← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 07126-2006 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/05/2006
OutcomeResultado
The habeas corpus is denied because water contamination was not proven and the authorities demonstrated they had taken the necessary measures to guarantee the inmates' right to health.Se rechaza el amparo por no acreditarse contaminación del agua ni omisión de las autoridades, quienes demostraron haber tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los reclusos.
SummaryResumen
The Constitutional Court rejects a habeas corpus action filed by an inmate against prison authorities at La Reforma Institutional Care Center, the Ministry of Justice, and the Ministry of Health. The petitioner claimed that the drinking water storage tank in Module B was contaminated by sewage spills, proximity to garbage containers, and toxic leachate, and that insects and rodents in the kitchen endangered his right to health. After reviewing reports and expert evidence —including a microbiological analysis by the National Water Laboratory that found no fecal coliforms— the Court finds the facts unproven and determines that the administration has taken adequate preventive and corrective measures (daily chlorination, periodic fumigation, structural maintenance). It concludes there is no unjustified omission or violation of constitutional rights to health or life, and dismisses the petition, reaffirming that prisoners retain protection of their fundamental rights.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo presentado por un privado de libertad contra las autoridades penitenciarias del Centro de Atención Institucional La Reforma, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. El recurrente alegaba que el tanque de abastecimiento de agua para consumo humano en el Ámbito de Convivencia B se encontraba contaminado por derrames de aguas negras, por su cercanía a recipientes de basura y por filtraciones de líquidos tóxicos, y que en la cocina había insectos y roedores, lo cual lesionaba su derecho a la salud. La Sala, tras valorar los informes y pruebas periciales -incluyendo un análisis microbiológico negativo por coliformes fecales del Laboratorio Nacional de Aguas- determina que los hechos no están probados y que la administración ha adoptado medidas preventivas y correctivas suficientes (cloración diaria, fumigaciones periódicas, mantenimiento estructural). Concluye que no existe omisión injustificada ni lesión a los derechos constitucionales a la salud o la vida, y declara sin lugar el amparo, reiterando que los privados de libertad conservan la tutela de sus derechos fundamentales.
Key excerptExtracto clave
V.- CONCRETE CASE. From the proven facts, it is first established that the petitioner is imprisoned at La Reforma Institutional Care Center. Analyzing the specific case, no violation of the constitutional rights of the petitioner Jiménez Jiménez is observed. While this Court acknowledges the petitioner's concern about water quality, there is no evidence showing contamination from sewage spills, as he claims. Contrary to the petitioner's assertions, it appears that the authorities of the Ministry of Justice and specifically the Institutional Care Center have taken the necessary measures to ensure that the water distributed is fit for human consumption and that the water tanks receive the necessary preventive and corrective maintenance. ... Of special relevance in this matter is the microbiological analysis conducted by the National Water Laboratory of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on February 17, 2006 (folio 26), which tested negative for fecal coliforms, concluding in its report: '...the water meets the microbiological criteria established for human consumption water.' In summary, the contamination of the drinking water supply tank alleged by the petitioner in this case is not proven, nor is contamination by insects or rodents in the prison kitchen. Thus, the unjustified omission by the respondents, which would have harmed the petitioner's constitutional rights to health or life, is dismissed, and the habeas corpus petition must be declined.V.- CASO CONCRETO. A partir de la relación de hechos probados, se acredita en primer lugar que el amparado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma. Haciendo un análisis del caso concreto, no se aprecia que se haya cometido una lesión a los derechos constitucionales del amparado Jiménez Jiménez. Si bien esta Sala reconoce la preocupación del recurrente por la calidad del agua, lo cierto es que no existen datos que revelen que ésta esté contaminada por derrames de aguas negras, como él afirma. Contrario a lo esbozado por el recurrente, se aprecia que las autoridades del Ministerio de Justicia y específicamente del Centro de Atención Institucional han tomado las medidas necesarias para que el agua que se distribuya sea apta para el consumo humano y que a los tanques de agua se les da el mantenimiento preventivo y correctivo necesario. ... De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”. En síntesis, no se acredita el problema de contaminación en el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano que acusa el recurrente en este caso así como tampoco la contaminación por insectos o roedores en la cocina del centro penitenciario. Así las cosas, se desestima la omisión injustificada por parte de los recurridos, que haya ido en detrimento de los derechos constitucionales del amparado a la salud o la vida, motivo por el cual se impone la desestimatoria del presente recurso de amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud."
"This Court has established a doctrine, reiterated in its rulings, recognizing that some of the rights of convicted or pretrial detainees are subject to limitations inherent to the circumstances, but it has also emphasized that the essential core of their fundamental rights remains unalterable, particularly those directly related to dignity, such as the right to health."
Considerando IV
"Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud."
Considerando IV
"Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida."
"It is clear that the State has a grave responsibility in safeguarding the rights of persons it has deprived of liberty, whose other fundamental rights must not suffer diminution, and it falls precisely to the Penitentiary Administration to face that responsibility on behalf of the State, from the moment of admission until the very moment of release."
Considerando IV
"Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida."
Considerando IV
"De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”."
"Of special relevance in this matter is the microbiological analysis conducted by the National Water Laboratory of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on February 17, 2006 (folio 26), which tested negative for fecal coliforms, concluding in its report: '...the water meets the microbiological criteria established for human consumption water.'"
Considerando V
"De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 06-004085-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal *060040850007CO* Res: 2006-07126 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and fifty-one minutes of the nineteenth of May of two thousand six.
Amparo appeal filed by EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, identity card number 501860805, against the ADMINISTRATOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER., the DIRECTOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, the DIRECTOR GENERAL OF SOCIAL ADAPTATION, the MINISTER OF HEALTH, and the MINISTER OF JUSTICE AND GRACE.
Resulting:
Drafted by Judge Cruz Castro; and,
Considering:
I.Purpose of the appeal. The appellant, a person deprived of liberty, alleges that in the unit where he is confined, the water supply tank for human consumption is located next to some garbage collection barrels and has been contaminated by sewage spills. He also alleges that in the kitchen there are rodents and insects, which he considers harms his right to health. He points out that this situation has been brought to the attention of the respondent authorities, without having obtained any resolution.
II.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
The system for the protection of fundamental rights in the Costa Rican State is oriented not only towards those persons who enjoy freedom, but also towards those who have lost it in accordance with the constitutional and legal framework. For this reason, the protection of the health of persons deprived of liberty is a matter that also concerns the State, which is obliged to provide them with adequate and timely medical care, whether in the same penitentiary center where they are confined or through the different national hospital centers. In addition to the foregoing, it is appropriate to cite the criterion outlined by this Court in judgment 9696-2003 of sixteen hours and forty-five minutes of the ninth of September of two thousand three, which, in its relevant part, ordered:
"…This Chamber has established a doctrine, reiterated in its pronouncements, in which it has recognized that some of the rights of convicted persons, or those held in pre-trial detention, are subject to limitations inherent to the circumstances, but it has also highlighted that the essential core of their fundamental rights remains unalterable, particularly those directly related to dignity, such as the right to health. It is clear that the State has a grave responsibility in safeguarding the rights of persons whom it holds deprived of liberty, whose other fundamental rights shall not suffer diminution, and it is precisely up to the Penitentiary Administration to face that responsibility on behalf of the former, from the moment of their entry until the very instant of their departure. The starting point is thus that the State has the duty not to demand more than what the sentence and the law require, and the convicted person has the right not to suffer more restrictions or limitations than those established therein.
Hence, it is also reiterated constitutional jurisprudence to the effect that everything concerning the health of detainees, whether convicted or held in custody, must be attended to in an expeditious and effective manner by the Penitentiary Administration, without the justification that subjects the protection of said right to the completion of bureaucratic procedures or the existence of economic resources being admissible, just as is required for persons who enjoy freedom of movement, in whose guardianship this Constitutional Court has not admitted a similar array of arguments from the State either." Thus, through the jurisprudence of this Constitutional Court, the criterion has been delineated according to which it is emphasized that persons deprived of liberty, despite seeing some of their rights restricted, mainly their personal liberty and freedom of movement, always enjoy the guardianship that their fundamental rights deserve due to their condition as human beings.
In this way, it has been postulated that if the State, fulfilling a public function such as ensuring citizen security, isolates and deprives of their liberty persons who have violated the law, or who are deprived of their liberty because there is a reasonable probability of having committed an illicit act, it must do so within the framework of respect for human rights, as it has committed to. Thus, the right to health and the right to life of persons deprived of liberty deserve guardianship in the constitutional jurisdiction, regardless of the powers granted to other judicial bodies, such as the Sentence Enforcement Court, regarding the monitoring of the conditions in which the sentence or measure imposed on the offender is served.
From the list of proven facts, it is accredited in the first place that the petitioner is deprived of his liberty in the La Reforma Institutional Care Center. Upon analyzing the specific case, it is not appreciated that a violation of the constitutional rights of the petitioner Jiménez Jiménez has been committed. While this Chamber recognizes the appellant's concern about the quality of the water, the fact is that there is no data revealing that it is contaminated by sewage spills, as he claims. Contrary to what was outlined by the appellant, it is clear that the authorities of the Ministry of Justice and specifically of the Institutional Care Center have taken the necessary measures so that the water distributed is suitable for human consumption and that the water tanks receive the necessary preventive and corrective maintenance. Likewise, it is noted that the respondent authorities keep the water deposit installed on an asphalt layer and the tank lid is located at a level higher than the ground, which, as they explain in the reports provided even under the solemnity of oath, makes the filtration of any external contaminating agent or liquid impossible, as even during times of heavy rainfall, these do not reach levels that could exceed the upper part of the tank.
Rainwater flows through the stormwater manhole, which prevents it from reaching the tank. To the above, it is added that the Ministry of Justice has periodic fumigation contracts, not only in the kitchens but throughout the center, with the latest campaigns carried out including one in December 2005 and another in March of the current year; similarly, another is scheduled for September 2006. Of special relevance in this matter is the microbiological analysis carried out by the National Water Laboratory of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) on February 17, 2006 (folio 26), which tested negative for fecal coliforms, with said report concluding that: “… the water meets the microbiological criteria established for water for human consumption.” In summary, the contamination problem in the water supply tank for human consumption alleged by the appellant in this case is not accredited, nor is contamination by insects or rodents in the kitchen of the penitentiary center.
Accordingly, the unjustified omission on the part of the respondents, which may have been to the detriment of the petitioner's constitutional rights to health or life, is dismissed, for which reason the dismissal of this amparo appeal is imposed.
Therefore:
The appeal is declared without merit.
Luis Fernando Solano C.
President Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-23-2026 15:54:46.
SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República
*060040850007CO* Res: 2006-07126 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del diecinueve de mayo del dos mil seis.
Recurso de amparo interpuesto por EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, cédula de identidad número 501860805, contra el ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA., el DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA, el DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL, el MINISTRO DE SALUD y la MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Acusa el recurrent,e privado de libertad, que en el ámbito en que está recluido, el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano, se ubica junto a unos estañones de recolección de basura y se ha visto contaminado por derrames de aguas negras. Además acusa que en la cocina hay roedores e insectos, lo que estima lesiona sus derecho a la salud. Señala que tal situación se ha puesto en conocimiento de las autoridades recurridas, sin haber obtenido resolución alguna.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
El sistema de protección de los derechos fundamentales en el Estado costarricense se encuentra orientado no solo a aquellas personas que gozan de libertad, sino también a las que la han perdido conforme al marco constitucional y legal. Por esa razón, la protección de la salud de los privados de libertad es materia que concierne también al Estado, el cual se encuentra obligado a brindarles atención médica adecuada y oportuna, ya sea en el mismo centro penal donde se encuentran recluidos o por medio de los diferentes centros hospitalarios nacionales. Aunado a lo expuesto, conviene citar el criterio esbozado por este Tribunal en la sentencia 9696-2003 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil tres, que en lo conducente se dispuso:
“...Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas.
De ahí que también es reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que todo lo que se refiere a la salud de los detenidos, sean condenados o presos cautelarmente, debe ser atendido en forma expedita y eficaz por parte de la Administración Penitenciaria, sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos, al igual que se exige para las personas que gozan de libertad ambulatoria, en cuya tutela tampoco ha admitido este Tribunal Constitucional semejante elenco de argumentaciones por parte del Estado.” Así, a través de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, se ha delineado el criterio según el cual se rescata que los privados de libertad, a pesar de ver restringidos algunos de sus derechos, principalmente su libertad personal y de tránsito, siempre gozan de la tutela que merecen sus derechos fundamentales por su condición de seres humanos.
De esta manera, se ha postulado que si el Estado, cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aísla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, o bien, se encuentran privadas de su libertad por existir una probabilidad razonable de haber cometido un ilícito, debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido. Así las cosas, el derecho a la salud y el derecho a la vida de los privados de libertad merecen tutela en la jurisdicción constitucional, independientemente de las potestades otorgadas a otros órganos judiciales, como el Juzgado de Ejecución de la Pena, en cuanto a la vigilancia de las condiciones en que se cumple la pena o la medida impuesta al infractor.
A partir de la relación de hechos probados, se acredita en primer lugar que el amparado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma. Haciendo un análisis del caso concreto, no se aprecia que se haya cometido una lesión a los derechos constitucionales del amparado Jiménez Jiménez. Si bien esta Sala reconoce la preocupación del recurrente por la calidad del agua, lo cierto es que no existen datos que revelen que ésta esté contaminada por derrames de aguas negras, como él afirma. Contrario a lo esbozado por el recurrente, se aprecia que las autoridades del Ministerio de Justicia y específicamente del Centro de Atención Institucional han tomado las medidas necesarias para que el agua que se distribuye sea apta para el consumo humano y que a los tanques de agua se les da el mantenimiento preventivo y correctivo necesario. Asimismo, se tiene que las autoridades recurridas mantienen el depósito de agua instalado sobre una capa asfáltica y la tapa del tanque se ubica sobre un nivel superior del suelo, lo que según explican en los informes rendidos incluso bajo la gravedad de juramento, imposibilita la filtración de cualquier agente o líquido contaminante externo, siendo inclusive que ni aún en época de fuertes precipitaciones lluviosas éstas alcanzan niveles que pudieran rebasar la parte superior del tanque.
El agua de lluvia discurre por la caja de registro de aguas pluviales lo que no permite que lleguen al tanque. A lo anterior se agrega que el Ministerio de Justicia tiene contrataciones periódicas de fumigación no sólo en las cocinas sino en todo el centro, siendo que dentro de las últimas campañas realizadas se registra la efectuada en el mes de diciembre de 2005 y otra en el mes de marzo del año en curso, de igual forma se tiene otra programada para el mes de setiembre de 2006. De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”. En síntesis, no se acredita el problema de contaminación en el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano que acusa el recurrente en este caso así como tampoco la contaminación por insectos o roedores en la cocina del centro penitenciario.
Así las cosas, se desestima la omisión injustificada por parte de los recurridos, que haya ido en detrimento de los derechos constitucionales del amparado a la salud o la vida, motivo por el cual se impone la desestimatoria del presente recurso de amparo.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Luis Fernando Solano C.
Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
Document not found. Documento no encontrado.