Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 38617-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/10/2026

Amparo over Insufficient Road Culvert CapacityAmparo por capacidad insuficiente de alcantarilla vial

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber ordered Conavi to resolve the culvert-capacity problem within four months and to pay costs, damages, and losses, but denied the amparo as to the Municipalidad de Santa Cruz and in all other respects.La Sala ordenó al Conavi solucionar en un máximo de cuatro meses el problema de capacidad de la alcantarilla y lo condenó al pago de costas, daños y perjuicios, pero declaró sin lugar el recurso respecto de la Municipalidad de Santa Cruz y en todo lo demás.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) partially granted the amparo proceeding, solely against the Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Since January 2026, the protected person had reported that a culvert on National Route No. 160 caused flooding, erosion, damage to her home, and unhealthy conditions. Although Conavi conducted inspections and maintained that it had not redirected the water, it acknowledged that the previous culvert had been replaced because of insufficient capacity and that a topographic survey was still needed to assess an additional culvert. The Chamber concluded that those actions had not resolved the reported capacity problem and ordered Conavi, within its statutory authority, to take the necessary measures to solve it within four months after notification. It also ordered Conavi to pay costs, damages, and losses, with the amounts to be determined during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction. The amparo was denied as to the Municipalidad de Santa Cruz.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La amparada había denunciado desde enero de 2026 que una alcantarilla de la ruta nacional nro. 160 ocasionaba inundaciones, erosión, daños en su vivienda y condiciones insalubres. Aunque el Conavi realizó inspecciones y sostuvo que no había redireccionado las aguas, reconoció que la alcantarilla anterior fue sustituida por falta de capacidad y que todavía debía efectuarse un levantamiento topográfico para valorar otro paso de alcantarilla. La Sala concluyó que esas actuaciones no habían solucionado el problema de capacidad denunciado y ordenó al Conavi adoptar, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para resolverlo en un máximo de cuatro meses desde la notificación. Además, condenó al Conavi al pago de costas, daños y perjuicios, por liquidar en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El recurso fue declarado sin lugar respecto de la Municipalidad de Santa Cruz.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, the Court finds that Conavi violated the fundamental rights of the protected person. Since January 2026, that Council had been informed that the culvert located near the applicant's property caused flooding that affected the premises. Although Conavi maintains that the problem was not caused by a diversion of the water, because the culvert had existed for many years and was merely replaced in 2020 due to insufficient capacity, it also acknowledges that the capacity of that culvert is insufficient. In this regard, the email sent to the protected person on 26 June 2026 stated that the possibility of installing another culvert was being considered so that part of the water could be conveyed toward the cantonal road and managed by the Municipalidad de Santa Cruz through a ditch; this would require a topographic survey that has not been conducted. In sum, although Conavi has taken actions related to the complaints submitted by the protected person, it has not been shown that the reported problem concerning the capacity of the culvert located near her property has been resolved. The amparo must therefore be granted as to Conavi. The amparo proceeding is partially granted, solely as to the Consejo Nacional de Vialidad. Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as executive director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that office, is ordered to make the necessary arrangements, take appropriate measures, and issue the corresponding instructions within the scope of the institution's authority so that, within no more than FOUR MONTHS after notification of this judgment, the reported problem concerning the capacity of the culvert located near the protected person's property is resolved.En virtud de lo expuesto, el Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada por parte del Conavi. Véase que desde enero de 2026 se denunció ante ese Consejo que la alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la accionante ocasiona inundaciones que afectan el inmueble. Al respecto, si bien el Conavi sostiene que la problemática no se produce por un desvío de las aguas, sino que la alcantarilla en cuestión ha existido desde hace muchos años y que en 2020 lo que se hizo fue sustituirla por un tema de falta de capacidad, no menos cierto es que también reconoce que la capacidad de la mencionada alcantarilla es insuficiente. En ese sentido, véase que en el correo electrónico remitido a la amparada el 26 de junio de 2026 se le indicó que se estaba analizando la posibilidad de colocar otro paso de alcantarilla que permita llevar una parte de las aguas hacia la ruta cantonal y que la Municipalidad de Santa Cruz haga el manejo de estas mediante una cuneta, para lo cual es necesario efectuar un levantamiento topográfico que no se ha llevado a cabo. En suma, si bien el Conavi ha efectuado actuaciones relacionadas con las denuncias plantadas por la amparada, no menos cierto es que no se verifica que se haya solventado la problemática denunciada en cuanto a la capacidad del paso de alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la tutelada. De ahí que proceda acoger el recurso en lo que al Conavi refiere. Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al Consejo Nacional de Vialidad. Se le ordena a Mauricio Sojo Quesada, en su condición de director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en ese lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática denunciada en cuanto a la capacidad del paso de alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la tutelada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias planteadas por el riesgo causado a la integridad física y vida de las personas ante inundaciones, las cuales presuntamente no han sido atendidas."

    "This case presents an exception because it concerns complaints about risks that flooding poses to people's physical integrity and lives, which allegedly had not been addressed."

    Considerando I

  • "Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias planteadas por el riesgo causado a la integridad física y vida de las personas ante inundaciones, las cuales presuntamente no han sido atendidas."

    Considerando I

  • "Una inspección o una comunicación administrativa no puede considerarse equivalente a una solución efectiva cuando la situación material permanece."

    "An inspection or administrative communication cannot be considered equivalent to an effective solution when the underlying situation persists."

    Manifestación de la recurrente

  • "Una inspección o una comunicación administrativa no puede considerarse equivalente a una solución efectiva cuando la situación material permanece."

    Manifestación de la recurrente

  • "La atención administrativa debe ser efectiva y suficiente frente a una afectación que continúa, especialmente cuando la propia Administración reconoce la necesidad de realizar actuaciones técnicas adicionales."

    "Administrative attention must be effective and sufficient in response to an ongoing harm, especially when the Administration itself acknowledges the need for additional technical action."

    Manifestación de la recurrente

  • "La atención administrativa debe ser efectiva y suficiente frente a una afectación que continúa, especialmente cuando la propia Administración reconoce la necesidad de realizar actuaciones técnicas adicionales."

    Manifestación de la recurrente

  • "En lo demás, se declara sin lugar el recurso."

    "In all other respects, the amparo is denied."

    Por tanto

  • "En lo demás, se declara sin lugar el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Decision No. 2026038617 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 8 October 2026.

Amparo proceeding being processed under case number 26-027548-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card number [Valor 001], against the MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ AND THE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

Background:

  1. 1In a written submission added to the digital case file on 31 July 2026, the applicant filed an amparo application. She states that she owns the property located along Route No. 160, in Río Seco, three kilometers from the Las Tuquitas restaurant toward Lagarto, specifically at the intersection with the old road to Paraíso. The property is recorded in the Registro Nacional under property registration No. 222973-000, cadastral plan G-1980801-2017. She asserts that road infrastructure renovation and improvement works were carried out along that section of Route No. 160. She states that, although a stormwater sewer system previously existed in the area, the configuration of the drainage system was modified during the works, particularly the discharge direction of the existing culvert, thereby altering the natural behavior of surface runoff, which began to be directed straight toward her property, concentrating a wholly excessive volume of water that had not previously entered the property.She indicates that, as a result of this new hydraulic configuration, during the rainy season these events have caused progressive and substantial deterioration of her property, affecting both the structure of the dwelling and the topography of the land through erosion, sediment transport, and permanent soil saturation. Material damage has also been caused to the furniture, household items, appliances, finishes, infrastructure, and other assets located within the property, resulting in significant financial losses to her and substantially violating her right to the normal use and enjoyment of the dwelling. She states that there is a clear causal link between the modifications made by the administration to the stormwater drainage system and the damage to her property, since the flooding began only after the road renovation works were completed. She asserts that she submitted requests to the Municipalidad de Santa Cruz and CONAVI, informing those institutions of the harm caused by the modification of the stormwater drainage system and requesting the adoption of the corresponding corrective measures.Nevertheless, despite the multiple requests made and the time that has elapsed, the problem persists, and no effective solution eliminating the cause of the reported damage has been provided to date. She adds that the persistence of the current conditions poses a definite, present, and ongoing risk to her property because, during every rainy season, there remains a possibility of further flooding and of the material damage becoming considerably worse unless the appropriate technical measures are adopted. The constant flooding and accumulation of stormwater within the property have created a permanent unsanitary condition that directly affects the occupants’ quality of life. The standing water encourages the proliferation of disease vectors, such as the Aedes aegypti mosquito, which transmits dengue, as well as the presence of other harmful organisms that pose a risk to public health. In addition, the persistent dampness caused by the flooding contributes to the structural deterioration of the property and the appearance of mold and fungi that may trigger respiratory conditions, allergies, and other ailments, particularly among minors, older adults, and persons with preexisting health conditions.
  2. 2By a decision of the President of the Chamber issued at 11:02 a.m. on 3 August 2026, the applicant was ordered to cure deficiencies in the application (prevención).
  3. 3In a written submission added to the digital case file on 5 August 2026, the applicant submitted evidence.
  4. 4By a decision of the President of the Chamber issued at 3:49 p.m. on 10 August 2026, the proceeding was admitted for processing.
  5. 5In a written submission added to the digital case file on 18 August 2026, Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as executive director of Conavi, reports under oath. He explains: “II. PRELIMINARY CONSIDERATIONS (BACKGROUND) Before addressing specifically the facts supporting this amparo proceeding, it is necessary to present to this Honorable Chamber the administrative and technical background related to the situation raised by Ms. [Name 002], as well as the actions taken by the Consejo Nacional de Vialidad, particularly through the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Dirección Regional Chorotega, since that background makes it possible to establish precisely the characteristics of the site, the nature of the work performed on National Route No. 160, and the actions taken by this Administration. The property to which the amparo applicant refers is located approximately 3.5 kilometers from the Río Seco intersection in the direction of Playa Lagarto, at the intersection with the old road to Paraíso, near National Route No. 160.According to the technical report issued by the Dirección Regional Chorotega, work to apply asphalt seals (sellos asfálticos) began during 2020 on various national routes whose road surface consisted of gravel, and that work also covered various sections of National Route No. 160. The work consisted of applying asphalt emulsion over the subbase of the sections concerned, for the purpose of improving road-surface conditions, protecting the public investment, and increasing safety conditions for road users. Regarding the culvert crossing (paso de alcantarilla) at issue, the technical report establishes that this infrastructure has existed for many years and forms part of the drainage system associated with the road. In approximately 2020, the existing pipe was replaced with the one currently installed because the former pipe had capacity problems that, on certain occasions, caused stormwater to overtop the road, creating damage and channels in the road surface.It is particularly relevant to note that, according to the technical assessment issued by the competent CONAVI division, replacement of the pipe did not entail any change in the direction of the outflow. The culvert crossing has historically discharged toward the area where Ms. ([Name 002])’s property is located, because the replacement work performed by the Dirección Regional Chorotega maintained the direction of the water crossings existing since the roads were built. On 9 March 2026, through a WhatsApp conversation, Ms. ([Name 001]) received direct assistance for the first time from CONAVI’s area engineer. According to the technical report, in that communication the amparo applicant herself stated that she had acquired the property approximately ten years earlier and indicated that the culvert had been replaced approximately five years earlier. Subsequently, on 17 March 2026, technical personnel from the Consejo Nacional de Vialidad made an initial visit to the site, coordinated with Ms.([Name 001]). During the inspection, a person responsible for looking after the dwelling and a local resident were present, and they stated that the culvert crossing had existed for many years and had merely been replaced some time earlier. During that same inspection, it was established that the amparo applicant’s property is located at the topographically lowest point of an approximately 150-to-200-meter section, a circumstance that technically explains the location of the culvert crossing at that site. In addition, opposite the property, across National Route No. 160, there is a mountainous area that naturally contributes a significant amount of stormwater toward the point where the culvert is located. The technical report adds that, during 2026, work was performed to line various earthen ditches with concrete between the communities of Río Seco and Marbella, with priority given to areas experiencing erosion or scouring due to stormwater runoff or existing slopes.The purpose of that work is to protect the road structure from erosion and scouring processes. The inspections and photographic records made by the Administration also show the natural difference in elevation in the area and the direction of stormwater toward the point where the culvert is located. The technical assessment concludes that lining the ditches did not alter the site’s topographic condition or add any waters other than those that naturally drain toward that area. As a result of the inspections conducted, CONAVI’s technical division determined that the outflow from the culvert crossing was not redirected toward Ms. ([Name 001])’s property, but instead retains its historical configuration and direction. Notwithstanding the foregoing, and in an effort to assess alternatives that might reduce the amount of stormwater reaching the area, during the visit of 17 March 2026 the amparo applicant was informed that an inspection would be coordinated with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz to analyze the potential possibility of partially diverting the waters toward a cantonal route, provided that the topographic conditions permitted it and the Municipality was able to assume responsibility for managing those waters.A joint visit was subsequently conducted with engineer Víctor Obando of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz. As a result of that coordination, it was determined that, if the local topography permits, the transfer of a portion of the stormwater toward the cantonal route could be technically considered, in which case the Municipality would assume responsibility for conveying it through an earthen ditch to the river in that area. This action and the alternative analyzed were communicated to Ms. ([Name 001]) by email and telephone call dated 26 June 2026. On that occasion, she was also informed that a topographic survey of the area would first be necessary to determine the technical viability of that alternative. The Administration likewise reported that the maintenance contract for Zone 2-3 of the National Road Network, Santa Cruz, would expire in mid-July 2026, and therefore the topographic survey would have to be scheduled once the new multiyear maintenance contract had begun.Finally, the technical report states that the performance of any potential diversion work necessarily depends on the results of the topographic survey, because the alternative coordinated with the Municipalidad de Santa Cruz could be implemented only if that study determines that it is technically possible to convey a portion of the waters toward the cantonal route. In any event, that potential solution would be complementary and would not entail removing, closing, or modifying the culvert crossing currently in place.

III.RESPONSE ON THE MERITS Once the administrative and technical background relevant to a proper understanding of this matter has been presented, it is appropriate to address the merits of the facts attributed to the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) and, in particular, the amparo applicant’s assertion that certain work performed on National Route No. 160 allegedly altered the configuration of the stormwater drainage system, redirecting waters toward her property and causing the effects she describes in the application. The fundamental premise on which the amparo is based is precisely the assertion that, as a result of the work performed by the Administration, the discharge direction of a preexisting culvert was changed and that, following that change, a volume of water that previously did not reach Ms. ([Name 001])’s property began entering it. The amparo applicant expressly maintains this by asserting an alleged causal link between the work performed on the road and the flooding subsequently experienced. However, that assertion is inconsistent with the inspections conducted by the competent technical division of the Consejo Nacional de Vialidad.

1. The alleged alteration of the drainage system and redirection of stormwater According to technical report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026, the culvert crossing at issue was not recently built or added as a result of the improvement work performed in the area, but rather constitutes infrastructure that has existed for many years and is associated with the original construction of the road. What occurred in approximately 2020 was the replacement of the existing pipe because the former pipe had capacity problems that, on some occasions, caused stormwater to overtop the road and create damage and channels in the road surface. That replacement did not change the direction of the outflow. The technical assessment categorically states that the pipe has always discharged toward the area where the amparo applicant’s property is located and that, when the Dirección Regional Chorotega replaces existing culvert crossings, it maintains the historical direction of the outflows. Accordingly, from a technical standpoint, the essential premise raised in the amparo proceeding—namely, that CONAVI performed work that redirected stormwater flow toward Ms. ([Name 001])’s property—has not been established.

2. Topographic conditions and the natural behavior of stormwater The inspections conducted by CONAVI’s technical personnel established that the site has particular topographic characteristics that are decisive in understanding the behavior of stormwater. During the visit conducted on 17 March 2026, it was determined that the amparo applicant’s property is located at the lowest point of an approximately 150-to-200-meter section. In addition, opposite that property, across National Route No. 160, there is a mountainous area from which stormwater runoff naturally flows toward the location of the culvert crossing. This condition is likewise documented by the photographs included in the technical report. The images show the natural difference in elevation and the direction of the waters toward the culvert crossing, as well as various points from which water descends from the mountainous area. The report concludes that lining the ditches with concrete did not alter the natural condition of the site or introduce any additional flow other than that which naturally reaches the area. Consequently, from a technical standpoint, the conditions observed on the ground do not permit the behavior of the stormwater to be attributed to an alleged recent redirection by this Administration.

3. The actions taken by the Consejo Nacional de Vialidad Nor is it consistent with the administrative background to assert that the Consejo Nacional de Vialidad remained inactive in response to the situation reported by the amparo applicant. From the time direct assistance was first provided to Ms. ([Name 001]) on 9 March 2026, the Administration took various actions aimed at examining the conditions at the site and technically assessing the situation raised. Those actions included the technical inspection conducted on 17 March 2026, during which the location of the culvert crossing, the area’s topographic characteristics, and the natural origin of a significant portion of the waters reaching the area were verified. Moreover, although it was not technically determined that CONAVI had altered the historical direction of the outflow, this Administration coordinated with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz to assess an alternative that might reduce a portion of the stormwater flow reaching the point at issue.

As a result of that coordination, a joint visit was conducted with engineer Víctor Obando of the Municipalidad de Santa Cruz, during which the possibility of conveying a portion of the waters toward a cantonal route was analyzed, with the Municipality, if the option proved technically viable, subsequently managing those waters through an earthen ditch. The amparo applicant was informed of these actions by email and telephone communication dated 26 June 2026; therefore, it likewise cannot be maintained that the matters she raised were simply ignored by the Consejo Nacional de Vialidad.

4. The potential technical mitigation alternative It must be clarified that the alternative analyzed jointly with the Municipalidad de Santa Cruz does not constitute any acknowledgment that the work performed by CONAVI caused the effects alleged by the amparo applicant. On the contrary, it is an additional measure whose potential implementation is intended to assess the possibility of reducing a portion of the volume of water that naturally converges in the area. Its feasibility necessarily depends on a topographic survey, since only that study can determine whether the existing elevations and conditions permit a portion of the waters to be conveyed toward the cantonal route. The technical report itself establishes that, if that study demonstrates the viability of the alternative, action will be taken in accordance with the coordination undertaken with the Municipalidad de Santa Cruz. It is therefore not technically possible to state in advance that the work can be performed or to establish its definitive characteristics without first obtaining the required studies.

In summary, the technical and documentary evidence submitted establishes that the culvert crossing was preexisting; that its discharge direction was not changed by the work performed by CONAVI; that the waters converge at that point because of the topographic conditions and natural runoff from the mountainous area; and that, despite this, the Administration has conducted inspections, coordination, and assessments aimed at determining a potential additional mitigation measure. Consequently, the substantiated actions do not reveal any act or omission by the Consejo Nacional de Vialidad that would support the amparo applicant’s contention that this Administration redirected stormwater toward her property or remained inactive in response to the situation brought to its attention.

IV. FACTS

In response to the facts presented by Ms. [Name 002] in the amparo proceeding being processed under case file No. 26-027548-0007-CO, this Administration responds as follows:

FIRST FACT: PARTIALLY TRUE. It is true that the property referred to by the amparo applicant is located near National Route No. 160, in the Río Seco sector of Santa Cruz, approximately 3.5 kilometers from the Río Seco intersection in the direction of Playa Lagarto, specifically at the intersection with the old road to Paraíso. This is stated in the technical report issued by the Dirección Regional Chorotega. This Administration has no knowledge of the matters concerning the property’s registered ownership, registration number, and cadastral plan, because they do not constitute CONAVI’s own technical information within the report issued; those matters must be established through the corresponding registry documentation. As to the assertion that the property was occupied and enjoyed without difficulties related to stormwater management until before certain work was performed, this Administration has no knowledge of the matter as stated, because it is an assertion by the amparo applicant regarding historical conditions on her property that are not established in CONAVI’s technical report.

SECOND FACT: PARTIALLY TRUE AND FALSE IN ITS FUNDAMENTAL ASPECT. It is true that road improvement work was performed in various sections of National Route No. 160. According to the technical report, during 2020 asphalt seals were applied on national routes whose surfaces consisted of gravel, including various points along this route. It is likewise true that, in approximately 2020, the pipe corresponding to the existing culvert crossing was replaced because the former pipe had capacity problems that, on certain occasions, caused stormwater to overtop the road and damage the road surface. It is not true, however, that this work changed the direction of the culvert’s discharge or redirected stormwater toward the amparo applicant’s property. The technical report expressly establishes that the pipe did not change direction and that the culvert crossing has always discharged toward that area, thus maintaining its historical configuration. Accordingly, the assertion that CONAVI’s work created a new direction of runoff toward Ms. ([Name 001])’s property is expressly denied.

THIRD FACT: THIS ADMINISTRATION HAS NO KNOWLEDGE OF THE MATTER AS STATED. The amparo applicant attributes progressive deterioration of her property, erosion, sediment transport, soil saturation, and damage to the dwelling, furniture, appliances, finishes, and other property to the alleged alteration of the drainage system. CONAVI’s technical report neither determines nor establishes the existence, extent, economic valuation, or cause of that damage, and this Administration therefore cannot deem it proven as stated by the amparo applicant. What was technically established is that the property is located at the topographically lowest point of an approximately 150-to-200-meter section and that, opposite it, there is a mountainous area that naturally generates substantial stormwater runoff toward the location of the culvert crossing. Accordingly, this Administration denies that all the alleged effects can be attributed, without the corresponding technical proof, to an alleged alteration of the drainage system by CONAVI.

FOURTH FACT: NOT TRUE. The existence of the causal link that the amparo applicant seeks to establish between an alleged alteration of the drainage system by CONAVI and the damage alleged on her property is denied. That conclusion rests on a premise that has been technically ruled out: CONAVI did not redirect the culvert crossing toward the amparo applicant’s property. On-site inspections show that the property is located at a low point in the terrain and that waters from the mountainous area opposite the property naturally converge toward the location of the culvert. In addition, the photographic records included in the technical report show the area’s natural difference in elevation and the direction of runoff, and it was technically established that the work to line the ditches did not alter that condition or introduce any waters other than those that naturally reach the site. Therefore, the report issued by CONAVI’s competent division provides no technical basis for asserting the causal link in the categorical terms stated by the amparo applicant.

FIFTH FACT: PARTIALLY TRUE. It is true that Ms. ([Name 001]) made submissions related to the situation at issue in this proceeding and that the Consejo Nacional de Vialidad became aware of them. It is not true, however, that CONAVI remained inactive or failed to address the situation raised. On 9 March 2026, direct assistance was provided to the amparo applicant through WhatsApp communication. Subsequently, on 17 March 2026, CONAVI technical personnel inspected the site and examined its topographic conditions, the location of the culvert crossing, and the characteristics of the existing runoff. In addition, CONAVI coordinated a joint visit with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz to assess a potential alternative that might partially reduce the amount of water reaching the area. The results of those actions were communicated to the amparo applicant by email and telephone call dated 26 June 2026. Consequently, the documentary evidence contradicts any assertion that this Administration disregarded or ignored the matters raised.

SIXTH FACT: THIS ADMINISTRATION HAS NO KNOWLEDGE OF THE MATTER AS STATED. The amparo applicant asserts that there is a definite, current, and continuing risk to her property and that potential flooding could cause further damage during each rainy season. Determining the existence and extent of property damage and whether it may worsen in the future requires technical and evidentiary material beyond the findings contained in the report issued by CONAVI. What is established is that this Administration has assessed a possible complementary measure intended to reduce a portion of the flow reaching the area, the viability of which necessarily depends on conducting a topographic survey to determine whether it is technically possible to convey a portion of the waters toward the cantonal route. That preventive action does not constitute an acceptance of liability or an acknowledgment that CONAVI caused the alleged conditions.

SEVENTH FACT: THIS ADMINISTRATION HAS NO KNOWLEDGE OF THE MATTER AS STATED. The amparo applicant attributes to the alleged flooding a permanent unsanitary condition, proliferation of disease vectors, dampness, mold, fungi, and possible respiratory and other health effects. Those conditions and their potential medical consequences have not been determined by CONAVI’s technical division and are not established by the technical report supporting this response. Moreover, the allegations concerning an asserted effect on health again rest on the contention that CONAVI altered the drainage system and caused the reported flooding, a fact expressly ruled out by the technical assessment issued by the Dirección Regional Chorotega. Therefore, without prejudice to the assessment that this Honorable Chamber may make of the evidence submitted by the amparo applicant, CONAVI’s technical evidence contains no element establishing a causal relationship between any action of this Administration and the alleged health effects.

EIGHTH FACT: DENIED INSOFAR AS IT SEEKS TO ATTRIBUTE A CONTINUING VIOLATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS TO CONAVI. It is exclusively for this Honorable Chamber to determine what evidentiary proceedings it deems appropriate and to establish whether fundamental rights have been violated. Nevertheless, it must be noted that the Consejo Nacional de Vialidad has already conducted technical inspections of the site, documented the existing topographic and drainage characteristics through photographs, coordinated actions with the Municipalidad de Santa Cruz, and identified a possible complementary alternative whose viability must be determined through a topographic survey. Accordingly, this is not a case in which an Administration failed to assess the reported situation. On the contrary, the technical report demonstrates that CONAVI has taken concrete actions within the scope of its authority, without any showing that this Administration changed the historical direction of the culvert crossing or, through any action of its own, caused the flooding that the amparo applicant seeks to attribute to it.

V.LEGAL BASIS Based on the background set forth above, the individual response to the facts, and the technical and documentary evidence submitted, this representative considers that there is no act or omission attributable to the Consejo Nacional de Vialidad that caused a violation of the fundamental rights invoked by the amparo applicant. On the contrary, the actions taken by this Administration are grounded in its legal authority over the National Road Network, the natural and topographic conditions technically verified at the site, and active administrative action aimed not only at investigating the reported situation but also at assessing additional alternatives that might reduce the amount of stormwater converging in the area.

1. THE AUTHORITY OF THE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD OVER THE NATIONAL ROAD NETWORK Ley No. 7798, Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, establishes that the purpose of that legislation is the construction and maintenance of the highways, through streets, and bridges comprising the National Road Network. Consequently, because the culvert crossing under analysis is located within National Route No. 160, CONAVI is responsible for exercising the powers conferred on it by the legal system regarding the preservation and maintenance of that road infrastructure. It is precisely in the exercise of those powers that this Administration has inspected the site, technically assessed the drainage conditions, documented the existing topographic characteristics, and undertaken the necessary coordination with the Municipalidad de Santa Cruz. However, the existence of general authority over the maintenance of the National Road Network does not mean that any runoff, flooding, or adverse effect occurring on an adjoining property may automatically be attributed to CONAVI.

Rather, it is essential to determine technically whether an institutional act or omission occurred and whether it is causally related to the alleged harm. In this matter, that causal relationship has not been established. On the contrary, the technical report concludes that the culvert crossing was preexisting, that its discharge direction was not changed, and that the site is naturally the lowest point in the area.

2. THE LEGAL OBLIGATION OF ADJOINING PROPERTIES TO RECEIVE WATERS WHEN REQUIRED BY THE NATURAL SLOPE OF THE LAND A legal provision particularly relevant to the resolution of this matter is contained in Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060. That provision expressly states: “All possessors of real property, under any form of title, are required to receive and allow road waters to flow through their properties when so required by the slope of the land and, when their properties are adjacent to a road drainage outlet, they must keep such outlets clean, in perfect working condition, and free of obstructions.” The provision is especially significant in light of the circumstances established in this case file. The inspection conducted by CONAVI technical personnel determined that the amparo applicant’s property is located at the topographically lowest point of an approximately 150-to-200-meter section and that, opposite it, there is a mountainous area from which stormwater naturally flows toward the point where the culvert crossing is installed.

Therefore, the legislature itself recognizes that the flow of waters from a road may be determined by the natural slope of the land, a circumstance that cannot, by itself, be equated with unlawful conduct by the Administration. Moreover, Article 20 imposes a specific obligation on possessors of adjoining real property whose properties are located beside public-road drainage outlets: to keep such outlets clean, in perfect working condition, and free of obstructions. This statutory provision coincides precisely with the technical characteristics observed at the site and requires a distinction between the natural flow of water determined by the land’s topography and an alleged artificial redirection caused by administrative action. In this matter, there is no technical evidence that CONAVI caused such a redirection.

3. NONEXISTENCE OF THE CAUSATIVE EVENT UNDERLYING THE CONSTITUTIONAL CLAIM The amparo applicant’s entire argument rests on a fundamental premise: that, as a result of work performed on National Route No. 160, the Consejo Nacional de Vialidad altered the discharge direction of the culvert and began conveying toward her property waters that had not previously reached it. However, that assertion has been technically ruled out. The report issued by the Dirección Regional Chorotega establishes that the culvert crossing has existed for many years; that, in approximately 2020, only the existing pipe was replaced because of capacity problems; and that the replacement did not change the direction of the outflow. Therefore, the existence of adverse effects on the property is not by itself sufficient to establish CONAVI’s constitutional liability. It was necessary to demonstrate that those effects arose from an action attributable to this Administration—specifically, the alteration of the drainage identified by the amparo applicant. That causal element not only lacks support in the technical report submitted, but is expressly contradicted by that specialized assessment.

4. THE NEED TO DISTINGUISH CONSTITUTIONAL PROTECTION FROM TECHNICAL DISPUTES AND DISPUTES OVER FINANCIAL LIABILITY It must be recalled that the amparo proceeding is a summary mechanism intended to protect fundamental rights against manifestly unlawful acts or omissions, but it is not the appropriate avenue to replace proceedings in which a broad evidentiary debate is necessary to determine liability, technical causation, the valuation of damages, or disputes concerning ordinary legality. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has reiterated this limitation in its case law. In particular, in Resolution No. 08040-2026, issued at 9:25 a.m. on 6 March 2026 in case file No. 25-036544-0007-CO, the Court addressed the inherent limitations of an amparo proceeding when a dispute requires an extensive evidentiary debate and technical assessment. That reasoning applies to this matter insofar as the amparo applicant seeks, on the basis of photographs, videos, and her own chronological reconstruction, to establish a causal link between certain public works and damage she attributes to her property.

Determining whether each item of alleged damage—erosion, structural impact, deterioration of the land, furniture, appliances, and other economic losses—was caused directly and exclusively by a particular act of the Administration entails analyzing questions of hydrology, topography, runoff behavior, road engineering, causation, and property valuation, all of which require specialized technical evidence. Moreover, the evidence submitted by CONAVI demonstrates circumstances that contradict the causal relationship proposed by the amparo applicant: the historical preexistence of the culvert, the absence of any change in its direction, and the area’s natural slope conditions. Consequently, seeking a determination through the amparo proceeding that CONAVI bears financial liability for all the damage invoked would entail transferring to this summary jurisdiction a technical and evidentiary dispute that, insofar as it exceeds strictly constitutional protection, belongs in the legally established ordinary proceedings.

5. THE ABSENCE OF OMISSIVE CONDUCT BY CONAVI The amparo applicant also maintains that, despite her administrative submissions, she has not received an “effective solution” to the reported situation. A legal distinction must be drawn, however, between a complete absence of administrative action and the circumstance that the solution sought by an administered person has not been accepted or implemented on the particular terms requested by that person. There was no inaction by CONAVI in this matter. On 9 March 2026, assistance was provided to Ms. ([Name 001]); on 17 March, a technical inspection was conducted; a joint visit was subsequently coordinated with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz; an additional alternative for managing a portion of the waters was assessed; and, on 26 June 2026, the amparo applicant was informed of the results of those actions and the need to conduct a topographic survey to determine the feasibility of that alternative.

Regarding the scope of the right enshrined in Article 27 of the Constitution, the Constitutional Chamber has established that the duty to issue a decision does not entail a right of the administered person to receive a response favorable to that person’s interests. Thus, in Resolution No. 16997-2005, issued at 2:51 p.m. on 13 December 2005, the Chamber reiterated, in substance, that “the duty to issue a decision does not entail obtaining a favorable response,” but rather the obligation to provide a response consistent with what was requested. Accordingly, the fact that CONAVI did not agree to remove or close the culvert crossing, as sought by the amparo applicant, does not in itself constitute a violation of the right of petition, especially when the technical assessment establishes that this infrastructure forms part of the road’s historical drainage system and that its removal is not appropriate.

6. DISTINCTION BETWEEN THE PRESENT CASE AND Voto No. 15422-2026 OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER Particularly relevant to the resolution of this matter is Resolution No. 15422- 2026, issued at 9:20 a.m. on 30 April 2026 by the Constitutional Chamber in case file No. 26-009791-0007-CO, in an amparo proceeding brought against the Consejo Nacional de Vialidad that likewise concerned stormwater from a national route and alleged adverse effects on an adjoining property. On that occasion, the Chamber granted the application after determining that, as early as 19 February 2024, the amparo applicant had filed a complaint concerning the undermining of her land caused by National Route No. 148 and that, despite the time elapsed, no comprehensive solution had been provided for the reported problem. The decisive reason for granting the application was expressly stated by the Court as follows: “a manifestly disproportionate period has elapsed since the infrastructure complaint was filed—19 February 2024—without the respondent institution taking further action to provide a comprehensive solution to the reported deficiencies.” The decision’s own case-law classification summarizes the reasoning by stating that the application was granted upon a finding of “prolonged inaction in response to the complaint.” Far from supporting the claim made in the present case file, this precedent makes it possible to establish clearly a substantial difference between the two matters.

In the case resolved through Voto No. 15422-2026, the Chamber treated it as a fact not proven that the Consejo Nacional de Vialidad had comprehensively addressed the complaint filed. In the present matter, by contrast, the documentary and technical evidence demonstrates that CONAVI has taken concrete and continuing actions since it became aware of the situation raised by Ms. [Name 002]. The record establishes that assistance was provided to the amparo applicant on 9 March 2026; that a technical visit to the site was conducted on 17 March 2026; that the topographic conditions and behavior of stormwater were examined; that a joint inspection was subsequently coordinated with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz; that a potential additional alternative for partially conveying the waters was analyzed; and that, on 26 June 2026, the amparo applicant was informed of the results of those actions and the need to conduct a topographic survey to determine the viability of that alternative.

Consequently, the factual element that led to the granting of the application in Voto No. 15422-2026—namely, a prolonged absence of institutional action in response to a complaint related to road infrastructure—is not present in this case file. Instead, there is materially verifiable, technically supported, and progressive administrative action aimed both at examining the reported situation and at analyzing an additional mitigation alternative. Thus, the reasoning established by the Constitutional Chamber in Resolution No. 15422-2026 calls for distinguishing the two situations: while the constitutional violation in that case file arose from prolonged inaction and the failure to address the complaint comprehensively, CONAVI has actively exercised its powers in the present matter and has provided technical follow-up regarding the situation brought to its attention.

7. THE NATURE OF DISPUTES RELATED TO INFRASTRUCTURE WORK AND THE JURISDICTION HAVING AUTHORITY The same Resolution No. 15422-2026 contains additional considerations that are particularly relevant to defining the proper scope of constitutional jurisdiction. In its preliminary issue, the Chamber recalled that, beginning with Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, it has referred to the administrative-litigation jurisdiction (Jurisdicción Contencioso Administrativa), except in certain exceptional circumstances, disputes related to compliance with time limits and ordinary administrative action. In the same vein, Justice Luis Fernando Salazar Alvarado, in a separate note included in Resolution No. 15422-2026, stated: “As a matter of principle, I consider that cases related to action or inaction by the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed because such omission constitutes a matter of legality whose adjudication belongs to the ordinary jurisdiction.” The Justice adds that consideration of the merits by the constitutional jurisdiction is appropriate, on an exceptional basis, only when such administrative conduct results in a violation of other fundamental rights or affects particularly vulnerable groups.

This criterion is particularly pertinent to the present matter, since the amparo applicant does not merely allege a possible failure by the administrative authorities to act, but seeks a technical determination, through the amparo proceeding, that a roadwork project altered a drainage system, that this alteration caused certain flooding, that there is a causal link between those works and various property losses, and that, in addition, a specific engineering solution be ordered. Such matters necessarily involve questions of topography, hydrology, road engineering, runoff behavior, causation, and potential liability for property losses, the determination of which requires evidentiary and technical proceedings broader than those inherent in summary amparo proceedings. The exception recognized by the Chamber in Voto No. 15422-2026 arose because, in that matter, there had been a prolonged failure to respond to a complaint concerning a risk to the physical safety of the occupants of the dwelling.

That circumstance is not present in this case, where the evidence establishes that CONAVI undertook multiple technical and administrative actions. 8. ON THE TECHNICAL COMPLEXITY OF INFRASTRUCTURE MEASURES Resolución No. 15422-2026 contains a further element relevant to the present matter. In her partial dissent, Justice Anamari Garro Vargas expressly emphasized the existence of “technical aspects of some complexity” in implementing solutions relating to infrastructure and drainage, noting that the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa) has procedural mechanisms particularly well suited to overseeing such actions, including schedules, stages of compliance, and responsibilities. This consideration is fully consistent with the position maintained by CONAVI in the present case file. The additional alternative evaluated jointly with the Municipalidad de Santa Cruz cannot be implemented on an improvised basis, nor can it be deemed technically feasible before the corresponding topographic survey is conducted.

Precisely because this is an engineering decision, it must first be determined whether the terrain elevations would allow some of the water to be conveyed toward the cantonal road without causing adverse consequences in other areas. The need to conduct that study does not constitute arbitrary delay or an institutional refusal, but rather a logical consequence of the technical complexity inherent in modifying a road drainage system. Accordingly, ordering the immediate execution of a specific project without first obtaining the corresponding topographic studies would entail substituting the court’s judgment for the technical judgment of the Administration and dispensing with information essential to ensuring the safety and functionality of any solution that may ultimately be adopted. VI. CONCLUSIONS Based on the administrative and technical background set forth above, the response to the allegations of fact, the documentary evidence submitted, the applicable legislation, and the cited constitutional case law, this representative reaches the following conclusions: FIRST: It has not been established that the Consejo Nacional de Vialidad modified or redirected the discharge from the existing culvert on Ruta Nacional No. 160 toward the property of Ms. [Nombre 002].

The technical report establishes that this infrastructure has existed for many years and that, in approximately 2020, the existing pipe was replaced solely for capacity reasons, without altering the historical direction of the outflow. SECOND: The inspections conducted by CONAVI technical personnel determined that the property is located at the topographically lowest point of an approximately 150- to 200-meter stretch and that, across from it, there is a mountainous area from which rainwater naturally flows toward the site where the culvert is installed. THIRD: The technical evidence included in the case file does not establish the causal link alleged by the amparo applicant between certain works performed on Ruta Nacional No. 160 and all of the flooding, property damage, erosion, structural impacts, and other economic consequences that she attributes to this Administration. FOURTH: Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060, expressly provides that possessors of real property are required to receive and allow water from roads to flow through their properties when the slope of the terrain so dictates, as well as to keep drainage channels from roads adjacent to their properties clean, fully serviceable, and free of obstructions.

This provision is particularly relevant in light of the topographic conditions verified at the site. FIFTH: There has been no failure to act attributable to the Consejo Nacional de Vialidad. Since March 2026, the Administration has undertaken specific response, inspection, and technical assessment measures, including the site visit conducted on 17 March 2026, coordination with the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz, a joint inspection, and the evaluation of a possible additional mitigation alternative. SIXTH: The potential alternative consisting of partially conveying rainwater toward a cantonal road is conditional upon the prior completion of a topographic survey, which is essential to determine its technical feasibility. Accordingly, the fact that this alternative has not yet been implemented does not constitute an arbitrary refusal or institutional failure to act, but is instead a consequence of the need first to obtain the corresponding technical studies.

SEVENTH: The precedent established in Resolución No. 15422-2026, issued at 9:20 a.m. on 30 April 2026, expediente No. 26-009791-0007-CO, is clearly distinguishable from the present matter. On that occasion, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application upon finding prolonged inaction by CONAVI in response to a complaint filed in February 2024, a situation that is not present in this case file. EIGHTH: In the present matter, by contrast, multiple institutional actions aimed at verifying, addressing, and technically assessing the reported situation have been established; consequently, the decisive factual circumstance that justified granting the amparo resolved through Voto No. 15422-2026 is not present. NINTH: Constitutional case law itself recognizes that disputes concerning the repair, construction, modification, or demolition of infrastructure works involve, as a general rule, matters of ordinary legality and technical questions that may fall within the administrative-litigation jurisdiction, particularly when extensive evidentiary proceedings concerning causation, engineering, and liability for property losses are necessary.

This is also apparent from the considerations contained in Resolución No. 15422-2026. TENTH: The allegations concerning structural damage, economic losses, erosion, damage to furnishings, unsanitary conditions, the presence of disease vectors, mold, fungi, and potential health consequences are not, by themselves, sufficient to attribute constitutional liability to CONAVI, particularly when the triggering act underlying the amparo applicant’s claim—namely, the alleged redirection of water by this Administration—has not been established. ELEVENTH: CONAVI’s evaluation of an additional mitigation measure does not constitute an acknowledgment of liability or acceptance that this Administration caused the alleged impacts; on the contrary, it represents a preventive interinstitutional coordination measure aimed at exploring technically feasible alternatives. TWELFTH: Consequently, the existence of any arbitrary, unlawful, or manifestly unreasonable act or omission attributable to the Consejo Nacional de Vialidad that violated or threatened the fundamental rights invoked by Ms. [Nombre 002] has not been established.

THIRTEENTH: In light of the foregoing, it is legally appropriate to request that the Honorable Constitutional Chamber declare the present amparo application DENIED with respect to the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), without prejudice to any determination concerning the actions and specific powers of the Municipalidad de Santa Cruz. VII. RELIEF REQUESTED Based on the facts set forth, the administrative and technical background submitted, the accompanying documentary evidence, the powers conferred upon the Consejo Nacional de Vialidad by Ley No. 7798, Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, the Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060, the Constitución Política, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the cited constitutional case law, I respectfully request that the Honorable Constitutional Chamber: FIRST: Deem the report requested from the Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad in expediente No. 26-027548-0007-CO to have been duly submitted in a timely manner.

SECOND: Deem the documentary and technical evidence submitted by this Administration to have been incorporated and considered, particularly report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026, dated 13 August 2026, together with its annexes, photographic records, and communications relating to the assistance provided to Ms. [Nombre 002]. THIRD: Find it established that the culvert at issue is preexisting infrastructure of Ruta Nacional No. 160 and that its replacement did not modify or redirect the historical direction of the outflow toward the amparo applicant’s property. FOURTH: Find it established that the topographic conditions verified at the site demonstrate that the amparo applicant’s property is located at a lower elevation and that a significant portion of the rainwater naturally flows toward that area. FIFTH: Find it established that the Consejo Nacional de Vialidad has undertaken specific administrative and technical actions to address the situation presented, including field inspections, communications with the amparo applicant, coordination with the Municipalidad de Santa Cruz, and evaluation of a potential additional mitigation alternative, and that there has therefore been no failure to act attributable to this Administration.

SIXTH: Determine that the existence of any arbitrary, unlawful, or manifestly unreasonable act or omission attributable to the Consejo Nacional de Vialidad that violated or threatened the fundamental rights invoked by the amparo applicant has not been demonstrated. SEVENTH: Consequently, declare the present amparo application DENIED with respect to the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). EIGHTH: In the alternative, should the Honorable Chamber deem it appropriate to order any additional action, it is requested that any such order be limited to the scope of the powers legally conferred upon CONAVI and respect the need first to obtain the technical, topographic, and hydraulic studies essential to determining the feasibility, safety, and scope of any potential intervention in the existing drainage system. NINTH: Rule without prejudice to the powers and potential responsibilities of the Municipalidad de Santa Cruz or any other authority found to have jurisdiction over actions falling outside the substantive scope of authority of the Consejo Nacional de Vialidad.”

  1. 6In a written submission added to the digital case file on 8 September 2026, the amparo applicant states: “I. PURPOSE OF THE SUBMISSION Within the applicable time limit, I hereby respond to the report submitted by the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), because its conclusions neither refute the reported facts nor establish that the problem giving rise to this amparo proceeding has been resolved. On the contrary, CONAVI’s own report and the documentation it submitted show that the stormwater management and conveyance problem continues to exist, that the Administration acknowledges the need to assess additional mitigation measures, and that, to date, there is neither a concrete and effective solution nor a definite time frame for determining and carrying out the necessary work. II. CURRENT EXISTENCE OF THE HARM CONAVI bases much of its defense on the assertion that the culvert crossing has existed for many years and that the replacement of the pipe undertaken in approximately 2020 did not alter the historical direction of the discharge.However, even if that assertion is accepted as true, it does not resolve the fundamental subject matter of this amparo proceeding. The historical existence of a culvert does not establish that the current drainage system is sufficient or adequate, or that its current operation is not causing unlawful harm to the amparo applicant’s property. Indeed, CONAVI’s own technical report acknowledges that the previous pipe was replaced because it had capacity problems, to the point that stormwater sometimes flowed over the road, causing damage and channels in the road surface. CONAVI also acknowledges that there is a significant concentration of water in the area coming from the mountainous sector and that it reaches the point where the culvert is located. Accordingly, the discussion cannot be limited to determining whether the culvert ‘was always there’; rather, it must be determined whether the existing drainage system is currently adequate to handle the volume of water it receives and whether the manner in which that water is currently concentrated and conveyed is causing the reported harm.III. CONAVI ITSELF ACKNOWLEDGES THE NEED FOR AN ADDITIONAL MEASURE There is a particularly relevant issue that must be considered by this Honorable Chamber. CONAVI’s own engineer informed the amparo applicant that, following an inspection conducted jointly with the Municipalidad de Santa Cruz, the possibility of placing an additional culvert crossing next to the existing one was considered, for the purpose of conveying some of the water toward the cantonal road. It was also stated that this alternative was contingent upon conducting a topographic survey. In other words, the Administration itself acknowledges that there is a concentration of water that may be addressed through an additional mitigation measure. This contradicts CONAVI’s position when it seeks to portray the situation as an exclusively natural consequence requiring no administrative action whatsoever. The amparo applicant does not seek to have the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) determine the precise engineering work that must be performed.What is requested is that the competent institutions technically determine the solution and carry it out within a reasonable period, because the problem currently persists. IV. THE TOPOGRAPHIC SURVEY HAS NOT BEEN CONDUCTED CONAVI states that a topographic survey must be conducted to determine the feasibility of the proposed alternative. The amparo applicant does not oppose conducting that study. On the contrary, she specifically requests that it be ordered. What is unacceptable is for the existence of a pending study to be used as justification for indefinitely maintaining a situation that continues to affect the property. The Administration itself acknowledges that the study is necessary to determine whether some of the water can be conveyed toward the cantonal road. Therefore, if the study is indispensable to identify the solution, it must be conducted. It is not sufficient to state that it may eventually be scheduled when contractual or budgetary conditions permit.V. THE LACK OF A CONTRACT AND BUDGET CANNOT RESULT IN THE ABSENCE OF A SOLUTION One of the most troubling aspects of CONAVI’s report is its acknowledgment that there is currently no work schedule because there is no active contract and the budget to be allocated to Zone 2-3 is unknown. This internal administrative circumstance does not mean that the problem has disappeared. On the contrary, it demonstrates that there is currently no definite date even for conducting the study needed to determine the solution. The amparo applicant remains exposed to the effects of stormwater and to the consequences that she has been reporting. Accordingly, it is respectfully requested that the Chamber not deem the institutional obligation satisfied merely because inspections have been conducted or communications exchanged. The administrative response must be effective and sufficient in the face of continuing harm, particularly when the Administration itself acknowledges the need for additional technical action.VI. ARTICLE 20 OF THE LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS CONAVI invokes Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos to argue that property owners must receive and allow water from roads to flow through their properties when dictated by the natural slope of the land. The amparo applicant does not dispute the existence of that provision. However, that rule cannot be interpreted in isolation or as authorization for a property to endure indefinitely an extraordinary concentration of water, flooding, erosion, and other harm without the competent authorities technically determining whether the drainage system is adequate. The natural runoff of water resulting from the topography is one thing; the concentration and conveyance of large volumes of water through road infrastructure is another. That distinction is precisely what must be determined through a comprehensive technical study. Furthermore, CONAVI itself acknowledges that the previous system had capacity problems and that the pipe was replaced for precisely that reason.It is therefore not sufficient to state that the property is located at the lowest point in the sector. It must be technically determined how much water the system currently receives, what its capacity is, how the flow behaves, and what measures are necessary to prevent or reduce the harm. VII. THE ALLEGED ABSENCE OF AN ADMINISTRATIVE OMISSION CONAVI maintains that there was no omission because, beginning in March 2026, it took various actions, including an initial response, a technical inspection, coordination with the Municipalidad, and a subsequent communication. The amparo applicant acknowledges that those actions occurred. However, the existence of administrative actions does not automatically mean that the constitutional obligation has been satisfied. The reported problem is not merely that CONAVI failed to respond. The problem is that the harm continues and, despite the identified need for a potential technical solution, the necessary study has not yet been conducted and no definite time frame has been established for determining and carrying out the corresponding measures.An inspection or administrative communication cannot be deemed equivalent to an effective solution when the physical situation persists. VIII. VOTO N.° 15422-2026 CONAVI seeks to distinguish this case from the case decided by Resolución N.° 15422-2026, noting that the latter involved prolonged inaction. The amparo applicant considers that this precedent should not be interpreted to mean that any administrative action, however minimal, automatically eliminates the possibility of a constitutional violation. In this case, the Administration itself acknowledges that: 1. There is a stormwater problem in the sector. 2. The flow reaches the point where the property is located. 3. Construction of an additional culvert crossing has been considered. 4. The feasibility of that alternative depends on a topographic study. 5. The study has not yet been conducted. 6. There is currently no definite schedule for subsequent action.Therefore, the physical situation that gave rise to the proceeding remains in effect. The difference in timing between the cases cannot become the sole determining factor. What is truly relevant is whether, at the time this proceeding is decided, the Administration has adopted sufficient measures to effectively protect the fundamental rights involved. IX. THE CHAMBER IS NOT BEING ASKED TO SUBSTITUTE ITS JUDGMENT FOR THE ADMINISTRATION’S TECHNICAL JUDGMENT The amparo applicant wishes to make it clear that she is not asking this Honorable Chamber to directly determine a specific engineering project or to substitute its judgment for that of the competent professionals. What she requests is precisely the opposite: that the competent institutions be ordered to conduct the corresponding technical studies and, based on their results, adopt the measures necessary to prevent the situation from continuing to affect the property.CONAVI itself acknowledges that the solution requires a topographic survey. Accordingly, the requested constitutional order can be limited entirely to: • conducting the topographic survey; • conducting the corresponding hydraulic assessment; • technically determining the necessary measures; • establishing a schedule; • carrying out the appropriate measures within each institution’s authority; and • keeping the Chamber informed of compliance. In this manner, the Administration’s technical authority is fully respected. X. PECUNIARY LIABILITY The amparo applicant also does not seek, through this amparo proceeding, a final determination of any compensation for all the material damage suffered. The issues of pecuniary liability, compensation, and quantification of damages may, if necessary, be raised through the appropriate channels. The purpose of this constitutional proceeding is different: to prevent the continuation of a situation affecting fundamental rights and to obtain effective action from the competent authorities.Accordingly, the fact that certain pecuniary losses require additional evidentiary proceedings is not a sufficient reason to disregard the current constitutional problem. XI. RELIEF REQUESTED For all the foregoing reasons, I respectfully request that this Honorable Constitutional Chamber: FIRST: Deem this submission concerning the report rendered by the Consejo Nacional de Vialidad to have been filed in a timely and proper manner. SECOND: Deem CONAVI’s conclusions disputed insofar as they seek to establish that the reported problem has been resolved or that the historical existence of the culvert crossing precludes any additional obligation to take administrative action. THIRD: Take note that CONAVI itself acknowledges the existence of a concentration of stormwater in the sector, as well as the need to technically assess an additional alternative intended to reduce the flow currently reaching the area of the amparo applicant’s property.FOURTH: Order the respondent institutions, within the period that this Honorable Chamber considers reasonable, to conduct a comprehensive topographic survey of the sector, as well as any hydraulic studies necessary to technically determine:a) the capacity of the existing drainage system;b) the behavior and volume of the stormwater reaching the sector;c) the impact of the topographic conditions;d) the sufficiency of the existing infrastructure; ande) the measures necessary to prevent or reduce the harm that continues to occur on the amparo applicant’s property. FIFTH: Order CONAVI and the Municipalidad de Santa Cruz, based on the results of those studies and within a specified period, to establish a concrete schedule for the mitigation measures or solutions falling within their respective authority. SIXTH: Order the adoption, pending determination and implementation of the final solution, of technically appropriate interim mitigation measures to reduce the entry and accumulation of stormwater on the amparo applicant’s property. SEVENTH: Order the respondent institutions to inform this Honorable Chamber, within the period established, of the results of the studies and the specific measures adopted. EIGHTH: Grant this amparo proceeding with respect to the constitutional matters established and order the measures necessary to restore the amparo applicant to the full enjoyment of her fundamental rights. NINTH: Rule without prejudice to any actions available to the amparo applicant in other jurisdictions concerning pecuniary damage, administrative liability, or any other claim that may legally be appropriate. THEREFORE I respectfully request that this Honorable Constitutional Chamber deem this submission filed, comprehensively assess the evidence submitted, and, in particular, consider that conducting inspections and exchanging administrative communications are not equivalent to effectively resolving a problem that continues to occur, especially when the Administration itself acknowledges that a topographic study must still be conducted to determine the feasibility of a mitigation measure, and GRANT this amparo proceeding. The amparo applicant does not request an improvised solution or that the Chamber substitute its judgment for that of the Administration’s technical personnel. She requests that the solution be technically determined, that a definite time frame be established, and that effective measures be adopted to prevent the situation from continuing to affect her property and the fundamental rights invoked in the proceeding.”
  2. 7A certification signed on 14 September 2026 by the acting secretary and acting Judicial Technician 3, both of the Constitutional Chamber, states that: “upon review, at 10:02 on 14 September 2026, of the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES, it did not appear that, from 19 to 21 August 2026, the MAYOR OF SANTA CRUZ filed any submission or document for the purpose of rendering the report requested from him in the order issued at 15:49 on 10 August 2026.”
  3. 8The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Hess Herrera writes the opinion; and, Reasons:

I. PRELIMINARY MATTERS

Before analyzing the merits, it must be clarified that, since judgment nro. 2008002545 at 8:55 on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures, either to conclude, by final act, an administrative procedure initiated on the Administration’s own motion or at the request of a party, or to hear the applicable administrative challenges. This sub lite presents precisely such an exception, as it involves complaints concerning the risk to people’s physical integrity and lives caused by flooding, which allegedly have not been addressed. Having clarified that point, the Chamber will decide the specific situation raised in this amparo proceeding.

Furthermore, because the mayor of Santa Cruz failed to respond to the request for a report within the period established by this Court in the order admitting the sub lite for proceedings, pursuant to Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the proceeding will be decided on the basis of the other submissions and evidence entered into the record.

II. SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING

The amparo applicant states that she owns real property located along national route nro. 160. She states that road-infrastructure renovation and improvement work was undertaken on a section of that route. She asserts that, although a culvert system previously existed in the sector, the configuration of the drainage system was modified during the work, particularly the discharge direction of the existing culvert, altering the natural behavior of surface runoff, which began to be directed toward her property. She maintains that this situation has caused flooding on her property, affecting both the structure of the dwelling and the topographic configuration of the land as a result of erosion, sediment transport, and permanent soil saturation. She states that she submitted requests to the Municipalidad de Santa Cruz and Conavi seeking the adoption of the corresponding corrective measures. She alleges that the problem persists and that no effective solution eliminating the cause of the reported damage has been provided. She explains that the constant flooding and accumulation of stormwater on the property have created a permanent unsanitary condition that directly affects its occupants’ quality of life.

III. PROVEN FACTS

The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter:

  • a)The property of the person whose rights are protected is located 3.5 Km from the Río Seco turnoff toward Playa Lagarto, at the turnoff onto the old road toward Paraíso. (See documentary evidence).
  • b)In approximately 2020, Conavi replaced a culvert located on national route nro. 160 near the applicant’s property because the previous one lacked sufficient capacity, which sometimes caused stormwater to flow over the road. (See documentary evidence).
  • c)On 14 January 2026, the protected person sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr, alleging that, as a consequence of work undertaken on national route nro. 160, a culvert had been installed that causes all the water to enter and flood her property. (See documentary evidence).
  • d)On 3 March 2026, the applicant sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr stating that her dwelling had been affected by the work undertaken on national route nro. 160, causing it to flood. She therefore requested a solution. (See documentary evidence).
  • e)On 16 June 2026, the protected person sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr reporting the problem affecting her property as a consequence of the modifications to the drainage system on national route nro. 160. (See documentary evidence).
  • f)On 26 June 2026, a Conavi official informed the protected person by email that the culvert crossing could not be removed because it had always existed and had merely been replaced due to capacity problems. The official also explained that the water reaching that point comes from a mountain located across from her property. The official therefore stated that the possibility of installing another culvert crossing was being analyzed so that some of the water could be conveyed toward the cantonal road and managed by the Municipalidad de Santa Cruz through a ditch. The official also stated that a topographic survey would be conducted to determine whether the elevations permit the installation of a new culvert crossing. (See documentary evidence).
  • g)On 11 August 2026, Conavi’s executive director was served with the order admitting this matter for proceedings. (See certificate of service).
  • h)In submission CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026 of 13 August 2026, Conavi states:

“(…) the first inspection was conducted on 17 March of this year. On that date, Ms. ([Name 001]) was informed by telephone that the culvert crossing could not be blocked or closed because it had been designed for the construction of the road and installed during its construction. She was also informed that a technical inspection would be scheduled with the Department of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz to assess the possibility of diverting stormwater toward the Cantonal Route, which could provide relief and reduce the amount of stormwater on the property in question, provided that the topography of the sector permits it and that the Road Management Department of the Municipalidad de Santa Cruz agrees to take responsibility for managing that stormwater. On 26 June of this year, Ms. Mora was informed by email that the inspection of the sector had already been conducted with Engineer Víctor Obando of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz, and that Engineer Obando had stated that, if the topography permits some of the stormwater to be transferred to the Cantonal Route, the Municipalidad would construct an earthen ditch to carry the water toward the river located along the Cantonal Route (email attached).

On that same date, Ms. ([Name 001]) was contacted by telephone and the information contained in the email was explained to her. She was also informed that the maintenance contract for the National Road Network in Zone 2-3 (Santa Cruz) would expire in mid-July of this year and that the new multiyear maintenance contract must begin before the topographic survey can be scheduled. The Administration expects the new contract to be active beginning next September (…) coordination with Engineer Víctor Obando of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz was conducted by telephone. The email sent to Ms. Mora on 26 June of this year shows that Engineer Víctor Obando was copied.” (See documentary evidence).

IV. THE SPECIFIC CASE

In the sub lite, the amparo applicant states that she owns real property located along national route nro. 160. She states that road-infrastructure renovation and improvement work was undertaken on a section of that route. She asserts that, although a culvert system previously existed in the sector, the configuration of the drainage system was modified during the work, particularly the discharge direction of the existing culvert, altering the natural behavior of surface runoff, which began to be directed toward her property. She maintains that this situation has caused flooding on her property, affecting both the structure of the dwelling and the topographic configuration of the land as a result of erosion, sediment transport, and permanent soil saturation. She states that she submitted requests to the Municipalidad de Santa Cruz and Conavi seeking the adoption of the corresponding corrective measures. She alleges that the problem persists and that no effective solution eliminating the cause of the reported damage has been provided. She explains that the constant flooding and accumulation of stormwater on the property have created a permanent unsanitary condition that directly affects its occupants’ quality of life.

The Court finds that the property of the person whose rights are protected is located 3.5 Km from the Río Seco turnoff toward Playa Lagarto, at the turnoff onto the old road toward Paraíso. In approximately 2020, Conavi replaced a culvert located on national route nro. 160 near the applicant’s property because the previous one lacked sufficient capacity, which sometimes caused stormwater to flow over the road. On 14 January 2026, the protected person sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr, alleging that, as a consequence of work undertaken on national route nro. 160, a culvert had been installed that causes all the water to enter and flood her property. On 3 March 2026, the applicant sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr stating that her dwelling had been affected by the work undertaken on national route nro. 160, causing it to flood. She therefore requested a solution.

On 16 June 2026, the protected person sent an email to contraloria.servicios@conavi.go.cr reporting the problem affecting her property as a consequence of the modifications to the drainage system on national route nro. 160. On 26 June 2026, a Conavi official informed the protected person by email that the culvert crossing could not be removed because it had always existed and had merely been replaced due to capacity problems. The official also explained that the water reaching that point comes from a mountain located across from her property. The official therefore stated that the possibility of installing another culvert crossing was being analyzed so that some of the water could be conveyed toward the cantonal road and managed by the Municipalidad de Santa Cruz through a ditch. The official also stated that a topographic survey would be conducted to determine whether the elevations permit the installation of a new culvert crossing.

In submission CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026 of 13 August 2026, Conavi states: “(…) the first inspection was conducted on 17 March of this year. On that date, Ms. ([Name 001]) was informed by telephone that the culvert crossing could not be blocked or closed because it had been designed for the construction of the road and installed during its construction. She was also informed that a technical inspection would be scheduled with the Department of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz to assess the possibility of diverting stormwater toward the Cantonal Route, which could provide relief and reduce the amount of stormwater on the property in question, provided that the topography of the sector permits it and that the Road Management Department of the Municipalidad de Santa Cruz agrees to take responsibility for managing that stormwater. On 26 June of this year, Ms.

Mora was informed by email that the inspection of the sector had already been conducted with Engineer Víctor Obando of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz, and that Engineer Obando had stated that, if the topography permits some of the stormwater to be transferred to the Cantonal Route, the Municipalidad would construct an earthen ditch to carry the water toward the river located along the Cantonal Route (email attached). On that same date, Ms. ([Name 001]) was contacted by telephone and the information contained in the email was explained to her. She was also informed that the maintenance contract for the National Road Network in Zone 2-3 (Santa Cruz) would expire in mid-July of this year and that the new multiyear maintenance contract must begin before the topographic survey can be scheduled. The Administration expects the new contract to be active beginning next September (…) coordination with Engineer Víctor Obando of the Road Management Technical Unit of the Municipalidad de Santa Cruz was conducted by telephone.

The email sent to Ms. Mora on 26 June of this year shows that Engineer Víctor Obando was copied.” In view of the foregoing, the Court finds that Conavi violated the fundamental rights of the protected person. It should be noted that, since January 2026, that Council had been notified that the culvert located near the applicant’s property causes flooding that affects the property. In this regard, although Conavi maintains that the problem is not caused by a diversion of the water, but instead that the culvert in question has existed for many years and was merely replaced in 2020 because it lacked sufficient capacity, it is no less true that Conavi also acknowledges that the capacity of that culvert is insufficient. In this respect, the email sent to the protected person on 26 June 2026 stated that the possibility of installing another culvert crossing was being considered so that some of the water could be conveyed toward the cantonal road and managed by the Municipalidad de Santa Cruz through a ditch, for which purpose a topographic survey that has not yet been conducted is necessary.

In sum, although Conavi has taken actions related to the complaints submitted by the protected person, it is no less true that the record does not establish that the reported problem concerning the capacity of the culvert crossing located near her property has been remedied. The proceeding must therefore be granted with respect to Conavi.

V.Finally, the Chamber does not find any action or omission by the Municipalidad de Santa Cruz that violated the fundamental rights of the protected party in the terms in which the proceeding was brought. In this regard, neither the amparo applicant’s statements nor the evidence indicate that any specific request was submitted to that local government and left unaddressed. Furthermore, although the record establishes that Conavi coordinated an inspection with the municipal corporation, it is no less true that the inspection occurred in June 2026; therefore, when this matter was filed—31 July 2026—no manifestly arbitrary period had elapsed. Accordingly, the proceeding is denied with respect to the Municipalidad de Santa Cruz.

VI. NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE

I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative-Litigation Courts rather than by this Chamber. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases in which the petitioner considers that the Administration’s physical acts, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent, because under Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.

Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions and that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee provided by amparo proceedings, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 on 22 February 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative-litigation jurisdiction. This is consistent with Article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution—its values, principles, and rules—and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.

VII. NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO

As a matter of principle, I consider that cases relating to the action or inaction of the Public Administration in repairing, constructing, modifying, or demolishing any infrastructure work should be denied because such an omission is a matter of statutory legality whose resolution belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person may litigate objections more fully. However, when such administrative conduct—whether an omission or otherwise—results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups regarded as vulnerable, I do address the merits because that situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case, in which the applicant alleges that she owns real property located along national route nro. 160. She states that road-infrastructure renovation and improvement work was undertaken on a section of that route.

She asserts that, although a culvert system previously existed in the sector, the configuration of the drainage system was modified during the work, particularly the discharge direction of the existing culvert, altering the natural behavior of surface runoff, which began to be directed toward her property. She maintains that this situation has caused flooding on her property, affecting both the structure of the dwelling and the topographic configuration of the land as a result of erosion, sediment transport, and permanent soil saturation.

VIII. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced through new technologies, they must retrieve them from the Court within no more than 30 business days from service of this judgment. They are advised that any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session nro. 27-11 of 22 August 2011 and published in Boletín Judicial nro. 19 of 26 January 2012, as well as the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial approved in Article LXXXI of session nro. 43-12 held on 3 May 2012.

Therefore:

The amparo proceeding is partially granted, solely with respect to the Consejo Nacional de Vialidad. Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as executive director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that position in his stead, is ordered to undertake the necessary coordination, adopt the appropriate measures, and issue the corresponding orders within the scope of the respective authority, so that, within no more than FOUR MONTHS from service of this judgment, the reported problem concerning the capacity of the culvert crossing located near the property of the protected person is resolved. This order is issued with the warning that, under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines, will be imposed on anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause it to be complied with, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.

The Consejo Nacional de Vialidad is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts on which this ruling is based, to be assessed during enforcement of the judgment in the administrative-litigation jurisdiction. In all other respects, the proceeding is denied. Justice Castillo Víquez issues a note. Justice Salazar Alvarado issues a note. Notice shall be given.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE N° 26-027548-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church).

Secciones

Marcadores

Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del ocho de octubre de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-027548-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital el 31 de julio de 2026, la parte accionante interpone recurso de amparo. Expone que es propietaria del inmueble ubicado sobre la Ruta nro. 160, en Río Seco, del restaurante Las Tuquitas tres kilómetros hacia Lagarto, específicamente en el cruce del camino viejo hacia Paraíso, inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula de finca nro. 222973-000, plano catastrado G-1980801-2017. Afirma que en el referido tramo de la Ruta nro. 160, se ejecutaron obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura vial. Menciona que, si bien en el sector existía previamente un sistema de alcantarillado para el manejo de las aguas pluviales, durante la ejecución de las obras se modificó la configuración del sistema de drenaje, particularmente la dirección de descarga de la alcantarilla existente, alterando el comportamiento natural de las escorrentías superficiales comenzando a ser dirigido de forma directa hacia su propiedad, concentrándose un volumen de agua totalmente desmedido que anteriormente no ingresaba al inmueble.Indica que producto de esta nueva configuración hidráulica, durante la época lluviosa, dichos eventos han provocado un deterioro progresivo y sustancial de su propiedad, ocasionando afectaciones tanto en la estructura de la vivienda como en la conformación topográfica del terreno, producto de la erosión, el arrastre de sedimentos y la saturación permanente del suelo. Asimismo, se han producido daños materiales sobre el mobiliario, enseres, electrodomésticos, acabados, infraestructura y demás bienes patrimoniales existentes dentro del inmueble, generando pérdidas económicas de significativa cuantía para su persona y violando considerablemente el derecho de uso y disfrute normal de la vivienda. Indica que existe un claro nexo causal entre las modificaciones efectuadas por la administración al sistema de drenaje pluvial y los daños sufridos a su propiedad, toda vez que las inundaciones comenzaron únicamente después de ejecutadas las obras de remodelación de la carretera.Afirma que planteó gestiones ante Municipalidad de Santa Cruz y el CONAVI, mediante las cuales puso en conocimiento de dichas instituciones las afectaciones ocasionadas por la modificación del sistema de drenaje pluvial y solicitó la adopción de las medidas correctivas correspondientes. No obstante, pese a las múltiples gestiones realizadas y al tiempo transcurrido, la problemática persiste sin que, a la fecha, se haya brindado una solución efectiva que elimine la causa de los daños denunciados. Agrega que la permanencia de las condiciones actuales representa un riesgo cierto, actual y continúo para su patrimonio, pues durante cada temporada lluviosa persiste la posibilidad de nuevas inundaciones y que los daños materiales se agraven considerablemente si no se adoptan las medidas técnicas correspondientes. Como consecuencia de las constantes inundaciones y de la acumulación de aguas pluviales dentro de la propiedad, se ha generado una condición permanente de insalubridad que afecta de manera directa la calidad de vida de sus ocupantes.El estancamiento del agua favorece la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, tales como el mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, así como la presencia de otros organismos nocivos que representan un riesgo para la salud pública. Adicionalmente, la humedad persistente ocasionada por las inundaciones propicia el deterioro estructural del inmueble, la aparición de moho y hongos que pueden desencadenar afecciones respiratorias, alergias y otros padecimientos, especialmente en personas menores de edad, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.
  2. 2Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:02 horas del 3 de agosto de 2026, se efectuó una prevención a la parte accionante.
  3. 3Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de agosto de 2026, la parte accionante aporta prueba.
  4. 4Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 15:49 horas del 10 de agosto de 2026, se dio curso al proceso.
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de agosto de 2026, informa bajo juramento Mauricio Sojo Quesada, en su condición de director ejecutivo del Conavi. Explica: “II. CONSIDERACIONES PREVIAS (ANTECEDENTES) Previo a referirse puntualmente a los hechos que sustentan el presente recurso de amparo, resulta necesario exponer a esa Honorable Sala los antecedentes administrativos y técnicos relacionados con la situación planteada por la señora [Nombre 002], así como las actuaciones desarrolladas por el Consejo Nacional de Vialidad, particularmente por medio de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Dirección Regional Chorotega, toda vez que dichos antecedentes permiten establecer con precisión las características del sitio, la naturaleza de las obras ejecutadas sobre la Ruta Nacional No. 160 y las acciones desplegadas por esta Administración. El inmueble al que se refiere la recurrente se encuentra ubicado aproximadamente a 3,5 kilómetros del cruce de Río Seco en dirección hacia Playa Lagarto, en el cruce del camino viejo hacia Paraíso, en las inmediaciones de la Ruta Nacional No. 160.De acuerdo con el informe técnico rendido por la Dirección Regional Chorotega, durante el año 2020 comenzaron a ejecutarse labores de colocación de sellos asfálticos en distintas rutas nacionales cuya superficie de ruedo era de lastre, trabajos que también comprendieron diversos sectores de la Ruta Nacional No. 160. Estas labores consistieron en la colocación de emulsión asfáltica sobre la subbase de los tramos intervenidos, con el propósito de mejorar las condiciones de la superficie de ruedo, proteger la inversión pública y aumentar las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía. En cuanto al paso de alcantarilla objeto de controversia, el informe técnico establece que dicha infraestructura existe desde hace muchos años y forma parte del sistema de drenaje asociado a la carretera. Aproximadamente en el año 2020, la tubería existente fue sustituida por la actualmente instalada debido a que la anterior presentaba problemas de capacidad que ocasionaban que, en determinadas ocasiones, las aguas pluviales sobrepasaran la carretera, generando daños y zanjas sobre la superficie de ruedo.Resulta particularmente relevante señalar que, conforme al criterio técnico emitido por la dependencia competente del CONAVI, la sustitución de la tubería no implicó modificación alguna en la dirección del desfogue. El paso de alcantarilla ha descargado históricamente hacia el sector donde se localiza la propiedad de la señora ([Nombre 002]), pues las labores de sustitución ejecutadas por la Dirección Regional Chorotega mantienen la dirección de los pasos de agua existentes desde la construcción de las carreteras. El 9 de marzo de 2026, mediante conversación sostenida a través de WhatsApp, se produjo la primera atención directa de la señora ([Nombre 001]) por parte del ingeniero de zona del CONAVI. Según consta en el informe técnico, en dicha comunicación la propia recurrente manifestó haber adquirido la propiedad aproximadamente diez años atrás e indicó que la alcantarilla había sido sustituida aproximadamente cinco años antes.Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, personal técnico del Consejo Nacional de Vialidad realizó una primera visita al sitio, coordinada con la señora ([Nombre 001]). Durante la inspección estuvieron presentes una persona encargada del cuido de la vivienda y una vecina del lugar, quienes manifestaron que el paso de alcantarilla había existido desde hacía muchos años y que únicamente había sido sustituido tiempo atrás. Durante esa misma inspección se constató que la propiedad de la recurrente se encuentra ubicada en el punto topográficamente más bajo de un tramo aproximado de 150 a 200 metros, circunstancia que explica técnicamente la ubicación del paso de alcantarilla en ese sitio. Asimismo, frente al inmueble, con la Ruta Nacional No. 160 de por medio, existe un sector montañoso que aporta naturalmente una cantidad significativa de aguas pluviales hacia el punto donde se encuentra la alcantarilla.El informe técnico agrega que durante el año 2026 se ejecutaron labores de revestimiento en concreto de distintas cunetas de tierra entre los poblados de Río Seco y Marbella, priorizándose aquellos sectores que presentaban erosión o socavación producto de la escorrentía pluvial o de las pendientes existentes. Dichas obras tienen por finalidad proteger la estructura de la carretera frente a procesos erosivos y de socavación. Las inspecciones y registros fotográficos efectuados por la Administración muestran, además, el desnivel natural existente en el sector y la dirección de las aguas pluviales hacia el punto donde se encuentra la alcantarilla. El criterio técnico concluye que el revestimiento de las cunetas no modificó la condición topográfica del sitio ni incorporó aguas adicionales distintas de aquellas que naturalmente escurren hacia ese sector. Como resultado de las verificaciones realizadas, la dependencia técnica del CONAVI determinó que el desfogue del paso de alcantarilla no fue redireccionado hacia la propiedad de la señora ([Nombre 001]), sino que mantiene la configuración y dirección históricamente existente.Sin perjuicio de lo anterior, y procurando valorar alternativas que permitieran disminuir la cantidad de aguas pluviales que llegan al sector, durante la visita del 17 de marzo de 2026 se informó a la recurrente que se coordinaría una inspección con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz, a efectos de analizar la eventual posibilidad de desviar parcialmente las aguas hacia una ruta cantonal, siempre que las condiciones topográficas lo permitieran y que la Municipalidad estuviera en capacidad de asumir el manejo de dichas aguas. Posteriormente se efectuó una visita conjunta con el ingeniero Víctor Obando, de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz. Como resultado de dicha coordinación se determinó que, si la topografía del lugar lo permite, podría valorarse técnicamente el traslado de una parte de las aguas pluviales hacia la ruta cantonal, supuesto en el cual la Municipalidad asumiría su conducción mediante una cuneta en tierra hacia el río existente en ese sector.Esta actuación y la alternativa analizada fueron comunicadas a la señora ([Nombre 001]) mediante correo electrónico y llamada telefónica de fecha 26 de junio de 2026. En esa oportunidad también se le explicó que, para determinar técnicamente la viabilidad de dicha alternativa, resultaba necesario efectuar previamente un levantamiento topográfico del sector. La Administración informó igualmente que el contrato de mantenimiento correspondiente a la Red Vial Nacional de la Zona 2-3, Santa Cruz, concluía a mediados del mes de julio de 2026, razón por la cual la programación del levantamiento topográfico debía efectuarse una vez iniciado el nuevo contrato de mantenimiento plurianual. Finalmente, el informe técnico señala que la ejecución de cualquier eventual obra de desvío depende necesariamente del resultado del levantamiento topográfico, pues únicamente si dicho estudio determina que resulta técnicamente posible conducir parte de las aguas hacia la ruta cantonal podría ejecutarse la alternativa coordinada con la Municipalidad de Santa Cruz.En todo caso, dicha eventual solución tendría carácter complementario y no implicaría la eliminación, clausura ni modificación del paso de alcantarilla actualmente existente. III. ATENCIÓN POR EL FONDO Una vez expuestos los antecedentes administrativos y técnicos relevantes para la adecuada comprensión del presente asunto, corresponde referirse por el fondo a los hechos atribuidos al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y, particularmente, a la afirmación de la recurrente según la cual determinadas obras ejecutadas sobre la Ruta Nacional No. 160 habrían modificado la configuración del sistema de drenaje pluvial, redireccionando las aguas hacia su propiedad y ocasionando las afectaciones que describe en el recurso. La premisa fundamental sobre la cual se construye el amparo consiste precisamente en afirmar que, con ocasión de las obras ejecutadas por la Administración, se modificó la dirección de descarga de una alcantarilla preexistente y que, a partir de dicha modificación, comenzó a ingresar hacia el inmueble de la señora ([Nombre 001]) un volumen de agua que anteriormente no llegaba a la propiedad.Así lo sostiene expresamente la recurrente al establecer un supuesto nexo causal entre las obras ejecutadas sobre la carretera y las inundaciones posteriormente experimentadas. Sin embargo, esa afirmación no coincide con las verificaciones efectuadas por la dependencia técnica competente del Consejo Nacional de Vialidad. 1. Sobre la alegada modificación del sistema de drenaje y redireccionamiento de las aguas pluviales De conformidad con el informe técnico CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026, el paso de alcantarilla objeto de controversia no fue construido recientemente ni fue incorporado como consecuencia de las obras de mejoramiento ejecutadas en el sector, sino que constituye infraestructura existente desde hace muchos años y asociada a la propia construcción de la carretera. Lo que se realizó aproximadamente en el año 2020 fue la sustitución de la tubería existente, debido a que la anterior presentaba problemas de capacidad que provocaban que, en algunas ocasiones, las aguas pluviales sobrepasaran la carretera y generaran daños y zanjas sobre la superficie de ruedo.Dicha sustitución no produjo un cambio en la dirección del desfogue. El criterio técnico es categórico al señalar que la tubería siempre ha descargado hacia el sector donde se encuentra la propiedad de la recurrente y que, cuando la Dirección Regional Chorotega sustituye pasos de alcantarilla existentes, mantiene la dirección histórica de los desfogues. Por consiguiente, desde el punto de vista técnico, no se acredita la premisa esencial planteada en el recurso de amparo, esto es, que el CONAVI haya ejecutado una obra mediante la cual redireccionara el flujo de las aguas pluviales hacia la propiedad de la señora ([Nombre 001]). 2. Sobre las condiciones topográficas y el comportamiento natural de las aguas pluviales Las inspecciones efectuadas por personal técnico del CONAVI permitieron constatar que el sitio presenta características topográficas particulares que resultan determinantes para comprender el comportamiento de las aguas pluviales.Durante la visita realizada el 17 de marzo de 2026 se determinó que el inmueble de la recurrente se encuentra ubicado en el punto más bajo de un tramo aproximado de 150 a 200 metros. Asimismo, frente a dicha propiedad, con la Ruta Nacional No. 160 de por medio, existe un sector montañoso desde el cual se produce naturalmente escorrentía pluvial hacia el lugar donde se encuentra instalado el paso de alcantarilla. Esta condición se encuentra igualmente documentada mediante las fotografías incorporadas al informe técnico. Las imágenes muestran el desnivel natural existente y la dirección de las aguas hacia el paso de alcantarilla, así como distintos puntos desde los cuales descienden aguas provenientes del sector montañoso. El informe concluye que el revestimiento en concreto de las cunetas no modificó la condición natural del lugar ni incorporó un caudal adicional distinto del que naturalmente llega al sector.Consecuentemente, las condiciones observadas en el terreno no permiten atribuir, desde el punto de vista técnico, el comportamiento de las aguas pluviales a un supuesto redireccionamiento ejecutado recientemente por esta Administración. 3. Sobre la actuación desplegada por el Consejo Nacional de Vialidad Tampoco resulta compatible con los antecedentes administrativos afirmar que el Consejo Nacional de Vialidad haya permanecido inactivo frente a la situación comunicada por la recurrente. Desde la primera atención directa brindada a la señora ([Nombre 001]) el 9 de marzo de 2026, la Administración efectuó distintas actuaciones dirigidas a verificar las condiciones del sitio y valorar técnicamente la situación planteada. Entre dichas actuaciones se encuentra la inspección técnica efectuada el 17 de marzo de 2026, durante la cual se verificó la ubicación del paso de alcantarilla, las características topográficas del lugar y la procedencia natural de parte importante de las aguas que llegan al sector.Además, pese a que técnicamente no se determinó que el CONAVI hubiese modificado la dirección histórica del desfogue, esta Administración promovió una coordinación con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz, con el propósito de valorar una alternativa que eventualmente permitiera disminuir parte del caudal de aguas pluviales que llega al punto de interés. Como consecuencia de dicha coordinación se realizó una visita conjunta con el ingeniero Víctor Obando, de la Municipalidad de Santa Cruz, en la cual se analizó la posibilidad de conducir una parte de las aguas hacia una ruta cantonal y que, en caso de resultar técnicamente viable, la Municipalidad efectuara el manejo posterior de esas aguas mediante una cuneta en tierra. La recurrente fue informada de estas actuaciones mediante correo electrónico y comunicación telefónica de fecha 26 de junio de 2026, por lo que tampoco puede sostenerse que las gestiones planteadas hayan sido simplemente ignoradas por el Consejo Nacional de Vialidad. 4.Sobre la eventual alternativa técnica de mitigación Debe precisarse que la alternativa analizada conjuntamente con la Municipalidad de Santa Cruz no constituye reconocimiento alguno de que las obras ejecutadas por CONAVI hayan originado las afectaciones alegadas por la recurrente. Se trata, por el contrario, de una medida adicional cuya eventual ejecución pretende valorar la posibilidad de disminuir parte del volumen de agua que naturalmente converge en el sector. Su factibilidad depende necesariamente de un levantamiento topográfico, pues únicamente mediante dicho estudio será posible determinar si las elevaciones y condiciones existentes permiten conducir parte de las aguas hacia la ruta cantonal. El propio informe técnico establece que, si dicho estudio demuestra la viabilidad de la alternativa, se procederá conforme a la coordinación efectuada con la Municipalidad de Santa Cruz. Por ello, no resulta técnicamente posible afirmar de antemano que dicha obra pueda ser ejecutada ni establecer sus características definitivas sin contar previamente con los estudios requeridos.En síntesis, los elementos técnicos y documentales aportados permiten establecer que el paso de alcantarilla es preexistente; que su dirección de descarga no fue modificada por las obras ejecutadas por el CONAVI; que las aguas convergen hacia ese punto en razón de las condiciones topográficas y de la escorrentía natural proveniente del sector montañoso; y que, pese a ello, esta Administración ha realizado inspecciones, coordinaciones y valoraciones dirigidas a determinar una eventual medida adicional de mitigación. En consecuencia, no se desprende de las actuaciones acreditadas una conducta activa u omisiva del Consejo Nacional de Vialidad que permita sostener, en los términos planteados por la recurrente, que esta Administración haya redireccionado las aguas pluviales hacia su inmueble o haya permanecido inactiva frente a la situación puesta en su conocimiento. IV. HECHOS. En atención a los hechos expuestos por la señora [Nombre 002] en el recurso de amparo que se tramita bajo el expediente No. 26-027548-0007-CO, esta Administración procede a contestarlos en los siguientes términos: HECHO PRIMERO: ES CIERTO PARCIALMENTE.Es cierto que el inmueble al que hace referencia la recurrente se encuentra ubicado en las inmediaciones de la Ruta Nacional No. 160, en el sector de Río Seco de Santa Cruz, aproximadamente a 3,5 kilómetros del cruce de Río Seco en dirección hacia Playa Lagarto, específicamente en el cruce del camino viejo hacia Paraíso. Así consta en el informe técnico rendido por la Dirección Regional Chorotega. No le consta a esta Administración, por no corresponder a información técnica propia del CONAVI dentro del informe rendido, lo relativo a la titularidad registral, matrícula y plano catastrado del inmueble, extremos que deberán acreditarse mediante la documentación registral correspondiente. En cuanto a la afirmación de que la propiedad fue ocupada y disfrutada sin inconvenientes relacionados con el manejo de aguas pluviales hasta antes de la ejecución de determinadas obras, no le consta a esta Administración en los términos planteados, por tratarse de una afirmación de la recurrente respecto de condiciones históricas de su inmueble que no se encuentran acreditadas en el informe técnico del CONAVI.HECHO SEGUNDO: ES CIERTO PARCIALMENTE Y FALSO EN SU ASPECTO FUNDAMENTAL. Es cierto que en distintos sectores de la Ruta Nacional No. 160 se ejecutaron obras de mejoramiento vial. Conforme al informe técnico, durante el año 2020 se realizaron labores de colocación de sellos asfálticos en rutas nacionales cuya superficie era de lastre, incluyendo diferentes puntos de esta ruta. Asimismo, es cierto que aproximadamente en el año 2020 fue sustituida la tubería correspondiente al paso de alcantarilla existente, debido a que la anterior presentaba problemas de capacidad que ocasionaban que, en determinadas oportunidades, las aguas pluviales sobrepasaran la carretera y provocaran daños sobre la superficie de ruedo. No es cierto, sin embargo, que como consecuencia de esas obras se haya modificado la dirección de descarga de la alcantarilla o se hayan redireccionado las aguas pluviales hacia la propiedad de la recurrente.El informe técnico establece expresamente que la tubería no cambió de dirección y que el paso de alcantarilla siempre ha desfogado hacia ese sector, manteniéndose la configuración histórica existente. Consecuentemente, se rechaza expresamente la afirmación de que el CONAVI haya creado mediante las obras ejecutadas una nueva dirección de escorrentía hacia el inmueble de la señora ([Nombre 001]). HECHO TERCERO: NO LE CONSTA A ESTA ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS. La recurrente atribuye a la supuesta modificación del sistema de drenaje un deterioro progresivo de su propiedad, erosión, arrastre de sedimentos, saturación del suelo y daños en la vivienda, mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás bienes. El informe técnico del CONAVI no determina ni acredita la existencia, magnitud, valoración económica o causa de esos daños, por lo que esta Administración no puede tenerlos por demostrados en los términos planteados por la recurrente.Lo que sí fue constatado técnicamente es que el inmueble se encuentra en el punto topográficamente más bajo de un tramo aproximado de 150 a 200 metros, y que frente a este existe un sector montañoso que genera naturalmente una importante escorrentía pluvial hacia el lugar donde se encuentra el paso de alcantarilla. Por consiguiente, esta Administración rechaza que pueda atribuirse, sin la correspondiente demostración técnica, la totalidad de las afectaciones alegadas a una supuesta modificación del sistema de drenaje ejecutada por CONAVI. HECHO CUARTO: NO ES CIERTO. Se rechaza la existencia del nexo causal que la recurrente pretende establecer entre una supuesta modificación del sistema de drenaje realizada por CONAVI y los daños alegados en su propiedad. Tal conclusión parte de una premisa que ha sido técnicamente descartada: CONAVI no redireccionó el paso de alcantarilla hacia el inmueble de la recurrente.Las verificaciones efectuadas en sitio muestran que la propiedad se encuentra en un punto bajo del terreno y que las aguas provenientes del sector montañoso ubicado al frente de la propiedad convergen naturalmente hacia el lugar donde se encuentra instalada la alcantarilla. Asimismo, los registros fotográficos incorporados al informe técnico muestran el desnivel natural del sector y la dirección de la escorrentía, estableciéndose técnicamente que las labores de revestimiento de las cunetas no alteraron dicha condición ni incorporaron aguas adicionales distintas de aquellas que naturalmente llegan al sitio. Por tanto, no existe sustento técnico en el informe rendido por la dependencia competente del CONAVI para afirmar el nexo causal en los términos categóricos expuestos por la recurrente. HECHO QUINTO: ES CIERTO PARCIALMENTE. Es cierto que la señora ([Nombre 001]) realizó gestiones relacionadas con la situación objeto del presente recurso y que el Consejo Nacional de Vialidad tuvo conocimiento de ellas.Sin embargo, no es cierto que el CONAVI haya permanecido inactivo o haya omitido atender la situación planteada. El 9 de marzo de 2026 se brindó atención directa a la recurrente mediante comunicación por WhatsApp. Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, personal técnico del CONAVI efectuó una inspección en el sitio, durante la cual se verificaron las condiciones topográficas, la ubicación del paso de alcantarilla y las características de la escorrentía existente. Además, el CONAVI coordinó con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz una visita conjunta destinada a valorar una eventual alternativa que permitiera disminuir parcialmente la cantidad de aguas que llega al sector. El resultado de dichas actuaciones fue comunicado a la recurrente mediante correo electrónico y llamada telefónica de fecha 26 de junio de 2026. En consecuencia, la prueba documental contradice cualquier afirmación en el sentido de que esta Administración haya desatendido o ignorado las gestiones planteadas.HECHO SEXTO: NO LE CONSTA A ESTA ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS. La recurrente afirma que existe un riesgo cierto, actual y continuo para su patrimonio y que las eventuales inundaciones podrían provocar nuevos daños durante cada temporada lluviosa. La determinación de la existencia, magnitud y eventual agravamiento futuro de daños patrimoniales requiere elementos técnicos y probatorios que exceden las constataciones contenidas en el informe rendido por el CONAVI. Lo que sí consta es que esta Administración ha valorado una posible medida complementaria destinada a disminuir parte del caudal que llega al sector, cuya viabilidad depende necesariamente de la realización de un levantamiento topográfico que determine si resulta técnicamente posible conducir parte de las aguas hacia la ruta cantonal. Tal actuación preventiva no constituye aceptación de responsabilidad ni reconocimiento de que CONAVI haya originado las condiciones alegadas.HECHO SÉTIMO: NO LE CONSTA A ESTA ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS. La recurrente atribuye a las supuestas inundaciones una condición permanente de insalubridad, proliferación de vectores, humedad, moho, hongos y posibles afectaciones respiratorias y de salud. Tales condiciones y sus eventuales consecuencias médicas no han sido determinadas por la dependencia técnica del CONAVI ni constan acreditadas mediante el informe técnico que sustenta la presente contestación. Además, las alegaciones relativas a una supuesta afectación a la salud parten nuevamente de la afirmación de que CONAVI modificó el sistema de drenaje y provocó las inundaciones denunciadas, hecho que ha sido expresamente descartado por el criterio técnico rendido por la Dirección Regional Chorotega. Por ello, sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar a esa Honorable Sala respecto de la prueba aportada por la recurrente, no existe dentro de la prueba técnica del CONAVI un elemento que permita establecer una relación causal entre una actuación de esta Administración y las afectaciones a la salud alegadas.HECHO OCTAVO: SE RECHAZA EN CUANTO PRETENDE ATRIBUIR AL CONAVI UNA LESIÓN CONTINUADA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Corresponde exclusivamente a esa Honorable Sala determinar las diligencias probatorias que estime pertinentes y establecer si existe o no vulneración de derechos fundamentales. No obstante, debe señalarse que el Consejo Nacional de Vialidad ya ha efectuado inspecciones técnicas del sitio, ha documentado mediante fotografías las características topográficas y de drenaje existentes, ha coordinado actuaciones con la Municipalidad de Santa Cruz y ha identificado una posible alternativa complementaria cuya viabilidad debe determinarse mediante levantamiento topográfico. Consecuentemente, no se está ante una Administración que haya omitido valorar la situación denunciada. Por el contrario, el informe técnico demuestra que CONAVI ha desplegado actuaciones concretas dentro de su ámbito competencial, sin que se haya acreditado que esta Administración modificara la dirección histórica del paso de alcantarilla o que mediante alguna actuación propia haya generado la causa de las inundaciones que la recurrente pretende atribuirle.V. FUNDAMENTO JURÍDICO A partir de los antecedentes expuestos, de la contestación individual de los hechos y de la prueba técnica y documental que se aporta, esta representación considera que no existe una acción u omisión atribuible al Consejo Nacional de Vialidad que haya producido la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente. Por el contrario, las actuaciones desarrolladas por esta Administración se encuentran sustentadas en sus competencias legales sobre la Red Vial Nacional, en las condiciones naturales y topográficas verificadas técnicamente en el sitio y en una actuación administrativa activa dirigida no solamente a comprobar la situación denunciada, sino también a valorar alternativas adicionales que permitan eventualmente disminuir la cantidad de aguas pluviales que converge hacia el sector. 1. DE LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD SOBRE LA RED VIAL NACIONAL La Ley No. 7798, Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, establece como objeto de dicha normativa la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes que conforman la Red Vial Nacional.En consecuencia, por encontrarse el paso de alcantarilla objeto de análisis dentro de la Ruta Nacional No. 160, corresponde al CONAVI ejercer las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere en materia de conservación y mantenimiento de dicha infraestructura vial. Precisamente en ejercicio de esas competencias, esta Administración ha inspeccionado el lugar, valorado técnicamente las condiciones del drenaje, documentado las características topográficas existentes y efectuado las coordinaciones necesarias con la Municipalidad de Santa Cruz. Sin embargo, la existencia de una competencia general sobre la conservación de la Red Vial Nacional no supone que pueda atribuirse automáticamente al CONAVI cualquier fenómeno de escorrentía, inundación o afectación que se produzca en una propiedad colindante, sino que resulta indispensable determinar técnicamente la existencia de una acción u omisión institucional y su relación causal con la afectación alegada.En el presente asunto dicha relación causal no ha sido acreditada. Por el contrario, el informe técnico concluye que el paso de alcantarilla es preexistente, que su dirección de descarga no fue modificada y que el sitio corresponde naturalmente al punto de menor elevación del sector. 2. DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE LOS PREDIOS COLINDANTES DE RECIBIR LAS AGUAS CUANDO ASÍ LO DETERMINE EL DESNIVEL NATURAL DEL TERRENO Un elemento jurídico particularmente relevante para la resolución del presente asunto se encuentra contenido en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060. Dicha disposición establece expresamente que: “Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos.” La norma resulta especialmente significativa frente a las circunstancias comprobadas en el presente expediente.La inspección realizada por personal técnico del CONAVI determinó que la propiedad de la recurrente se encuentra localizada en el punto topográficamente más bajo de un tramo aproximado de 150 a 200 metros, y que frente a ella existe un sector montañoso desde el cual las aguas pluviales discurren naturalmente hacia el punto en que se encuentra instalado el paso de alcantarilla. Por tanto, el propio legislador reconoce que la circulación de las aguas provenientes de un camino puede encontrarse determinada por el desnivel natural del terreno, circunstancia que no puede equipararse, por sí sola, con una actuación antijurídica de la Administración. Más aún, el artículo 20 impone a los poseedores de inmuebles colindantes una obligación específica respecto de aquellos fundos situados junto a desagües de caminos públicos: mantener dichos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos.Esta disposición legal coincide precisamente con las características técnicas observadas en el sitio y obliga a diferenciar entre el discurrir natural de las aguas determinado por la topografía del terreno y un supuesto redireccionamiento artificial provocado por una actuación administrativa. En el presente asunto, no existe prueba técnica de que CONAVI haya producido ese redireccionamiento. 3. INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR QUE SUSTENTA LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL Toda la argumentación de la recurrente descansa sobre una premisa fundamental: que el Consejo Nacional de Vialidad, como consecuencia de obras ejecutadas sobre la Ruta Nacional No. 160, modificó la dirección de descarga de la alcantarilla y comenzó a conducir hacia su propiedad aguas que anteriormente no llegaban a ella. Sin embargo, esa afirmación ha sido técnicamente descartada. El informe rendido por la Dirección Regional Chorotega establece que el paso de alcantarilla existe desde hace muchos años; que aproximadamente en 2020 se procedió únicamente a sustituir la tubería existente debido a problemas de capacidad; y que dicha sustitución no modificó la dirección del desfogue.Por ello, no basta la existencia de afectaciones en la propiedad para establecer automáticamente responsabilidad constitucional del CONAVI. Era necesario demostrar que dichas afectaciones derivan de una actuación atribuible a esta Administración, precisamente aquella que la recurrente identifica como modificación del drenaje. Tal elemento causal no solamente carece de respaldo en el informe técnico aportado, sino que es contradicho expresamente por dicho criterio especializado. 4. DE LA NECESIDAD DE DIFERENCIAR LA TUTELA CONSTITUCIONAL DE LAS CONTROVERSIAS TÉCNICAS Y DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Debe recordarse que el proceso de amparo constituye un mecanismo sumario dirigido a tutelar derechos fundamentales frente a actuaciones u omisiones manifiestamente ilegítimas, pero no constituye la vía idónea para sustituir aquellos procesos en los cuales sea necesario desarrollar un debate probatorio amplio destinado a determinar responsabilidad, causalidad técnica, valoración de daños o controversias propias de legalidad ordinaria.La Sala Constitucional ha reiterado esta limitación en su jurisprudencia. Particularmente, en la Resolución No. 08040-2026, de las nueve horas veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis, dictada dentro del expediente No. 25-036544-0007-CO, el Tribunal se refirió a las limitaciones propias del recurso de amparo cuando la controversia exige un debate probatorio amplio y valoración técnica. Este criterio resulta aplicable al presente asunto en cuanto la recurrente pretende que, a partir de fotografías, videos y su propia reconstrucción cronológica, se tenga por establecido un nexo causal entre determinadas obras públicas y daños que atribuye a su propiedad. Determinar si cada uno de los daños alegados —erosión, afectación estructural, deterioro del terreno, mobiliario, electrodomésticos y demás pérdidas económicas— fue causado directa y exclusivamente por una actuación determinada de la Administración supone analizar cuestiones de hidrología, topografía, comportamiento de escorrentías, ingeniería vial, causalidad y valoración patrimonial, materias que requieren prueba técnica especializada.La prueba aportada por CONAVI demuestra, además, la existencia de circunstancias que contradicen la relación causal propuesta por la recurrente: la preexistencia histórica de la alcantarilla, la ausencia de modificación de su dirección y las condiciones naturales de pendiente del sector. En consecuencia, pretender que mediante el recurso de amparo se determine responsabilidad patrimonial del CONAVI por todos los daños invocados implicaría trasladar a esta jurisdicción sumaria una discusión técnica y probatoria que, en cuanto exceda la estricta protección constitucional, corresponde a las vías ordinarias legalmente establecidas. 5. DE LA INEXISTENCIA DE UNA CONDUCTA OMISIVA DEL CONAVI La recurrente sostiene también que, pese a sus gestiones administrativas, no ha recibido una “solución efectiva” a la situación denunciada. Sin embargo, debe diferenciarse jurídicamente entre la falta absoluta de actuación administrativa y la circunstancia de que la solución pretendida por una persona administrada no haya sido acogida o ejecutada en los términos particulares por ella solicitados.En este asunto no existió inactividad por parte del CONAVI. El 9 de marzo de 2026 se brindó atención a la señora ([Nombre 001]); el 17 de marzo se efectuó una inspección técnica; posteriormente se coordinó una visita conjunta con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz; se valoró una alternativa adicional de manejo de parte de las aguas y el 26 de junio de 2026 se comunicó a la recurrente el resultado de esas actuaciones y la necesidad de realizar un levantamiento topográfico para determinar la factibilidad de aquella alternativa. Sobre el alcance del derecho consagrado en el artículo 27 constitucional, la Sala Constitucional ha establecido que el deber de resolver no comporta un derecho del administrado a obtener una respuesta favorable a sus intereses. Así, en la Resolución No. 16997-2005, de las catorce horas cincuenta y un minutos del trece de diciembre de dos mil cinco, la Sala reiteró sustancialmente que: “el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable”, sino la obligación de brindar una respuesta congruente con lo solicitado.Consecuentemente, la circunstancia de que CONAVI no haya accedido a eliminar o clausurar el paso de alcantarilla, como solución pretendida por la recurrente, no constituye por sí misma vulneración del derecho de petición, especialmente cuando el criterio técnico establece que esa infraestructura forma parte del sistema histórico de drenaje de la carretera y que su eliminación no resulta procedente. 6. DISTINCIÓN DEL PRESENTE CASO RESPECTO DEL VOTO No. 15422-2026 DE LA SALA CONSTITUCIONAL Resulta especialmente relevante para la resolución del presente asunto la Resolución No. 15422- 2026, de las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiséis, dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente No. 26-009791-0007-CO, en un recurso de amparo interpuesto contra el Consejo Nacional de Vialidad relacionado igualmente con aguas pluviales provenientes de una ruta nacional y afectaciones alegadas sobre una propiedad colindante.En aquella oportunidad, la Sala declaró con lugar el recurso al determinar que la recurrente había presentado desde el 19 de febrero de 2024 una denuncia relacionada con el falseamiento de su terreno producto de la Ruta Nacional No. 148 y que, pese al tiempo transcurrido, no se había brindado una solución integral a la problemática denunciada. La razón determinante de la estimatoria quedó expresamente consignada por el Tribunal en los siguientes términos: “ha transcurrido un plazo abiertamente desproporcionado desde que la presentación de la denuncia por infraestructura -19 de febrero de 2024- sin que se hayan desplegado mayores acciones, por parte de la institución recurrida, para brindar una solución integral a las carencias denunciadas”. La propia clasificación jurisprudencial de la resolución resume el criterio señalando que el recurso fue declarado con lugar al acreditarse una “inactividad prolongada ante la denuncia”.Este precedente, lejos de respaldar la pretensión formulada en el presente expediente, permite establecer con claridad una diferencia sustancial entre ambos asuntos. En el caso resuelto mediante el Voto No. 15422-2026, la Sala tuvo como hecho no probado que el Consejo Nacional de Vialidad hubiera atendido de manera integral la denuncia presentada. En el presente asunto, por el contrario, la prueba documental y técnica demuestra que el CONAVI sí ha desplegado actuaciones concretas y continuadas desde que tuvo conocimiento de la situación planteada por la señora [Nombre 002]. Consta que el 9 de marzo de 2026 se brindó atención a la recurrente; que el 17 de marzo de 2026 se efectuó una visita técnica al sitio; que se verificaron las condiciones topográficas y el comportamiento de las aguas pluviales; que posteriormente se coordinó una inspección conjunta con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz; que se analizó una eventual alternativa adicional de conducción parcial de aguas; y que el 26 de junio de 2026 se comunicó a la recurrente el resultado de esas actuaciones y la necesidad de efectuar un levantamiento topográfico para determinar la viabilidad de dicha alternativa.Por consiguiente, no concurre en el presente expediente el elemento fáctico que determinó la estimatoria del Voto No. 15422-2026, esto es, una prolongada ausencia de actuaciones institucionales frente a una denuncia relacionada con infraestructura vial. Antes bien, existe una actuación administrativa materialmente comprobable, técnicamente fundamentada y progresiva, destinada tanto a verificar la situación denunciada como a analizar una alternativa adicional de mitigación. De esta forma, el criterio establecido por la Sala Constitucional en la Resolución No. 15422-2026 conduce a distinguir ambos supuestos: mientras en aquel expediente la lesión constitucional derivó de una inactividad prolongada y de la falta de atención integral de la denuncia, en el presente asunto el CONAVI ha ejercido activamente sus competencias y ha dado seguimiento técnico a la situación puesta en su conocimiento. 7.SOBRE LA NATURALEZA DE LAS CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LA JURISDICCIÓN COMPETENTE La misma Resolución No. 15422-2026 contiene consideraciones adicionales especialmente relevantes para delimitar el ámbito propio de la jurisdicción constitucional. En su cuestión preliminar, la Sala recordó que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo determinados supuestos excepcionales, aquellas controversias relacionadas con el cumplimiento de plazos y la actuación administrativa ordinaria. En ese mismo sentido, el Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, mediante nota separada consignada en la Resolución No. 15422-2026, señaló: “En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria”.Agrega el Magistrado que únicamente cuando de esa conducta administrativa derive una violación de otros derechos fundamentales o se afecten grupos especialmente vulnerables procede, de manera excepcional, el conocimiento del fondo por la jurisdicción constitucional. Este criterio resulta particularmente pertinente en el presente asunto, pues la recurrente no se limita a plantear una eventual falta de atención administrativa, sino que pretende que mediante el recurso de amparo se determine técnicamente que una obra vial modificó un sistema de drenaje, que dicha modificación produjo determinadas inundaciones, que existe un nexo causal entre esas obras y diversos daños patrimoniales y que, además, se ordene una solución concreta de ingeniería. Tales aspectos involucran necesariamente cuestiones de topografía, hidrología, ingeniería vial, comportamiento de escorrentías, causalidad y eventual responsabilidad patrimonial, cuya determinación exige una actividad probatoria y técnica de mayor amplitud que la propia de un proceso sumario de amparo.La excepción reconocida por la Sala en el Voto No. 15422-2026 se configuró porque en aquel asunto existió una falta prolongada de atención frente a una denuncia que colocaba en riesgo la integridad de los habitantes de la vivienda. Esa circunstancia no concurre en el presente caso, donde la prueba acredita múltiples actuaciones técnicas y administrativas desarrolladas por el CONAVI. 8. SOBRE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA La Resolución No. 15422-2026 contiene incluso otro elemento de interés para el presente asunto. En su voto salvado parcial, la Magistrada Anamari Garro Vargas destacó expresamente la existencia de “aspectos técnicos de cierta complejidad” en la ejecución de soluciones relacionadas con infraestructura y drenajes, señalando que la jurisdicción contencioso-administrativa dispone de mecanismos procesales particularmente aptos para fiscalizar ese tipo de actuaciones, tales como cronogramas, etapas de cumplimiento y responsabilidades.Esta consideración resulta plenamente compatible con la posición sostenida por el CONAVI en el presente expediente. La alternativa adicional valorada conjuntamente con la Municipalidad de Santa Cruz no puede ejecutarse de manera improvisada ni puede darse por técnicamente viable antes de realizar el correspondiente levantamiento topográfico. Precisamente porque se trata de una decisión de ingeniería, debe determinarse previamente si las elevaciones del terreno permiten conducir una parte de las aguas hacia la ruta cantonal sin producir consecuencias adversas en otros sectores. La necesidad de efectuar dicho estudio no constituye una dilación arbitraria ni una negativa institucional, sino una consecuencia lógica de la complejidad técnica inherente a la modificación de un sistema de drenaje vial. Por ello, ordenar la ejecución inmediata de una determinada obra sin contar previamente con los estudios topográficos correspondientes supondría sustituir el criterio técnico de la Administración y prescindir de información indispensable para garantizar la seguridad y funcionalidad de la solución que eventualmente pueda adoptarse.VI. CONCLUSIONES Con fundamento en los antecedentes administrativos y técnicos expuestos, la contestación de los hechos, la prueba documental aportada, la normativa aplicable y la jurisprudencia constitucional citada, esta representación arriba a las siguientes conclusiones: PRIMERO: No se acredita que el Consejo Nacional de Vialidad haya modificado o redireccionado la descarga del paso de alcantarilla existente sobre la Ruta Nacional No. 160 hacia la propiedad de la señora [Nombre 002]. El informe técnico establece que dicha infraestructura existe desde hace muchos años y que aproximadamente en el año 2020 únicamente se sustituyó la tubería existente por razones de capacidad, sin modificar la dirección histórica del desfogue. SEGUNDO: Las inspecciones realizadas por personal técnico del CONAVI determinaron que el inmueble se encuentra ubicado en el punto topográficamente más bajo de un tramo aproximado de 150 a 200 metros y que frente a este existe un sector montañoso desde el cual las aguas pluviales discurren naturalmente hacia el sitio donde se encuentra instalado el paso de alcantarilla.TERCERO: La prueba técnica incorporada al expediente no permite establecer el nexo causal sostenido por la recurrente entre determinadas obras ejecutadas sobre la Ruta Nacional No. 160 y la totalidad de las inundaciones, daños materiales, erosión, afectaciones estructurales y demás consecuencias patrimoniales que atribuye a esta Administración. CUARTO: El artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060, reconoce expresamente que los poseedores de bienes inmuebles se encuentran obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios las aguas provenientes de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno, así como a mantener limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos los desagües de caminos inmediatos a sus fundos. Esta disposición resulta particularmente relevante frente a las condiciones topográficas verificadas en el sitio. QUINTO: No existe una conducta omisiva atribuible al Consejo Nacional de Vialidad.Desde marzo de 2026 la Administración ha efectuado actuaciones concretas de atención, inspección y valoración técnica, incluyendo la visita al sitio realizada el 17 de marzo de 2026, coordinaciones con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz, una inspección conjunta y la valoración de una posible alternativa adicional de mitigación. SEXTO: La eventual alternativa consistente en conducir parcialmente aguas pluviales hacia una ruta cantonal se encuentra condicionada a la realización previa de un levantamiento topográfico, indispensable para determinar su viabilidad técnica. Por ello, la ausencia actual de ejecución de dicha alternativa no constituye una negativa arbitraria ni una omisión institucional, sino la consecuencia de la necesidad de contar previamente con los estudios técnicos correspondientes. SÉTIMO: El precedente establecido mediante la Resolución No. 15422-2026, de las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiséis, expediente No. 26-009791-0007-CO, resulta claramente diferenciable del presente asunto.En aquella oportunidad la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso al comprobar una inactividad prolongada del CONAVI frente a una denuncia presentada desde febrero de 2024, situación que no se reproduce en este expediente. OCTAVO: En el presente asunto, por el contrario, se encuentran acreditadas múltiples actuaciones institucionales dirigidas a verificar, atender y valorar técnicamente la situación denunciada, por lo que no concurre el supuesto fáctico determinante que justificó la estimatoria del recurso resuelto mediante el Voto No. 15422-2026. NOVENO: La propia jurisprudencia constitucional reconoce que las controversias relacionadas con la reparación, construcción, modificación o demolición de obras de infraestructura involucran, en principio, cuestiones de legalidad ordinaria y de naturaleza técnica cuya discusión puede corresponder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, particularmente cuando resulta necesario desarrollar un debate probatorio amplio sobre causalidad, ingeniería y responsabilidad patrimonial.Así se desprende también de las consideraciones contenidas en la Resolución No. 15422-2026. DÉCIMO: Las alegaciones relativas a daños estructurales, pérdidas económicas, erosión, afectación de mobiliario, insalubridad, presencia de vectores, moho, hongos y eventuales consecuencias para la salud no permiten, por sí mismas, atribuir responsabilidad constitucional al CONAVI, especialmente cuando no se encuentra acreditado el hecho generador que sirve de fundamento a la pretensión de la recurrente, esto es, el supuesto redireccionamiento de las aguas por parte de esta Administración. UNDÉCIMO: La valoración de una medida adicional de mitigación por parte del CONAVI no constituye reconocimiento de responsabilidad ni aceptación de que esta Administración haya ocasionado las afectaciones alegadas; representa, por el contrario, una actuación preventiva y de coordinación interinstitucional orientada a explorar alternativas técnicamente viables.DUODÉCIMO: En consecuencia, no se acredita la existencia de una acción u omisión arbitraria, ilegítima o manifiestamente irrazonable atribuible al Consejo Nacional de Vialidad que haya lesionado o amenazado los derechos fundamentales invocados por la señora [Nombre 002]. DÉCIMO TERCERO: Por lo anterior, resulta jurídicamente procedente solicitar a esa Honorable Sala Constitucional que el presente recurso de amparo sea declarado SIN LUGAR respecto del CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), sin perjuicio de lo que corresponda resolver respecto de las actuaciones y competencias propias de la Municipalidad de Santa Cruz. VII. PETITORIA Con fundamento en los hechos expuestos, los antecedentes administrativos y técnicos aportados, la prueba documental que se acompaña, las competencias conferidas al Consejo Nacional de Vialidad por la Ley No. 7798, Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, la Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060, la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia constitucional invocada, respetuosamente solicito a esa Honorable Sala Constitucional: PRIMERO: Tener por rendido, en tiempo y forma, el informe solicitado al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad dentro del expediente No. 26-027548-0007-CO.SEGUNDO: Tener por incorporada y valorada la prueba documental y técnica aportada por esta Administración, particularmente el informe CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026, de fecha 13 de agosto de 2026, así como sus anexos, registros fotográficos y comunicaciones relacionadas con la atención brindada a la señora [Nombre 002]. TERCERO: Tener por acreditado que el paso de alcantarilla objeto de controversia constituye infraestructura preexistente de la Ruta Nacional No. 160 y que su sustitución no implicó modificación ni redireccionamiento de la dirección histórica del desfogue hacia la propiedad de la recurrente. CUARTO: Tener por acreditado que las condiciones topográficas verificadas en el sitio evidencian que la propiedad de la recurrente se encuentra en un punto de menor elevación y que parte relevante de las aguas pluviales discurre naturalmente hacia dicho sector. QUINTO: Tener por acreditado que el Consejo Nacional de Vialidad ha desplegado actuaciones administrativas y técnicas concretas para atender la situación planteada, incluyendo inspecciones de campo, comunicaciones con la recurrente, coordinación con la Municipalidad de Santa Cruz y valoración de una eventual alternativa adicional de mitigación, por lo que no existe una conducta omisiva atribuible a esta Administración.SEXTO: Determinar que no se ha demostrado la existencia de una acción u omisión arbitraria, ilegítima o manifiestamente irrazonable atribuible al Consejo Nacional de Vialidad que haya lesionado o amenazado los derechos fundamentales invocados por la recurrente. SÉTIMO: En consecuencia, declarar SIN LUGAR el presente recurso de amparo respecto del CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). OCTAVO: Subsidiariamente, para el supuesto de que esa Honorable Sala estime procedente ordenar alguna actuación adicional, se solicita que cualquier disposición se limite al ámbito de las competencias legalmente atribuidas al CONAVI y respete la necesidad de contar previamente con los estudios técnicos, topográficos e hidráulicos indispensables para determinar la viabilidad, seguridad y alcance de cualquier eventual intervención sobre el sistema de drenaje existente. NOVENO: Resolver sin perjuicio de las competencias y eventuales responsabilidades que correspondan a la Municipalidad de Santa Cruz o a cualquier otra autoridad que resulte competente respecto de actuaciones ubicadas fuera del ámbito material de competencia del Consejo Nacional de Vialidad”.
  6. 6Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de setiembre de 2026, la recurrente indica: “I. OBJETO DE LA PRESENTACIÓN Dentro del plazo correspondiente, vengo a referirme al informe rendido por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), por cuanto sus conclusiones no desvirtúan los hechos denunciados ni acreditan que la problemática que dio origen al presente recurso haya sido solucionada. Por el contrario, del propio informe y de la documentación aportada por CONAVI se desprende que la problemática de manejo y conducción de aguas pluviales continúa existiendo, que la Administración reconoce la necesidad de valorar medidas adicionales de mitigación y que, a la fecha, no existe una solución concreta, efectiva ni un plazo cierto para determinar y ejecutar las obras necesarias. II. SOBRE LA EXISTENCIA ACTUAL DE LA AFECTACIÓN CONAVI centra buena parte de su defensa en afirmar que el paso de alcantarilla existe desde hace muchos años y que la sustitución de la tubería realizada aproximadamente en el año 2020 no modificó la dirección histórica del desfogue.Sin embargo, aun cuando se tenga por cierta esa afirmación, ello no resuelve el objeto fundamental del presente recurso de amparo. La existencia histórica de una alcantarilla no demuestra que el sistema actual de drenaje sea suficiente, adecuado o que su funcionamiento actual no esté generando una afectación ilegítima sobre la propiedad de la recurrente. De hecho, el propio informe técnico de CONAVI reconoce que la tubería anterior fue sustituida debido a que presentaba problemas de capacidad, al punto de que las aguas pluviales en determinadas ocasiones pasaban por encima de la carretera, ocasionando daños y zanjas en la superficie de ruedo. Asimismo, CONAVI reconoce que en la zona existe una importante concentración de aguas provenientes del sector montañoso y que estas llegan al punto donde se encuentra ubicada la alcantarilla. Por ello, la discusión no puede limitarse a determinar si la alcantarilla “siempre estuvo allí”, sino que debe determinarse si el sistema de drenaje existente actualmente resulta adecuado para manejar el caudal de aguas que recibe y si la forma en que actualmente se concentran y conducen dichas aguas está provocando las afectaciones denunciadas.III. EL PROPIO CONAVI RECONOCE LA NECESIDAD DE UNA MEDIDA ADICIONAL Existe un aspecto particularmente relevante que debe ser valorado por esa Honorable Sala. El propio ingeniero de CONAVI informó a la recurrente que, luego de una visita realizada conjuntamente con la Municipalidad de Santa Cruz, se analizó la posibilidad de colocar un paso adicional de alcantarilla a la par del existente, con la finalidad de conducir una parte de las aguas hacia la ruta cantonal. También se indicó que dicha alternativa quedaba condicionada a la realización de un levantamiento topográfico. Es decir, la propia Administración reconoce que existe una situación de concentración de aguas que puede ser objeto de una medida adicional de mitigación. Esto resulta contradictorio con la posición de CONAVI cuando pretende presentar la situación como una consecuencia exclusivamente natural que no requiere actuación administrativa alguna.La recurrente no pretende que la Sala Constitucional determine cuál debe ser exactamente la obra de ingeniería que deba ejecutarse. Lo que se solicita es que las instituciones competentes determinen técnicamente la solución y la ejecuten dentro de un plazo razonable, pues actualmente la problemática continúa. IV. EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO NO SE HA REALIZADO CONAVI manifiesta que para determinar la viabilidad de la alternativa propuesta resulta necesario realizar un levantamiento topográfico. La recurrente no se opone a que se realice dicho estudio. Por el contrario, precisamente solicita que se ordene su realización. Lo que resulta inadmisible es que la existencia de un estudio pendiente se utilice como justificación para mantener indefinidamente una situación que continúa afectando la propiedad. La propia Administración reconoce que el estudio es necesario para determinar si resulta posible conducir parte de las aguas hacia la ruta cantonal.Por tanto, si el estudio es indispensable para conocer la solución, debe realizarse. No resulta suficiente indicar que eventualmente se programará cuando existan condiciones contractuales o presupuestarias. V. LA FALTA DE CONTRATO Y PRESUPUESTO NO PUEDE TRADUCIRSE EN UNA AUSENCIA DE SOLUCIÓN Uno de los aspectos más preocupantes del informe de CONAVI consiste en reconocer que actualmente no existe un cronograma de los trabajos, debido a que no se dispone de contrato activo y se desconoce el presupuesto que será asignado a la Zona 2-3. Esta circunstancia administrativa interna no significa que la problemática haya desaparecido. Por el contrario, demuestra que no existe actualmente una fecha cierta para realizar siquiera el estudio necesario para determinar la solución. La recurrente continúa expuesta a los efectos de las aguas pluviales y a las consecuencias que ha venido denunciando. Por ello, respetuosamente se solicita que la Sala no tenga por satisfecha la obligación institucional únicamente porque se hayan realizado inspecciones o intercambiado comunicaciones.La atención administrativa debe ser efectiva y suficiente frente a una afectación que continúa, especialmente cuando la propia Administración reconoce la necesidad de realizar actuaciones técnicas adicionales. VI. SOBRE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS CONAVI invoca el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos para sostener que los propietarios deben recibir y dejar discurrir dentro de sus predios las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel natural del terreno. La recurrente no desconoce la existencia de dicha disposición. Sin embargo, dicha norma no puede interpretarse de manera aislada ni como una autorización para que una propiedad deba soportar indefinidamente una concentración extraordinaria de aguas, inundaciones, erosión y demás afectaciones sin que las autoridades competentes determinen técnicamente si el sistema de drenaje resulta adecuado.Una cosa es el escurrimiento natural de las aguas derivado de la topografía y otra distinta es la concentración y conducción de grandes volúmenes de agua mediante infraestructura vial. Precisamente esa diferencia es la que debe ser determinada mediante un estudio técnico integral. Además, el propio CONAVI reconoce que el sistema anterior presentaba problemas de capacidad y que se sustituyó la tubería precisamente por esa razón. Por ello, no resulta suficiente afirmar que la propiedad se encuentra en el punto más bajo del sector. Debe determinarse técnicamente qué cantidad de agua recibe actualmente el sistema, cuál es su capacidad, cómo se comporta el caudal y cuáles medidas resultan necesarias para evitar o disminuir las afectaciones. VII. SOBRE LA SUPUESTA INEXISTENCIA DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA CONAVI sostiene que no existe conducta omisiva porque desde marzo de 2026 realizó distintas actuaciones, entre ellas una atención inicial, una visita técnica, coordinaciones con la Municipalidad y una comunicación posterior.La recurrente reconoce que se han producido dichas actuaciones. Sin embargo, la existencia de actuaciones administrativas no implica automáticamente que la obligación constitucional haya sido satisfecha. El problema denunciado no consiste únicamente en que CONAVI haya dejado de contestar. La problemática es que existe una afectación que continúa y que, pese a haberse identificado la necesidad de una eventual solución técnica, no se ha realizado todavía el estudio necesario ni se ha establecido un plazo cierto para determinar y ejecutar las medidas correspondientes. Una inspección o una comunicación administrativa no puede considerarse equivalente a una solución efectiva cuando la situación material permanece. VIII. SOBRE EL VOTO N.° 15422-2026 CONAVI pretende diferenciar el presente caso del resuelto mediante la Resolución N.° 15422-2026, señalando que en aquel asunto existió una inactividad prolongada.La recurrente considera que dicho precedente no debe ser interpretado de manera que permita concluir que cualquier actuación administrativa, por mínima que sea, elimina automáticamente la posibilidad de una lesión constitucional. En el presente caso, la propia Administración reconoce que: 1. Existe una problemática de aguas pluviales en el sector. 2. El caudal llega al punto donde se encuentra la propiedad. 3. Se ha valorado la construcción de un paso adicional de alcantarilla. 4. La viabilidad de esa alternativa depende de un estudio topográfico. 5. El estudio todavía no se ha realizado. 6. No existe actualmente un cronograma cierto para las actuaciones posteriores. Por tanto, la situación material que dio origen al recurso permanece vigente. La diferencia temporal entre los casos no puede convertirse en el único elemento determinante. Lo verdaderamente relevante es si, al momento de resolver el presente recurso, la Administración ha adoptado medidas suficientes para proteger efectivamente los derechos fundamentales involucrados.IX. NO SE PRETENDE QUE LA SALA SUSTITUYA EL CRITERIO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN La recurrente desea dejar claramente establecido que no pretende que esta Honorable Sala determine directamente una obra de ingeniería específica ni que sustituya el criterio de los profesionales competentes. Lo que solicita es precisamente lo contrario: Que se ordene a las instituciones competentes realizar los estudios técnicos correspondientes y, con fundamento en sus resultados, adoptar las medidas necesarias para evitar que la situación continúe afectando la propiedad. La propia CONAVI reconoce que la solución requiere un levantamiento topográfico. Por ello, la orden constitucional que se solicita puede limitarse perfectamente a: • realizar el levantamiento topográfico; • realizar la valoración hidráulica correspondiente; • determinar técnicamente las medidas necesarias; • establecer un cronograma; • ejecutar las medidas que resulten procedentes dentro de las competencias de cada institución; y • mantener informada a la Sala sobre su cumplimiento.De esta manera se respeta plenamente la competencia técnica de la Administración. X. SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL La recurrente tampoco pretende que mediante este recurso de amparo se determine definitivamente una eventual indemnización por todos los daños materiales sufridos. La discusión sobre responsabilidad patrimonial, indemnización y cuantificación de daños podrá ser planteada, de ser necesario, por las vías correspondientes. El objeto de este proceso constitucional es distinto: evitar que continúe una situación que afecta derechos fundamentales y obtener una actuación efectiva de las autoridades competentes. Por ello, el hecho de que determinados daños patrimoniales requieran una discusión probatoria adicional no constituye razón suficiente para desatender la problemática constitucional actual. XI. PETITORIA Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a esa Honorable Sala Constitucional: PRIMERO: Tener por presentada en tiempo y forma la presente manifestación respecto del informe rendido por el Consejo Nacional de Vialidad.SEGUNDO: Tener por controvertidas las conclusiones de CONAVI en cuanto pretenden establecer que la problemática denunciada se encuentra solucionada o que la existencia histórica del paso de alcantarilla excluye cualquier obligación adicional de actuación administrativa. TERCERO: Tener presente que el propio CONAVI reconoce la existencia de una concentración de aguas pluviales en el sector, así como la necesidad de valorar técnicamente una alternativa adicional destinada a disminuir el caudal que actualmente llega al sector de la propiedad de la recurrente. CUARTO: Ordenar a las instituciones recurridas, dentro del plazo que esa Honorable Sala considere razonable, realizar un levantamiento topográfico integral del sector, así como los estudios hidráulicos que resulten necesarios para determinar técnicamente:a) la capacidad del sistema de drenaje existente;b) el comportamiento y volumen de las aguas pluviales que llegan al sector;c) la incidencia de las condiciones topográficas;d) la suficiencia de la infraestructura existente; ye) las medidas necesarias para evitar o disminuir las afectaciones que continúan produciéndose en la propiedad de la recurrente. QUINTO: Ordenar a CONAVI y a la Municipalidad de Santa Cruz que, con fundamento en los resultados de dichos estudios y dentro de un plazo determinado, establezcan un cronograma concreto de las medidas de mitigación o solución que correspondan dentro de sus respectivas competencias. SEXTO: Ordenar, mientras se determina y ejecuta la solución definitiva, la adopción de medidas provisionales de mitigación que técnicamente resulten procedentes para disminuir el ingreso y acumulación de aguas pluviales en la propiedad de la recurrente. SÉTIMO: Ordenar a las instituciones recurridas informar a esa Honorable Sala sobre el resultado de los estudios y sobre las medidas concretas adoptadas, dentro del plazo que se establezca. OCTAVO: Declarar con lugar el presente recurso de amparo, en los extremos constitucionales que resulten acreditados, y ordenar las medidas necesarias para restablecer a la recurrente en el pleno goce de sus derechos fundamentales. NOVENO: Resolver sin perjuicio de las acciones que correspondan a la recurrente en otras jurisdicciones respecto de los daños patrimoniales, responsabilidad administrativa o cualquier otra pretensión que legalmente resulte procedente. POR TANTO Solicito respetuosamente a esa Honorable Sala Constitucional tener por presentada la presente manifestación, valorar integralmente la prueba aportada y, especialmente, considerar que la realización de inspecciones y comunicaciones administrativas no equivale a la solución efectiva de una problemática que continúa produciéndose, máxime cuando la propia Administración reconoce que todavía debe realizarse un estudio topográfico para determinar la viabilidad de una medida de mitigación y declarar CON LUGAR el presente recurso La recurrente no solicita una solución improvisada ni que la Sala sustituya a los técnicos de la Administración. Solicita que se determine técnicamente la solución, que se establezca un plazo cierto y que se adopten medidas efectivas para impedir que la situación continúe afectando su propiedad y los derechos fundamentales invocados en el recurso”.
  7. 7Mediante constancia suscrita el 14 de setiembre de 2026 por la secretaria a.i. y el técnico judicial 3 a.i., ambos de la Sala Constitucional, se indica que: “revisado, a las 10:02 horas del 14 de setiembre de 2026, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 19 al 21 de agosto de 2026, el ALCALDE DE SANTA CRUZ haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 15:49 horas del 10 de agosto de 2026”.
  8. 8En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. CUESTIONES PREVIAS

Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias planteadas por el riesgo causado a la integridad física y vida de las personas ante inundaciones, las cuales presuntamente no han sido atendidas. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

De otro lado, en vista de que el alcalde de Santa Cruz omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportados a los autos.

II. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente expone que es propietaria de un inmueble ubicado sobre la ruta nacional nro. 160. Señala que en un tramo de esa ruta se ejecutaron obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura vial. Afirma que, si bien en el sector existía previamente un sistema de alcantarillado, durante la ejecución de las obras se modificó la configuración del sistema de drenaje, particularmente la dirección de descarga de la alcantarilla existente, alterando el comportamiento natural de las escorrentías superficiales, las que comenzaron a ser dirigidas directamente hacia su propiedad. Sostiene que esa situación ha generado inundaciones en su inmueble, lo que ha ocasionado afectaciones tanto en la estructura de la vivienda como en la conformación topográfica del terreno, producto de la erosión, el arrastre de sedimentos y la saturación permanente del suelo. Refiere que planteó gestiones ante Municipalidad de Santa Cruz y el Conavi, mediante las cuales solicitó la adopción de las medidas correctivas correspondientes.

Acusa que la problemática persiste sin que se haya brindado una solución efectiva que elimine la causa de los daños denunciados. Detalla que como consecuencia de las constantes inundaciones y de la acumulación de aguas pluviales dentro de la propiedad, se ha generado una condición permanente de insalubridad que afecta de manera directa la calidad de vida de sus ocupantes.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)La propiedad de la tutelada se ubica a 3.5 Km del cruce de Río Seco hacia Playa Lagarto, en el cruce del camino viejo hacia Paraíso. (Ver prueba documental).
  • b)Aproximadamente en el año 2020, el Conavi sustituyó una alcantarilla ubicada en la ruta nacional nro. 160 cerca de la propiedad de la accionante, debido a la falta de capacidad de la anterior, lo que ocasionaba que, en ocasiones, el agua pluvial pasara por encima de la carretera. (Ver prueba documental).
  • c)El 14 de enero de 2026, la amparada remitió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, por medio del que acusó que como consecuencias de obras realizadas en la ruta nacional nro. 160 se colocó una alcantarilla que hace que todas las aguas entren a su propiedad y se inunde. (Ver prueba documental).
  • d)El 3 de marzo de 2026, la accionante envió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, mediante el cual indicó que su vivienda ha sido afectada por las obras ejecutadas sobre la ruta nacional nro. 160, lo que provoca que se inunde. Por lo anterior, requirió una solución. (Ver prueba documental).
  • e)El 16 de junio de 2026, la tutelada remitió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, mediante el cual acusó el problema que tiene su propiedad como consecuencia de las modificaciones en el sistema de drenaje de la ruta nacional nro. 160. (Ver prueba documental).
  • f)El 26 de junio de 2026, una persona funcionaria del Conavi comunicó vía correo electrónico a la amparada que el paso de alcantarilla no puede eliminarse, pues ha existido siempre y lo que se hizo fue sustituirlo porque tenía problemas de capacidad. Además, explicó que las aguas que llegan a ese punto provienen de una montaña ubicada frente a su propiedad. Por ello, señaló que se analiza la posibilidad de colocar otro paso de alcantarilla que permita llevar una parte de las aguas hacia la ruta cantonal y que la Municipalidad de Santa Cruz haga el manejo de estas mediante una cuneta. Asimismo, indicó que se haría el levantamiento topográfico para verificar si los niveles permiten la colocación de un nuevo paso de alcantarilla. (Ver prueba documental).
  • g)El 11 de agosto de 2026, el director ejecutivo del Conavi fue notificado de la resolución de curso de este asunto. (Ver acta de notificación).
  • h)Por memorial CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026 del 13 de agosto de 2026, el Conavi indica:

“(…) la primera visita realizada fue el día 17 de marzo del presente año, ese día mediante llamada telefónica se le informó a la señora ([Nombre 001]) que el paso de alcantarilla no podía condenarse o clausurarse, pues el mismo había sido diseñado para la construcción de la carretera y colocado durante la construcción de la misma. Además, se le informó que se programaría una visita técnica con el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz para valorar una posibilidad de desvío de aguas pluviales (que pueda servir de alivio y disminuir la cantidad de agua pluvial en la propiedad de interés) sobre la Ruta Cantonal, siempre y cuando la topografía del sector lo permita y que el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz estuviera de acuerdo en hacerse cargo del manejo de dichas aguas pluviales. El día 26 de junio del presente año, se le informó vía correo electrónico a la señora Mora, que ya se había realizado la visita con el Ing. Víctor Obando de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz al sector, y que; el Ing. Obando indicó que si la topografía permite trasladar parte de las aguas pluviales a la Ruta Cantonal; la Municipalidad se encarga de conformar una cuneta en tierra para llevar las aguas hacia el Río que se encuentra sobre la Ruta Cantonal (se adjunta correo).

Ese mismo día, mediante llamada telefónica se conversó con la señora ([Nombre 001]) y se le explicó lo indicado en el correo; también se le informó que el contrato de mantenimiento de la Red Vial Nacional de la Zona 2-3 (Santa Cruz) concluía a mediados del mes de julio del presente año y que; para realizar el levantamiento topográfico se debe esperar a que se inicie el nuevo contrato de mantenimiento plurianual para programar el estudio topográfico. La Administración espera que se pueda tener activo el nuevo contrato a partir del próximo mes de setiembre (…) en cuanto a la coordinación con el Ing. Víctor Obando de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz, la misma se realizó mediante llamadas telefónicas. En el correo electrónico enviado a la señora Mora el día 26 de junio del presente año, se puede observar que se copió al Ing. Víctor Obando”. (Ver prueba documental).

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el sub lite, la recurrente expone que es propietaria de un inmueble ubicado sobre la ruta nacional nro. 160. Señala que en un tramo de esa ruta se ejecutaron obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura vial. Afirma que, si bien en el sector existía previamente un sistema de alcantarillado, durante la ejecución de las obras se modificó la configuración del sistema de drenaje, particularmente la dirección de descarga de la alcantarilla existente, alterando el comportamiento natural de las escorrentías superficiales, las que comenzaron a ser dirigidas directamente hacia su propiedad. Sostiene que esa situación ha generado inundaciones en su inmueble, lo que ha ocasionado afectaciones tanto en la estructura de la vivienda como en la conformación topográfica del terreno, producto de la erosión, el arrastre de sedimentos y la saturación permanente del suelo. Refiere que planteó gestiones ante Municipalidad de Santa Cruz y el Conavi, mediante las cuales solicitó la adopción de las medidas correctivas correspondientes.

Acusa que la problemática persiste sin que se haya brindado una solución efectiva que elimine la causa de los daños denunciados. Detalla que como consecuencia de las constantes inundaciones y de la acumulación de aguas pluviales dentro de la propiedad, se ha generado una condición permanente de insalubridad que afecta de manera directa la calidad de vida de sus ocupantes.

El Tribunal verifica que la propiedad de la tutelada se ubica a 3.5 Km del cruce de Río Seco hacia Playa Lagarto, en el cruce del camino viejo hacia Paraíso. Aproximadamente en el año 2020, el Conavi sustituyó una alcantarilla ubicada en la ruta nacional nro. 160 cerca de la propiedad de la accionante, debido a la falta de capacidad de la anterior, lo que ocasionaba que, en ocasiones, el agua pluvial pasara por encima de la carretera. El 14 de enero de 2026, la amparada remitió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, por medio del que acusó que como consecuencias de obras realizadas en la ruta nacional nro. 160 se colocó una alcantarilla que hace que todas las aguas entren a su propiedad y se inunde. El 3 de marzo de 2026, la accionante envió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, mediante el cual indicó que su vivienda ha sido afectada por las obras ejecutadas sobre la ruta nacional nro. 160, lo que provoca que se inunde.

Por lo anterior, requirió una solución. El 16 de junio de 2026, la tutelada remitió un correo electrónico a contraloria.servicios@conavi.go.cr, mediante el cual acusó el problema que tiene su propiedad como consecuencia de las modificaciones en el sistema de drenaje de la ruta nacional nro. 160. El 26 de junio de 2026, una persona funcionaria del Conavi comunicó vía correo electrónico a la amparada que el paso de alcantarilla no puede eliminarse, pues ha existido siempre y lo que se hizo fue sustituirlo porque tenía problemas de capacidad. Además, explicó que las aguas que llegan a ese punto provienen de una montaña ubicada frente a su propiedad. Por ello, señaló que se analiza la posibilidad de colocar otro paso de alcantarilla que permita llevar una parte de las aguas hacia la ruta cantonal y que la Municipalidad de Santa Cruz haga el manejo de estas mediante una cuneta. Asimismo, indicó que se haría el levantamiento topográfico para verificar si los niveles permiten la colocación de un nuevo paso de alcantarilla.

Por memorial CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRCH-477-2026 del 13 de agosto de 2026, el Conavi indica: “(…) la primera visita realizada fue el día 17 de marzo del presente año, ese día mediante llamada telefónica se le informó a la señora ([Nombre 001]) que el paso de alcantarilla no podía condenarse o clausurarse, pues el mismo había sido diseñado para la construcción de la carretera y colocado durante la construcción de la misma. Además, se le informó que se programaría una visita técnica con el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz para valorar una posibilidad de desvío de aguas pluviales (que pueda servir de alivio y disminuir la cantidad de agua pluvial en la propiedad de interés) sobre la Ruta Cantonal, siempre y cuando la topografía del sector lo permita y que el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz estuviera de acuerdo en hacerse cargo del manejo de dichas aguas pluviales.

El día 26 de junio del presente año, se le informó vía correo electrónico a la señora Mora, que ya se había realizado la visita con el Ing. Víctor Obando de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz al sector, y que; el Ing. Obando indicó que si la topografía permite trasladar parte de las aguas pluviales a la Ruta Cantonal; la Municipalidad se encarga de conformar una cuneta en tierra para llevar las aguas hacia el Río que se encuentra sobre la Ruta Cantonal (se adjunta correo). Ese mismo día, mediante llamada telefónica se conversó con la señora ([Nombre 001]) y se le explicó lo indicado en el correo; también se le informó que el contrato de mantenimiento de la Red Vial Nacional de la Zona 2-3 (Santa Cruz) concluía a mediados del mes de julio del presente año y que; para realizar el levantamiento topográfico se debe esperar a que se inicie el nuevo contrato de mantenimiento plurianual para programar el estudio topográfico.

La Administración espera que se pueda tener activo el nuevo contrato a partir del próximo mes de setiembre (…) en cuanto a la coordinación con el Ing. Víctor Obando de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Cruz, la misma se realizó mediante llamadas telefónicas. En el correo electrónico enviado a la señora Mora el día 26 de junio del presente año, se puede observar que se copió al Ing. Víctor Obando”.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada por parte del Conavi. Véase que desde enero de 2026 se denunció ante ese Consejo que la alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la accionante ocasiona inundaciones que afectan el inmueble. Al respecto, si bien el Conavi sostiene que la problemática no se produce por un desvío de las aguas, sino que la alcantarilla en cuestión ha existido desde hace muchos años y que en 2020 lo que se hizo fue sustituirla por un tema de falta de capacidad, no menos cierto es que también reconoce que la capacidad de la mencionada alcantarilla es insuficiente. En ese sentido, véase que en el correo electrónico remitido a la amparada el 26 de junio de 2026 se le indicó que se estaba analizando la posibilidad de colocar otro paso de alcantarilla que permita llevar una parte de las aguas hacia la ruta cantonal y que la Municipalidad de Santa Cruz haga el manejo de estas mediante una cuneta, para lo cual es necesario efectuar un levantamiento topográfico que no se ha llevado a cabo.

En suma, si bien el Conavi ha efectuado actuaciones relacionadas con las denuncias plantadas por la amparada, no menos cierto es que no se verifica que se haya solventado la problemática denunciada en cuanto a la capacidad del paso de alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la tutelada. De ahí que proceda acoger el recurso en lo que al Conavi refiere.

V.Finalmente, la Sala no observa alguna acción u omisión por parte de la Municipalidad de Santa Cruz que haya lesionado los derechos fundamentales de la parte amparada en los términos en que se planteó el recurso. En ese sentido, de las manifestaciones de la recurrente y de la prueba no se desprende alguna gestión específica que se haya formulado ante ese gobierno local que no haya sido atendida. Además, si bien consta que el Conavi coordinó con la corporación municipal una inspección, no menos cierto es que esta data de junio de 2026, por lo que al momento en que se planteó este asunto -31 de julio de 2026- no había transcurrido un plazo abiertamente arbitrario. Por ello, no se estima el asunto en cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz.

VI. NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA

He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.

Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento.

VII. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, donde la parte recurrente alega que es propietaria de un inmueble ubicado sobre la ruta nacional nro. 160.

Señala que en un tramo de esa ruta se ejecutaron obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura vial. Afirma que, si bien en el sector existía previamente un sistema de alcantarillado, durante la ejecución de las obras se modificó la configuración del sistema de drenaje, particularmente la dirección de descarga de la alcantarilla existente, alterando el comportamiento natural de las escorrentías superficiales, las que comenzaron a ser dirigidas directamente hacia su propiedad. Sostiene que esa situación ha generado inundaciones en su inmueble, lo que ha ocasionado afectaciones tanto en la estructura de la vivienda como en la conformación topográfica del terreno, producto de la erosión, el arrastre de sedimentos y la saturación permanente del suelo.

VIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al Consejo Nacional de Vialidad. Se le ordena a Mauricio Sojo Quesada, en su condición de director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en ese lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática denunciada en cuanto a la capacidad del paso de alcantarilla ubicada cerca de la propiedad de la tutelada. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

EXPEDIENTE N° 26-027548-0007-CO

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

        Spanish key termsTérminos clave en español

        News & Updates Noticias y Actualizaciones

        All articles → Todos los artículos →

        Weekly Dispatch Boletín Semanal

        Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

        ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

        One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

        Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
        Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

        Stay Informed Mantente Informado

        Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

        Email Updates Actualizaciones por Correo

        Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

        Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

        WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

        Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

        Join Channel Unirse al Canal
        Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
        🙏