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Res. 01439-2003 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/02/2003

Constitutional Chamber dismisses fishermen's amparo against fuel price increase as not involving fundamental rightsLa Sala Constitucional rechaza amparo de pescadores contra aumento de combustibles por no versar sobre derechos fundamentales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo appeal, ruling that the matter was one of mere legality and not fundamental rights, thus it had to be resolved through ordinary administrative contentious channels, and the alleged violation was not proven.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, determinando que el asunto era de mera legalidad y no de derechos fundamentales, por lo que debía ventilarse en la vía contencioso administrativa, y además no se probó la vulneración alegada.

SummaryResumen

The fishing company Inversiones Industriales Al Mar S.A. and several coadjuvants filed an amparo appeal against the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP). They claimed that ARESEP had illegally modified Article 45 of the INCOPESCA Creation Law (No. 7384), eliminating the favorable tax treatment the national fishing fleet received on fuel prices, which would cause an excessive increase and halt activities. The Constitutional Chamber dismissed the appeal, finding that the conflict was a matter of mere legality, not constitutionality. It determined that disputes over the validity or effectiveness of laws, as well as interpretations of their scope, must be resolved by the Administration itself through pertinent administrative remedies, or by the Administrative Contentious Jurisdiction, not by amparo. Furthermore, it noted that it was not conclusively proven that the price increase was irrational or that the favorable treatment had disappeared, since the challenged resolution maintained a differentiated pricing scheme favorable to fishermen.La empresa pesquera Inversiones Industriales Al Mar S.A. y varios coadyuvantes interpusieron un recurso de amparo contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Alegaron que la ARESEP había modificado ilegalmente el artículo 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA (N.° 7384), eliminando el trato fiscal favorable que la flota pesquera nacional recibía en el precio de los combustibles, lo que provocaría un aumento desmedido y la paralización de la actividad. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso, tras considerar que el conflicto era de mera legalidad y no de constitucionalidad. Determinó que la discusión sobre la vigencia o eficacia de las leyes, así como la interpretación de sus alcances, debe ser resuelta por la propia Administración mediante los recursos administrativos pertinentes o, en su defecto, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no mediante el amparo. Además, señaló que no se demostró categóricamente que el incremento de precios fuera irracional ni que el trato favorable hubiera desaparecido, pues la resolución impugnada mantenía una diferenciación de precios favorable para los pescadores.

Key excerptExtracto clave

Considering: I.- The appellant has argued that the challenged administrative resolution modified Article 45 of the INCOPESCA Creation Law, No. 7384, illegally including other calculation variables in setting the price that are not contemplated in that legal provision. However, it is clear that the discussion in this appeal centers on the alleged erroneous interpretation by the respondent Authority regarding the scope of the Public Services Regulatory Authority Law. Having established the above, it must be said that the resolution of this problem does not correspond to the Constitutional Jurisdiction. In this sense, conflicts over the validity or effectiveness of laws are not constitutional issues, and by their nature, the legal system provides that they be resolved by the Administration itself, through the procedural resources and instruments legally corresponding, or, after exhausting the administrative route, by the Administrative Contentious Jurisdiction. II.- It is argued that the questioned administrative measure produces an excessive and irrational increase in the prices of fuel used by the fishing sector, which implies the forced shutdown of its operations. However, this argument must also be dismissed. First, it has not been duly and categorically demonstrated that this is really true. On the other hand, it is public and notorious that the increase in the price of petroleum-derived fuels is due to international variables over which the country has no control and whose effects extend to the entire population. Finally, it must be considered that the treatment that the Law provides to the national fishing activity is still favorable in relation to other consumers...Considerando: I.- El recurrente ha planteado que la resolución administrativa impugnada, modificó el artículo 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA, N° 7384, incluyendo ilegalmente otras variables de cálculo en la fijación del precio, que no están contempladas en esa disposición legal. Ahora bien, es claro que la discusión de este recurso se centra en la supuesta interpretación errónea que hace la Autoridad accionada sobre los alcances de la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Fijado lo anterior hay que decir que la resolución de este problema no corresponde a la Jurisdicción Constitucional. En este sentido, los conflictos sobre vigencia o eficacia de las leyes, no son cuestiones de constitucionalidad y por su naturaleza, el ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos por la propia Administración, mediante los recursos e instrumentos procedimentales que jurídicamente correspondan, o en su caso, previo agotamiento de la vía administrativa, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. II.- Se aduce que la medida administrativa cuestionada produce un incremento desmedido e irracional de los precios de los combustibles que utiliza el sector pesquero, lo que implica la paralización forzosa de sus operaciones. No obstante, este argumento también debe ser desestimado. En primer término, no está debida y categóricamente demostrado que eso sea realmente cierto. Por otra parte, es público y notorio que el incremento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, obedece a variables internacionales sobre las que el país no tiene control y cuyos efectos se extienden a toda la población. Finalmente, debe considerarse que el trato que la Ley brinda a la actividad pesquera nacional todavía es favorable en relación con otros consumidores...

Pull quotesCitas destacadas

  • "los conflictos sobre vigencia o eficacia de las leyes, no son cuestiones de constitucionalidad y por su naturaleza, el ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos por la propia Administración, mediante los recursos e instrumentos procedimentales que jurídicamente correspondan, o en su caso, previo agotamiento de la vía administrativa, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa."

    "Conflicts over the validity or effectiveness of laws are not constitutional issues, and by their nature, the legal system provides that they be resolved by the Administration itself, through the procedural resources and instruments legally corresponding, or, after exhausting the administrative route, by the Administrative Contentious Jurisdiction."

    Considerando I

  • "los conflictos sobre vigencia o eficacia de las leyes, no son cuestiones de constitucionalidad y por su naturaleza, el ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos por la propia Administración, mediante los recursos e instrumentos procedimentales que jurídicamente correspondan, o en su caso, previo agotamiento de la vía administrativa, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa."

    Considerando I

  • "no está debida y categóricamente demostrado que eso sea realmente cierto."

    "It has not been duly and categorically demonstrated that this is really true."

    Considerando II

  • "no está debida y categóricamente demostrado que eso sea realmente cierto."

    Considerando II

  • "es público y notorio que el incremento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, obedece a variables internacionales sobre las que el país no tiene control y cuyos efectos se extienden a toda la población."

    "It is public and notorious that the increase in the price of petroleum-derived fuels is due to international variables over which the country has no control and whose effects extend to the entire population."

    Considerando II

  • "es público y notorio que el incremento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, obedece a variables internacionales sobre las que el país no tiene control y cuyos efectos se extienden a toda la población."

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: 11:01 a.m., February 21, 2003 Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Dissenting Vote Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: TEMAS ANTERIORES Subject: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Subject: Pesca Subtopics:

Nonexistence of violation of the fundamental rights of national fishermen because the favorable treatment granted to them by Law is still maintained regarding the price of fuels.

Subject: Competence of the Sala Constitucional Subtopics:

The validity or effectiveness of laws are not matters of constitutionality, and are therefore referred to other administrative or jurisdictional channels. Referral to the corresponding administrative or jurisdictional channel.

The petitioner has argued that the challenged administrative resolution modified Article 45 of the Law Creating INCOPESCA, No. 7384, illegally including other calculation variables in setting the price that are not contemplated in that legal provision. Now, it is clear that the discussion in this amparo action centers on the alleged erroneous interpretation made by the respondent Authority regarding the scope of the law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Having established the foregoing, it must be said that the resolution of this problem does not fall within the Constitutional Jurisdiction. In this regard, disputes over the validity or effectiveness of laws are not matters of constitutionality, and by their nature, the legal system provides that they be resolved by the Administration itself, through the procedurally appropriate remedies and instruments, or, where applicable, after exhausting administrative channels, by the Contentious-Administrative Jurisdiction.

It is alleged that the challenged administrative measure produces an excessive and irrational increase in the prices of fuels used by the fishing sector, entailing the forced shutdown of its operations. However, this argument must also be dismissed. In the first place, it has not been duly and categorically demonstrated that this is truly the case. On the other hand, it is public and notorious that the increase in the price of petroleum-derived fuels is due to international variables over which the country has no control and whose effects extend to the entire population. Finally, it must be considered that the treatment the Law provides to national fishing activity is still favorable in relation to other consumers, which is evident from the very challenged resolution RRG-2821 issued at 09:30 a.m. on October 24, 2002 (visible on folio 22), by the respondent Regulador General, in which it is noted that "the prices of the fuels consumed by fishermen will vary as the plant prices of RECOPE without single tax are modified" (see its Considerando "f", as well as the price difference in the operative part; the underlined line is not part of the original).

... See more Res: 2003-01439 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and one minute of the twenty-first of February, two thousand three.- Amparo action filed by Nombre108724, of legal age, holder of identity card number CED60622, in their capacity as unlimited general attorney-in-fact of the company named Inversiones Industriales Al Mar Sociedad Anónima, against the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

Resultando:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:52 a.m. on November 7, 2002 (folio 1), the petitioner filed an amparo action, alleging in summary, that the petitioner is engaged in fishing activity; that based on the provisions of Article 45 of the Law Creating the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), the national fishing fleet has enjoyed, for several years, certain discounts on the price of the fuels it uses (regular gasoline and diesel), in order to be able to compete with international fishing activity; that the respondent has erroneously interpreted that the aforementioned rule was tacitly repealed, ordering the application of a higher price for the referred fuels for national fishing; that this administrative provision entails the total and immediate shutdown of the national fishing fleet, which would produce negative social and economic consequences for the country.

2.- The Regulador General of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos reports under oath that the issue raised in the amparo action is one of mere legality; that according to the legal studies they have conducted, that Authority determined that the aforementioned Article 45 was tacitly repealed with the issuance of Law No. 7593, of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; that this issue constitutes a matter of ordinary legal hermeneutics, reviewable in the ordinary jurisdictional instances and not through amparo, which is reserved for the defense of fundamental rights; that determining which tariff methodology is applicable and whether or not it conforms to the legal provision supporting it, is a matter for the ordinary jurisdiction to hear, and therefore, requests the amparo action be dismissed.

3.- Through briefs received at the Secretariat of this Chamber on February 19, 2003 (visible on folios 56, 57, 58, 60, 64 and 68), the following persons appeared as coadjuvants of the petitioner, along with their respective identity card numbers: Nombre108725, CED60623, Nombre108726, CED60624, Alvaro Zúñiga Villegas, CED60625, Rodolfo Salazar Vargas, CED60626, Nombre14858, CED17903, Lii Chang Shang Gi, known as Nombre75540, 8-067-067, Nombre38235, CED18162, Franklin Martínez Pérez, CED60627, Oscar Guevara García, CED60628, Nombre108727, 9-035-890, Nombre108728, 6-180-009, Nombre108729, 6-154-068, Nombre108730, 6-128-396, José Camacho Hernández, 2-366-068, Nombre108731, 9-057-033, Carlos Bolaños Zamora, CED60629, Nombre38235, CED60630, Zeidy Vargas Sancho, CED60631, Nombre108732, CED60632, Nombre108733, Telf9073, Nombre108734, Telf9074, Nombre108735, Telf9075, Nombre108736, 6-084-118, Samuel Manley Baeza, Telf9076 and Joaquín Da Silva Jesús, Telf9077. Other persons are also indicated in these briefs, whose signatures are not located.

4.- In the substantiation of the proceedings, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,

Considerando:

I.- The petitioner has argued that the challenged administrative resolution modified Article 45 of the Law Creating INCOPESCA, No. 7384, illegally including other calculation variables in setting the price that are not contemplated in that legal provision. Now, it is clear that the discussion in this amparo action centers on the alleged erroneous interpretation made by the respondent Authority regarding the scope of the law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Having established the foregoing, it must be said that the resolution of this problem does not fall within the Constitutional Jurisdiction. In this regard, disputes over the validity or effectiveness of laws are not matters of constitutionality, and by their nature, the legal system provides that they be resolved by the Administration itself, through the procedurally appropriate remedies and instruments, or, where applicable, after exhausting administrative channels, by the Contentious-Administrative Jurisdiction.

II.- It is alleged that the challenged administrative measure produces an excessive and irrational increase in the prices of fuels used by the fishing sector, entailing the forced shutdown of its operations. However, this argument must also be dismissed. In the first place, it has not been duly and categorically demonstrated that this is truly the case. On the other hand, it is public and notorious that the increase in the price of petroleum-derived fuels is due to international variables over which the country has no control and whose effects extend to the entire population. Finally, it must be considered that the treatment the Law provides to national fishing activity is still favorable in relation to other consumers, which is evident from the very challenged resolution RRG-2821 issued at 09:30 a.m. on October 24, 2002 (visible on folio 22), by the respondent Regulador General, in which it is noted that "the prices of the fuels consumed by fishermen will vary as the plant prices of RECOPE without single tax are modified" (see its Considerando "f", as well as the price difference in the operative part; the underlined line is not part of the original).

III.- By virtue of the foregoing, the amparo action must be dismissed.

Por tanto:

The amparo action is declared WITHOUT MERIT.

Ana Virginia Calzada M.

Acting Presiding Judge Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. José Luis Molina Q.

José Miguel Alfaro R. Fabián Volio E.

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-22-2026 06:19:29.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Tema: Pesca Subtemas:

Inexistencia de violación de los derechos fundamentales de los pescadores nacionales por cuanto el trato favorable que Ley les ha dado aún se mantiene en cuanto al precio de los combustibles.

Tema: Competencia de la Sala Constitucional Subtemas:

La vigencia o eficacia de las leyes, no son materia de constitucionalidad, por lo que se remite a otras vías administrativa o jurisdiccional. Remisión a la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente.

El recurrente ha planteado que la resolución administrativa impugnada, modificó el artículo 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA, N° 7384, incluyendo ilegalmente otras variables de cálculo en la fijación del precio, que no están contempladas en esa disposición legal. Ahora bien, es claro que la discusión de este recurso se centra en la supuesta interpretación errónea que hace la Autoridad accionada sobre los alcances de la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Fijado lo anterior hay que decir que la resolución de este problema no corresponde a la Jurisdicción Constitucional. En este sentido, los conflictos sobre vigencia o eficacia de las leyes, no son cuestiones de constitucionalidad y por su naturaleza, el ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos por la propia Administración, mediante los recursos e instrumentos procedimentales que jurídicamente correspondan, o en su caso, previo agotamiento de la vía administrativa, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se aduce que la medida administrativa cuestionada produce un incremento desmedido e irracional de los precios de los combustibles que utiliza el sector pesquero, lo que implica la paralización forzosa de sus operaciones. No obstante, este argumento también debe ser desestimado. En primer término, no está debida y categóricamente demostrado que eso sea realmente cierto. Por otra parte, es público y notorio que el incremento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, obedece a variables internacionales sobre las que el país no tiene control y cuyos efectos se extienden a toda la población. Finalmente, debe considerarse que el trato que la Ley brinda a la actividad pesquera nacional todavía es favorable en relación con otros consumidores, lo que se desprende de la misma resolución impugnada RRG-2821 dictada a las 09:30 horas del 24 de octubre de 2002 (visible a folio 22), por el Regulador General recurrido, en la que se observa que "los precios de los combustibles que consumen los pescadores, variarán conforme se modifiquen los precios plantel de RECOPE sin impuesto único" (ver su Considerando "f", así como la diferencia de precios en la parte resolutiva; la línea del subrayado no es del original).

... Ver más Res: 2003-01439 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con un minuto del veintiuno de febrero del dos mil tres.- Recurso de amparo interpuesto por Nombre108724, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número CED60622, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada Inversiones Industriales Al Mar Sociedad Anónima, contra la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11 horas y 52 minutos del 07 de noviembre de 2002 (folio 1), el promovente interpuso recurso de amparo, alegando en síntesis, que la recurrente se dedica a la actividad pesquera; que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la flota pesquera nacional ha gozado durante varios años, de ciertas rebajas en el precio de los combustibles que utiliza (gasolina regular y diesel), a efecto de poder competir con la actividad pesquera internacional; que la recurrida ha interpretado erróneamente que la norma antes citada fue derogada tácitamente, disponiendo la aplicación de un precio mayor a los referidos combustibles para la pesca nacional; que esa disposición administrativa implica la paralización total e inmediata de la flota pesquera nacional, lo que produciría consecuencias sociales y económicas negativas para el país.

2.- Informa bajo juramento el Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que la cuestión planteada en el recurso es de mera legalidad; que de acuerdo con los estudios jurídicos que han realizado, esa Autoridad determinó que el artículo 45 antes citado fue derogado tácitamente con la emisión de la Ley N° 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; que esa cuestión constituye un asunto de hermenéutica jurídica de carácter ordinario, revisable en las instancias jurisdiccionales comunes y no mediante el amparo, que está reservado para la defensa de los derechos fundamentales; que determinar cuál metodología tarifaria es aplicable y si ésta es conforme o no con la disposición legal que la sustenta, es un asunto que compete conocer a la jurisdicción ordinaria, por lo cual, solicita declarar sin lugar el recurso.

3.- Mediante escritos recibidos en la Secretaría de esta Sala el 19 de febrero de 2003 (visibles a folios 56, 57, 58, 60, 64 y 68), se apersonaron como coadyuvantes de la recurrente, las personas que junto con sus respectivos números de cédulas de identidad se indican: Nombre108725, CED60623, Nombre108726, CED60624, Alvaro Zúñiga Villegas, CED60625, Rodolfo Salazar Vargas, CED60626, Nombre14858, CED17903, Lii Chang Shang Gi, conocido como Nombre75540, 8-067-067, Nombre38235, CED18162, Franklin Martínez Pérez, CED60627, Oscar Guevara García, CED60628, Nombre108727, 9-035-890, Nombre108728, 6-180-009, Nombre108729, 6-154-068, Nombre108730, 6-128-396, José Camacho Hernández, 2-366-068, Nombre108731, 9-057-033, Carlos Bolaños Zamora, CED60629, Nombre38235, CED60630, Zeidy Vargas Sancho, CED60631, Nombre108732, CED60632, Nombre108733, Telf9073, Nombre108734, Telf9074, Nombre108735, Telf9075, Nombre108736, 6-084-118, Samuel Manley Baeza, Telf9076 y Joaquín Da Silva Jesús, Telf9077. También se indican otras personas en estos escritos, cuyas firmas no se ubican.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando:

I.- El recurrente ha planteado que la resolución administrativa impugnada, modificó el artículo 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA, N° 7384, incluyendo ilegalmente otras variables de cálculo en la fijación del precio, que no están contempladas en esa disposición legal. Ahora bien, es claro que la discusión de este recurso se centra en la supuesta interpretación errónea que hace la Autoridad accionada sobre los alcances de la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Fijado lo anterior hay que decir que la resolución de este problema no corresponde a la Jurisdicción Constitucional. En este sentido, los conflictos sobre vigencia o eficacia de las leyes, no son cuestiones de constitucionalidad y por su naturaleza, el ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos por la propia Administración, mediante los recursos e instrumentos procedimentales que jurídicamente correspondan, o en su caso, previo agotamiento de la vía administrativa, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

II.- Se aduce que la medida administrativa cuestionada produce un incremento desmedido e irracional de los precios de los combustibles que utiliza el sector pesquero, lo que implica la paralización forzosa de sus operaciones. No obstante, este argumento también debe ser desestimado. En primer término, no está debida y categóricamente demostrado que eso sea realmente cierto. Por otra parte, es público y notorio que el incremento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, obedece a variables internacionales sobre las que el país no tiene control y cuyos efectos se extienden a toda la población. Finalmente, debe considerarse que el trato que la Ley brinda a la actividad pesquera nacional todavía es favorable en relación con otros consumidores, lo que se desprende de la misma resolución impugnada RRG-2821 dictada a las 09:30 horas del 24 de octubre de 2002 (visible a folio 22), por el Regulador General recurrido, en la que se observa que "los precios de los combustibles que consumen los pescadores, variarán conforme se modifiquen los precios plantel de RECOPE sin impuesto único" (ver su Considerando "f", así como la diferencia de precios en la parte resolutiva; la línea del subrayado no es del original).

III.- En mérito de lo expuesto se impone desestimar el amparo.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso.

Ana Virginia Calzada M.

Presidente a.i.

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. José Luis Molina Q.

José Miguel Alfaro R. Fabián Volio E.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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