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Res. 02771-2003 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/04/2003

Presidential Re-election and Limits on the Amending PowerReelección presidencial y límites del poder reformador

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber annulled the 1969 amendment that completely prohibited presidential re-election and restored the prior constitutional system permitting nonconsecutive re-election.La Sala anuló la reforma de 1969 que prohibía totalmente la reelección presidencial y restableció el régimen constitucional anterior de reelección no consecutiva.

SummaryResumen

By majority vote, the Constitutional Chamber held unconstitutional the 1969 amendment imposing an absolute prohibition on presidential re-election. It determined that the Legislative Assembly, when exercising the partial amending power under Article 195 of the Constitution, may not restrict fundamental rights or alter essential political decisions adopted by the original constituent power. The possibility of nonconsecutive re-election established in 1949 protected both an individual’s right to stand for election and the electorate’s right to choose from a broader range of candidates. Eliminating that possibility impaired political participation and popular sovereignty and therefore required the general constitutional-reform procedure involving a Constituent Assembly under Article 196. The Chamber consequently annulled the amendment enacted through Law No. 4349 and restored the former text of Article 132(1), under which a person may seek the presidency again once two presidential terms have elapsed since that person last exercised the office.La Sala Constitucional, por mayoría, declaró inconstitucional la reforma de 1969 que prohibió absolutamente la reelección presidencial. Determinó que la Asamblea Legislativa, cuando ejerce el poder de reforma parcial previsto en el artículo 195 constitucional, no puede restringir derechos fundamentales ni alterar decisiones políticas esenciales adoptadas por el constituyente originario. La posibilidad de reelección no consecutiva establecida en 1949 protegía tanto el derecho de una persona a ser elegida como el derecho del electorado a escoger entre una mayor variedad de candidatos. Su eliminación afectó la participación política y la soberanía popular, por lo que requería el procedimiento de reforma general mediante Asamblea Constituyente del artículo 196. En consecuencia, la Sala anuló la reforma introducida por la Ley n.º 4349 y restableció el texto anterior del artículo 132 inciso 1), que permite aspirar nuevamente a la Presidencia después de transcurridos dos períodos presidenciales desde el último ejercicio del cargo.

Key excerptExtracto clave

The right of election, as a political right, is also a human right of the highest order and, therefore, a fundamental right. Re-election, as established in recital V, was contemplated in the 1949 Political Constitution and constitutes a guarantee of the right of election because it allows citizens to choose, from a broader range of possibilities, the leaders they consider appropriate. Consequently, it was the popular will, acting through the Constituent Assembly, that provided for presidential re-election in order to guarantee the people’s effective right of election. The foregoing entails the annulment of the amendment made to Article 132(1) of the Political Constitution through Law No. 4349 of July 11, 1969, and therefore the provision as it stood before that amendment regains force.El derecho de elección, como derecho político, también constituye un derecho humano de primer orden, y por ende, es un derecho fundamental. La reelección tal y como se pudo constatar en el considerando V, estaba contemplada en la Constitución Política de 1949 y constituye una garantía del derecho de elección, pues le permite al ciudadano tener la facultad de escoger, en una mayor amplitud de posibilidades, los gobernantes que estima convenientes. Por consiguiente, fue la voluntad popular a través de la Constituyente, la que dispuso que existiera la reelección presidencial, con el fin de garantizarse el pueblo el efectivo derecho de elección. Lo anterior implica la anulación de la reforma practicada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política mediante Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según disponía antes de dicha reforma.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La organización política debe preservar, defender y ampliar hasta donde sea razonablemente posible estos derechos y la Asamblea Legislativa en uso de la competencia prevista en el artículo 195 de la Constitución Política, jamás debe limitarlos, en cuanto así le fue ordenado por el poder constituyente."

    "The political organization must preserve, defend, and expand these rights as far as reasonably possible, and the Legislative Assembly, when exercising the authority provided by Article 195 of the Political Constitution, must never limit them, as the constituent power so commanded."

    Considerando VI

  • "La organización política debe preservar, defender y ampliar hasta donde sea razonablemente posible estos derechos y la Asamblea Legislativa en uso de la competencia prevista en el artículo 195 de la Constitución Política, jamás debe limitarlos, en cuanto así le fue ordenado por el poder constituyente."

    Considerando VI

  • "El poder estatal debe sin embargo, respetar siempre la voluntad popular manifestada mediante las decisiones de las asambleas constituyentes originarias."

    "State power must, however, always respect the popular will expressed through the decisions of the original constituent assemblies."

    Derecho de elección como derecho fundamental

  • "El poder estatal debe sin embargo, respetar siempre la voluntad popular manifestada mediante las decisiones de las asambleas constituyentes originarias."

    Derecho de elección como derecho fundamental

  • "Son derechos, por tanto, que se ejercen para afirmar y confirmar el poder soberano del pueblo sobre el Estado, y proveen a sus titulares, los ciudadanos, de medios y garantías para defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder público."

    "They are rights exercised to affirm and confirm the people’s sovereign power over the State, providing their holders—the citizens—with means and guarantees to defend themselves against the arbitrary exercise of public power."

    Derecho de elección como derecho fundamental

  • "Son derechos, por tanto, que se ejercen para afirmar y confirmar el poder soberano del pueblo sobre el Estado, y proveen a sus titulares, los ciudadanos, de medios y garantías para defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder público."

    Derecho de elección como derecho fundamental

  • "La reelección, según se desprende de la voluntad popular suscrita históricamente, establece la posibilidad para el ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que al reformarse la Constitución en detrimento de la soberanía del pueblo, y en desgaste de sus derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso fue la imposición de más limitaciones que las ya existentes."

    "Re-election, as derived from the popular will historically expressed, establishes the citizen’s ability to choose leaders freely; therefore, amending the Constitution to the detriment of popular sovereignty and in erosion of fundamental rights imposed additional limitations beyond those already existing."

    Derecho de elección como derecho fundamental

  • "La reelección, según se desprende de la voluntad popular suscrita históricamente, establece la posibilidad para el ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que al reformarse la Constitución en detrimento de la soberanía del pueblo, y en desgaste de sus derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso fue la imposición de más limitaciones que las ya existentes."

    Derecho de elección como derecho fundamental

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Sections

Procedural marks

Res: 2003-02771 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven forty in the morning on cuatro de abril del dos mil tres.- Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Nombre2653, of legal age, married, attorney and notary, holder of identity card number CED1396, resident of Heredia, against the constitutional amendment to subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution. The following also participated in the proceeding as parties: Victoria Garrón Orozco, of legal age, widowed, holder of a degree in literature, identity card number CED30844, resident of Santo Domingo de Heredia; Nombre60068, of legal age, married, engineer, identity card number CED30845, resident of Montes de Oca; and Francisco Antonio Pacheco Fernández, of legal age, married, attorney, holder of identity card number CED30846, resident of San José. The following participate as supporting intervenors (coadyuvantes): Carlos Federico Tinoco Carmona, Fernando Lincoln Guier Esquivel, Hubert May Cantillano, Gerardo Trejos Salas, Nombre114179, and Javier Alonso Carrillo Chaves. Farid Beirute Brenes also participates on behalf of the Procuraduría General de la República.

Findings:

  1. 1In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at three fifty-six in the afternoon on 1 de julio de 2002 (folio 2), the petitioner (accionante), Nombre2653, requests that the constitutional amendment to subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution be declared unconstitutional. He alleges that the amendment procedure violated Article 195 of the Political Constitution with respect to the procedure for amending constitutional provisions. He believes that the amendment infringes fundamental rights through the application of erroneously characterized criteria and interpretations that are contrary to the law’s meaning. The provision is challenged because the prohibition against former presidents of the Republic once again holding the highest office is manifestly unconstitutional, since, in his view, the processing of the amendment to the first subsection of Article 132 entailed a serious violation of legislative procedure: the designated legislative committee was constituted on 7 de junio de 1996 (sic), was convened on 16 de junio de ese mismo año, and issued its report on 15 de julio siguiente, as may be verified in the legislative record for Law number 4349 of 11 de julio de 1969.This violated the constitutional period of twenty days established in subsection 3 of Article 195 and deprived the intended subject of the amendment—that is, the public at large—of rights, because it implicates the citizens’ right to elect. He further believes that the challenged amendment violates Articles 1, 2, 23, and 24 of the American Convention on Human Rights, as well as the freedoms to elect and to be elected and electoral democracy.
  2. 2In a written submission received by the Secretariat of this Chamber at nine fifteen in the morning on veintinueve de agosto de 2002 (folio 10), the petitioner requested correction of a clerical error concerning the date on which the Legislative Committee was created to study the constitutional amendment, so that it would correctly read 7 de junio de 1966 instead of 7 de junio de 1996.
  3. 3By a decision issued at eleven thirty in the morning on diecinueve de setiembre de 2002 (appearing at folio 11 of the case file), the Chamber ordered the petitioner to provide the legally required copies and revenue stamps within three days.
  4. 4By a written submission received by the Secretariat of this Chamber at three forty-one in the afternoon on veintitrés de setiembre de 2002, the petitioner complied with the order issued in the decision rendered at eleven thirty in the morning on diecinueve de setiembre de 2002 (folio 18).
  5. 5By a decision issued at ten fifty in the morning on treinta de setiembre de 2002 (appearing at folio 19 of the case file), the challenge was admitted for consideration and the Procuraduría General de la República was granted a hearing.
  6. 6In a written submission received without a recorded time by the Secretariat of the Chamber on once de octubre de 2002 (folio 25), Carlos Federico Tinoco Carmona requested recognition as an active supporting intervenor in this challenge. He states that the enactment of Law 4349 of 11 de julio de 1969, through which an amendment to subsection 1 of Article 132 of the Political Constitution was introduced, involved a serious defect in the procedural rules prescribed by Article 195 of that same body of law, because the 20-day period within which the Committee was required to issue its opinion was not observed. He adds that this violated the principle of legality, because the procedure established in the Constitution for partial amendments constitutes a limit on the constituted power (Asamblea Legislativa). Thus, the Constitution prevents the Asamblea Legislativa from introducing amendments that have not complied with that procedure; by failing to respect it, the 20-day period was violated during the processing of Law 4349 of 11 de julio de 1969, constituting a violation of the principle of supremacy of the Political Constitution.He further believes that the constitutional amendment eliminated the possibility of presidential reelection, which the previous text had permitted once, thereby affecting and restricting the right of Costa Ricans to elect, a right that is fundamental and inherent to the democratic system.
  7. 7In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at ten thirty in the morning on dieciséis de octubre de 2002 (folio 219), Fernando Lincoln Guier Esquivel requests recognition as an active supporting intervenor. He states that the constitutional amendment violates the right to elect and to be elected, since all inhabitants are equal before the law without any discrimination. He asserts that the amendment violates the human right to elect and to be elected because the bar on reelection infringes the American Convention, which requires respect for the rights and freedoms granted therein and guarantees their free and full exercise to every person without discrimination, and those rights may not be restricted. Article 23 of the Convention includes among political rights citizens’ participation in the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected in genuine periodic elections held by universal suffrage, and citizens’ access, under equal conditions, to the public functions of the country; it does not authorize prohibiting either access or opportunity because a person previously held public office.He adds that Article 24 of the same body of law establishes that all persons are equal before the law and are therefore entitled, without segregation, to equal protection regarding access to and the opportunity to elect and to be elected, whether or not they were previously nominated. Consequently, violating the Convention also violates Article 7 of the Political Constitution. He believes that Law No. 4349 of 1969, which established the prohibition on reelection, is contrary to the Convention issued in 1970 with respect to the right to elect and to be elected. He states that, by adopting and ratifying the Convention, Costa Rica assumed an international obligation without making any reservation concerning presidential reelection. Accordingly, the constitutional amendment infringes Article 23 of the Convention, because the prohibition on reelection violates not only the human right to be elected under equal conditions—by discriminating against persons because they previously served as president of the Republic—but also the right of all Costa Ricans to vote in periodic elections that guarantee the free expression of the voters’ will, in this case, the free choice to reelect a former president of the Republic under equal conditions.Rights may be regulated in the cases exhaustively listed in the Convention, namely: age, nationality, residence, language, education, civil or mental capacity, or conviction in criminal proceedings, but not because a person was freely elected president by the citizens. Article 29 of that body of law provides that no provision may be interpreted as permitting any State to suppress the enjoyment and exercise of the rights and freedoms recognized in the Pacto de San José. He adds that Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes measures to safeguard human rights and guarantee their free and full exercise.
  8. 8By decision number 9906-2002, issued at three ten in the afternoon on quince de octubre de 2002, the Chamber ordered that the constitutional challenge filed by Garrón Orozco, Nombre60068, and Pacheco Fernández, being processed under expediente number 02-008427-0007-CO, be consolidated with the challenge being processed under this expediente, because both challenge the amendment to subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution.
  9. 9In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at eight fifty-three in the morning on diez de octubre de 2002 (folio 231), Victoria Garrón Orozco, Nombre60068, and Francisco Antonio Pacheco filed a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) against the amendment to subsection (inciso)1) of Article 132 of the Political Constitution, stating that this amendment, which introduced the prohibition on reelection, was approved through a procedure different from that established in Article 196 of the Political Constitution, thereby giving rise to a defect of lack of authority or a procedural defect (vicio de incompetencia o procedimental). They argue that the amending power (Poder reformador) enshrined in Article 195 of the Constitution is different from the constituent power (Poder Constituyente) established in Article 196 of the same legal instrument. They maintain that the Amending Power is partial and regulated, and that the body responsible for constitutional revision is subordinate to the order established in the Constitution governing its exercise, structure, and procedure, because it is a constituted body (órgano constituido). Popular sovereignty precludes any body from having unlimited power. Thus, the exercise of the power to amend the Constitution is subject to a specific limit regarding the subject matter of the amendment, which prevents the Legislative Assembly from introducing radical changes to the political and social system or restricting fundamental rights (derechos fundamentales) through a partial amendment (reforma parcial). Through partial amendments, the Legislative Assembly may modify the Political Constitution only in those respects that do not interfere with the fundamental political decisions established by the original constituent authority, such as fundamental rights. They add that the political, economic, and social principles and the fundamental-rights regime approved by the Original Constituent Authority (Constituent Assembly) or the Derived Constituent Authority (Constituent Assembly convened for a general amendment of the Political Constitution) may be amended only by those same bodies, and never by the Legislative Assembly in the exercise of the powers conferred on it by Article 195 of the Constitution, because the Assembly is a constituted power subject to limitations. They assert that, with respect to fundamental rights, partial amendments are valid only when they enhance or strengthen those rights; however, when an amendment restricts or limits fundamental rights, that amendment falls within the authority of a Constituent Assembly convened for that purpose, following the procedure established in Article 196 of the Political Constitution. Under the “pro libertatis” principle, fundamental rights must be interpreted broadly in all respects that may favor them and narrowly in all respects that limit them. Likewise, the “pro homine” principle establishes that the law must always be interpreted in the manner most favorable to the human person. The 1949 Constitution established limits on presidential reelection and set a waiting period of 8 years after completion of the presidential term before a person could seek the office again. Under previous Constitutions, reelection was prohibited only for consecutive terms; nevertheless, because this amendment was the product of the original constituent authority, it is not subject to limitations. In 1969, the Legislative Assembly, exercising the amending power, modified subsection1) of Article 132 of the Constitution and prohibited reelection altogether, thereby assuming authority from which it was barred, because it used the procedures established in Article 195 of the Constitution when it should instead have used the procedure established in Article 196 of the same legal instrument. In any event, ley 4349, which amended subsection1) of Article 132, is unconstitutional because its approval process (iter de aprobación) was defective. The partial-amendment procedure provided for in Article 195 is not the appropriate means for approving such an amendment, because any restriction on the fundamental rights of former presidents to be elected to elective office and of voters to vote for former presidents falls within the authority of the original or derived constituent power, but never within that of the amending power, whose substantive authority is limited because it is a constituted body. The law is void because of the violation of a fundamental procedural requirement. The applicable procedure was that established in Article 196, not the partial-amendment procedure provided for in Article 195. Only constitutional amendments that do not affect fundamental principles or values, or diminish fundamental rights recognized in the Political Constitution—or even rights having supraconstitutional status under the principle of constitutional rigidity (principio de rigidez constitucional)—may be adopted through a partial amendment. In the matter before us, the amendment restricts a political right granted by the original constituent authority; it must therefore be enacted through the mechanisms for general amendment (reforma general) and must faithfully reflect the will of the people. The amendment to Article 132 of the Political Constitution must be annulled because an incorrect amendment mechanism was used; consequently, the original text of that Article must be deemed to remain in force. Even if the mechanism established in Article 195 of the Constitution were appropriate, the established procedure was violated, resulting in a constitutional amendment enacted in violation of that procedure; it is therefore null and must be so declared, with declaratory and retroactive effect as of the date on which the provision effecting the amendment entered into force. Dozens of constitutional amendments are in the same situation, but that circumstance cannot defeat the challenge brought here. For a constitutional amendment, the Legislative Assembly exercises discretionary power and decides when to use it; once it makes that decision, however, it is subject to an entirely regulated process (iter). They request that the challenge be sustained.
  10. 10The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) submitted its report, appearing at folios 243 to 277. It states that the action filed by Mr. Nombre2653 is a copy of the one processed under expediente 99-007428-0007-CO and that the Chamber has not modified its ruling in any way; therefore, the Office of the Attorney General must reiterate what it stated in its report on the previous action, namely, that the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) did not expressly establish the possibility for the Chamber to hear constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) against the content of the Political Constitution (Constitución Política), whether in its original version or as introduced through partial amendments thereto. The Chamber was created to declare provisions of any kind unconstitutional, as a safeguard to give effect to the principle that subconstitutional provisions must conform to the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad), and to regulate a heightened procedure (procedimiento agravado) for carrying out a constitutional amendment, such as that established in article 195 of the Constitution.Constitutional Courts must be subordinate to the Constitution and may not supplant the will of the people, who delegate it to a Constituent Assembly (Asamblea Constituyente) or to the Legislative Assembly acting pursuant to article 195. In interpreting and applying the Political Constitution, a Constitutional Judge may not supplant or encroach upon the constituent power’s authority to amend the text of the Political Constitution. Constitutional Jurisdiction (Jurisdicción Constitucional) is required, at a minimum, to identify the drawbacks or dangers involved in exercising the amending power (poder reformador), in fulfillment of its duty to assist the constituent power as a nonbinding advisory body. It is the prerogative of the Legislative Assembly, and not of the Constitutional Chamber, to determine when it is appropriate to amend the provisions of the Political Constitution, as stated by the Chamber itself in Judgment 720-91, del 16 de abril de 1991.The Chamber has never declared a provision of the Constitution unconstitutional by using international instruments in force in the country as the standard of constitutionality (parámetro de constitucionalidad). These instruments supplement the legal system insofar as they favor the individual, but international human-rights treaties cannot be interpreted as having a hierarchy superior to the Political Constitution, because, if that were so, it would be necessary to amend the Constitution itself. The prohibition on reelection does not violate essential principles of the rule of law (Estado de derecho). Article 23 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos) permits restrictions on the rights to be elected and to vote when such restrictions are established by law on grounds of age, nationality, residence, language, civil or mental capacity, or conviction in criminal proceedings; however, it does not prohibit constitutional provisions from establishing other eligibility criteria for access to public office.The Constituent Assembly is empowered to go beyond or restrict the provisions of a convention or treaty. The constituent legislature (legislador constituyente) may prevent a former president from being reelected because, having already held office, that person has already exercised the rights conferred by the Constitution and the treaty. The Constitutional Chamber may hear constitutional challenges against provisions of the Constitution only when essential procedures prescribed by the Constitution itself were violated in their enactment, and this applies only to a partial amendment (reforma parcial) subject to a special procedure. Our Political Constitution is rigid and is therefore the supreme law of the legal system. When the Legislative Assembly uses the constitutional procedure, it acts as a derivative constituent power (poder constituyente derivado) and is subject to the constitutional text solely with respect to violations of constitutional procedural rules.The Chamber may declare that an article of the Political Constitution that has been amended is incompatible with the Constitution by identifying defects in the law that effected the amendment. The challenge would be directed at the procedure for approving the amendment, rather than at the content of the fundamental provision. The Constituent Assembly or the Legislative Assembly, acting as the amending power, is responsible for determining which provisions will form part of the Political Constitution. Matters such as presidential or legislative reelection cannot be decided by the Chamber, because it is a body lacking democratic legitimacy or representation, nor can they be decided by an international convention; the action against the amendment to article 132 of the Constitution is therefore inadmissible. With respect to the procedure for amending article 132 subsection 1) of the Constitution, el día 7 de junio de 1966 the Legislative Assembly appointed the Special Committee (Comisión Especial) to issue a report on the proposal.The following day, because one of the members had resigned, a replacement was appointed and the Committee was once again fully constituted. El 16 del mismo mes, the Committee was convened, but it was not until el 15 de julio del mismo año that it submitted the required report. At that time, the period established in article 195 for issuing the report was 8 days. The report was clearly issued after the constitutionally prescribed period had expired, and therefore a defect did in fact occur in the procedure followed for the amendment. The question is whether that defect was essential. The framers deemed the appointment of a Special Committee to consider the proposed amendment to be an essential procedural step in a constitutional amendment, and they guaranteed representation of the ideological forces present in Parliament by requiring the members of that committee to be appointed by an absolute majority of the full Assembly; it is the full Congress that ultimately decides whether to accept the Committee’s proposal.The framers also made clear that the time limit was not assigned any special characteristic, although there was agreement that it could be extended; it was therefore a directory rather than a mandatory time limit (plazo ordenatorio y no perentorio). The purposes of the heightened constitutional-amendment procedure include, among others, slowing down the procedure so that the decision is carefully considered and widely known to the public. The Committee is not empowered to modify the content of the proposed amendment, although it may suggest amendments; consequently, the Special Committee’s report is significant as an essential procedural requirement. With respect to the procedure in this particular case, if the proposed amendment is altered during the procedure to such an extent that the amendment proposal reviewed by the Committee and the one approved by the Plenary could be considered two different, unrelated proposals, the amendment procedure would be distorted and the Political Constitution would be infringed.In fact, there is a substantial difference between the content approved in the first debate and that reviewed by the Committee, constituting a violation of the constitutional procedure for partial amendment (voto 4848-95). According to the Chamber’s precedents, the appointment of a Special Committee to report on the proposed constitutional amendment and the Committee’s issuance of a report are essential requirements of the constitutional-amendment procedure, but the Chamber does not state that the period within which the committee must act is an essential requirement of that procedure. If the existence of time limits forms part of the underlying purpose of the constitutional-amendment procedure, then the limits established are directory rather than mandatory, and their violation does not undermine the purpose of the procedure. The time limit thus established means that the amendment procedure cannot continue until the Special Committee has issued its report; by proceeding to consider the report despite knowing that it had been submitted late, the Assembly cured the procedural error (articles 168 and 63 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública)).Jurisdiction does not lapse merely because the time limit has expired unless an express provision states otherwise; in this situation, such a rule would have to be expressly included in the constitutional text, which contains no provision to that effect. Under the principle of preservation of administrative acts (principio de conservación del acto administrativo), where doubt exists as to whether a defect occurred, the consequence most favorable to preserving the act must prevail; the constitutional provision introduced by constitutional amendment must therefore be regarded as valid and understood to have been in force and applicable since 1969. In its case law, the Chamber has recognized that the period within which the Special Committee must issue its report may be suspended, even though this is not expressly contemplated in the constitutional text; thus, the time limit is mandatory but carries no sanction and permits an extension of the Committee’s authority to act.The challenged law is already in force and forms part of the legal system; consequently, this case presents a conflict between the will of the constituent power, already embodied in a law, and the Chamber’s jurisdiction. The Chamber must give precedence to the will already expressed by the Legislative Assembly in its exercise of constituent power over a rigid interpretation of the constitutional text of article 195, which would ultimately give precedence to the Chamber’s position by requiring the nonapplication of a constitutional provision incorporated into the legal system because of a defect that did not materially affect the procedure. It considers that the Chamber must declare the actions inadmissible insofar as they challenge the content of constitutional provisions. Regarding the alleged procedural defect in the amendment introduced to article 132 subsection 1), it considers that the Committee’s submission of its report after the period prescribed by the Constitution does not constitute a serious procedural defect and, accordingly, the action should be dismissed on the merits as to this issue.
  11. 11By a written submission received by the Secretariat of this Chamber a las catorce horas cuarenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil dos (folio 278), Mr. Hubert May Cantillano requests recognition as an intervenor in support of the action (coadyuvante activo). He argues that article 73 of the Law on Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to hear constitutional challenges concerning constitutional amendments containing procedural defects and that, in this case, the Committee submitted its report after the time limit established in article 195 of the Political Constitution, as in force at the time of the amendment’s promulgation. Because this was an essential requirement, the amendment is absolutely null and void and must therefore be removed from the legal system, and the Chamber should so declare. He refers to the various amendments to the Constitution in which this same procedural defect occurred and therefore requests that subsection 1) of article 132 of the Constitution be declared unconstitutional, along with the other amendments.
  12. 12The public notices (edictos) referred to in the second paragraph of article 81 of the Law on Constitutional Jurisdiction were published in issues 196, 197 and 197 of the Boletín Judicial, de los días 11, 14 y 15 de octubre de 2002 (folio 213).
  13. 13By a brief received by the Secretariat of the Chamber at las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil dos (folio 342), Mr. Gerardo Trejos Salas requests recognition as a passive intervenor (coadyuvante pasivo) in this action and argues that, pursuant to Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the action is inadmissible because it concerns the substance of the constitutional amendment (reforma constitucional), which reflected the will and decision of the legislature acting as the Constituent Power (Poder Constituyente), a matter beyond constitutional review (control constitucional). He states that the action is admissible only insofar as it concerns procedural defects (vicios procedimentales) in the approval of the amendment. He considers it absurd to characterize the challenged provision as an entrenched provision (norma pétrea) that may be amended only by a National Constituent Assembly (Asamblea Nacional Constituyente).He notes that the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos) permits restrictions to be placed on the right to be elected, and therefore the amendment does not violate International Law. Moreover, no one has demonstrated that the right to reelection is a human or fundamental right. He considers that the procedure used by the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) was correct, because the power to partially amend the Constitution is designed to modify anything that does not substantially transform the principal and most fundamental pillars of society and the Rule of Law (Estado de Derecho). He adds that the prohibition on reelection is compatible with the essential principles that define democracy and the Rule of Law; even though there was a defect consisting of the Commission’s failure to comply with the statutory deadline for issuing its report, the principle of preservation of parliamentary acts (principio de conservación de los actos parlamentarios) operates in favor of the validity of the prohibition. In any event, the prescribed period is directory rather than mandatory. He requests that this action be declared inadmissible and dismissed on the merits.
  14. 14By a filing received by the Secretariat of the Chamber at las catorce horas dieciséis minutos del treinta de octubre de dos mil dos (folio 358), Nombre114179 requests recognition as an intervenor (coadyuvante) and states that a provision may have the force and effect of a constitutional provision only when the procedure prescribed by Article 195 of the Political Constitution (Constitución Política) has been followed in absolute conformity. Consequently, because the American Convention did not follow that procedure, it cannot have a rank equal or superior to that of the Constitution itself. To accept otherwise would be to accept that the Constitution may be amended or repealed through the ordinary procedures for enacting legislation. The Constitution ranks above International Treaties. He states that the claimant’s arguments do not show how Article 132, subsection 1, contradicts the principle of electoral democracy, which the claimant asserts is enshrined in the Political Constitution without identifying the provision from which that principle is constructed or inferred.He further states that it is invalid to allege the unconstitutionality and irregularity of a decision of the Chamber when that body acted in exercise of a power conferred upon it by our legal system. He indicates that there is no standing (legitimación) for the action to be admitted because the claimant’s arguments have already been duly decided. His claim amounts to dissatisfaction with decision of the Chamber No. 7818-00. In his view, this action is a petition for review of a final and binding judgment issued by a judicial authority. Admitting the action would weaken the source of the Constitutional Chamber’s authority and the foundation of the confidence placed in it.
  15. 15By a filing received by the Secretariat of the Chamber at las quince horas cuarenta y un minutos del primero de noviembre de dos mil dos(folio 368), Mr. Javier Alonso Carrillo Chaves requests recognition as a passive intervenor and states that, because an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) concerning the matter has already been decided, this action must be summarily dismissed. He states that it would be improper and unacceptable for the Chamber to declare the constitutional amendment unconstitutional on the basis of the procedure followed, because it would thereby give retroactive effect to the Ley de la Jurisdicción Constitucional by reviewing acts performed 20 years before the Costa Rican legal framework came into existence and concerning a vested legal situation (situación jurídica consolidada). He requests that this action be denied.
  16. 16By an order issued at las once horas cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil dos (folio 373), the response to the hearing granted to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) by the order issued at las diez horas cincuenta minutos del treinta de setiembre de 2002 is deemed filed. The statements of Carlos Federico Tinoco Carmona (folios 25 a 29 y 214 a 218), Fernando Lincoln Guier Esquivel (folios 219 a 228), Gilbert May Cantillano (folios 278 a 281), Gerardo Trejos Salas (folios 342 a 357), Nombre114179 (folios 358 a 367), and Javier Alonso Carrillo Chaves (folios 368 a 372) are likewise deemed submitted and shall be decided at the appropriate procedural stage.
  17. 17By a brief filed at las once horas nueve minutos del quince de noviembre de dos mil dos, Fernando Lincoln Guier Esquivel requests formal recognition of his appearance as an active intervenor (coadyuvante activo) (folio 374).
  18. 18By a filing submitted at las dieciséis horas veintidós minutos del diecinueve de noviembre de dos mil dos, Nombre114179 states his agreement with Mr. May Cantillano’s assertion concerning the resulting unconstitutionality of all the amendments identified by the latter; he therefore considers that, should the Chamber grant this action on grounds of procedural defects, it must likewise invalidate all the other amendments (folio 375).
  19. 19By an order issued at las quince horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de 2002 (folio 378), the action of unconstitutionality was deemed expanded, and the Office of the Attorney General of the Republic was granted a hearing to address the new arguments.
  20. 20The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report, appearing at folios 386 a 410. It states that the fact that the Special Commission (Comisión Especial) issued its opinion after the deadline established in Article 195 does not constitute a material defect (vicio sustancial). The Chamber has jurisdiction to adjudicate the constitutionality of constitutional amendments, exercising ex ante constitutional review (control preventivo de constitucionalidad) of constitutional amendment bills and ex post review through actions of unconstitutionality when constitutional procedural provisions have been violated in a constitutional amendment procedure; on the other hand, the Chamber lacks jurisdiction to review the constitutionality of the content of constitutional provisions. Regarding conflicts between international treaties and the Constitution, the Political Constitution does not expressly provide for the possibility of such a conflict.It considers that the Chamber lacks jurisdiction to review the content of a constitutional amendment. It states that the Chamber may rule on procedural defects that may arise during the processing of a constitutional amendment. It indicates that, although there appear to be differing opinions on the matter within the Constitutional Chamber, the majority has favored the position that the Chamber lacks jurisdiction to review the content of a constitutional amendment, a position that this advisory body continues to maintain despite acknowledging the debate on the issue. Regarding the amendment, it considers that it did restrict citizens’ voting rights by preventing Costa Ricans from again electing a person who had already served as President, whereas the original text approved by a National Constituent Assembly—and therefore by a body possessing greater powers than the derivative amending power (poder derivado reformador) held by the Legislative Assembly—did permit a former president to become president again, provided that 8 years had elapsed since the term for which that person had been elected.From this perspective, the Chamber could examine whether, in approving the amendment, the Legislative Assembly exceeded the limits of its authority as an amending power because the matter had to be debated and approved by a National Constituent Assembly, since it involved imposing a restriction on a right already constitutionally guaranteed, treating this as an issue related to the procedure by which the amendment was approved.
  21. 21By a filing received el nueve de enero del dos mil tres (folio 411), Dr. Francisco Antonio Pacheco Fernández submits aspects of Spanish, Italian, and German legal scholarship to support, among other propositions, that some of these countries have express limits on authority, such as the prohibition against amending the republican form of government, but that the scholarship of these countries unanimously recognizes that the system of fundamental rights is necessarily included among the implied limits on constitutional amendment; therefore, the constitutional revision function may not modify the system of fundamental rights so as to diminish them or impose restrictions not authorized by the original constituent power (constituyente originario), but may modify them only to afford them greater safeguards or strengthen them. He reiterates his request that this action be granted.
  22. 22In a brief received el veintitrés de enero del dos mil tres, Nombre114179 makes statements concerning the subject matter of this action (folio 418).
  23. 23Nombre7944, in a brief filed with the Chamber el seis de febrero del dos mil tres (folio 421), requested recognition as an active intervenor in this proceeding.
  24. 24By an order issued at las quince horas del catorce de febrero del dos mil tres, the President of the Chamber scheduled the hearing referred to in Article 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional for las nueve horas del día trece de marzo (folio 433).
  25. 25In a brief filed with the Chamber el veinticinco de febrero del dos mil tres, Nombre114179 requested that the oral hearing scheduled for el trece de marzo del dos mil tres be stayed and that the Chamber declare that it lacks jurisdiction and refer this proceeding to the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones). In the alternative, he requested that a binding consultation be submitted to the Supreme Electoral Tribunal concerning the respective powers conferred by the Political Constitution upon the Chamber and that Tribunal.
  26. 26In a filing dated veintisiete de febrero del dos mil tres, Juan Carlos Chaves Mora, in his capacity as President of the Higher Executive Committee of Partido Fuerza Democrática, requested that the Party be recognized as an intervenor (folio 456).
  27. 27By order number 2003-01883 issued at las quince horas treinta y seis minutos del cinco de marzo del dos mil tres, the Chamber rejected as untimely the request for intervenor status on behalf of Partido Fuerza Democrática submitted by Juan Carlos Chaves Mora and denied the motions filed by intervenor Nombre114179.
  28. 28In a brief filed with the Chamber el siete de marzo del dos mil tres, Nombre114179 requested supplementation and clarification of order 2003-01883 (folio 471).
  29. 29By a filing dated siete de marzo del dos mil tres (folio 473), Hubert May Cantillano raised in this proceeding the unconstitutionality of Article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  30. 30El siete de marzo del dos mil tres, Javier Alonso Carrillo Chaves reiterates that he filed a motion for supplementation and clarification of judgment 7818-00, which has not been decided. Considering the resolution of the pending appeal to be a procedural matter, he requests that the scheduled hearing be stayed (folio 482).
  31. 31By a ruling issued at quince horas diecisiete minutos on once de marzo del dos mil tres, this Tribunal dismissed Nombre7944’s request for supporting intervention (coadyuvancia) as untimely and ruled that the applications filed by Nombre114179, Hubert May Cantillano, and Javier Alonso Carrillo Chaves would not be entertained (folio 489).
  32. 32At nueve horas on trece de marzo del dos mil tres, the hearing ordered under article 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional was held, as recorded at folio 520.
  33. 33On trece de marzo del 2003, at once horas cinco minutos, Javier Alonso Carrillo Chaves requested that ruling 2003-1951 be vacated and that the hearing scheduled for that day be suspended because his motion to supplement and clarify (gestión de adición y aclaración) judgment 7818-2000 had not been decided. He also argued that it would be unconstitutional for the Sala to declare the amendment to article 132.1 of the Constitution unconstitutional based on subsection cha) (sic) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because this would give the Ley de la Jurisdicción Constitucional retroactive effect by allowing the Sala to examine a partial amendment adopted twenty years before its creation, thereby violating the principles of legality and non-retroactivity (folio 522).
  34. 34Huberth May Cantillano’s written closing arguments (escrito de conclusiones) appear at folio 528. At folio 538, Francisco Antonio Pacheco submitted a brief containing observations on the limits of constitutional review (revisión constitucional), drawn from German, Spanish, and Italian legal scholarship. The observations of Dr. Federico Tinoco Carmona appear at folio 545.
  35. 35In a submission dated diecisiete de marzo del dos mil tres (folio 571), Javier Alonso Carrillo Chaves requested that the hearing held on 13 de marzo del año en curso be set aside and that a time and date be set for another hearing because, in his view, during that hearing this Tribunal violated article 33 of the Political Constitution to his detriment by granting him less time than the petitioners and the Procuraduría General de la República to present his arguments. He further requested that no judgment on the merits (sentencia de fondo) be issued in this matter until the motion to supplement and clarify judgment 7818-2000 had first been decided. He also made observations regarding the merits of this action.
  36. 36In a submission filed with the Sala on dieciocho de marzo del dos mil tres, Gerardo Trejos Salas, a passive intervenor (coadyuvante pasivo) in these proceedings, set forth observations on the merits of the issues disputed in the action (folio 576), and in a brief filed that same day, Nombre2653 also submitted observations (folio 579).
  37. 37In a filing submitted on 26 de marzo del 2003, appearing at folio 594, Fernando Lincoln Guier Esquivel designated a new address for service of notices (notificaciones).
  38. 38On 31 de marzo del 2003, the Sala Constitucional completed the necessary procedures to request from the Asamblea Legislativa the legislative record (expediente legislativo) concerning Ley No. 4349 de 11 de julio de 1969.
  39. 39The statutory requirements have been observed in these proceedings.

Magistrate Calzada Miranda authors the opinion; and,

Whereas:

I. STANDING (LEGITIMACION)

The petitioners base their standing on the existence of diffuse interests (intereses difusos), given that the matter concerns the right to vote that they hold as active citizens and the presumed existence of procedural defects in the challenged amendment. The case law of this Sala has consistently held that diffuse interests are those vested in an indeterminate, although ascertainable, group of persons who, collectively and each individually, hold those interests as members of that community. Although difficult to define and identify, diffuse interests cannot under our Law—as this Sala has previously stated—be merely collective interests (intereses colectivos); nor can they be so diffuse that their ownership becomes indistinguishable from that of the national community as a whole, or so specific that particular persons or identifiable groups, or groups that can readily be identified, stand out in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests (intereses corporativos) or interests concerning a community as a whole.

They are, therefore, individual interests that are also dispersed among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and consequently receive a present or potential benefit or harm that is more or less equal for all. It is therefore aptly said that these are equal interests held by groups of persons in particular situations and, at the same time, by each individual within those groups. In other words, diffuse interests have a dual nature because they are simultaneously collective—being common to the general public—and individual, and they may therefore be asserted in that capacity. That is precisely what occurs in the present case, in which the petitioners clearly have an individual interest insofar as their right to elect their government officials is being affected, while a collective interest also exists because the injury is likewise inflicted upon the community as a whole.

The Sala has recognized citizens’ standing to bring a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) directly, as in the present case, when the petitioners hold the active fundamental political right to elect their government officials freely, because this is a typical case involving diffuse interests. This is the sole basis on which the petitioners’ standing in these actions may be recognized, as stated in judgment No. 7818-00:

“IV — Given that, in one manner or another, the petitioners and some of the parties appearing in the proceedings invoke, together with the aforementioned diffuse interests, the other two grounds for direct standing to bring a constitutional challenge recognized by article 75.2 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—the absence of a directly injured party and interests concerning the community as a whole—it bears noting that this Sala finds that neither situation is present in any respect:

  • a)As to the first, it is clear that these are not provisions or cases that, as contemplated precisely by the Ley de la Jurisdicción Constitucional, cannot be submitted by an interested party to the constitutional review exercised by this Jurisdicción. Indeed, the arguments of the petitioners—as well as those of the other parties appearing in the proceedings—refer to the harm resulting from the challenged provisions, both to themselves as citizens, with respect to their right to elect their government officials freely, and to former legislators, former presidents, and former vice presidents, with respect to their right to be elected and to hold public office under conditions of equality and without discrimination. Moreover, in Nombre2042, those rights enjoy twofold judicial protection: that of this Sala and that of the Tribunal Supremo de Elecciones, whose function also encompasses such protection; and b) Regarding interests concerning the community as a whole, this Jurisdicción has already clarified that these cannot be the interests of the national community as a whole, because that would be equivalent to recognizing a popular action (acción popular) and, consequently, eliminating the requirement of a prior proceeding (asunto previo), which is the rule established precisely by article 75.1 of the Law.

Instead, they must be the interests of a particular smaller community that is organized and formally represented by corporate entities, thus constituting the other side of diffuse interests, which vest in the members of the community themselves; a situation of corporate representation that clearly is not present here.” Consequently, the actions under review are admissible solely because diffuse interests exist with respect to citizens’ right to elect their government officials, pursuant to the second paragraph of article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II. JURISDICTION OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER

The jurisdiction (competencia) of this Court to hear these actions has been challenged in this matter; therefore, it is considered important to devote a recital (considerando) to that issue. Regarding the procedural defect (vicio de procedimiento) that the petitioners claim occurred in the amendment of Article 132, subsection 1), of the Political Constitution, concerning the period within which the Legislative Commission was required to issue its report, the Constitutional Chamber, in judgment No. 7818-00, clearly established its jurisdiction to hear cases in which a constitutional amendment is approved in violation of constitutional procedural rules and, consequently, to declare the “procedural” invalidity of the Law that enacted the amendment, pursuant to Article 73, subsection ch), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The supporting intervenors (coadyuvantes activos) are correct in stating that, in judgment No. 7818-00, the Constitutional Chamber ruled on some of the defects identified here.

Nevertheless, Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that the Constitutional Chamber “may” dismiss a petition on the merits at any time when it considers that sufficient elements for judgment exist, or that the petition is merely a reiteration or reproduction of an identical or similar prior petition that was dismissed; in the latter case, provided that it finds no grounds for changing its position or reasons of public interest justifying reconsideration of the issue. This means that this Court has the authority to review even a matter that is identical or similar and to change its position if it deems it appropriate, taking into account that the Constitutional Chamber is not bound by its own precedents pursuant to Article 13 of the same law. Moreover, Article 76 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional does not apply to this particular case because standing (legitimación) in this matter derives from the existence of diffuse interests (intereses difusos) and, therefore, there is no underlying proceeding, as referenced in the cited article.

Having clarified the foregoing, and it being clear that the defense of substantive res judicata (cosa juzgada material) cannot be raised in this case, the actions under review may properly be considered under a new balancing analysis that includes perspectives not examined in the prior decision. On this issue, this Court considers that it has full jurisdiction to hear challenges to the constitutionality of constitutional amendments on procedural grounds. Article 9 of the Political Constitution establishes the separation of powers (división de poderes) as one of the guiding principles of our State. This principle seeks to divide the exercise of power among branches of equal rank that are independent of one another, so that one branch may oversee the work of the others, thereby creating a system of “checks and balances” responsible for ensuring that the work of each remains within certain established limits and thus preventing the infringement or violation of citizens’ rights and freedoms.

This Court’s role in ensuring compliance with the Political Constitution has been fully recognized by legal scholarship, which notes that the Constitution originates from an original constituent power (poder constituyente originario), while the derivative constituent power (poder constituyente derivado) is established and authorized at a level that is likewise constituent but secondary; hence, the latter is subordinate and subject to procedural limits. It may further be inferred from this that an amendment to the Constitution carried out by the derivative power may be declared unconstitutional if it violated any constitutional procedural rule (Article 73, subsection ch), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), thereby establishing the jurisdiction of this Constitutional Court. One of the political functions of the Fundamental Charter is to establish legal limits on the exercise of power and to provide constitutional safeguards (garantías constitucionales) ensuring that those legal limits will not be transgressed.

Consequently, under Article 10 of the Constitution and Article 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, there can be no doubt that this body is responsible for performing that function. Accordingly, one aspect of constitutional amendment that is of the utmost importance concerns the analysis of the injury, alteration, disregard, or curtailment that a constitutional amendment causes to rights or legal situations acquired or consolidated under and through the application of the previous constitutional provisions. The jurisdiction of this Constitutional Court has also been challenged on the ground that the dispute raised must be resolved by the Tribunal Supremo de Elecciones because the subject matter of this constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) is an “electoral matter.” As established in interlocutory ruling 2003-01883, issued at 15:36 on cinco de marzo de este año, Article 10 of the Political Constitution grants this Constitutional Chamber exclusive jurisdiction to declare unconstitutional rules of any nature and acts governed by public law.

Because this Court is the body responsible for guaranteeing the supremacy of constitutional rules and principles and protecting fundamental rights and guarantees, its jurisdiction to hear the challenge to the constitutionality of the constitutional amendment contested here is evident. The Tribunal Supremo de Elecciones itself, in a ruling issued at quince horas treinta minutos del once de marzo del dos mil tres, in response to an electoral amparo (amparo electoral) filed by Nombre114179, held that it lacked jurisdiction to hear a constitutional challenge that had been filed before the Sala Constitucional and that, in any event, the challenge sought to contest the alleged defects occurring in the legislative procedure through which Law No. 4349 of 11 de julio de 1969 was approved, which is not strictly an electoral matter; therefore, the petition had to be dismissed.

III. SUPPORTING INTERVENTIONS

The supporting interventions (coadyuvancias) filed by Carlos Federico Tinoco (folio 25), Fernando Lincoln Guier Esquivel (folio 219), Hubert May Cantillano (folio 278), Gerardo Trejos Salas (folio 342), Nombre114179 (folio 358), and Javier Carrillo Chaves (folio 368) are admitted because they comply with Article 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, having been filed within the prescribed period and asserting a legitimate interest based on the existence of diffuse interests. The supporting interventions filed by Nombre7944 (folio 421) and Juan Carlos Chaves Mora (folio 456) are likewise rejected as untimely.

IV. SUBJECT MATTER OF THE ACTION

The proponents of the two consolidated actions challenge the constitutional amendment to Article 132, subsection 1), of the 1949 Political Constitution, enacted through Law No. 4349 of 11 de julio de 1969, on the ground that it contains formal and substantive defects (vicios formales y materiales). They allege formal defects because the constitutional procedure established in Article 195 for a partial amendment (reforma parcial) was violated, as the period of 20 días then prescribed for the Commission to issue the corresponding report before approval of the amendment bill was exceeded. They similarly contend that the amendment procedure employed—the partial-amendment procedure—is improper when the matter involves an essential modification of the constitutional system, such as imposing a restriction on a right enshrined by the original constituent power. They allege substantive defects because they consider Articles 1, 2, 23, and 24 of the American Convention on Human Rights and political rights to have been violated through the elimination of the right to presidential reelection by means of a partial amendment to the Constitution.

They contend that this amendment exceeded the powers of the Legislative Assembly because a fundamental right and public freedom—the citizens’ freedom of choice granted by the original constituent power—was restricted through the exercise of derivative power. That right is also established in international law and was traditionally recognized throughout a very lengthy period of Costa Rican constitutional history.

V. PRESIDENTIAL REELECTION IN COSTA RICAN HISTORY

Following independence from Spain, Nombre2042 began its period of political self-determination in 1821 with the establishment of the so-called Junta de Legados de los Pueblos, which issued the Pacto Social Fundamental Interino, or Pacto de Concordia, on primero de diciembre de ese mismo año. That Junta has been regarded as the first Constituent Assembly and was composed of popularly elected representatives, thereby constituting a genuine and true representation of the people, which justified its assumption of all powers inherent in an original constituent power. This conclusion is reinforced by Article 12 of the Pacto itself, which provided that the towns would transmit, through their parish electors and the latter through the district electors, the rights and criteria of sovereignty required to ratify the document. From this historical moment onward, Costa Rica’s various Constituent Assemblies displayed a clear tendency to recognize the right of reelection for those who would exercise the Executive Power, which was represented in our first Constitution by a Junta Superior Gubernativa de Costa Rica composed of seven members, with Article 21 governing the term of its President. That article thus provided:

“The President shall be replaced every tres meses, but may be reelected in the public interest.”……

The Executive Power continued to be represented by a three-member board known as the Diputación Provincial under the Primer Estatuto Político de la Provincia de Nombre2042 of 17 de marzo de 1823, and by a Junta Superior Gubernativa composed of five principal members and two alternates under the Segundo Estatuto Político of 16 de mayo de 1823. Article 21 of this Segundo Estatuto provided:

“If the final settlement of the Constitution of the State to which the province may adhere is delayed for more than dos años, half of the board shall be replaced every two years, with the last three appointed leaving in the first replacement, …” As a consequence of Nombre2042’s accession to the República Federal de Centroamérica, and pursuant to the Federal Constitution promulgated in Guatemala on 22 de noviembre de 1824, Nombre2042 adopted the Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, which, in Chapter 8, Article 80, concerning the Executive Power, provided:

“The term of the Chief and Deputy Chief shall be quatro años, but they may be reelected once without any intervening interval.” Once promulgated on March 8, 1841, by Mr. Nombre114180, the Ley de Bases y Garantías, under Article 4 of which the Supreme Power of the State was exercised by the First Head, a Consultative Chamber, and a Judicial Chamber, elections were held to appoint the Second Head, the members of the Consultative and Judicial Chambers, Political Heads, and Councilors, officials elected by the people in the manner established therein. However, the office of Head of State (Jefe de Estado) was not submitted to a vote, because the Ley de Bases y Garantías itself declared him irremovable, although he could be replaced by the Second Head. Following the coup d’état against Carrillo led by Honduran General Francisco Morazán, two Decrees, dated June 6 and August 27, 1842, were issued declaring the Ley de Bases y Garantías null and void and reinstating the Constitution of 1825, thereby restoring the aforementioned Article 80.

Because a large number of Costa Ricans were dissatisfied with General Morazán’s government, a revolt led by Mr. Nombre114181 took place, and a General Junta decided to appoint José María Alfaro as Provisional Head, who convened a Constituent Assembly (Asamblea Constituyente) in order to normalize the situation. So that Costa Ricans could learn how the Constitution was being debated and ascertain public opinion regarding it, the public authorities founded the newspaper Mentor Costarricense, which began publication in December 1842. Following reflection and consideration of the popular will, direct voting (voto directo) was established for the first time in the Fundamental Charter of 1844, and once again the popular will regarding the re-election (reelección) of the Head of State was embodied in a Political Constitution. Articles 92 and 93 provided:

“Individuals who have held any office in the Supreme Powers may not be compelled to serve in another popularly elected office unless an interval of two years has elapsed or they voluntarily agree to accept it.” “Only after two years have elapsed may the Head who has served his term be elected again.” After the elections were held by direct vote, Mr. Nombre114182 was elected, but he resigned a few days later. Under the Constitution, he was to be replaced by the President of the Senate, who at the time was Rafael Moya; however, his senatorial credentials expired, and the oldest senator therefore had to be selected, resulting in the appointment of Mr. Nombre114183. On June 7, 1846, military officers Florentino Alfaro and José Manuel Quirós refused to recognize him as Head of State and again appointed José María Alfaro as Provisional Head. A constituent assembly was convened, where a tendency emerged to organize the State on the basis of the superiority of the Executive Branch (Poder Ejecutivo) over the Legislative Branch (Poder Legislativo), that is, in a manner different from that which had been used until then. Following elections held under the Constitution of 1847, Dr. José María Castro Madriz was appointed Head of State.

The Fundamental Charter of 1847 established in its Article 103:

“The constitutional term of the President and Vice President of the State shall be six years, counted from the date on which their election is declared. They may be re-elected at the will of the people and of the persons appointed, and the resignation of either shall be accepted when, after four years have elapsed, it is tendered even without legal grounds.” This Constitution further stipulated that a constitutional amendment (reforma) could be requested in writing by a majority vote of the members of the Municipalities, which meant that, through amendments, what was effectively a new Magna Carta was produced in 1848, known as the Reformed Constitution. In restoring the right to re-election, it expanded even further upon what the constituent body of 1847 had enshrined in that Constitution and established in Article 66:

“The President and Vice President of the Republic shall remain in their offices for six years and may be re-elected at the will of the peoples.” Following the fall of Juan Rafael Mora through the intervention of the coffee-growing oligarchy—he had assumed the presidency of the Republic after President Castro resigned on November 16, l849—Dr. José María Montealegre provisionally came to power, and a new Asamblea Nacional Constituyente was convened. It would enact a new Constitution on December 29, 1859, which provided in its Article 103:

“The President of the Republic shall remain in office for three years and may not be re-elected until one constitutional term has elapsed following his departure from office. Nor may any of his relatives within the third degree of consanguinity or the second degree of affinity be elected immediately thereafter.” After the elections were held, Dr. José María Montealegre was elected President of Costa Rica for the 1860-1863 three-year term. Subsequently, Jesús Jiménez Zamora and Dr. José María Castro Madriz, in his second administration, were elected; however, on November 1, 1868, Generals Máximo Blanco and Lorenzo Zalazar carried out a coup d’état against Dr. Castro, and Jesús Jiménez became Provisional Head. He again convened a constituent assembly, and the Constitution of 1869 was issued, a new social compact (pacto social) that stated in its Article 101:

“The term of the President of the Republic shall be three years, and he may not be re-elected until another equal term has elapsed following his departure from office.” This new Constitution did not remain in force for long: on April 27, 1870, it fell as a result of the coup d’état carried out by General Tomás Guardia against the government of Licenciado Jesús Jiménez, consequently making it one of Costa Rica’s shortest-lived constitutions. After a brief period under the provisional government of Mr. Nombre114184, he convened a Constituent Assembly and tendered his resignation, whereupon Tomás Guardia came to power as provisional president, exercising that power for approximately ten years. The Constituent Assembly temporarily reinstated the Constitution of 1859 and began preparing the new Constitution; however, on October 10, 1870, it was dissolved by order of Guardia. On August 12, 1871, General Guardia called elections for a new Constituent Assembly, which convened on October 15 of that year and issued a new Fundamental Charter on December 7, 1871. It provided in its Article 97:

“The term of the President of the Republic shall be four years, and he may not be re-elected until another equal term has elapsed following his departure from office.” This new Constitution of 1871 is one of the longest-lived constitutions in Costa Rica’s constitutional history and was the product of a gradual national drafting process. In 1896, the Constitution of 1871 was amended to favor the consecutive re-election of Rafael Iglesias Castro, who had held the presidency of the Republic since 1894. As the political campaign approached, a document was submitted to Congress proposing that Article 97 of the Political Constitution be amended to permit consecutive re-election on one occasion only. The amendment was requested by Iglesias, and on the basis of Article 134, subsection 8, of the Constitution, which empowered the municipalities to request a constitutional amendment, thirty-one municipalities led by San José requested the amendment. On May 12, 1897, Congress approved the amendment permitting Iglesias’s re-election. The amended Article 97 provided:

“The term of the President of the Republic shall be four years, and said Official may be re-elected without an intervening term on one occasion only. Subsequent re-elections may not take place until at least one term has elapsed.” While Alfredo González Flores was President, his administration approved a series of financial measures that displeased the country’s most powerful economic groups, and Federico Tinoco Granados therefore carried out a coup d’état and seized power on January 27, 1917. The following day, he issued a decree calling elections to form a Constituent Assembly, which was installed on May 1 of that year. This Assembly worked from a draft prepared by former Presidents Bernardo Soto, Dr. Carlos Durán, Rafael Iglesias, Ascención Esquivel, and Licenciado Cleto González Víquez. This new Constitution was promulgated on June 8, 1917, and provided in the final paragraph of Article 94:

“The President of the Republic may not be re-elected for the following term, even if he has resigned or otherwise lost the office. Nor shall he be eligible for election as Vice President for that same immediately following term.” After the movement that succeeded in overthrowing the Tinocos, and once the Constitution of 1917 ceased to be in force, the Constitution of 1871 was reinstated and remained in force until December 7, 1949. It is worth recalling that the second paragraph of Article 104 provided:

“The President of the Republic may not be re-elected for the following term.” Our country underwent a civil war in l948, and an Asamblea Nacional Constituyente was again convened to establish the foundations of the new social compact, resulting in the issuance of the new Fundamental Charter that remains in force today. In that new Constitution, the popular will was embodied in Article 132, subsection 1), which provided:

“No person may be elected President or Vice President who has served as President for any period of time within the eight years preceding the term for which the election is held…” Thus, the Costa Rican constitutional tradition is decidedly inclined to reserve any amendment concerning presidential re-election to the original constituent power (poder originario). This tradition began with independence, was confirmed from the founding of the Republic onward, and remained unchanged for one hundred and eighty-eight years. It was not until the 1967 to 1969 legislative sessions that this tradition was interrupted by a decision of the derivative amending power (reformador derivado), even though Law No. 4349 of July 11, 1969, established a transitional provision (transitorio) permitting one-time re-election for all persons who at that time held the status of former presidents.

VI. ON FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND POLITICAL RIGHTS

The doctrine relevant to the merits of the matter (fondo del asunto) is set forth below for the purpose of constructing a frame of reference for adjudicating the actions filed.

A. FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. According to history and Western legal doctrine, the rule of law (Estado de Derecho) arose as a compromise formula that entailed combining a broad group of fundamental rights (derechos fundamentales) with a series of formal and substantive safeguards (garantías formales y materiales), all within a Constitution that enshrined the separation of powers and the principles of legitimacy and legality. This combination of ideas was intended to prevent arbitrary action that might originate from state institutions. Thus, the primacy of a central group of rules that characterize the Constitution as the supreme body of law rests on (i) its nature as a direct expression of the general will and (ii) its articulation of fundamental human rights and civil liberties. The “democratic principle,” expressed through the idea of popular sovereignty, is a legal response to the problem of political legitimacy, both substantively and formally.

Substantively, because it (a) establishes the constitutional legitimacy of citizens’ fundamental right to political participation, (b) requires state institutions to respect fundamental rights, and (c) establishes social recognition of the diversity of initiatives and values of all individuals; and formally, because it represents both a formula for the rational organization of the political process and, once again, an express limitation on state power—whether manifested through the executive, legislative, judicial, electoral, or municipal function. The principle of popular sovereignty constitutes the principal constraint on the actions of state institutions and is intended to ensure that any exercise of power by any state body respects its prior popular legitimacy and the judgment of the people, as expressed by the original constituent power (poder constituyente originario). The legal and political significance of having incorporated fundamental rights into the Constitution is grounded in the foregoing; those rights, in turn, constitute a strong and essential component of the structure of the rule of law.

Examples of fundamental rights include those inherent to citizens—citizenship and nationality; personal freedoms—personal liberty, freedom of religion and conscience, freedom of residence, freedom of contract, and freedom to choose an economic activity, among others; legal equality among persons; the right to private property; and those rights that enable persons to obtain judicial review (control jurisdiccional). Western legal thought has therefore declared it non-negotiable that fundamental rights constitute the principal guarantee available to citizens that the legal and political systems, as a whole, within the rule of law, are directed toward respecting and promoting the human person, advancing human development, and continually expanding public freedoms. Fundamental rights also perform an important role in legitimizing constitutional forms, because they constitute the foundations of the consensus upon which democratic society has been built.

In other words, their function is to systematize the objective axiological content of the democratic legal order (ordenamiento democrático) to which the majority of citizens have given their consent, as well as to establish that state institutions are subject to those principles. Within the constitutional order, fundamental rights have a dual dimension: they are subjective rights (derechos subjetivos) and objective rights (derechos objetivos). On the one hand, they are subjective—that is, rights of individuals—not merely as rights of citizens in the strict sense, but insofar as they guarantee freedom within democratic coexistence. On the other hand, they are essential elements of the objective legal order, insofar as it is structured as the framework for just and peaceful human coexistence. Because of their importance, the Constitution has provided specially reinforced legal instruments intended to prevent any state institution from altering their content or limiting their scope: constitutional guarantees (garantías constitucionales).

It follows from the foregoing that changing or limiting the status of fundamental rights does not entail merely a partial amputation of the Constitution; rather, it entails the complete replacement of the Constitution and disregard for the popular will. All of the foregoing explains why, beginning with the earliest Costa Rican constitutions, the principle of “entrenchment” (rigidez)—that is, the unalterability of the catalogue of fundamental rights and civil or public liberties—was enshrined. The principle of entrenchment, which will later be analyzed as a principle reserving authority to the original power (principio de reserva del poder originario), not only establishes an impenetrable boundary preventing legislative and executive activity from encroaching upon the sphere of fundamental rights, but also extends, as a constitutional guarantee, to the so-called “fundamental political decisions” (decisiones políticas fundamentales), which are those determinations made by society that are decisive with respect to a constitutional principle and represent a historically enduring form of social sentiment and thought.

The two most important decisions confronting a society are the choice of its economic model and the choice of its political system (some legal scholars consider these, in essence, to be a single decision). Within the political system, society chooses a method for electing its representatives and leaders and establishes the qualifications required of a person eligible for election to public office: experts overwhelmingly agree that both are fundamental political decisions. Our guiding source, constitutional case law (jurisprudencia constitucional), has consistently held that the amendment of fundamental political decisions belongs exclusively to the people as sovereign, acting through the authority they delegate to national constituent assemblies (asambleas nacionales constituyentes) elected for that purpose and representative of the general popular will. These clauses may be amended, but the only entity authorized to amend them is the constituent power (poder constituyente).

B. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES AS A SOURCE OF LEGITIMACY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS, CONSEQUENTIAL POLITICAL DECISIONS, AND JUDICIAL DECISIONS. Recognized constitutional doctrine defines constitutional principles (principios constitucionales) as the fundamental ideas concerning the legal organization of a community, arising from social consciousness, which perform both foundational and interpretive functions with respect to the legal system as a whole. Thus, constitutional principles form part of the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad), and all State institutions are required to observe and respect them. These principles give rise both to institutional powers and to the rights of inhabitants; their potential violation triggers the system of safeguards (sistema de garantías), also developed “with constitutional rank,” which includes amparo, habeas corpus, and constitutional challenges (acciones de amparo, de hábeas corpus y de inconstitucionalidad).

Principles must not be confused with fundamental rights (derechos fundamentales), because the former provide the basis for the latter while also enabling their protection through the system of safeguards. Nor may principles be confused with citizens’ social values, because the latter are axiological concepts involving moral criteria that create no legal duty whatsoever, whereas principles are deontological concepts—that is, they entail mandates and duties, and failure to comply with them entails a legal consequence. Principles are the result of spontaneous discussions, sometimes violent, that lead to social agreements embodied, through fundamental rights and civil liberties (libertades públicas), in positive-law enactments. In constitutional matters, as stated above, principles are the ideas upon which the political organization of the State is based—that is, the decision of the original constituent power (poder originario constitucional) concerning the type of political system collectively chosen.

As examples relevant to this judicial decision, we may appropriately refer to the democratic principle (principio democrático), the prohibition of arbitrariness (interdicción de la arbitrariedad), the principle that public authorities are subject to the Constitution (principio de sujeción de los poderes públicos a la Constitución), the equality of individuals, the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica), and the hierarchy of norms (jerarquía de las normas). Before briefly describing those principles, it must be added that legal thought holds that constitutional principles could never contradict the Constitution, because they are its very essence. Principles cannot be equated with norms, because they lack the latter’s formal process of enactment, but they constitute their rationality and intrinsic logic. A principle is the rationale underlying a norm and is manifested through it; in other words, it is the “spirit” of the norm.

There is a close relationship among principles, fundamental rights, and implied limitations (límites implícitos) in general, and all of them must be consulted to measure or assess the constitutionality of a partial amendment to the Constitution produced by the derivative constituent power (poder derivado). This referential quality gives principles a hermeneutic force of paramount importance, which in turn constitutes a limitation on ordinary legislative activity. A constitutional principle structures the legal system as a whole; it is a “norm” governing norms and establishes the right “prima facie.” A person who invokes a statute obtains from the judge the definitive attribution of the right claimed; a person who invokes the unconstitutionality of a norm, whether statutory or constitutional, requires the respective judge to seek the historical “spirit” of that norm—that is, the true and authentic expression of the people—and requires the judge to consult constitutional principles.

The constitutional judge’s use of constitutional principles as a point of reference in a constitutional challenge also requires the judge to demand that the potential invalidating force of the challenged norm be consistently recognized in the historical Constitution. Thus, the search for judicial certainty necessarily leads the constitutional judge to establish lines of communication with historical comparative law and with the development of human rights and fundamental rights. Our Constitution contains a significant number of political principles, and those principles must be used to assess the constitutionality both of statutes and of a constitutional amendment enacted by the derivative constituent power. Fundamental rights do not originate solely in constitutional principles, but their essence does include a strong and decisive component of those principles. That component may be found in both the subjective and objective dimensions of the structure of those rights.

We illustrate the point by returning to the constitutional principles previously cited in this section: a judicial decision focused on determining whether the ordinary legislature acted beyond its mandate when it amended the article concerning presidential reelection must necessarily be analyzed in light of the constitutional prohibition of arbitrariness. This principle makes it possible, in turn, to determine whether a right was diminished, violated, or abolished, because any discrimination that diminishes or curtails a fundamental right would constitute arbitrariness, understood as: (a) the excessive and unnecessary sacrifice of a fundamental right, and (b) conduct contrary to the historical trend manifested by Costa Rican constitutional development. Stated conversely, the key to establishing the absence of arbitrariness is the concept of reasons (motivación); that is, every change must be consistent with the sovereign will of the people, as expressed by the original constituent power, supportable in the nation’s historical reality, and capable of being understood by citizens even if not all of them agree with it.

The improperly named “judicialization of political power” (in reality, it is the alignment of that power with the legal order) entails imposing a set of substantive and procedural limitations (límites materiales y formales) that steer it away from decisions favorable to the interests of subgroups or explainable by temporary circumstances, and place it within the sphere in which decisions are made in accordance with the will of the original constituent authority (constituyente originario). In the dialectic between Law and Power, the struggle against arbitrariness has manifested itself as an inclination in favor of the legal and to the detriment of the circumstantially political—that is, as giving precedence to the historically and socially accepted norm over the judgment of the legislators holding office at the time. Another principle to be considered in determining whether arbitrariness occurred is that public authorities are subject to the Constitution: the holders of those powers, in addition to the general negative duty to refrain from any conduct that infringes the Constitution, have a general positive duty to comply with constitutional principles and norms.

A third relevant principle is that of the equality of individuals before justice, which requires a coherent legislative policy that does not prejudice the rights of even a single person (if one person is harmed, everyone is harmed). A social and democratic State governed by the rule of law (Estado social y democrático de Derecho) must necessarily include justice and equality among the higher principles of its legal system (with equality understood broadly and justice as impartiality). It must require public authorities to behave in a manner that promotes the effectiveness of those higher principles. A fourth principle, also relevant, is legal certainty, which is composed of the combination of certainty, legality, and proportionality, among other subprinciples. In other words, legal certainty is a complex principle that must be balanced in a manner that also ensures equality and freedom. This principle is sustained by citizens’ confidence that institutions, in carrying out their activities, will respect the norms chosen by the Original Constituent Power (Poder Constituyente Originario) to shape the political and economic system.

Legal certainty is a principle directed at the institutions that create or apply norms, requiring them to carry out activities whose products or outcomes—whether norms or administrative acts (actos administrativos)—are always characterized by the highest degree of protection for fundamental rights. The political organization must preserve, defend, and expand these rights to the extent reasonably possible, and the Legislative Assembly, in exercising the authority provided for in Article 195 of the Political Constitution, must never restrict them, because it was so ordered by the constituent power. The situation is different in the legislative sphere, where the derivative legislature (legislador derivado), through its ordinary activity, develops the content of a fundamental right within the framework established by the original power. Finally, it must be noted that the legal order is a long hierarchy of precepts; however, that sequence is not endless, but has both an upper and a lower limit.

The former is called the fundamental norm (norma fundamental). Statutes depend upon it; regulations arise from those statutes; and the gradation of norms continues in this manner until specific legal acts are reached. The fundamental principle upon which our constitutional system rests is the supremacy of the Constitution (supremacía de la Constitución). The supreme norm is a limiting principle, a norm above which no higher-ranking precept exists, and the foundation of the entire legal order. It stands at the apex or summit of the legal pyramid, and from it arises the hierarchical ordering of norms, which establishes their priority because, as the original product of the sovereignty of the people, it is the very expression of that popular will. Thus, the supremacy of the Constitution derives not only from the fact that the Constitution expresses sovereignty, but also from the fact that, for that very reason, it stands above all statutes and all authorities.

It is the Law that governs laws and empowers authorities. Its superiority derives from the fact that it emanates from the highest source of sovereign authority and therefore presupposes two conditions: first, that the constituent power is distinct from the constituted powers (poderes constituidos); and second, that the Constitution is rigid and written. The constituent authority precedes the constituted powers—that is, it predates them—and once it has completed its work by drafting and promulgating the Constitution, it disappears and is replaced by the bodies it created, the constituted powers, which must respect its supremacy. Consequently, the norms enacted must form part of the supreme law, must “emanate” from it, must have their source in the Constitution, and must not depart from its mandate. By meeting this requirement of conformity with the Constitution, statutes and Treaties become part of the supreme norm.

Accordingly, there is a precise separation between the Constituent Power, which is the repository of popular sovereignty and the author of the Constitution, and the constituted powers, which are not sovereign and which, under the principle of legality (principio de legalidad), possess only the powers expressly granted to them by the Constitution. Therefore, if a statute affects the hierarchy, the constitutional principles, or the established constitutional order, the State or a citizen may file a constitutional challenge against that norm on the ground that it lacks legal validity.

C. ORIGIN AND MEANING OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND THE RIGHT TO FREEDOM. To define the distinctive capacity of the right to freedom to generate other rights, it is important to emphasize the close relationship between fundamental rights (derechos fundamentales) and human rights (derechos humanos). The latter may be understood as the body of institutions that, through historical development, give concrete form to the demands of human dignity, freedom, and equality within a broad geographical context that extends beyond any one State or region and aspires to universality. The notion of fundamental rights, in turn, refers to those human rights expressly guaranteed by the constitutional legal order (ordenamiento constitucional) of a particular State and characterized by heightened protection (tutela reforzada). In Article 48, the Constitution of 1949, as amended by Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989, incorporated international human rights law (derecho internacional de los derechos humanos) into the standard of constitutional review (parámetro de constitucionalidad). Indeed, where an international provision recognizes fundamental rights more favorably than the Constitution itself, the international provision, rather than the domestic one, must be applied. Fundamental rights are therefore guaranteed both by domestic constitutional law and by International Human Rights Law.

For the case under consideration, it is necessary to refer to first-generation Human Rights, understood as those human rights consisting of civil or individual and political rights arising from the exercise of the primordial right to freedom. Accordingly, fundamental rights are also known as first-generation rights or rights of freedom, because they take shape through the free participation of individuals in the processes by which the general will is formed. Social consensus, in some cases achieved through bloody political and social struggles, legitimizes fundamental Human Rights; in turn, the exercise of the right to freedom makes it possible to reach such consensus. Once again, we find that only this original decision, freely made by the people, confers legitimacy upon the construction of rights. Thus, the search for an absolute foundation (natural law theory, iusnaturalismo) gives way to a dialectic of freedom leading to a consensual agreement.

In this historical process, principles are generated first and are subsequently transformed into fundamental rights through original constituent power (poder constituyente originario). The initial clash of criteria and opinions is not evident in many cases, but neither is it arbitrary or secret. The “thinkers” of each era could not expect their reflections to become rights unless and until they were submitted to and accepted by the people at large. For these purposes, consensus does not mean unanimity, but neither does it mean the expression of arbitrary irrationality or imposition by a few. As has been stated in carefully prepared documents concerning the 1949 Universal Declaration of Human Rights, a majority current freely emerged that “found good reasons to approve it.” “These good reasons” translate into a consensus of validity that does not necessarily coincide with social unanimity but is reached through the exercise of the democratic principle and the right to freedom. This agreement can only be the product of free and democratic activity, the subject of which can only be the people themselves.

This consensus has extended beyond the strict construction of fundamental rights: in addition to treating them as negative constraints on political power—whether legislative or executive—it has transformed them into positive requirements that expand citizens’ freedoms. In this manner, we also believe, the first rule for interpreting not only constitutional provisions but also the constitutionality of an amendment begins to take shape: in dubio constitutionalis, pro libertatis. The meaning of the validity of a fundamental human right, therefore, lies in the decision having been made spontaneously, without coercion, by the people themselves and having endured for a long period of time. Undoubtedly, in addition to the decision being made by the people—their will expressed through a group of representatives selected exclusively to express it—the debate must be rational and free from coercion, and its participants must have reasonably equal opportunities to present their positions.

The sources and origins of human rights lie in philosophical, political, and moral ideas, which are both causes and results of social struggles and debates seeking the highest possible levels of the rule of justice, equality, dignity, and freedom. These principles are closely connected to the human capacity to give meaning to life and are the only ones capable of determining or generating responsibility for one’s actions. The relationship between fundamental Human Rights and power is extremely complex, since it consists of a balance between, on the one hand, the rationality and effectiveness of Law and the State in regulating society’s individual or collective life and, on the other, freedom and the other individual rights cited above. To elaborate, even at the risk of repetition, Law helps to make manifest a system of legitimacy that, in turn, presupposes a series of principles constructed through historical consensus resulting from debates and social struggles among the people. The opposite—dissent, nonacceptance, disobedience, and the refusal of subgroups to relinquish their positions or perspectives—has historically been shown to foster the anarchic fragmentation of a nation.

In the historical process of constructing Human Rights and their constitutional manifestation, fundamental rights have received different names, at times used interchangeably. As in every science or discipline, these terminological differences are important; for the purposes of this judgment, however, they are irrelevant. What truly matters about these terms is that the rights they denote are effectively protected by the courts, respected by State institutions generally, and that freedom is recognized as having the germinal capacity to produce all the others; that they may be constructed only by the people—through free and democratic debate—and incorporated into or amended in the Constitution by original constituent power; and that this does not mean eliminating or restricting the individual autonomy granted by the people, through original constitutional power, to the individuals who constitute them.

From this clear conception, legal thought draws two conclusions. The first is that public freedoms (libertades públicas) may be created or modified only through supralegal rules (normas supra-legales) enacted by original constituent power, since otherwise it would not be possible to place appropriate limits on the powers of the Legislative Assembly and the Executive Branch. The second consequence is that those subject to the administration (administrados) have access to precisely defined means of challenge (medios de impugnación) against violations of public freedoms, foremost among them an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad). Political power, in turn, is a manifestation of freedom: it is founded upon and limited by freedom, and it is subject to reasonable regulation that may never diminish, much less eliminate, fundamental rights.

In every politically organized society, freedom is generally limited in some manner. In a constitutional democratic system, in particular, those limitations must be reasonable and must respond to the need to safeguard individual and community interests. The decision to limit freedom belongs exclusively to the original constituent power, so that any limitations imposed upon it cannot lead to its total denial or to restrictions that impair the essence of the individual right.

D.- THE RIGHT TO CHOOSE AS A FUNDAMENTAL RIGHT. Historically, sovereignty has been the a priori instrument used to justify and legitimize state power (poder estatal), understood as supremacy over any other force operating within the sphere of the State and exercised by the various social groups that make up the human element of the political organization. State power must, however, always respect the popular will expressed through the decisions of original constituent assemblies (asambleas constituyentes originarias). Participatory freedom (libertad-participación) constitutes a sphere of individual autonomy that affords individuals the possibility of acting or participating in political and social affairs according to their own will, provided that they comply with the specific rules governing each activity. Entitlement to that right, insofar as its exercise is concerned and as dictated by the political idea prevailing in contemporary society, belongs to the human group that constitutes the State, which exercises it directly or through its representatives, who embody original constituent power (poder constituyente) at the foundational level and the government and legislators at the derivative level.

Political rights (derechos políticos) are vested in citizens to enable them to participate in the expression of national sovereignty: the right to vote in elections and ballots, the right to stand for election, the right to join a political party, and so forth. These rights enable citizens to participate in public affairs and in the political structuring of the community to which they belong. Far from distancing, separating, or placing an elected citizen in opposition to the State, the exercise of these rights at the state level empowers that citizen to participate in the political organization and planning of the society of which he or she is a member. These rights are intended for citizens to enable them to participate in the expression of national sovereignty; their primary purpose is to prevent the State, through any of its functions—executive, legislative, judicial, electoral, or municipal—from encroaching upon or violating certain attributes of the human person.

They therefore entail a passive or negative posture on the part of the State—an obligation to refrain—aimed at respecting, not impeding, and guaranteeing their free and nondiscriminatory enjoyment. Accordingly, these rights are exercised to assert and reaffirm the sovereign power of the people over the State, and they provide their holders, the citizens, with means and safeguards to defend themselves against the arbitrary exercise of public power. It is precisely through the recognition and exercise of political freedoms (libertades políticas) that individuals participate in the exercise of power, and because democracy is a form of collective decision-making, such exercise is, in turn, the essence of the democratic principle (principio democrático). The distinction between civil liberties (libertades civiles) and political freedoms lies not in their nature but in the purpose served by their exercise.

One of the various legal public freedoms (libertades públicas jurídicas) addressed in this section is the right of citizens to political participation (derecho de participación política), the analysis of which invariably leads to an examination of the concept of popular sovereignty (soberanía popular), since it is the source and sole basis of legitimacy for political power. It is the people who articulate that power through their representatives—constituent deputies, the President and Vice-Presidents of the Republic, deputies to the Legislative Assembly, and municipal mayors—and entrust them with its temporary exercise. Freedoms of political participation are intended for adult nationals and are encompassed within the fundamental right of citizenship (derecho fundamental de ciudadanía), which may be suspended only by a judicial declaration of incapacity (interdicción judicialmente declarada) or by a judgment imposing the penalty of suspension of political rights.

There is no other restriction on this right, and political power may never limit it arbitrarily. For certain public offices, the original Constituent Assembly established a minimum age exceeding the threshold of civil adulthood, while retaining its prohibition against public authorities restricting this legal public freedom. The right to choose (derecho de elección), as a political right, is also a human right of the highest order and, consequently, a fundamental right. Reelection (reelección), as established in recital V (considerando V), was provided for in the Political Constitution of 1949 and constitutes a safeguard of the right to choose, because it gives citizens the ability to select, from a broader range of possibilities, the leaders they consider suitable. Consequently, it was the popular will, acting through the Constituent Assembly, that provided for presidential reelection so as to guarantee the people’s effective right to choose.

Indeed, although the partial amendment (reforma parcial) at issue occurred subsequently, this was later confirmed by the signing of the American Convention on Human Rights, Article 23 of which provides: “1. Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities...b) to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters,...”; and which permits no restrictions other than the following: “2. The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the preceding paragraph solely on the basis of age, nationality, residence, language, education, civil or mental capacity, or sentencing by a competent court in criminal proceedings.” The final paragraph of the Convention on Human Rights clearly sets forth the only grounds on which restrictions may be imposed on the exercise of the rights declared therein.

Reelection, as reflected in the historically expressed popular will, establishes the possibility for citizens to choose their leaders freely; therefore, by amending the Constitution to the detriment of the sovereignty of the people and to the erosion of their fundamental rights, what occurred in this case was the imposition of additional limitations beyond those already existing on grounds of age, nationality, residence, language, education, civil or mental capacity, or sentencing. Furthermore, Nombre2042 signed this Convention without any reservation, accepting the exercise of such rights with the greatest possible freedom and recognizing as the only limitations those arising from paragraph 2 of Article 23. If the manner in which the Legislative Assembly abolished this right were found unconstitutional, its restoration would have to follow the corresponding procedure.

VII. ON CONSTITUTIONAL AMENDMENT

No provision, given its necessary adaptation to changing times, can be endowed with a static or perpetual character. A constitutional provision, although less flexible than provisions of lower rank, is likewise not immutable. Accordingly, the constant harmonization and adjustment of provisions generally to changes in attitudes and new social needs is indispensable. In the case of constitutional amendment (reforma de la Constitución), there is a major and important distinction: constitutional provisions relating to fundamental rights (derechos fundamentales) or momentous political decisions may be amended only by a constituent assembly (asamblea constituyente), in accordance with Article 196 of the Political Constitution. To underscore the force of this assertion, we reiterate that the original provisions concerning fundamental rights and political and economic systems may be curtailed only by a constituent assembly.

The other provisions of the Constitution and secondary legislation may be reviewed by the Legislative Assembly in exercise of the powers conferred upon it by Article 195 of the Constitution; such is the scope of its authority over legislative amendments. Establishing a Constitution is not the same as amending it, since the former is an act of the highest popular sovereignty, a creative act; it is the sovereign power of the people to establish their own legal and political order. Amendment is a procedure for reviewing what has already been established, and its mechanisms, scope, and authorized actors are stipulated in the Constitution. We reiterate that there are certain limits on the Legislative Assembly’s power of constitutional revision, because this rule-making authority cannot stand in opposition to the constituent power (poder constituyente) in the respects extensively explained in this text.

The existence of legislative power does not entail a division of popular sovereignty, but merely the legal and institutional delimitation of authority conferred by the original constituent power itself, which operates within the organization of the State and remains subordinate at all times to the will of the people. Legal scholarship has consistently emphasized that “those elected are the representatives of the sovereign nation, but not the sovereign representatives of the nation.” In our country, the body empowered to partially amend the Constitution is the Legislative Assembly, in accordance with Title XVII of the Political Constitution, Articles 195 and 196, provided that its actions do not adversely affect the fundamental rights or the political and economic system that the Costa Rican people essentially established through the constituent power. Furthermore, the State institution charged with deciding whether the Legislative Assembly has at any time exceeded its powers is the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, and the safeguard available to citizens for petitioning the Chamber is an Action of Unconstitutionality (Acción de Inconstitucionalidad) and, where appropriate, Petitions for Amparo (Recursos de Amparo) and Habeas Corpus.

Following this line of reasoning, the Chamber itself must not exceed its mandate to defend fundamental rights by creating provisions. Through this formula, the Constitution defends itself and is protected as a body of basic and fundamental provisions of the legal system. This is also why a special, more stringent procedure was devised for its amendment, seeking to prevent the supremacy of certain constitutional provisions from being undermined through either legislative or judicial action. As demonstrated by its constitutional history and as interpreted by this Constitutional Chamber, since independence the Costa Rican people have not wished to entrust either the core of fundamental rights or the political and economic system to the will of one or more institutions; rather, any change in these respects must result from an agreement encompassing a much broader political spectrum and one far more independent of the vicissitudes of electoral politics, so that its broad social acceptance is not only enduring but also an effective manifestation of the popular will.

As stated in the preceding recitals (considerandos), the principle of constitutional rigidity (principio de la rigidez) is a particularly important consequence of the social compact and therefore is also, to a large extent, the foundation of the State’s legitimacy. It was established as the determining condition upon which citizens consented to the constitutional text. This principle operates as a safeguard not only against any attempt by the government to alter the status of fundamental rights, but also against action to the same effect by the ordinary legislature or any authority. Historically, Costa Ricans have wished to retain a more stringent procedure for their Constitution, and it may be amended with respect to the three aforementioned dimensions—fundamental rights, the political system, and the economic system—only by a constituent assembly expressly convened for that purpose. In view of the foregoing and, because of the momentous nature of the decision embodied in this judgment, accepting the risk that this text may be characterized as repetitive, we reiterate that this is why constitutional review (control constitucional) of amendments to the Constitution exists and why such review is exercised by this Chamber.

In other words, the Chamber does not amend the constitutional text; rather, this Chamber’s mandate includes defending the Constitution and seeking to prevent provisions relating to fundamental rights and the political and economic system from being amended through a means not authorized by the people, whose authorization was expressed through the original amending power (poder reformador originario). Accordingly, this review, which falls within the jurisdiction of this Constitutional Chamber, is appropriate when an amendment is affected by procedural defects, whether through violation of the specific rules established in Articles 195 (in relation to 124) and 196 of the Political Constitution, or when the partial-amendment procedure is used to modify an essential aspect of the Constitution because provisions, clauses, or structures not subject to amendment have been altered, either because they are expressly excluded from partial amendment or, in the case of fundamental rights, because they are implicitly excluded.

These rights may be subject to partial amendment by the Legislative Assembly only when the changes are positive—that is, when they expand the substance of citizens’ rights, particularly the right to freedom. Negative changes, however, meaning those that curtail the substance of citizens’ rights, may be made only by a Constituent Assembly. In other words, the Legislative Assembly may expand the substance and scope of fundamental rights, but the derivative constituent power (poder constituyente derivado) may not abolish or curtail that substance, since doing so could destroy the basic order established by the original constituent power. The rigidity of the Constitution does not permit such provisions to be impaired through legislative or governmental action because, if this were permissible, it could be assumed that the legislative or executive branch has legitimate authority to enact provisions contrary to the Constitution—which in turn would mean that they could deprive the people of their sovereignty by acting against their declared interests.

In granting powers to the legislative branch, the Constitution simultaneously defines and imposes them and therefore places limits on its activity. We further note that this interpretation also serves to protect the Legislative Assembly, since its reasoning recognizes that any act exceeding or contradicting the constitutional mandate would also destroy the basis of legislative activity itself and the legitimate foundation of its authority.

VIII. THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONAL RIGIDITY

The relative rigidity of our Political Constitution is founded on the need to provide legal certainty (seguridad jurídica) throughout the legal system, to which both the inhabitants of the Republic and ALL institutional authorities must submit. The principle of constitutional rigidity is a safeguard that the people chose to establish for themselves. “Rigidity” means that, through the multiple constituent assemblies held throughout our history, the Costa Rican people have deemed it necessary to establish certain safeguards in the constitutional-amendment process so that its provisions not only remain stable but also, if an amendment is found necessary, require the surmounting of political and electoral circumstances that are temporary and transitory in nature. If, as some have maintained both in the media and in technical essays, the status of the public freedom of political participation as a fundamental Human Right, the purpose of entrenched clauses (cláusulas pétreas), and the objective of the principle of rigidity were irrelevant to this judicial decision, there would be no explanation for why our Constituent Assembly, consistently and as demonstrated by the historical account contained in this text, took care to incorporate them with such precision into our Fundamental Charter.

Still less would there be an explanation for why it expressly and emphatically stated that any partial amendment to the Constitution must be made “in absolute conformity” with the procedures, conditions, limitations, and requirements established therein. It is imperative to bear in mind that the Government Junta of 1949 drafted its own Proposed Political Constitution for submission to the deliberations of the National Constituent Assembly. That effort did not succeed because the Constituent Deputies did not agree that the document should serve as the basis for their debates. By this decision alone, made under historical circumstances that could have led the Constituent Assembly to satisfy the Executive’s demands, the delegates demonstrated that they recognized only the people as sovereign and would not allow their will to be manipulated or curtailed by any particular group. Although the proposal put forward by the Government Junta at that time was not accepted as the foundational document for deliberation by the original constituent power, the fact remains that, because it represented the views of part of the population, portions of it were introduced during the deliberations through motions submitted by Constituent Deputies who supported it.

Although constitutional historians widely agree that these initiatives produced limited results, some proposals were accepted by the Original Amending Power. According to the records of the National Constituent Assembly in Volume I, the Draft submitted by the Junta stated:

“Costa Rica has experienced, particularly in recent years, the scant or nonexistent importance accorded to the majesty of the Political Constitution as the indispensable and binding foundation that all legislation must observe. Amendments to the Constitution, under the now-repealed Constitution of 1871, were made fairly easily, and at any time, for reasons that perhaps did not warrant a measure of such gravity, a group of deputies would promote a change that public opinion had neither the time nor the opportunity to consider, discuss, or oppose. Amendments to the Constitution must respond to evident national needs and must receive the support both of the governing majorities and of citizens entitled to express their views on the matter. In this way, the Constitution will acquire the necessary stability to guarantee respect for institutions and will be able to adapt through the necessary changes…” As demonstrated, the Board’s Draft historically adopted a consistent position on this particular matter, since this text confirms that its aim was to maintain and even increase the rigidity of the partial amendment procedure (procedimiento de reforma parcial).

This is evident in the statement of reasons for that draft, which took the view that the procedure that had been used pursuant to the provisions of the 1871 Constitution could devalue the constitutional text. Such distortion of the spirit of the Constitution or disregard for its principles, through the proposal and approval of amendments without the necessary process required to allow sufficient maturation through in-depth discussion, leads to the conclusion that the Board attached particular importance to the voice of the historical people.

IX.From all the considerations set forth in this judgment, it follows that the Legislative Assembly lacks jurisdiction (competencia) to adopt a partial amendment affecting fundamental rights (derechos fundamentales) and fundamental political decisions (decisiones políticas fundamentales) through the procedure established in Article 195 of the Political Constitution. In Article 132 of the Constitution, the National Constituent Assembly established regulations governing the political rights (derechos políticos) of those seeking the office of President or Vice President of the Republic. In the case before us in this judicial decision, subsection 1) prohibited reelection only for those who had held the Presidency at any time during the eight years preceding the term for which the election was held. The amendment enacted through Ley No. 4349 imposed a complete prohibition on presidential reelection, adversely affecting citizens’ political rights; in so acting, the Legislative Assembly, in the exercise of the constituent power to adopt partial amendments (Poder Constituyente de reforma parcial), exceeded the limits of its jurisdiction.

As a derivative amending power (poder reformador derivado), the Legislative Assembly is limited by the Constituent Power (Poder Constituyente) in its authority to amend the Constitution: it may not reduce, curtail, eliminate, or limit fundamental rights and guarantees (derechos y garantías fundamentales), citizens’ political rights, or essential aspects of the country’s political and economic organization. An amendment of that nature could be attempted only through the general amendment procedure (procedimiento de reforma general), governed by Article 196 of the Political Constitution, and in strict compliance with the provisions thereof. Having reached this point in the Court’s reasoning, it is appropriate to clarify that a partial or total amendment of the Political Constitution does not refer to the number of provisions amended, but rather to a qualitative aspect. It is qualitative in the sense that, if the proposed amendment entails a change to essential aspects of the nation’s political, social, and economic life, or a restriction of fundamental rights and guarantees, then even if it concerns only a single constitutional provision—or one of its subsections—the Legislative Assembly could not approve the amendment through the partial amendment procedure without violating the entire Constitution.

One of the common-sense reasons underlying the distinction between partial and general amendment is that the criterion for determining the scope of partial amendment authority must be qualitative rather than quantitative, because otherwise every constitutional provision could be amended through the former procedure—including those defining the source of the legislative power that enacts them—which would be a contradictio in absurdum, since it would imply that the Assembly could divest itself of its own constitutional jurisdiction and even alter the very source of constituent power, namely, the vesting of sovereignty. The objective, therefore, is to protect and defend the Constitution as a body of basic and fundamental rules within the legal system. The principle of constitutional rigidity (principio de rigidez constitucional), based precisely on the principle of popular sovereignty (principio de soberanía popular), has no purpose other than to ensure that the Statute embodying society’s ideological model, as well as its commonly shared convictions and values concerning Human Rights, is not altered.

Accordingly, to carry out a constitutional amendment such as the one challenged here, which limits a political right granted by the original constituent authority (constituyente originario), it is necessary to do so through the general amendment mechanism provided for in Article 196 of the Constitution, and the amendment must necessarily constitute an expression of the will of the people, which must be ascertained through the appropriate mechanisms. For the foregoing reasons, in the specific case—namely, the amendment to Article 132 of the Political Constitution enacted through Ley N°4349—the prescribed procedure was violated as stated above. Therefore, the logical and legal consequence of a constitutional amendment processed with a defect of that nature is its nullity (nulidad), since, as the Chamber has previously had occasion to declare, the procedural requirements that the Political Constitution takes particular care to specify are fundamental (“essential,” as stated in judgment N°5833-93), insofar as they are intended to strengthen the rigidity of its text, that is, to make amendment more difficult and to ensure respect for the fundamental rights that have been recognized.

X- CONSTITUTIONAL AMENDMENTS ADOPTED BEFORE THIS CHAMBER CAME INTO EXISTENCE AND THEIR CONSEQUENCES. As already considered, the amendment to Article 132 of the Political Constitution violated the constitutionally prescribed procedure. It is now appropriate to make a series of clarifications regarding what the Chamber decided in judgment N°1-92, of catorce horas del día siete de enero de mil novecientos noventa y dos:

“Nevertheless, based on the interpretation now given by the Constitutional Chamber as the interpretation most consistent with constitutional requirements—because it emanates from the body called upon by the Constitution itself to interpret it, and whose precedents and case law are also recognized as having binding erga omnes effect, by their nature and by the express provision of Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)—the constitutional practice in question must be understood to have been superseded by that interpretation...” This text was cited by the majority opinion in judgment No. 7818-00 to hold that, although the Law that amended Article 132 subsection 1) in mil novecientos sesenta y nueve violated constitutional procedure, because that violation arose from a constitutional practice prevailing at the time and applying the doctrine formulated in judgment N°1-92, it would not be possible in el año dos mil to declare the actions taken by the legislature null and void.

This criterion is now reversed, first because the present case does not involve what the judgment calls a constitutional practice (práctica constitucional), since it could only be described as a legislative practice (práctica legislativa) or international custom (costumbre internacional). Second, it cannot be said that we are dealing with a “constitutional custom” if it has been followed in only a limited number of amendments; and third, because the principle of constitutional rigidity does not permit the Constitution itself to be displaced. To clarify the foregoing, it is essential to explain what is meant by constitutional custom (costumbre constitucional).

XI. CONSTITUTIONAL CUSTOM

Custom may be a source of constitutional law (fuente de derecho constitucional) even in countries with written law (derecho escrito) whose Constitution is rigid. Custom is understood as a sufficiently prolonged practice by the highest bodies of the State of following a particular course of conduct outside, and even contrary to, the text of the Constitution, coupled with the belief that the usage in question is legally binding and must therefore be applied, provided that it does not affect a fundamental right or the political or economic system. Three forms of legal custom (costumbres jurídicas) may be identified: secundum legem, contra legem, and praeter legem. Secundum legem custom (interpretative custom) is that which consistently applies the constitutional text without contradicting its provisions and in accordance with its wording. Custom outside the Constitution, or praeter legem custom (gap-filling custom), is that which, outside the constitutional text, fills its gaps and introduces new rules on a matter for which the Constitution has made no provision.

Finally, contra legem custom is that which is contrary to the Constitution. Since ours is, in principle, a rigid Constitution, practices contrary to the Constitution must be assessed negatively, because, as an imperative of justice, alterations to the constitutional text must be made through the formal amendment procedure provided for in the written text. Consequently, when the practice is “contra Constitucionem,” the provisions must be applied as expressly enshrined in the Political Charter, because in our legal system that solution follows from the final paragraph of Article 129 of the Political Constitution, which states: “...a law is neither abrogated nor repealed except by a subsequent law, and disuse or contrary custom or practice may not be invoked against its enforcement.” Thus, a constitutional provision, which is substantively a law, is not repealed except by a subsequent one, and neither contrary custom nor practice may be invoked against its enforcement.

Consequently, constitutional custom may serve as a standard for constitutional review (parámetro del juicio de constitucionalidad), provided that it is not “contra constitucionem.” In accordance with the foregoing, it cannot be accepted that violations infringing fundamental rights may occur through the Legislative Assembly’s practice. In the situation examined in this action, what is detected with complete clarity is a violation of constitutional procedure arising from the amendment, restriction, and curtailment of a fundamental right. In view of the foregoing, that is why the Constituent Assembly designed the constitutional amendment framework by specifying with extreme precision who may initiate an amendment and even when; how it is considered and through which procedural mechanisms it is carried out—which, in both legal and ordinary terms, means nothing other than that this matter is not open to flexibility.

With respect to the fact that this Constitutional Chamber does not replace either the original or derivative Constituent Power, that is, that it does not “legislate,” judgment N° 5596-99 of 18:33 horas del 20 de julio de 1999 held as follows:

“The Chamber could indeed—and there would be nothing exceptional in doing so—declare that an article of the Constitution that has been amended is incompatible with the Constitution by identifying defects in the law that effected the amendment. It should be noted, however, that in such a case, what would be challenged is the latter law and not the fundamental provision itself...” Finally, the role, obligation, or mandate of a Constitutional Court is to defend the Constitution through an interpretation consistent with its principles, upholding the actions available to the nation’s inhabitants as safeguards and providing answers in accordance with its highest conception of justice, freedom, and equality; otherwise, the Constitutional Chamber would simply be abandoning its mission. Likewise, one of the passive intervenors (coadyuvantes pasivos) argues that the Constitutional Chamber may not review the proceedings for the amendment of article 132 of the Political Constitution because it was approved before the Chamber was established, and doing so would entail giving retroactive effect to the Ley de la Jurisdicción Constitucional, thereby violating article 34 of the Political Constitution.

As already stated, the jurisdiction of this Court derives from the Political Constitution itself—article 10—which provides that this body is responsible for ensuring that rules of any nature and acts governed by Public Law (Derecho Público) conform to the Political Constitution and to the instruments of International and Community Law (Derecho Internacional y Comunitario) in force in the Republic, regardless of the date of their approval. Articles 1 and 2 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional reiterate and develop the aforementioned constitutional provision; therefore, a declaration that a constitutional-amendment law, or an ordinary law predating the entry into force of the law governing this jurisdiction, is unconstitutional does not in any way violate article 34 of the Constitution.

XII. CONCLUSION

We find that the action is well-founded because a partial amendment was used, on the one hand, to restrict and, on the other, to eliminate a fundamental right (Derecho Fundamental). The right to reelection had been enshrined by the Constituent Assembly and is a constitutional guarantee of Costa Ricans’ political rights in the exercise of the right to elect, which is also enshrined in article 23 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana Sobre Derechos Humanos). The foregoing entails the annulment of the amendment made to article 132, subsection 1), of the Political Constitution by Law No. 4349 of 11 July 1969, and the provision as it stood before that amendment therefore regains force. This declaration has declaratory and retroactive effect as of the date on which the annulled provision entered into force; however, based on the constitutional principle of legal certainty (seguridad jurídica) and article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the effects of this judgment are delimited to provide that the acts arising from the amendment between the entry into force of law 4349 and its annulment as unconstitutional are valid.

Likewise, based particularly on the democratic principle and consistently with this ruling, this Chamber emphasizes that what this Court has reviewed is the procedure through which the constitutional amendment challenged herein was adopted, not the advisability of the institution of presidential reelection, because that decision falls within the exclusive authority of the original constituent power (poder constituyente originario). Justices Mora Mora and Arguedas Ramírez dissent and would dismiss the actions.

Therefore (Por tanto):

The actions are granted. Consequently, the amendment made to article 132, subsection 1), of the Political Constitution by Law Number 4349 of 11 July 1969 is annulled, and the provision as it stood before that amendment therefore regains force. This judgment has declaratory and retroactive effect as of the date on which the annulled provision entered into force. Pursuant to article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the effects of this judgment are delimited to provide that the acts arising from the amendment between the entry into force of law 4349 and this annulment are valid. A summary of this ruling shall be published in the Official Gazette “La Gaceta,” and the ruling shall be published in full in the Boletín Judicial. It shall be communicated to the Executive and Legislative Branches and to the Tribunal Supremo de Elecciones. Let notice be given.

Luis Fernando Solano C.

Chief Justice Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

NOTE BY JUSTICE JINESTA LOBO.

The undersigned concurs with and shares the majority’s reasoning for granting this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad); however, he adds the following:

I. TYPOLOGY OF PROCEDURAL NULLITIES ARISING FROM A VIOLATION OF CONSTITUTIONAL LAW

The central issue in these consolidated actions of unconstitutionality lies in the nature, significance, and seriousness of the defects committed during the processing of the partial constitutional amendment. Under this understanding, a breach of the constitutional procedural rules established for considering and processing a partial amendment to the fundamental text may result in two degrees of invalidity, namely:

(1) an irremediable nullity (nulidad insubsanable) and (11) a remediable nullity (nulidad subsanable).

II. IRREMEDIABLE NULLITIES

Absolute irremediable nullity (I), which consequently cannot be brought into conformity with the law, occurs in the following circumstances:

1°)-, when the Legislative Assembly uses the partial-amendment procedure to restrict, limit, or curtail the essential content (contenido esencial) of a Fundamental Right.

2°) When the Legislative Assembly, in exercising its derivative constituent power (poder constituyente derivado), fails to observe or comply with any of the substantive or formal requirements established in article 195.

The situation described in 1), involving absolute and irremediable nullity, occurs when the Legislative Assembly employs the procedure under article 195 for the purpose of curtailing, limiting, or restricting the essential content of a Fundamental Right. In this situation, based on a purposive and axiological analysis of Constitutional Law (Derecho de la Constitución), the procedure lacks a legitimate purpose, or its purpose is absolutely illegitimate in light of the constitutional standard or body of constitutional law (parámetro o bloque de constitucionalidad), which is composed, among other elements, of the Law of Fundamental Rights (Derecho de los Derechos Fundamentales). Indeed, the partial-amendment procedure is a mechanism of constitutional technique intended to ensure constitutional supremacy, permanence, and rigidity. Constitutional supremacy and rigidity reach their highest degree when the essential content of a Fundamental Right is reduced, limited, or rendered ineffective.

Fundamental Rights inform not only substantive or material constitutional rules but also procedural rules—whether formal or adjectival—and both types of rules must respect and observe them. The purpose of every procedural rule is to give effect to substantive rules and, more specifically, to Fundamental Rights, which are grounded in human dignity and, as such, predate and take precedence over any organizational and political structure. Procedural rules must implement and give full effect to Fundamental Rights by expanding and developing them, rather than curtailing or limiting them. Procedural rules must follow substantive rules as a shadow follows the body. Consequently, a constitutionally established procedure may not be used to restrict, limit, or curtail the essential content of a Fundamental Right. Fundamental Rights, which are often set forth in the dogmatic portion of constitutions, constitute the basis and foundation of the entire legal system; they predate the State, are grounded in the inherent dignity of every human being, strongly bind public authorities, and, as such, possess constitutional super-legality.

The restriction or limitation of the essential content of a Human or Fundamental Right, given its non-prescriptible and inalienable nature, results in absolute irremediable nullity. Within any constitutional state, popular sovereignty and the democratic legislature are limited by Fundamental Rights. Fundamental Rights bind the legislature both negatively and positively. In the negative sense, the legislature must respect them to ensure their full effectiveness; that is, they operate as a barrier or limit. In the positive sense, Fundamental Rights constitute a mandate, guiding principle, or program for the constituted legislature, which must therefore develop and define them while respecting their essential content—that is, the minimum and inalienable core, or limit upon limits, of each right. When developing Fundamental Rights, the constituted legislature must ensure the progressive strengthening and expansion of their effectiveness and, in general, their full realization, so as to prevent any regressive or restrictive regulation.

The guarantee of the progressive realization of Fundamental Rights is clearly and precisely embodied in several instruments of International Human Rights Law (Derecho Internacional de los Derechos Humanos). Thus, article 28 of the Universal Declaration of Human Rights provides that “Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized,” and, in the case of economic, social, and cultural rights, article 26 of the American Convention on Human Rights provides that “The States Parties undertake to adopt measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, with a view to achieving progressively the full realization of the rights implicit in the economic and social standards (...).” The role of the constituted legislature, even when exercising derivative constituent functions, is to give concrete effect to Fundamental Rights, not to diminish them, since the democratic legitimacy of the Legislative Assembly rests upon the cornerstone of the Fundamental Rights of its inhabitants.

In this regard, it must be borne in mind that laws derive their effectiveness from fundamental rights, not the reverse. This Constitutional Court has been entrusted by the fundamental law itself with the mission of optimizing Fundamental Rights by seeking to ensure that they become real and effective through an expansive and extensive interpretation of their content and modes of exercise and, above all, by giving preference to interpretations that provide them with the greatest effectiveness. This Constitutional Chamber is called upon to safeguard and protect Fundamental Rights, since without judicial protection or procedural safeguards there are no Fundamental Rights. This Constitutional Court, like any other court in a Social and Democratic State governed by the rule of law (Estado Social y Democrático de Derecho), exercises its authority by virtue of the principles of Justice, Equity, and Human Dignity, which aspire to permanence, unlike the constituted legislature, which exercises its authority based on the will of the majority, a standard that is inherently circumstantial and mutable.

As to the situation described in 2) concerning irremediable nullities, no ruling is made because, in the present matter, an irremediable nullity was established on account of the restriction or hollowing out of a Fundamental Right. Likewise, given the manner in which this matter is resolved, the circumstances involving remediable nullities (II) are not identified or discussed.

III. ON THE MERITS

In the partial constitutional amendment (reforma constitucional parcial) to Article 132, subsection 1), enacted by Ley No. 4349 del 11 - de julio de 1969, there can be no doubt that the procedure was used to curtail, limit, or restrict the human and fundamental right to be elected and to vote (derecho a ser electo y a elegir), enshrined in various international human-rights instruments and texts. Indeed, the prohibition preventing a former president from being reelected constitutes, in his particular case and that of his fellow citizens, a restriction or limitation on the essential content (contenido esencial) of the right to be elected and to vote, since he may not put forward his name as a candidate and citizens may not vote for him, with the consequent restriction of their electoral and voting options. Far from constituting an extrinsic limitation or boundary on the right to be elected, that prohibition is an absolute suppression of its essential content with respect to anyone who has previously held the office of President of the Republic, thereby completely emptying that right of its content in this particular case.

Under this interpretation, the partial amendment to Article 132, subsection 1), of the Political Constitution through Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969 is vitiated by incurable or absolute nullity (nulidad insubsanable o absoluta), because it limited the essential content of the citizens’ right to vote and completely emptied the right to be elected of its content in the case of former presidents.

Ernesto Jinesta L.

SEPARATE OPINION OF JUSTICE VARGAS BENAVIDES The undersigned Justice concurs with the majority opinion but considers it necessary to make the following observations concerning constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) number 02-005494-0007-CO.

I.Jurisdiction of the Constitutional Chamber. The constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) in Nombre2042 has been endowed with a power uncommon in comparative law: the possibility of subjecting not only subconstitutional provisions, but even provisions of the Fundamental Law itself, to constitutional review (juicio de constitucionalidad). This is fully compatible with the broad and open model of review designed by the derivative constituent power (constituyente derivado) and by the legislature when enacting the amendment to Articles lO, 48 Y 128 of the Political Constitution and the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional). It is evident, however, that the only matter this Chamber may adjudicate with respect to constitutional provisions is the procedure followed to approve an amendment to the Fundamental Law. The Constitution’s original provisions were enacted by a power subject to no limitations, at a time when the existing order had been ruptured and the prior system had consequently fallen into decline.

Likewise, both the original provisions and those resulting from partial or general amendments are exempt from review as to their substance. The substantive validity of constitutional provisions cannot be adjudicated, because doing so would require acceptance of the illogical proposition that provisions of fundamental rank are null because they violate other provisions of the same rank.

Nor may it be said that a constitutional provision, whether original or derivative, is invalid because it violates rules of international law, including those recognizing human rights. Nombre2042 is a unitary State that, although it has consented to undertake certain obligations by signing and approving various international treaties, has not thereby granted those instruments supraconstitutional rank, consistently with Articles 7° and 10 of the Political Constitution. This is reinforced by the fact that Ley 7135 (Article 73, subsection e)) permits international treaties to be declared unconstitutional. In other words, for purposes of domestic law, the treaty is subordinate to the Constitution, not the other way around. The fact that, where an international instrument recognizes rights more broadly than the Fundamental Law, the former rather than the constitutional provision must be applied does not involve a determination of hierarchy, but a determination of specificity (juicio de especialidad), under which the international provision is applied to a specific case because it affords greater protection than the fundamental provision.

Because it is not hierarchically superior to the Political Constitution, International Human Rights Law cannot serve as a standard for invalidating a constitutional provision. The principle of legal regularity (principio de regularidad jurídica) is the foundation of every system of constitutional review: under that principle, the validity of lower-ranking provisions rests on their conformity with higher-ranking provisions. Consequently, the content of constitutional provisions cannot be subject to review, because both original and derivative provisions have the same value—the highest in a democratic society. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, for its part, reinforces this position, since Article 73, subsection ch), clearly provides that a constitutional challenge shall be admissible “When a constitutional amendment is approved in violation of constitutional procedural rules.” In other words, the Act provided only for review of provisions emanating from the derivative constituent power—without distinguishing between partial and general amendments—and exclusively as regards the procedure employed.

Accordingly, in the present constitutional challenge, the Chamber may rule only on the procedure followed by the Legislative Assembly when amending Article 132, subsection 1), of the Political Constitution through Ley 4349 de once de julio mil novecientos sesenta y nueve.

II.Limits on constituent power. Consistently with the foregoing paragraph, the Chamber must clarify that Costa Rican Constitutional Law places no substantive limits, such as entrenched or unamendable provisions (normas pétreas o inmodificables); circumstantial limits, such as the impossibility of amendment while states of emergency are in force; or temporal limits, such as the impossibility of amendment during a specified period, on the exercise of derivative constituent power. The only limits applicable to the exercise of that function are purely procedural and are established in Articles 195, in relation to Article 124, and 196 of the Political Constitution. Constitutional provisions approved by the original constituent power (poder constituyente originario) are obviously not subject even to procedural limitations, because the exercise of that power entails an innovative function carried out in a normative vacuum.

As stated above, the amending derivative constituent power (poder constituyente derivado reformador)—the only form possible in a unitary State such as ours—is subject to formal limitations. First, the use of the procedures established in constitutional Articles 195 and 196 depends on the type of amendment involved. Thus, a partial amendment must be approved through the procedure established in Article 195: the body competent to carry it out is the Legislative Assembly, acting in strict compliance with the rules established in that same Article. If, by contrast, a general amendment to the Constitution is involved, the decision lies with a constituent assembly convened for that purpose by a qualified majority of two-thirds of the members of the Legislative Assembly. In that regard, if the Legislative Assembly approves an amendment to the Political Constitution through the procedure established in Article 195 for partial amendments, and the amendment is of such magnitude that it must be regarded as a general amendment, then the resulting amendment is vitiated by unconstitutionality and must necessarily be invalidated.

Whether an amendment is “general” or “partial” does not depend solely on quantitative criteria. It is clear that modifying the entire Fundamental Law or most of its articles constitutes a general amendment. Nevertheless, even small modifications, from a quantitative standpoint, may entail major transformations of the constitutional system and therefore properly fall within the scope of a general rather than a partial amendment. A change in the political system, the form of the State, or the democratic regime, or a reduction in the body of constitutionally recognized fundamental rights, among other matters, may constitute a modification of such magnitude within the constitutional system that its approval would require the convening of a constituent assembly under Article 196 and could not be undertaken by the Legislative Assembly itself under Article 195.

III.Violation in the specific case. In the present case, the amendment made to Article 132, subsection 1), of the Political Constitution pursuant to Ley número 4349 de once de julio mil novecientos sesenta y nueve is unconstitutional because it violated the procedural limits governing the function of amending the Fundamental Law. By approving the amendment in question, the Legislative Assembly limited the voters’ fundamental right to choose their leaders freely from among those persons who meet the requirements established in constitutional Article 131. By approving Ley 4349 and prohibiting presidential reelection, the Assembly curtailed a fundamental right that the original text had expressly recognized. In doing so, it produced a traumatic change in the constitutional system, which is based on broad recognition of individual rights, regressing in an area in which only continuous and sustained progress is permissible. Such progress does not alter the Constitution’s essential order in any way, because the supreme law protects a

State governed by rights, and consequently any increase in the body of recognized rights does not produce an essential, or general, modification of the Constitution, whereas a reduction in the scope of rights and guarantees does produce a serious transformation of the fundamental system and therefore cannot be approved through the partial-amendment procedure. By diminishing citizens’ right to choose their leaders freely from the broadest possible range of options and restricting that choice to persons who have not held the office of President of the Republic, the Legislative Assembly effected a general amendment to the Costa Rican constitutional system, even though that authority is vested exclusively in a constituent assembly under the terms of constitutional Article 196.

Consequently, the amendment enacted through Ley 4349 de once de Julio mil novecientos sesenta y nueve is invalid and must be so declared, thereby restoring the repealed provision—namely, the original text of subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution—to full force and effect.

Adrián Vargas B.

OPINION OF JUSTICE SOLANO CARRERA While placing on record my concurrence with the Chamber’s majority opinion, I consider it appropriate to make certain specific observations concerning matters as important as those addressed in judgment number 2003-2771, taking into account the opinions appearing in the case file and signed by Justices Jinesta Lobo (folio 634) and Vargas Benavides (folio 637).

I. ON THE QUESTION OF THE CHAMBER’S JURISDICTION

In the minority opinion in judgment No. 2000-7818, which I was responsible for drafting, it was clearly stated that those of us who decided in that manner did not address the merits, since the majority opinion had chosen to refer solely to the procedure followed by the Legislative Assembly for the constitutional amendment. As is known, that issue alone had been sufficient to produce a unanimous vote. But that simply means that, at that time, it was decided not to rule on the Chamber’s jurisdiction to address the merits of the constitutional amendment; this in no way precludes the issue from subsequently being revisited, as was done in judgment number 2003- 2771. Furthermore, as I demonstrate in the following recital (considerando), this issue had already been foreshadowed by the Constitutional Chamber practically since it began operating, and in all such matters my vote was also concurring.

II. THE LIMITS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY REGARDING

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS. CERTAIN PRECEDENTS.

Indeed, now that these constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) have been resolved, from my perspective it is important to emphasize that what the Chamber is now doing is in no way novel, since these issues had been matters of concern to it at various times.

By way of illustration, it is sufficient to cite certain precedents relevant to this case concerning the Constitution as the supreme law and the limits on its amendment.

FIRST PRECEDENT. In issuing its opinion on the amendment to Article 24 of the Political Constitution, in judgment number 678-91, the Chamber found it necessary to express an opinion on the substance of the bill and stated as follows: “VI. Regarding the substance, the Chamber considers it its duty to state that, if the intention is to guarantee citizens the right to privacy, the phrase authorizing the ordinary legislature to regulate the interception of ‘any type of communication’ entails removing the constitutional protection sought in the first paragraph of the amendment, or, in other words, leaving citizens no private sphere whatsoever...” The amendment addressed by this ruling was returned to the Legislative Assembly with an unfavorable opinion from the Chamber.

SECOND PRECEDENT. In the advisory opinion (opinión consultiva) contained in vote number 4848-95, when consulted regarding the amendment of several constitutional articles, the Chamber also anticipated issues concerning the substance of any constitutional amendment and the limits imposed on the Legislative Assembly in that regard. It stated as follows:

“...Likewise, the Chamber cannot fail to note that, in responding to this consultation, it has not examined the legislature’s powers concerning constitutional amendments, particularly with regard to the questions raised by the original framers when they sought to distinguish between the power to amend the Constitution and a Constituent Assembly—for example, when Deputy Gamboa Rodriguez posed the question: ‘How far may the Legislative Assembly go in amending the Constitution? May it, through an amendment, alter the political, social, or economic foundations upon which the Republic rests? For me, what is essential is that an article be drafted to protect the nation against constitutional amendments that fundamentally alter the structure of our democratic system. In such cases, the Assembly may not amend the Constitution, and a Constituent Assembly must be convened for that sole purpose.’ In other words, in this case the Chamber has ruled on the scope of the violations it detected in the procedure, without determining whether the subject matter of the consultation falls within the power to amend the Political Constitution, an issue it expressly reserves until such time as a consultation on the matter may be submitted...” (Recital VII. Italics are not in the original text).

THIRD PRECEDENT. In connection with another constitutional amendment bill, this time concerning the length of the presidential and legislative terms, the Chamber stated in the advisory opinion recorded as vote number 1438-95:

“...The Chamber recognizes the Legislative Assembly’s authority to exercise the powers conferred upon it by Article 195 of the Constitution in order to alter the duration of those terms to the extent proposed, increasing them from four to five years in all cases. The democratic principle, expressed from the very first article of the Constitution, and its corollary, the requirement of alternation in office (referred to in Article 9), which require periodic elections, would hardly be satisfied and could even be undermined if such elections were held at excessively long intervals for the purpose of filling the same offices. The Legislative Assembly would exceed the limits of partial amendment if, in setting a different duration for those terms, it did so in a manner that was clearly unreasonable or excessive—for example, by establishing terms lasting fifteen or twenty years. In such a case, the Assembly’s decision would distort the democratic principle and its necessary consequences. This means that the duration of the terms is a matter that the Assembly may regulate through partial amendment of the Constitution, provided that it does so within the bounds of reasonableness and of what political prudence advises” (Recital IV).

The foregoing texts refer only to some of the occasions on which the Constitutional Chamber has paused to analyze this essential issue.

Thus, it is clear to me that the amendment to subsection 1° of Article 132 of the Constitution, insofar as it curtails and at the same time severely impairs the rights to be elected and to vote, which are inherent in a genuine democracy such as that designed by the Framers of 1949, exceeds the constitutional-amendment authority that they granted to the Legislative Assembly.

III. THE VALUE AND RANK OF FUNDAMENTAL RIGHTS.....(doc de Nombre10023)

I agree with those who understand that International Human Rights Law is useful, first, as a reference point or interpretive criterion for a State’s legal system.

But alongside that utility, which is characteristic of circumstances in which an ordinary statutory provision must be enacted and even applied, International Human Rights Law also has, from a substantive perspective, a self-executing—and, I would add, direct—character, because it is not only part of Costa Rican domestic law in light of Article 48 of the Political Constitution, but is also incorporated with the highest normative status. For that very reason, it bears noting that the case law of the Constitutional Chamber has been consistent in this regard and has allowed me to vote as I have on this occasion, with the understanding that the constitutional amendment analyzed here has directly violated not only the principles and values of the Political Constitution, but also the American Convention on Human Rights, which, to our pride, was officially given the name PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Simply to substantiate my assertion, I cite at random some of the precedents that may be consulted on this issue, thereby also confirming, incidentally, that our legal system and legal concepts are fortunately atypical and highly advanced in comparison with those of other countries, not only in our region but worldwide.

FIRST PRECEDENT. In a matter concerning the domestic application of the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Constitutional Chamber stated that the rules and principles contained in international human-rights instruments rank above the Political Constitution. See judgment number 1919-1999.

SECOND PRECEDENT. The Chamber has held that the amendment of Article 48 of the Constitution created a new category of rules: treaties and, in general, international human-rights instruments applicable in the Republic, which supplement the bill-of-rights portion of the Constitution. See judgment number 3805-92.

THIRD PRECEDENT. On another occasion, the Chamber stated that international human-rights instruments must be understood to possess normative force “at the constitutional level,” conferred by Article 48 of the Constitution. See vote number 242-1-1998.

FOURTH PRECEDENT. On this occasion, the Chamber confirmed its position regarding the value and normative force of international human-rights instruments, but added that “they not only possess a value similar to that of the Political Constitution, but, insofar as they grant individuals greater rights or guarantees, they prevail over the Constitution...” In this regard, see judgment number 2313-1995.

FIFTH PRECEDENT. It is noteworthy that, in other judgments, the Chamber chose to apply an international human-rights instrument directly, as in cases involving the penal confinement of minors together with adults, or of accused persons together with convicted persons. In this regard, see judgments 3716-1999 and 4885-1999.

SIXTH PRECEDENT. Likewise involving the direct application of an international instrument, such as Convention 169 of the International Labour Organization, concerning the protection of Indigenous Populations. See judgment number 3515-1996.

SEVENTH PRECEDENT. In the judgment concerning the technique of in vitro fertilization, the Chamber directly applied the American Convention on Human Rights. See judgment number 2000-2306.

Clearly, this note is not intended to undertake an exhaustive examination of the Chamber’s doctrine in these matters, but may all that has been stated at least serve to make clear my view of the significance of incorporating International Human Rights Law into domestic law through the amendment of Article 48 of the Political Constitution, enacted in 1989, which constituted a momentous step toward consolidating our Constitutional State under the Rule of Law.

Luis Fernando Solano Carrera DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO) OF JUSTICES MORA MORA AND ARGUEDAS RAMIREZ (drafted by the latter) Justices Mora Mora and Arguedas Ramírez dissent and would dismiss the consolidated challenges.

I.Before setting forth the reasons for our disagreement with the majority’s decision, we consider it appropriate, given the characteristics of the present matter, to make certain preliminary observations.

  • a)The first is that, for the second time within the short span of less than three years, the Constitutional Chamber must examine the constitutionality of the statutory amendment to subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution, which, as is generally known, was the subject of judgment No. 7818-00 of cinco de setiembre de dos mil, in which we voted in agreement with Justices Piza Escalante and Sancho González. Needless to say, on that occasion we rejected the challenge. But this raises the question of whether the constitutional court acts lawfully in once again addressing the constitutional validity of the aforementioned law. In our opinion, the answer is yes, primarily because the Law on Constitutional Jurisdiction contains no express provision precluding it, and Article 76 of that same statute, which might offer some resistance to the solution we adopt, plainly refers to a different situation, one that has at times been called an “incidental challenge” (acción incidental), by reference to the first paragraph of Article 75 of the same Law.
  • b)The second is that, in this case, it is public and notorious that the matter before us is a decision which, for understandable reasons, is of keen interest to the national community, and especially to certain sectors of what is sometimes called the country’s “political class.” In this predicament, some might be inclined to think that it would be advisable for the Chamber to craft a ruling in keeping with the interests or preferences of those sectors—which, however, rarely share coinciding views on almost any matter—or reflecting those views that might be considered predominant or held by the majority. In our view, this is more than may ordinarily be expected of a constitutional court, because the logic of its decisions is based on the use of tools different from those employed by other State bodies with broad decision-making authority—such as the Legislative Assembly, for example—and consequently follows different paths and directions, such that it may easily arrive at solutions that contrast with what those views deem appropriate or advisable at a particular juncture.

Now then, in light of the considerations expressed jointly or separately by the Justices constituting the majority, our own reasons for dismissing the action are as follows.

  • a)The challenged provision, that is, the law amending subsection 1) of Article 132 of the Political Constitution, does not curtail the right to be elected (derecho a ser electo), nor does it constitute an absolute elimination of the essential content (contenido esencial) of that right, nor does it render its content devoid of substance. Since, when the right to be elected is discussed here, it refers specifically to elective offices and, more precisely, to offices filled by popular election, this right is recognized by the Constitution in a manner allowing it to be exercised subject to a set of eligibility requirements (requisitos de elegibilidad), grounds of ineligibility (causas de inelegibilidad), or disqualifying circumstances (motivos de impedimento), which in this regard shape it as a regulated right and therefore not as an absolute right. Moreover, it is a right to be elected to various offices, although not simultaneously; that is, to those offices which the Constitution provides shall be filled by popular election.

In other words, the content of the right concerns the possibility of holding various offices, such as President of the Republic, Vice President of the Republic, Deputy to the Legislative Assembly, or municipal Mayor or Councilor. Thus, a citizen who has served as President of the Republic, as a manifest result of exercising the right to be elected, retains intact the right to be elected to serve in other offices, although that citizen’s right to be elected to a particular office is certainly restricted (by virtue of the law challenged through this action). From the foregoing, we infer that the bar on reelection (impedimento para la reelección) to a particular office, notwithstanding the importance attributed to that office (at times with an implicit devaluation of other elective offices), is insufficient to characterize it as a curtailment, absolute (that is, total) elimination, or emptying of the essential content of the right to be elected.

  • b)The restriction contained in subsection 1) of Article 132 of the Constitution on the right to be elected, expressed through the bar on reelection to a particular office (that of President of the Republic) already held, does not infringe the essential content of that right. As we see it, the restriction applicable to reelection is grounded in political judgments—eminently within the province of the legislature—which, whether correct or not, seek to enhance opportunities for other citizens who have not attained the office to gain access to it, thereby intending to further the principles of equality, alternation in power (alternabilidad en el poder), and democratic participation (participación democrática).
  • c)The provision challenged through this action does not violate the content of the right to vote (derecho a elegir). As a necessary consequence of what was stated in the preceding paragraphs, the right to vote does not properly consist of the right to elect anyone to any office, but rather of the right to elect, within the framework of the guarantees of the democratic rule-of-law State (Estado democrático de Derecho), a person who is lawfully eligible to be elected. This is merely the logical result of the correlation between the two rights—the right to vote and the right to be elected—which makes it possible to fulfill the demands of democratic participation.
  • d)The amendment to subsection 1) of Article 132 of the Constitution neither alters the organization of the State nor modifies the constitutional framework regulating the national economy. In our judgment, the contrary cannot be demonstrated.
  • e)On the basis of the foregoing reasons, we maintain that the law amending subsection 1) of Article 132 of the Constitution is not contrary to the Constitution, and that the legislature validly exercised the power of partial amendment (potestad de reforma parcial) conferred upon it by Article 195 of the Constitution. But the conclusion we have reached ultimately requires us to address a ground of unconstitutionality (motivo de inconstitucionalidad) that we have not considered thus far and from the analysis of which the Justices constituting the majority state that they are excused by the nature of their decision. This ground reiterates an issue already considered by the Chamber in judgment No. 7818-00 of five September 2000, to which we referred at the outset; it asserts that the challenged law is unconstitutional because the time limit established in subsection 3) of Article 195 of the Constitution was exceeded during the legislative procedure through which it was enacted. Our position in this regard is the same as that expressed in the aforementioned judgment No. 7818-00, specifically in its recitals (considerandos) VII through XVI (all drafted by Justices Piza Escalante and Arguedas Ramírez, except XIV, drafted by the former); the transcription of those recitals is necessary as the conclusion to this dissenting opinion (voto salvado):

“D — Regarding the constitutional amendment procedure.

“VII — It is true that, with regard to the partial amendment of the Constitution that introduced the current text of subsection 1° of Article 132, through Law No. 4349 of 11 July 1969, the Committee provided for in subsection 3° of Article 195, constituted on 7 June and installed on 16 June 1966, did not submit its report until the following 15 July, after the eight-day period then prescribed by the constitutional provision had expired. The question before this Court is whether the failure to comply with the time limit and, consequently, the untimeliness of the Committee’s report constitute a defect invalidating the procedure (vicio invalidante del procedimiento), to the point that the amendment must be declared unconstitutional and consequently annulled. Regarding this decisive question, the Chamber holds, by majority, that the defect does not invalidate the procedure and therefore dismisses the actions as to this issue for the reasons set forth below.

“VIII — Article 195, which vests the Legislative Assembly with the power to amend the Constitution in part, does not confer unlimited authority upon the ordinary legislature. Rather, it subjects the exercise of that power to a special, heightened procedure (procedimiento especial agravado). In this respect, Article 195 has a dual character. First, it is instrumental: by granting the Assembly a power and a procedure through which to exercise it, it provides an appropriate means whereby the constitutional text, despite its aspiration to endure and remain permanent, and its resulting rigidity, may be adapted to the changes demanded by the times. Second, it is substantive or protective: because legislative power must adhere to Article 195 or, as that article itself states, because the Assembly must proceed “in absolute accordance” with its provisions, it protects the rigidity of the Constitution or, equivalently, the contents of the Constitution as a body of fundamental rules of the legal order, which cannot be amended through the ordinary procedure for enacting laws.

“IX — The phrase “in absolute accordance” does not mean, however, that the framework governing partial amendment of the Constitution is exhausted by Article 195 or, put differently, that the complete framework governing partial amendment is contained in that article. In Article 10 subsection b), the Constitution requires the bill to be referred to the Constitutional Chamber for consultation; in Article 121 subsection 22), it grants the Assembly the power of self-regulation, and it is well known that the Legislative Rules of Procedure (Reglamento legislativo), which result directly from the exercise of that power, contribute through many of their provisions, even if not specific, to governing the partial-amendment framework. Yet, if the actual course of the partial-amendment procedure is closely examined in almost any particular case, it is readily apparent that not even the Rules of Procedure, together with Article 195, fully establish the legal framework governing that procedure.

Broadly speaking, this framework is supplemented by usages, practices, customs, and conventions, which share the characteristic of being perpetuated over time without objection or controversy, all of which permeates and effectively guides the procedure with a conviction of legal validity, and is the inevitable result of the demands arising from the structure, composition, and operation of a representative and deliberative political body such as the Legislative Assembly. Hence, the body of law governing it—parliamentary law (Derecho parlamentario)—derives the dynamic and flexible character overwhelmingly recognized by legal scholarship and case law as both necessary and legitimate.

“X — Now then, the legislative origin of a proposal for partial amendment of the Constitution, the exclusion of the Executive Branch from initiating the bill and subsequently from vetoing the adopted proposal, and the fact that only much later does the latter ultimately become an amendment bill within the Assembly itself—such that it is the Assembly that autonomously conceives, deliberates upon, and constructs the text of the amendment—are closely related to the nature of constitutional amendment, even when partial, because they link the phenomenon to the nature of the Constitution-Amending Power (Poder Reformador de la Constitución). Moreover, the proceedings occurring between the proposal and the bill fall within what is clearly a preparatory phase, as subsection 5° of Article 195 states:

“Once it has been agreed that the amendment shall proceed, the Assembly shall prepare the corresponding bill through a Committee…”.

“In the interim, the Assembly—in plenary session—has several opportunities to decide whether to admit the proposal, advance it, or reject it. Subsection 2° of that same article expressly refers to the latter situation when it states that the proposal shall be read “to decide whether or not to admit it for debate”; all of which demonstrates, throughout every phase of the procedure, the leading role of the Assembly—in plenary session, which is the body exclusively entrusted with exercising the Constitution-Amending Power—and the merely auxiliary role of the committees referred to in that article. Their role is merely auxiliary because it is not decision-making in nature, nor could it be without encroaching upon a power that the Constitution conferred not upon them but, as has been seen, solely upon the Assembly itself, and without proceeding otherwise than in the “absolute accordance” required by the Charter.

“XI — Thus, with specific regard to the committee reviewing the proposal (Comisión dictaminadora), there can be no doubt that the time limit established in subsection 3 of Article 195 is mandatory, and that failure to issue a report (dictaminar), or to do so within the prescribed time, may be attributed as misconduct to its members, in accordance with the provisions of the Legislative Assembly’s Rules of Procedure (Reglamento legislativo). But, in light of the foregoing, it would be wholly illogical to recognize the need to preserve the integrity of the Assembly’s decision-making power in this matter—which belongs entirely to it—while at the same time inferring from the wording of Article 195 that a reviewing committee—or even a mere majority within it—has the actual ability to render that power ineffective, deliberately or otherwise, simply by refraining from issuing a report or by issuing one after the deadline.

It should be noted that the Assembly can act only after such noncompliance has already occurred, and it would be wholly illogical to punish this inability by depriving it of the power to achieve the specific purpose pursued through the exercise of that authority, namely, the partial amendment of the Constitution (reforma parcial de la Constitución). This, however, would be the result if the noncompliance were deemed capable not only of giving rise to a sanction against the members of the Committee—which is entirely understandable—but also of invalidating the proceeding and its outcome, as requested in these actions. Moreover, rather than being upheld by that result, the protective nature (carácter garantista) of the partial-amendment procedure, which has also been discussed here, would be violated by it, insofar as the Constitution’s Amending Power (Poder Reformador de la Constitución) would be prevented from adapting the Constitution and, to that extent, its durability, permanence, its very rigidity, and those same qualities of the legal order to which it aspires would be jeopardized.

“XII — The ancillary role of the reviewing committee referred to in subsection 3 of Article 195 must not, however, be underestimated. A simple reading of this article shows that the special procedure for partial amendment of the Constitution is deliberate and is designed so that the Assembly’s will is formed through successive deliberations and decisions intended to create opportunities for reflection, discussion, and agreement, all of which is fully consistent with the aforementioned protective nature of that procedure. It is in view of those requirements, which accord with principles such as democratic participation and transparency (publicidad), that this Court has already deemed the committee stage (trámite de Comisión) provided for in subsection 3 of Article 195 to be essential, as the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República) noted in his report. It is in this context that one can understand the constitutional amendment that extended the final limit of the period granted to the Committee from eight to twenty days, pursuant to Ley No. 6053 de 15 de junio de 1977, because, as already explained, the time limit is mandatory and, prior to its amendment, was manifestly insufficient for the full performance of the reporting function (función dictaminadora); but this does not permit the inference that noncompliance has an invalidating effect, much less once the Assembly’s Amending Power has been exercised.

The invalidating effect on the legislative procedure (procedimiento legislativo) attributed to exceeding the time limit results from an interpretation of certain expressions used in Article 195, particularly the statement that the amendment must be made “in absolute conformity” with the provisions of that article. Such an interpretation would mean, for example, that any failure to observe the six-day periods established in subsection 2 of that same article, between the readings preceding the Assembly’s first decision, would have the same invalidating effect, regardless even of the reasons explaining or justifying it.

“XIII — For purposes of deciding these actions, this Court has not undertaken the laborious task of identifying the possible cases in which violations of this nature may have occurred. It is established, however, that a significant number of laws partially amending the Constitution were enacted after the time limit in subsection 3 of Article 195 had been exceeded. In every case in which this occurred, the Assembly continued the procedure through to its intended conclusion. In determining the persistence, incidence, or recurrence of this phenomenon, it is immaterial that reports were issued within the time limit in other cases, because no issue could arise from that fact. According to the information gathered, this is therefore a repeated and unaltered practice, never contradicted or challenged, which is precisely what constitutes constitutional custom (consuetudo constitucional). Furthermore, it is evident that the legislature that enacted the challenged amendment followed an undisputed interpretation and, both before and after 1969, throughout every constitutional term and under all its different compositions, partially amended numerous provisions of the Constitution, all of which could be eliminated if this Court were to attach the extremely grave consequence of nullity to exceeding the time limit.

It has been argued that this invalidating consequence is immaterial, or an extralegal matter, because formal—or formalistic—rigor in constitutional interpretation must prevail over every other consideration; but rather than establishing the supremacy of the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución), this would distort it through a novel interpretation that is, moreover, inconsistent with the interpretation underlying a legislative practice that, taken as a whole, produced over the years a substantial amendment of the Constitution through successive reforms and that, in this Court’s judgment, became part of the Constitution’s meaning with full legal validity. This is neither foreign to rigorous legal reasoning nor, of course, irrelevant. On the contrary, this Court is keenly aware of the devastating consequences that accepting the petitioners’ argument would have for the integrity of the Law of the Constitution, its legitimacy as the fundamental body of rules governing the legal system, legal certainty (seguridad jurídica), and, ultimately, the very integrity and legitimacy of the law subordinate to the Constitution.

“XIV — To illustrate those devastating consequences, it is enough to observe that, out of a total of forty-eight partial amendments incorporated into the 1949 Constitution through those of 27 de mayo de 1999, only twenty would not be invalid because their reports were issued within the constitutional period—8 days until 1977, 20 thereafter—whereas the remaining twenty-seven—more than 56%, affecting 45 provisions, including nearly all the most important ones—would be invalid and, consequently, absolutely null and void because their reports were issued late. These include the amendments to Articles 157, concerning the composition of the Corte Suprema de Justicia (Ley #1749 de 8 de junio de 1954); 93, 95, 100, and 177, concerning suffrage, the composition of the Tribunal Supremo de Elecciones, and its budget (Ley #2345 de 20 de mayo de 1959); 73, concerning administration of the Seguro Social (Ley 2737 de 12 de mayo de 1961); again, 177, concerning the budget (Ley #2738 del 12 de mayo de 1961); 16, paragraph 1, concerning dual-nationality agreements (Ley #2739 de 12 de mayo de 1961); 106 and 171, concerning the composition of the Asamblea Legislativa and the election of municipal councilors (regidores municipales) (Ley #2741 de 12 de mayo de 1961); 111, concerning incompatibilities applicable to deputies (incompatibilidades de los diputados) (Ley #3118 de 16 de mayo de 1963); 49, creating the new Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 3124 de 25 de junio de 1963); again, 100 and 101, concerning the composition of the Tribunal Supremo de Elecciones (Ley 3513 de 24 de junio de 1965); 7, 33, 121, subsections 4) and 15), 141, subsection 10), 188, and 196, concerning international treaties and agreements, the principle of equality, legislative authority to approve treaties and loans, the authority of the Poder Ejecutivo to negotiate treaties, the autonomy regime of decentralized institutions, and even general amendment of the Constitution (Ley #4123 de 31 de mayo de 1968); 90, concerning the granting of legal majority and citizenship at 18 years of age (Ley #4763 de 17 de mayo de 1971); 75, which eliminated the legislature’s authority to exclude charitable institutions from social guarantees (Ley 4764 de 17 de mayo de 1971); 96, subsection e), and, subsequently, paragraph 2°, concerning financial contributions by the State to political parties (Leyes #4765de 17 de mayo de 1971 y #4973 de 16 de mayo de 1972); 78, concerning general basic education (educación general básica) (Ley 5202 de 30 de mayo de 1973); 10, paragraph 1, 124, paragraph 2, and 140, subsection 19), concerning the non-waivability of legislative power and the non-legislative nature of administrative acts authorized by law—previously known as law-contracts (contratos leyes)—(Leyes 5701 y 5702 de 5 de mayo de 1975); 76, which includes the title concerning education and culture (Ley 5703 de 6 de junio de 1975); 9, which added the Tribunal Supremo de Elecciones to the list of branches of government (poderes públicos) (Ley 5704 de 5 de junio de 1975); 85, concerning the financing of higher education (Ley 6052 de 15 de junio de 1977); 162, concerning the appointment of the president of the Corte Suprema de Justicia (Ley 6769 de 2 de junio de 1982); 124, concerning the creation of committees with full legislative power (potestad legislativa plena) (Ley 7347 de 17 de julio de 1993); 50, which included the right to a healthy and ecologically balanced environment (Ley 7412 de 3 de junio de 1994); 16 and 17, concerning the perpetuity of Costa Rican nationality (Ley 7514 de 6 de junio de 1995); 139, subsection 5), concerning travel outside the country by the president of the Republic (Ley 7674 de 17 de junio de 1997); and 78, concerning the financing of education (Ley 7676 de 23 de julio de 1997).

All of this is in addition to the amendment of Articles 10, 48, 105, and 128 itself (Ley 7128 de 18 de agosto de 1989), which incorporated into the Charter the new Jurisdicción Constitucional embodied in this Sala; and, of course, the amendment challenged here, to Article 132, subsection 1°, concerning the prohibition on reelection of the President and Vice Presidents (Ley # 4349 del 11 de julio de 1969). In fact, the reports on some of these amendments were issued after periods as long as 87 days, in the cases of Articles 157 and 49; 117 days, in the case of Article 7 and the other articles, including Articles 188 and 196; 173 days, in the case of Article 162; and 247 days, in the case of Articles 16 and 11… and the final four even after judgment N°6674-93, in which the Sala emphasized the importance of the committee stage for the first time.

“XV — Indeed, it fell to this Court, in judgment N° 6674-93 at 10:15 hrs. on December 17, 1993, and to no one else before it—an important fact, because it prevented the Assembly from promptly comparing its interpretation and practice with those of an authoritative interpreter of the Constitution—to characterize the defect referred to by the petitioners. On that occasion, in responding to a mandatory legislative consultation (consulta legislativa preceptiva), it held that the defect had invalidating effects, specifically in the sense of terminating the amendment procedure and causing the case file to be closed; a criterion it reiterated in No. 4453-99 at 9:45 hrs. on June 11, 1999, although it merely reproduced it, without questioning it or attaching particular importance to it, since in that case what it considered to invalidate the procedure was primarily the introduction in Plenary of amendments that had nothing to do with the original constitutional amendment bill.

It should therefore be noted that both precedents arose from legislative consultations, in which the Chamber may be, and usually is, stricter regarding procedural irregularities, which are easily remedied and occur before the Assembly’s constitutional will has been perfected; however, those precedents have never been replicated in the context of ex post constitutional review (control a posteriori de constitucionalidad), which is, by its nature, more disruptive and entails other serious consequences. In any event, between those two advisory opinions, the Chamber itself departed from the criterion adopted therein; for example, in its decisions No. 1394-94 of March 16, 1944, No 1314-95 of March 8, 1995, No. 2933-95 of June 7, 1995, and No. 1941-95 of April 18, 1995. In those cases, when required to examine the procedure followed for various partial amendments pursuant to the corresponding optional consultations (consultas facultativas), the Chamber declared that it had found no procedural defects capable of having invalidating effects. Moreover, this is the first case in which the Chamber, in exercising its ex post review jurisdiction, has ruled on this issue.

“XVI — Based on the foregoing considerations, this Court concludes that the defect attributed to the amendment of subsection 1° of Article 132 of the Constitution—namely, that the committee reviewing the amendment proposal did not issue its report within the eight-day period then prescribed by Article 195 subsection 1°—is not substantive—or essential—in nature and, therefore, neither invalidates the amendment nor affects the authority of the Legislative Assembly as the Constitution-Amending Power (Poder Reformador de la Constitución).” Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.

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Res: 2003-02771 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres.- Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre2653, mayor, casado, abogado y notario, con cédula de identidad número CED1396, vecino de Heredia; contra la reforma constitucional del inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política. Intervinieron también en el proceso en calidad de partes: Victoria Garrón Orozco, mayor, viuda, licenciada en letras, con cédula de identidad número CED30844, vecina de Santo Domingo de Heredia; Nombre60068, mayor, casado, ingeniero, con cédula de identidad número CED30845, vecino de Montes de Oca y Francisco Antonio Pacheco Fernández, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número CED30846, vecino de San José. Intervienen en calidad de coadyuvantes: Carlos Federico Tinoco Carmona, Fernando Lincoln Guier Esquivel, Hubert May Cantillano, Gerardo Trejos Salas, Nombre114179 y Javier Alonso Carrillo Chaves. Interviene además, Farid Beirute Brenes en representación de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas y cincuenta y seis minutos del 1 de julio de 2002 (folio 2), el accionante Nombre2653 solicita que se declare la inconstitucionalidad de la reforma constitucional del inciso 1) artículo 132 de la Constitución Política. Alega que en el procedimiento de reforma se violentó lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política, en cuanto al procedimiento de reforma de preceptos constitucionales. Estima que la reforma lesiona derechos fundamentales por la aplicación de criterios e interpretaciones erróneamente calificados y contrarios al sentido jurídico. Se impugna la norma en cuanto la prohibición a los expresidentes de la República de volver a ocupar la primera magistratura es a todas luces inconstitucional, por estimar que en la tramitación de la reforma al artículo 132 inciso primero, se incurrió en una grave violación del procedimiento legislativo, pues la comisión legislativa designada se constituyó el 7 de junio de 1996 (sic), se emplazó el 16 de junio de ese mismo año y rindió su informe el 15 de julio siguiente, según se puede corroborar en el expediente legislativo de la Ley número 4349 de 11 de julio de 1969, violentándose de este modo el plazo constitucional de veinte días establecido en el inciso 3 del artículo 195, y suprimiendo derechos del sujeto destinatario de la reforma, sea la colectividad, pues implica el derecho de los ciudadanos de elección.Además, estima que con la reforma impugnada se violentan los artículos 1, 2, 23 y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los derechos de libertad de elegir, de ser elegidos, así como la democracia electoral.
  2. 2Mediante memorial recibido en la secretaría de esta Sala a las nueve horas quince minutos del veintinueve de agosto de 2002 (folio 10), el accionante solicitó corregir error material, en cuanto a la fecha de creación de la Comisión Legislativa para estudiar la reforma constitucional, para que se leyera correctamente 7 de junio de 1966 en lugar de 7 de junio de 1996.
  3. 3Por resolución de las once horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de 2002 (visible a folio 11 del expediente), la Sala previno al accionante, para que dentro de tercero día cumpliera con las copias y timbres de ley.
  4. 4Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las quince horas cuarenta y un minutos del veintitrés de setiembre de 2002, el accionante cumplió con la prevención realizada en resolución de las once horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de 2002 (folio 18).
  5. 5Por resolución de las diez horas cincuenta minutos del treinta de setiembre de 2002 (visible a folio 19 del expediente), se le dio curso a la acción confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República.
  6. 6Mediante escrito recibido sin hora en la Secretaría de la Sala el once de octubre de 2002 (folio 25), Carlos Federico Tinoco Carmona solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo en la presente acción. Refiere que en la aprobación de la ley 4349 del 11 de julio de 1969, por medio de la cual se introdujo una reforma al artículo 132 inciso 1 de la Constitución Política, se produjo un vicio grave a las normas de procedimiento prescritas en el artículo 195 del mismo cuerpo normativo, al incumplirse el plazo de 20 días para que la Comisión rindiera el dictamen. Agrega que con ello se ha vulnerado el principio de legalidad, ya que el procedimiento establecido en la Constitución para las reformas parciales constituye un límite al poder constituido (Asamblea Legislativa), de este modo, la Constitución impide a la Asamblea Legislativa introducir reformas que no hayan cumplido dicho procedimiento, al irrespetarse esto, se violentó el plazo de 20 días en la tramitación de la ley 4349 del 11 de julio de 1969, lo que constituye una violación al principio de la supremacía de la Constitución Política. Considera además que mediante la reforma constitucional se eliminó la posibilidad de reelección presidencial que el texto anterior preveía por una sola vez, lo que afectó y limitó el derecho de los costarricenses a elegir, lo cual es básico y consustancial del régimen democrático.
  7. 7Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas treinta minutos del dieciséis de octubre de 2002 (folio 219), Fernando Lincoln Guier Esquivel solicita que se le tenga como coadyuvante activo. Señala que mediante la reforma constitucional realizada, se da una violación al derecho de elegir y ser electo, ya que todos los habitantes son jurídicamente iguales sin discriminación alguna. Manifiesta que con la reforma se violenta el fuero humano de elegir y ser electo, por cuanto el impedimento de la reelección infringe la Convención Americana que obliga a respetar los derechos y libertades concedidas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación alguna y no es dable limitarlos. El artículo 23 de la Convención establece dentro de los derechos políticos la participación ciudadana en la dirección de asuntos públicos, el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal y el acceso en condiciones de igualdad a los ciudadanos a las funciones públicas del país, y no autoriza a prohibir, ni el acceso, ni la oportunidad por haber accedido anteriormente en el ejercicio de la función pública.Agrega que el artículo 24 del mismo cuerpo normativo establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho sin segregación, a igual protección en cuanto a acceso y oportunidad de elegir y ser electos, hayan sido o no anteriormente nominados. Por ende, al violentar la Convención se viola el artículo 7 de la Constitución Política. Considera que la ley No. 4349 de 1969 que estipuló la prohibición a la reelección es contraria a la Convención emitida en 1970 en cuanto al derecho a elegir y ser electo. Manifiesta que Costa Rica, al adoptar y ratificar la Convención, adquirió un compromiso internacional sin hacer reserva alguna con relación a la reelección presidencial. Así las cosas, la reforma constitucional infringe el artículo 23 de la Convención, toda vez que la prohibición a la reelección violenta no solo el fuero humano de ser elegido en condiciones de igualdad -discriminándolos por haber ejercido antes la presidencia de la república-, sino el de todos los costarricenses de votar en elecciones periódicas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores, en este caso, la libre voluntad de reelegir a un expresidente de la república en condiciones de igualdad.Los derechos pueden ser reglamentados en los casos taxativamente enumerados en la Convención, a saber; edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena en proceso penal, pero no por haber sido presidente electo libremente por los ciudadanos. El artículo 29 del cuerpo normativo dispone que ninguna disposición puede ser interpretada en sentido de permitir a alguno de los Estados suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto de San José. Agrega que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en el artículo 73 medidas para tutelar derechos humanos para garantizar su libre y pleno ejercicio.
  8. 8Mediante resolución número 9906-2002 de las quince horas con diez minutos del quince de octubre de 2002, la Sala ordenó acumular la acción de inconstitucionalidad presentada por Garrón Orozco, Nombre60068 y Pacheco Fernández, que se tramita bajo el expediente número 02-008427-0007-CO, a la acción que se tramita bajo este expediente, por cuanto ambas impugnan la reforma al inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política.
  9. 9Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las ocho horas cincuenta y tres minutos del diez de octubre de 2002 (folio 231), Victoria Garrón Orozco, Nombre60068 y Francisco Antonio Pacheco, presentan acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al inciso1) del artículo 132 de la Constitución Política y manifiestan que esta reforma que introdujo la prohibición de la reelección fue aprobada mediante un procedimiento diferente al establecido en el artículo 196 de la Constitución Política, generando un vicio de incompetencia o procedimental. Alegan que el Poder reformador consagrado en el artículo 195 de la Constitución es diferente al Poder Constituyente establecido en el artículo 196 del mismo cuerpo normativo. Consideran que el Poder Reformador es parcial y reglamentado, y el órgano encargado de la revisión constitucional se encuentra subordinado al orden establecido en la Constitución que regula su ejercicio, estructura y procedimiento, esto en razón de ser un órgano constituido. La soberanía popular se opone a que un órgano tenga un poder ilimitado. De tal forma que el ejercicio del poder reformador de la Constitución está sujeto a un límite concreto en cuanto a la materia objeto de la reforma, por lo que impide que la Asamblea Legislativa pueda por vía de la reforma parcial introducir cambios radicales en el régimen político social o limitar derechos fundamentales. La Asamblea Legislativa, por medio de reformas parciales sólo puede modificar la Constitución Política en aquellos aspectos que no interfieran con las decisiones políticas fundamentales establecidas por el constituyente originario, como son los derechos fundamentales. Adicionan que los principios políticos, económicos, sociales y el régimen de los derechos fundamentales aprobados por el Constituyente Originario (Asamblea Constituyente) o Constituyente Derivado (Asamblea Constituyente convocada para la reforma general de la Constitución Política) sólo pueden ser reformados por estos mismos órganos, pero nunca por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de las potestades que le confiere el artículo 195 de la Constitución, por cuanto la Asamblea es un poder constituido con limitaciones. Afirman que en cuanto a derechos fundamentales, las reformas parciales únicamente son válidas cuando los mejoran o refuerzan, pero que, cuando la reforma restringe o limita derechos fundamentales, esa reforma es competencia de una Asamblea Constituyente convocada al efecto, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 196 de la Constitución Política. Según el principio “pro libertatis”, los derechos fundamentales deben interpretarse extensivamente en todo aquello que los pueda favorecer, y restrictivamente en todo aquello que los limite. De la misma forma, el principio “pro homine” establece que el Derecho debe interpretarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. La Constitución de 1949 estableció límites a la reelección presidencial, y fijó un plazo de 8 años de espera luego de haber concluido el periodo presidencial, para poder aspirar nuevamente al cargo. En las Constituciones anteriores la reelección sólo era prohibida en forma sucesiva, sin embargo, al ser esta reforma producto del Constituyente originario, no tiene limitaciones. En 1969, la Asamblea Legislativa, en ejercicio del poder reformador, modificó el inciso1) del artículo 132 de la Constitución, y prohibió del todo la reelección, asumiendo una competencia vedada, ya que utilizó los procedimientos establecidos en el numeral 195 de la Constitución, cuando en realidad debía usar el procedimiento establecido en el artículo 196 del mismo cuerpo normativo. En todo caso, la ley 4349, que reformó el inciso1) del artículo 132, es inconstitucional por presentar un vicio en su iter de aprobación. El procedimiento de reforma parcial previsto en el numeral 195 no es el idóneo para aprobar tal reforma, por cuanto cualquier limitación a derechos fundamentales de los expresidentes a ser elegidos a un cargo de elección popular y de los electores de poder votar por los expresidente es competencia del poder constituyente originario o derivado, pero nunca del poder reformador, el cual es un poder limitado competencialmente por ser un órgano constituido. La ley está viciada de nulidad por violación de un requisito procedimental fundamental. El procedimiento aplicable era el establecido en el artículo 196 y no el procedimiento de reforma parcial previsto en el numeral 195. Sólo se pueden adoptar por la vía de reforma parcial, aquellas reformas constitucionales que no afecten principios o valores fundamentales, ni disminuyan derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política o incluso aquellos con valor supraconstitucional según el principio de rigidez constitucional. En el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a una reforma que limita un derecho político dado por el constituyente originario, por lo que debe ser realizada a través de los mecanismos de reforma general y debe ser reflejo fiel de la voluntad del pueblo. La reforma al artículo 132 de la Constitución Política debe anularse por haberse utilizado un mecanismo erróneo de reforma, por ende debe entenderse como vigente el texto original de dicho artículo. Aún y cuando fuere adecuado el mecanismo establecido en el artículo 195 de la Constitución, existió una violación al procedimiento establecido y una reforma constitucional producida en violación del procedimiento, la cual es nula y así debe decretarse con los efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma mediante la cual se dio la reforma. Existen decenas de reformas constitucionales que se encuentran en igual situación, situación que no puede enervar la aquí accionada. Para una reforma constitucional la Asamblea Legislativa utiliza un poder discrecional y ella decide cuando lo utiliza, pero una vez que lo decide queda sometida a un iter absolutamente reglado. Solicitan que se declare con lugar la acción.
  10. 10La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 243 a 277. Señala que la acción presentada por el señor Nombre2653 es una copia de la tramitada bajo el expediente 99-007428-0007-CO y que la Sala no ha dictado modificación alguna a lo resuelto, por lo que la Procuraduría debe reiterar lo expresado en el informe de la acción anterior, en el sentido que la Ley de la Jurisdicción Constitucional no estableció expresamente la posibilidad de que la Sala conociera acciones de inconstitucionalidad contra el contenido de la Constitución Política, ya sea en su versión original o introducidas mediante reformas parciales a ésta. La Sala fue creada para declarar la inconstitucionalidad de normas de cualquier naturaleza, como garantía para hacer efectivo el principio de que las normas infraconstitucionales deben sujetarse al bloque de constitucionalidad y la regulación de un procedimiento agravado para la realización de una reforma constitucional, tal y como el establecido en el artículo 195 de la Constitución.Los Tribunales Constitucionales deben estar subordinados a la Constitución, y no puede sustituir la voluntad de un pueblo, quien la delega en una Asamblea Constituyente o en la Asamblea Legislativa que actúa conforme al artículo 195. El Juez Constitucional, en su función de interpretación y aplicación de la Constitución Política, no puede sustituir o invadir las potestades del constituyente para reformar el texto de la Constitución Política. La Jurisdicción Constitucional está obligada, por lo menos, a señalar los inconvenientes o peligros en el ejercicio del poder reformador, en cumplimiento de colaborar con el poder constituyente, como órgano consultivo y no vinculante. Es atribución de la Asamblea Legislativa y no de la Sala Constitucional, determinar la oportunidad de modificar las normas de la Constitución Política, según lo expresado por la misma Sala en la Sentencia 720-91, del 16 de abril de 1991.La Sala no ha declarado nunca la inconstitucionalidad de una norma de la Constitución tomando como parámetro de constitucionalidad los instrumentos internacionales vigentes en el país. Estos instrumentos complementan el ordenamiento jurídico en cuanto favorezcan a la persona, pero no se puede interpretar que los tratados internacionales sobre derechos humanos tengan una jerarquía superior a la Constitución Política, ya que si esto fuera así, sería necesario reformar la Constitución misma. La prohibición de la reelección no viola principios esenciales del Estado de derecho. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habilita la posibilidad de restringir el derecho de ser electo y de elegir cuando por ley se establezca tal restricción en razón de la edad, nacionalidad, residencia, idioma, capacidad civil o mental o condena en proceso penal, pero no establece la prohibición para que normas constitucionales establezcan otros criterios de elegibilidad para el acceso a cargos públicos.El Constituyente se encuentra facultado para exceder o restringir las disposiciones de un convenio o tratado. El legislador constituyente puede impedir a un expresidente el reelegirse, en razón de que al haber ocupado el cargo ya ejerció sus derechos constitucionales y los del tratado. La Sala Constitucional puede conocer de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra normas de la Constitución únicamente cuando en la producción de éstas se hayan violentado trámites esenciales previstos por la propia Constitución, y esto es sólo ante una reforma parcial que está sujeta a un procedimiento especial. Nuestra Constitución Política es rígida, y por ello es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Cuando la Asamblea Legislativa utiliza el procedimiento constitucional actúa como poder constituyente derivado y se encuentra sujeto al texto constitucional únicamente por violación de normas constitucionales de procedimiento.La Sala puede declarar la inconformidad de un artículo de la Constitución Política que ha sido objeto de una reforma por vía del señalamiento de vicios en la ley que operó la modificación. Lo atacado sería el procedimiento de aprobación de la reforma, y no el contenido de la norma fundamental. Le corresponde a la Asamblea Constituyente o a la Asamblea Legislativa, actuando como poder reformador, la determinación acerca de las normas que integrarán la Constitución Política. Aspectos como la reelección presidencial o diputadil, no pueden ser definidas por la Sala, ya que ésta es un órgano que no tiene legitimación ni representación democrática, ni por un convenio internacional, por lo que resulta inadmisible la acción en contra de la reforma al artículo 132 de la Constitución. En cuanto al trámite de reforma del artículo 132 inciso 1) de la Constitución; el día 7 de junio de 1966 la Asamblea Legislativa nombró la Comisión Especial para dictaminar sobre la propuesta.Al día siguiente, y con motivo de la renuncia de uno de los miembros, se nombró al sustituto y la Comisión quedó nuevamente integrada. El 16 del mismo mes, la Comisión se instaló y no fue sino hasta el 15 de julio del mismo año que la Comisión rindió el informe requerido. Para esa época, el plazo para dictaminar lo establecido en el artículo 195 era de 8 días. Evidentemente, el dictamen fue emitido fuera del plazo previsto constitucionalmente, por lo que en efecto existió un vicio en el procedimiento de tramitación de la reforma. Cabe preguntarse si el vicio es o no esencial. Los constituyentes consideraron como trámite esencial dentro de una reforma constitucional la designación de una Comisión Especial para que se pronunciara sobre la propuesta de reforma, y garantizaron la representación de las fuerzas ideológicas presentes en el Parlamento, al obligar a que los miembros de esa comisión fueran nombrados por mayoría absoluta del pleno de la Asamblea y es el pleno del Congreso el que resuelve en definitiva si se acoge o no la propuesta de dicha Comisión.Los constituyentes también evidenciaron que al plazo no se le atribuía ninguna característica especial, aunque existía anuencia para su ampliación, por lo que se trataba de un plazo ordenatorio y no perentorio. Los fines del procedimiento agravado de reforma constitucional son: pausar el procedimiento para que sea una decisión meditada y que sea de amplio conocimiento de la ciudadanía, entre otros. La Comisión no se encuentra facultada para modificar el contenido de la propuesta de reforma aunque sí puede sugerir reformas, por lo que el informe de la Comisión Especial adquiere la relevancia de ser un requisito esencial en el trámite. En relación con el procedimiento en el caso concreto; si en el procedimiento la propuesta de reforma es alterada de modo tal que pudiese decirse que la propuesta de enmienda dictaminada por la Comisión y la aprobada por el Plenario son dos propuestas diferentes carentes de relación entre sí, se incurriría en una desnaturalización del procedimiento para la reforma y se produciría una infracción de la Constitución Política.Resulta ser que existe una modificación sustancial en el contenido de lo aprobado en primer debate y lo dictaminado por la Comisión, constituyéndose una infracción al procedimiento constitucional de reforma parcial (voto 4848-95). Según antecedentes de la Sala, el nombramiento de una Comisión especial para que dictamine sobre la propuesta de reforma constitucional y la emisión de un dictamen por parte de la Comisión, son requisitos esenciales del procedimiento de reforma constitucional, pero la Sala no indica que el plazo que tiene la comisión para pronunciarse sea un requisito esencial de este trámite. Si la existencia de plazos se ubica dentro del espíritu de lo que es el trámite de una reforma constitucional, lo que se establece entonces son plazos ordenatorios y no perentorios, cuya violación no desvirtúa la finalidad del procedimiento. El plazo así establecido, es para que no pueda continuarse el procedimiento de reforma hasta tanto la Comisión especial no haya emitido su dictamen, y al haber entrado a conocer el dictamen aún sabiendo que se encontraba fuera del plazo, convalidó el error procedimental (artículos 168 y 63 de la Ley General de Administración Pública).La competencia no se extingue por el transcurso del plazo, salvo norma expresa en contrario, que en este supuesto debería considerarse expresamente en el texto constitucional y no se establece nada al respecto. Según el principio de conservación del acto administrativo, cuando existe duda sobre la existencia de un vicio, debe estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto, por lo que debe tenerse como válida la norma constitucional introducida mediante una reforma constitucional y entenderse como vigente y aplicable desde 1969. La Sala ha admitido en su jurisprudencia la posibilidad de que existan suspensiones al plazo que tiene la Comisión Especial para dictaminar, aspecto no previsto expresamente en el texto constitucional, por lo que se está ante un plazo perentorio que no está sujeto a ninguna sanción y que permite la prórroga de la competencia para pronunciarse. La ley cuestionada ya se encuentra vigente y forma parte del ordenamiento jurídico, por lo que en el caso hay una confrontación entre la voluntad del poder constituyente ya plasmada en una ley y la competencia de la Sala.La Sala debe hacer prevalecer la voluntad ya manifestada por la Asamblea Legislativa en su labor de poder constituyente frente a una interpretación rígida del texto constitucional del artículo 195, que al final hará prevalecer el criterio de la Sala al obligar a desaplicar una norma constitucional integrada al ordenamiento por un vicio que no afectó esencialmente el procedimiento. Considera que la Sala debe declarar la inadmisibilidad de las acciones, en cuanto cuestionan el contenido de normas constitucionales. En relación con el tema del vicio de procedimiento de la reforma introducida al artículo 132 inciso 1), se considera que el hecho de que la Comisión haya dictaminado fuera del plazo previsto en la Constitución no constituye un vicio grave de procedimiento, y consecuentemente, procede rechazar la acción en este aspecto por el fondo.
  11. 11Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las catorce horas cuarenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil dos (folio 278), el señor Hubert May Cantillano solicita se le tenga como coadyuvante activo. Alega que el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para conocer acciones de inconstitucionalidad sobre reformas constitucionales que contengan vicios de procedimiento, y que en este caso, la Comisión rindió su informe fuera del plazo establecido en el artículo 195 de la Constitución Política que se encontraba vigente al momento de su promulgación y siendo este un requisito esencial, la reforma deviene en absolutamente nula y por ende, debe ser eliminada del ordenamiento jurídico y de esa manera debe declararse. Hace alusión a las diferentes reformas a la Constitución en las cuales también se dio este vicio en el procedimiento, por lo que solicita se declare inconstitucional el inciso 1) del artículo 132 de la Constitución, al igual como se deberán declarar las demás reformas.
  12. 12Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 196, 197 y 197 del Boletín Judicial, de los días 11, 14 y 15 de octubre de 2002 (folio 213).
  13. 13Por memorial recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil dos (folio 342), el señor Gerardo Trejos Salas solicita se le tenga como coadyuvante pasivo en la presente acción y alega que según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la acción no procede por referirse al fondo de la reforma constitucional, la cual fue voluntad y decisión del legislador en su carácter de Poder Constituyente, lo cual se encuentra fuera del control constitucional. Manifiesta que la acción procede únicamente en cuanto se refiere a vicios procedimentales en la aprobación de la reforma. Considera como un absurdo el que se catalogue a la norma impugnada como una norma pétrea que sólo puede ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente. Señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite establecer limitaciones al derecho a ser electo, por lo que la reforma no violenta el Derecho Internacional.Además, nadie ha demostrado que el derecho a la reelección sea un derecho humano o fundamental. Considera que el procedimiento utilizado por la Asamblea Legislativa es el correcto, por cuanto el poder de reforma parcial de la Constitución está diseñado para modificar todo aquello que no transforme sustancialmente los principales y más fundamentales pilares de la sociedad y del Estado de Derecho. Agrega que el impedimento de la reelección es compatible con los postulados esenciales que definen la democracia y al Estado de Derecho, aún y cuando existe un vicio en el incumplimiento del plazo de ley para rendir el informe por parte de la Comisión, el principio de conservación de los actos parlamentarios opera a favor de la validez del impedimento. En todo caso, el plazo establecido, antes de ser perentorio es ordenatorio. Solicita declarar improcedente y rechazar por el fondo la presente acción.
  14. 14Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas dieciséis minutos del treinta de octubre de dos mil dos (folio 358), Nombre114179 solicita se le tenga como coadyuvante y manifiesta que una norma solamente puede tener valor y eficacia de norma constitucional cuando se ha seguido con absoluto apego al procedimiento que señala el artículo 195 de la Constitución Política. En consecuencia, como la Convención Americana no siguió tal procedimiento, no puede tener igual o mayor rango que la Constitución misma. Aceptar lo contrario sería aceptar que la Constitución puede ser alterada o derogada utilizando los trámites normales para la aprobación de la ley ordinaria. La Constitución está por encima de los Tratados Internacionales. Señala que del dicho del accionante no se desprende de qué manera el artículo 132 inciso 1 contradice el principio de democracia electoral, que según afirma se encuentra consagrado en la Constitución Política, pero sin indicar la norma a partir de la cual construye o deduce tal principio.Por otro lado señala que no es válido argumentar inconstitucionalidad e irregularidad de un voto de la Sala cuando, ese órgano actuó en el ejercicio de una potestad que le otorga nuestro ordenamiento. Indica que no existe legitimación para admitir la acción, puesto que los argumentos del accionante ya fueron debidamente resueltos. Su pretensión se traduce en la disconformidad que siente con el voto de la Sala No. 7818-00. A su criterio esta acción es un recurso de revisión contra un fallo firme y definitivo de una autoridad judicial. Aceptar la acción implica debilitar la fuente de autoridad y la base de confianza que tiene la Sala Constitucional.
  15. 15Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas cuarenta y un minutos del primero de noviembre de dos mil dos(folio 368), el señor Javier Alonso Carrillo Chaves solicita se le tenga como coadyuvante pasivo y manifiesta que por haberse ya resuelto una acción de inconstitucionalidad referente al asunto, debe rechazarse de plano la presente acción. Señala que es improcedente e inaceptable que la Sala declare la reforma constitucional como inconstitucional por el procedimiento efectuado, ya que le estaría dando efectos retroactivos a la ley de la Jurisdicción Constitucional al ventilar lo efectuado 20 años antes de nacer el ordenamiento jurídico costarricense y tratándose de una situación jurídica consolidada. Solicita que se declare sin lugar la presente acción.
  16. 16Por resolución de las once horas cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil dos (folio 373), se tiene por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República, en resolución de las diez horas cincuenta minutos del treinta de setiembre de 2002. Asimismo se tienen por hechas las manifestaciones de Carlos Federico Tinoco Carmona (folios 25 a 29 y 214 a 218), Fernando Lincoln Guier Esquivel (folios 219 a 228), Gilbert May Cantillano (folios 278 a 281), Gerardo Trejos Salas (folios 342 a 357), Nombre114179 (folios 358 a 367) y Javier Alonso Carrillo Chaves (folios 368 a 372), las cuales serán resueltas en el momento procesal oportuno.
  17. 17Mediante memorial presentado a las once horas nueve minutos del quince de noviembre de dos mil dos, Fernando Lincoln Guier Esquivel solicita se le tenga formalmente apersonado como coadyuvante activo (folio 374).
  18. 18Por escrito presentado a las dieciséis horas veintidós minutos del diecinueve de noviembre de dos mil dos, Nombre114179 manifiesta su acuerdo con lo expresado con el señor May Cantillano en cuanto a la deviniente inconstitucionalidad también de todas las reformas que éste señala, por lo que estima que en el caso de que la Sala declarare con lugar esta acción por vicios al procedimiento, deberá dictar con lugar todas las demás reformas (folio 375).
  19. 19Por resolución de las quince horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de 2002 (folio 378), se tuvo por ampliada la acción de inconstitucionalidad y se le dio audiencia a la Procuraduría General de la República para que se refiriera a los nuevos argumentos.
  20. 20La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 386 a 410. Señala que el hecho de que la Comisión Especial emitiera su dictamen fuera del plazo establecido en el numeral 195 no constituye un vicio sustancial. La Sala tiene competencia para conocer sobre la constitucionalidad de reformas constitucionales, ejerciendo control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de reforma constitucional y como control a posterior mediante acciones de inconstitucionalidad, cuando en un procedimiento de reforma constitucional se hubiesen violado normas constitucionales de procedimiento, la Sala es por otra parte incompetente para verificar la constitucionalidad del contenido de las normas constitucionales. Sobre la confrontación entre tratados internacionales y la constitución, la Constitución Política no prevé expresamente la posibilidad de esta confrontación. Estima que la Sala es incompetente para revisar el contenido de una reforma constitucional.Señala que la Sala sí puede resolver sobre los vicios del procedimiento que pueden darse en el trámite de una reforma constitucional. Indica que si bien a nivel de la Sala Constitucional sí parece haber diversas opiniones al respecto, la mayoritaria se ha inclinado por la incompetencia de la Sala para revisar el contenido de una reforma constitucional, tesis que este órgano asesor sigue sosteniendo, a pesar de que reconoce la discusión al respecto. En cuanto a la reforma, estima que ésta sí vino a limitar el derecho de elección de los ciudadanos al imposibilitar a los costarricenses volver a elegir a una persona que ya hubiese sido Presidente, cuando el texto original aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente y en consecuencia con mayores poderes que el ejercicio de poder derivado reformador con que cuenta la Asamblea Legislativa sí permitía que un expresidente pudiera volver a ser presidente, si hubiesen transcurrido 8 años después del período para cuyo ejercicio se verificare la elección.Desde esta perspectiva, la Sala sí podría analizar si la Asamblea Legislativa, al aprobar la reforma, excedió los límites de su competencia de poder reformador, por ser un tema que tenía que ser discutido y aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente, por tratarse del establecimiento de una limitación a un derecho ya garantizado constitucionalmente, como un aspecto relacionado con el procedimiento de aprobación de la reforma.
  21. 21Por escrito recibido el nueve de enero del dos mil tres (folio 411), el Dr. Francisco Antonio Pacheco Fernández aporta aspectos de la doctrina española, italiana y alemana, para sostener entre otras cosas que en algunos de estos países existen límites competenciales expresos, como la prohibición de reformar la forma republicana de gobierno, pero que la doctrina de estos países reconoce de forma unánime que dentro de los límites implícitos de la reforma constitucional está necesariamente incluido el régimen de los derechos fundamentales, por tanto, la función de revisión constitucional no puede modificar el régimen de los derechos fundamentales para desmejorarlos o incluirle limitaciones no autorizadas por el constituyente originario, sólo puede modificarlos para otorgarles mayores garantías o para fortalecerlos. Reitera su pretensión de que la presente acción sea declarada con lugar.
  22. 22En memorial recibido el veintitrés de enero del dos mil tres, Nombre114179 hace manifestaciones sobre el objeto de esta acción (folio 418).
  23. 23Nombre7944, en memorial presentado a la Sala el seis de febrero del dos mil tres (folio 421) solicitó se le tenga como coadyuvante activo de este proceso.
  24. 24Por resolución de las quince horas del catorce de febrero del dos mil tres, el Presidente de la Sala señaló las nueve horas del día trece de marzo para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (folio 433).
  25. 25En memorial presentado a la Sala el veinticinco de febrero del dos mil tres, Nombre114179 solicitó que se suspenda la audiencia oral programada para el trece de marzo del dos mil tres y que, la Sala se declare incompetente y remita el presente proceso al Tribunal Supremo de Elecciones. En forma subsidiaria solicitó que se formule consulta vinculante al Tribunal Supremo de Elecciones con relación a las competencias que la Constitución Política atribuye a la Sala y a dicho Tribunal.
  26. 26En escrito de veintisiete de febrero del dos mil tres, Juan Carlos Chaves Mora, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Fuerza Democrática solicitó que se tenga a ese Partido como coadyuvante (folio 456).
  27. 27Por resolución número 2003-01883 de las quince horas treinta y seis minutos del cinco de marzo del dos mil tres, la Sala rechazó por extemporánea la solicitud de coadyuvancia a favor del Partido Fuerza Democrática presentada por Juan Carlos Chaves Mora y denegó las gestiones del coadyuvante Nombre114179.
  28. 28En memorial presentado a la Sala el siete de marzo del dos mil tres Nombre114179 solicitó adición y aclaración de la resolución 2003-01883 (folio 471).
  29. 29Por escrito de siete de marzo del dos mil tres (folio 473) Hubert May Cantillano invocó en este proceso la inconstitucionalidad del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  30. 30El siete de marzo del dos mil tres Javier Alonso Carrillo Chaves reitera que presentó una gestión de adición y aclaración a la sentencia 7818-00, la cual no ha sido resuelta. Estima que siendo la resolución del recurso pendiente una cuestión de procedimiento, solicita que se suspenda la vista señalada (folio 482).
  31. 31Por resolución de las quince horas diecisiete minutos del once de marzo del dos mil tres, este Tribunal rechazó por extemporánea la solicitud de coadyuvancia de Nombre7944 y dispuso que no ha lugar a las gestiones de Nombre114179, Hubert May Cantillano y Javier Alonso Carrillo Chaves (folio 489).
  32. 32A las nueve horas del trece de marzo del dos mil tres se celebró la audiencia ordenada por el artículo 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional según constancia de folio 520.
  33. 33El trece de marzo del 2003, a las once horas cinco minutos Javier Alonso Carrillo Chaves solicitó que se revoque la resolución 2003-1951 y se suspenda la audiencia señalada para ese día dado que no ha sido resuelta su gestión de adición y aclaración a la sentencia 7818-2000. Asimismo señaló que es inconstitucional que la Sala declare la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 132.1 de la Constitución con fundamento en el inciso cha) (sic) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional porque se le daría efecto retroactivo a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al ventilar la Sala una reforma parcial efectuada veinte años antes de su creación, lo cual viola el principio de legalidad y de retroactividad (folio 522).
  34. 34A folio 528 consta el escrito de conclusiones de Huberth May Cantillano. A folio 538, Francisco Antonio Pacheco aporta escrito con consideraciones sobre el tema de los límites de la revisión constitucional extraídos de la doctrina alemana, española e italiana. A folio 545 constan consideraciones del Dr. Federico Tinoco Carmona.
  35. 35En memorial de diecisiete de marzo del dos mil tres (folio 571) Javier Alonso Carrillo Chaves solicita que se deje sin efecto la vista realizada el 13 de marzo del año en curso, ordenando hora y fecha para realizar otra, porque a su juicio durante su realización este Tribunal lesionó en su perjuicio el artículo 33 de la Constitución Política al concederle un lapso menor que a los actores y a la Procuraduría General de la República para hacer sus manifestaciones. Además, solicitó que no se dicte sentencia de fondo en el presente asunto sin que antes se resuelva la gestión de adición y aclaración a la sentencia 7818-2000. Además hizo consideraciones acerca del fondo de la presente acción.
  36. 36En memorial presentado a la Sala el dieciocho de marzo del dos mil tres, Gerardo Trejos Salas, coadyuvante pasivo en este proceso expone consideraciones sobre el fondo de lo discutido en la acción (folio 576) y en escrito presentado ese mismo día, Nombre2653 presenta también sus consideraciones (folio 579).
  37. 37Por escrito presentado el 26 de marzo del 2003 visible a folio 594, Fernando Lincoln Guier Esquivel señala nuevo lugar para recibir notificaciones.
  38. 38El 31 de marzo del 2003, la Sala Constitucional realizó los trámites correspondientes para solicitar a la Asamblea Legislativa el expediente legislativo referente a la Ley No. 4349 de 11 de julio de 1969.
  39. 39En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Calzada Miranda; y,

Considerando:

I. SOBRE LA LEGITIMACION

Los accionantes fundamentan su legitimación en la existencia de intereses difusos, por tratarse del derecho de elección que como ciudadanos activos ostentan y por la presumible existencia de vicios en el procedimiento de la reforma impugnada. La jurisprudencia de esta Sala ha señalado en forma constante que los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a un grupo de personas indeterminado aunque determinable, quienes son sus titulares colectivamente, todos y cada uno de ellos, como miembros de esa colectividad. Los intereses difusos, aunque de difícil definición e identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto.

Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. Y precisamente ello es lo que sucede en el presente caso, en el cual los accionantes, evidentemente, tienen un interés individual en el tanto están siendo afectados en su derecho a elegir sus gobernantes, pero también existe un interés colectivo, ya que la lesión también se produce a la colectividad como un todo.

La Sala ha reconocido la legitimación de los ciudadanos para ejercer la acción de inconstitucionalidad de manera directa, como en el caso que nos ocupa, cuando los accionantes ostenten el derecho político fundamental activo de elegir libremente a sus gobernantes, por tratarse de un caso típico de intereses difusos. Este constituye el único medio por el cual se puede admitir la legitimación de los accionantes en las presentes acciones, según se indicó en la sentencia No. 7818-00:

“IV — En vista de que de algún modo los actores y algunos de los intervinientes en el proceso invocan, junto a los indicados intereses difusos, las otras dos causales de legitimación directa para la acción de inconstitucionalidad reconocidas por el artículo 75.2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional —la inexistencia de perjudicado directo y los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto—, no sobra señalar que esta Sala no encuentra que en ningún sentido se esté en una u otra de ambas hipótesis:

  • a)En lo que hace a lo primero, es obvio que no se trata de normas o casos que, como ha querido, precisamente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, carecen de la posibilidad de ser sometidos por algún interesado ante el contralor de constitucionalidad que ejerce esta Jurisdicción, ya que, más bien, las propias argumentaciones de los actores —como de los demás intervinientes— apuntan a los perjuicios que resultan de las normas impugnadas, tanto para sí, como ciudadanos, en su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, cuanto para los Exdiputados, Expresidentes y Exvicepresidentes, en el de ser electos y desempeñar los cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación; amén de que tales derechos gozan en Nombre2042 de una doble protección de orden jurisdiccional: la de esta Sala y la del Tribunal Supremo de Elecciones, cuya función también lo es; y b) En lo que se refiere a los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, ya esta Jurisdicción ha aclarado que no puede tratarse de los de la colectividad nacional como un todo, porque esto equivaldría a reconocer una acción popular y, por ende, a eliminar el requisito del asunto previo que es la regla, precisamente del mismo artículo 75.1 de la Ley, estableciendo que se trata de los de una determinada colectividad menor, organizada y representada formalmente por entidades de carácter corporativo, de manera que resultan ser como la otra cara de los intereses difusos, integrados en los miembros mismos de la colectividad; hipótesis de representación corporativa que evidentemente no se da." En consecuencia, las acciones de estudio resultan admisibles únicamente por la existencia de intereses difusos respecto al derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus gobernantes, de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II. COMPETENCIA DE LA SALA

Ha sido cuestionada en este asunto la competencia de este Tribunal para conocer de las presentes acciones, por lo que se considera importante, dedicar un considerando a ese extremo. En cuanto al vicio de procedimiento que refieren los accionantes se produjo en la reforma del artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política con respecto al plazo en que debía dictaminar la Comisión legislativa, la Sala en sentencia No. 7818-00 estableció claramente su competencia para conocer, cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento, y por ende, para declarar la invalidez “procesal” de la Ley que promulgó la reforma, de conformidad con el artículo 73 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Llevan razón los coadyuvantes activos en indicar que la Sala en la sentencia No. 7818-00 se pronunció respecto a algunos de los vicios aquí señalados.

No obstante, el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que la Sala “podrá” rechazar una gestión por el fondo en cualquier momento, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de una simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso, siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión. Lo anterior, implica que este Tribunal tiene la facultad de revisar, incluso, un asunto que haya sido igual o similar, y de variar su criterio si lo estima pertinente, tomando en consideración que la Sala no se encuentra sujeta a sus propios precedentes de conformidad con el artículo 13 de la misma ley. Aunado a ello, el artículo 76 de la ley de la Jurisdicción Constitucional no se aplica al caso concreto, toda vez que en este asunto la legitimación deriva de la existencia de intereses difusos, y por ende, no tiene asunto base, como refiere el artículo de cita.

Una vez aclarado lo anterior y teniendo claro que en este caso no es oponible la excepción de cosa juzgada material, es válido entrar a conocer las acciones sometidas a estudio bajo una nueva ponderación, incluyente de perspectivas no analizadas en la previa decisión. Sobre este extremo, este Tribunal estima que tiene plena competencia para conocer de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales por razones de procedimiento. El artículo 9 de la Constitución Política, establece como uno de los principios orientadores de nuestro Estado, el principio de división de poderes. Este principio pretende dividir la detentación del poder en Poderes de igual rango, independientes el uno del otro, de tal forma que un Poder pueda fiscalizar la labor de los otros, y se crea así, un sistema de “frenos y contrapesos” que se encarga de garantizar que las labores de cada uno de ellos se enmarque dentro de ciertos límites establecidos, procurando así no violentar o vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos.

La función de garantizar el cumplimiento de la Constitución Política por parte de este Tribunal ha sido plenamente reconocida por la doctrina, al recordar que la Constitución proviene de un poder constituyente originario y el poder constituyente derivado se instala y habilita en un plano también constituyente, pero secundario, de ahí que éste sea subordinado y sujeto a límites procedimentales, y de lo cual además se infiere que una reforma de la Constitución llevada a cabo por el poder derivado es susceptible de ser declarada inconstitucional si violentó alguna norma constitucional de procedimiento (artículo 73 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), legitimando así la competencia de este Tribunal Constitucional. Una de las funciones políticas de la Carta Fundamental es establecer límites jurídicos al ejercicio del poder, así como otorgar garantías constitucionales que generen la seguridad de que esos límites jurídicos no serán transgredidos.

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es indudable que le corresponde a esta instancia ejercer tal función. Por ende, un aspecto de la reforma constitucional, que es de suma importancia, se vincula con el análisis de la lesión, alteración, desconocimiento o el cercenamiento, que una reforma constitucional produce respecto de derechos o situaciones jurídicas que se han adquirido o consolidado al amparo y en aplicación de las anteriores normas constitucionales. Se ha objetado también la competencia de este Tribunal Constitucional alegando que el conflicto planteado debe ser dirimido por el Tribunal Supremo de Elecciones, por ser el objeto de la presente acción de inconstitucionalidad “materia electoral”. Como se dispuso en la resolución interlocutoria 2003-01883 de las 15:36 horas del cinco de marzo de este año, el artículo 10 de la Constitución Política le confiere a esta Sala la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público.

Siendo este Tribunal el órgano encargado de garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y tutelar los derechos y garantías fundamentales, es evidente su competencia para conocer la inconstitucionalidad de la reforma constitucional aquí impugnada. El propio Tribunal Supremo de Elecciones en resolución de las quince horas treinta minutos del once de marzo del dos mil tres, en atención a un amparo electoral planteado por Nombre114179; resolvió que no le correspondía conocer sobre una acción de inconstitucionalidad que hubiese sido presentada ante la Sala Constitucional, y que en todo caso, se dirige a atacar los supuestos vicios que se presentaron en el procedimiento legislativo mediante el cual se gestó la aprobación de la Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, lo cual no es un tema de precisión electoral, por lo que, procedía rechazar el recurso interpuesto.

III. DE LAS COADYUVANCIAS

Se admiten las coadyuvancias presentadas por Carlos Federico Tinoco (folio 25), Fernando Lincoln Guier Esquivel (folio 219), Hubert May Cantillano (folio 278), Gerardo Trejos Salas (folio 342), Nombre114179 (folio 358) y Javier Carrillo Chaves (folio 368), en razón de cumplir con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por haber presentado las mismas en tiempo y manifestar un interés legítimo, fundamentado en la existencia de intereses difusos. Asimismo, se rechazan las coadyuvancias presentadas por Nombre7944 (folio 421) y Juan Carlos Chaves Mora (folio 456), por ser extemporáneas.

IV. OBJETO DE LA ACCION

Los promotores de las dos acciones acumuladas impugnan la reforma constitucional del artículo 132 inciso 1), de la Constitución Política de 1949, realizada mediante ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, por estimar que tiene vicios formales y materiales. Vicios formales por cuanto arguyen, se violentó el procedimiento constitucional establecido en el artículo 195 para la reforma parcial, ya que se excedió el plazo de 20 días estipulado, en aquel entonces, para que la Comisión rindiera el dictamen correspondiente previo a la aprobación del proyecto de reforma. De igual modo, estiman que el procedimiento de reforma empleado (procedimiento de reforma parcial) no resulta procedente entratándose de una modificación esencial al sistema constitucional, como sería la imposición de una restricción a un derecho consagrado por el constituyente originario. Vicios materiales, por cuanto, consideran violentados los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los derechos políticos, al haberse suprimido el derecho de la reelección presidencial mediante una reforma parcial de la Constitución, reforma para la cual, estiman, se irrespetaron las potestades de la Asamblea Legislativa, pues mediante un poder derivado se restringió el derecho fundamental y libertad pública de libre elección que tenían los ciudadanos, concedido por el poder originario constituyente; derecho que, también se encuentra consolidado en el derecho internacional y que, tradicionalmente fue reconocido por un larguísimo período en la historia constitucional costarricense.

V. LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN LA HISTORIA COSTARRICENSE

Producto de la independencia de España, Nombre2042 inicia en el año de 1821, su período de auto-determinación política con el establecimiento de la denominada Junta de Legados de los Pueblos que emitió el primero de diciembre de ese mismo año, el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. Dicha Junta ha sido considerada como la primera Asamblea Constituyente, y fue constituida por representantes elegidos popularmente, siendo entonces, una auténtica y verdadera representación del pueblo, lo que justifica que asumiese todos los poderes propios de un poder constituyente originario. Se refuerza la anterior conclusión por el artículo 12 del Pacto mismo, al disponer que los pueblos transmitirán mediante sus electores parroquiales y éstos mediante los de partido, los derechos y criterios de soberanía para sancionar el documento. A partir de este momento histórico, las varias Asambleas Constituyentes de Costa Rica, muestran una clara tendencia a reconocer el derecho de reelección a aquellas personas que ejercerán el Poder Ejecutivo representado en nuestra primera Constitución, por una Junta Superior Gubernativa de Costa Rica, integrada por siete miembros, y regulando el artículo 21 el período la duración de su Presidente. Prescribía así ese artículo:

“El Presidente será renovado cada tres meses; pero puede ser reelecto, por la utilidad pública.”……

El Poder Ejecutivo continúa representado por una Junta de 3 miembros denominada Diputación Provincial en el Primer Estatuto Político de la Provincia de Nombre2042 de 17 de marzo de 1823 y por una Junta Superior Gubernativa integrada por 5 miembros propietarios y 2 suplentes, en el Segundo Estatuto Político de 16 de mayo de 1823. Este Segundo Estatuto en el artículo 21, establecía:

“Si el arreglo definitivo de la Constitución del Estado, a que la provincia se adhiriese, dilatara más de dos años, la junta se renovará cada bienio por mitad, saliendo, en el primero los tres últimos nombrados,…” Como consecuencia de la adhesión de Nombre2042 a la República Federal de Centroamérica, y de conformidad con la Constitución Federal promulgada en Guatemala el 22 de noviembre de 1824, Nombre2042 adoptó la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, que en su capítulo 8, artículo 80 relativo al Poder Ejecutivo estableció:

“ La duración del Gefe y segundo Gefe será por quatro años, pero podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.” Una vez promulgada, el 8 de marzo de 1841, por don Nombre114180, La Ley de Bases y Garantías en la que conforme al artículo 4 ejercen el Poder Supremo del Estado, el Primer Jefe, una Cámara Consultiva, y otra Judicial, se realizaron elecciones para designar al Segundo Jefe, a los miembros de la Cámaras Consultivas y Judicial, Jefes Políticos y Consejeros, funcionarios elegidos por el pueblo, en la forma que allí se estableció. Sin embargo, el puesto de Jefe de Estado no se sometió a votación, pues la misma Ley de Bases y Garantías lo declaró inamovible, pudiendo ser reemplazado por el segundo Jefe. Después del golpe de Estado contra Carrillo encabezado por el General Hondureño Francisco Morazán, se emitieron dos Decretos, de fecha 6 junio y 27 de agosto de 1842, que declararon nula y de ningún valor la Ley de Bases y Garantías y pusieron en vigencia de nuevo la Constitución de 1825, por lo que se rescató el citado artículo 80.

Debido a la inconformidad de gran número de costarricenses con el gobierno del General Morazán, se produjo una revuelta a la cabeza del señor Nombre114181, y una Junta General decidió nombrar Jefe Provisorio a don José María Alfaro, quien convocó a una Asamblea Constituyente, con el fin de normalizar la situación. Para que los costarricenses conocieran la forma en que se discutía la Constitución y para conocer el parecer de la opinión pública sobre ella, las autoridades públicas fundaron el periódico el Mentor Costarricense, que salió a la luz pública en el mes de diciembre de 1842. Luego de la reflexión y conocimiento de la voluntad popular se estableció por primera vez en la Carta Fundamental de 1844 el voto directo y, de nuevo, en aquella, se plasmó la voluntad popular sobre el tema de la reelección del Jefe de Estado en una Constitución Política. Dispuso en los artículos 92 y 93:

“Los individuos que hayan ocupado algún destino en los Supremos Poderes, no podrán ser obligados a servir otro de elección popular, sino es que haya transcurrido el intervalo de dos años, o quieran voluntariamente admitir” “Hasta que hayan transcurrido dos años podrá volver a ser electo el Jefe que haya servido su período”.

Practicadas las elecciones por medio del voto directo, quedó electo don Nombre114182, quien renunció pocos días después. De acuerdo con la Constitución, debía sustituirlo el Presidente del Senado, que, a la sazón, lo era don Rafael Moya, a quien se le venció la credencial de senador, debiéndose escoger, entonces, al senador de más edad, de ahí que el nombramiento recayó en la figura de don Nombre114183. El 7 de junio de 1846, los militares Florentino Alfaro y José Manuel Quirós lo desconocieron como Jefe de Estado, y nombraron como Jefe Provisorio, nuevamente a José María Alfaro. Se llamó a una constituyente, donde se manifestó una tendencia a organizar el Estado con base en una superioridad del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, sea en una forma diferente a la que se había utilizado hasta ese momento. Practicadas las elecciones de acuerdo con la Constitución de 1847, se nombró Jefe de Estado al Dr. José María Castro Madriz.

La Carta Fundamental de 1847, estableció en su artículo 103:

“El período Constitucional del Presidente y Vicepresidente del Estado será el de seis años, contados desde el día en que se les declare su elección. Podrán ser reelectos a voluntad del pueblo y de las personas nombradas, y deberá admitirse su renuncia tanto a uno como a otro, cuando transcurridos cuatro años, la presenten aún sin fundamento legal.” Esta Constitución estipuló además, que mediante el voto de la mayoría de los miembros de las Municipalidades, se podía solicitar por escrito reforma, lo que significó que por la vía de las reformas se produjo, prácticamente, una nueva Carta Magna en 1848, la que se conoce como la Constitución Reformada. Esta, al retomar el derecho de la reelección amplió aún más, lo que ya el constituyente del 47 había consagrado en aquella Constitución y estableció en el artículo 66:

“El Presidente y Vicepresidente de la República durarán seis años en sus destinos, y podrán ser reelectos a voluntad de los pueblos.” A raíz de la caída de Juan Rafael Mora, por intervención de la oligarquía cafetalera, quien había asumido la presidencia de la República por la renuncia el 16 de Noviembre de l849 del Presidente Castro, llegó al poder provisionalmente el Dr. José María Montealegre, convocándose a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que dictaría una nueva Constitución el 29 de diciembre de 1859, la que dispuso en su artículo 103:

“El Presidente de la República durará en su destino tres años, y no podrá ser reelecto sin que haya transcurrido un período constitucional después de su separación del mando. Tampoco podrá elegirse seguidamente a ningún pariente suyo dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.” Realizadas las elecciones fue electo Presidente de Costa Rica, para el trienio 1860-1863, el Dr. José María Montealegre. Posteriormente, fue electo don Jesús Jiménez Zamora y el Dr. José María Castro Madriz, en su segunda administración; sin embargo, el 1 de noviembre de 1868 los Generales Máximo Blanco y Lorenzo Zalazar llevaron a cabo un golpe de Estado contra el Dr. Castro y quedó como Jefe provisorio don Jesús Jiménez, quien de nuevo convocó a una constituyente y se emitió la Constitución de 1869, nuevo pacto social que en su artículo 101 señaló:

“El período del Presidente de la República será de tres años, y no podrá ser reelecto sin que haya transcurrido otro período igual, después de su separación del mando.” La vigencia de esta nueva Constitución no fue prolongada, ocurriendo que el 27 de abril de 1870 con el golpe de Estado que dio el General Tomás Guardia contra el gobierno del Licenciado Jesús Jiménez cayó ésta, siendo, en consecuencia, una de las de menor vigencia en Costa Rica. Después de un corto período de gobierno provisorio de don Nombre114184, llamó a una Asamblea Constituyente y presentó su renuncia, llegando don Tomás Guardia al poder como presidente provisorio, quien ejerció ese poder alrededor de diez años. La Constituyente puso en vigencia, temporalmente, la Constitución de 1859, y comenzó la preparación de la nueva Constitución, sin embargo el 10 de octubre de 1870, fue disuelta por orden de Guardia. El 12 de agosto de 1871 el General Guardia convocó a elecciones para una nueva Asamblea Constituyente, la que se reunió el 15 octubre de ese año, y emitió una nueva Carta Fundamental el 7 de diciembre de 1871. Esta dispuso en su artículo 97:

“El período del Presidente de la República será de cuatro años, y no podrá ser reelecto, sin que haya transcurrido otro período igual después de su separación del mando.” Esta nueva Constitución de 1871 es una de las de mayor longevidad o vigencia dentro de la Historia Constitucional de Costa Rica, y fue producto de una lenta elaboración nacional. En el año de 1896, se produjo una reforma a la Constitución de 1871, para favorecer la reelección sucesiva del señor Rafael Iglesias Castro, quien ostentaba la Presidencia de la República, desde el año de 1894. Se presentó un documento al Congreso, al acercarse la campaña política, proponiendo reformar el artículo 97 de la Constitución Política, para que se permitiera, por solo una vez, la reelección sucesiva. La reforma fue solicitada por Iglesias, y tomando como base lo prescrito por el artículo 134, inciso 8, de la Constitución, que le otorgaba facultades a las municipalidades para solicitar una reforma constitucional, treinta y ún municipalidades lideradas por la de San José, solicitaron la enmienda constitucional. El Congreso aprobó el 12 de mayo de 1897, la reforma que permitía la reelección de Iglesias. El artículo 97 reformado, dispuso:

“El período del Presidente de la República será de cuatro años, y dicho Funcionario podrá ser reelecto sin intervalo, por una sola vez. Las reelecciones posteriores no podrán verificarse sino después de haber transcurrido por lo menos un período”.

Siendo Presidente don Alfredo González Flores, su administración aprobó una serie de medidas de tipo financiero que molestaron a los grupos económicos más poderosos del país, por lo que don Federico Tinoco Granados dio un golpe de Estado y se adueñó del poder el 27 de enero de 1917. Al día siguiente, emitió un decreto convocando a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente que se instaló el 1 de mayo del mismo año. Esta Asamblea trabajó, tomando como base un proyecto elaborado por los Ex Presidentes Bernardo Soto, Dr. Carlos Durán, don Rafael Iglesias, don Ascención Esquivel y el licenciado Cleto González Víquez, siendo promulgada esta nueva Constitución el 8 de junio de 1917 y la que dispuso en el artículo 94, párrafo último:

“El Presidente de la República no podrá ser reelecto para el período siguiente, aún cuando hubiere renunciado o de otro modo perdido el puesto. Para el mismo período inmediato no será elegible Vice- Presidente.” Después del movimiento que logró derrocar a los Tinoco, y al perder su calidad la Constitución de 1917, se impuso de nuevo la de 1871, que rigió hasta el 7 de diciembre de 1949. Vale recordar que el artículo 104 párrafo segundo dispuso que:

“El Presidente de la República no podrá ser reelecto para el período siguiente.” Nuestro país es objeto de una guerra civil en el año de l948, se convoca nuevamente a una Asamblea Nacional Constituyente para establecer las bases del nuevo pacto social y se emite la nueva Carta Fundamental que rige aún en nuestros días. En esa nueva Constitución se plasma la voluntad popular en el artículo 132 inciso 1), que dispuso:

“No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente el que hubiera servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección…” Es así que la tradición constitucional costarricense es, definitivamente, proclive a la reserva de toda reforma relativa a la reelección presidencial al poder originario. Esta tradición se instala con la independencia, se ve confirmada desde la fundación de la República y se mantiene inalterada durante ciento ochenta y ocho años. No es sino en las legislaturas de 1967 a 1969 que esta tradición se ve interrumpida por decisión del reformador derivado, a pesar de que, la ley No. 4349 de 11 de julio de 1969, estableció un transitorio que favoreció la reelección por una sola vez, a todas aquellas personas que en ese momento, ostentaban la condición de expresidentes.

VI. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y LOS DERECHOS POLITICOS

Se consigna a continuación la doctrina relevante al fondo del asunto, con el propósito de construir un marco referencial para resolver las acciones presentadas.

A. LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. El Estado de Derecho nació, de acuerdo a la historia y a la doctrina jurídica occidental, como una fórmula de compromiso que implicaba aunar un amplio grupo de derechos fundamentales con una serie de garantías formales y materiales, todo ello dentro de una Constitución que consagrara la división de poderes y los principios de legitimidad y legalidad. Tendente, esta suma de ideas, a evitar las arbitrariedades eventualmente provenientes de las instituciones estatales. Es así que la primacía de un grupo central de normas que caracterizan a la Constitución como ordenamiento superior descansa en (i) su carácter de expresión directa de la voluntad general y (ii) en su enunciación de los derechos humanos fundamentales y de las libertades ciudadanas. El “principio democrático”, expresado en la idea de la soberanía popular, es una respuesta jurídica al problema de la legitimación política, tanto en el plano material como formal.

En el plano material, porque (a) establece la legitimación constitucional del derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, (b) obliga a las instituciones estatales a respetar los derechos fundamentales y (c) establece el reconocimiento social a la diversidad de iniciativas y valores de todos los individuos; y en el plano formal, porque representa a la vez una fórmula de articulación racional del proceso político y, de nuevo, una limitación expresa al poder estatal -sea éste una manifestación de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral o municipal-. El principio de soberanía popular se manifiesta como la principal condición limitante de la actuación de las instituciones estatales y está dirigido a asegurar que cualquier ejercicio del poder por parte de cualquier órgano del Estado respete su previa legitimación popular y el criterio del pueblo, externado por el poder constituyente originario.

Es en lo anteriormente dicho que se fundamenta la trascendencia jurídico-política de haber insertado en la Constitución a los derechos fundamentales, los que a su vez constituyen un fuerte y esencial componente para la configuración del Estado de Derecho. Ejemplos de derechos fundamentales, son aquellos propios del ciudadano -ciudadanía, nacionalidad-; la libertad de las personas –libertad personal, de religión y conciencia, de residencia, de contratación, de elección de actividad económica, entre otros-; la igualdad jurídica entre las personas; el derecho de propiedad privada; y aquellos que permiten el acceso de las personas al control jurisdiccional. Es así que el pensamiento jurídico occidental ha declarado innegociable que los derechos fundamentales constituyan la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de que los sistemas jurídico y político, en su conjunto, en un Estado de Derecho, estén orientados hacia el respeto y la promoción de la persona humana, hacia el desarrollo humano y hacia una constante ampliación de las libertades públicas.

Asimismo, le corresponde a los derechos fundamentales un importante cometido legitimador de las formas constitucionales, ya que constituyen los presupuestos del consenso sobre los que se ha edificado la sociedad democrática. Dicho en otros términos, su función es la de sistematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático al que la mayoría de los ciudadanos han prestado su consentimiento y también la de establecer la sujeción de las instituciones estatales a tales principios. Los derechos fundamentales, en el orden constitucional, ostentan una doble dimensión, son derechos subjetivos y son derechos objetivos. Por un lado son subjetivos, o sea derechos de los individuos, no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan la libertad en el ámbito de la convivencia democrática. Por otro lado, son elementos esenciales del ordenamiento objetivo, por cuanto éste se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica.

En razón de su importancia, la Constitución ha previsto instrumentos normativos, especialmente reforzados, dirigidos a evitar la alteración de su contenido o la limitación de sus alcances por cualquier institución estatal: las garantías constitucionales. De lo anteriormente argumentado se deduce que la mutación o limitación del estatuto de los derechos fundamentales no implica una mera amputación parcial de la Constitución, sino que entraña la sustitución plena de la Constitución y el irrespeto a la voluntad popular. Todo lo anterior explica, porqué desde las primeras constituciones costarricenses, se consagró el principio de la “rigidez”, es decir, de la inalterabilidad del catálogo de derechos fundamentales y libertades ciudadanas o públicas. El principio de rigidez, que como principio de reserva del poder originario será analizado posteriormente, además de establecer una frontera impenetrable para la actividad legislativa y ejecutiva al ámbito de los derechos fundamentales, también alcanza, como garantía constitucional, a las llamadas “decisiones políticas fundamentales”, que son aquellas resoluciones de la sociedad que son determinantes acerca de un principio constitucional y que representan una forma históricamente duradera del sentir y pensar social.

Las dos decisiones más importantes con las que se enfrenta una sociedad son, la elección de su modelo económico y la de su sistema político (parte de la doctrina considera que en el fondo ésta es una sola y única decisión). Dentro del sistema político, la sociedad opta por una forma de elegir a sus representantes y gobernantes y por los requisitos que debe tener quien pueda ser electo para un puesto público: ambas, coinciden los expertos de forma aplastante, son decisiones políticas fundamentales. La fuente de la que nos alimentamos, la jurisprudencia constitucional, ha coincidido en que la reforma de las decisiones políticas fundamentales corresponde exclusivamente al pueblo como soberano a través de la competencia que delega en las asambleas nacionales constituyentes, electas para este efecto y representativas de la voluntad popular general. Estas cláusulas son modificables pero el único sujeto autorizado para reformarlas es el poder constituyente.

B. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO FUENTE DE LEGITIMACION DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, DE LAS DECISIONES POLÍTICAS TRASCENDENTALES Y DE LAS DECISIONES JUDICIALES. La doctrina constitucional reconocida define como principios constitucionales las ideas fundamentales acerca de la organización jurídica de una comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadoras y a la vez interpretativas respecto del total del ordenamiento jurídico. De esta manera, los principios constitucionales forman parte del bloque de constitucionalidad y todas las instituciones estatales están obligados a obedecerlos y a respetarlos. Estos principios derivan tanto en potestades institucionales como en derechos de los habitantes, su eventual violación hace emerger al sistema de garantías, también desarrollado “con rango constitucional”, que incluye las acciones de amparo, de hábeas corpus y de inconstitucionalidad.

Los principios no se pueden confundir con los derechos fundamentales, ya que los primeros sirven de base a los segundos, y a la vez permiten su tutela mediante el sistema de garantías. Tampoco los principios se pueden confundir con los valores sociales de los ciudadanos, pues éstos son conceptos axiológicos que implican criterios morales que no generan deber jurídico alguno, mientras que los principios son conceptos deontológicos, es decir, que implican mandatos y deberes, y su incumplimiento implica una consecuencia jurídica; los principios son el resultado de discusiones espontáneas, algunas veces violentas que derivan en acuerdos sociales que se proyectan, mediante los derechos fundamentales y las libertades públicas, a los cuerpos normativos de naturaleza positiva. En materia constitucional, como se enunció antes, son principios las ideas sobre las que se basa la organización política del Estado, o sea aquella decisión del poder originario constitucional acerca del tipo de sistema político por el que se optó colectivamente.

Podemos hablar apropiadamente, como ejemplos relevantes para esta decisión judicial, del principio democrático, de interdicción de la arbitrariedad, del principio de sujeción de los poderes públicos a la Constitución, de igualdad de los individuos, del principio de seguridad jurídica y el de jerarquía de las normas. De previo a describir sucintamente tales principios, hay que agregar que el pensamiento jurídico establece que los principios constitucionales jamás podrían estar en contradicción con la Constitución, sino que son ellos su misma esencia. Los principios no se pueden equiparar a las normas, ya que carecen de su formalidad de producción, pero constituyen su racionalidad, su lógica intrínseca. El principio es la razón de ser de la norma y se manifiesta mediante ella, o sea, es el “espíritu” de la norma. Existe una estrecha relación entre los principios, los derechos fundamentales y los límites implícitos en general, y es a todos ellos, a los que se debe recurrir para medir o evaluar la constitucionalidad de una reforma parcial de la Constitución, producto del poder derivado.

Esta calidad referencial dota a los principios de una potencia hermenéutica de principal importancia, la que a su vez significa una limitación a la actividad legislativa ordinaria. El principio constitucional ordena al sistema normativo en general, es una “norma” de las normas, establece el derecho “prima facie”. Quien invoca una ley, obtiene del juez la atribución definitiva del derecho que pretende; quien invoca la inconstitucionalidad de una norma, sea legal o constitucional, obliga al juez respectivo a buscar el “espíritu” histórico de tal norma, o sea la expresión real y auténtica del pueblo, lo obliga a acudir a los principios constitucionales. El uso por parte del juez constitucional de los principios constitucionales como punto de referencia en una acción de inconstitucionalidad, también le obliga a exigir que la eventual fuerza invalidante de la norma cuestionada sea reconocida consistentemente en la Constitución histórica.

De esta forma, la búsqueda de certidumbre judicial lleva al juez constitucional necesariamente a establecer líneas de comunicación con el derecho comparado histórico y con el desarrollo de los derechos humanos y los derechos fundamentales. En nuestra Constitución hay una importante cantidad de principios políticos y son los que deben servir para medir la constitucionalidad, tanto de las leyes, como de una reforma constitucional efectuada por el poder derivado. Los derechos fundamentales no solo se originan en los principios constitucionales, pero su esencia sí incluye un fuerte y determinante componente de éstos. Componente éste que se puede encontrar, tanto en la dimensión subjetiva como en la objetiva de la estructura de esos derechos. Ilustramos el punto retomando los principios constitucionales previamente citados en este acápite: una decisión judicial centrada en la consideración de si actuó o no fuera de su mandato el legislador ordinario, al reformar el artículo relativo a la reelección presidencial, debe ser necesariamente analizado a la luz del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Este permite establecer a su vez, si se redujo, violó o suprimió un derecho, por cuanto cualquier discriminación reductora o cercenadora de un derecho fundamental implicaría una arbitrariedad, entendida la misma como: (a) el sacrificio excesivo e innecesario de un derecho fundamental y (b) como una actuación en contra de la tendencia histórica manifestada por el desarrollo constitucional costarricense. Dicho en sentido contrario, la clave para establecer ausencia de arbitrariedad es el concepto de motivación, o sea todo cambio debe ser congruente con la voluntad soberana del pueblo, expresada por el poder constitucional originario, sostenible en la realidad histórica de la nación y susceptible de ser comprendida por los ciudadanos aunque no sea compartida por todos ellos. La mal llamada “judicialización del poder político” (en realidad es un ajuste al orden jurídico de tal poder), implica imponerle un conjunto de límites materiales y formales, que lo alejen de decisiones convenientes a los intereses de sub-grupos, o explicables por circunstancias transitorias y situarlo en la dimensión donde se decide de acuerdo con la voluntad del constituyente originario.

En la dialéctica Derecho-Poder, la lucha contra la arbitrariedad se ha manifestado como una inclinación a favor de lo jurídico, en detrimento de lo circunstancialmente político, o sea privilegiar a la norma histórica y socialmente aceptada, frente al criterio de los legisladores de turno. Otro principio a considerar para determinar si hubo o no arbitrariedad, es el de sujeción de los poderes públicos a la Constitución: los titulares de estos poderes además del deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, tienen un deber general positivo de acatamiento de los principios y normas constitucionales. Un tercer principio relevante es el de igualdad de los individuos ante la justicia, el que exige una política legislativa coherente que no genere perjuicios a los derechos de una sola persona (si una sola persona se ve perjudicada, se perjudican todas).

Un Estado social y democrático de Derecho, necesariamente debe incluir entre los principios superiores de su ordenamiento a la justicia y a la igualdad (entendida la igualdad de manera amplia y la justicia como imparcialidad). Debe exigir de los poderes públicos un comportamiento que propicie la efectividad de tales principios superiores. Un cuarto principio, también relevante, es el de seguridad jurídica, que se conforma por la suma de certeza, legalidad y proporcionalidad, entre otros subprincipios. Es decir, la seguridad jurídica es un principio complejo, necesariamente balanceado de forma tal que asegure, a su vez, la igualdad y la libertad. Este principio es sustentado por la confianza ciudadana de que las instituciones, en su actividad, respetarán aquellas normas que, el Poder Constituyente Originario escogió para conformar el sistema político y económico. La seguridad jurídica es un principio dirigido a las instituciones generadoras o aplicadoras de las normas, que las obliga a desarrollar una actividad cuyo producto o resultado, sean normas o actos administrativos, que estén siempre caracterizados de la máxima tutela de los derechos fundamentales.

La organización política debe preservar, defender y ampliar hasta donde sea razonablemente posible estos derechos y la Asamblea Legislativa en uso de la competencia prevista en el artículo 195 de la Constitución Política, jamás debe limitarlos, en cuanto así le fue ordenado por el poder constituyente. Diferente es lo que sucede en el ámbito legislativo, cuando el legislador derivado, a través de su actividad ordinaria desarrolla los contenidos del derecho fundamental dentro del marco que le señaló el poder originario. Por último, debe señalarse que el orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, sin embargo, dicha sucesión no es interminable, sino que tiene un límite superior y otro inferior. El primero se denomina norma fundamental. De ella dependen las leyes, de éstas últimas surgen los reglamentos y así va operando la gradación de las normas, hasta llegar a los actos jurídicos concretos.

El principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen constitucional, es la supremacía de la Constitución. La norma suprema es un principio límite, una norma sobre la que no existe ningún precepto de superior categoría, la base de todo orden jurídico. Se encuentra en el vértice o cúspide de la pirámide jurídica y a partir de ella surge la jerarquización de las normas, que establece su prioridad, ya que como producto originario de la soberanía del pueblo es la expresión misma de dicha voluntad popular. Así es como la supremacía de la Constitución, responde no sólo a que ésta es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Es la Ley que rige las leyes y que habilita a las autoridades. Su superioridad deriva del hecho de ser emanación de la más alta fuente de imperio, y por ello tiene como presupuesto dos condiciones: una, que el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos y, segunda, que la Constitución es rígida y escrita.

El constituyente precede a los poderes constituidos, es decir, es anterior a él y una vez que ha elaborado su obra formulando y emitiendo la Constitución, desaparece para ser sustituido por los órganos creados por él, los poderes constituidos, quienes deberán respetar su supremacía. En consecuencia, las normas que se dicten deben formar parte de la ley suprema, deben "emanar" de aquélla, tener su fuente en la Constitución, no desviarse de su mandato. Con ese requisito de conformidad con la Constitución, las leyes y los Tratados pasan a formar parte de la norma suprema. De este modo, existe una separación precisa entre el poder Constituyente quien es el depositario de la soberanía popular y autor de la Constitución, y los poderes constituidos, que no son soberanos, los cuales, de acuerdo al principio de legalidad, sólo tienen las facultades que expresamente les otorga la Constitución. Es por ello, que en caso de que una ley afecte la jerarquía, los principios constitucionales o el orden constitucional establecido, el Estado o el ciudadano puede hacer uso del recurso de inconstitucionalidad impugnando dicha norma, por su falta de valor jurídico.

C. ORIGEN Y SENTIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y EL DERECHO DE LIBERTAD. Para definir la especial capacidad generadora de otros derechos que posee el derecho de libertad, es importante destacar la estrecha relación que tienen los derechos fundamentales con los derechos humanos. Estos últimos se pueden entender, como el conjunto de institutos que, con el desarrollo histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, en un amplio contexto geográfico que desborda a un Estado o una región y que tiene vocación universal. En tanto que con la noción de derechos fundamentales se alude a aquellos derechos humanos garantizados expresamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en particular, y que se caracterizan por una tutela reforzada. La Constitución de 1949, según reforma operada por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989, en el artículo 48 incorporó el derecho internacional de los derechos humanos al parámetro de constitucionalidad.

Incluso, en casos en que la norma internacional reconozca derechos fundamentales en forma más favorable que la propia Constitución, debe ser aplicada la norma internacional y no la interna. Los derechos fundamentales se encuentran garantizados, en consecuencia, tanto por el derecho constitucional interno, como por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para el caso de estudio resulta necesario acudir a los Derechos Humanos de primera generación, entendiéndose como aquellos derechos humanos constituidos por los derechos civiles o individuales y políticos que resultan del ejercicio del derecho primigenio de libertad. En razón de lo anterior, los derechos fundamentales se conocen también como derechos de la primera generación o derechos de libertad, ya que se configuran por la libre participación de los individuos en los procesos de formación de la voluntad general. El consenso social, en algunos casos alcanzado mediante cruentas luchas políticas y sociales, constituye la legitimación de los Derechos Humanos fundamentales y a su vez, el ejercicio del derecho de libertad es el que permite arribar a tal consenso.

Encontramos, de nuevo, que es esa decisión original tomada de forma libre por el pueblo, la única que le da legitimación a la construcción de los derechos. De esta forma la búsqueda de un fundamento absoluto (iusnaturalismo) cede el paso a una dialéctica de libertad que conduce a un acuerdo consensuado. En este proceso histórico, primero se generan los principios y posteriormente, mediante el poder constituyente originario, se transforman en derechos fundamentales. La confrontación inicial de criterios y opiniones no es, en muchos casos evidente pero tampoco es arbitraria o secreta. Los “pensadores” de cada época no podían pretender que sus elucubraciones se tornaran en derechos, sino en la medida en que eran sometidas y aceptadas por el pueblo en general. Consenso no significa, para este efecto, unanimidad, pero tampoco la expresión de una irracionalidad arbitraria o de la imposición de unos pocos.

Tal como se ha manifestado, en documentos seriamente construidos, acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, se generó una corriente mayoritaria que, de manera libre, “ha encontrado buenas razones para aprobarla”. “Estas buenas razones” se traducen en un consenso de validez que no coincide, necesariamente, con la unanimidad social, pero al que se llega mediante el ejercicio del principio democrático y del derecho de libertad. Este acuerdo sólo puede ser producto de una actividad democrática y libre, cuyo sujeto únicamente puede ser el pueblo mismo. Este consenso ha desbordado a la construcción estricta de los derechos fundamentales, ya que además de considerarlos restricciones negativas del poder político (legislativo o ejecutivo), los ha transformado en exigencias positivas ampliadoras de las libertades ciudadanas. De esta forma, consideramos también, se comienza a armar la primera regla de interpretación no solo de las normas constitucionales, sino de la constitucionalidad de una reforma: in dubio constitucionalis, pro libertatis.

El sentido entonces de la validez de un derecho humano fundamental, consiste en que la decisión sea tomada sin coacción, de forma espontánea, por el propio pueblo y que se haya sostenido por un largo período de tiempo. Sin duda, además de que sea el pueblo el que lo decida, -voluntad expresada mediante un grupo de representantes exclusivamente seleccionados para manifestarla-, el debate debe ser racional, libre de coacción y en el que los participantes tengan una razonable igualdad para presentar sus criterios. Las fuentes y orígenes de los derechos humanos se encuentran en las ideas filosóficas, políticas, morales, que son causas y resultantes a su vez de las luchas y debates sociales en búsqueda de los máximos niveles posibles del imperio de la justicia, la igualdad, la dignidad y la libertad. Principios, que tienen mucho que ver con la capacidad del ser humano de darle un sentido a su vida, y que son los únicos que pueden determinar o generar la responsabilidad de sus acciones.

La relación entre los Derechos Humanos fundamentales y el poder es sumamente compleja, por cuanto se halla compuesta por el balance entre, por un lado, la racionalidad y la eficacia del Derecho y del Estado para regular la vida individual o colectiva de la sociedad, y por el otro, la libertad y los otros derechos individuales citados. Abundamos al repetir que el Derecho contribuye a hacer patente un sistema de legitimidad que presupone, a su vez, una serie de principios que se construyen mediante el consenso histórico, resultante de debates y luchas sociales en sede popular. Lo opuesto, el disenso, la no aceptación, la desobediencia, la no abdicación de posturas o de perspectivas de sub-grupos, ha sido demostrado históricamente, propician la disociación anarquizante de una nación. En el proceso histórico de construir a los Derechos Humanos y a su manifestación constitucional, los derechos fundamentales han recibido diferentes nombres, intercambiables en algunos momentos; estas diferencias terminológicas son importantes como en toda ciencia o disciplina, sin embargo, para efectos de esta sentencia, resultan irrelevantes.

En realidad lo que cuenta de estos términos es que sean tutelados efectivamente por la jurisdicción, respetados por las instituciones estatales en general, que se le reconozca al de libertad su capacidad germinal de todos los demás, y que únicamente puedan ser construidos por el pueblo -mediante un debate libre y democrático-, que sean trasladados o reformados en la Constitución por el poder constituyente originario, lo que tampoco significa la eliminación o contracción de la autonomía individual concedida por el pueblo, mediante el poder constitucional originario, a los individuos que lo forman. De esta clara concepción el pensamiento jurídico desprende dos conclusiones: la primera de ellas es que la creación o modificación de las libertades públicas sólo puede realizarse por normas supra-legales dictadas por el poder constituyente originario, ya que de otra forma no sería posible limitar adecuadamente las competencias de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo.

La segunda consecuencia es que los administrados disponen de medios de impugnación muy precisos contra la violación de las libertades públicas, dentro de éstos destaca la acción de inconstitucionalidad. El poder político a su vez, constituye una manifestación de la libertad, está fundamentado en ella y limitado por ella, está sujeto a una regulación razonable que nunca puede reducir y menos eliminar los derechos fundamentales. En toda sociedad políticamente organizada, en general, la libertad aparece limitada de alguna forma. En un sistema democrático constitucional, en particular, esas limitaciones deben ser razonables, responder a la necesidad de salvaguardar los intereses individuales y de la comunidad. La decisión de limitarla corresponde exclusivamente al poder originario constituyente, para que eventuales limitaciones a la libertad no puedan conducir a su total desconocimiento o a limitaciones lesivas de la esencia del derecho individual.

D.- EL DERECHO DE ELECCIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL. Históricamente la soberanía ha sido el instrumento apriorístico para justificar y legitimar al poder estatal, entendido este último como la superioridad frente a cualquier otra fuerza que se desenvuelva en el ámbito del Estado, y que ejerzan los diversos grupos sociales que integran el elemento humano de la organización política. El poder estatal debe sin embargo, respetar siempre la voluntad popular manifestada mediante las decisiones de las asambleas constituyentes originarias. La libertad-participación constituye una esfera de autonomía individual que le otorga al individuo la posibilidad de actuar o participar en lo político y social, de acuerdo a su propia voluntad, mientras respete las normas especiales de cada actividad. La titularidad de ese derecho, en lo que atañe a su ejercicio, y por imposición de la idea política dominante en la actual sociedad, corresponde al grupo humano que integra el Estado, el cual lo ejerce directamente, o por medio de sus representantes que lo conforman, en el plano originario el poder constituyente y en el derivado el gobierno y los legisladores.

Los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional: derecho al voto en las elecciones y votaciones, derecho de elegibilidad, derecho de adhesión a un partido político, etc. Son los que posibilitan al ciudadano a participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad de que forma parte. El ejercicio de estos derechos en sede estatal, lejos de colocar al ciudadano electo en lejanía, separación u oposición a tal Estado, lo que hace es habilitarlo para tomar parte en la articulación y planificación política de la sociedad de la cual es miembro. Son derechos que están destinados a los ciudadanos para posibilitarles la participación en la expresión de la soberanía nacional; su fin primordial es evitar que el Estado (mediante cualquiera de sus funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral o municipal) invada o agreda ciertos atributos del ser humano.

Es así que suponen por lo tanto, una actitud pasiva o negativa del Estado, una abstención por parte de éste, dirigida a respetar, a no impedir y a garantizar el libre y no discriminatorio goce de los mismos. Son derechos, por tanto, que se ejercen para afirmar y confirmar el poder soberano del pueblo sobre el Estado, y proveen a sus titulares, los ciudadanos, de medios y garantías para defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder público. Precisamente a través del reconocimiento y ejercicio de las libertades políticas, opera la participación de los individuos en el proceso del poder, y al ser la democracia una forma de toma de decisiones colectivas, tal ejercicio a su vez es la esencia del principio democrático. La diferencia entre las libertades civiles y las libertades políticas no reside en su naturaleza, sino en la finalidad a la cual responde su ejercicio. Una de las varias libertades públicas jurídicas a que nos referimos en esta sección, consiste en el derecho de los ciudadanos de participación política y siempre su análisis lleva al estudio del concepto de soberanía popular, ya que ésta es la fuente y única legitimación del poder político.

Es el pueblo que la articula mediante sus representantes, -diputados constituyentes, presidente y vice-presidentes de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y alcaldes municipales- y les encomienda el ejercicio de tal poder de forma provisional. Las libertades de participación política están destinadas a los nacionales mayores de edad, y están encapsulados en el derecho fundamental de ciudadanía, la que puede suspenderse únicamente por interdicción judicialmente declarada y por sentencia que imponga la pena de suspensión de los derechos políticos. No hay otra restricción del derecho y jamás el poder político puede arbitrariamente limitarlo. Para ciertos puestos públicos, el Constituyente originario decidió por un mínimo de edad que supera la frontera de la mayoridad civil, pero mantuvo su prohibición para que los poderes públicos restringieran esta libertad pública jurídica. El derecho de elección, como derecho político, también constituye un derecho humano de primer orden, y por ende, es un derecho fundamental.

La reelección tal y como se pudo constatar en el considerando V, estaba contemplada en la Constitución Política de 1949 y constituye una garantía del derecho de elección, pues le permite al ciudadano tener la facultad de escoger, en una mayor amplitud de posibilidades, los gobernantes que estima convenientes. Por consiguiente, fue la voluntad popular a través de la Constituyente, la que dispuso que existiera la reelección presidencial, con el fin de garantizarse el pueblo el efectivo derecho de elección. De hecho, a pesar de que la reforma parcial en cuestión se produjo posteriormente, esto se viene a confirmar luego con la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 23 establece: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades...b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,...”; y que no admite mayores limitaciones, que las siguientes: “2.

La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” De este último párrafo de la Convención de Derechos Humanos, se desprenden de manera clara, las únicas razones por las cuales pueden establecerse restricciones al ejercicio de los derechos ahí declarados. La reelección, según se desprende de la voluntad popular suscrita históricamente, establece la posibilidad para el ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que al reformarse la Constitución en detrimento de la soberanía del pueblo, y en desgaste de sus derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso fue la imposición de más limitaciones que las ya existentes en razón de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena.

Por otro lado, Nombre2042 suscribió este Convenio sin reserva alguna, aceptando el ejercicio de tales derechos en la mayor libertad posible, asumiendo como únicas limitaciones las que deriven del inciso 2 del artículo 23. De resultar inconstitucional la forma en que la Asamblea Legislativa suprimió este derecho, implicaría que su restauración deba sujetarse al procedimiento correspondiente.

VII. DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Ninguna norma, por su necesario ajuste al cambio de los tiempos puede revestirse de la calidad de estática, de perpetua. La norma constitucional, aun cuando muestra una elasticidad menor que las de menor rango, tampoco es inalterable. Es así que es indispensable la armonización y ajuste constante de las normas en general a los cambios de actitudes y a las nuevas necesidades sociales. En el caso de la reforma a la Constitución se presenta una gran e importante diferencia: aquellas normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, sólo pueden ser reformadas por una asamblea constituyente de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política. En beneficio de la contundencia de la afirmación, repetimos que las normas originarias acerca de los derechos fundamentales y los sistemas políticos y económicos, únicamente pueden ser disminuidas por una asamblea constituyente.

Las otras normas de la Constitución y las leyes secundarias son susceptibles de ser revisadas por la Asamblea Legislativa en uso de las atribuciones que le da el numeral 195 constitucional; tal es su ámbito de competencia en materia de reforma legislativa. No es lo mismo establecer una Constitución que reformarla, pues lo primero es un acto de máxima soberanía popular, un acto creador; es la facultad soberana del pueblo para darse su propio ordenamiento jurídico-político. La reforma es un procedimiento para la revisión de lo ya establecido y cuyos mecanismos, alcances y sujetos se encuentran estipulados en la Constitución. Repetimos, existen algunos límites al poder de revisión constitucional por la Asamblea Legislativa y ello es debido a que esta potestad normativa no puede oponerse al poder constituyente en aquellos aspectos explicados extensamente en este texto. La existencia del poder legislativo no supone un desdoblamiento de la soberanía popular, sino simplemente, la delimitación jurídico-institucional de una competencia dada por el propio poder originario y que actúa dentro de la organización del Estado, subordinada en todo momento a la voluntad del pueblo.

La doctrina ha sido insistente en señalar que “los elegidos son los representantes de la nación soberana, pero no los representantes soberanos de la nación”. En nuestro país el órgano competente para reformar parcialmente la Constitución es la Asamblea Legislativa, de conformidad con el Título XVII de la Constitución Política, artículos 195 y 196, siempre y cuando su actividad no afecte negativamente a los derechos fundamentales, ni al sistema político y económico, que sustancialmente se dieron los costarricenses mediante el poder constituyente. Por otra parte, la institución estatal obligada a decidir si en algún momento la Asamblea Legislativa sobrepasó sus potestades, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el mecanismo de garantía de que disponen los ciudadanos para instar a la Sala es la Acción de Inconstitucionalidad y en su caso, los Recursos de Amparo y Hábeas Corpus.

En esta línea de pensamiento, la Sala misma, no debe sobrepasar su mandato de defensa de los derechos fundamentales generando normas. Con esta fórmula, la Constitución se defiende a sí misma y se protege como conjunto de normas básicas y fundamentales del ordenamiento jurídico. Es también por ello que se ideó un procedimiento especial agravado para su reforma, con lo que se pretende evitar que la superioridad de ciertas normas constitucionales pueda ser desvirtuada, ya sea mediante actividad legislativa o judicial. El pueblo costarricense, tal como lo demuestra su historia constitucional y tal como lo interpreta esta Sala Constitucional, no ha querido, desde la independencia, dejar a la voluntad de una o varias instituciones, ni el núcleo de derechos fundamentales, ni el sistema político y económico, sino que cualquier cambio en estos sentidos debe ser producto de un acuerdo que abarque un espectro político mucho mayor y mucho más independiente de los avatares político-electorales, de tal forma que su extensa aceptación social no solo sea perdurable en el tiempo, sino que sea efectivamente una manifestación de la voluntad popular.

Según lo dicho en anteriores considerandos, el principio de la rigidez es una resultante de especial importancia del pacto social y por tanto, es también, en buena parte, el fundamento de la legitimidad del Estado. Se erigió como la condición determinante para que los ciudadanos dieran su consentimiento al texto constitucional. Este principio opera, en oposición, no sólo ante cualquier intento de modificación del estatuto de los derechos fundamentales por parte del gobierno, sino también ante la actividad del legislador ordinario o de cualquier autoridad en el mismo sentido. El costarricense históricamente ha querido mantener para su Constitución un procedimiento agravado y ésta sólo se puede reformar en relación con las tres dimensiones dichas –derechos fundamentales, sistema político y sistema económico- por una asamblea constituyente convocada expresamente para ello. En razón de lo anterior y aceptando –debido a la trascendencia de la decisión inserta en esta sentencia- el riesgo de que se califique este texto como reiterativo, volvemos a señalar, que tal es la razón por la cual existe un control constitucional sobre las reformas a la Constitución y que este control lo ejerce esta Sala, o sea no se trata que la Sala reforma el texto constitucional, se trata de que el mandato de esta Sala incluye la defensa de la Constitución y trata de evitar que se reformen las normas relativas a derechos fundamentales y al sistema político y económico por vía no autorizada por el pueblo, autorización expresada mediante el poder reformador originario.

Es así que este control, competencia de esta Sala Constitucional, procede cuando la reforma se produce con vicios de procedimiento, ya sea por violación a las reglas específicas previstas en los artículos 195 (en relación con el 124) y 196 de la Constitución Política, o bien cuando sea empleado el procedimiento de reforma parcial para la modificación de un aspecto esencial de la Constitución, por haberse reformado disposiciones, cláusulas o estructuras que no son susceptibles de enmienda, por estar expresamente sustraídas de una reforma parcial, o por estarlo implícitamente, en el caso de los derechos fundamentales. Estos derechos pueden ser objeto de reforma parcial, únicamente cuando se trate de modificaciones positivas, que son aquellas que amplían los contenidos de los derechos ciudadanos, -particularmente el de libertad- por la Asamblea Legislativa, sin embargo, las negativas, que son aquellas que reducen los contenidos de los derechos ciudadanos, únicamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente.

Es decir, la Asamblea Legislativa puede ampliar los contenidos y alcances de los derechos fundamentales, pero no puede el poder constituyente derivado suprimir o reducir tales contenidos, pues de esta forma podría destruir el orden básico instituido por el poder constituyente originario. La rigidez de la Constitución no admite que tales disposiciones sufran detrimento por la actividad legislativa o de gobierno, porque si ello fuera admisible, podría suponerse que el poder legislativo o ejecutivo tienen competencia legítima para emitir normas en contra de la Constitución, -lo que a su vez significaría que podrían sustraerle la soberanía al pueblo, ya que actuarían en contra de sus intereses declarados. Al instituir la Constitución competencias al poder legislativo, a la vez las enmarca e impone, por tanto, limitaciones a su actividad. Agregamos que esta lectura tiende a su vez a proteger a la Asamblea Legislativa, ya que incluye en su razonamiento que todo acto que desborde o contradiga el mandato constitucional destruiría también la base de la propia actividad legislativa y el fundamento legítimo de su autoridad.

VIII. EL PRINCIPIO DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL

La rigidez relativa de nuestra Constitución Política está fundada en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a todo el ordenamiento, al que deben someterse tanto los habitantes de la República como TODAS las autoridades institucionales. El principio de rigidez constitucional es una garantía que el pueblo decidió darse. La “rigidez” significa que el pueblo costarricense, mediante sus múltiples asambleas constituyentes acontecidas en nuestra historia, ha estimado necesario establecer ciertas cautelas en el trámite de la reforma constitucional con el propósito de que sus normas no solamente mantengan estabilidad, sino que, en caso de encontrarse necesaria una reforma, para llevarla a cabo deban superarse escenarios político-electorales, de naturaleza circunstancial y transitoria. Si, como algunos han sostenido tanto en los medios de comunicación como en ensayos técnicos, fueran irrelevantes para esta decisión judicial, la calidad de Derecho Humano fundamental de la libertad pública de participación política, el propósito de las cláusulas pétreas y el objetivo del principio de rigidez, no tendría explicación que nuestro Constituyente, de forma consistente como se demuestra en el desarrollo histórico que aparece en este texto, se hubiera molestado en incorporarlos con tanta precisión en nuestra Carta Fundamental.

Y menos aún, que se ocupara en señalar de forma expresa y contundente, que cualquier reforma parcial a la Constitución debe darse "con absoluto arreglo" a los procedimientos, condiciones, limitantes, requisitos, por ella prevista. Es imperativo tomar en consideración que la Junta de Gobierno de 1949 elaboró su propio Proyecto de Constitución Política, con el fin de incorporarlo a las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Tal pretensión no prosperó, por cuanto los Diputados Constituyentes no coincidieron en que tal documento fuera la base de sus debates. Ya con esta decisión, tomada en una circunstancia histórica que podría haber conducido al Constituyente a satisfacer las pretensiones del Ejecutivo, los delegados demostraron que reconocían únicamente al pueblo como soberano y que no permitirían que su voluntad fuese manipulada o reducida por un grupo determinado. No obstante que lo propuesto en aquellos días por la Junta de Gobierno, no fue admitido como el documento base de discusión para el poder originario, lo cierto es que, al representar el sentir de una parte de la población, sí fue parcialmente introducido en el curso de las deliberaciones mediante mociones de los Constituyentes que lo favorecerían, y aunque es de aceptación muy extensa por los historiadores constitucionales que tales iniciativas generaron resultados limitados, algunas propuestas fueron de recibo por el Poder Reformador Originario. El Proyecto presentado por la Junta según las actas de la Asamblea Nacional Constituyente en el Tomo I, indicaba:

"Costa Rica ha tenido la experiencia, sobre todo durante los últimos años, de la poca o ninguna importancia que se concede a la majestad de la Constitución Política, como base indispensable e imperativa que es deber de toda legislación. Las reformas a la Constitución, de acuerdo con la derogada de 1871, se efectuaban en forma bastante fácil, y, en cualquier momento, por razones que quizá no ameritaban una medida de tanta gravedad, un grupo de diputados propiciaba una modificación que la opinión pública no tenía tiempo u ocasión de madurar, discutir o combatir. Es necesario que las reformas a la Constitución obedezcan a evidentes necesidades nacionales y que reciban el apoyo tanto de las mayorías que gobiernan como de los ciudadanos que tienen derecho de expresar su criterio al respecto. En esa forma, la Constitución adquirirá la necesaria estabilidad, que garantice el respeto por las instituciones y podrá adaptarse mediante los cambios necesarios…" Como queda demostrado, el Proyecto de la Junta asumió en este particular una posición históricamente coherente, pues se constata en este texto que su pretensión se dirigía a mantener e incluso aumentar la rigidez del procedimiento de reforma parcial.

Esto es visible en la explicación de motivos de tal proyecto, que entendía que el procedimiento que se venía utilizando en virtud de lo dispuesto en la Constitución de 1871, podía devaluar al texto constitucional. Tal desnaturalización del espíritu o respeto a los principios de la Constitución, al proponerse y aprobarse reformas sin ese necesario itinerario requerido para una suficiente maduración mediante profunda discusión, lleva a concluir que la Junta le daba especial importancia a la voz del pueblo histórico.

IX.De todas las consideraciones insertas en esta sentencia, se deduce que la Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial que afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas fundamentales, por el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política. La Asamblea Nacional Constituyente estableció en el numeral 132 de la Constitución regulaciones a los derechos políticos de quienes aspiren al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República. En el caso que nos ocupa en esta decisión judicial, el inciso 1) prohibía la reelección únicamente para aquellos que hubieren ejercido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección. La reforma operada por ley No. 4349 prohibió en forma total la reelección presidencial, afectando negativamente derechos políticos de los ciudadanos y al actuar así, la Asamblea Legislativa, en ejercicio del Poder Constituyente de reforma parcial, excedió los límites de su competencia.

La Asamblea Legislativa como poder reformador derivado, está limitada por el Poder Constituyente en su capacidad para reformar la Constitución: no puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica del país. Únicamente mediante el procedimiento de reforma general, regulado en el artículo 196 de la Constitución Política y en estricto apego a lo allí dispuesto, se podría intentar una reforma de tal naturaleza. Habiendo llegado a este punto del razonamiento judicial, es pertinente aclarar que la reforma parcial o total de la Constitución Política no se refiere a la cantidad de normas reformadas, sino que apunta a un aspecto cualitativo. Cualitativo, en el sentido de que si la pretendida reforma implica variación de aspectos esenciales de la vida político-social y económica de la nación, o restricción a derechos y garantías fundamentales, y aún cuando lo sea de una sola norma constitucional –o de uno de sus incisos-, no podría la Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento de reforma parcial, aprobar la reforma sin violentar toda la Constitución.

Una de las razones de sentido común en que se fundamenta la distinción entre reforma parcial y general, es que el criterio para determinar la capacidad de reforma parcial no sea cuantitativo, sino cualitativo, porque de lo contrario, por vía de la primera podrían reformarse todas y cada una de las normas constitucionales, -incluso aquellas que definen la fuente del propio poder legislativo que las promulga-, lo cual sería una contradictio in absurdum, porque implicaría la posibilidad de que la Asamblea se despojara de su propia competencia constitucional, e incluso alterara la fuente misma del poder constituyente, es decir la titularidad de la soberanía. Se trata entonces de proteger y defender a la Constitución como conjunto de normas básicas y fundamentales del ordenamiento jurídico. El principio de rigidez constitucional basado precisamente en el principio de soberanía popular, no tiene otro objeto que procurar que el Estatuto que recoge el modelo ideológico de la sociedad, así como las convicciones y valores comúnmente compartidas relativas a Derechos Humanos, no sean variados.

Por ello, para llevar a cabo una reforma constitucional como la aquí cuestionada, mediante la cual se limita un derecho político dado por el constituyente originario, es necesario hacerlo a través del mecanismo de reforma general previsto en el artículo 196 constitucional y ser, necesariamente manifestación de la voluntad del pueblo, la cual deberá recogerse a través de los mecanismos idóneos para ello. En razón de lo anterior en el caso concreto, sea en la reforma al artículo 132 de la Constitución Política, operada mediante la Ley N°4349, se produjo una violación al procedimiento previsto según lo señalado. Por ende, la consecuencia lógica y jurídica de una reforma constitucional tramitada con un vicio de tal naturaleza, implica su nulidad, ya que, como ha tenido oportunidad de declarar la Sala, los requisitos de procedimiento que la propia Constitución Política se esmera en precisar son fundamentales ("esenciales", según se expresó en la sentencia N°5833-93), en tanto orientados a fortalecer la rigidez de su texto, esto es, orientados a una mayor dificultad de enmienda y en respeto de los derechos fundamentales que han sido reconocidos.

X- DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES PRODUCIDAS ANTES DE LA EXISTENCIA DE ESTA SALA Y SUS CONSECUENCIAS. Como ya se consideró, en la reforma al artículo 132 de la Constitución Política se dio una violación al procedimiento constitucionalmente señalado. Ahora bien, conviene realizar una serie de precisiones a lo que la Sala resolvió en la sentencia N°1-92, de las catorce horas del día siete de enero de mil novecientos noventa y dos:

"No obstante, a partir de la interpretación dada ahora por la Sala Constitucional como la más correcta de conformidad con las exigencias constitucionales –al emanar del órgano llamado por la misma Constitución a interpretarla, y a cuyos precedentes y jurisprudencia se reconoce además un valor vinculante erga omnes, por su naturaleza y por la norma expresa del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, la referida práctica constitucional debe entenderse superada por dicha interpretación..." Este texto fue señalado por el voto de mayoría en la sentencia No. 7818-00 para afirmar que si bien con la Ley que reformó el artículo 132 inciso 1) en mil novecientos sesenta y nueve hubo violación al procedimiento constitucional, al provenir tal infracción de una práctica constitucional vigente en aquella época y, aplicando la tesis formulada en la sentencia N°1-92, no sería posible en el año dos mil pronunciar una nulidad de lo actuado por el legislador.

Este criterio es revertido actualmente, en primer lugar porque en el presente caso no estamos ante lo que llama la sentencia una práctica constitucional, pues solo podría hablarse de práctica legislativa o costumbre internacional. En segundo lugar, no puede afirmarse que estamos frente a una “costumbre constitucional", si sólo se ha seguido en un número reducido de reformas, y en tercer lugar, debido al principio de rigidez constitucional, no se puede sustituir a la propia Constitución. Con el fin de aclarar lo anterior, resulta imprescindible indicar lo que se entiende por costumbre constitucional.

XI. LA COSTUMBRE CONSTITUCIONAL

La costumbre puede ser una fuente de derecho constitucional aún en países de derecho escrito cuya Constitución es rígida. Se entiende como costumbre, la práctica, suficientemente prolongada, de un determinado proceder por parte de los órganos superiores del Estado, al margen y aún en contra del texto de la Constitución, y la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por tanto, aplicarse, siempre y cuando no afecte un derecho fundamental o al sistema político o económico. Se pueden enumerar tres formas de costumbres jurídicas: secundum legem, contra legem y praeter legem. La costumbre secundum legem (interpretativa), es aquella que realiza una constante aplicación del texto constitucional, sin contradecir sus exposiciones y ajustándose a su letra. La costumbre al margen de la Constitución o praeter legem (integrativa), es aquella que, fuera del texto constitucional, suple sus vacíos, introduce normas nuevas sobre una materia respecto de la cual ésta no ha estatuido.

Finalmente, la costumbre contra legem, es la que está en oposición con la Constitución. Tratándose en principio de una Constitución rígida como la nuestra, las prácticas contrarias a la Constitución deben ser valoradas negativamente, pues las alteraciones del texto constitucional, por un imperativo de la justicia, deben operarse a través del procedimiento formal de reforma previsto por el texto escrito. En consecuencia, cuando la praxis es “contra Constitucionem”, las normas se aplican tal y como están expresamente consagradas en la Carta Política, dado que en nuestro ordenamiento tal solución se deriva del último párrafo del artículo 129 de la Constitución Política que dice: “...la ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior, y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario”. De este modo, una norma constitucional, que materialmente es una ley, no queda derogada sino por otra posterior y contra su observancia, no podría alegarse, ni la costumbre, ni práctica en contrario.

En consecuencia, la costumbre constitucional puede servir como parámetro del juicio de constitucionalidad, siempre y cuando no sea “contra constitucionem”. De conformidad con lo anterior, no se puede admitir que en la práctica de la Asamblea Legislativa se puedan dar violaciones que atenten contra los derechos fundamentales. En la situación que se analiza en la presente acción, lo que se detecta con toda claridad, es una infracción al procedimiento constitucional, al haber reformado restringido y cercenado un derecho fundamental. En atención a lo anterior, fue por eso que el Constituyente diseñó el esquema de la reforma constitucional fijando con extrema precisión quiénes pueden promoverla e incluso en qué momento; cómo se conoce y a través de qué mecanismos de procedimiento se realiza, que en términos jurídicos y de entendimiento común, no significa otra cosa que, esta materia no está disponible para flexibilidades.

En relación a que esta Sala Constitucional no sustituye al Poder Constituyente originario ni al derivado, o sea que no “legisla”, en la sentencia, N° 5596-99 de las 18:33 horas del 20 de julio de 1999, dispuso lo siguiente:

"Sí podría la Sala, y en ello no hay nada excepcional, declarar la inconformidad de un artículo de la Constitución que ha sido objeto de una reforma, por vía del señalamiento de vicios en la ley que operó la modificación. Pero nótese que, en este caso, lo atacado sería esta última y no la norma fundamental en sí misma…" Finalmente, el papel, obligación o mandato de un Tribunal Constitucional es defender la Constitución, mediante una interpretación que coincida con los principios de la misma, acogiendo las acciones de que disponen los habitantes de la nación como garantías y dando respuesta de acuerdo a su más alto concepto de la justicia, la libertad y la igualdad, en caso contrario, la Sala Constitucional estaría simplemente renunciando a su misión. Asimismo, uno de los coadyuvantes pasivos aduce que la Sala Constitucional no puede conocer del trámite de reforma del artículo 132 de la Constitución Política porque se aprobó antes de su creación, y ello implicaría dar efecto retroactivo a la Ley de Jurisdicción Constitucional, lo que vulnera el artículo 34 de la Constitución Política.

Como ya se dijo, la competencia de este Tribunal deriva de la propia Constitución Política –artículo 10-, que dispone que le corresponde a esta instancia, garantizar que las normas de cualquier naturaleza y los actos sujetos al Derecho Público sean acordes con la Constitución Política y los Instrumentos de Derecho Internacional y Comunitario vigentes en la República, con independencia de la fecha de su aprobación. La Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 1 y 2 reitera y desarrolla el precepto constitucional indicado, por ello la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional, o de una ordinaria anterior a la vigencia de la ley que rige esta jurisdicción, no vulnera de ningún modo el artículo 34 de la Constitución.

XII. CONCLUSIÓN

Estimamos que la acción resulta procedente por haberse efectuado mediante una reforma parcial, por un lado la restricción y por el otro, la eliminación de un derecho fundamental. El derecho de reelección había sido consagrado por el Constituyente y es una garantía constitucional de los derechos políticos de los costarricenses en el ejercicio del derecho de elección, consagrado además, en el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Lo anterior implica la anulación de la reforma practicada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política mediante Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según disponía antes de dicha reforma. Esta declaración tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la norma anulada, sin embargo, con base en el principio constitucional de seguridad jurídica, y el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que los actos derivados de la reforma desde la vigencia de la ley 4349 hasta su anulación por inconstitucional, son válidos.

Asimismo, con especial fundamento en el principio democrático, y de manera coherente con este pronunciamiento, esta Sala insiste en que lo revisado por este Tribunal es el procedimiento mediante el cual se produjo la reforma constitucional aquí impugnada, no sobre la conveniencia del instituto de reelección presidencial, por cuanto tal decisión es una competencia que le corresponde en forma exclusiva al poder constituyente originario. Los Magistrados Mora Mora y Arguedas Ramírez salvan el voto y declaran sin lugar las acciones.

Por tanto:

Se declaran con lugar las acciones. En consecuencia, se anula la reforma efectuada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política, mediante Ley Número 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según disponía antes de dicha reforma. Esta sentencia tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la norma anulada. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionan los efectos de esta sentencia en el sentido de que los actos derivados de la reforma desde la vigencia de la ley 4349 hasta esta anulación, son válidos. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial "La Gaceta" y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese Luis Fernando Solano C.

Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO.

El infrascrito concurre y comparte las consideraciones de la mayoría para declarar con lugar la presente acción de inconstitucionalidad, sin embargo, agrega las siguientes:

I. TIPOLOGIA DE LAS NULIDADES PROCEDIMENTALES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN

El punto medular de las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas radica en la naturaleza, trascendencia y gravedad de los vicios cometidos en la tramitación de la reforma constitucional parcial. Bajo esta inteligencia, el quebranto de las normas constitucionales procedimentales establecidas para sustanciar y tramitar una reforma parcial del texto fundamental, puede provocar dos grados de invalidez, a saber:

(1) una nulidad insubsanable y (11) una nulidad subsanable.

II. NULIDADES IN SUBSANABLES

La nulidad insubsanable absoluta (I), y que, por consiguiente, no se puede arreglar a Derecho, se verifica en los siguientes supuestos:

l°)-,cuando la Asamblea Legislativa utiliza el procedimiento de la reforma parcial para restringir, limitar o cercenar el contenido esencial de un Derecho Fundamental.

2°) Cuando la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su poder constituyente derivado omite observar o cumplir alguno de los recaudos de carácter sustancial o formal establecidos en el ordinal 195.

La hipótesis 1) de la nulidad absoluta e insubsanable se produce cuando la Asamblea Legislativa emplea el procedimiento del numeral 195 con la finalidad de cercenar, limitar o restringir el contenido esencial de un Derecho Fundamental. En este supuesto, a partir de un análisis finalista y axiológico del Derecho de la Constitución, al procedimiento le falta el fin o éste es absolutamente ilegítimo a la luz del parámetro o bloque de constitucionalidad, el cual se encuentra integrado, entre ~,' otros elementos, por el Derecho de los Derechos Fundamentales. En efecto, el procedimiento de reforma parcial es un mecanismo de la técnica constitucional para asegurar la supremacía, la permanencia y la rigidez constitucionales. La supremacía y rigidez constitucionales asumen un grado superlativo cuando se trata de reducir, limitar o hacer nugatorio el contenido esencial de un Derecho Fundamental. Los Derechos Fundamentales informan no solo las normas constitucionales sustanciales o materiales sino también las procedimentales -formales o adjetivas-,ambos tipos de normas deben respetarlos y observarlos.

La finalidad de toda norma de procedimiento es darle aplicación a las normas sustanciales o de fondo y, más concretamente, a los Derechos Fundamentales que tienen sustento en la dignidad de la persona y que, como tales, anteceden y preceden a cualquier estructura organizacional y política. Las normas procedimentales deben actuar y hacer plenamente efectivos los Derechos Fundamentales ampliándolos y desarrollándolos y no cercenándolos o limitándolos. Las normas procedimentales deben seguir a las sustanciales como la sombra sigue al cuerpo. Consecuentemente, no se puede emplear un procedimiento constitucionalmente establecido para restringir, limitar o cercenar el contenido esencial de un Derecho Fundamental. Los Derechos Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte dogmática de las Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del entero ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los poderes públicos y como tales ':- están dotados de una súper legalidad constitucional.

La restricción o limitación del contenido esencial de un Derecho Humano o Fundamental, por su naturaleza imprescriptible e indisponible, provoca una nulidad absoluta insubsanable. En el marco de cualquier estado constitucional la soberanía popular y el legislador democrático están limitados por los Derechos Fundamentales. Los Derechos Fundamentales vinculan negativa y positivamente al legislador. En un sentido negativo, debe respetarlos para lograr su plena efectividad, esto es, funcionan como una barrera o un límite. En un sentido positivo, los Derechos Fundamentales son para el legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa por lo que debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido esencial, esto es, del núcleo mínimo e indisponible -límite de límites- de cada uno de estos. El legislador constituido al desarrollar los Derechos Fundamentales debe velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva.

La garantía de la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos" y, para el caso de los Derechos económicos, sociales y culturales, el ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económico y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales(...)". El rol del legislador constituido, aun en funciones de constituyente derivado, es concretar los Derechos Fundamentales y no mermarlos, dado que, la legitimidad democrática de la Asamblea Legislativa descansa en la piedra angular de los Derechos Fundamentales de sus habitantes.

Sobre este particular, debe tomarse en consideración que las leyes tienen eficacia en función de los derechos fundamentales y no a la inversa. Este Tribunal Constitucional tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental de optimizar los Derechos Fundamentales procurando que cobren realidad y efectividad a través de una hermenéutica expansiva y extensiva de su contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, dándole preferencia a las interpretaciones de éstos que procuren su eficacia más fuerte. Esta Sala Constitucional es la llamada a custodiar y tutelar los Derechos Fundamentales, puesto que, sin tutela judicial o garantía procesales no hay Derechos Fundamentales. Este Tribunal Constitucional, como cualquier otro en un Estado Social y Democrático de Derecho, ejerce su autoridad por virtud de los criterios de la Justicia, la Equidad y la Dignidad Humana, los cuales tienen una pretensión de permanencia, a diferencia del legislador constituido que ejerce su autoridad por el criterio de las mayorías el cual es intrínsecamente coyuntural y mutable.

En cuanto a la hipótesis 2) de las nulidades insubsanables, se omite pronunciamiento, toda vez, que en el presente asunto se verificó una nulidad insubsanable por restricción o vaciamiento de -un Derecho Fundamental. Asimismo, por la forma en que se resuelve el presente asunto, se omite enunciar y desarrollar los supuestos de las nulidades subsanables (II).

III. SOBRE EL FONDO

En la reforma constitucional parcial al ordinal 132, inciso 1), por la Ley No. 4349 del 11 - de julio de 1969, no cabe la menor duda que el procedimiento fue utilizado para cercenar, limitar o restringir el derecho humano y fundamental a ser electo y a elegir consagrado en diversos instrumentos y textos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En efecto, la imposibilidad dispuesta para que un ex presidente pueda ser re-electo constituye, para su caso particular y de sus conciudadanos, una restricción o limitación al contenido esencial del derecho de ser electo y de elegir, puesto que, no podrá postular su nombre para ser elegido y los ciudadanos no podrán sufragar por éste con la consiguiente restricción en sus posibilidades de elección y de voto. Esa prohibición, lejos de constituir una limitación o límite extrínseco al derecho a ser electo, es una supresión absoluta de su contenido esencial respecto de quien ha ocupado la presidencia de la República en una ocasión precedente con lo que, para este caso particular, es totalmente vaciado su contenido.

Bajo esta inteligencia, la reforma parcial al artículo 132, inciso 1), de la Constitución Política por la Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, adolece de una nulidad insubsanable o absoluta al haber limitado el contenido esencial del derecho a elegir de los ciudadanos y al vaciar totalmente de su contenido el derecho a ser electo para el caso de los ex presidentes.

Ernesto Jinesta L.

NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO VARGAS BENAVIDES El suscrito Magistrado comparte el voto de la mayoría, pero considera necesario hacer las siguientes observaciones en relación con la acción de inconstitucionalidad número 02-005494-0007-CO.

I.Competencia de la Sala Constitucional. La jurisdicción constitucional en Nombre2042 ha sido dotada de un poder poco común en el Derecho Comparado, como lo es la posibilidad de someter al juicio de constitucionalidad no solamente las normas infraconstitucionales, sino incluso las de la propia Ley Fundamental. Ello resulta perfectamente compatible con el modelo amplio y abierto de control diseñado por el constituyente derivado y por el legislador al promulgar la reforma a los artículos lO, 48 Y 128 de la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, es evidente que lo único que cabe a esta Sala juzgar, respecto de normas constitucionales, es el procedimiento seguido para la aprobación de una reforma a la Ley Fundamental. Las normas originarias de la Constitución fueron emitidas por un poder no sujeto a límites, en un momento de ruptura del orden vigente, con la consecuente decadencia del sistema anterior. Asimismo, tanto las normas originarias como las que son producto de reformas parciales o generales, están exentas de control en cuanto a su contenido. No cabe juzgar la validez de las normas constitucionales por el fondo, pues para ello habría que aceptar la ilógica idea de que disposiciones de orden fundamental son nulas por violar otras normas del mismo rango.

Tampoco se puede decir que una norma constitucional (originaria o derivada) es inválida por violación a normas de Derecho Internacional, incluso a aquellas que reconocen derechos humanos. Nombre2042 es un Estado unitario, que si bien ha consentido comprometerse a determinadas condiciones al suscribir y aprobar diversos tratados internacionales, ello no implica que dichos instrumentos tengan rango supraconstitucional, en consonancia con los artículos 7° y 10 de la Constitución Política. Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que la Ley 7135 (artículo 73 inciso e) permita declarar la inconstitucionalidad de los tratados internacionales. Es decir, que para el derecho interno, es el tratado el que está sometido a la Constitución y no a la inversa. El hecho de que en casos en que un instrumento internacional reconozca derechos en forma más amplia que la Ley Fundamental, se deba aplicar aquel y no la norma constitucional no hace alusión a un juicio de jerarquía, sino a un juicio de especialidad, donde la norma internacional es aplicada a un caso concreto por ser más garantista que el dispositivo fundamental.

No siendo jerárquicamente superior a la Constitución Política, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no puede servir como parámetro para la anulación de una norma constitucional. El principio de regularidad jurídica es la base de todo sistema de control de constitucionalidad según éste, la validez de las normas de rango inferior descansa en el apego de las mismas respecto de las de rango superior. Por ende, el contenido de las normas constitucionales no puede ser objeto de control, ya que tanto las originarias como las derivadas tienen el mismo valor, el más elevado en una sociedad democrática. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, por su parte, refuerza esta posición, ya que el artículo 73 inciso ch) dispone claramente que cabrá la acción de inconstitucionalidad "Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento". Es decir, que la Ley previó únicamente el control de las normas emanadas del poder constituyente derivado (no distingue si en casos de reformas parciales o generales) en lo que atañe en forma exclusiva al procedimiento que haya sido empleado.

Así las cosas, en la presente acción solamente cabe a la Sala pronunciarse respecto del procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa al reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución política mediante Ley 4349 de once de julio mil novecientos sesenta y nueve.

II.Límites al poder constituyente. En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, debe la Sala aclarar que el Derecho Constitucional costarricense no pone al ejercicio del poder constituyente derivado ningún tipo de límite material (normas pétreas o inmodificables), circunstancial (imposibilidad de reforma durante la vigencia de estados de excepción, etc.) o temporal (imposibilidad de reforma durante un plazo determinado). Los únicos límites aplicables al ejercicio de dicha función son de carácter meramente procedimental, previstos en los artículos 195 (en relación con el 124) y 196 de la Constitución Política. Las normas constitucionales aprobadas por el poder constituyente originario evidentemente carecen de límites incluso de procedimiento, pues el ejercicio de dicho poder importa una función innovador a, desarrollada ante un vacío normativo. El poder constituyente derivado reformador (único posible en un Estado unitario como el nuestro), como se dijo, sí está sujeto a límites formales.

En primer término, el uso de los procedimientos previstos en los artículos 195 y 196 constitucionales depende del tipo de reforma de que se trate. Así una reforma parcial deberá ser aprobada mediante el procedimiento previsto en el numeral 195: el órgano competente para llevarla a cabo es la Asamblea Legislativa con absoluto apego a las reglas previstas en ese mismo numeral. Si, por el contrario, se trata de una reforma general a la Constitución, la decisión compete a una asamblea constituyente convocada al efecto por mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, si la Asamblea Legislativa aprueba una reforma a la Constitución Política mediante el trámite previsto en el artículo 195 (reforma parcial), y la enmienda es de tal magnitud que debe ser considerada como una reforma general, entonces la reforma producida adolece de un vicio de inconstitucionalidad que lleva a su necesaria anulación.

La calidad de "general" o "parcial" de una reforma no obedece únicamente a criterios cuantitativos. Es claro que una modificación de toda la Ley Fundamental o de la mayoría de su articulado importa una reforma general. Sin embargo, incluso pequeñas modificaciones (desde un punto de vista cuantitativo) pueden significar grandes transformaciones en el sistema constitucional, y que por ende constituyen materia propia de reforma general y no de reforma parcial. Un cambio en el sistema político, en la forma de Estado, en el régimen democrático o una disminución en el bloque de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, etc. puede implicar una modificación de tal entidad en el sistema constitucional, que su aprobación requeriría de la convocación de una asamblea constituyente (artículo 196) y no podría la Asamblea Legislativa hacerlo por sí misma (artículo 195).

III.Infracción en el caso concreto. En el presente caso, la reforma introducida en el artículo 132 inciso 1) de la constitución Política de conformidad con la Ley número 4349 de once de julio mil novecientos sesenta y nueve, resulta inconstitucional por violación de los límitesprocedimentales a que está sujeta la función de reforma del texto fundamental. La Asamblea Legislativa, al aprobar la referida enmienda, limitó un derecho fundamental de los electores a escoger libremente a sus gobernantes de entre aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 131 constitucional. Al aprobar la Ley 4349 y prohibir la reelección presidencial, la Asamblea mutiló un derecho fundamental que el texto originario había reconocido Iexpresamente. Al hacerlo, produjo un cambio traumático en el sistema constitucional, basado en el amplio reconocimiento de los derechos de las personas, retrocediendo en un terreno donde solamente son admisibles los progresos continuos y sostenidos, que en nada alteran el orden esencial de la Constitución, pues la Ley máxima protege un

Estado de derechos, y en consecuencia, cualquier aumento en el cúmulo de derechos reconocidos no produce una modificación esencial (general) en la Constitución, mientras que una disminución en el ámbito de derechos y garantías sí produce una transformación grave en el sistema fundamental, que por ende no puede ser aprobada mediante el procedimiento de reforma parcial. Al haber disminuido el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes dentro de la más amplia gama de opciones posible, y restringir dicha elección entre las personas que no han ocupado el cargo de Presidente de la República, la Asamblea Legislativa produjo una reforma general al sistema constitucional costarricense, a pesar de que dicha competencia le es atribuida en forma exclusiva a una asamblea constituyente de conformidad con los términos del artículo 196 constitucional.

En consecuencia, la reforma operada por Ley 4349 de once de Julio mil novecientos sesenta y nueve resulta inválida y como tal debe ser declarada, recobrando vigencia la norma derogada, es decir, el texto original del inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política.

Adrián Vargas B.

NOTA DEL MAGISTRADO SOLANO CARRERA Dejando constancia de mi adhesión al voto de mayoría de la Sala, creo oportuno hacer algunos señalamientos específicos sobre materias tan importantes corno las tratadas en la sentencia número 2003-2771, tomando en cuenta las notas que aparecen en el expediente, suscritas por los Magistrados Jinesta Lobo (folio 634) y Vargas Benavides (folio 637).

I. SOBRE EL TEMA DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

En la opinión de minoría de la sentencia N° 2000-7818, que me correspondió redactar, se indicó claramente que quienes Á decidíamos de esa forma no incursionábamos en el terna de fondo, ya que el voto mayoritario se había inclinado por referirse solamente al procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa para la reforma constitucional. Como se sabe, ese solo tema había bastado para tener un voto de toda conformidad. Pero eso significa, simplemente, que en aquel momento se decidió no hacer pronunciamiento acerca de la competencia que tiene la Sala para hacerlo en cuanto al fondo de la reforma constitucional, lo cual no enerva en modo alguno que posteriormente se pudiera retornar la cuestión, corno se ha hecho en la sentencia número 2003- 2771. Además, como lo acredito en el considerando siguiente, ya este terna habían venido siendo anunciado por la Sala Constitucional, prácticamente desde el inicio de funciones,,¡ en todo lo cual también mi voto ha sido concurrente.

II. LOS LÍMITES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN CUANTO A LAS

REFORMAS CONSTITUCIONALES. ALGUNOS PRECEDENTES.

En efecto, resueltas corno han sido estas acciones de inconstitucionalidad, desde mi perspectiva resulta importante remarcar que lo que ahora hace la Sala no es en modo alguno innovativo, ya que estos temas habían venido sido objeto de su preocupación en diversos momentos.

Baste, como ilustración, la cita de algunos precedentes que vienen a este caso y que son relativos a la Constitución, como norma suprema y a los límites para su reforma.

PRIMER PRECEDENTE. Al emitir opinión sobre la reforma al artículo 24 de la Constitución Política, en sentencia número 678-91, la Sala encontró necesario emitir opinión sobre el fondo del proyecto y lo dijo así: "VI. En cuanto al fondo, la Sala estima es su deber manifestar que si se pretende garantizar a los ciudadanos el derecho a la intimidad, la frase que autoriza al legislador ordinario la regulación de la intervención de "cualquier tipo de comunicación", significa la desconstitucionalización de lo pretendido en el párrafo primero de la reforma, o lo que es lo mismo, no dejar ambito privado alguno al ciudadano..."La reforma a que se refiere este pronunciamiento, volvió a Asamblea Legislativa con criterio negativo de la Sala.

SEGUNDO PRECEDENTE. En la opinión consultiva que consta en el voto número 4848-95, al ser consultada sobre la reforma ! a varios artículos constitucionales, también la Sala ' adelantó cuestiones que tienen que ver con el fondo de cualquier reforma constitucional y los límites que al " respecto tiene la Asamblea Legislativa. Lo dijo en estos términos:

“...Igualmente, no puede dejar de señalar (la Sala) que al evacuar esta consulta, no ha examinado lo que corresponde a las facultades del legislador en torno a las j reformas constitucionales, sobre todo, en cuanto, a las interrogantes planteadas por los constituyentes originarios, al tratar de distinguir entre el poder reformador de la Constitución y Asamblea Constituyente, por ejemplo, al lanzar al Diputado Gamboa Rodriguez la pregunta de "¿hasta dónde puede la Asamblea Legislativa reformar la Constitución? ¿Puede mediante una reforma, llegar a variar las bases políticas, sociales o económicas sobre las que se asiente la República? Para mí lo esencial es que se elabore un artículo que ponga a cubierto a la nación de reformas constitucionales que alteren fundamentalmente la estructura de nuestro régimen democrático. En estos casos, la Asamblea no podrá reformar la Constitución, convocándose a una Asamblea Constituyente para este solo efecto". En otras palabras, la Sala se ha pronunciado en este caso, sobre los alcances de las infracciones que ha detectado en el procedimiento, sin entrar a calificar si la materia objeto de la consulta se encuentra incluida o no dentro del poder reformador de la Constitución Política, lo que deja expresamente reservado para cuando se presente una eventual consulta al respecto..." (Considerando VII. La letra cursiva no es del texto original).

TERCER PRECEDENTE. Con motivo de otro proyecto de reforma constitucional, esta vez relativa al plazo del mandato residencial y legislativo, había expresado la Sala en la opinión consultiva cuyo voto es el número 1438-95:

"... La Sala reconoce la competencia de la Asamblea Legislativa para emplear las facultades que le atribuye el artículo 195 constitucional a fin de variar en la magnitud que lo hace, la duración de esos períodos, aumentándolos de cuatro a cinco años en todos los casos. El principio democrático, manifiesto ya desde el primer artículo de la Constitución, y su corolario, el requisito de alternabilidad (a que se refiere el artículo 9), que exigen elecciones períodicas, difícilmente se satisfarían y aun podrían quebrantarse si estas últimas tuviesen lugar en momentos excesivamente distantes entre unas y otras para la provisión de los mismos cargos. La Asamblea Legislativa transgrediría los límites de la reforma parcial, si al fijar otra duración para los referidos períodos lo hiciese de manera tal que esa fijación fuese claramente irrazonable o inmoderada - por ejemplo, si estableciese períodos con duración de quince o veinte años-; en tal caso, lo resuelto por la Asamblea desnaturalizaría el principio democrático y sus necesarias consecuencias. Esto significa que la duración de los períodos es materia disponible para la Asamblea mediante la reforma parcial de la Constitución, si tal cosa se hace dentro de los límites de lo razonable y de lo que aconseje la prudencia política " (Considerando IV).

Los anteriores textos se refieren solamente a algunas de las oportunidades en que la Sala Constitucional se ha detenido en el análisis de esta cuestión esencial.

De tal manera, estando claro para mí que la reforma al inciso 1° del artículo 132 constitucional, en la medida en que cercena y a la vez lesiona severamente los derechos a ser electo y a elegir, propios de una verdadera democracia como la diseñada por los Constituyentes de 1949, excede la posibilidad de reforma constitucional que aquellos le otorgaron a la Asamblea Legislativa.

III. EL VALOR Y RANGO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....(doc de Nombre10023)

Yo coincido con quien entienda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene una primera utilidad al servir de referente o criterio de interpretación del ordenamiento jurídico de un Estado.

Pero sucede que al lado de esa tal utilidad, propia de circunstancias en las que haya de producirse y hasta aplicarse una norma legal ordinaria, también, desde el punto de vista material, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene un carácter autoaplicativo-y directo, agregaría- porque no solamente es derecho interno costarricense, a la luz de lo preceptuado por el artículo 48 de la Constitución Política, sino que se incorpora con el más alto valor normativo. Por eso mismo, valga señalar que en tal sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido conteste me ha permitido votar como lo he hecho en esta ocasión, entendiendo que con la reforma constitucional aquí analizada, no solamente se han violado directamente los principios y valores de la Constitución Política, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que para nuestro orgullo ha sido bautizada oficialmente con el nombre de PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Simplemente, para acreditar mi aserto, cito al azar algunos de los precedentes a los que puede acudirse en esta cuestión, con lo que, también, de paso, se confirma que afortunadamente nuestro ordenamiento y concepciones jurídicas son atípicas y muy avanzadas en relación a otros países, no solamente de nuestro entorno, sino a nivel mundial.

PRIMER PRECEDENTE. En un asunto relativo a la aplicación interna de la Convención de Naciones Unidas sobre losDerechos del Niño, ha expresado la Sala Constitucional, que las normas y principios de los instrumentos internacionalesde Derechos Humanos, tienen un rango superior a la Constitución Política. Ver sentencia número 1919-1999.

SEGUNDO PRECEDENTE. La Sala ha sostenido que, al modificarse el artículo 48 constitucional, se creo una nueva categoría de normas: los tratados, y, en general, los; instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables' en la República, que complementan la Constitución en su parte dogmática. Ver sentencia número 3805-92.

TERCER PRECEDENTE. En otra ocasión, dijo la Sala que había, que entender que los instrumentos internacionales de I Derechos Humanos tienen fuerza normativa "de nivel ~ constitucional" , otorgada por el artículo 4 8 de la i Constitución. Ver voto número 242-1-1998.

CUARTO PRECEDENTE. En esta ocasión, la Sala confirma su criterio acerca del valor y fuerza normativa de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, pero agrega en el sentido de que "tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución..." En tal sentido, ver sentencia número 2313-1995.

QUINTO PRECEDENTE. Interesante resulta que en otras sentencias, la Sala opta por aplicar directamente instrumento internacional de Derechos Humanos, como es el caso de la reclusión penal de menores confundidos con adultos, o de procesados con condenados. Ver en tales sentidos, sentencias 3716-1999 y 4885-1999.

SEXTO PRECEDENTE. Igualmente, de aplicación directa de un instrumento internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección de las Poblaciones Indigenas. Ver sentencia número 3515-1996.

SÉTIMO PRECEDENTE. En la sentencia que se pronunció acerca de la técnica de la Fecundación in Vitro, la Sala aplicó directamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ver sentencia número 2000-2306.

Claro está, para la presente nota no se trata de realizar un examen exhaustivo de la doctrina de la Sala en estas materias, pero que todo lo dicho valga al menos para poner de manifiesto mi criterio acerca de lo que ha significado la recepción en el Derecho Interno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de la reforma del articulo 48 de la Constitución Politica, operada en 1989, y que ha sido un paso trascendental para la consolidación de nuestro Estado Constitucional de Derecho.

Luis Fernando Solano Carrera VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS MORA MORA Y ARGUEDAS RAMIREZ (redacta el segundo) Los Magistrados Mora Mora y Arguedas Ramírez salvamos el voto y declaramos sin lugar las acciones acumuladas.

I.Antes de consignar los motivos de nuestro desacuerdo con lo resuelto por la mayoría, nos parece adecuado a las características del presente asunto hacer algunas observaciones preliminares.

  • a)La primera es que se da la circunstancia de que por segunda vez en el corto lapso de menos de tres años la Sala Constitucional debe abordar el examen de la constitucionalidad de la reforma legal al inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política, que, como es de general conocimiento, fue materia de la sentencia No. 7818-00 del cinco de setiembre de dos mil, la que votamos en sentido coincidente con los Magistrados Piza Escalante y Sancho González. Está demás decir que en aquella oportunidad desestimamos la acción. Pero esto plantea la cuestión de si el tribunal constitucional procede lícitamente introduciéndose de nuevo en el problema de la validez constitucional de la mencionada ley. En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa, básicamente porque no hay disposición expresa en la Ley de la Jurisdicción Constitucional que lo impida, y el artículo 76 de este mismo texto legal, que alguna resistencia podría hacer a la solución que adoptamos, es evidente que alude a un supuesto diferente, el que en algún momento se ha llamado de la "acción incidental" por referencia al primer párrafo del artículo 75 de la misma Ley.
  • b)La segunda es que en este caso es público y notorio que se está en presencia de una decisión que por razones comprensibles interesa vívamente a la comunidad nacional, y en especial a algunos sectores de lo que a veces se llama la "clase política" del país. En este trance, podría haber quienes se inclinen a pensar que conviene a la Sala diseñar una resolución a tono con los intereses o las preferencias de esos sectores, que sin embargo no suelen tener en casi ninguna materia criterios coincidentes, o que refleje aquellos que pudiera tenerse por predominantes o mayoritarios. A nuestro modo de ver, esto es más de lo que en condiciones normales cabe esperar de un tribunal constitucional, porque la lógica de sus decisiones se basa en el empleo de un instrumental diferente del que se sirven otros órganos estatales con amplia capacidad decisoria -como la Asamblea Legislativa, por ejemplo- y en consecuencia sigue otros cauces, otros derroteros, de modo que fácilmente puede llegar a soluciones que contrastan con lo que en una determinada coyuntura aquellos criterios tienen por apropiado o conveniente.

Ahora bien, a contar de las consideraciones que conjunta o separadamente hacen los Magistrados que forman la mayoría, nuestras propias razones para desestimar la acción son las siguientes.

  • a)La disposición impugnada, sea, la ley de reforma al inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política, no cercena el derecho a ser electo, ni es una supresión absoluta del contenido esencial de este derecho, ni configura el vaciamiento de su contenido. Puesto que de lo que se trata cuando aquí se habla del derecho a ser electo es alusivo específicamente a cargos electivos y más precisamente a cargos de elección popular, este derecho es reconocido por la Constitución de modo que pueda ser ejercitado con sumisión a un elenco de requisitos de elegibilidad, causas de inelegibilidad o motivos de impedimento que en este sentido lo modelan como un derecho regulado y por ende no como un derecho absoluto. Por otro lado, es un derecho a ser electo para diversos cargos, si bien no simultáneamente; es decir, para aquellos cargos que la Constitución dispone que sean de elección popular. Dicho de otro modo, el contenido del derecho refiere a la posibilidad de ejercicio de cargos diversos, como el de Presidente de la República, el de Vicepresidente de la República, el de Diputado a la Asamblea Legislativa o el de Alcalde o Regidor municipal.

De este modo, el ciudadano que ha sido Presidente de la República, como resultado manifiesto de su derecho a ser electo, conserva intacto su derecho a ser electo para el servicio de otros cargos, aunque ciertamente se limita su derecho a ser electo en un cargo determinado (en virtud de la ley impugnada mediante esta acción). Inferimos de lo anterior que el impedimento para la reelección en un cargo determinado, no obstante la importancia que a éste se le atribuya (en ocasiones, con tácita desvalorización de otros cargos electivos), no es suficiente para calificarlo de cercenamiento, supresión absoluta (esto es, total) o vaciamiento del contenido esencial del derecho a ser electo.

  • b)La limitación que contiene el inciso 1) del artículo 132 de la Constitución del derecho de ser electo, que se expresa en el impedimento para ser reelecto en un cargo determinado (el de Presidente de la República) que ya se ha servido, no ofende el contenido esencial de este derecho. Según lo vemos nosotros, la limitación que incide en el supuesto de reelección se apoya en valoraciones políticas, muy propias del legislador, que acertadas o no propenden a potenciar mayores posibilidades de acceso al cargo a otros ciudadanos que no lo han alcanzado, con la pretensión de favorecer de este modo los principios de igualdad, alternabilidad en el poder y participación democrática.
  • c)La disposición impugnada mediante esta acción no vulnera el contenido del derecho a elegir. Deviene de lo dicho en los párrafos anteriores como necesaria consecuencia que el derecho a elegir no consiste propiamente en el derecho a elegir a cualquiera y para cualquier cargo, sino de elegir (en el marco de garantías del Estado democrático de Derecho) a quien está en legítima situación de ser electo. Esto no es más que el resultado lógico de la correlación que existe entre ambos derechos -el de elegir y el de ser electo-, que hacen posible la realización de las demandas de la participación democrática d) La reforma al inciso 1) del artículo 132 de la Constitución no altera la organización del Estado, ni modifica el régimen constitucional regulatorio de la economía nacional. En nuestro criterio, lo contrario es indemostrable.
  • e)Con fundamento en las anteriores razones, sostenemos que la ley que enmendó el inciso 1) del artículo 132 de la Constitución no es contraria a la Constitución, y que el legislador hizo empleo válido de la potestad de reforma parcial que le atribuye el artículo 195 de la Constitución. Pero la conclusión a la que llegamos exige de nosotros, finalmente, reparar en un motivo de inconstitucionalidad del que no nos hemos ocupado hasta ahora, y de cuyo análisis los Magistrados que forman la mayoría manifiestan estar dispensados debido a la naturaleza de su decisión. Este motivo repite un tema que ya fue conocido por la Sala con ocasión de la sentencia No. 7818-00 del cinco de setiembre de 2000, a la que aludimos al comienzo; dice que la ley impugnada es inconstitucional porque durante el procedimiento legislativo mediante el que se dictó se excedió el plazo establecido en el inciso 3) del artículo 195 de la Constitución. Nuestro criterio a este respecto es el mismo que expresamos en la citada sentencia No. 7818-00, específicamente en sus considerandos VII a XVI (todos ellos con redacción de los Magistrados Piza Escalante y Arguedas Ramírez, salvo el XIV, redactado por el primero de ellos); considerandos cuya transcripción se hace necesaria como colofón de este voto salvado:

“D — En cuanto al procedimiento de la reforma constitucional.

“VII — Ciertamente, en lo que se refiere a la reforma parcial de la Constitución que introdujo el actual texto del inciso 1° del artículo 132, por Ley No. 4349 de 11 de julio de 1969, la Comisión dispuesta por el inciso 3° del artículo 195, integrada el 7 e instalada el 16 de junio de 1966, no rindió su informe sino el 15 de julio siguiente, cuando había vencido el plazo de ocho días entonces previsto por la norma constitucional. La cuestión que se plantea a este Tribunal es saber si el incumplimiento del plazo, y por ende, la extemporaneidad del dictamen de la Comisión, configuran un vicio invalidante del procedimiento, al punto de que haya que declarar la inconstitucionalidad de la reforma y su consecuente anulación. La Sala, en torno a esta decisiva cuestión, declara, por mayoría, que el vicio no es invalidante, de manera que desestima las acciones en cuanto a este extremo por las razones que enseguida se dirán.

“VIII — El artículo 195, que dispensa a la Asamblea Legislativa la potestad de reformar parcialmente la Constitución, no confiere al legislador ordinario una facultad ilimitada. Más bien, sujeta el ejercicio de esa potestad a un procedimiento especial agravado. En este sentido, el artículo 195 tiene un doble carácter. En primer lugar, carácter instrumental, al dotar a la Asamblea de una potestad y de un procedimiento para realizarla, procura el medio apto para que el texto constitucional, a pesar de su aspiración de perdurabilidad y permanencia, y de su consiguiente rigidez, encuentre manera de adaptarse a los cambios que demandan los tiempos. En segundo lugar, carácter sustantivo o garantista, puesto que la potestad legislativa ha de ceñirse al artículo 195, o, como éste mismo dice, puesto que la Asamblea ha de proceder "con absoluto arreglo" a sus disposiciones, protege la rigidez de la Constitución, o, lo que es igual, los contenidos de la Constitución, en tanto conjunto de normas fundamentales del ordenamiento jurídico, que no pueden reformarse por el procedimiento ordinario para la emisión de las leyes.

“IX — La expresión "con absoluto arreglo" no significa, empero, que el régimen de la reforma parcial de la Constitución se agota en el artículo 195, o, dicho de otro modo, no significa que la plenitud del régimen de la reforma parcial está en este artículo. En el artículo 10 inciso b) la Constitución impone la consulta del proyecto ante la Sala Constitucional; en el artículo 121 inciso 22) atribuye a la Asamblea potestad de autorregulación, y es bien sabido que el Reglamento legislativo, que resulta del ejercicio inmediato de esa potestad, contribuye con muchas de sus disposiciones, aunque no fueran específicas, a la regulación del régimen de la reforma parcial. Pero si se observa de cerca el curso real del procedimiento de reforma parcial, en casi cualquier caso concreto, es fácil advertir que ni siquiera el Reglamento alcanza a configurar, con el artículo 195, la plenitud del régimen jurídico de ese procedimiento.

A este régimen se suman, para decirlo de modo muy general, usos, prácticas, costumbres y convenciones, que se caracterizan en común por que se perpetúan a lo largo del tiempo, sin contrariedad o controversia, todo lo que impregna el procedimiento y lo conduce efectivamente con convicción de juridicidad, y que es ineludible resultado de las exigencias que plantea la estructura, composición y funcionamiento de un órgano político representativo y deliberativo como la Asamblea Legislativa. De aquí deduce el ordenamiento que la rige (el Derecho parlamentario) el carácter dinámico y flexible que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen abrumadoramente como condición necesaria y legítima.

“X — Ahora bien, el origen legislativo de la proposición de reforma parcial de la Constitución, la exclusión del Poder Ejecutivo de la iniciativa del proyecto y después del veto de la adoptada y el hecho de que solo muy posteriormente esta última acabe mutando en un proyecto de reforma en el seno mismo de la Asamblea, de modo que es ésta la que concibe, delibera y construye autónomamente el texto de la reforma, guarda estrecha relación con la índole de la reforma constitucional, así sea parcial, porque vincula el fenómeno a la naturaleza del Poder Reformador de la Constitución. De otro lado, los trámites que corren entre la proposición y el proyecto se inscriben en lo que evidentemente es una fase preparatoria el inciso 5° del artículo 195, cuando dice:

"Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión…".

“En el ínterin, la Asamblea —en pleno— tiene varias oportunidades para decidir si admite la proposición, o si la impulsa, o si la desecha. A este último supuesto se refiere de modo expreso el inciso 2° del mismo, cuando dice que la proposición se lee "para resolver si se admite o no a discusión"; todo lo cual pone de manifiesto, en todas las fases del procedimiento, el protagonismo de la Asamblea —en pleno, que es el órgano llamado, en exclusiva, a ejercer el Poder Reformador de la Constitución, y el carácter simplemente auxiliar que tienen las comisiones a que se refiere el dicho artículo. Carácter apenas auxiliar, porque no es decisorio, ni podría serlo sin que esto suponga invadir una competencia que no les dispensó a ellas la Constitución, sino, como se ha visto, sólo a la propia Asamblea, y proceder sin el "absoluto arreglo" que la Carta demanda.

“XI — Así, pues, en lo referente específicamente a la Comisión dictaminadora de la proposición, no cabe duda de que es obligatorio el plazo fijado en el inciso 3° del artículo 195, y que el incumplimiento de dictaminar o de hacerlo en tiempo puede ser reprochado a sus miembros, de acuerdo con lo que se disponga en el Reglamento legislativo. Pero carecería de todo sentido lógico, a la luz de lo dicho, reconocer la necesidad de respetar la integridad del poder decisorio de la Asamblea en esta materia, que le pertenece por entero a ella, y deducir a la vez de la letra del artículo 195 la consecuencia de que una Comisión dictaminadora —o aun una simple mayoría dentro de ella— esté en posibilidad real de hacer nugatorio ese poder, deliberadamente o no, con sólo abstenerse de dictaminar o dictaminando extemporáneamente. Obsérvese que la Asamblea sólo puede actuar a posteriori de ese incumplimiento, cuando ya se ha producido, y carecería de todo sentido lógico castigar esta impotencia sustrayéndole la potestad de alcanzar el fin concreto que el ejercicio de esa potestad persigue, a saber, la reforma parcial de la Constitución.

Este sería, sin embargo, el resultado que se conseguiría si se estima que el incumplimiento ya no solo puede aparejar una sanción a los miembros de la Comisión, lo que es del todo comprensible, sino la invalidación del procedimiento y de su producto, como está pedido en estas acciones. Pero, además, el carácter garantista del procedimiento de reforma parcial, del que también se ha hablado aquí, antes que ser satisfecho con el mencionado resultado, sería violado por éste, en la medida en que se impediría al Poder Reformador de la Constitución su adecuación y, en esa medida, se compromete su perdurabilidad, su permanencia, su misma rigidez y las del orden a que ella aspira.

“XII — El carácter auxiliar de la Comisión dictaminadora a que se refiere el inciso 3° del artículo 195 no ha de ser, sin embargo, menospreciado. La simple lectura de este artículo muestra que el procedimiento especial de reforma parcial de la Constitución es pausado, y diseñado de tal manera que la voluntad de la Asamblea se produzca mediante sucesivas deliberaciones y decisiones destinadas a crear espacios de reflexión, discusión y acuerdo, todo muy en consonancia con el citado carácter garantista de ese procedimiento. Es en función de esas exigencias, que guardan conformidad con principios como los de participación democrática y publicidad, que ya este Tribunal ha estimado esencial el trámite de Comisión previsto en el inciso 3° del artículo 195, como lo ha hecho ver el Procurador General de la República en su informe. Es en este contexto que se explica la reforma constitucional que extendió el término final del plazo concedido a la Comisión, de ocho a veinte días, en virtud de la Ley No. 6053 de 15 de junio de 1977, dado que, como ya se ha explicado, el plazo es obligatorio, y resultaba ser, antes de su reforma, manifiestamente insuficiente para cumplir a cabalidad la función dictaminadora, pero esto no permite deducir el carácter anulatorio de su incumplimiento, mucho menos una vez ejercido el Poder Reformador de la Asamblea.

La consecuencia invalidante del procedimiento legislativo que se atribuye al exceso del plazo es el resultado de una interpretación de algunas expresiones empleadas en el artículo 195, y, especialmente, de la que dice que la reforma se deberá hacer "con absoluto arreglo" a lo que en ese artículo se dispone. Hacerlo supondría que, por ejemplo, cualquier exceso de los plazos de seis días establecidos en el inciso 2° del mismo artículo, que median entre las lecturas que anteceden a la primera decisión de la Asamblea, tengan el mismo efecto invalidante, sin importar siquiera las razones que lo expliquen o justifiquen.

“XIII — A los efectos de resolver las presentes acciones, este tribunal no ha encarado el laborioso esfuerzo de detectar los eventuales casos en que infracciones de esta naturaleza se pudieran haber producido. Pero sí consta que hay un relevante número de leyes de reforma parcial de la Constitución producidas con exceso del plazo del inciso 3° del artículo 195. En todos los casos en que se dio esta circunstancia, la Asamblea continuó el procedimiento hasta su finalidad propia. Para conocer la persistencia, incidencia o reiteración de este fenómeno, es indiferente que en otros casos se dictaminase dentro del plazo, porque ninguna cuestión podía hacerse sobre este hecho. Se trata, en consecuencia, de acuerdo con la información recabada, de una reiterada e inalterada práctica, nunca contradicha ni controvertida, que es lo que hace, precisamente, la consuetudo constitucional. De otra parte, es evidente que el legislador que produjo la reforma impugnada se atuvo, pues, a una interpretación indiscutida, y, tanto antes de 1969 como después, a lo largo de todos los períodos constitucionales y de todas sus diversas integraciones, reformó parcialmente la Constitución, en muchas de sus disposiciones, todas las cuales podrían ser suprimidas si este Tribunal resolviera conceder la gravísima consecuencia de la nulidad al exceso del plazo.

Se ha alegado que esa consecuencia anulatoria es intrascendente, o un asunto extrajurídico, porque el rigor formal —o formalista— en la interpretación constitucional debe imperar por encima de cualquier otra consideración; pero esto, lejos de implicar el imperio del Derecho de la Constitución, lo desvirtúa, mediante una interpretación de nuevo cuño, contradictoria, por cierto, con aquella en la que se fundó una práctica legislativa que acuñó, en conjunto, a lo largo de los años, una notable enmienda de la Constitución por sucesivas reformas, y que, a juicio de este tribunal, integró el sentido de la Constitución con plena validez jurídica. Esto no es ajeno a un riguroso razonamiento jurídico y, desde luego, nada irrelevante: por el contrario, no escapan a este Tribunal las desgarradoras consecuencias que acoger la tesis de los accionantes implicaría para la integridad del Derecho de la Constitución, para su legitimación como normativa fundamental del ordenamiento, para la seguridad jurídica, y, en suma, para la propia integridad y legitimidad del derecho subordinado a la Constitución.

“XIV — Para destacar esas desgarradoras consecuencias basta con observar que, de un total de cuarenta y ocho reformas parciales incorporadas a la Constitución de 1949, hasta las del 27 de mayo de 1999, solamente veinte no serían inválidas, por haber sido dictaminadas dentro del plazo constitucional —de 8 días hasta 1977, de 20 después—, mientras que sí lo serían y, en consecuencia, absolutamente nulas, las veintisiete restantes —más de un 56%, que afectaron 45 disposiciones, y casi todas las más importantes—, las cuales fueron informadas tardíamente, incluso las que reformaron los artículos 157, sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia (Ley #1749 de 8 de junio de 1954); 93, 95, 100 y 177 sobre el sufragio, la composición del Tribunal Supremo de Elecciones y su presupuesto (Ley #2345 de 20 de mayo de 1959); 73, sobre administración del Seguro Social (Ley 2737 de 12 de mayo de 1961); de nuevo 177, sobre el presupuesto (Ley #2738 del 12 de mayo de 1961); 16 párrafo 1, sobre convenios de doble nacionalidad (Ley #2739 de 12 de mayo de 1961); 106 y 171, sobre composición de la Asamblea Legislativa y elección de regidores municipales (Ley #2741 de 12 de mayo de 1961); 111, sobre incompatibilidades de los diputados (Ley #3118 de 16 de mayo de 1963); 49, de creación de la nueva Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 3124 de 25 de junio de 1963); de nuevo 100 y 101, sobre composición del Tribunal Supremo de Elecciones (Ley 3513 de 24 de junio de 1965); 7, 33, 121 incisos 4) y 15), 141 inciso 10), 188 y 196, sobre tratados y convenios internacionales, principio de igualdad, competencia legislativa para la aprobación de tratados y de empréstitos, potestad del Poder Ejecutivo para negociar tratados, régimen de autonomía de las instituciones descentralizadas e incluso reforma general a la Constitución (Ley #4123 de 31 de mayo de 1968); 90, sobre concesión de la mayoridad y ciudadanía a los 18 años (Ley #4763 de 17 de mayo de 1971); 75, que eliminó la autorización al legislador para excluir a las instituciones de beneficencia de las garantías sociales (Ley 4764 de 17 de mayo de 1971);96 inciso e) y, después, párrafo 2°, sobre contribución económica del Estado a los partidos políticos (Leyes #4765de 17 de mayo de 1971 y #4973 de 16 de mayo de 1972); 78, sobre educación general básica (Ley 5202 de 30 de mayo de 1973); 10 párrafo 1, 124 párrafo 2 y 140 inciso 19) sobre irrenunciabilidad de la potestad de legislar y naturaleza no legislativa de actos administrativos autorizados por ley —contratos leyes hasta entonces— (Leyes 5701 y 5702 de 5 de mayo de 1975); 76 que incluye el título de la educación y la cultura (Ley 5703 de 6 de junio de 1975); 9, que adicionó al Tribunal Supremo de Elecciones en el elenco de los poderes públicos (Ley 5704 de 5 de junio de 1975); 85, sobre financiamiento de la educación superior (Ley 6052 de 15 de junio de 1977); 162, sobre nombramiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia (Ley 6769 de 2 de junio de 1982); 124, sobre creación de comisiones con potestad legislativa plena (Ley 7347 de 17 de julio de 1993); 50, que incluyó el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Ley 7412 de 3 de junio de 1994); 16 y 17, sobre perpetuidad de la nacionalidad costarricense (Ley 7514 de 6 de junio de 1995); 139 inciso 5), sobre viajes del presidente de la República fuera del país (Ley 7674 de 17 de junio de 1997); 78 sobre financiamiento de la educación (Ley 7676 de 23 de julio de 1997); todo esto, además de la propia reforma de los artículos 10, 48, 105 y 128 (Ley 7128 de 18 de agosto de 1989), que incorporó a la Carta la nueva Jurisdicción Constitucional personificada en esta Sala; y, desde luego, de la que aquí se impugna al 132 inciso 1°, sobre no reelección del Presidente y Vicepresidentes (Ley # 4349 del 11 de julio de 1969).

De hecho, algunas de las dichas se dictaminaron en plazos tan largos como 87 días, las de los artículos 157 y 49; 117 días, la de los artículos 7 y demás, incluso la del 188 y 196; la del 162, 173 días; o la del 16 y 11, 247 días… y las cuatro últimas incluso después de la sentencia N°6674-93 en que la Sala destacó, por primera vez, la importancia del trámite de comisión.

“XV — Ciertamente que correspondió a este Tribunal, en sentencia N° 6674-93 de las 10:15 hrs. del 17 de diciembre de 1993, y a nadie más antes de él —cosa importante, porque impidió a la Asamblea contrastar oportunamente su interpretación y su práctica con un intérprete autorizado de la Constitución—, calificar el vicio al que se refieren los accionantes, ocasión en que, al responder una consulta legislativa preceptiva, consideró que el vicio tenía efectos invalidantes, en el sentido específico de cancelar el procedimiento de reforma y causar el archivo del expediente; criterio que reiteró en la No. 4453-99 de 9:45 hrs. del 11 de junio de 1999, pero limitándose a transcribirlo, sin cuestionárselo ni darle especial importancia, dado que en este caso lo que consideró invalidante del procedimiento fue, principalmente, la introducción en Plenario de modificaciones que no tenían nada que ver con el proyecto de reforma constitucional original.

Cabe señalar, pues, que ambos precedentes se dieron en sendas consultas legislativas, en las cuales la Sala puede y suele ser más rigorosa con las irregularidades de procedimiento, fácilmente reparables y en las que aun no se ha perfeccionado la voluntad constitucional de la Asamblea, pero no se han reproducido nunca en materia de control a posteriori de constitucionalidad, que es, por su naturaleza más traumático y demás grave consecuencias. En todo caso, entre ambas opiniones consultivas, la propia Sala se desentendió del criterio mantenido en ellas; por ejemplo, en sus resoluciones No. 1394-94 de 16 de marzo de 1944, No 1314-95 de 8 de marzo de 1995, No. 2933-95 de 7 de junio de 1995, y No. 1941-95 de 18 de abril de 1995. En estos casos, constreñida la Sala al examen del procedimiento de diversas reformas parciales en virtud de las correspondientes consultas facultativas, declaró no haber hallado vicios de procedimiento que pudieran tener efectos invalidantes. Además este es el primer caso en que la Sala, en ejercicio de su competencia de control a posteriori, se pronuncia a este respecto.

“XVI — Este Tribunal, con apoyo en las consideraciones que anteceden, arriba a la conclusión de que el vicio que se atribuye a la reforma del inciso 1° del artículo 132 de la Constitución, consistente en que la Comisión dictaminadora de la proposición de reforma no rindió su dictamen en el plazo de ocho días, según lo prescrito para la época por el artículo 195 inciso 1°, no tiene el carácter de sustancial —o esencial—, y, por ende, no invalida la reforma ni afecta la competencia de la Asamblea Legislativa como Poder Reformador de la Constitución.” Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.

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