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Res. 35965-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/09/2026

Premature Amparo for Information on Illegal MiningAmparo prematuro por información sobre minería ilegal

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The majority summarily rejected the amparo as premature because the general two-month period under Article 261 of the Ley General de la Administración Pública was still running, while two dissenting justices would have allowed it to proceed as an information request protected by Article 27 of the Constitution.La mayoría rechazó de plano el amparo por prematuro al estimar que aún corría el plazo general de dos meses del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, mientras que dos magistrados salvaron el voto y habrían dado curso al asunto por tratarse de una solicitud de información amparada por el artículo 27 constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected as premature an amparo proceeding against the Municipalidad de Montes de Oro concerning its failure to answer a 21 August 2026 request for municipal complaints and a report relating to alleged illegal mining. The majority acknowledged that the requested information concerned an environmental matter and that a delay could potentially violate the constitutional right to prompt and effective justice under Article 41, placing the matter within the Chamber’s possible cognizance. It nevertheless held that when the amparo was filed on 7 September 2026, the general two-month period established by Article 261 of the Ley General de la Administración Pública had not expired. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented: in their view, the applicant requested specific information and documents, not an inspection or the resolution of an administrative proceeding, so the two-month period was inapplicable and the amparo should have proceeded under the right of petition and prompt resolution protected by Article 27 of the Constitution.La Sala Constitucional rechazó de plano, por prematuro, el recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Montes de Oro por la falta de respuesta a una solicitud del 21 de agosto de 2026 sobre denuncias y un informe municipal relacionados con presunta minería ilegal. La mayoría reconoció que la información solicitada aborda un tema ambiental y que un eventual retraso podría vulnerar el derecho a una justicia pronta y cumplida del artículo 41 constitucional, por lo que el asunto podría ser conocido por la Sala. Sin embargo, consideró que, cuando se interpuso el amparo el 7 de setiembre de 2026, todavía no había vencido el plazo general de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto: estimaron que se solicitaron información y documentos específicos, no una inspección ni la resolución de un procedimiento, por lo que habría correspondido tramitar el amparo bajo el derecho de petición y pronta resolución del artículo 27 constitucional.

Key excerptExtracto clave

II. SPECIFIC CASE. In the matter at hand, the evidence submitted in the case file confirms that the request mentioned by the amparo applicant is dated 21 August 2026. In this regard, the alleged delay by the respondent authority could, if established, constitute a possible violation of the right to prompt and effective justice (Article 41 of the Constitution); because the requested information concerns an environmental matter (mining activity in the canton), it could fall within this Chamber’s cognizance. Nevertheless, the Chamber finds that, when this amparo was filed, the respondent authority was still within the period for conducting the requested inspection and intervening in the activities being carried out, pursuant to Article 261 of the Ley General de la Administración Pública, which generally provides two months for those purposes (note that the request is dated 21 August 2026, whereas the amparo was filed on 7 September 2026). Consequently, this proceeding is premature and is therefore declared inadmissible. Therefore: The proceeding is summarily rejected. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would order the amparo to proceed.II. -CASO CONCRETO. En el sub lite, de la prueba aportada al expediente se verifica que la solicitud mencionada por la parte recurrente es de fecha 21 de agosto de 2026. En este sentido, cabe indicar que, el retardo alegado en contra de la autoridad recurrida constituiría, de ser el caso, una posible vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), y en razón de obedecer a una información que toca un tema ambiental (actividad minera en el cantón), podría ser del conocimiento de esta Sala. Sin embargo, se constata que a la fecha de planteado este amparo, la autoridad recurrida se encontraba aún en plazo para realizar la inspección solicitada y la intervención en las actividades que se realizan, en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales dos meses para tales efectos (obsérvese que la solicitud es de fecha 21 de agosto de 2026, en tanto el amparo fue interpuesto el 7 de setiembre de 2026). En consecuencia, este recurso resulta prematuro y, por ende, se declara inadmisible. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen dar curso al amparo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De la lectura de la gestión se desprende que el accionante solicitó información y documentos específicos que estarían en poder de la Municipalidad recurrida: los números de los expedientes relacionados con las denuncias por presunta minería ilegal, la identificación de las entidades ante las cuales fueron interpuestas, la prueba documental que las respalda y el informe elaborado por el gestor ambiental. El recurrente incluso aclaró que no requería copias completas de los expedientes."

    "The application shows that the applicant requested specific information and documents that would be held by the respondent municipality: the case numbers associated with the complaints concerning alleged illegal mining, identification of the entities before which they were filed, the documentary evidence supporting them, and the report prepared by the environmental manager. The applicant even clarified that complete copies of the case files were not required."

    Voto salvado, Considerando III

  • "De la lectura de la gestión se desprende que el accionante solicitó información y documentos específicos que estarían en poder de la Municipalidad recurrida: los números de los expedientes relacionados con las denuncias por presunta minería ilegal, la identificación de las entidades ante las cuales fueron interpuestas, la prueba documental que las respalda y el informe elaborado por el gestor ambiental. El recurrente incluso aclaró que no requería copias completas de los expedientes."

    Voto salvado, Considerando III

  • "Nótese que el accionante no solicitó que la autoridad recurrida practicara una inspección, interviniera en las actividades mineras o resolviera un procedimiento administrativo. De ahí que no resulte aplicable, para rechazar de plano el amparo por prematuro, el plazo de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública."

    "The applicant did not ask the respondent authority to conduct an inspection, intervene in the mining activities, or resolve an administrative proceeding. Therefore, the two-month period established in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública does not apply as grounds for summarily rejecting the amparo as premature."

    Voto salvado, Considerando III

  • "Nótese que el accionante no solicitó que la autoridad recurrida practicara una inspección, interviniera en las actividades mineras o resolviera un procedimiento administrativo. De ahí que no resulte aplicable, para rechazar de plano el amparo por prematuro, el plazo de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública."

    Voto salvado, Considerando III

  • "En tales circunstancias, estimamos necesario dar curso al asunto para recabar el informe de la autoridad recurrida y contar con mayores elementos que permitan confirmar o descartar una lesión de raigambre constitucional."

    "Under those circumstances, we consider it necessary to allow the matter to proceed in order to obtain the respondent authority’s report and gather further information with which to confirm or rule out a violation of constitutional dimension."

    Voto salvado, Considerando III

  • "En tales circunstancias, estimamos necesario dar curso al asunto para recabar el informe de la autoridad recurrida y contar con mayores elementos que permitan confirmar o descartar una lesión de raigambre constitucional."

    Voto salvado, Considerando III

Full documentDocumento completo

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Procedural marks

Document Review CASE FILE: No. 26-032947-0007-CO PROCEEDING: AMPARO PROCEEDING DECISION: No. 2026035965 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five a.m. on 17 September 2026.

Amparo application filed by Nombre02 against THE MUNICIPALITY OF MONTES DE ORO.

Background:

  1. 1In a written submission added to this Chamber’s Judicial Office Management System, the amparo applicant files an amparo application against the Municipality of Montes de Oro and states as follows: “(…) First. On 21 August 2026, I signed a request addressed to the municipal mayor, Mr. Nombre01, and the Concejo Municipal de Montes de Oro. As I stated therein, the letter refers to remarks made during extraordinary session no. 58-2026 on Thursday, 20 August 2026, concerning a report by the environmental manager on 33 sites of alleged illegal mining activity and complaints filed by the Municipality. The mayor’s statements in response to Mr. Batista Elizondo can be verified at minute 1:20:00 of the following video: https://www.youtube.com/watch?v=xVgi8HKa9vc. Second. With respect to the Mayor’s Office, I requested:a) the numbers of the judicial or administrative case files concerning the illegal-mining complaints being followed up by the Municipality;b) the names of the entities with which they were filed;c) the documentary evidence supporting those complaints; andd) the environmental manager’s report on the illegal mining activity identified in the canton. I expressly clarified that I was not requesting copies of the complete complaint files. Third. On that same 21 August 2026, at 11:21 a.m., I sent the attached letter from ...04 to ...03, ...01, and ...02. The subject line was ‘Request for Information from the Mayor’s Office and Municipal Council.’ The screenshot submitted shows the date, time, sender, recipients, and the presence of an attached PDF file. Fourth. As of the date this application was filed, I have received neither a response to the request nor the requested information. Nor have I received notice of an extension, a request that I clarify or complete the petition, or notice that it was forwarded to another office. The omission has persisted since it was sent on 21 August 2026, notwithstanding the expiration of the ordinary response period invoked in this application. Fifth. The request included my full name, identification number, and signature; the email through which it was sent also identified my email address. It is a request for information and documents concerning municipal actions. The letter included a specific request to the Concejo Municipal; this application is directed against the Mayor’s Office’s failure to address the matters falling within its purview (…) IV Relief Requested. I request that the Constitutional Chamber: 1. Deem this amparo application filed on my own behalf against Nombre01, in his capacity as mayor of the Municipality of Montes de Oro, and require the corresponding report concerning the alleged omission. 2. Grant the application based on the violation of my rights to petition and receive a prompt response and to access public information. 3. Order the respondent mayor, or whoever holds that office, to address, within the period set by the Chamber, the portions of the request of 21 August 2026 corresponding to the Mayor’s Office, issue a clear, complete, and responsive answer, and effectively communicate it to me at the email address provided. 4. Order the delivery of the requested publicly accessible information and documentation held by the Municipality, making any necessary internal arrangements. If any information does not exist, is not in its possession, or is subject to a legal restriction, this must be expressly stated and the restriction substantiated, and any accessible portion must be delivered. 5. Order any other restorative measures and legal consequences appropriate to protect the infringed rights (sic).”
  2. 2Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes the Chamber, at any time and even upon filing, to reject outright or on the merits any application submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, when it considers that sufficient grounds exist to reject it, or when it is merely a reiteration or reproduction of an identical or similar prior application that was rejected.

Justice Castillo Víquez delivers the opinion; and, Reasons:

I. SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION

The applicant alleges that on 21 August she submitted a request for information to the respondent authority, in which she petitioned as follows: “(…) I formally request the numbers of the judicial or administrative case files under which the Municipality of Montes de Oca is following up on the complaints filed concerning illegal mining in the canton, as well as the names of the entities with which those complaints were filed and the documentary evidence supporting them. Likewise, if you could provide me with the municipal environmental manager’s report setting out the described data on the illegal mining activity identified in the canton. I also request from the members of the municipal council any documentation they have submitted reporting such activities or any action plans concerning them (…)”. Nevertheless, she claims that as of the date on which she seeks amparo relief, her request has not been addressed.

II. SPECIFIC CASE

In the case at hand (sub lite), the evidence submitted to the case file establishes that the request mentioned by the applicant is dated 21 August 2026. In this regard, it should be noted that the alleged delay by the respondent authority could, if established, constitute a possible violation of the right to prompt and effective justice (Article 41 of the Constitución Política) and, because it concerns information involving an environmental matter (mining activity in the canton), could fall within this Chamber’s jurisdiction. However, it is established that, as of the date this amparo application was filed, the respondent authority was still within the time allowed to conduct the requested inspection and intervene in the activities being carried out, pursuant to Article 261 of the Ley General de la Administración Pública, which generally provides two months for those purposes (it should be noted that the request is dated 21 August 2026, whereas the amparo application was filed on 7 September 2026). Consequently, this application is premature and is therefore declared inadmissible.

III. DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, AUTHORED BY THE LATTER

In the case at hand (sub lite), the applicant complains that the Municipality of Montes de Oro has not addressed the request he submitted on 21 August 2026. Specifically, he requested the following: “the numbers of the judicial or administrative case files under which the Municipality of Montes de Oca is following up on the complaints filed concerning illegal mining in the canton, as well as the names of the entities with which those complaints were filed and the documentary evidence supporting them. Likewise, if you could provide me with the municipal environmental manager’s report setting out the described data on the illegal mining activity identified in the canton.” With the customary respect, we depart from the majority’s view. It is apparent from the application that the applicant requested specific information and documents purportedly held by the respondent Municipality: the numbers of the case files related to the complaints of alleged illegal mining, identification of the entities with which they were filed, the documentary evidence supporting them, and the report prepared by the environmental manager. The applicant even clarified that he did not require complete copies of the case files.

Accordingly, the claim should be examined in light of the right to petition and receive a prompt decision, protected by Article 27 of the Constitución Política. It should be noted that the applicant did not request that the respondent authority conduct an inspection, intervene in the mining activities, or decide an administrative proceeding. Therefore, the two-month period established in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública does not apply as a basis for rejecting the amparo outright as premature. Under these circumstances, we consider it necessary to allow the matter to proceed so that a report may be obtained from the respondent authority and additional information gathered to confirm or rule out an infringement of constitutional rights.

For these reasons, we dissent and would order the amparo to proceed.

IV. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are advised that if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or one produced using new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The application is rejected outright. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would allow the amparo to proceed.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE N° 26-032947-0007-CO Telephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).

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Revisión del Documento PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN: No. 2026035965 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre02, contra LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO.

Resultando:

  1. 1Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Montes de Oro, y manifiesta lo siguiente: “(…) Primero. El 21 de agosto de 2026 suscribí una solicitud dirigida al alcalde municipal, señor Nombre01, y al Concejo Municipal de Montes de Oro. La nota alude a manifestaciones realizadas, según indiqué en ella, durante la sesión extraordinaria n.º 58-2026 del día jueves 20 de agosto de 2026, acerca de un informe del gestor ambiental sobre 33 puntos de presunta actividad minera ilegal y denuncias presentadas por la Municipalidad, donde en el minuto 1:20:00 del siguiente video se pueden verificar las declaraciones del señor alcalde en respuesta al señor Batista Elizondo https://www.youtube.com/watch?v=xVgi8HKa9vc. Segundo. En lo correspondiente a la Alcaldía, solicité:a) los números de expedientes judiciales o administrativos de las denuncias por minería ilegal a las que da seguimiento la Municipalidad;b) los nombres de las entidades ante las cuales se interpusieron;c) las pruebas documentales que respaldan esas denuncias; yd) el informe del gestor ambiental sobre la actividad minera ilegal identificada en el cantón. Aclaré expresamente que no estaba solicitando copias de los expedientes completos de las denuncias. Tercero. Ese mismo 21 de agosto de 2026, a las 11:21 a. m., envié la nota adjunta desde ...04 a ...03, ...01 y ...02. El asunto fue “Solicitud de Información Alcaldía y Concejo Municipal”. La captura aportada muestra la fecha, hora, remitente, destinatarios y la presencia de un archivo PDF adjunto. Cuarto. A la fecha de interposición de este recurso no he recibido respuesta a la solicitud ni la información requerida. Tampoco he recibido comunicación de prórroga, prevención para aclarar o completar la petición, ni aviso de traslado a otra oficina. La omisión persiste desde el envío del 21 de agosto de 2026, pese al transcurso del plazo ordinario de atención que invoco en este recurso. Quinto. La solicitud incorporó mi nombre completo, número de identificación y firma; el correo de envío identificó además mi dirección electrónica. Se trata de una petición de información y documentos sobre actuaciones municipales. La nota incluyó una petición específica al Concejo Municipal; este recurso se dirige contra la omisión de la Alcaldía de atender los extremos que le corresponden (…) IV Petitoria. Solicito a la Sala Constitucional: 1. Tener por interpuesto este recurso en mi propio favor contra Nombre01, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Montes de Oro, y requerir el informe correspondiente sobre la omisión denunciada. 2. Declarar con lugar el recurso por vulneración de mis derechos de petición y pronta respuesta y de acceso a la información pública. 3. Ordenar al alcalde recurrido, o a quien ocupe ese cargo, que dentro del plazo que la Sala disponga atienda la solicitud del 21 de agosto de 2026 en los extremos correspondientes a la Alcaldía, emita una respuesta clara, completa y congruente, y me la comunique efectivamente al correo señalado. 4. Ordenar la entrega de la información y documentación de acceso público solicitada que obre en poder de la Municipalidad, con las coordinaciones internas necesarias. Si alguna información no existe, no se encuentra en su poder o está sujeta a una restricción legal, que ello se indique expresamente y se fundamente la limitación, entregando la parte que resulte accesible. 5. Disponer las demás medidas de restitución y consecuencias legales que correspondan para tutelar los derechos lesionados (sic)”.
  2. 2El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

Alega la recurrente que el pasado 21 de agosto presentó una solicitud de información ante la autoridad recurrida mediante la cual peticionó lo siguiente: “(…) solicito formalmente los números de expedientes judiciales o administrativos bajo los cuales la Municipalidad de Montes de Oca da seguimiento a las denuncias interpuestas por minería ilegal en el cantón; así como el nombre de las entidades en las que se han interpuesto dichas denuncias y las pruebas documentales que apoyan dichas denuncias. De igual forma si me puede facilitar el informe del gestor ambiental de la municipalidad, donde muestra los datos descritos de la actividad minera ilegal identificada en el cantón. De igual forma solicitarle a los señores del concejo municipal, documentación que hayan presentado denunciando dichas actividades o bien planes de acción al respecto (…)”. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo, su gestión no ha sido atendida.

II. CASO CONCRETO

En el sub lite, de la prueba aportada al expediente se verifica que la solicitud mencionada por la parte recurrente es de fecha 21 de agosto de 2026. En este sentido, cabe indicar que, el retardo alegado en contra de la autoridad recurrida constituiría, de ser el caso, una posible vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), y en razón de obedecer a una información que toca un tema ambiental (actividad minera en el cantón), podría ser del conocimiento de esta Sala. Sin embargo, se constata que a la fecha de planteado este amparo, la autoridad recurrida se encontraba aún en plazo para realizar la inspección solicitada y la intervención en las actividades que se realizan, en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales dos meses para tales efectos (obsérvese que la solicitud es de fecha 21 de agosto de 2026, en tanto el amparo fue interpuesto el 7 de setiembre de 2026). En consecuencia, este recurso resulta prematuro y, por ende, se declara inadmisible.

III. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO

En el sub lite, el recurrente reclama que la Municipalidad de Montes de Oro no ha atendido la solicitud que formuló el 21 de agosto de 2026. En concreto, requirió lo siguiente: “los números de expedientes judiciales o administrativos bajo los cuales la Municipalidad de Montes de Oca da seguimiento a las denuncias interpuestas por minería ilegal en el cantón; así como el nombre de las entidades en las que se han interpuesto dichas denuncias y las pruebas documentales que apoyan dichas denuncias. De igual forma si me puede facilitar el informe del gestor ambiental de la municipalidad, donde muestra los datos descritos de la actividad minera ilegal identificada en el cantón”.

Con el respeto acostumbrado, nos separamos del criterio de mayoría. De la lectura de la gestión se desprende que el accionante solicitó información y documentos específicos que estarían en poder de la Municipalidad recurrida: los números de los expedientes relacionados con las denuncias por presunta minería ilegal, la identificación de las entidades ante las cuales fueron interpuestas, la prueba documental que las respalda y el informe elaborado por el gestor ambiental. El recurrente incluso aclaró que no requería copias completas de los expedientes.

Por consiguiente, el reclamo debe examinarse a la luz del derecho de petición y pronta resolución, tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política. Nótese que el accionante no solicitó que la autoridad recurrida practicara una inspección, interviniera en las actividades mineras o resolviera un procedimiento administrativo. De ahí que no resulte aplicable, para rechazar de plano el amparo por prematuro, el plazo de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública. En tales circunstancias, estimamos necesario dar curso al asunto para recabar el informe de la autoridad recurrida y contar con mayores elementos que permitan confirmar o descartar una lesión de raigambre constitucional.

Por estas razones, salvamos el voto y ordenamos dar curso al amparo.

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen dar curso al amparo.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

EXPEDIENTE N° 26-032947-0007-CO

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