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Res. 08945-2005 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/07/2005
OutcomeResultado
The constitutional challenge is dismissed; Decree 26187-MINAE is not unconstitutional.La acción de inconstitucionalidad se declara sin lugar; el Decreto 26187-MINAE no es inconstitucional.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed a constitutional challenge against Executive Decree 26187-MINAE, which allows the installation and maintenance of telecommunications towers in protected wilderness areas through use permits. The plaintiff argued that the decree violated Article 12 of the National Parks Service Creation Law (Law 6084), which prohibits granting concessions or permits for installations other than those of the Service, and therefore Article 50 of the Constitution on the right to a healthy environment. The majority held that there is no unconstitutionality because the decree is based on a systematic interpretation of subsequent legal provisions, including the General Public Administration Law (art. 154), the Forestry Law (art. 39) and its regulation, which allow precarious use permits on state natural heritage lands, provided they do not affect ecosystems. It also weighed the public interest in telecommunications and the need for sustainable development that harmonizes environmental conservation with human progress. The Chamber warned about possible future tower saturation and ordered preventive measures. Justice Armijo dissented, considering that the decree contravenes the law and Article 50 of the Constitution.La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 26187-MINAE, que permite la instalación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas mediante permisos de uso. El accionante argumentó que el decreto violaba el artículo 12 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (Ley 6084), que prohíbe otorgar concesiones o permisos para instalaciones distintas a las del Servicio, y por ende el artículo 50 constitucional sobre el derecho a un ambiente sano. La Sala, en voto de mayoría, sostuvo que no existe inconstitucionalidad porque el decreto se fundamenta en una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico posterior, incluyendo la Ley General de la Administración Pública (art. 154), la Ley Forestal (art. 39) y su reglamento, que permiten permisos de uso precarios en el patrimonio natural del Estado, siempre que no afecten los ecosistemas. Además, valoró el interés público de las telecomunicaciones y la necesidad de un desarrollo sostenible que armonice la conservación ambiental con el progreso humano. La Sala advirtió sobre la posible saturación futura de torres y ordenó medidas preventivas. El magistrado Armijo salvó el voto por considerar que el decreto sí contraviene la ley y el artículo 50 constitucional.
Key excerptExtracto clave
This Court concurs with the thesis outlined by the Attorney General's Office, in the sense that said rule must be analyzed within the regulatory context that emerged after that law and in light of the need for sustainable development. What is questioned in Executive Decree No. 26187-MINAE is the possibility of granting a use permit to install telecommunications posts in protected areas. This power to grant use permits is duly provided for in the General Public Administration Law of May 2, 1978, in Article 154, which states: 'Use permits for public domain property, and other acts that expressly and validly grant a right to a private party on a precarious basis, may be revoked for reasons of expediency or convenience without liability on the part of the Administration…' On the other hand, the Forestry Law, which is Law No. 7575 and was enacted on February 13, 1996, provides in Article 39 that one of the resources constituting the Forestry Fund is precisely the value of the fees or charges determined by the Ministry of Environment and Energy, resulting from use permits for natural resources granted in protected wilderness areas, regardless of their management category, which form part of the state's natural heritage. And this was regulated in Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996, the Regulation to the Forestry Law […] This Court understands from the same cited regulations the authority to issue these permits, as well as the protection of ecosystems, wildlife, soils, wetlands, and aquifer systems.Este Tribunal comparte la tesis esbozada por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que dicha norma debe ser analizada en el contexto normativo surgido con posterioridad a dicha ley y atendiendo a la necesidad de un desarrollo sostenible. Lo cuestionado en el decreto ejecutivo No. 26187-MINAE es la posibilidad de otorgar un permiso de uso para instalar puestos de telecomunicación en áreas protegidas. Esta facultad de otorgar permisos de uso se encuentra debidamente contemplada en la Ley General de Administración Pública del 2 de mayo de 1978, en el artículo 154 que dice: 'Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración…' Por otro lado, la Ley Forestal, que es ley No. 7575 y que fue emitida el 13 de febrero de 1996, dispone en el artículo 39, que uno de los recursos que constituirá el Fondo Forestal es precisamente el valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía determine, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del Estado. Y así fue reglamentado en el Decreto No. 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la ley Forestal […] Este Tribunal entiende de la misma normativa citada la facultad para emitir estos permisos, así como también a la protección de los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los sistemas acuíferos.
Pull quotesCitas destacadas
"Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras."
"Certainly, man has the right to use the environment for his own development, but he also has the correlative duty to protect and preserve it for the use of present and future generations."
Considerando IV
"Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras."
Considerando IV
"El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales."
"Sustainable development is one of those general policies that the State issues to expand the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between the latter and natural systems."
Considerando V
"El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales."
Considerando V
"Lo anterior permite concluir, que es posible la coexistencia de ambos (protección de las áreas y desarrollo de la comunicación) sin que necesariamente implique esta coyuntura, el detrimento de uno o la limitación del otro. Un equilibrio razonable."
"The foregoing allows the conclusion that the coexistence of both (protection of the areas and development of communication) is possible without this situation necessarily implying the detriment of one or the limitation of the other. A reasonable balance."
Considerando VI
"Lo anterior permite concluir, que es posible la coexistencia de ambos (protección de las áreas y desarrollo de la comunicación) sin que necesariamente implique esta coyuntura, el detrimento de uno o la limitación del otro. Un equilibrio razonable."
Considerando VI
"El Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar la acción, porque el Decreto impugnado contraviene texto expreso del artículo 12 de la Ley de Servicio de Parques Nacionales No. 6084, el cual dispone que en esos parques no puede otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio, norma que no hace otra cosa sino desarrollar el contenido esencial del artículo 50 de la Constitución."
"Justice Armijo dissents and grants the action, because the challenged Decree contravenes the express text of Article 12 of the National Parks Service Law No. 6084, which provides that no permit may be granted in those parks to establish installations other than those of the Service, a rule that does nothing other than develop the essential content of Article 50 of the Constitution."
Voto salvado
"El Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar la acción, porque el Decreto impugnado contraviene texto expreso del artículo 12 de la Ley de Servicio de Parques Nacionales No. 6084, el cual dispone que en esos parques no puede otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio, norma que no hace otra cosa sino desarrollar el contenido esencial del artículo 50 de la Constitución."
Voto salvado
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: July 6, 2005 at 3:10 p.m.
Case File: 02-013045-0007-CO Type of Matter: Action of unconstitutionality Constitutional Review: Dismissing judgment Judgment with Dissenting Vote Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY REVIEW Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
NOT APPLICABLE.
008945-05. ENVIRONMENT. INSTALLATION OF TELECOMMUNICATION TOWERS IN PROTECTED AREAS. Executive Decree number 26.187-MINAE. Regulates Telecommunication Posts in Protected Wild Areas Res: 2005-08945 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and ten minutes on the sixth of July, two thousand five.- Action of unconstitutionality brought by Nombre01, of legal age, single, identity card number CED01, resident of San Isidro de Heredia; against Executive Decree number 26.187-MINAE, of May twenty-second, nineteen ninety-seven, published in La Gaceta number of July twenty-fourth of that year. Also intervening in the proceeding were Abel Pacheco de la Espriella in his capacity as President of the Republic, Manuel Antonio Bolaños Salas in his capacity as Minister of the Environment and Energy, and Farid Beirute Brenes, representing the Office of the Attorney General of the Republic.
Whereas:
Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and,
Considering:
I.On admissibility. In environmental law, the procedural presupposition of standing tends to be extended and broadened in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from subjective rights according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern doctrinaires call the diffuse interest, by means of which the original standing of the legitimate interested party, or even the simply interested party, is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimates the subject to sue transforms itself, by virtue of its incorporation into the catalog of rights of the human person, becoming a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against violations originating from illegitimate acts or omissions.
This is why the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific ground for amparo against concrete acts or self-applicable norms, or, as the case may be, in the action of unconstitutionality against all norms or against acts not susceptible to amparo, and even against omissions, a category which, in the case of the right to the environment, becomes especially important, because when it comes to conserving the environment that nature has given us, the most frequent violation occurs due to the inertia of public authorities in carrying out the acts necessary to protect them.
The Constitutional Jurisdiction, as the legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the Constitution's law, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing (legitimación) is necessary to associate citizens with the interest of the Rule of Law itself in overseeing and, where appropriate, re-establishing its own legality. That concept of “diffuse interests (intereses difusos)” aims to develop a form of standing which, in recent times, has constituted one of the traditional principles of standing and which has been gaining ground, especially in the field of administrative law, as a final, novel but necessary broadening, so that this oversight becomes increasingly more effective and efficient. Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be, under our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, against them, specific or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones or those concerning a community as a whole.
It concerns, then, individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a detriment, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the sets of people who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is to say, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—for being common to a generality—and individual, and therefore can be claimed in such character. And this is precisely what happens in the present case, in which the petitioner evidently has an individual interest insofar as he is being affected by the pollution afflicting his community, but there is also a collective interest, since the injury is also caused to the community as a whole.
Therefore, in the case of the Right to the Environment, standing corresponds to the human being as such, since the injury to that fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular. Given that what the plaintiff seeks to protect is the right to a healthy environment safeguarded in Article 50 of the Political Constitution and that his standing is based on the existence of diffuse interests, the action is admissible as far as this aspect is concerned, in his personal capacity, but not as a representative of the Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, since he never accredited such legal capacity in the case file.
II.Object of challenge. The plaintiff challenges decree No. 26187-MINAE published in the Gazette of July 24, 1997, insofar as it permits the installation and maintenance of telecommunications towers within protected wild areas (áreas silvestres protegidas), alleging that it violates Article 12 of Law No. 6084 of August 17, 1977, which is the Law Creating the National Parks Service, which states: “No concessions of any kind may be granted for the exploitation of products from national parks, nor may permission be granted to establish installations other than those of the Service,” and therefore he deems that Article 50 of the Political Constitution is consequently harmed. This decree indeed authorizes that, by means of a use permit (permiso de uso), telecommunications posts may be installed and maintained in natural resource protection areas, based on favorable reasons of geographical location and altitude. Attending to such need and the site's condition (protected areas), it provides that the shelter and tower must be installed in the strictly necessary space. They are granted for a maximum term of 5 years, extendable, and their installation must comply with certain requirements in accordance with Article 3:
“a) Verify with the administration of the respective Conservation Area that the site where installation is intended is designated for that purpose.
If the application is made on behalf of a legal entity, it must also include recent certification of legal existence and of the legal representative.
Installations in general must seek to adapt to technological advances that arise. Contamination of all kinds, including visual or panoramic pollution, must be minimized. The design and construction must be achieved with the greatest possible concealment, in order to achieve safety and the greatest harmonization with the environment.
New installations and remodels subsequent to this decree must include the construction of a self-supporting or guyed tower. Electrical service connections to the posts must be underground. If an exterior lighting system is intended to be installed, the light beam must be projected towards the ground and, on access roads, must be at a maximum height of eighty centimeters above the ground.
III.On telecommunications. We have essentially understood the human being, since the times of the Greeks, as a social being (zoon politikon), hence the undeniable importance that communication holds for him, understanding this as "making something common." On the other hand, an essential element of communication is "information," which has its origin in the words in and formare, that is, "instructing inwardly." Information is collectible, storable, or reproducible. It is used to form an opinion and, based on it, to be able to make decisions. The human species, as stated, besides having a social character, needs communication, especially in current times for personal and professional development. From the beginnings of the species, communication evolved until reaching the most sophisticated technology, with the aim of closing spaces and achieving greater speed in the process. With the development of civilizations and written languages, the need also arose to communicate at a distance regularly, in order to facilitate trade among different nations and empires.
All this development of communications gave rise to a new concept, that of Telecommunications. By this, we understand the set of means of communication at a distance or transmission of words, sounds, images, or data in the form of electronic or electromagnetic impulses or signals. It also encompasses all emission, reception, and transmission of signs, signals, writings, images, sounds, and any type of data, by cable, radio, optical means, or other electromagnetic systems. The evolution of society has also necessarily promoted technological advances in the telecommunications sector, attending to the essential role it plays in many areas, such as, for example, in the work of effective humanitarian assistance, emergency situations, security, education, contracting, prevention, recreation, information, etc. This is how telecommunications have advanced, trying to improve access through more suitable techniques.
However, this is not a simple matter, as several factors intervene that contribute to or impair the dissemination and even the use of information. This precisely constitutes the central problem of telecommunications, since, with a source that generates information at one point and a recipient at another geographic point distant from the first, the issue is knowing what is the best way to deliver the information generated by the source to the recipient, quickly (due to the temporal dependence of the information's importance), securely (to ensure the information does not fall into the hands of someone who might misuse it, or to whom it was simply not intended), and truthfully (to ensure that the content of the information was not altered during the transmission process). In our days, strongly influenced by economic aspects, other factors also intervene, such as the cost of transferring information from the source to its destination.
The human being, wanting to cover ever greater distances, began to use increasingly complex systems, as scientific and technological advances allowed. This topic is of utmost relevance and is addressed even at the international level. Through Law No. 6247 of September 3, 1979, Costa Rica approved the International Telecommunications Convention, which establishes that every person has the right to use radiocommunication services, and the interception of communications or the interruption of any communication is permitted only for reasons of State security or when communications are contrary to public order or good customs and for causing interference to other members. So, the importance of these means of communication does not in any way detract from the attention required for the development of even our country.
IV.On the Fundamental Right to a Healthy Environment. Now, the right to the environment, specifically regarding the protection of protected areas, must also not be diminished in the pursuit of development without conducting a prior assessment that promotes sustainable development, since these are areas that form part of the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), which have an inalienable and unseizable character, are subject to specific public management plans that guarantee adequate protection, conservation, and rational use of resources, and are those that foster a healthy and technologically balanced environment. This Court has always been clear that it is the State's obligation to protect natural beauty and the environment (Articles 50 and 89 of the Political Constitution) and has protected it as such, taking into consideration that there is an evident particular and social interest in doing so, an end for which the enactment of laws that adequately regulate its use and enjoyment is necessary.
Certainly, man has the right to use the environment for his own development, but he also has the correlative duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Thus, for example, the Stockholm Conference affirms that "man has the fundamental right to freedom, equality, and the enjoyment of adequate living conditions in an environment of such quality that allows him to lead a dignified life and enjoy well-being, and he holds the solemn obligation to protect and improve the environment for present and future generations." It must not be lost from view that soil, water, air, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity, and landscape make up the environmental framework without which basic demands such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources.
From Article 69 of the Constitution derives the principle of rational exploitation of the land, and the obligation to protect and preserve renewable natural resources is imposed on both private individuals and the State in its broadest sense:
"II. Environmental protection is a task that corresponds to all equally: to public institutions, by enforcing existing legislation and promoting efforts that prevent or eliminate dangers to the environment; to private individuals, by abiding by those provisions and collaborating in the defense of the soil, air, and water, since any harmful change resulting from a human act in the composition, content, or quality of these will also be detrimental to the quality of human life" (Judgment number 4480-94, of ten hours forty-one minutes of August nineteenth, nineteen ninety-four).
As this Court has already indicated, Article 50 of the Constitution was amended by Law number 7412, of June third, nineteen ninety-four, precisely with the objective of making a declaration of the State's obligation to protect the environment and granting citizens full standing to defend it, thus giving express content therein to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which in its jurisprudential development, this Chamber had recognized as derived from Articles 21, 69, and 89 of the Constitution:
"[...], this Chamber has established that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right, as such already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution, [which is why] it does not consider it useless nor, much less, objectionable that it be recognized expressly and clearly individualized, [...]" (Judgment number 1394-94, of fifteen hours twenty-one minutes of March sixteenth, nineteen ninety-four).
"II.- It follows then that the position assumed by this Court in this regard is currently confirmed by the cited constitutional amendment, an amendment which is merely a reflection of the conception that man, while having the right to make use of the environment, also has the obligation to protect and preserve it for the enjoyment of future generations" (Judgment number 5668-94, of eighteen hours of September twenty-eighth, nineteen ninety-four).
The cited Article 50 also outlines the Social State of Law, so we can conclude that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers on factors that can alter its balance and prevent the person from developing and functioning in a healthy environment. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first reason for being in the fact that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the State's activity is directed towards the satisfaction of the community's interests. In constitutional jurisprudence, the concept of "environment" has not been limited to the primary elements of nature, be it soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands—such as food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible.
It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a "macro-environmental" concept, by also encompassing aspects relating to the economy, to the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others:
"Therefore, Environmental Law must not be associated only with nature, as nature is only part of the environment. The policy of protecting nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thereby achieve unification of the legal body we call Environmental Law" (Judgment number 5893-95, of nine hours forty-eight minutes of October twenty-seventh, nineteen ninety-five; and in the same vein, numbers 3705-93, supra citada, and 2988-99, of eleven hours fifty-seven minutes of April twenty-third, nineteen ninety-nine).
V.Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Based on Article 69 of the Constitution, insofar as it provides for the "rational use of natural resources," the Chamber, in its jurisprudence, has established the constitutional parameters for their adequate use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm:
"This Chamber has also recognized that both the right to health and to a contamination-free environment, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, so that it is the State's obligation to provide for their protection, either through general policies aimed at this end or through concrete acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to broaden the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future" (Judgment number 1763-94, of sixteen hours forty-five minutes of April thirteenth, nineteen ninety-four).
The Chamber has indicated that the environment must be understood as a development potential to be used appropriately, acting in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk. It is important to take into consideration that environmental problems occur when the modes of exploiting natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their capacity for regeneration, which leads to broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; since precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain a development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more importantly is understanding that while man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, into this matter, of the principle of "injury," already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself.
Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep the productive apparatus that sustains the national economy operating, whose main source is constituted by agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, with environmental quality and the survival of other species.
To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. The declaration made at the Earth Summit in 1992 proclaimed and recognized the integral and independent nature of the planet; this means the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which Costa Rica figures, committed themselves, within the preservation of sustainable development, to the protection of the human being above all. It was based on the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations for development to be carried out in a way that meets their environmental and progress needs was included; the sovereign power of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that activities within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction.
They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that sense; in this way, international cooperation in the promotion and support of economic growth and sustainable development will enable better addressing the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the pursuit of sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment.
VI.The specific case. Once the previous preliminary considerations have been made as a frame of reference, we proceed to resolve the plaintiff's allegations, who infers that the challenged decree violates Article 50 of the Political Constitution, because—in his view—it infringes upon the provisions of the National Parks Service Law, in the sense that it is not possible to grant any permission within the protected areas. Indeed, Article 12 of Law No. 6084 of August 24, 1977, provides:
“No concessions of any kind may be granted for the exploitation of products from national parks, nor may permission be granted to establish installations other than those of the Service.” However, this Court shares the thesis outlined by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), in the sense that said norm must be analyzed within the regulatory context that arose subsequent to said law and attending to the need for sustainable development. What is questioned in Executive Decree No. 26187-MINAE is the possibility of granting a use permit to install telecommunications posts in protected areas. This power to grant use permits is duly contemplated in the General Law of Public Administration of May 2, 1978, in Article 154, which states:
“Use permits for the public domain, and other acts that recognize a right expressly and validly on a precarious basis to an administered party, may be revoked for reasons of opportunity or convenience without liability to the Administration; but the revocation must not be untimely or arbitrary, and a prudent period must be given in all cases for the fulfillment of the revocation act.” The Chamber has indicated that the use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private individual is the useful domain of the good, with the State always reserving the direct domain over the thing. The precariousness of any right or use permit is inherent to the figure and alludes to the possibility that the administration, at any time, may revoke it, whether due to the State's need to fully occupy the good, for the construction of a public work, as well as for reasons of safety, hygiene, or aesthetics, all to the extent that if there is a conflict of interests between the purpose of the good and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail.
Consequently, applying the foregoing to the specific case, we would be understanding that a subsequent norm came to establish the possibility of granting a use permit over public domain goods, on a precarious basis and making the natural use of the thing prevail; in the case of protected areas, their conservation purpose. On the other hand, the Forestry Law, which is Law No. 7575 and was issued on February 13, 1996, provides in Article 39 that one of the resources that will constitute the Forestry Fund (Fondo Forestal) is precisely the value of the fees or rates that the Ministry of Environment and Energy determines, resulting from the use permits for natural resources, granted in protected wild areas, whatever their management category, that make up the natural heritage of the State. And this was regulated in Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law:
“Article 11.- The A.F.E. will grant use permits for the natural and forestry heritage of the State only to those projects that do not require forestry exploitation and that do not affect ecosystems, wildlife, soils, wetlands, and aquifer systems, except for activities expressly permitted by Law 6084 of National Parks and Law 7317 of Wildlife.” Additional exceptions shall be permitted only in the public interest and subject to an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and compliance with its recommendations..." This Court understands from the same cited regulations the authority to issue these permits, as well as to protect ecosystems, wildlife, soils, wetlands, and aquifer systems. In fact, the Chamber already issued a ruling in judgment No. 1998-2777 regarding this Decree in the following sense:
"...Regarding disrespect for the principle of hierarchy of laws, the petitioner does not express the grounds; however, the Chamber observes that such transgression does not occur, since the Executive Branch has the power to issue decrees and regulations, in accordance with the provisions of Article 140 of the Political Constitution..." This Court assessed precisely that the installation of towers involved a use permit for the protected areas, as a typical administrative act, indicating that these lands have already been declared for public use by the Legislative Assembly and the Administration merely establishes controls and limits on that public use in order to achieve the objective of protecting natural resources. The Chamber also alluded to the background of this situation, stating:
"...The existence of telecommunication posts within various protected areas originates from the fact that, despite the natural danger represented by both the Irazú Volcano and the Cerro de la Muerte, they constitute, due to their location and altitude, the ideal places for installing telecommunication posts. For this reason, despite the fact that since 1955, through the Organic Law of the Tourism Institute number 1917, two kilometers around the craters of the Irazú Volcano (as well as the other volcanoes in the country) were declared National Parks, and despite the fact that, in accordance with Articles 261 and 262 of the Civil Code which establish that said areas were outside commerce and inalienable, a large number of private individuals installed within said lands posts for radiocommunication repeaters, radio broadcasting, and later for television, posts that in most cases lacked any permit to do so.
When the General Forestry Directorate was created in 1969, through Law number 4465, and in 1977 the National Parks Service through Law 6084, taking over the administration of the wilderness areas by state entities specialized in managing those areas, this de facto situation was encountered, one that conflicts with the philosophy under which they should have been managed. The State found itself at that time facing a legal dichotomy to which it had to provide a solution, that is, choosing between a staunch defense of the theses of some conservationists that protected areas were untouchable, or maintaining telecommunication posts within them, based on reasons of public interest, since if those posts were to disappear, the entire national communication system would be affected, leaving the country at the mercy of telecommunications from other nations that had great development in that field and even professed political doctrines contrary to ours, for which reason the choice was made to maintain the communication posts in these places, establishing restrictive measures to prevent the existence of those posts from destroying the resources of the protected areas..." And in light of the foregoing, it defined the legal nature of use permits within protected areas:
"...Prior to the current Forest Law number 7575, in granting authorizations to locate telecommunication posts within protected areas, the figure of the use permit was utilized due to the legal nature of the lands on which those posts were located, a figure that was subsequently ratified by Article 39, subsection i) of that Forest Law, which expressly indicated that the Forest Fund would be nourished by the value of the fees or rates that the Ministry of Environment and Energy would determine, resulting from permits for the use of natural resources granted in protected wilderness areas, whatever their management category, that form the natural patrimony of the state. Since the lands on which the State authorizes the installation of telecommunication posts are part of the natural patrimony of the state, they are subject to a public use determined by law, such that private possession becomes exceptional to the purpose for which those lands are designated, requiring an express act of the Administration to legitimize it, which in the present case consists of a use permit granted via administrative resolution..." It further determined that, in accordance with Organic Environmental Law No. 7554, Forest Law No. 7575, and the Law Creating the National Parks Service No. 6084, the Ministry of Environment and Energy is responsible for the administration of wilderness areas, as the provisions to be issued on the matter have an impact on the administration of those areas.
Therefore, since these rules are of a general nature, the appropriate course in these cases is to regulate this type of relations with the administered party using Article 121.1 of the General Law of Public Administration, which states that acts of general scope must be issued by means of decrees. For this reason, despite the fact that during the initial years everything concerning the conditions the State imposed on the permit holder, including the area each post would occupy depending on the activity to which it was dedicated and the fee to pay for land use, was regulated within the same resolutions granting those permits, subsequently, through Executive Decrees No. 213124-MIRENEM and No. 23109-MIRENEM, different regulations were established for posts located in national parks (the case of Irazú Volcano) and in forest reserves (the case of Cerro de la Muerte), taking into consideration that the legislation in force at that time differentiated between these management categories.
It considered from that moment that, with the appearance first of the Organic Environmental Law and subsequently the Forest Law, our legal system once again gave similar treatment to the various wilderness areas, which made it necessary for the State to unify the provisions that should govern the granting of use permits in these cases. In this manner, Executive Decree No. 26187-MINAE was issued, which was challenged by the appellant in that judgment, by means of which the Ministry of Environment and Energy indicated, as administrator of those protected areas, what provisions would govern from that date onward for telecommunication posts located in those areas. This decree seeks not only the maintenance of those posts within the protected areas, but also to protect the scenic beauties and the natural resources existing therein, hence the cited Decree classifies the various types of existing posts, establishes the corresponding fees, and also regulates the impact of those posts on ecosystems.
In the field of telecommunication, the decree establishes three types of fees to be paid to the State, according to the activity each one is dedicated to: television stations, radio broadcasting, and private radiocommunication. The amount established for each of the different types of these posts also reflects the economic reality of the country and the need for protected wilderness areas to self-finance the expenses resulting from their administration, management, and protection, through the services they provide (see judgment No. 2777-98). The Chamber does not deem that the expressed criterion should vary, so the challenged decree is not unconstitutional according to what has been indicated, precisely attending to the current need to submit ourselves to sustainable development. Inescapably, we must seek and orient harmony between environmental conservation and human development, as was declared in Principle 3 of the Rio Declaration on Environment and Development:
"The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations." An appropriate balance must be sought. In this case, it could not be determined that the possibility of establishing telecommunication posts in a protected area is harming the ecosystem, since it is also normatively provided that the use permit cannot neglect its protection; and on the other hand, it is undeniable that, due to the topography, the most suitable places for emitting communication signals in our country are the highest ones, which, in turn, coincide with the protected areas. The foregoing allows the conclusion that the coexistence of both (protection of the areas and development of communication) is possible, without this juncture necessarily implying the detriment of one or the limitation of the other. A reasonable balance.
VII.However, the Chamber was able to perceive from the statements given at the hearing held on May 19, 2005, that, in response to population growth and the need to improve and expand the scope of communication coverage, a large number of telecommunication posts have proliferated, which undoubtedly warns of a future problem, as it could eventually lead to a saturation problem that would generate incompatibility between the conservation of the area and the possibility of ensuring telecommunications. The foregoing means that the administration must anticipate such a situation and, in the medium term, secure more advanced technological means that allow for adequate dissemination of communications, reducing the installation of telecommunication towers in the future and even the existing ones, and at the same time seek a harmonious coexistence with nature. Likewise, it must exercise effective control over the accesses that are made in the protected areas, in order to minimize their impact on the environment.
VIII.Conclusion.- Based on all of the foregoing and this Court not finding that the challenged Decree harms the Political Constitution in the parameters indicated by the petitioner, it is appropriate to declare the action without merit, as is hereby ordered. Judge Armijo issues a dissenting vote and declares the action with merit.
Therefore:
It is declared without merit. The Minister of Environment and Energy is to take note of what is indicated in Considerando VII.
Judge Armijo issues a dissenting vote and declares the action with merit.
Luis Fernando Solano C. President Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Susana Castro A. AVC/169/ccg DISSENTING VOTE OF JUDGE ARMIJO SANCHO:
I disagree with the vote of the majority of the Chamber and, instead, declare the appeal with merit, because the challenged Decree contravenes the express text of Article 12 of the National Parks Service Law No. 6084, which provides that in those parks no permit may be granted to establish installations other than those of the Service, a rule that does nothing other than develop the essential content of Article 50 of the Constitution. What was resolved by the majority of the Chamber seems to me, perhaps, contradictory to the abundant pre-existing constitutional jurisprudence on the essential content of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which it is not necessary to reiterate in this dissenting vote, but from which I cannot extract any conclusion other than that the telecommunication towers authorized by means of the challenged Decree and their installations violate that essential content, almost evidently, by their mere presence in the national parks and protected areas; not only due to visual contamination, but also due to the impact generated on the surroundings by the mere installation and construction.
The basis for my upholding is the requirements derived from Article 50 of the Constitution and the laws that develop it, as well as the jurisprudence emanating from this Chamber, which I place before the demands of telecommunications, which offer increasingly greater and better technical possibilities to solve the problems in the very short term, whereas the damages caused to the environment are difficult to recover and require a long term to solve, when that is possible.- Gilbert Armijo S. Judge Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:50:41.
Control constitucional: Sentencia desestimatoria Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas:
NO APLICA.
008945-05. AMBIENTE. INSTALACIONES DE TORRES PARA TELECOMUNICACIONES EN AREAS PROTEGIDAS. Decreto Ejecutivo número 26.187-MINAE. Regula Puestos de Telecomunicaciones en Areas Silvestres Proteg Res: 2005-08945 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con diez minutos del seis de julio del dos mil cinco.- Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre01, mayor, soltero, cédula de identidad número CED01, vecino de San Isidro de Heredia; contra el Decreto Ejecutivo número 26.187-MINAE, del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete, publicado en La Gaceta número del veinticuatro de julio de ese año. Intervinieron también en el proceso Abel Pacheco de la Espriella en su condición de Presidente de la República, Manuel Antonio Bolaños Salas en su calidad de Ministro del Ambiente y Energía, y Farid Beirute Brenes, en representación de la Procuraduría General de la República.
Resultando:
Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,
Considerando:
I.Sobre la admisibilidad. En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de derechos subjetivos según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.
Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no susceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia juridicidad.
Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz. Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto.
Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. Y precisamente ello es lo que sucede en el presente caso, en el cual el recurrente, evidentemente, tiene un interés individual en el tanto está siendo afectado por la contaminación de que es objeto su comunidad, pero también existe un interés colectivo, ya que la lesión también se produce a la colectividad como un todo.
De manera que, entratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular. Siendo que lo que pretende tutelar el accionante es el derecho a un ambiente sano tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política y que su legitimación se fundamenta en la existencia de intereses difusos, la acción resulta admisible en cuanto a este aspecto se refiere, en su condición personal, no así como representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, pues nunca acreditó en el expediente la personería como tal.
II.Objeto de impugnación. El accionante impugna el decreto No. 26187-MINAE publicado en la Gaceta del 24 de julio de 1997 en tanto permite la instalación y mantenimiento de torres para telecomunicaciones dentro de áreas silvestres protegidas, toda vez que aduce violenta el artículo 12 de la Ley No. 6084 del 17 de agosto de 1977 que es la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales que dice: “No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio”, por lo que estima se lesiona consecuentemente el artículo 50 de la Constitución Política. Este decreto efectivamente autoriza que por medio del permiso de uso se puedan instalar y mantener puestos de telecomunicación en áreas de protección de los recursos naturales, atendiendo a razones favorables de ubicación geográfica y altitud. Atendiendo a tal necesidad y a la condición del lugar (áreas protegidas), dispone que deberán ser instalados, la caseta y la torre en el espacio estrictamente necesario. Se otorgan por un plazo máximo de 5 años prorrogable y su instalación debe cumplir con ciertos requisitos de conformidad con el artículo 3:
“a) Verificar con la administración del Área de Conservación respectiva, que el sitio donde pretende instalarse, esté destinado a ese fin.
Si la solicitud se hace en nombre de una persona jurídica, debe aportarse además, certificación reciente de la personería jurídica y del representante legal, c) Presentar oficio de la Dirección de Nacional de Control de Radio, aprobando la instalación.
Las instalaciones en general, deberán buscar adecuarse a los avances tecnológicos que se presenten. Se procurará reducir al mínimo la contaminación de todo tipo, incluyendo la visual o panorámica. El diseño y construcción debe lograrse con el mayor disimulo posible, a fin de que se logre seguridad y la mayor armonización con el ambiente.
Las instalaciones nuevas y las remodelaciones, posteriores a este decreto deben contemplar la construcción de una torre autosoportada o venteada. Las cometidas eléctricas hacia los puestos deben ser subterráneas. En caso que se pretenda instalar un sistema de iluminación exterior, el haz de luz deberá proyectarse hacia el suelo y en las vías de acceso, deberá estar a una altura máxima de ochenta centímetros sobre el suelo.
III.De las telecomunicaciones. Esencialmente hemos entendido desde los tiempos de los griegos al ser humano como un ser social (zon politikon), de ahí la innegable importancia que tiene para éste la comunicación, entendiendo ésta como "hacer común" algo. Por otra parte, elemento esencial de la comunicación es la "información", que tiene su origen en las palabras in y formare, es decir, "instruir hacia adentro". La información es coleccionable, almacenable o reproducible. Se utiliza para formar opinión y con base en ella poder llegar a la toma de decisiones. La especie humana como se dijo, además de tener carácter social, necesita la comunicación, sobretodo en tiempos actuales para su desarrollo personal y profesional. Desde los inicios de la especie, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada tecnología, con el objetivo de lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso.
Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto, el de Telecomunicación. Por éste entendemos el conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. También es comprensiva de toda emisión, recepción y transmisión, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, por cable, radio, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. La evolución de la sociedad también ha promovido necesariamente avances tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, atendiendo a la importancia esencial que juega en muchas áreas, como por ejemplo en la labor de asistencia humanitaria eficaz, situaciones de emergencia, seguridad, educación, contratación, prevención, recreación, información, etc. Es así como las telecomunicaciones han promovido intentando mejorar los accesos mediante técnicas más adecuadas.
Sin embargo, ello no constituye un asunto sencillo, pues intervienen varios factores que coadyuvan o desmejoran la difusión y hasta el uso de la información. Esto constituye precisamente el problema central de las telecomunicaciones, ya que al haber una fuente que genera información en un punto y un destinatario en otro punto geográfico distante del primero, se trata de saber cuál es la mejor manera de hacer llegar al destinatario la información generada por la fuente, de manera rápida (por la dependencia temporal de la importancia de la información), segura (para garantizar que la información no caiga en manos de alguien que haga mal uso de ella, o a quien simplemente no estaba destinada), y veraz (para garantizar que en el proceso de transmisión no se alteró el contenido de la información). En nuestros días, influidos fuertemente por aspectos de tipo económico, intervienen además otros factores, tales como el costo de traslado de información de la fuente a su destino.
El ser humano, al querer abarcar distancias cada vez mayores, empezó a utilizar sistemas cada vez más complejos, conforme se lo permitían los avances científicos y tecnológicos. Este tema es de suma relevancia y tratamiento incluso a nivel internacional. Mediante Ley No. 6247 de 3 de setiembre de 1979, Costa Rica aprobó el Convenio Internacional de las Telecomunicaciones en el cual se establece que toda persona tiene derecho a utilizar los servicios de radiocomunicación y se permite la detención de comunicaciones o de interrumpir cualquier comunicación únicamente por razones de seguridad del Estado o cuando sean comunicaciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres y por producir interferencias de otros miembros. De manera que la importancia de estos medios de comunicación, no desmerece en lo absoluto la atención requerida para el desarrollo incluso de nuestro país.
IV.Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano. Ahora bien, el derecho al ambiente específicamente en cuanto a la protección de las áreas protegidas, tampoco debe ser minorizado en aras del desarrollo sin realizar una evaluación previa que fomente el desarrollo sostenible, pues se trata de zonas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado, las cuales, tienen carácter inalienable e inembargable, están sometidas a planes específicos de manejo público que garanticen la adecuada protección, conservación y uso racional de los recursos, y son los que propician un ambiente sano y tecnológicamente equilibrado. Este Tribunal siempre ha tenido claro que es obligación del Estado la protección de la belleza natural y del ambiente (artículos 50 y 89 de la Constitución Política) y así lo ha tutelado, tomando en consideración que en ello hay un evidente interés particular y social, fin que para poderlo alcanzar es necesario la promulgación de leyes que regulen en forma adecuada su uso y disfrute.
Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras. Así por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras." No debe perderse de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y minerales, los bosques, la diversidad biológica y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales.
Del artículo 69 de la Carta Fundamental se deriva el principio de explotación racional de la tierra, y se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción más amplia, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables:
"II. La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano" (sentencia número 4480-94, de las diez horas cuarenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).
Como ya ha indicado este Tribunal, el artículo 50 de la Constitución fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente con el objetivo de hacer una declaratoria de la obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos plena acción para defenderlo, dando así contenido expreso en ella al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que en su desarrollo jurisprudencial, esta Sala había reconocido como derivado de los artículos 21, 69 y 89 constitucionales:
"[...], esta Sala ha establecido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución, [motivo por el que] no considera inútil ni, mucho menos, objetable que se reconozca de manera expresa y claramente individualizado, [...]" (sentencia número 1394-94, de las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro).
"II.- Se tiene entonces que la posición asumida por este Tribunal al respecto, se ve confirmada en la actualidad por la reforma constitucional de cita, reforma esta que no es sino reflejo de la concepción de que el hombre si bien tiene derecho a hacer uso del medio ambiente, tiene también la obligación de protegerlo y preservarlo para el disfrute de generaciones futuras" (sentencia número 5668-94, de las dieciocho horas del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro).
El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.
En la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros:
"Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental" (sentencia número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y en igual sentido, las número 3705-93, supra citada, y número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve).
V.Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. A partir del artículo 69 constitucional, en cuanto dispone el "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala en su jurisprudencia, ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de empresa) sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio:
"Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro" (sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro).
La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Es importante tomar en consideración que los problemas ambientales se producen cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano.
La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo.
El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación.
La declaración que se hizo en la Cumbre de la Tierra en 1992, se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta, ello significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sostenibilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional.
Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen.
VI.El caso concreto. Una vez realizadas las anteriores consideraciones preliminares como marco de referencia, se procede a resolver los alegatos del accionante, quien infiere que el decreto impugnado violenta el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto -en su criterio- infringe lo dispuesto en la Ley de Servicio de Parques Nacionales, en el sentido de que no es posible otorgar permiso alguno dentro de las áreas protegidas. Ciertamente el artículo 12 de la Ley No. 6084 de 24 de agosto de 1977 dispone:
“No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio.” Sin embargo, este Tribunal comparte la tesis esbozada por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que dicha norma debe ser analizada en el contexto normativo surgido con posterioridad a dicha ley y atendiendo a la necesidad de un desarrollo sostenible. Lo cuestionado en el decreto ejecutivo No. 26187-MINAE es la posibilidad de otorgar un permiso de uso para instalar puestos de telecomunicación en áreas protegidas. Esta facultad de otorgar permisos de uso se encuentra debidamente contemplada en la Ley General de Administración Pública del 2 de mayo de 1978, en el artículo 154 que dice:
“Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.” Ha señalado la Sala que el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.
Por consiguiente, sometiendo lo señalado al caso concreto, estaríamos entendiendo que una norma posterior vino a establecer la posibilidad de otorgar un permiso de uso sobre bienes de dominio público, con carácter precario y haciendo prevalecer el uso natural de la cosa, tratándose de las áreas protegidas, su fin de conservación. Por otro lado, la Ley Forestal, que es ley No. 7575 y que fue emitida el 13 de febrero de 1996, dispone en el artículo 39, que uno de los recursos que constituirá el Fondo Forestal es precisamente el valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía determine, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del Estado. Y así fue reglamentado en el Decreto No. 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la ley Forestal:
“Artículo 11.- La A.F.E. concederá permisos de uso del patrimonio natural y forestal del Estado únicamente a aquellos proyectos que no requieran aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los sistemas acuíferos, excepto las actividades expresamente permitidas por la Ley 6084 de Parques Nacionales y la Ley 7317 de La Vida Silvestre. Excepciones adicionales se permitirán únicamente en el interés público y sujeto a un estudio de impacto ambiental y al cumplimiento de sus recomendaciones...” Este Tribunal entiende de la misma normativa citada la facultad para emitir estos permisos, así como también a la protección de los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los sistemas acuíferos. De hecho la Sala ya emitió pronunciamiento en la sentencia No. 1998-2777 respecto a este Decreto en el siguiente sentido:
“...En cuanto al irrespeto al principio de jerarquía de las leyes, el accionante no expresa los fundamentos, sin embargo, la Sala observa que no se produce esa transgresión, pues el Ejecutivo tiene potestad para emitir decretos y reglamentaciones, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 140 de la Constitución Política...” Este Tribunal valoró precisamente que la instalación de torres se trataba de un permiso de uso de las zonas protegidas, como un acto típico de administración, indicando que estos terrenos ya han sido declarados de uso público por parte de la Asamblea Legislativa y la Administración lo único que hace es establecer controles y límites a ese uso público a fin de lograr el objetivo de la protección de los recursos naturales. También la Sala hizo alusión a los antecedentes de esta situación, indicando:
“...La existencia de puestos de telecomunicación dentro de diversas áreas protegidas, tiene su origen en que a pesar del peligro natural que representan tanto el Volcán Irazú, como el Cerro de la Muerte, constituyen por su ubicación y altitud los lugares idóneos para la instalación de puestos para la telecomunicación. Por ello, a pesar de que desde 1955 y mediante la Ley Orgánica del Instituto de Turismo número 1917, fueron declarados como Parques Nacionales dos kilómetros alrededor de los cráteres del Volcán Irazú (lo mismo que los otros volcanes del país), y que a pesar de que de conformidad con los artículos 261 y 262 del Código Civil que establecen que dichas áreas se encontraban fuera del comercio, siendo inalienables, gran número de particulares instalaron dentro de dichos terrenos puestos para repetidoras de radiocomunicación, radiodifusión y posteriormente para televisión, puestos que en la mayoría de los casos carecían de permiso alguno para ello.
Al crearse en 1969 la Dirección General Forestal, mediante Ley número 4465 y en 1977 el Servicio de Parques Nacionales mediante ley 6084, tomando la administración de la áreas silvestres entes estatales especializados en el manejo de esas áreas, se encontró con esta situación de hecho, la que roza con la filosofía con que debían manejarse. El Estado se vio en ese entonces ante una dicotomía jurídica a la que debía darle solución, sea entre elegir entre defensa a ultranza de las tesis de algunos conservacionistas de que las áreas protegidas eran intocables, o mantener puestos de telecomunicación en ellas, fundamentado en razones de interés público, toda vez que al desaparecer esos puestos, todo el sistema de comunicación nacional se vería afectado, quedando el país a expensas de las telecomunicaciones de otras naciones que contaban con gran desarrollo en ese campo, e incluso profesaban doctrinas políticas contrarias a la nuestra, razón por lo que se optó por mantener los puestos de comunicación en estos lugares, estableciendo medidas restrictivas que evitaran que la existencia de esos puestos destruyeran los recursos de las áreas protegidas...” Y atendiendo a lo anterior, definió la naturaleza jurídica de los permisos de uso dentro de las áreas protegidas:
“...Con anterioridad a la actual Ley Forestal número 7575, en el otorgamiento de autorizaciones para ubicar puestos de telecomunicación dentro de áreas protegidas, se utilizó por la naturaleza jurídica de los terrenos sobre los cuales se ubicaban esos puestos, la figura del permiso de uso, figura que fue posteriormente ratificada por el artículo 39 inciso i) de esa Ley Forestal que expresamente señaló que el Fondo Forestal se nutriría del valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía determinare, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que fuere su categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del estado. Siendo los terrenos sobre los cuales el Estado autoriza la instalación de puestos de telecomunicación, parte del patrimonio natural del estado, están sujetos a un uso público determinado por ley, por lo que la detentación privada deviene en excepcional al destino por el que esos terrenos están afectados, requiriendo para legitimarla un acto expreso de la Administración, que en el presente caso consiste en un permiso de uso otorgado vía resolución administrativa...” Determinó además, que de conformidad con las Leyes Orgánica del Ambiente No. 7554, Forestal No.7575 y de Creación del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, le corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, la administración de las áreas silvestres, al tener incidencia las disposiciones a dictar en la materia sobre la administración de esas áreas, por lo que siendo esas reglas de carácter general, lo procedente en estos casos es regular este tipo de relaciones con el administrado, con el artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública que señala que los actos de alcance general se deben emitir por medio de decretos, por ello, a pesar de que durante los primeros años se reguló en las mismas resoluciones que otorgaban esos permisos, todo lo referente a las condiciones que el Estado le imponía al permisionario, incluyendo el área que ocuparía cada puesto dependiendo de la actividad a la que se dedicara y el canon a pagar por el uso del terreno, posteriormente mediante los Decretos Ejecutivos No. 213124-MIRENEM y No. 23109-MIRENEM, se establecieron regulaciones diferentes para los puestos ubicados en parques nacionales (caso del Volcán Irazú) y en reservas forestales (caso del Cerro de la Muerte), tomando en consideración que la legislación vigente en ese momento diferenciaba entre estas categorías de manejo.
Consideró desde aquel momento, que con la aparición primero de la Ley Orgánica del Ambiente y posteriormente la Ley Forestal, nuestro ordenamiento jurídico nuevamente le dio un trato similar a las diversas áreas silvestres, lo que hizo necesario que el Estado unificara las disposiciones que deben regir para otorgar permisos de uso en estos casos. De esta forma se dictó el Decreto Ejecutivo No. 26187-MINAE, que fue cuestionado por el recurrente en aquella sentencia, mediante el cual el Ministerio del Ambiente y Energía señaló, como administrador de esas áreas protegidas, cuáles son las disposiciones que regirán a partir de esa fecha para los puestos de telecomunicaciones ubicados en esas áreas. Con este decreto se pretende no sólo el mantenimiento de esos puestos dentro de las áreas protegidas, sino además, proteger las bellezas escénicas y los recursos naturales existentes en ellas, de ahí que el Decreto citado clasifica los diversos tipos de puestos existentes, establece los cánones correspondientes y norma además el impacto de esos puestos sobre los ecosistemas.
En materia de telecomunicación el decreto establece tres tipos de canon a pagar al Estado, según la actividad a que está dedicada cada uno de ellos: televisoras, radiodifusoras y radiocomunicación privada. El monto establecido para cada uno de los distintos tipos de estos puestos obedece además, a la realidad económica del país y a la necesidad de que las áreas silvestres protegidas autofinancien los gastos que produce su administración, manejo y protección, por medio de los servicios que prestan (ver sentencia No. 2777-98). La Sala no estima que deba variar el criterio expuesto, por lo que el decreto impugnado no resulta inconstitucional según lo indicado, atendiendo precisamente a la necesidad actual de someternos a un desarrollo sostenible. Ineludiblemente debemos buscar u orientar la armonía entre la conservación del ambiente y el desarrollo humano, así fue declarado en el principio 3 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo:
“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.” Se debe buscar el equilibrio adecuado. En este caso no se logró determinar que con la posibilidad de establecer puestos de telecomunicación en un área protegida se esté lesionando el ecosistema, pues además se prevé normativamente que el permiso de uso no puede desatender a su protección; y por otro lado, es innegable que por la topografía los lugares más adecuados para emitir las señales de comunicación en nuestro país, son los más altos, que a su vez, coinciden con las áreas protegidas. Lo anterior permite concluir, que es posible la coexistencia de ambos (protección de las áreas y desarrollo de la comunicación) sin que necesariamente implique esta coyuntura, el detrimento de uno o la limitación del otro. Un equilibrio razonable.
VII.Ahora bien la Sala pudo percibir de las manifestaciones dadas en la vista realizada el día 19 de mayo de 2005, que en atención al crecimiento poblacional y de la necesidad de mejorar y ampliar el ámbito de cobertura de la comunicación, han proliferado gran cantidad de puestos de telecomunicación, lo que indudablemente advierte un problema a futuro, pues podría llegar eventualmente a darse un problema de saturación que generaría incompatibilidad entre la conservación del área y la posibilidad de asegurar las telecomunicaciones. Lo anterior significa que la administración deba ir previendo tal situación, y asegurando a mediano plazo medios tecnológicos más avanzados, que permitan una adecuada difusión de las comunicaciones, reduciendo la instalación de las torres de telecomunicación a futuro e incluso las existentes y a su vez buscar una coexistencia armónica con la naturaleza. De igual modo, debe realizar un control efectivo de los accesos que se efectúen en las zonas protegidas, a efecto de minimizar su impacto en el ambiente.
VIII.Conclusión.- En razón de todo lo expuesto y no advirtiendo este Tribunal que el Decreto impugnado lesione la Constitución Política en los parámetros señalados por el accionante, procede declarar sin lugar la acción, como en efecto se dispone. El Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar la acción.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción. Tome nota el Ministro de Ambiente y Energía lo indicado en el Considerando VII.
El Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar la acción.
Luis Fernando Solano C.
Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Susana Castro A.
AVC/169/ccg VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO ARMIJO SANCHO:
Disiento del voto de la mayoría de la Sala y, en su lugar, declaro con lugar el recurso, porque el Decreto impugnado contraviene texto expreso del artículo 12 de la Ley de Servicio de Parques Nacionales No. 6084, el cual dispone que en esos parques no puede otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio, norma que no hace otra cosa sino desarrollar el contenido esencial del artículo 50 de la Constitución. Lo resuelto por la mayoría de la Sala me parece, acaso, contradictorio con la abundante jurisprudencia constitucional preexistente sobre el contenido esencial del derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que no cabe venir a reiterar en este voto disidente, pero de la cual no puedo extraer otra conclusión que la de que las torres de telecomunicaciones autorizadas por medio del Decreto impugnado y sus instalaciones quebrantan ese contenido esencial, casi de manera evidente, con su sola presencia en los parques nacionales y áreas protegidas; no solo por la contaminación visual, sino por el impacto que generan en el entorno la mera instalación y construcción.
El fundamento de mi estimatoria son las exigencias derivadas del artículo 50 constitucional y de las leyes que lo desarrollan, así como de la jurisprudencia emanada por esta Sala, las cuales antepongo a las exigencias de las telecomunicaciones, las cuales ofrecen cada vez mayores y mejores posibilidades técnicas para solventar los problemas a muy corto plazo, en tanto que los perjuicios ocasionados al ambiente son de difícil recuperación y requieren un largo plazo para solventarlos, cuando eso resulta posible.- Gilbert Armijo S.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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