiete de noviembre del dos mil seis, las asociaciones accionantes solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas legales y decretos ejecutivos que establecen o modifican los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico de Costa Rica, por estimar que la determinación de límites geográficos de parques nacionales y áreas protegidas marinas es lesiva de los artículos 50, 56 y 190 de la Constitución Política, por cuanto, al tenor de la Ley de Pesca y Acuicultura número 8436, los pescadores obtuvieron el derecho subjetivo de poder realizar la actividad pesquera en todo el litoral del Pacífico, en la plataforma continental y en las doce millas territoriales de una manera lícita, y conforme a los condicionamientos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección Nacional de Pesca y el INCOPESCA, lo anterior en resguardo de la protección de la seguridad familiar y alimentaria del país. Ahora, mediante decretos ejecutivos, a los que se les ha dado el rango de ley, se establecen límites territoriales marinos, utilizando líneas imaginarias con una orientación determinada hacia mar adentro, hasta alcanzar las aguas territoriales (12 millas náuticas) desde la costa, sin utilizar ningún criterio técnico o científico, infringiéndose además el trámite legislativo, al omitirse la consulta obligada al INCOPESCA, lo que a su vez es contrario del principio de publicidad; impidiéndose el derecho al trabajo y susetendo de los pescadores, además del desperdicio de los recursos marinos aprovechables de la Nación, lo que es una afrenta al párrafo primero del artículo 50 constitucional. Alegan que esta normativa legal no tiene estudios técnicos previos de evaluación del impacto ambiental, que justifique o determine la viabilidad de la protección pretendida con la creación de las zonas y áreas protegidas, por lo que, de manera arbitraria se incorporaron vastas extensiones marinas a los límites terrestres y zonas protegidas en las áreas circunvecinas marinas, se repite, tradicionalmente dedicadas a la actividad pesquera; obligando con ello, a adentrarse a las aguas internacionales para lograr el sustento básico de sus familias, lo que implica la creación de riesgos que son absolutamente innecesarios; restringe el desarrollo económico-social del país, y pone en serio riesgo la salud alimentaria nacional. Además, al tenor de la Convención para la Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada por Ley número 3763, existe una reserva legal para la delimitación de las zonas y áreas protegidas, de manera que no es posible modificar la determinación geográfica vía decreto ejecutivo; motivo por el cual, el Estado debe tener sumo cuidado en su demarcación inicial, porque somete la zona a un régimen especial. En virtud de lo anterior, solicitan la anulación de las siguientes disposiciones: artículo primero de la Ley número 6794, que ratifica las leyes y decretos ejecutivos que crearon o ampliaron la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, creada por Decreto Ejecutivo número 10, de 21 de octubre de 1963; el Parque Nacional Santa Rosa, creado por los Decretos Ejecutivos número 1562-A, del 20 de marzo de 1971, número 7013-A, del 14 de mayo de 1977 y número 2062-A, del 13 de noviembre de 1980, el Parque Nacional Corcovado, creado por Decretos Ejecutivos número 5357-A, del 24 de octubre de 1975 y número 1148-A, del 5 de febrero de 1980; y la adición al Parque Nacional Manuel Antonio, creado por Decreto Ejecutivo número 11148-A, del 5 de febrero de 1980; el artículo primero del Decreto 6215, del 09 de marzo de 1978, que creó la Reserva Biológica Isla del Caño; los artículos primeros de los Decretos Ejecutivos número 8748, de 22 de junio de 1978, número 15514, de 14 de junio de 1984, número 20260, de 9 de enero de 1991 y número 29834, de 23 de agosto del 2001, que determinan la extensión del Parque Nacional la Isla del Coco y sus islotes; los artículos primero de los Decreto Ejecutivo número 10, del 21 de octubre de 1963, número 13632, del 3 de mayo de 1982, y número 23775, de 23 de octubre de 1994, que delimitan la reserva natural absoluta Cabo Blanco; el artículo primero de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, número 7524, de 10 de setiembre de 1995, que determina la extensión de este parque marino; el Transitorio I de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317, del 30 de octubre de 1992, y los decretos ejecutivos número16531, de 18 de julio de 1985, y número 2251, de 14 de setiembre de 1993, que establecen la delimitación geográfica del Refugio Nacional de Vida Silvestre; el artículo primero del Decreto Ejecutivo número 19441, del 14 de diciembre de 1989, que delimita el parque nacional marino Ballena; y el artículo primero del Decreto Ejecutivo número 33232, del 25 de julio del 2006, que determina el área de extensión del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, alegan la defensa de intereses colectivos, traducidos en la lesión individual para cada uno de los habitantes de la República, y para todos los pescadores costarricenses y para los afiliados a las organizaciones que representan; en tanto estiman la infracción del derecho de toda persona a disfrutar de un adecuado reparto de la riqueza, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley, la tutela en el actuar administrativo, y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 11, 33, 50 y 56 de la Constitución Política.
3.- El párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para rechazar por el fondo, en cualquier momento procesal, incluso desde su presentación, las gestiones que se formulen ante su conocimiento, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,
Considerando:
I.- DEL OBJETO DE IMPUGNACIÓN.- La Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN) y de la Unión Independiente de Pescadores de Camarón (UNIPESCA) solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas legales y decretos ejecutivos que establecen o modifican los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico de Costa Rica, por estimar que la determinación de límites geográficos de parques nacionales y áreas protegidas marinas es lesiva de los artículos 50, 56 y 190 de la Constitución Política, por cuanto, al tenor de la Ley de Pesca y Acuicultura número 8436, los pescadores obtuvieron el derecho subjetivo de poder realizar la actividad pesquera en todo el litoral del Pacífico, en la plataforma continental y en las doce millas territoriales de una manera lícita, y conforme a los condicionamientos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección Nacional de Pesca y el INCOPESCA, lo anterior en resguardo de la protección de la seguridad familiar y alimentaria del país. Ahora, mediante decretos ejecutivos, a los que se les ha dado el rango de ley, se establecen límites territoriales marinos, utilizando líneas imaginarias con una orientación determinada hacia mar adentro, hasta alcanzar las aguas territoriales (12 millas náuticas) desde la costa, sin utilizar ningún criterio técnico o científico, infringiéndose además el trámite legislativo, al omitirse la consulta obligada al INCOPESCA, lo que a su vez es contrario del principio de publicidad; impidiéndose el derecho al trabajo y susetendo de los pescadores, además del desperdicio de los recursos marinos aprovechables de la Nación, lo que es una afrenta al párrafo primero del artículo 50 constitucional. Alegan que esta normativa legal no tiene estudios técnicos previos de evaluación del impacto ambiental, que justifique o determine la viabilidad de la protección pretendida con la creación de las zonas y áreas protegidas, por lo que, de manera arbitraria se incorporaron vastas extensiones marinas a los límites terrestres y zonas protegidas en las áreas circunvecinas marinas, se repite, tradicionalmente dedicadas a la actividad pesquera; obligando con ello, a adentrarse a las aguas internacionales para lograr el sustento básico de sus familias, lo que implica la creación de riesgos que son absolutamente innecesarios; restringe el desarrollo económico-social del país, y pone en serio riesgo la salud alimentaria nacional. Además, al tenor de la Convención para la Protección de la flora, del a fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada por Ley número 3763, existe una reserva legal para la delimitación de las zonas y áreas protegidas, de manera que no es posible modificar la determinación geográfica vía decreto ejecutivo; motivo por el cual, el Estado debe tener sumo cuidado en su demarcación inicial, porque somete la zona a un régimen especial. En virtud de lo anterior, solicitan la anulación de las siguientes disposiciones: artículo primero de la Ley número 6794, que ratifica las leyes y decretos ejecutivos que crearon o ampliaron la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, creada por Decreto Ejecutivo número 10, de 21 de octubre de 1963; el Parque Nacional Santa Rosa, creado por los Decretos Ejecutivos número 1562-A, del 20 de marzo de 1971, número 7013-A, del 14 de mayo de 1977 y número 2062-A, del 13 de noviembre de 1980, el Parque Nacional Corcovado, creado por Decretos Ejecutivos número 5357-A, del 24 de octubre de 1975 y número 1148-A, del 5 de febrero de 1980; y la adición al Parque Nacional Manuel Antonio, creado por Decreto Ejecutivo número 11148-A, del 5 de febrero de 1980; el artículo primero del Decreto 6215, del 09 de marzo de 1978, que creó la Reserva Biológica Isla del Caño; los artículos primeros de los Decretos Ejecutivos número 8748, de 22 de junio de 1978, número 15514, de 14 de junio de 1984, número 20260, de 9 de enero de 1991 y número 29834, de 23 de agosto del 2001, que determinan la extensión del Parque Nacional la Isla del Coco y sus islotes; los artículos primero de los Decreto Ejecutivo número 10, del 21 de octubre de 1963, número 13632, del 3 de mayo de 1982, y número 23775, de 23 de octubre de 1994, que delimitan la reserva natural absoluta Cabo Blanco; el artículo primero de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, número 7524, de 10 de setiembre de 1995, que determina la extensión de este parque marino; el Transitorio I de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317, del 30 de octubre de 1992, y los decretos ejecutivos número16531, de 18 de julio de 1985, y número 2251, de 14 de setiembre de 1993, que establecen la delimitación geográfica del Refugio Nacional de Vida Silvestre; el artículo primero del Decreto Ejecutivo número 19441, del 14 de diciembre de 1989, que delimita el parque nacional marino Ballena; y el artículo primero del Decreto Ejecutivo número 33232, del 25 de julio del 2006, que determina el área de extensión del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario.
II.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS ACCIONANTES.- Cabe advertir que tratándose de la materia ambiental, y como derivado directo del artículo 50 constitucional, se establece una verdadera acción popular para propugnar por la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sobre la base que se trata de intereses que atañen a la colectividad nacional al trascender "[...] la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad;[...]" (sentencias número 2001-08239, 2002-9703, 2003-3656, y 2003-06323).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el instituto de la legitimación procesal está dispuesto como un instrumento que permite garantizar el respeto a los derechos e intereses que el orden constitucional tutela, es decir, la legitimación directa que dispone la norma constitucional no resulta aplicable tratándose de la impugnación del orden normativo que se dispone para hacer efectiva esta tutela, razón por la cual su lógica interna no admitiría el uso del mismo instituto para producir efectos perversos para otros derechos e intereses de igual fuerza y relevancia, pues ello sería como admitir un fraude al sistema (artículo 100 del Código Procesal Civil); motivo por el cual en estos supuestos se exige la existencia de un asunto previo para su impugnación. En el caso en estudio, por los efectos que tendría un eventual acogimiento de la demanda, ello se traduciría en una desprotección del ambiente, lo que hace suponer la exigencia del citado asunto previo, prevista en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; si no es por la consideración de que sus accionantes son dos asociaciones, que lo hacen en forma directa, aduciendo la legitimación que les confiere el párrafo segundo del citado numeral, "en razón de que en el presente asunto, se lesionan intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de la República, para todos los pescadores costarricenses y para los afiliados a las organizaciones que representamos. Lo anterior en tanto las normas impugnadas lesionan el derecho de toda persona, a disfrutar de un adecuado reparto de la riqueza, del derecho al trabajo, de la igualdad ante la ley, de la tutela en el actuar administrativo por el principio de legalidad y otros, tutelados en los artículos 50, 56, 33, 11 y concordantes de nuestra Constitución Política." Con lo cual, debemos estimar que se trata de la defensa de un interés corporativo, en este caso, referido a la tutela de los intereses directos de los agremiados de las asociaciones accionantes, sea, colectividades jurídicamente organizadas, y en este caso, referido a los pescadores; en los términos ya reconocidos con anterioridad por este Tribunal:
"El interés que detenta la Cámara de Comercio y que la legitima para interponer esta acción, es, en efecto, su carácter de entidad corporativa, caracterizada por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de la determinada colectividad o actividad común, y, en cuanto los representa y defiende, la Cámara actúa en favor de sus asociados, la colectividad de comerciantes. De manera que estamos frente a un interés de esa Cámara y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.-" (Sentencia número 1631-91, de las quince horas con quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno. En igual sentido, ver la número 2001-9677, de las once horas veintiséis minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno).
Nótese que no puede confundirse los intereses corporativos con los intereses difusos, en tanto como se anotó, los primeros están referidos a la defensa de los derechos e intereses de los agremiados de una organización jurídicamente instituida, mientras que los segundos atañen a la defensa de intereses que atañen a la colectividad en general, y que participan de una doble condición, en tanto puede ser atribuido a cada uno de los administrados, y que se encuentra diluido, de manera que está compuesto por un elemento subjetivo (relativo a la pertenencia de grupo), y otro objetivo (relativo al bien jurídico que se protege), situación que no se da en este caso. (En igual sentido, pueden consultarse las sentencias número 360-99, 2001-8239; 2004- 8207 y 2005-8945.)
III.- DE LA TUTELA DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE. Previa a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de este Tribunal reconoció la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política, con fundamento en las siguientes consideraciones:
"V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: «La vida humana es inviolable.» Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.
Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: «Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico». Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco" (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).
"XIII.- El término «bellezas naturales» era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho: el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma.
[...]
De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ejemplo podemos citar las sentencias 1580- 90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido" (sentencia número 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres).
"La norma 69, la Carta Política habla de la «explotación racional de la tierra» lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado" (sentencia número 2233- 93).
"Y esto es así en virtud de que el bien jurídico que se protege es el «recurso forestal», término que significa «la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural» [...] que existe en la zona declarada como parque nacional y que es reconocido tanto por la legislación internacional, por las leyes dictadas al efecto, por las leyes dictadas al efecto, como por las cartas políticas. En este sentido, el artículo 69 de la Constitución es que habla de «explotación racional de la tierra», constituyéndose en un principio fundamental de su protección" (sentencia número 5399-93).
Del artículo 69 de la Constitución Política es que se ha derivado el principio de explotación racional de la tierra, de donde se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción más amplia, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables:
"II. La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano" (sentencia número 4480-94, de las diez horas cuarenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).
El artículo 50 de la Constitución Política fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente para positivizar en el Texto Fundamental el reconocimiento de la tutela del ambiente en una doble dimensión, sea, como derecho fundamental y como función pública, toda vez que se estatuye como obligación del Estado –en su conjunto– de "garantizar, defender y preservar" el ambiente, y en consecuencia, el derecho fundamental, lo que se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. Asimismo, la norma constitucional de referencia otorga a la población plena acción para denunciar cualquier infracción o lesión que se cause al ambiente, así como para propugnar por su efectiva reparación, dando así contenido expreso en la Carta Fundamental al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que en su desarrollo jurisprudencial, esta Sala había reconocido como derivado de los artículos 21, 69 y 89 constitucionales:
"[...], esta Sala ha establecido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución, [motivo por el que] no considera inútil ni, mucho menos, objetable que se reconozca de manera expresa y claramente individualizado, [...]" (sentencia número 1394-94, de las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro).
"II.- Se tiene entonces que la posición asumida por este Tribunal al respecto, se ve confirmada en la actualidad por la reforma constitucional de cita, reforma esta que no es sino reflejo de la concepción de que el hombre si bien tiene derecho a hacer uso del medio ambiente, tiene también la obligación de protegerlo y preservarlo para el disfrute de generaciones futuras" (sentencia número 5668-94, de las dieciocho horas del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro).
Es importante resaltar que en la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente" no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, tales como el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje, a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas –como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación– serían imposibles. Sino que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos relativos a la economía, en lo que se refiere a la generación de divisas a través del turismo y/o la explotación agrícola (sentencias número 5893-95, número 3705-93 y número 2988-99); y a lo relativo a la actividad urbana, que comprende la planificación de las ciudades, la determinación de usos de suelo, el tratamiento de la basura (sólida, de desechos tóxicos, aguas residuales), el control sónico, planeamiento de las vías públicas, y la regulación de los anuncios publicitarios (sentencia número 2003-3656, y 2006-17126).
IV.- Interesa resaltar que la reforma del artículo 50 constitucional para incluir en ella la tutela del ambiente, en la doble dimensión ya anotada –como derecho fundamental y como función pública– no es casual. En efecto, previo a su adopción por el órgano legislativo, se habían promovido cuatro proyectos para incluir esta protección en el Texto Fundamental, pero todos ellos para adicionar el artículo 6 constitucional, y posteriormente, el artículo 18 del mismo cuerpo normativo. Es así como como se estimó más apropiado incluirlo en el Capítulo de las Garantías Sociales, en primer lugar, por cuanto ello faculta su defensa en las instancias correspondientes –Jurisdicción Constitucional–, así como en procesos más expeditos (recurso de amparo); así como la sujeción al régimen de regulación de los derechos fundamentales –mediante ley–, lo que comprende la obligación de respetar su contenido esencial. Pero la segunda consecuencia de trascendencia es por cuanto se trata de un derecho fundamental de tercera generación –en atención al momento cronológico de su reconocimiento, y por estar vinculado al principio de solidaridad, que goza de la particularidad de que su lesión afecta, no sólo a la colectividad en su conjunto, sino que es posible su individualización–, que, por su contenido, está estrechamente vinculado a los procesos productivos y económicos de la colectivad, por lo que resulta necesario ligarlo con el derecho al desarrollo de los países, pero que, no puede ser cualquiera, sino aquél que se realice en armonía con el ambiente (desarrollo sostenible) de manera que se garantice un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así, la aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional– en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del el uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su "uso adecuado"; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las sentencias supra citadas número 3705-93 y número 2006-17126. En virtud de lo cual, el principio del desarrollo sostenible se constituye en un parámetro fundamental de la calidad de vida de las personas –como se indicó en sentencia número 2219-99– en tanto condiciona la actuación que el hombre realiza sobre ambiente. Por último, cabe señalar que el principio del desarrollo sostenible comprende tres factores que están estrechamente vinculados, lo ecológico, lo económico y lo social, con lo cual, resulta obligado para el Estado el diseño de procesos productivos de manera tal que se promueva el "mayor bienestar a todos los habitantes del país" a través del estímulo de la producción que se realice en armonía con los elementos que la naturaleza dota, para el beneficio de la comunidad, a fin de procurar una vida digna. En atención al contenido del artículo 50 constitucional, se constituye en obligación del Estado diseñar políticas de desarrollo sostenible que permitan la preservación y el desarrollo económico-social de los pueblos; sin embargo, el análisis de la situación del sector pesquero de nuestro país es materia que excede al objeto de esta Jurisdicción, en los términos en que ha sido planteada, siendo más pertinente su debate en un foro de discusión nacional, como lo sería el órgano parlamentario, o en las diversas instancias de gestión de la Administración. Sobre estos parámetros, es que se hará el análisis de las impugnaciones que se hacen en la acción.
V.- DE LA FORMA JURÍDICA PARA REALIZAR LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS ZONAS PROTEGIDAS.- El primer alegato de impugnación que se hace es en relación a la forma jurídica utilizada para la determinación de los límites geográficos de las zonas marinas protegidas, por cuanto se indica que en forma irregular se hizo mediante decreto, a los que se les confirió rango de ley, teniéndose en cuenta que, esta materia está reservada a la ley, al tenor de la Convención para la Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada por Ley número 3763. En tanto parece que las accionantes parten de supuestos errados, se advierte que la afectación de un bien a un uso público o demanial –como lo es el patrimonio natural del Estado– se puede hacer mediante por norma constitucional, ley o por decreto ejecutivo –caso del patrimonio natural del Estado, y el patrimonio histórico arquitectónico–, en tanto es al tenor de lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, y de la competencia legal encomendada en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 y 16 de la Ley Forestal, que corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía la facultad de deslindar o determinar, vía Decreto Ejecutivo, las zonas o áreas protegidas y que conforman el patrimonio natural del Estado. De manera que, es un asunto que por mandato legal se ha delegado a la Administración competente (MINAE), de donde, su actuación se manifiesta a través de un acto administrativo (decreto ejecutivo de afectación), dado que no puede actuar a través de la ley, en atención a que la función legislativa ha sido atribuida en exclusiva a la Asamblea Legislativa –artículos 105 y 121 inciso 1) de la Constitución Política–. No obstante lo anterior, esta potestad de la Administración no desconoce la que se ha atribuido al legislador –para incorporar bienes al patrimonio natural del Estado–, mediante ley. También debe advertirse que la determinación de una zona o área protegida no es una decisión irresoluta o inmodificable, sino todo lo contrario, pudiendo, ampliarse su extensión –en la mayoría de los casos–, ya sea mediante norma legal o también mediante decreto ejecutivo emanado de la Administración competente (Ministerio de Ambiente y Energía), o reducirse, en este último supuesto, existe una reserva legal absoluta, de manera que sólo por ley emanada de la Asamblea Legislativa, previos estudios técnicos que justifiquen la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente:
"Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres progegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida." Este tema fue tratado con anterioridad por esta Sala, en sentencia número 5399-93, de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, en señaló que el artículo 3 del Convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América -aprobado por Ley número 3763, de primero de octubre de mil novecientos sesenta y seis, "[...] debe entenderse en sentido restrictivo, de manera que, la exigencia de establecer los límites de los parques nacionales a través de una ley es únicamente cuando va en detrimento del mismo, es decir, cuando se quiera reducir su extensión, y no cuando se quieran extender los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado." Nótese que la norma de referencia dispone literalmente:
"Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.
Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas o para investigaciones científicas debidamente autorizadas." Y esto es así en virtud de que el bien jurídico que se protege es el "ambiente" el cual reviste de una garantía especial su tutela en nuestro ordenamiento jurídico, al tenerse como un derecho fundamental. En virtud de lo anterior, no resulta contrario al Derecho de la Constitución el que la delimitación de los parques y áreas marinas protegidas se haya realizado mediante decreto, que la extensión se haya ampliado mediante decretos posteriores, y que finalmente, en algunos de los casos, se haya ratificado su extensión mediante una ley. Se insiste, la única restricción que tiene la Administración es para la desafectación del bien o para la reducción del parque o área protegida, la cual sólo puede hacer la Asamblea Legislativa, previo estudio técnico que justifique la medida.
VI.- DE LA SUPUESTA OMISIÓN EN EL TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO.- El segundo alegato que se hace en esta acción es en relación al vicio de trámite legislativo en la tramitación del proyecto de ley que dio como resultado la aprobación de la Ley 6794, por no habérsele conferido audiencia al INCOPESCA. Tiene en cuenta este Tribunal que se trata de una institución autónoma, creada por Ley número 7384, del 16 de marzo de 1994, al que se le se encomienda una función de dirección y planificación –que más bien debe ser exclusiva del Poder Ejecutivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 140 inciso 8) constitucional–, en este caso, relativa a la coordinación del sector pesquero y de la acuacultura además de la promoción y ordenación del desarrollo de la pesca, la casa marítima, la acuacultura y la investigación, sobre la base de criterios de conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuacultura. Y en efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 190 de la Carta Fundamental, se exige la consulta de los proyecto de ley "relativos a una institución autónoma". Con lo cual, no puede estimarse la infracción alegada, toda vez que el contenido de esta ley no tiene incidencia alguna en la organización, ni funcionamiento, así como tampoco en la competencia de esa institución, en tanto su contenido se limita a la ratificación de la determinación geográfica de unas áreas marinas protegidas, materia en la que, se insiste, no tiene competencia el INCOPESCA. Cabe advertir que el Ministerio de Ambiente y Energía que se constituye en un órgano rector en lo que se refiere a la tutela de los recursos naturales y del ambiente –que comprende la biodiversidad ecológica tanto en la flora como en la fauna, ecosistemas, bosques, recurso forestal, vida silvestre–, de los recursos mineros, y de aquellos que coadyuvan a generar energía, tales como el agua, el aire, hidrocarburos, etc.; según lo dispuesto en los artículos 2 inciso a) de la Ley Orgánica de ese ministerio, número 7152, de 4 de junio de 1990, en tanto disponen textualmente, en lo que interesa:
"Artículo 2.- Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes:
VII.- DE LA EXIGENCIA DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- El tercer alegato de las accionantes está referido a la omisión de realizar estudios de impacto ambiental para la creación de lo siguientes parques y áreas marinas: reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, parque Nacional Santa Rosa, parque Nacional Corcovado, reserva Biológica Isla del Caño, parque Nacional Isla del Coco, parque Nacional Manuel Antonio, parque Nacional Marino Ballena, refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, parque Marino Las Baulas y refugio Nacional Vida Silvestre Caletas-Ario, de manera que no se ha demostrado la viabilidad de la protección pretendida con estas zonas, por lo que, de manera arbitraria se han incorporado vastas extensiones en las que tradicionalmente se dedicaban a la actividad pesquera. Sobre este punto, resulta necesario aclarar que la realización de los estudios de impacto ambiental está establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, y se constituye en un instrumento idóneo para la tutela del ambiente, toda vez que con él se intenta determinar, de manera objetiva –técnica y científica– el grado de impacto o incidencia negativa que la eventual realización de un proyecto o actividad humana tiene sobre el ambiente y sus elementos conformadores; para con ello, poder determinar qué cambios o variables se le deben de adoptar, para que el mismo no lo contamine o dañe; o en su defecto, impedir del todo su realización. Por tal motivo es que este Tribunal ha señalado que se constituye en una expresión del principio constitucional ambiental de la objetivación de la tutela ambiental (sentencias número 2005-14293 y número 2006-17126). En virtud de lo cual, no puede estimarse como contrario al Derecho de la Constitución y al régimen especial de la tutela del ambiente la eventual omisión de estudios de impacto ambiental para la determinación de los límites geográficos de los citados parques y áreas marinas protegidas, dado que su realización no se exige para la preservación del ambiente, en atención a que su creación en modo alguno puede tenerse que cause efectos negativos. Sin embargo, en atención al contenido mismo del principio de la objetivación del ambiente, cuyo contenido "[...] se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la «vinculación a la ciencia y a la técnica», con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia" (sentencia número 2005- 14293; y del debido proceso, referido a la motivación de los actos administrativos, si se exige una fundamentación (técnica y científica) para el establecimiento de estas zonas. Por tal motivo, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente establece los siguientes requisitos para crear nuevas áreas silvestres:
"a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen.
VIII.- DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD CONSTITUCIONAL.- El cuarto motivo de impugnación de la acción es la infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucional, por estimar las gestionantes que resulta desmedida la demarcación de los límites de los parques y áreas marinos señalados. Sobre esta alegación, las asociaciones accionantes deben tener en cuenta que las demarcaciones impugnadas se realizan sobre un bien de dominio público, que como tal, no pertenecen a ningún particular, ni siquiera al Estado, sino a la Nación, de modo que están sujetos a un régimen jurídico distinto, que los saca del comercio de los hombres, a los que se les ha atribuido las cualidades de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, de manera que no puede alegarse ningún tipo de titularidad, ni siquiera de derecho de posesión, cuya administración ha sido encomendada al Estado; además, su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, a través de permisos y/o concesiones, y del control estatal de las actividades que sobre ellos se realice. Así, se trata de bienes que bienes que están afectados por su naturaleza y vocación por voluntad expresa del legislador (artículo 261 del Código Civil) por lo que tienen un destino especial: la de servir a la comunidad y al interés público. (En este sentido pueden consultarse las sentencias número 0447-91, 1556-91, 2306-91, 5399-93, 5976- 93, 1347-95, 320-96, 1345-96, 3145-96, 5026-97, 0304-98, 2000-10466, 2003-3480, 2005- 7158.) En efecto, al tenor del artículo 6 de la Carta Fundamental, el mar patrimonial se constituye en un bien de dominio público de la Nación, como lo consideró este Tribunal en sentencia número 5399-93, de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres:
"Así, el concepto de Mar territorial ha evolucionado dentro del movimiento de codificación del derecho internacional consuetudinario, sobre todo por razones de seguridad nacional y económicas, configurándose como un bien demanial, es decir, un bien público, y por lo tanto del Estado. De este modo, tanto en la legislación interna, en las Cartas Magnas de cada país o leyes especiales, como en la legislación internacional, en las diferentes convenciones internacionales que se han celebrado sobre el Derecho del Mar, lejos de existir incompatibilidad alguna entre éstas, se da entre ambas una plena armonía histórica y lógica." De manera que, de conformidad con la Convención de los Derecho del Mar, la soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y aguas interiores, cuyo régimen se regula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el mar territorial, el cual está conformado por cuatro zonas definidas:
a.) las aguas interiores, que son aquellas que ubicadas en el interior de la línea de base que se definió en el Decreto Ejecutivo número18581-RE, de catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho para la medición del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, las cuales –aguas interiores– forman parte de las aguas interiores de la República, y como tales, también se constituyen en bien de dominio público, sobre las que el Estado ejerce su soberanía, permitiéndose "el derecho de paso inocente a favor de los buques de todas las naciones, según los principios y normas del Derecho Internacional" como lo indica el artículo 3 del citado reglamento, en atención a que "en dichas aguas están ubicados varios puertos de altura en nuestra costa Pacífica"; b.) el mar territorial, con una extensión de doce millas náuticas, medidas a partir de la línea de base, según las coordenadas establecidas en el citado Decreto Ejecutivo número18581-RE, que se mide a lo largo de toda la costa, sobre el que el Estado ejerce absoluta soberanía; c.) la zona contigua, que es la franja de alta mar contigua al mar territorial (de ahí su denominación), con una extensión de doce millas náuticas, de manera que en forma conjunta el mar territorial y la zona contigua no pueden extenderse más de veinticuatro millas medidas a partir de la línea base de la que se mide el mar territorial; sobre la cual el Estado ejerce plena jurisdicción para evitar y sancionar las infracciones que se cometan contra su ordenamiento sanitario, fiscal, aduanero, migratorio; y d.) la zona económica exclusiva, con una extensión en su totalidad de doscientas millas náuticas desde donde se mide la anchura del mar territorial, en el que se concede la soberanía exclusiva sobre los recursos naturales que se encuentran en el fondo del mar, en el suelo y subsuelo, en las aguas (especies marinas), así como también la jurisdicción respecto del uso y control de sus aguas, estableciendo instalaciones de investigación científica, prevención del medio marino, y control del uso de los recursos. A los terceros Estados se les concede el derecho de sobrevuelo, libre navegación y tendido de cables submarinos.
IX.- Con lo cual, no resulta legítima la alegación de que los pescadores había adquirido un derecho subjetivo para poder realizar la actividad pesquera en todo el litoral del Pacífico en la plataforma continental y en las doce millas territoriales de una manera legítima, por cuanto su uso y aprovechamiento se da, como se indicó, a través del ejercicio del poder de policía, con lo cual, se requiere del otorgamiento previo de parte de la Administración correspondiente, de las licencias y permisos para la realización de esta actividad. Queda claro que no es posible consolidar un derecho subjetivo –de propiedad, ni siquiera de posesión– sobre un bien de dominio público, a lo sumo, la concesión o permiso, que es susceptible de ser revocada, por razones de interés público –como en este caso, que se trata de un interés público ambiental, que trasciende el ámbito del mero interés administrativo, para referirse a fines y valores como la vida, la salud y el equilibrio ecológico–, e inclusive por razones de oportunidad o conveniencia, sin responsabilidad de la Administración, como lo autoriza el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, previa realización de un procedimiento al efecto, como garantía del debido proceso (artículos 39 y 41 constitucionales). Así, en razón del bien jurídico tutelado (ambiente) y los recursos naturales que lo conforman –en este caso especies marinas, patrimonio arqueológico, biodiversidad en la flora y en la fauna–, que en su mayoría están en peligro de extinción, como lo señalan las propias asociaciones accionantes, es que se encuentra debidamente justificada la creación de estos parques y áreas marinas de protección. Por otro lado, de conformidad con las demarcaciones que se hacen en las normas de su creación, se denota que la misma ni es desmedida, ni tampoco absoluta en relación con el mar patrimonial, cubriendo aproximadamente un 16.82% del total de las aguas territoriales del litoral del Pacífico, de manera que no se impide de manera absoluta la pesca y aprovechamiento de los recursos marinos en esta zona. Nótese además que conforme a las reglas de definición de las diversas zonas que conforman nuestro mar patrimonial, ninguno de los parques y áreas marinas protegidas existentes excede las doce millas náuticas del mar territorial, siendo los más extensos, el Parque Marino Las Baulas y el Parque Nacional Manuel Antonio, que comprenden las aguas interiores hasta alcanzar las doce millas náuticas del mar territorial; y es de anotar que el Parque Nacional de Santa Rosa, la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, el Parque Nacional de Corcovado, la Reserva Biológica isla del Caño y el Parque Nacional Marino Ballena se ubican dentro de las aguas interiores de la República, y la extensión que se hace del Parque Nacional Isla del Coco se extiende para comprender las doce millas náuticas, medidas a partir de la línea bajamar de la costa (artículo primero del artículo 8748, y sus reformas). Debe considerarse que no es cierto tampoco que los pescadores deban de llegar a aguas internacionales (que es más allá de las doscientas millas náuticas que conforman nuestro mar patrimonial) para conseguir el sustento familiar y empresarial de los pescadores, ya que existen muchas zonas en las aguas interiores, en las cuales no existe ninguna restricción para realizar la pesca, salvo claro está, las relativas a las regulaciones que sobre la materia se dispongan, tales como la sujeción al poder de policía en lo relativo a la uso y aprovechamiento de las especies marinas, que sujetan su ejercicio a la obtención de licencias y permisos. Se recuerda que la pesca es una actividad que está sujeta a condicionamientos y regulaciones ambientales, a fin de que se logre una explotación racional de la misma, permitiendo su desarrollo sin agotar las especies, y dándole tiempo a que las mismas se reproduzcan conforme a los ciclos naturales de vida, y respetando los ecosistemas existentes. Nótese que el sustento de estas regulaciones no sólo están dadas en atención a la defensa del recurso marino, sino en primer orden, para promover el desarrollo y sostenibilidad de la actividad pesquera, por cuanto no es posible garantizar su éxito si las especies se agotan; de ahí la exigencia de un uso racional y controlado de los recursos. Por ello, se advierte que si a consecuencia de la explotación desmedida o sin control se ha causado la destrucción de hábitats y especies marinas en las zonas sobre las que no existe un régimen jurídico de protección ambiental, ello no justifica que se permita la pesca en las zonas que previamente se han reservado para la protección y preservación del hábitat marino, porque ello se traduciría en una grave infracción de la tutela del ambiente que se impone en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional en el artículo 50 constitucional.
X.- DE LA NO INFRACCIÓN DEL DERECHO DE TRABAJO. En relación al último alegato, referido a la infracción del derecho al trabajo, no resta más que su desestimación. En efecto, como bien lo señalaron las propias accionantes, el contenido de este derecho ha sido definido por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera:
"El artículo 56 de la Constitución contiene una doble declaración: una, la de que el trabajo es un derecho del individuo y otra, la de que el Estado garantiza el derecho de libre elección del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada «Libertad al Trabajo». Esa libertad significa que el individuo está facultado para escoger entre la multitud de ocupaciones lícitas la que más le convenga para la consecución de su bienestar y correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una determinada actividad y respetar su esfera de selección." (Sentencia número 00223-98).
Sin embargo, como también lo señalaron las gestionantes, este derecho no es irrestricto y absoluto, en efecto, "El trabajo es un derecho del individuo y una obligación de éste con la sociedad, y el Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil. La libre elección de una ocupación significa que no puede forzarse a un ciudadano a desempeñar labores que no desee realizar, a tenor de lo preceptuado por el artículo 56 de la Carta Magna. Sin embargo no significa que se trate de un derecho absoluto, pues no es posible por razones obvias. Hay restricciones lícitas, originadas en la misma Constitución, legitimadas por el ordinal 28 que establece los límites a las libertades, al consignar que: las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros, están fuera del dominio de la ley." (Sentencia número 00110-98).
En virtud de lo cual, no es posible considerar que la creación de parques y áreas marinas protegidas infrinjan este derecho fundamental, toda vez que las restricciones que, se repite, se establecen para el aprovechamiento de los recursos marinos se originan en la obligación constitucional que se le impone al Estado de garantizar, defender y preservar el ambiente, esto es, en el interés público ambiental. Además, según se anotó anteriormente, no se impone una restricción absoluta que impida la actividad pesquera en las aguas interiores, ni tampoco en el mar territorial del Estado, ni siquiera abarca la totalidad del mar patrimonial, como intentan argumentar las accionantes.
XI.- CONCLUSIONES.- Habiéndose refutado todas las alegaciones hechas por las asociaciones accionantes, por no encontrarse ninguna infracción del Derecho de la Constitución, es que procede rechazar por el fondo la acción interpuesta contra las normas legales y decretos ejecutivos que establecen o modifican los límites marinos de los parques nacionales y zonas protegidas en el litoral Pacífico de Costa Rica.
Por tanto:
Se rechaza por el fondo la acción.
Luis Fernando Solano C.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Federico Sosto L.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.