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Res. 14046-2003 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/12/2003
OutcomeResultado
The Chamber upholds the non-compliance claim, orders certification to the Public Prosecutor’s Office, and reiterates IDA's obligation to comply with the 1994 ruling.La Sala declara con lugar la gestión de incumplimiento, ordena testimoniar piezas al Ministerio Público y reitera la obligación del IDA de cumplir la sentencia de 1994.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber upholds a claim of non-compliance against the Agrarian Development Institute (IDA), finding that more than eight years after being ordered, the measures required by ruling 1994-01763 have not been executed. That ruling had annulled land parcel adjudications made by IDA within the Tivives Protective Zone between 1986 and 1994, for having improperly disposed of forest-protected lands. IDA argued difficulties in relocating over two hundred families, lack of institutional support, and the need to compensate improvements, but the Chamber considers these arguments were already presented and rejected in 1995, when a relocation plan was approved with a 1998 deadline. It also notes that the Executive President replied late and by copying another official's text, demonstrating lack of interest. The Chamber orders certification of documents to the Public Prosecutor's Office to investigate the non-compliance and reiterates that IDA must effectively comply with the 1994 ruling.La Sala Constitucional declara con lugar una gestión de incumplimiento contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al constatar que más de ocho años después de ordenado, no se ha ejecutado lo dispuesto en la sentencia 1994-01763. Esta última había anulado adjudicaciones de parcelas realizadas por el IDA dentro de la Zona Protectora de Tivives, entre 1986 y 1994, por haber dispuesto indebidamente de terrenos forestalmente protegidos. El IDA alegó dificultades para reubicar a más de doscientas familias, falta de apoyo institucional y la necesidad de indemnizar mejoras, pero la Sala considera que esos argumentos ya fueron presentados y rechazados en 1995, cuando se aprobó un plan de reubicación que debió finalizar en 1998. Además, señala que el Presidente Ejecutivo contestó tardíamente y con un texto copiado de otro funcionario, evidenciando desinterés. La Sala ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para investigar el incumplimiento y reitera que el IDA debe cumplir efectivamente la sentencia de 1994.
Key excerptExtracto clave
I.- [...] More than eight years after the Chamber accepted these arguments as true and valid, the respondent authorities inform this Court that complying with the ruling whose non-compliance is alleged has still not been possible, because they have not yet found lands to relocate the more than two hundred affected families and because it is a very costly process, as they must compensate them before proceeding with their relocation, although they claim they have not “ceased to seek the best solution, as currently we are engaged in preparing legal projects...” aimed at definitively establishing the boundaries of the Tivives Protective Zone (see folios 211 to 213 of the case file). In light of the foregoing, it is paradoxical that the Agrarian Development Institute claims they have not yet found suitable lands to relocate the affected landholders, when more than eight years ago it informed the Chamber that it had prepared an entire project for the gradual purchase and relocation of those persons, which would be completed by May 7, 1998, at the latest (see folio 180 verso of the case file); and even more so that they rely on the argument that they cannot “evict” the families occupying lands within the Tivives Protective Zone until they compensate them for improvements made to the land, since this Chamber found, in ruling 1994-01763 at sixteen forty-five hours on April 13, 1994, that the Agrarian Development Institute was responsible for having improperly disposed of forest-protected lands since 1986, to the detriment of those who were adjudicated parcels within those protected areas (see considerations IV and V at folios 151 verso to 153 of the case file), it not only has the obligation to repair the damages caused, but also – and as part of the project initially approved to comply with the Chamber's ruling – should have foreseen in the budgets of subsequent years the necessary allocations to cover those items. Finally, the Chamber does not consider that the preparation of legal projects aimed at definitively establishing the boundaries of the Tivives Protective Zone constitutes an adequate means to comply with the terms of the Chamber's ruling, since it would indefinitely perpetuate – until the Legislative Assembly approves that project – the irregular situation that led to the granting of the amparo remedy, and would consequently frustrate the ultimate purpose sought by said ruling, which is the effective conservation and protection of the areas within the indicated protective zone. For all the foregoing reasons, the Chamber finds the alleged non-compliance to be proven, and consequently upholds the claim filed and orders certification of documents to the Public Prosecutor’s Office for its corresponding duties, which in no way exempts the Agrarian Development Institute from effectively executing what the Chamber ordered in its ruling 1994-01763 at sixteen forty-five hours on April 13, 1994.I.- [...] Más de ocho años después de que la Sala tuvo por ciertos y valederos estos argumentos, las autoridades recurridas le informan a este Tribunal que aún no ha sido posible observar los términos de la sentencia cuya falta de cumplimiento se alega, porque todavía no han logrado encontrar los terrenos para movilizar a las más de doscientas familias afectadas y porque resulta un proceso muy oneroso, ya que deben indemnizarlos antes de proceder a su traslado, aunque alegan que no han “cejado de buscar la mejor forma de solución, como en la actualidad que nos encontramos avocados en la preparación de proyectos legales...” tendentes a que se establezcan de manera definitiva los límites de la Zona Protectora de Tivives (ver folios 211 a 213 del expediente). Que en virtud de lo expuesto, resulta paradójico que el Instituto de Desarrollo Agrario alegue que aún no han encontrado los terrenos idóneos para reubicar a los parceleros afectados, si desde hace más de ocho años le informó a la Sala que había preparado todo un proyecto de compra y movilización paulatina de esas personas, el cual culminaría a más tardar el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho (ver folio 180 vuelto del expediente), y más aún que se amparen en que no pueden “desalojar” a las familias que ocupan terrenos dentro de la Zona Protectora de Tivives, hasta tanto no les indemnicen por las mejoras introducidas al terreno, ya que si esta Sala tuvo por demostrado en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que el Instituto de Desarrollo Agrario fue el responsable de haber dispuesto de manera indebida de terrenos forestalmente protegidos desde mil novecientos ochenta y seis, en perjuicio de las personas a las que les fueron adjudicadas parcelas dentro de esas áreas protegidas (ver considerandos IV y V a folios 151 vuelto a 153 del expediente), no sólo tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, sino que además –y como parte del proyecto que en principio se había aprobado para cumplir la sentencia dictada por la Sala- debieron prever en los presupuestos de los años siguientes, las partidas necesarias para cubrir esos extremos. Por último, la Sala no estima que la preparación de proyectos de ley tendentes a establecer de manera definitiva los límites del Área Protectora de Tivives, constituyan un medio idóneo para cumplir los términos de la sentencia dictada por la Sala, pues se mantendría indefinidamente en el tiempo –hasta que la Asamblea Legislativa aprobara dicho proyecto-, la situación irregular que motivó la estimación del recurso de amparo y en consecuencia, haría nugatoria la finalidad última que se pretendía con el dictado de dicho pronunciamiento, cual es, la conservación y protección efectiva de las áreas comprendidas dentro de la zona protectora señalada. Que por todo lo expuesto, la Sala tiene por acreditado el incumplimiento alegado y en consecuencia, acoge la gestión presentada y ordena el testimonio de piezas al Ministerio Publico, para lo de su cargo, lo que en modo alguno, exime al Instituto de Desarrollo Agrario de ejecutar de manera efectiva lo ordenado en su oportunidad por esta Sala en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
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"resulta paradójico que el Instituto de Desarrollo Agrario alegue que aún no han encontrado los terrenos idóneos para reubicar a los parceleros afectados, si desde hace más de ocho años le informó a la Sala que había preparado todo un proyecto de compra y movilización paulatina de esas personas, el cual culminaría a más tardar el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho"
"it is paradoxical that the Agrarian Development Institute claims they have not yet found suitable lands to relocate the affected landholders, when more than eight years ago it informed the Chamber that it had prepared an entire project for the gradual purchase and relocation of those persons, which would be completed by May 7, 1998, at the latest"
Considerando I
"resulta paradójico que el Instituto de Desarrollo Agrario alegue que aún no han encontrado los terrenos idóneos para reubicar a los parceleros afectados, si desde hace más de ocho años le informó a la Sala que había preparado todo un proyecto de compra y movilización paulatina de esas personas, el cual culminaría a más tardar el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho"
Considerando I
"la Sala no estima que la preparación de proyectos de ley tendentes a establecer de manera definitiva los límites del Área Protectora de Tivives, constituyan un medio idóneo para cumplir los términos de la sentencia dictada por la Sala"
"the Chamber does not consider that the preparation of legal projects aimed at definitively establishing the boundaries of the Tivives Protective Zone constitutes an adequate means to comply with the terms of the Chamber's ruling"
Considerando I
"la Sala no estima que la preparación de proyectos de ley tendentes a establecer de manera definitiva los límites del Área Protectora de Tivives, constituyan un medio idóneo para cumplir los términos de la sentencia dictada por la Sala"
Considerando I
"no sólo tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, sino que además debieron prever en los presupuestos de los años siguientes, las partidas necesarias para cubrir esos extremos"
"it not only has the obligation to repair the damages caused, but also should have foreseen in the budgets of subsequent years the necessary allocations to cover those items"
Considerando I
"no sólo tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, sino que además debieron prever en los presupuestos de los años siguientes, las partidas necesarias para cubrir esos extremos"
Considerando I
"la Sala tiene por acreditado el incumplimiento alegado y en consecuencia, acoge la gestión presentada y ordena el testimonio de piezas al Ministerio Publico"
"the Chamber finds the alleged non-compliance to be proven, and consequently upholds the claim filed and orders certification of documents to the Public Prosecutor’s Office"
Por tanto
"la Sala tiene por acreditado el incumplimiento alegado y en consecuencia, acoge la gestión presentada y ordena el testimonio de piezas al Ministerio Publico"
Por tanto
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Sala Constitucional Date of Resolution: December 3, 2003 at 17:30 Case File: 94-000178-0007-CO Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res: 2003-14046 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at seventeen hours and thirty minutes on December third, two thousand three.- Amparo action filed by Gerardo Núñez Arroyo, merchant, identity card number 6-181-764; Sergio Zúñiga Aguilar, builder, identity card 6-030-279; Carlos Delgadillo Solano, teacher, identity card number 6-077-024; Claudia Quirós Vargas, widow, university professor, identity card 4-089-931 and María Engracia Zúñiga Aguilar, widow, identity card number 6-025-1002, with the noted exceptions are: of legal age, married and residents of Esparza, against the Regional Director of the Pacífico Central and the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario.
Whereas:
1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at thirteen hours and three minutes on August twenty-eighth, two thousand three (folio 1), Angela Gatgens López, of legal age, married, resident of Esparza, identity card number 6-145-733, brings against the Instituto de Desarrollo Agrario, a proceeding for noncompliance with what was ordered by this Sala in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four, since she considers that despite this Sala, by judgment number 1998-7294, having declared with merit the unconstitutionality action filed against Article 71 of the Ley Forestal (a provision that modified the boundaries of the Zona Protectora de Tivives, which implied a reduction of the protected area, without being based on technical studies justifying that reduction), the respondent entity maintains the adjudications it made improperly in accordance with the provisions of the operative part of the judgment whose noncompliance is alleged –which ordered the annulment of the adjudications of parcels on the lands of Finca Salinas II –included in the area declared in Decreto Ejecutivo number 17023-MAG as Zona Protectora Tivives- that had been agreed upon in the period extending from May sixth, nineteen eighty-six, until April of nineteen ninety-four, without prejudice to those beneficiaries whose land was adjudicated prior to the first of the indicated dates), since the legal impediment has now disappeared that to some extent justified the non-execution of what was ordered in said pronouncement.
2.- That by resolution issued at twelve hours thirty minutes on September thirtieth, two thousand three, a hearing was granted to the Executive President and the Regional Director of the Pacífico Central, both of the Instituto de Desarrollo Agrario, so that within a period of three days, they could respond to the points raised by Ángela Gatgens López, in the brief received in the Secretariat of this Sala, at thirteen hours three minutes on August twenty-eighth of the current year.
3.- That in accordance with the notice of service record attached as folio 193 of the case file, the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario was notified at ten hours forty minutes on October sixth of the current year.
4.- That according to the notice of service record of the Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Orotina, visible at folio 210 of the case file, the Regional Director of the Pacífico Central of the Instituto de Desarrollo Agrario was notified at thirteen hours ten minutes on October third of the current year.
5.- That by brief received in the Secretariat of this Sala at nineteen hours forty-five minutes on October eighth, two thousand three, the Regional Director of the Pacífico Central of the Instituto de Desarrollo Agrario states that the relocation of the parcel holders (parceleros) located within the boundaries of the Zona Protectora de Tivives is a titanic task requiring much time and money, for several reasons: a) because the support of the responsible institutions has not been forthcoming; b) because before proceeding with the relocation they must compensate (indemnizar) the parcel holders for the improvements introduced to the property; c) because it is very difficult to find lands that have conditions similar to those currently occupied by more than two hundred families. That by virtue of the foregoing, the process has been very slow, since in application of the guarantee of due process, they cannot evict the families occupying lands within the Zona Protectora de Tivives, until they compensate them for the improvements introduced to the land, an issue which, according to his statement, no longer depends on the Instituto de Desarrollo Agrario, but on the Ministerio de Ambiente y Energía. That they have not ceased seeking the best way to resolve the conflict, so much so that two preliminary legislative bills have been prepared, in order to definitively establish the boundaries of that protected zone, thus reducing the risk of causing harm to the zone or the involved families and leaving the property, coupled with the difficulty of finding new lands for their relocation, aspects which demonstrate that the Instituto de Desarrollo Agrario has not failed to adopt the necessary measures and take the corresponding steps to comply with what was ordered by this Sala in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four.
6.- That in accordance with the certification issued by the Secretariat of this Sala -attached as folio 289 of the case file- no brief or document whatsoever signed by the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario was filed, from September thirtieth to October ninth of the current year, for the purpose of rendering the report ordered by resolution issued at twelve hours thirty minutes on September thirtieth, two thousand three.
7.- That by brief received in the Secretariat of this Sala, at ten hours twenty minutes on October sixteenth, two thousand three, the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario responded to the hearing granted by resolution at twelve hours thirty minutes on September thirtieth, two thousand three, which is a literal copy –see point one at folio 290 of the case file- of the statements made by the Director of the Región Pacífico Central of that entity.
Drafted by Magistrate Solano Carrera; and,
Considering:
I.- In judgment number 0487-I-95 issued at eight hours thirty-two minutes on September twenty-ninth, nineteen ninety-five, this Sala declared without merit the proceeding for noncompliance with what was ordered in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four, for two fundamental reasons: a) because the complexity and magnitude of the problem involved in moving two hundred sixty-three families to other locations –while avoiding, to the extent possible, the minimum of inconveniences–, as well as the cost of finding new lands to place them, makes it impossible to carry out the process in a hasty and improvised manner, since it could result in a greater harm than the one sought to be resolved; and b) because in session number 68-94 held on November twenty-first, nineteen ninety-four, held by the Junta Directiva of the respondent entity, an agreement was adopted establishing not only the guidelines for the process to be followed in order to transfer the properties to the Ministerio de Ambiente y Energía, but mainly, for the purpose of acquiring lands to relocate the affected persons, for which a detailed study had been conducted on the situation of each family, the possibilities of purchasing properties to place those beneficiaries –among other aspects–, the results of which were made known to the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario on May twenty-ninth, nineteen ninety-five, studies that would ultimately serve as a basis for carrying out the gradual transfer of those persons and concluding it no later than May seventh, nineteen ninety-eight (see folios 170 to 174, and 180 verso of the case file). More than eight years after the Sala accepted these arguments as true and valid, the respondent authorities informed this Tribunal that it has still not been possible to abide by the terms of the judgment whose noncompliance is alleged, because they have not yet managed to find lands to move the more than two hundred affected families and because it is a very onerous process, since they must compensate (indemnizar) them before proceeding with their transfer, although they claim that they have not “ceased seeking the best form of solution, as currently we are engaged in the preparation of legal projects...” aimed at definitively establishing the boundaries of the Zona Protectora de Tivives (see folios 211 to 213 of the case file). That by virtue of the foregoing, it is paradoxical that the Instituto de Desarrollo Agrario claims that they have still not found suitable lands to reaccommodate the affected parcel holders, if more than eight years ago it informed the Sala that it had prepared an entire project for the purchase and gradual movement of those persons, which would culminate no later than May seventh, nineteen ninety-eight (see folio 180 verso of the case file), and even more so that they rely on the argument that they cannot “evict” the families occupying lands within the Zona Protectora de Tivives, until they compensate them for the improvements introduced to the land, since if this Sala held as proven in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four, that the Instituto de Desarrollo Agrario was responsible for having improperly disposed of forestally protected lands since nineteen eighty-six, to the detriment of the persons to whom parcels were adjudicated within those protected areas (see considerandos IV and V at folios 151 verso to 153 of the case file), it not only has the obligation to repair the damages and losses caused, but also –and as part of the project that in principle had been approved to comply with the judgment issued by the Sala– they should have foreseen in the budgets of the following years, the necessary appropriations to cover those items. Finally, the Sala does not consider that the preparation of legislative bills aimed at definitively establishing the boundaries of the Área Protectora de Tivives constitutes an adequate means to comply with the terms of the judgment issued by the Sala, since it would indefinitely perpetuate in time –until the Asamblea Legislativa approved said bill– the irregular situation that motivated the granting of the amparo action and consequently, would render nugatory the ultimate purpose sought with the issuance of said pronouncement, which is the effective conservation and protection of the areas included within the indicated protected zone. That for all the foregoing, the Sala considers the alleged noncompliance as established and consequently, grants the petition filed and orders the referral of certified copies of documents (testimonio de piezas) to the Ministerio Público, for its appropriate action, which in no way exonerates the Instituto de Desarrollo Agrario from effectively executing what was ordered in due course by this Sala in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four.
II.- It is worth highlighting the fact that the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario not only responded untimely to the hearing granted to comment on the terms of the noncompliance proceeding filed (see certification at folio 289 and filing receipt stamp at folio 294 of the case file), but also, did not take care to alter the text previously submitted by the Director of the Región Pacífico Central of that entity, to the extent that in point one of the facts section he states: “Having little time in charge of this Región Pacífico Central, I cannot attest to the substance of what occurred and the dealings that took place at that time...” (see folio 290 of the case file), aspects which reveal to this Tribunal the lack of interest of the respondent entity in this matter and therefore, in the effective compliance with judgment 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four.
III.- Finally, regarding the alleged adjudication of parcels by the Instituto de Desarrollo Agrario, while the provisions of Article 71 of the Ley Forestal remained in force, which modified the boundaries of the Zona Protectora de Tivives and thus reduced the protected area (a provision that was declared unconstitutional by the Sala in judgment number 1998-07284); these constitute issues that not only were not the subject of a ruling in judgment number 1994-01763, but also, occurred after that judgment was issued, therefore, the Sala would be wrong to rule on these aspects, because they are new and different facts from those that were the subject of resolution in this amparo.
Por tanto:
It is ordered that certified copies of documents (testimoniar piezas) be sent to the Ministerio Público so that it may investigate the noncompliance with what was resolved by this Sala in judgment number 1994-01763 at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four, on the part of the Executive President and the Director of the Región Pacífico Central, both of the Instituto de Desarrollo Agrario (art. 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Luis Fernando Solano C.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
José Luis Molina Q. José Miguel Alfaro R.
Susana Castro A. Fabián Volio E.
LFSC/93/ibj.
Is a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 08:42:28.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res: 2003-14046 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con treinta minutos del tres de diciembre del dos mil tres.- Recurso de amparo interpuesto por Gerardo Núñez Arroyo, comerciante, cédula de identidad número 6-181-764; Sergio Zúñiga Aguilar, constructor, cédula de identidad 6-030-279; Carlos Delgadillo Solano, profesor, cédula número 6-077-024; Claudia Quirós Vargas, viuda, profesora universitaria, cédula 4-089-931 y María Engracia Zúñiga Aguilar, viuda, cédula de identidad número 6-025-1002, con las excepciones apuntadas son: mayores, casados y vecinos de Esparza, contra el Director Regional del Pacífico Central y el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas y tres minutos del veintiocho de agosto del dos mil tres (folio 1), Angela Gatgens López, mayor, casada, vecina de Esparza, cédula de identidad número 6-145-733, plantea en contra del Instituto de Desarrollo Agrario, gestión de incumplimiento de lo ordenado por esta Sala en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pues considera que no obstante esta Sala por sentencia número 1998-7294 declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 71 de la Ley Forestal (norma que modificaba los límites de la Zona Protectora de Tivives, lo cual, implicaba una disminución del área protegida, sin que ello se fundamentara en estudios técnicos que justificaran esa reducción), la entidad recurrida mantiene las adjudicaciones que realizó de manera indebida de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia cuya falta de cumplimiento se alega –que ordenaba dejar sin efecto las adjudicaciones de parcelas sobre los terrenos de la Finca Salinas II –comprendidos en el área declarada en el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG como Zona Protectora Tivives- que hubiesen sido acordadas en el lapso que se extiende desde el seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta abril de mil novecientos noventa y cuatro, sin perjuicio de aquellos beneficiarios cuyo terreno se adjudicara con anterioridad a la primera de las fechas señaladas), si ya desapareció el impedimento legal que justificaba en alguna medida, la no ejecución de los ordenado en dicho pronunciamiento.
2.- Que por resolución dictada a las doce horas treinta minutos del treinta de setiembre del dos mil tres, se le otorgó audiencia al Presidente Ejecutivo y al Director Regional del Pacífico Central, ambos del Instituto de Desarrollo Agrario, para que en el plazo de tres días, se manifestaran sobre los extremos planteados por Ángela Gatgens López, en escrito recibido en la Secretaría de esta Sala, a las trece horas tres minutos del veintiocho de agosto del año en curso.
3.- Que de conformidad con el acta de notificación que corre agregada a folio 193 del expediente, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, fue notificado a las diez horas cuarenta minutos del seis de octubre del año en curso.
4.- Que de acuerdo al acta de notificación del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Orotina, visible a folio 210 del expediente, el Director Regional del Pacífico Central del Instituto de Desarrollo Agrario, fue notificado a las trece horas diez minutos del tres de octubre del año en curso.
5.- Que por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil tres, el Director Regional del Pacífico Central del Instituto de Desarrollo Agrario, manifiesta que es una labor titánica que requiere mucho tiempo y dinero la reubicación de los parceleros que se encuentran dentro de los límites de la Zona Protectora de Tivives, ello por varias razones: a) porque no se ha contado con el apoyo de las instituciones responsables; b) porque antes de que se proceda a la reubicación deben indemnizar a los parceleros por las mejoras introducidas al inmueble; c) porque es muy complejo encontrar terrenos que tengas condiciones similares a las que actualmente ocupan más de doscientas familias. Que en virtud de lo anterior, el proceso ha sido muy lento, pues en aplicación de la garantía del debido proceso, no pueden desalojar a las familias que ocupan terrenos dentro de la Zona Protectora de Tivives, hasta tanto no les indemnicen por las mejoras introducidas al terreno, extremo que según su dicho, ya no depende del Instituto de Desarrollo Agrario, sino del Ministerio de Ambiente y Energía. Que no se ha cejado en buscar la mejor forma de solución del conflicto, tan es así que se han preparado dos anteproyectos de ley, a fin de establecer de manera definitiva los límites de esa zona protectora, reduciéndose así el riesgo de causar daño a la zona o a las familias involucradas y quedando el inmueble , aunado a la dificultad de hallar nuevos terrenos para su ubicación, aspectos que evidencian que el Instituto de Desarrollo Agrario no ha omitido adoptar las medidas necesarias y realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
6.- Que de conformidad con la constancia extendida por la Secretaría de esta Sala -que corre agregada a folio 289 del expediente- no se presentó, del treinta de setiembre al nueve de octubre del año en curso, escrito o documento alguno suscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, a fin de rendir el informe que se le ordenó por resolución dictada a las doce horas treinta minutos del treinta de setiembre del dos mil tres.
7.- Que por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala, a las diez horas veinte minutos del dieciséis de octubre del dos mil tres, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, contestó la audiencia que se le otorgó por resolución de las doce horas treinta minutos del treinta de setiembre del dos mil tres, la cual, es copia literal –ver punto primero a folio 290 del expediente- de las manifestaciones hechas por el Director de la Región Pacífico Central de esa entidad.
Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,
Considerando:
I.- En sentencia número 0487-I-95 dictada a las ocho horas treinta y dos minutos del veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, esta Sala declaró sin lugar la gestión de incumplimiento de lo ordenado en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por dos razones fundamentales: a) porque la complejidad y la magnitud del problema que implica la movilización de doscientas sesenta y tres familias a otros lugares –evitándoles dentro de la medida de lo posible el mínimo de inconvenientes-, así como el costo de encontrar nuevos terrenos para ubicarlos, provoca que el proceso no pueda realizarse de forma apresurada e improvisada, ya que podría traer como consecuencia un mal mayor al que se pretende resolver; y b) porque en sesión número 68-94 celebrada el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro celebrada por la Junta Directiva de la entidad recurrida, se adoptó un acuerdo en el que no sólo se establecen los lineamientos del proceso a seguir a fin de traspasar los inmuebles al Ministerio de Ambiente y Energía, sino principalmente, a efecto de adquirir los terrenos para reubicar a las personas afectadas, para lo que se había realizado un estudio pormenorizado de la situación de cada familia, de la posibilidades de compara de heredades para ubicar a esos beneficiarios –entre otros aspectos-, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento del Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, estudios que en definitiva servirían de base para llevar a cabo el traslado paulatino de esas personas y concluirlo a más tardar el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho (ver folios 170 a 174, y 180 vuelto del expediente). Más de ocho años después de que la Sala tuvo por ciertos y valederos estos argumentos, las autoridades recurridas le informan a este Tribunal que aún no ha sido posible observar los términos de la sentencia cuya falta de cumplimiento se alega, porque todavía no han logrado encontrar los terrenos para movilizar a las más de doscientas familias afectadas y porque resulta un proceso muy oneroso, ya que deben indemnizarlos antes de proceder a su traslado, aunque alegan que no han “cejado de buscar la mejor forma de solución, como en la actualidad que nos encontramos avocados en la preparación de proyectos legales...” tendentes a que se establezcan de manera definitiva los límites de la Zona Protectora de Tivives (ver folios 211 a 213 del expediente). Que en virtud de lo expuesto, resulta paradójico que el Instituto de Desarrollo Agrario alegue que aún no han encontrado los terrenos idóneos para reubicar a los parceleros afectados, si desde hace más de ocho años le informó a la Sala que había preparado todo un proyecto de compra y movilización paulatina de esas personas, el cual culminaría a más tardar el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho (ver folio 180 vuelto del expediente), y más aún que se amparen en que no pueden “desalojar” a las familias que ocupan terrenos dentro de la Zona Protectora de Tivives, hasta tanto no les indemnicen por las mejoras introducidas al terreno, ya que si esta Sala tuvo por demostrado en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que el Instituto de Desarrollo Agrario fue el responsable de haber dispuesto de manera indebida de terrenos forestalmente protegidos desde mil novecientos ochenta y seis, en perjuicio de las personas a las que les fueron adjudicadas parcelas dentro de esas áreas protegidas (ver considerandos IV y V a folios 151 vuelto a 153 del expediente), no sólo tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, sino que además –y como parte del proyecto que en principio se había aprobado para cumplir la sentencia dictada por la Sala- debieron prever en los presupuestos de los años siguientes, las partidas necesarias para cubrir esos extremos. Por último, la Sala no estima que la preparación de proyectos de ley tendentes a establecer de manera definitiva los límites del Área Protectora de Tivives, constituyan un medio idóneo para cumplir los términos de la sentencia dictada por la Sala, pues se mantendría indefinidamente en el tiempo –hasta que la Asamblea Legislativa aprobara dicho proyecto-, la situación irregular que motivó la estimación del recurso de amparo y en consecuencia, haría nugatoria la finalidad última que se pretendía con el dictado de dicho pronunciamiento, cual es, la conservación y protección efectiva de las áreas comprendidas dentro de la zona protectora señalada. Que por todo lo expuesto, la Sala tiene por acreditado el incumplimiento alegado y en consecuencia, acoge la gestión presentada y ordena el testimonio de piezas al Ministerio Publico, para lo de su cargo, lo que en modo alguno, exime al Instituto de Desarrollo Agrario de ejecutar de manera efectiva lo ordenado en su oportunidad por esta Sala en sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
II.- Cabe resaltar el hecho, de que el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario no sólo contestó extemporáneamente la audiencia conferida para que se manifestara sobre los términos de la gestión de incumplimiento planteada (ver constancia a folio 289 y razón de recibido a folio 294 del expediente), sino que además, no tuvo el cuidado de variar el texto que con anterioridad había remitido el Director de la región Pacífico Central de esa entidad, tanto así, que en el punto primero del apartado de hechos manifiesta: “Por tener poco tiempo de estar a cargo de esta Región Pacífico Central no me consta el fondo de los acontecido y de los manejos que se dieron en dicha época...” (ver folio 290 del expediente), aspectos que ponen de manifiesto a este Tribunal la falta de interés de la entidad recurrida en este asunto y por ende, en el cumplimiento efectivo de la sentencia 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
III.- Por último, en cuanto a la presunta adjudicación de parcelas por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, mientras se mantuvo vigente lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Forestal, que modificó los límites de la Zona Protectora de Tivives y por ende, disminuyó el área protegida (norma que fue declarada inconstitucional por la Sala en sentencia número 1998-07284); constituyen extremos que no sólo no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia número 1994-01763, sino que además, sucedieron con posterioridad al dictado de la misma, por lo que, mal haría la Sala en resolver sobre estos aspectos, porque son hechos nuevos y diferentes a los fueron objeto de resolución en este amparo.
Por tanto:
Se ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el incumplimiento de lo resuelto por esta Sala en la sentencia número 1994-01763 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por parte del Presidente Ejecutivo y el Director de la Región Pacífico Central, ambos del Instituto de Desarrollo Agrario (art. 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Luis Fernando Solano C.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
José Luis Molina Q. José Miguel Alfaro R.
Susana Castro A. Fabián Volio E.
LFSC/93/ibj.
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