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Res. 07555-2001 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/08/2001
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that the differential treatment between fleets was based on reasonable technical and socioeconomic criteria, without violating the equality principle or due process.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo al considerar que el trato diferenciado entre flotas se basó en criterios técnicos y socioeconómicos razonables, sin violar el principio de igualdad ni el debido proceso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action against Article 4 of INCOPESCA’s agreement A.J.D.I.P/142-2001, which imposes a five-month shrimp fishing ban on the semi-industrial fleet and only a one-and-a-half-month ban on the artisanal fleet in a zone of the Gulf of Nicoya. The plaintiff claimed violation of equality and due process, arguing the measure contradicts a technical recommendation for a total ban and grants unjustified unequal treatment. The Chamber dismisses the appeal, reaffirming its case law that the equality principle does not bar differential treatment among distinct categories of fishers, provided objective reasons exist. It noted that the Board considered not only technical but also socioeconomic factors: the artisanal fleet catches 72% of white shrimp but causes less ecological harm by using gear that catches already-reproduced specimens, while the semi-industrial fleet’s trawl nets catch juveniles. A total ban for artisanal fishers would leave many Costa Rican families without livelihood. The scientific basis of the measures is a matter for administrative or contentious-administrative proceedings, not amparo.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo contra el artículo 4 del acuerdo A.J.D.I.P/142-2001 emitido por INCOPESCA, que establece un periodo de veda de camarón de cinco meses para la flota semiindustrial y de solo mes y medio para la artesanal en una zona del Golfo de Nicoya. El recurrente alega violación al principio de igualdad y al debido proceso, ya que la medida contradice la recomendación técnica de una veda total y otorga un trato desigual injustificado. La Sala desestima el recurso, reiterando su jurisprudencia de que el principio de igualdad no impide trato diferenciado entre categorías distintas de pescadores, siempre que existan razones objetivas. Valora que la Junta Directiva consideró no solo criterios técnicos sino también socioeconómicos: la flota artesanal captura un 72% del camarón blanco pero causa menor impacto ecológico al usar artes que capturan ejemplares ya reproducidos, mientras la semiindustrial con redes de arrastre afecta juveniles. Además, una veda total para los artesanales dejaría sin sustento a muchas familias costarricenses. La discusión sobre el fundamento científico de las medidas corresponde a la vía administrativa o contenciosa, no al amparo.
Key excerptExtracto clave
The Chamber finds no reason to change its criterion on this occasion, and therefore, as in the transcribed ruling, this appeal must be dismissed. Indeed, no violation of due process or the equality principle is observed in this case, since it involves an act issued by the competent body, granting unequal treatment to two different categories of shrimp fishers, namely the semi-industrial shrimp fleet and the artisanal shrimp fishers, for which it took into account not only technical aspects but also socioeconomic ones. [...] Furthermore, the defendant entity also considered the social impact of the measure to be taken, given that totally prohibiting artisanal shrimp fishers from fishing in the Gulf of Nicoya would deprive many Costa Rican families of their livelihood, for whom fishing is the only means of earning a living, not to mention that this is an agreement that allows the sustainability of the populations they commercially exploit in that Gulf. IV.- Since the alleged constitutional violations are not verified, the dismissal of this appeal is imposed as hereby done. Therefore: The appeal is declared without merit.No encuentra la Sala en esta ocasión motivo para variar de criterio, y por lo tanto al igual que el fallo transcrito el presente debe ser desestimado. En efecto, ninguna vulneración al debido proceso ni al principio de igualdad se aprecia en la especie, tratándose como es de un acto emitido por el órgano competente, que otorga un trato desigual para dos categorías diferentes de pescadores de camarón, a saber, los de la flota camaronera semiindustrial y los camaroneros artesanales, para lo cual no solo tomó en consideración aspectos de naturaleza técnica, sino además otros de índole socioeconómicos. [...] Por otra parte, se valoró además por el ente recurrido el impacto social de la medida a tomar, habida cuenta que prohibirles totalmente la pesca en el Golfo de Nicoya a los camaroneros artesanales dejaría sin el sustento a muchas familias costarricenses, que tienen a la actividad pesquera como único medio de ganarse la vida, amén de que se trata de un acuerdo que permite la sostenibilidad de las poblaciones que explotan de manera comercial en ese Golfo. IV.- No constatándose las vulneraciones constitucionales alegadas, se impone la desestimatoria de este recurso como en efecto se hace. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala se ha pronunciado sobre el principio de igualdad, señalando que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza que todo hombre es igual ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Ahora bien, este principio resulta lesionado en aquellos supuestos en que se de un tratamiento diferente a personas que se encuentren en una misma situación o categoría; razón por la cual, -a contrario sensu- , no podrían aplicarse tampoco las mismas disposiciones a sujetos que se desenvuelvan en situaciones diametralmente opuestas."
"This Chamber has ruled on the equality principle, stating that Article 33 of the Political Constitution guarantees that everyone is equal before the law and that no discrimination contrary to human dignity may be made. However, this principle is violated in cases where different treatment is given to persons in the same situation or category; therefore, conversely, the same provisions cannot be applied to subjects in diametrically opposite situations."
Considerando II
"Esta Sala se ha pronunciado sobre el principio de igualdad, señalando que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza que todo hombre es igual ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Ahora bien, este principio resulta lesionado en aquellos supuestos en que se de un tratamiento diferente a personas que se encuentren en una misma situación o categoría; razón por la cual, -a contrario sensu- , no podrían aplicarse tampoco las mismas disposiciones a sujetos que se desenvuelvan en situaciones diametralmente opuestas."
Considerando II
"La Sala estima que el recurrente lo que pretende es que se determine en esta sede si las medidas adoptadas por el recurrido son o no técnicamente correctas y suficientes para lograr la conservación de los recursos marinos en el área que se pretende proteger, lo cual es totalmente improcedente, pues los recursos procesales que ofrece la vía sumaria del amparo son insuficientes para dilucidar una cuestión de esta naturaleza."
"The Chamber considers that the appellant seeks to have this venue determine whether the measures adopted by the respondent are technically correct and sufficient to achieve the conservation of marine resources in the area to be protected, which is entirely inappropriate, since the procedural resources offered by the summary amparo are insufficient to elucidate an issue of this nature."
Considerando II
"La Sala estima que el recurrente lo que pretende es que se determine en esta sede si las medidas adoptadas por el recurrido son o no técnicamente correctas y suficientes para lograr la conservación de los recursos marinos en el área que se pretende proteger, lo cual es totalmente improcedente, pues los recursos procesales que ofrece la vía sumaria del amparo son insuficientes para dilucidar una cuestión de esta naturaleza."
Considerando II
"... se optó por vedarles a los camaroneros semi-industriales la pesca solamente por cinco meses para que se desplacen de una zona intermedia del Golfo de Nicoya, y a los artesanales se les impuso una veda total al trasmallo y la línea durante mes y medio... buscando así una posición equilibrada, que afecta más a la flota que más daño causa al ecosistema como un todo."
"... it was chosen to ban semi-industrial shrimp fishers from fishing for only five months so they move out of an intermediate zone of the Gulf of Nicoya, and artisanal fishers were imposed a total ban on trammel nets and lines for a month and a half... thus seeking a balanced position, affecting more the fleet that causes the most damage to the ecosystem as a whole."
Considerando III
"... se optó por vedarles a los camaroneros semi-industriales la pesca solamente por cinco meses para que se desplacen de una zona intermedia del Golfo de Nicoya, y a los artesanales se les impuso una veda total al trasmallo y la línea durante mes y medio... buscando así una posición equilibrada, que afecta más a la flota que más daño causa al ecosistema como un todo."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: August 3, 2001 at 09:03 Case File: 01-005753-0007-CO Type of Matter: Amparo remedy Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: EARLIER TOPICS Topic: Constitutional principle of equality before the law Subtopics:
Absence of violation in the provision of the respondent body for the shrimp fishing ban.
Topic: Principle of due process Subtopics:
Legality of the provisions of the respondent body regarding the shrimp fishing ban.
Topic: Fishing Subtopics:
The provisions of the respondent body regarding the shrimp fishing ban are not unconstitutional.
The issue of discrimination in a very similar case has already been ruled on by this Chamber, as can be seen in the following text, transcribed literally:
"This Chamber has ruled on the principle of equality, noting that Article 33 of the Political Constitution guarantees that all persons are equal before the law and that no discrimination contrary to human dignity shall be made. Now then, this principle is injured in those cases where different treatment is given to persons who are in the same situation or category; for which reason, -a contrario sensu- , the same provisions could not be applied to subjects operating in diametrically opposed situations either. The first evident conclusion drawn from reading the challenged act (acto impugnado) is that it is directed at two different categories of shrimp fishermen; its Articles 1 and 2 establish regulations and prohibitions for trawling boats, and Articles 3, 5, and 6 for artisanal fishermen (pescadores artesanales), so establishing different rules for two different categories is not a violation of the principle of equality. Discrimination is also alleged with respect to sardine boats, which according to the petitioner are not subject to any prohibition or limitation; however, in the report rendered under oath by the Executive President of INCOPESCA, it is adduced that these vessels, which use purse seine nets, ordinarily operate in the outer part of the Gulf of Nicoya and are subject to legal regulation for the use of that type of net, being prevented from catching more than 10% juvenile sardine.
III.- It should be noted that the Chamber has required anyone alleging injury to Article 33 to provide a parameter of comparison that allows this Court to establish that an identical situation exists between two or more persons and that, in the specific case, discriminatory treatment devoid of any objective and reasonable justification has occurred. In the present case, what the petitioner questions is the technical basis of the challenged act (acto impugnado), indicating that it lacks scientific support. He points out that the limitations imposed are not sufficient to achieve the aims of the act, that is, the protection and regulation of fishery resources within the Gulf of Nicoya to prevent overexploitation and guarantee the conservation of said resources. It is adduced, for example, that the use of a 3.5-inch mesh net does not prevent catching gravid shrimp. The Chamber deems that what the petitioner seeks is for this forum to determine whether the measures adopted by the respondent are or are not technically correct and sufficient to achieve the conservation of marine resources in the area intended to be protected, which is entirely improper, since the procedural resources offered by the summary amparo proceeding are insufficient to elucidate a matter of this nature, and therefore the timeliness and advisability of the measures adopted and their basis in scientific studies must be discussed in the administrative forum or, as applicable, in the contentious-administrative proceeding. For all the foregoing, the Chamber deems that no injury has occurred to the principle of equality before the law, and therefore the amparo remedy must be declared without merit." (Judgment number 04256-99 of 10:24 a.m. on June 4, 1999). -The highlighting is not from the original- ... See more Res: 2001-07555 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and three minutes on August third, two thousand one.- Amparo remedy filed by Nombre40480, bearer of identity card number CED19606, on behalf of himself and Edjorka Sociedad Anónima, legal identification number CED19607; against the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA).
Whereas:
1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at three fifty-eight p.m. on June thirteenth, two thousand one (folio 1), the petitioner files an amparo remedy against the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura and states that the protected company has been dedicated to shrimp fishing for over twenty years. In his particular case, his main economic interests are directly linked to the fishing activity, as legal representative of the cited company. He points out that the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) in agreement number A.J.D.I.P/142-20001 of the session on May fourteenth last, arranged to prohibit trawling (shrimp) boats from fishing in an area comprised between an imaginary straight line going from Punta Torres to Punta Cuchillos, inward of the Gulf of Nicoya, until reaching the mouth of the Tempisque River. Said prohibition is in effect from June first to October thirty-first of this year. He alleges that this provision largely expanded the permanent ban area applicable to the shrimp fleet, which under article 2 of the same agreement goes from Dirección2301 to the lighthouse of the Islas Negritos, towards the interior part of the Gulf of Nicoya, until reaching the mouth of the cited river. He adduces that this provision by itself implies an expansion of the permanent ban area, which previously applied, and has the essential purpose of the "protection" and better "utilization" of fishery resources. In this sense -he indicates-, article 2 of the agreement states that the technical criteria and recommendation of the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Veda) were taken into account, which was created by agreement of the respondent Board of Directors number A.J.D.I.P./176-2000 of June eighth last year, supported by article 23 of the Law Establishing the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (No. 7384). He points out that as shown in Official Letter number DGT-108-01 of March twenty-seventh of this year, the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Veda) issued an opinion (dictamen) stating that after several minutes of discussion on the importance of the proposed area, the representatives of the semi-industrial fishermen (pescadores semi-industriales) stated that despite the immediate harm this represents for them, they would be willing to accept said ban under the condition that the area to be closed be fully protected against shrimp fishing, so that no fishing gear would be permitted. In other terms, a ban in the proposed area would be accepted provided fishing was only done with handlines, longlines, or 5 1/8-inch or larger trammel nets (trasmallos), this based on the technical arguments recommending the exclusive use of these nets and which allow a real recovery of the resource, with the aim that the same radiates both inside the gulf and towards external zones, with a net benefit for both factors, a motion that was accepted unanimously. He continues stating that after this technical opinion (dictamen), there is no other element of technical judgment that contradicts what was ordered by the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Vedas), much less to establish the possibility of applying a partial ban to the detriment of the sustainability of the shrimp resource and the fishing activity as a whole, with the consequent economic losses this generates for the entire shrimp fleet. He considers it clear that the purpose of any closed season (veda) and of the cited agreement is to protect the fishery resource to foster its recovery, so that fishing, as an economic activity, is maintained at satisfactory levels guaranteeing adequate sustainability and profitability; likewise, he deems that to achieve said purpose, it is required to take measures of a general scope, covering all actors in the resource exploitation process; however, article 4 of the agreement established that the cited closed season (veda) in the area described initially applies to the artisanal shrimp fleet only from August first to December fifteenth, that is, one and a half months, while for the semi-industrial shrimp fleet the ban period is five months, which he deems violates the principle of equality. He considers that this unequal treatment is aggravated by the fact that the artisanal fleet is the main extractor of shrimp, since in that zone they capture 72% of the resource, while the semi-industrial shrimp boats barely fish the remaining 28%, as shown by the referred report from the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Vedas). That the cited article 4 was issued in clear contradiction with the recommendation of the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Vedas), according to which the appropriate action was a total ban in the described area, thus deviating from the technical measures effectively seeking the conservation of the fishery resource, thereby violating -in their judgment- due process. The petitioners deem that the described facts have violated Articles 10, 33, 39, 48, and 50 of the Political Constitution and request that the present amparo remedy be admitted; that the effects of article 4 of the agreement A.J.D.I.P/142-2001 be immediately suspended; that a general closed season (veda) be applied to the entire shrimp fishing fleet in the area comprised between points A), B), and D) of the map provided (Muelle de los Cruceros/Punta Cuchillos/Punta Torres) under the terms established by article 1 of the agreement in question; that the respondent be ordered to pay damages and losses, as well as personal and procedural costs.
2.- Herbert Nanne Echandi, in his capacity as Executive President of INCOPESCA, reports under oath (folio 26) that what the petitioners seek is to curtail the powers granted by the Law Establishing INCOPESCA, given that it is intended for a recommendation given by an Advisory Board to be binding on the institution. He adduces that they acknowledge the existence of the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Veda), as it is one of those that operates as an advisory body, and that in issuing agreement AJDIP/142-2001, the Board of Directors took into account and analyzed the Recommendation Report from the Ban Commission. He alleges that INCOPESCA has engaged in holding meetings with all interested sectors, including the associations of artisanal fishermen (pescadores artesanales) and the semi-industrial fishermen, and the Permanent Advisory Commission, as its function is to study the positions of any group or document that evaluates the fishery resources of the Gulf of Nicoya and the socioeconomic situation of the fishermen. He affirms that in the present regulation, INCOPESCA was confronted with two positions: that of the artisanal fishermen (pescadores artesanales) who capture 72% of the shrimp, and who request that this area of the Pacific Ocean be an exclusive area for them, a position supported by the FAO, and the second, which is that of the semi-industrial shrimpers, who consider themselves harmed by the departure, for five months, from an intermediate part of the Gulf where they usually fish. He argues that one of the main interests of INCOPESCA is the conservation of resources, but also other aspects of a socioeconomic nature, and therefore the semi-industrial shrimp boats were only relocated for five months. He clarifies that the nets that artisanal fishermen (pescadores artesanales) can use catch shrimp that have already managed to reproduce, thus complying with the powers granted by law to INCOPESCA; this does not happen with the trawl nets (redes de arrastre) used by the semi-industrial shrimp fleet, causing greater damage to the ecosystem. Valuing all the foregoing and the opinion of the participants in forums that were organized, the Board of Directors of INCOPESCA took an agreement that it deems balanced for the interested parties and capable of enabling the sustainability of the populations exploited in the Gulf of Nicoya; therefore, neither the Agreement Constituting the Commission, nor the recommendations issued by it, nor the regulations regarding the use of fishing gear have been violated, since regarding the latter the Board is sovereign to modify or adjust them. Regarding the inequality alleged by the petitioners, he indicates that the criteria of this Chamber are reiterated in stating that the guarantee of equality before the law operates among equals. He adduces that in previous amparo remedies, the Chamber has resolved that the effects produced by the conduct of fishing operations and fishing activities on maritime resources are different depending on whether said activities are performed by different sectors; even within the same sector, such as the artisanal one, there are different regulations. The respondent mentions resolution 4256-99 of the Sala Constitucional, in which it ruled on a similar matter related to directives attempting to preserve the reproduction seasons of white shrimp, and in which the petitioner alleged that there was discriminatory treatment for trawling vessels, which the Chamber declared inadmissible as it had to be discussed in an administrative or contentious-administrative proceeding. He requests that the amparo remedy filed be dismissed.
3.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Vargas Benavides; and,
Considering:
I.- Article 4 of the Agreement A.J.D.I.P/42-2001 issued by the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura is challenged, because in the petitioner's judgment it is a violation of article 33 of the Political Constitution, by establishing a prohibition for trawling (shrimp) boats from fishing in an area comprised between an imaginary straight line going from Punta Torres (84° 43' 52" W, 9° 53' 31" N), to Punta Cuchillos (84° 51' 50" W, 9° 49' 36" N) inward waters of the Gulf of Nicoya until reaching the mouth of the Tempisque River, which for the artisanal shrimp fleet applies only from August 1 to September 15 of this year, that is, only one and a half months for the artisanal shrimpers, while for the semi-industrial shrimp fleet the closed season (veda) period is five months. Likewise, he deems that this agreement is a violation of due process, insofar as it was issued in clear contradiction to the recommendation of the Permanent Ban Commission (Comisión Permanente de Vedas), according to which the appropriate action was a total closed season (veda) in the described area.
II.- The issue of discrimination in a very similar case has already been ruled on by this Chamber, as can be seen in the following text, transcribed literally:
"This Chamber has ruled on the principle of equality, noting that Article 33 of the Political Constitution guarantees that all persons are equal before the law and that no discrimination contrary to human dignity shall be made. Now then, this principle is injured in those cases where different treatment is given to persons who are in the same situation or category; for which reason, -a contrario sensu- , the same provisions could not be applied to subjects operating in diametrically opposed situations either. The first evident conclusion drawn from reading the challenged act (acto impugnado) is that it is directed at two different categories of shrimp fishermen; its Articles 1 and 2 establish regulations and prohibitions for trawling boats, and Articles 3, 5, and 6 for artisanal fishermen (pescadores artesanales), so establishing different rules for two different categories is not a violation of the principle of equality. Discrimination is also alleged with respect to sardine boats, which according to the petitioner are not subject to any prohibition or limitation; however, in the report rendered under oath by the Executive President of INCOPESCA, it is adduced that these vessels, which use purse seine nets, ordinarily operate in the outer part of the Gulf of Nicoya and are subject to legal regulation for the use of that type of net, being prevented from catching more than 10% juvenile sardine.
III.- It should be noted that the Chamber has required anyone alleging injury to Article 33 to provide a parameter of comparison that allows this Court to establish that an identical situation exists between two or more persons and that, in the specific case, discriminatory treatment devoid of any objective and reasonable justification has occurred. In the present case, what the petitioner questions is the technical basis of the challenged act (acto impugnado), indicating that it lacks scientific support. He points out that the limitations imposed are not sufficient to achieve the aims of the act, that is, the protection and regulation of fishery resources within the Gulf of Nicoya to prevent overexploitation and guarantee the conservation of said resources. It is adduced, for example, that the use of a 3.5-inch mesh net does not prevent catching gravid shrimp. The Chamber deems that what the petitioner seeks is for this forum to determine whether the measures adopted by the respondent are or are not technically correct and sufficient to achieve the conservation of marine resources in the area intended to be protected, which is entirely improper, since the procedural resources offered by the summary amparo proceeding are insufficient to elucidate a matter of this nature, and therefore the timeliness and advisability of the measures adopted and their basis in scientific studies must be discussed in the administrative forum or, as applicable, in the contentious-administrative proceeding. For all the foregoing, the Chamber deems that no injury has occurred to the principle of equality before the law, and therefore the amparo remedy must be declared without merit." (Judgment number 04256-99 of 10:24 a.m. on June 4, 1999). -The highlighting is not from the original- III.- The Chamber finds no reason on this occasion to vary its criterion, and therefore like the transcribed ruling, the present one must be dismissed. Indeed, no violation of due process or the principle of equality is appreciated in the specific case, as it involves an act issued by the competent body, granting unequal treatment for two different categories of shrimp fishermen, namely, those of the semi-industrial shrimp fleet and the artisanal shrimpers, for which it not only took into consideration aspects of a technical nature, but also others of a socioeconomic nature. Thus, it is reported under oath that in the present regulation there were two very marked positions: that of the artisanal fishermen (pescadores artesanales) (approximately three hundred) who capture 72% of the shrimp known as white and produced in the Gulf, who request that this area of the Pacific Ocean be an exclusive fishing ground for them, and that the semi-industrial fishermen leave that Gulf permanently; and that of the semi-industrial shrimpers, that is, the owners of the sixty-one boats that fish 28% of the white shrimp produced within the Gulf of Nicoya, who according to their account, are greatly harmed by the departure, for five months, from an intermediate part of the Gulf where they usually fish. Of these two positions, the first is supported by the FAO, considering that the semi-industrial fleet has possibilities to fish in the rest of the Pacific Coast; nevertheless, it was opted to ban semi-industrial shrimpers from fishing only for five months so they move from an intermediate zone of the Gulf of Nicoya, and the artisanal fishermen were imposed a total ban on the trammel net (trasmallo) and longline for a month and a half, from August 1 to September 15, and a ban on the 7.62 cm (3 inch) trammel net (trasmallo), which is the minimum authorized size for the artisanal fleet to catch shrimp, from September 16 to October 31, a period in which they will only be allowed to fish with an 8.89 cm (3.5 inch) trammel net (trasmallo) in the inner part of the Gulf of Nicoya, thus seeking a balanced position, which affects more the fleet that causes more damage to the ecosystem as a whole, since the other - the artisanal one - although it also causes population problems, does so to a lesser degree insofar as they capture shrimp that have already managed to reproduce, which does not happen with the trawl nets (redes de arrastre) used by the semi-industrial shrimp fleet, whose minimum mesh opening is 3.5 cm, which captures juvenile shrimp and other species of fish that have not yet reached sexual maturity (report at folios 27 to 29). On the other hand, the social impact of the measure to be taken was also valued by the respondent entity, given that entirely prohibiting artisanal shrimpers from fishing in the Gulf of Nicoya would leave many Costa Rican families without sustenance, who have fishing activity as their only means of earning a living, besides the fact that it is an agreement that enables the sustainability of the populations they exploit commercially in that Gulf.
IV.- Not having verified the alleged constitutional violations, the dismissal of this amparo remedy is imposed as it indeed is done.
Therefore:
The amparo remedy is declared without merit.
R. E. Piza E.
President Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.
Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 06:19:17.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Principio constitucional de igualdad ante la ley Subtemas:
Inexistencia de violación en disposición del órgano recurrido para la veda de pesca del camarón..
Tema: Principio del debido proceso Subtemas:
Legalidad de las disposiciones del órgano recurrido en cuanto a la veda de pesca del camarón..
Tema: Pesca Subtemas:
Las disposiciones del órgano recurrido en cuanto a la veda de pesca del camarón no son inconstitucionales..
El tema de la discriminación en un caso muy similar ya cuenta con pronunciamiento de esta Sala, como se aprecia en el siguiente texto que se transcribe literalmente:
"Esta Sala se ha pronunciado sobre el principio de igualdad, señalando que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza que todo hombre es igual ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Ahora bien, este principio resulta lesionado en aquellos supuestos en que se de un tratamiento diferente a personas que se encuentren en una misma situación o categoría; razón por la cual, -a contrario sensu- , no podrían aplicarse tampoco las mismas disposiciones a sujetos que se desenvuelvan en situaciones diametralmente opuestas. La primera conclusión evidente que se desprende de la lectura del acto impugnado es que se dirige a dos categorías diferentes de pescadores de camarón, en sus artículos 1º y 2º establece regulaciones y prohibiciones para los barcos de arrastre y en el 3º, 5º y 6º para los pescadores artesanales, por lo que no resulta violatorio del principio de igualdad el establecer reglas diversas para dos categorías diferentes. Se alega también discriminación respecto a los barcos sardineros, que según el recurrente no son objeto de prohibición ni limitación alguna, sin embargo, en el informe rendido bajo fe de juramento por el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA se aduce que éstas embarcaciones, que utilizan redes de cerco, operan ordinariamente en la parte externa del Golfo de Nicoya y que son objeto de regulación legal para el uso de ese tipo de red, impidiéndoseles capturar más de un 10% de sardina en estado juvenil.
III.- Cabe señalar que la Sala ha exigido a quien alegue lesión al artículo 33 aportar un parámetro de comparación que permita a este Tribunal establecer que entre dos o más personas existe una situación idéntica y que en el caso concreto se produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable. En el presente caso el recurrente lo que cuestiona es el fundamento técnico del acto impugnado, indicando que carece de respaldo científico. Señala que las limitaciones impuestas no son suficientes para lograr la consecución de los fines del acto, es decir la protección y regulación de los recursos pesqueros dentro del Golfo de Nicoya para evitar la sobrexplotación y garantizar la conservación de dichos recursos. Se aduce por ejemplo, que la utilización de red de malla de 3.5 pulgadas de tamaño no impide que se atrapen camarones en estado de gravidez. La Sala estima que el recurrente lo que pretende es que se determine en esta sede si las medidas adoptadas por el recurrido son o no técnicamente correctas y suficientes para lograr la conservación de los recursos marinos en el área que se pretende proteger, lo cual es totalmente improcedente, pues los recursos procesales que ofrece la vía sumaria del amparo son insuficientes para dilucidar una cuestión de esta naturaleza, por lo que la oportunidad y conveniencia de las medidas adoptadas y su fundamento en estudios científicos debe ser discutida en sede administrativa o en su caso, en la vía contenciosa. Por todo lo anterior, la Sala estima que no se ha producido lesión alguna al principio de igualdad ante la ley, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar." (Sentencia número 04256-99 de las 10:24 horas del 4 de junio de 1999). -El resaltado no es del original- ... Ver más Res: 2001-07555 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con tres minutos del tres de agosto del dos mil uno.- Recurso de amparo interpuesto por Nombre40480, portador de la cédula de identidad número CED19606, a favor de él mismo y de Edjorka Sociedad Anónima, cédula jurídica número CED19607; contra la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas y cincuenta y ocho minutos del trece de junio del dos mil uno (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y manifiesta que la empresa amparada se dedica a la pesca de camarón desde hace más de veinte años. En su caso particular, sus intereses económicos principales están directamente ligados a la actividad pesquera, como apoderado de la citada empresa. Señala que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) dispuso en el acuerdo número A.J.D.I.P/142-20001 de la sesión del catorce de mayo pasado prohibir a los barcos de arrastre (camaroneros) la pesca en una zona comprendida entre una recta imaginaria que va desde Punta Torres hasta Punta Cuchillos, hacia adentro del Golfo de Nicoya, hasta llegar a la desembocadura del Río Tempisque. Dicha prohibición rige del primero de junio al treinta y uno de octubre de este año. Alega que esa disposición vino a ampliar en buena parte al área de veda permanente que tiene la flota camaronera, que conforme al artículo 2 del mismo acuerdo va del Dirección2301 hasta el faro de las Islas Negritos, hacia la parte interior del Golfo de Nicoya, hasta llegar a la desembocadura del citado río. Aduce que esta disposición por sí misma implica una ampliación de la zona de veda permanente, que regía anteriormente, y tiene como finalidad esencial la "protección" y mejor "aprovechamiento" de los recursos pesqueros. En este sentido -indica-, el artículo 2 del acuerdo señala que se tomó en cuenta el criterio técnico y recomendación de la Comisión Permanente de Veda, la que se creó mediante acuerdo de la Junta Directiva recurrida número A.J.D.I.P./176-2000 del ocho de junio del año pasado, amparado en el artículo 23 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (No. 7384). Señala que según se desprende del Oficio número DGT-108-01 del veintisiete de marzo de este año, la Comisión Permanente de Veda emitió un dictamen que establece que luego de varios minutos de discusión sobre la importancia de la zona propuesta, los representantes de los pescadores semi-industriales manifestaron que a pesar del perjuicio inmediato que les representa, estarían dispuestos a aceptar dicha veda bajo la condición de que la zona a vedar fuese protegida totalmente contra la pesca del camarón, de manera que no se permitiera ningún arte de pesca. En otros términos, se aceptaría una veda en la zona propuesta siempre y cuando se pescara sólo con cuerdas, líneas o trasmallos de 5 1/8 o mayores, esto con sustento en los argumentos técnicos que recomendaron el uso exclusivo de estas redes y que permiten una recuperación real del recurso, con miras a que la misma irradie tanto golfo adentro como hacia las zonas externas, con un beneficio neto para los dos factores, moción que fue aceptada por unanimidad. Continúa manifestando que con posterioridad a dicho criterio técnico no existe otro elemento de juicio técnico que desvirtúe lo dispuesto por la Comisión Permanente de Vedas, menos aún para que se estableciera la posibilidad de aplicar una veda parcial en perjuicio de la sostenibilidad del recurso camaronero y de la actividad pesquera como un todo, con los consecuentes perjuicios económicos que genera a toda la flota camaronera. Considera claro que el propósito de toda veda y del citado acuerdo es proteger el recurso pesquero para propiciar su recuperación, de modo que la pesca, en tanto actividad económica, se mantenga en niveles satisfactorios que garanticen una adecuada sostenibilidad y rentabilidad; asimismo, estima que para lograr dicho propósito se requiere tomar medidas de alcance general, que abarque a todos los actores en el proceso de explotación del recurso; sin embargo, en el artículo 4 del acuerdo se estableció que la citada veda en el área descrita en un primer momento rige para la flota camaronera artesanal tan sólo del primero de agosto al quince de diciembre, sea un mes y medio, mientras que para la flota camaronera semi-industrial el período de veda es de cinco meses, lo que estima violenta el principio de igualdad. Considera que este trato desigual se ve agravado por el hecho que la flota artesanal es la principal extractora del camarón, pues en esa zona capturan el 72% del recurso, en tanto que los barcos camaroneros semi-industriales apenas pescan el 28% restante, según se desprende del referido informe de la Comisión Permanente de Vedas. Que el citado artículo 4 se dictó en franca contradicción con lo recomendado por la Comisión Permanente de Vedas, según la cual lo procedente era una veda total en al área descrita, separándose así de las medidas técnicas que efectivamente procuran la conservación del recurso pesquero, violentado con ello -en su criterio- el debido proceso. Estiman los recurrentes que con lo hechos descritos se han violentado los artículos 10, 33, 39, 48 y 50 de la Constitución Política y solicitan que se acoja el presente recurso; que se suspendan inmediatamente los efectos del artículo 4° del acuerdo A.J.D.I.P/142-2001; que se aplique una veda general para toda la flota pesquera camaronera en la zona comprendida entre los puntos A), B) y D) del mapa aportado( Muelle de los Cruceros/Punta Cuchillos/Punta Torres) en los términos que establece el artículo 1° del acuerdo en cuestión; que se condene al recurrido al pago de los daños y perjuicios, lo mismo que al pago de las costas personales y procesales.
2.- Informa bajo juramento Herbert Nanne Echandi, en su calidad de Presidente Ejecutivo del INCOPESCA(folio 26), que lo que pretenden los recurrentes es cercenar las competencias otorgadas por la Ley de Creación al INCOPESCA, dado que se pretende que una recomendación dada por una Junta Asesora sea vinculante para la institución. Aduce que reconocen la existencia de la Comisión Permanente de Veda, pues es una de las que funciona como asesoras, y que para la emisión del acuerdo AJDIP/142-2001 la Junta Directiva tomó en cuenta y analizó el Informe de Recomendación de la Comisión de Veda. Alega que el INCOPESCA se ha abocado a realizar reuniones con todos los sectores interesados, entre los que se incluye las asociaciones de pescadores artesanales y las de semi-industriales y la Comisión Asesora Permanente, pues su función es estudiar las posiciones de cualquier grupo o documento que evalúe los recursos pesqueros del Golfo de Nicoya y la situación socioeconómica de los pescadores. Afirma que en la presente regulación el INCOPESCA se encontraba frente a dos posiciones: la de los pescadores artesanales que capturan el 72% del camarón, y que solicitan que esa área del Océano Pacífico sea un área exclusiva para ellos, posición respaldada por la FAO, y la segunda, que es la de los camaroneros semi-industriales, quienes se consideran perjudicados por la salida durante cinco meses de una parte intermedia del Golfo donde usualmente pescan. Argumenta que uno de los principales intereses de INCOPESCA es la conservación de los recursos, mas también otros aspectos de índole socioeconómica, por lo que sólo se desplazó a los barcos camaroneros semi-industriales durante cinco meses. Aclara que las redes que pueden utilizar los pescadores artesanales capturan camarones que ya han logrado reproducirse, cumpliendo con las potestades otorgadas por la ley a INCOPESCA; esto no sucede con las redes de arrastre utilizadas por la flota camaronera semi-industrial, causando un mayor daño al ecosistema. Valorando todo lo anterior y el criterio de los participantes en foros que se organizaron, la Junta Directiva del INCOPESCA tomó un acuerdo que considera equilibrado para las partes interesadas y capaz de permitir la sostenibilidad de las poblaciones que se explotan en el Golfo de Nicoya; por ende no se han violado ni el Acuerdo de Constitución de la Comisión, ni las recomendaciones emitidas por éstas, ni de las regulaciones en cuanto al uso de artes de pesca, pues respecto a esas últimas la Junta es soberana, para modificarlas o ajustarlas. En cuanto a la desigualdad alegada por los recurrentes, indica que son reiterados los criterios de esta Sala en los que se indica que la garantía de igualdad ante la ley opera entre iguales. Aduce que en recursos de amparo anteriores la Sala ha resuelto que los efectos que produce la realización de las faenas de pesca y las actividades pesqueras sobre los recursos marítimos, son distintos dependiendo de la realización de dichas actividades por parte de sectores diferentes; incluso dentro de un mismo sector, como el artesanal, existen diferentes regulaciones. Menciona el recurrido la resolución 4256-99 de la Sala Constitucional, en la cual se pronunció sobre un asunto similar relacionado con directrices que intentaban preservar las temporadas de reproducción del camarón blanco, y en el que el recurrente alegaba que existía un trato discriminatorio para las naves arrastreras, el cual la Sala lo declaró improcedente pues debía ser discutido en vía administrativa o contenciosa. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.- Se impugna el Artículo 4° del Acuerdo A.J.D.I.P/42-2001 emitido por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, porque en criterio del recurrente es violatorio del artículo 33 de la Constitución Política, al establecer una prohibición para que los barcos de arrastre (camaroneros) pesquen en una zona comprendida entre una recta imaginaria que va desde Punta Torres (84° 43' 52" W, 9° 53' 31" N), hasta Punta Cuchillos (84° 51' 50" W, 9° 49' 36" N) aguas hacia adentro del Golfo de Nicoya hasta llegar a la desembocadura del Río Tempisque, que para la flota camaronera artesanal rige tan solo del 1° de agosto al 15 de setiembre de este año, es decir, un mes y medio únicamente para los camaroneros artesanales, en tanto que para la flota camaronera semiindustrial el período de veda es de cinco meses. Asimismo, estima que ese acuerdo es violatorio del debido proceso, en el tanto que se dictó en franca contradicción con lo recomendado por la Comisión Permanente de Vedas, según la cual lo procedente era una veda total en el área descrita.
II.- El tema de la discriminación en un caso muy similar ya cuenta con pronunciamiento de esta Sala, como se aprecia en el siguiente texto que se transcribe literalmente:
"Esta Sala se ha pronunciado sobre el principio de igualdad, señalando que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza que todo hombre es igual ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Ahora bien, este principio resulta lesionado en aquellos supuestos en que se de un tratamiento diferente a personas que se encuentren en una misma situación o categoría; razón por la cual, -a contrario sensu- , no podrían aplicarse tampoco las mismas disposiciones a sujetos que se desenvuelvan en situaciones diametralmente opuestas. La primera conclusión evidente que se desprende de la lectura del acto impugnado es que se dirige a dos categorías diferentes de pescadores de camarón, en sus artículos 1º y 2º establece regulaciones y prohibiciones para los barcos de arrastre y en el 3º, 5º y 6º para los pescadores artesanales, por lo que no resulta violatorio del principio de igualdad el establecer reglas diversas para dos categorías diferentes. Se alega también discriminación respecto a los barcos sardineros, que según el recurrente no son objeto de prohibición ni limitación alguna, sin embargo, en el informe rendido bajo fe de juramento por el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA se aduce que éstas embarcaciones, que utilizan redes de cerco, operan ordinariamente en la parte externa del Golfo de Nicoya y que son objeto de regulación legal para el uso de ese tipo de red, impidiéndoseles capturar más de un 10% de sardina en estado juvenil.
III.- Cabe señalar que la Sala ha exigido a quien alegue lesión al artículo 33 aportar un parámetro de comparación que permita a este Tribunal establecer que entre dos o más personas existe una situación idéntica y que en el caso concreto se produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable. En el presente caso el recurrente lo que cuestiona es el fundamento técnico del acto impugnado, indicando que carece de respaldo científico. Señala que las limitaciones impuestas no son suficientes para lograr la consecución de los fines del acto, es decir la protección y regulación de los recursos pesqueros dentro del Golfo de Nicoya para evitar la sobrexplotación y garantizar la conservación de dichos recursos. Se aduce por ejemplo, que la utilización de red de malla de 3.5 pulgadas de tamaño no impide que se atrapen camarones en estado de gravidez. La Sala estima que el recurrente lo que pretende es que se determine en esta sede si las medidas adoptadas por el recurrido son o no técnicamente correctas y suficientes para lograr la conservación de los recursos marinos en el área que se pretende proteger, lo cual es totalmente improcedente, pues los recursos procesales que ofrece la vía sumaria del amparo son insuficientes para dilucidar una cuestión de esta naturaleza, por lo que la oportunidad y conveniencia de las medidas adoptadas y su fundamento en estudios científicos debe ser discutida en sede administrativa o en su caso, en la vía contenciosa. Por todo lo anterior, la Sala estima que no se ha producido lesión alguna al principio de igualdad ante la ley, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar." (Sentencia número 04256-99 de las 10:24 horas del 4 de junio de 1999). -El resaltado no es del original- III.- No encuentra la Sala en esta ocasión motivo para variar de criterio, y por lo tanto al igual que el fallo transcrito el presente debe ser desestimado. En efecto, ninguna vulneración al debido proceso ni al principio de igualdad se aprecia en la especie, tratándose como es de un acto emitido por el órgano competente, que otorga un trato desigual para dos categorías diferentes de pescadores de camarón, a saber, los de la flota camaronera semiindustrial y los camaroneros artesanales, para lo cual no solo tomó en consideración aspectos de naturaleza técnica, sino además otros de índole socioeconómicos. Así, se informa bajo juramento que en la presente regulación se contaba con dos posiciones muy marcadas: la de los pescadores artesanales (unos trescientos aproximadamente) que capturan el 72% del camarón conocido como blanco y que se produce en el Golfo, que solicitan esa área del Océano Pacífico como lugar de pesca exclusiva para ellos, y que los pescadores semi-industriales salgan permanentemente de ese Golfo; y la de los camaroneros semi-industriales, sea los propietarios de los sesenta y uno barcos que pescan el 28% del camarón blanco producido dentro del Golfo de Nicoya, quienes según su decir, se ven muy perjudicados con la salida durante cinco meses de una parte intermedia del Golfo donde usualmente pescan. De esas dos posiciones, la primera es respaldada por la FAO, considerando que la flota semi-industrial tiene posibilidades de pescar en el resto del Litoral Pacífico; no obstante, se optó por vedarles a los camaroneros semi-industriales la pesca solamente por cinco meses para que se desplacen de una zona intermedia del Golfo de Nicoya, y a los artesanales se les impuso una veda total al trasmallo y la línea durante mes y medio, que va del 1° de agosto al 15 de setiembre y una veda al trasmallo de 7.62 cm (3 pulgadas) que es el tamaño mínimo autorizado a la flota artesanal para la captura del camarón, del 16 de setiembre al 31 de octubre, período en el que solo se les permitirá pescar con trasmallo de 8.89 cm (3.5 pulgadas) en la parte interna del Golfo de Nicoya, buscando así una posición equilibrada, que afecta más a la flota que más daño causa al ecosistema como un todo, puesto que la otra -la artesanal- aunque también causa problemas poblacionales, lo hace en menor grado en tanto ellos capturan camarones que ya ha logrado reproducirse, lo que no sucede con las redes de arrastre utilizadas por la flota camaronera semi-industrial, cuya luz de malla mínima es de 3.5 cm, que captura camarones juveniles y otras especies de peces que no han llegado aún a su madurez sexual (informe a folios 27 a 29). Por otra parte, se valoró además por el ente recurrido el impacto social de la medida a tomar, habida cuenta que prohibirles totalmente la pesca en el Golfo de Nicoya a los camaroneros artesanales dejaría sin el sustento a muchas familias costarricenses, que tienen a la actividad pesquera como único medio de ganarse la vida, amén de que se trata de un acuerdo que permite la sostenibilidad de las poblaciones que explotan de manera comercial en ese Golfo.
IV.- No constatándose las vulneraciones constitucionales alegadas, se impone la desestimatoria de este recurso como en efecto se hace.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
R. E. Piza E.
Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.
Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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