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Res. 35885-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/09/2026

Amparo Concerning Wastewater DischargesAmparo por descargas de aguas residuales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo because the Ministerio de Salud had already investigated the wastewater discharge, issued a sanitary order containing specific measures, and allowed a compliance period that remained open, so no current omission or arbitrary conduct was established.La Sala declaró sin lugar el amparo porque el Ministerio de Salud ya había investigado la descarga de aguas residuales, emitido una orden sanitaria con medidas concretas y concedido un plazo aún vigente, por lo que no se acreditó una omisión actual ni una conducta arbitraria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo application against the Ministerio de Salud concerning its alleged failure to respond effectively to complaints about wastewater seepage and discharges from an adjoining property. Although the 2022 administrative file documented no follow-up after the 2023 sanitary order, the Administration resumed its examination after a new complaint was filed in February 2026. Inspections and fluorescein tests conducted in August 2026 confirmed that domestic wastewater was passing through the dividing wall and discharging into a roadside drain. Before the Ministry was notified of the amparo proceeding, it had prepared a technical report, informed the applicant, and issued a new sanitary order prescribing corrective measures and allowing sixty working days for compliance, through 17 November 2026. The Chamber concluded that the Ministry had investigated the reported conditions and exercised its sanitary-enforcement powers; therefore, no current refusal, arbitrary omission, or constitutionally actionable administrative inaction had been established.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Salud por la supuesta falta de atención efectiva de denuncias sobre filtraciones y descargas de aguas residuales desde una propiedad colindante. Aunque el expediente de 2022 no documentaba seguimiento posterior a la orden sanitaria de 2023, la Administración retomó el problema tras una nueva denuncia presentada en febrero de 2026. Las inspecciones y pruebas con fluoresceína realizadas en agosto de 2026 comprobaron una descarga de aguas residuales servidas a través del muro divisorio y hacia un caño público. Antes de que el Ministerio fuera notificado del amparo, este había elaborado un informe técnico, informado a la recurrente y emitido una nueva orden sanitaria con medidas correctivas y un plazo de sesenta días hábiles, vigente hasta el 17 de noviembre de 2026. La Sala concluyó que no existía una negativa actual, omisión arbitraria ni inactividad constitucionalmente reprochable atribuible a la autoridad sanitaria.

Key excerptExtracto clave

Nor can it be found, under the present circumstances, that the Ministerio de Salud committed an omission by not yet having secured the physical correction of the reported discharges. The Administration had already exercised its sanitary-enforcement powers by issuing a specific order to the responsible private party, and the compliance period remained open when the amparo application was filed and initially processed. It would therefore be unreasonable to attribute constitutionally actionable inaction to the respondent authority when it had investigated the facts, technically established an irregularity, imposed the corresponding corrective measures, and granted the responsible party the prescribed administrative period in which to carry them out. Only after that period expired and the existing conditions were verified could it be determined, where appropriate, whether noncompliance had occurred and justified further administrative measures. Accordingly, the established actions as a whole do not disclose a current violation of the applicant’s fundamental rights attributable to the Ministerio de Salud. On the contrary, the evidence shows that the sanitary authority addressed the complaints, performed the pertinent inspections and technical tests, determined the nature of the impact, prepared the corresponding technical report, issued a sanitary order containing specific measures, and informed the interested party of the actions taken. In all material respects, this occurred before notice was given of the order admitting this amparo proceeding. Consequently, because no omission or arbitrary conduct by the respondent authority susceptible to protection through this constitutional proceeding was established, the application must be denied.Tampoco puede estimarse, en las circunstancias actuales, que exista una omisión del Ministerio de Salud por no haber logrado todavía la corrección material de las descargas denunciadas. La Administración ya ejerció sus potestades de policía sanitaria mediante la emisión de una orden concreta dirigida al particular responsable, cuyo plazo de cumplimiento se encontraba vigente al momento de la interposición y tramitación inicial del amparo. Por ello, no resultaría razonable atribuir a la autoridad recurrida una inactividad constitucionalmente reprochable cuando había investigado los hechos, determinado técnicamente la existencia de una irregularidad, impuesto las medidas correctivas correspondientes y concedido al obligado el plazo administrativo previsto para ejecutarlas. Solo una vez vencido dicho plazo y verificadas las condiciones existentes podría determinarse, en su caso, si se configuró un incumplimiento que justificara la adopción de nuevas medidas administrativas. Así las cosas, del conjunto de actuaciones acreditadas no se desprende una lesión actual a los derechos fundamentales de la recurrente atribuible al Ministerio de Salud. Por el contrario, se evidencia que la autoridad sanitaria conoció las denuncias, practicó las inspecciones y pruebas técnicas pertinentes, determinó la naturaleza de la afectación, emitió el correspondiente informe técnico, dictó una orden sanitaria con medidas concretas y comunicó a la interesada las actuaciones realizadas. Todo ello, en sus aspectos sustanciales, con anterioridad a la notificación de la resolución de curso de este recurso. En consecuencia, al no acreditarse una omisión o conducta arbitraria de la autoridad recurrida susceptible de tutela en esta vía constitucional, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En consecuencia, no puede establecerse una relación causal entre la interposición o tramitación de este proceso y la actuación administrativa desplegada, pues las inspecciones, pruebas técnicas, informe y orden sanitaria habían sido realizados y emitidos previamente."

    "Consequently, no causal relationship can be established between the filing or processing of this proceeding and the administrative action taken, because the inspections, technical tests, report, and sanitary order had previously been completed and issued."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, no puede establecerse una relación causal entre la interposición o tramitación de este proceso y la actuación administrativa desplegada, pues las inspecciones, pruebas técnicas, informe y orden sanitaria habían sido realizados y emitidos previamente."

    Considerando IV

  • "La comunicación del 02 de septiembre constituye, así, una actuación informativa respecto de decisiones administrativas adoptadas con anterioridad y no una satisfacción de la pretensión producida con ocasión del presente recurso."

    "The communication of 02 September thus constitutes an informational action concerning administrative decisions adopted previously, rather than satisfaction of the claim brought about by this amparo application."

    Considerando IV

  • "La comunicación del 02 de septiembre constituye, así, una actuación informativa respecto de decisiones administrativas adoptadas con anterioridad y no una satisfacción de la pretensión producida con ocasión del presente recurso."

    Considerando IV

  • "Por ende, a la fecha relevante para resolver este proceso no se observa una negativa actual de la autoridad recurrida a ejercer sus competencias ni una situación de inactividad frente a la problemática sanitaria planteada."

    "Therefore, as of the date relevant to deciding this proceeding, there was no current refusal by the respondent authority to exercise its powers and no situation of inaction regarding the reported sanitary problem."

    Considerando IV

  • "Por ende, a la fecha relevante para resolver este proceso no se observa una negativa actual de la autoridad recurrida a ejercer sus competencias ni una situación de inactividad frente a la problemática sanitaria planteada."

    Considerando IV

  • "Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota."

    "The application is denied. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Salazar Alvarado files a separate note."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota."

    Por tanto

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Procedural marks

Document Review Case: 26-030919-0007-CO Decision No. 2026035885 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:35 a.m. on 17 September 2026.

Amparo proceeding processed under case No. 26-030919-0007-CO, filed by Nombre02, identity card CED01, against the MINISTERIO DE SALUD.

Background:

  1. 1By a submission received by the Chamber’s Clerk’s Office on 08 September 2026, the amparo applicant filed an amparo proceeding against the MINISTERIO DE SALUD. She states: “First: I possess and own an apartment complex in Alfaro de San Ramón, which, with the help of my husband, that is, through the efforts of both of us as a family, we have managed to build and renovate; the apartments are rented to the public, and this is the means of livelihood of my family, husband, and children. Second: Along the southern boundary of my property, in the area providing access to the parking area of each of the aforementioned apartments, for several months, if not years, the neighbors have been discharging sewage (aguas negras) and wastewater (aguas servidas) onto my property, which has caused recurring health problems, such as diarrhea, fevers, and stomach ailments, among family members and tenants, probably all as a result of this problem.Third: In view of the foregoing, I have filed several complaints with the Ministerio de Salud, including one on 12 December 2022, under number D-SR-349-2022, concerning the discharge or seepage of sewage. According to the follow-up conducted at that time—as evidenced by letter MS-DRRS-DARS-SR- of 10 March 2023, signed by Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez—the sewage problem was acknowledged, a fluorescein test was performed and yielded a positive result, and the issuance of a sanitary order (orden sanitaria) was recommended so that the problem would be corrected. Other complaints include D-SR-023-2026, dated 05 February 2026, which came to nothing, consisting only of recommendations without a deadline for eliminating the problem. Fourth: At some point, the Health Area issued the sanitary order with the corresponding warning, but it all came to nothing because, as of this date in 2026, the seepage continues, and this San Ramón Health Area closed the complaint on the assumption that the problem and the water seepage had already been mitigated, when in fact the contamination risk continues.Fifth: We have had to continue filing complaints, yet without any technical study or laboratory test supporting the failure to act on and the closing of the complaint, they claim that because no dye is present, they can do nothing and can only wait for the problem to be corrected, without setting urgent or immediate deadlines for the parties to make the correction. As a result, our health remains exposed to contamination, and we are left without protection because each inspection is not accompanied by a laboratory test issued by a specialized laboratory certifying the absence of contamination. Moreover, the Health Area allows the water seepage to continue, which makes a mockery of the right to health and the right to breathe clean, uncontaminated air. Sixth: The Health Area has been unwilling to report the person complained against for disobedience to authority, and, to avoid complications, every inspection and decision ends up being formulaic and applying the same criteria, causing those complained against to make a mockery of the Ministry’s lenient actions and of us.Seventh: I reiterate that the Ministerio de Salud has done nothing to mitigate this serious problem because the recommendations issued have not been implemented. Proof of this is that the complaint labeled D-SR-023-2026, dated 06 February 2026, already mentioned, came to nothing. The problem remains the same or has worsened, as many tenants have left, causing me substantial financial losses because I have been unable for months to rent the apartments near the problem due to the foul odor, the dampness caused by seepage in the parking area resulting from green foam that sometimes appears intermittently, and a kind of slime exposed on the surface of the patio that prevents children from playing there and creates a very poor impression. I estimate the resulting damage or losses at approximately three million colones. Eighth: Through its inaction, the Ministerio de Salud is endangering the health of my family and tenants by failing to issue an urgent sanitary order with a deadline requiring the neighbor or the property owners to construct drainage within their property or install piping, as appropriate, specifically by ordering the immediate cessation of the discharge so as to completely stop the outflow of wastewater.Nor has the Health Area issued a corrective-action plan requiring immediate compliance, supported by a technical survey, compelling them to pipe the water. Furthermore, each complaint has not been followed by a reinspection documenting that the recommendations were fulfilled and the problem eliminated. Protecting human health is extremely important, and there is no valid justification preventing the Health Area from proceeding as required by law, including by filing a criminal complaint for disobedience to authority against those who violate health protections. Ninth: Every human being has the right to a healthy life, and human life is inviolable. Under these circumstances, the Ministerio de Salud, specifically the Área Rectora de Salud de San Ramón, is violating my right to a healthy life free from all contamination.” (sic). Based on the allegations set forth, she considers that the challenged actions are violating fundamental rights. She requests that the application be granted, with the consequences prescribed by law.
  2. 2By a decision issued at 3:46 p.m. on 01 September 2026, the present application was admitted for processing.
  3. 3ANA YANCY MÉNDEZ BARRIENTOS, in her capacity as DIRECTOR OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN OF THE MINISTERIO DE SALUD, reports under oath as follows: “… I. CONCERNING THE FACTS AT ISSUE IN THE APPLICATION. In general terms, the applicant states that for several years sewage and wastewater from an adjoining property have seeped onto her property; that she filed administrative complaints D-SR-349-2022 and D-SR-023-2026; and that, in her view, the Ministerio de Salud has not taken sufficient action to secure a definitive solution. She also questions the follow-up to a sanitary order issued during 2023, maintains that the complaint filed in February 2026 ended without an effective solution, and requests measures aimed at preventing the discharge of wastewater. Those matters are addressed in technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-2786-2026 of 04 September 2026, prepared by Lic. Nazareth Arguedas Zumbado, an official of Health Regulation at the Área Rectora de Salud de San Ramón, as follows: “…INTRODUCTION. The purpose of this Technical Report on Background and Actions is to set forth, in an orderly and objective manner supported by the documentation included in administrative files D-SR-349-2022 and D-SR-023-2026, the actions taken by the Área Rectora de Salud de San Ramón in response to complaints concerning the handling and disposal of wastewater on the properties involved. This report has been prepared as an input for the Directorate in response to the amparo proceeding pending before the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia under case N° 26-030919-0007-CO, filed by Ms. Nombre02 against the Ministerio de Salud. Its content is limited to describing the background, inspections conducted, technical tests performed, documented findings, reports issued, and sanitary measures adopted that appear in the administrative files examined, without making legal assessments pertaining to the statutory report that must be submitted by the authority from which the Sala Constitucional requested information.DISCUSSION. Concerning complaint D-SR-349-2022. I. Background. • On 12 December 2022, the Área Rectora de Salud de San Ramón received complaint D-SR-349-2022 concerning an alleged problem involving the handling of sewage and septic tanks at a property located 650 meters south of the San Pedro de Alfaro sports field in San Ramón. The complaint reported possible harm to a neighboring property due to alleged wastewater seepage. II. Actions taken by the Ministerio de Salud. • The administrative file for complaint D-SR-349-2022 shows that an inspection of the property complained against was conducted on 17 January 2023 and attended by Ms. Nombre01. During that inspection, a fluorescein dye test was performed in the dwelling’s sanitary facilities to determine whether there was a possible connection between the sewage treatment system and the reported harm. • During that visit, a fluorescein dye test was conducted in the dwelling’s sanitary system by flushing approximately fifteen times and waiting for nearly thirty minutes.The test confirmed the existence of seepage from the sewage system onto the neighboring property, yielding a positive result. • It was also determined that sewage was seeping through a wall onto the adjoining property and that the situation constituted a health risk, particularly because of its proximity to drinking-water supply pipes serving the affected dwellings. • As a result of the investigation, letter MS-DARSSR-RS-41-2023 concluded that there was a health problem related to sewage seepage from the dwelling complained against. That inspection visit and report were completed. III. Sanitary measures adopted. Based on those findings, the Ministerio de Salud issued Sanitary Order OS-SR-11-2023, dated 19 January 2023, which ordered those responsible to: • Clean the septic tank. • Make the repairs necessary to prevent sewage from affecting neighboring properties. • Keep that sewage confined within the property through an adequate treatment and disposal system. • The sanitary order was duly served on Mr.Nombre03 and Ms. Nombre01 on 01 February 2023, with a compliance deadline of 2 May 2023. • The file shows that on 13 March 2023, Ms. Nombre02 was notified by email of the actions taken by the Ministerio de Salud in response to the complaint. • The file shows that Ms. Nombre02 requested a copy of the file on 10 May 2023. • A petition form dated 17 November 2023 appears in the file, in which she again requested a copy of the file and asked to be notified of any updates. The requested copy was delivered on 17 November of that year. An email dated 24 November 2023 regarding that same petition also appears in the file, clarifying that the email of 13 March 2023 had provided information on the actions taken in response to her complaint. • A submission received on 30 November 2023, addressed to Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez and Dr. William Barrantes Barrantes, requested a new inspection and documentation showing that the person complained against was making the corrections. • The file shows that the submission was forwarded by email on 04 December 2023 to the regulation team and Dr. William Barrantes Barrantes.It is important to mention that the complaint had been assigned to Lic. Wendy González Vargas, who at that time no longer worked for the Área Rectora de Salud de San Ramón. • The file contains no record of follow-up to Sanitary Order OS-SR-11-2023. Concerning complaint D-SR-023-2026. I. Background. • On 05 February 2026, the Área Rectora de Salud de San Ramón received complaint D-SR-023-2026 concerning an alleged problem involving the handling of wastewater from a property located 650 meters south of the San Pedro de Alfaro sports field in San Ramón. The complaint reported possible harm to a neighboring property due to alleged wastewater seepage. III. Actions taken by the Ministerio de Salud. • The administrative file for complaint D-SR-023-2026 shows that on 06 August 2026 an inspection was conducted at the property complained against and attended by Ms. Nombre01, to whom the purpose of the visit was explained and who allowed entry onto the property.During that inspection, a fluorescein dye test was performed in the sanitary facilities and in the dwelling’s • septic tank to determine whether there was a possible connection between the sewage treatment system and the reported harm. • Subsequently, on 07 August 2026, a new verification visit was conducted at the complainant’s property to determine whether the dye used in the previous day’s test was present. No dye was detected during this visit, and the test was therefore initially considered negative for sewage. • Nevertheless, during the inspections, a constant discharge or flow of water was observed through the wall separating the two properties, prompting this health authority to continue its investigation. • Because that condition persisted, a new inspection was conducted on 11 August 2026, during which another fluorescein dye test was performed in the kitchen sink, utility sink, and inspection chamber of the property complained against.After several minutes, it was technically confirmed that the dye was emerging through the wall on the complainant’s property and being discharged into the gutter located on the public roadway. These findings demonstrated deficiencies related to the handling and disposal of household wastewater. • As a result of the inspection and the findings obtained, technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 was issued, documenting the conditions observed, the tests performed, and the instances of noncompliance detected under the health regulations currently in force. III. Sanitary measures adopted. • Based on the findings made during the investigation, the Ministerio de Salud issued MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, addressed to the owner of the property involved, granting sixty business days to correct the conditions identified. Among other measures, that sanitary order required the following: • Construct a treatment system for the household wastewater generated by the dwelling. • Implement drainage works and a grease-trap-type inspection chamber. • Properly separate the stormwater system from the wastewater system. • Correct the discharge of household wastewater into the gutter located on the public roadway. • The sanitary order was duly served on Mr.Nombre03 on 21 August 2026 and has a compliance deadline of 17 November 2026. Concerning the matters challenged. With respect to the applicant’s allegations, administrative files D-SR-349-2022 and D-SR-023-2026 show that the Ministerio de Salud exercised the health surveillance, inspection, and control powers conferred on it by the Ley General de Salud by conducting field inspections and technical fluorescein tracing tests, issuing technical reports, and adopting sanitary measures intended to correct the conditions identified during the investigative processes. With respect to complaint D-SR-349-2022, a fluorescein test technically confirmed the existence of seepage from the sewage treatment system of the property complained against onto an adjoining property. This led to the issuance of Sanitary Order OS-SR-11-2023, which required specific corrective actions to eliminate the identified health risk.The complainant was also timely informed of the actions taken and was granted access to the administrative file whenever she requested it. Notwithstanding the foregoing, the matter was again brought before this health authority through complaint D-SR-023-2026, filed on 05 February 2026, which allowed the investigation to resume and a new technical assessment to be conducted of the conditions existing at the reported site. As part of this new investigation, on 06 August 2026 a fluorescein dye test was performed in the sanitary facilities and septic tank of the dwelling complained against to determine whether the condition identified in 2023 persisted. Subsequently, on 07 August 2026, a verification inspection was conducted at the complainant’s property, and no trace of the dye used in the test was detected. Consequently, from a technical health standpoint, it was not possible at that time to establish a relationship between the sewage treatment system of the inspected dwelling and the observed harm, and the sewage test was deemed negative.The results obtained supported the conclusion that the specific condition giving rise to Sanitary Order OS-SR-11-2023, involving sewage seepage from the septic system of the property complained against, could not be confirmed during the investigative measures conducted in August 2026. Accordingly, it was not technically possible to establish that the health condition originally identified in 2023 persisted. Nevertheless, the inspections revealed a continuous discharge of water through the wall separating the two properties, and this health authority therefore expanded its investigation to determine the water’s source and nature. A new fluorescein test conducted on 11 August 2026 in the kitchen sink, utility sink, and inspection chamber of the dwelling complained against technically confirmed that the dye was emerging through the wall located on the complainant’s property and being discharged into a gutter on the public roadway.The findings established that the problem existing at that time was not associated with the sewage treatment system, but rather with deficiencies in the handling, conveyance, and disposal of household wastewater generated by the inspected dwelling. For that reason, the condition observed in 2026 was a different health situation from the one giving rise to Sanitary Order OS-SR-11-2023. In response to those findings, the Ministerio de Salud issued Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, requiring the property owner to implement corrective measures intended to ensure proper handling of household wastewater and prevent further harm to third parties and the environment. A period of sixty business days was also granted for compliance with those requirements, expiring on 17 November 2026. It must be clarified that complaint D-SR-023-2026 was not closed without technical or administrative action, as the applicant asserts.On the contrary, that complaint gave rise to a formal health investigation, the issuance of technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026, and Sanitary Order MS- remains in effect and within the period granted for compliance, and continues to be monitored by this health authority. With respect to Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, the period granted for compliance is currently still running; therefore, as of the date of this report, no breach has been formally established that would permit consideration of sanctions or referral of the case to other competent bodies. Consequently, although it is acknowledged that file D-SR-349-2022 contains no administrative closing decision, the actions taken in connection with complaint D-SR-023-2026 made it possible to determine technically that the condition originally associated with sewage seepage in D-SR-349-2022 had ceased to exist, as it could not currently be confirmed.Thus, whereas in 2023 harm associated with the septic system and the presence of sewage was detected, in 2026 that specific condition was neither reproduced nor confirmed; however, a discharge of household wastewater from the property complained against was established. CONCLUSION. Analysis of administrative files D-SR-349-2022 and D-SR-023-2026 confirms that health inspections and fluorescein tracing tests were conducted, technical reports were prepared, and sanitary orders were issued. In file D-SR-349-2022, seepage from the sewage system of the inspected property was confirmed in January 2023, resulting in Sanitary Order OS-SR-11-2023. In connection with complaint D-SR-023-2026, the inspections conducted in August 2026 initially failed to reproduce the specific connection to the septic system identified in 2023. Nevertheless, after a persistent discharge through the adjoining wall was observed, the investigation continued, and a fluorescein test conducted on 11 August 2026 confirmed a discharge of household wastewater from the inspected dwelling.Those findings were documented in technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 and resulted in Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, served on 21 August 2026, which established corrective measures and a period of sixty business days for compliance, expiring on 17 November 2026. This report is limited to recording the actions taken and technical findings documented in the files examined…”. IV. LEGAL AND CONSTITUTIONAL ASSESSMENT. A. Concerning the events of 2023. With respect to complaint D-SR-349-2022, the health condition established during that proceeding must be distinguished from the situation currently under investigation. During 2023, the Administration received the complaint, inspected the property, conducted a technical test, confirmed seepage, and issued a sanitary order intended to correct the condition detected. The applicant was informed of those actions and had access to the administrative file.From a constitutional standpoint, the timing of those events must be examined under Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which permits an amparo application to be filed while the violation, threat, interference, or restriction persists and for up to two months after its direct effects have fully ceased. Consequently, insofar as the applicant seeks to challenge separately historical actions or omissions pertaining to the proceeding conducted in 2023 whose direct effects may have ceased, we respectfully consider that it is for that Chamber to assess the possible application of the time limit established in the cited Article 35. This observation does not concern the health problem currently under investigation, but exclusively those events of 2023 that, because of their nature and timing, may be regarded as separate and concluded. B. Concerning administrative lapse. The possible timeliness issue affecting the amparo action must not be confused with the mechanism established in Article 340 of the Ley General de la Administración Pública.That provision concerns the lapse of an administrative proceeding that has remained inactive for more than six months in the circumstances established by that provision; such lapse does not, by itself, extinguish the substantive right or automatically time-bar a constitutional action. The institutional defense is therefore not based on an assertion that Article 340 of the Ley General de la Administración Pública extinguished the applicant’s right to seek amparo relief, but on properly distinguishing the historical events of 2023 from the administrative action currently being taken in 2026. C. Concerning complaint D-SR-023-2026 and the premature nature of the claim. With respect to the current events, it is relevant that, before this Chamber admitted the present application for processing, this health authority had already conducted inspections and technical tests, identified a household-wastewater discharge, and issued a sanitary order containing specific measures and a defined deadline.Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 was served on 21 August 2026, while the application was admitted for processing by a decision dated 1 September 2026. Therefore, when constitutional protection was sought, only a few days had passed since service, and the administrative period granted for completing the corrective works remained fully in effect. Reliance on this criterion does not entail requiring exhaustion of administrative remedies as a prerequisite for amparo. The point being made is different: when the application was filed, there had not yet been a breach of the sanitary order in force or a current refusal by the Ministerio de Salud to exercise its powers. Instead, there was an ongoing health proceeding in which the corrective measure remained within the period lawfully granted. Under those circumstances, constitutionally ordering compliance with a measure whose deadline has not expired could prejudge a situation of noncompliance that has not yet legally arisen.D. Concerning the alleged inaction of the Ministerio de Salud. The documentary evidence contradicts the assertion that complaint D-SR-023-2026 ended only in recommendations or was closed without measures being taken. The actions of August 2026 made it possible to: • Reinspect the properties. • Conduct tracing tests. • Initially rule out the specific connection to the septic system under investigation; • Continue the investigation because of the existence of a visible discharge; • Subsequently identify the source of household wastewater; • Prepare a technical report; and • Issue a sanitary order containing specific measures and a deadline. Therefore, irrespective of the Chamber’s assessment of the historical background, this health authority is not currently refusing to hear or address the complaint filed in 2026. II. CONCERNING THE APPLICANT’S OTHER STATEMENTS. Regarding the health conditions that the applicant associates with the wastewater, this authority acknowledges the health significance that improper disposal of such water may have; however, the administrative files examined contain no medical, epidemiological, or technical evidence establishing an individual causal relationship between the ailments mentioned and the health condition investigated.Likewise, with respect to the financial losses that the applicant estimates at approximately three million colones, the files contain insufficient technical or accounting evidence to allow this authority to establish their existence, amount, or causal relationship. As to any possible disobedience of the sanitary order currently in effect, the period granted for compliance had not expired as of the date of this report; therefore, it would be improper to prejudge a finding of noncompliance, which must be made in accordance with the results of subsequent verification measures. III. CONCLUSION. The foregoing background shows that the Ministerio de Salud has exercised its health-related powers regarding the events currently complained of. The 2023 problem resulted in an inspection, a positive technical test, and the issuance of Sanitary Order OS-SR-11-2023. Because those events occurred several years before the present application was filed, the effect of the time limit established in Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional should be assessed only insofar as this Chamber determines that they constitute separate actions whose direct effects have ceased.With respect to complaint D-SR-023-2026, however, the Administration is maintaining an ongoing health proceeding. As a result of the investigations conducted in August 2026, a household-wastewater discharge was established, the corresponding technical report was prepared, and Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 was issued. That order was served on 21 August 2026, and its compliance period expires on 17 November 2026. Consequently, when the present application was filed, the administrative action intended to correct the reported condition had already been formally ordered and remained within its compliance period. This representative therefore considers the amparo premature insofar as it seeks an order requiring this authority to adopt measures in response to the 2026 complaint.”.
  4. 4The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Hess Herrera drafts the decision; and, Reasons:

I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS

The matter raised could constitute a violation of the right to prompt and effective administrative justice. In this regard, it must be clarified that, beginning with Voto 2008-02545 issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), with certain exceptions, matters involving disputes over whether the public administration complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to conclude an administrative proceeding by a final decision—whether initiated ex officio or at a party’s request—or to decide the applicable administrative challenges. This case presents precisely such an exception because it concerns an alleged failure to address complaints involving apparent sewage and wastewater problems affecting the person whose rights are protected by the amparo. With that point clarified, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this amparo.

II. SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION

The applicant files an amparo proceeding against the Ministerio de Salud, alleging that, despite the complaints filed since 2022 concerning sewage and wastewater seepage from an adjoining property, the problem persists without a definitive solution. She states that this affects the health of her family and tenants, has caused financial losses, and demonstrates insufficient action by the Área Rectora de Salud de San Ramón. She requests that the application be granted and that effective measures be adopted to eliminate the reported contamination.

III. PROVEN FACTS

The following facts are considered duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as directed in the initial order:

  • a)On 12 December 2022, the Área Rectora de Salud de San Ramón received complaint D-SR-349-2022 concerning an alleged problem involving the handling of sewage and septic tanks at a property located 650 meters south of the San Pedro de Alfaro sports field in San Ramón, based on possible wastewater seepage onto a neighboring property (see report submitted under oath and attached evidence).
  • b)On 17 January 2023, officials of the Ministerio de Salud inspected the property complained against and conducted a fluorescein dye test, which yielded a positive result, confirming the existence of seepage from the sewage system onto the adjoining property. It was also determined that the situation constituted a health risk, particularly because of its proximity to drinking-water supply pipes (see report submitted under oath and attached evidence).
  • c)On 19 January 2023, the Ministerio de Salud issued Sanitary Order OS-SR-11-2023, requiring the septic tank to be cleaned, the repairs necessary to prevent sewage from affecting neighboring properties to be made, and that sewage to be kept confined within the property through an adequate treatment and disposal system (see report submitted under oath and attached evidence).
  • d)On 01 February 2023, Sanitary Order OS-SR-11-2023 was served on Nombre03 and Nombre01, with a compliance deadline of 02 May 2023 (see report submitted under oath and attached evidence).
  • e)On 13 March 2023, Nombre02 was informed by email of the actions taken by the Ministerio de Salud in connection with the complaint filed (see report submitted under oath and attached evidence).
  • f)On 10 May 2023, Nombre02 requested a copy of the administrative file relating to the complaint (see report submitted under oath and attached evidence).
  • g)On 17 November 2023, Nombre02 submitted a new petition requesting a copy of the file and notification of any updates, and the requested copy was delivered that same day (see report submitted under oath and attached evidence).
  • h)On 24 November 2023, an email was sent clarifying that the interested party had been informed on 13 March 2023 of the actions taken regarding her complaint (see report submitted under oath and attached evidence).
  • i)On 30 November 2023, the Ministerio de Salud authorities received a submission requesting a new inspection and documentation showing that the corresponding corrections had been made (see report submitted under oath and attached evidence).
  • j)On 04 December 2023, the submission filed on 30 November 2023 was forwarded by email to the regulation team and Dr. William Barrantes Barrantes. The administrative file contains no record of subsequent follow-up to Sanitary Order OS-SR-11-2023 (see report submitted under oath and attached evidence).
  • k)On 05 February 2026, the Área Rectora de Salud de San Ramón received complaint D-SR-023-2026 concerning an alleged problem involving the handling of wastewater from a property located 650 meters south of the San Pedro de Alfaro sports field in San Ramón and possible harm to a neighboring property from wastewater seepage (see report submitted under oath and attached evidence).
  • l)On 06 August 2026, an inspection was conducted at the property complained against, and a fluorescein dye test was performed in the dwelling’s sanitary facilities and septic tank to determine whether there was a possible connection between the sewage treatment system and the reported harm (see report submitted under oath and attached evidence).
  • m)On 07 August 2026, a verification visit was conducted at the complainant’s property. No trace of the dye used during the previous day’s test was detected, and the sewage test was therefore initially deemed negative. Nevertheless, a constant discharge or flow of water was observed through the wall separating the two properties, prompting the investigation to continue (see report submitted under oath and attached evidence).
  • n)On 11 August 2026, a new inspection was conducted, together with a fluorescein dye test in the kitchen sink, utility sink, and inspection chamber of the property complained against. It was technically confirmed that the dye was emerging through the wall on the complainant’s property and being discharged into the gutter located on the public roadway, establishing deficiencies related to the handling and disposal of household wastewater (see report submitted under oath and attached evidence).
  • o)On 17 August 2026, in connection with complaint D-SR-023-2026, the Ministerio de Salud served Nombre02 with technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026, which recorded the results of the inspections conducted on 6, 7, and 11 August 2026, as well as the findings and recommendations concerning the handling and disposal of household wastewater at the property complained against (see report submitted under oath and attached evidence).
  • p)In August 2026, as a result of the inspections and findings, technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 and Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 were issued. Among other measures, the order required the construction of a treatment system for household wastewater, the implementation of drainage works and a grease-trap-type inspection chamber, the proper separation of the stormwater and wastewater systems, and correction of the discharge of household wastewater into the gutter located on the public roadway (see report submitted under oath and attached evidence).
  • q)On 21 August 2026, Sanitary Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 was served on Nombre03, granting sixty business days to correct the conditions identified, with a compliance deadline of 17 November 2026 (see report submitted under oath and attached evidence).
  • r)On 02 September 2026, by letter MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026, the Ministerio de Salud informed Nombre02 of the results of the investigation conducted in connection with complaint D-SR-023-2026 and advised her that, as a result of the findings, the Área Rectora de Salud de San Ramón had issued a sanitary order requiring the owner of the property complained against to make the corresponding corrections (see report submitted under oath and attached evidence).
  • s)On 02 September 2026, letter MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026 was sent to the email address designated by Nombre02 for communications; the record included in the file states that delivery to the recipient was completed (see report submitted under oath and attached evidence).
  • t)On 02 September 2026, the respondent authority was served with the decision admitting this amparo for processing (see certificate of service).

IV. CONCERNING THE SPECIFIC CASE

Based on its analysis of the established facts, the report submitted under oath, and the evidence included in the file, this Court considers that the application must be denied.

In the present matter, the amparo applicant criticizes the Ministry of Health (Ministerio de Salud) for an alleged failure to take effective action regarding seepage and wastewater discharges originating from the adjoining property, despite the administrative complaints filed for that purpose. Nevertheless, the evidentiary record supports the conclusion that, by the time the respondent authority was notified of the order admitting this amparo proceeding for processing, it had already taken specific actions aimed at investigating the reported situation and adopting the corresponding public-health measures.

Indeed, the record shows that, in connection with complaint D-SR-023-2026, Ministry of Health officials conducted inspections on 06, 07 and 11 August 2026. During these proceedings, technical tests using fluorescein were performed to determine the source of the seepage. Although no connection could initially be established between the septic system of the reported property and the alleged harm, the health authority continued its investigation after observing a constant flow of water through the adjoining wall. Finally, on 11 August 2026, a new test made it possible to establish technically that sewage was flowing from the reported property and being discharged into a roadside drain located on the public roadway.

As a result of those actions, technical report IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 was prepared, documenting the findings and setting forth the corresponding public-health recommendations. That report was served on the amparo applicant, Nombre02, on 17 August 2026, meaning that, even before this constitutional proceeding was admitted for processing, the interested party had already been formally informed of the results of the investigation conducted by the Administration.

Furthermore, based on the technical findings, the Ministry of Health issued Health Order MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, ordering the person responsible for the property to adopt a series of measures intended to correct the deficiencies identified, including the construction of an adequate sewage-treatment system, the installation of drainage works and a grease-trap inspection box, the separation of stormwater and wastewater systems, and the correction of the discharge into the roadside drain located on the public roadway. That order was served on the obligated party on 21 August 2026, granting him sixty working days to comply, with the period expiring on 17 November 2026.

It is therefore clear that the substantive actions sought by the amparo applicant—namely, inspection of the site, technical determination of the source of the wastewater, and adoption of administrative measures aimed at correcting the reported situation—had been carried out before the Ministry of Health was notified of the order admitting this amparo for processing, which occurred on 02 September 2026. Consequently, no causal relationship can be established between the filing or processing of this proceeding and the administrative action taken, because the inspections, technical tests, report, and health order had previously been conducted or issued.

It is true that on 02 September 2026, the date on which the respondent authority was notified of the order admitting the proceeding for processing, letter MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026 was also sent to the amparo applicant, once again informing her of the results of the investigation and advising her that a health order had been issued to the owner of the reported property. That temporal coincidence, however, does not support the conclusion that the communication was prompted by the intervention of this Chamber. By that time, the substantive aspects of the administrative investigation had already been completed, the technical report had been prepared and communicated to the amparo applicant on 17 August, and the health order had been issued and served on the obligated party on 21 August 2026. The communication of 02 September was therefore an informational action concerning administrative decisions adopted previously, rather than satisfaction of the relief sought as a result of the present amparo proceeding.

Nor can it be found, under the current circumstances, that the Ministry of Health has failed to act because it has not yet secured the physical correction of the reported discharges. The Administration had already exercised its public-health enforcement powers by issuing a specific order directed to the responsible private party, whose compliance period remained in effect when the amparo was filed and during its initial processing. It would therefore be unreasonable to attribute constitutionally objectionable inaction to the respondent authority when it had investigated the facts, technically determined the existence of an irregularity, imposed the corresponding corrective measures, and granted the obligated party the prescribed administrative period in which to carry them out. Only after that period has expired and the existing conditions have been verified could it be determined, if appropriate, whether noncompliance occurred that would justify the adoption of additional administrative measures.

Regarding the background related to complaint D-SR-349-2022, although the case file shows that no follow-up after Health Order OS-SR-11-2023 was documented, it also establishes that the amparo applicant filed a new complaint in February 2026 and that, in connection with that complaint, the Administration resumed its examination of the matter, conducted new inspections and technical tests, and determined that the situation existing in 2026 involved deficiencies related to sewage disposal, in response to which it issued a new health order. Accordingly, as of the date relevant to deciding this proceeding, there is no indication of a current refusal by the respondent authority to exercise its powers or of inaction regarding the public-health issue raised.

Accordingly, the actions established in the record do not disclose a current violation of the amparo applicant’s fundamental rights attributable to the Ministry of Health. On the contrary, the evidence shows that the health authority addressed the complaints, conducted the relevant inspections and technical tests, determined the nature of the harm, issued the corresponding technical report, entered a health order containing specific measures, and informed the interested party of the actions taken. In all substantive respects, this occurred before notification of the order admitting this amparo proceeding for processing.

Consequently, because no omission or arbitrary conduct by the respondent authority amenable to protection through this constitutional proceeding has been established, the amparo must be denied.

V. NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE

I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the Administrative-Litigation Courts, rather than this Chamber, must hear the legal dispute. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent, because under Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.

Accordingly, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances that may properly be heard within this jurisdiction through the constitutional guarantee afforded by the amparo proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 on 22 February 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution—its values, principles, and rules—and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.

VI. NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO

I consider that, in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, the administrative-litigation jurisdiction is responsible for hearing and deciding the matter. Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case, in which the complaint alleges the Ministry of Health’s apparent failure to issue a decision addressing complaints concerning seepage and wastewater discharge on the property adjoining the applicant’s home, thereby affecting the applicant’s right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

VII. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The amparo applicant is advised that, if she submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, she must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 working days from service of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12, held on 3 May 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The amparo is denied. Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE N° 26-030919-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 26-030919-0007-CO, interpuesto por Nombre02, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 08 de setiembre de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD. Manifiesta que “Primero: Poseo y soy propietaria de un complejo de Apartamentos en Alfaro de San Ramón, los cuales, con la ayuda de mi esposo, es decir con esfuerzo familiar de ambos, hemos logrado construirlos y remodelarlos, mismos que se alquilan al Público, siendo este el modus vivendi de mi Familia, esposo e hijos. Segundo: Que, en la colindancia del lado sur de mi propiedad, en la parte que da ingreso a la zona de Parqueo de cada uno los apartamentos en mención, desde hace varios meses por no decir años, los vecinos han estado vertiendo aguas negras y aguas servidas hacia mi propiedad, lo cual ha generado constantes problemas de salud, tales como, diarreas, fiebres, y malestares estomacales, dentro de la familia y dentro de los inquilinos, probablemente todo a raíz de este Problema.Tercero: En virtud de lo antes mencionado, he interpuesto varias denuncias, ante el Ministerio de Salud, una el 12 de Diciembre del 2022, bajo número D-SR-349-2022 por gestión o filtración de Aguas negras, que según seguimiento que le dieron en ese momento, prueba véase oficio MS-DRRS-DARS-SR-del 10 de Marzo del 2023, firmada por la Doctora Ana Isabel Rodríguez Sánchez, reconoció el problema de Aguas negras, realizaron estudio de fluoresceína que dio positivo, recomendando girar orden sanitaria para que se corrigiera el problema. Otras denuncias a mencionar: la D-SR-023-2026, del 05 de febrero del 2026, que terminó en nada, solo recomendaciones sin plazo para erradicar el problema. Cuarto: Que el Área de Salud giró la orden sanitaria con el respectivo apercibimiento en algún momento y todo quedó en nada, porque a esta fecha y año 2026, se mantienen las filtraciones y esta Área de Salud de San Ramón, archivó la denuncia considerando que ya se mitigó el problema y la filtración de aguas y resulta que el riesgo de contaminación continúa aún.Quinto: hemos tenido que continuar interponiendo denuncias y sin que medie un Estudio técnico o una prueba de Laboratorio, que respalde la desatención y archivo de la denuncia, aducen que por no haber presencia de colorante, no pueden hacer nada, solamente esperar corregir el problema, sin establecer plazos urgentes o inmediatos a las partes, para la corrección, con lo cual nuestra salud siempre queda expuesta a la contaminación, y nos dejan en estado de indefensión, al no contar cada inspección con una prueba de Laboratorio, emitida por un Laboratorio especializado que acredite la no contaminación y por otro lado, que el Área de Salud permita, que la filtración de aguas se mantenga, lo cual es una burla al derecho de la salud, y el derecho respirar un aire puro y sin contaminación. Sexto: El área de Salud, no ha querido denunciar al enunciado por desobediencia a la Autoridad, y para no complicarse, resulta y sucede, que todas las inspecciones y resoluciones terminan siendo machoteras y con los mismos criterios, lo que ocasiona que los denunciados terminen burlándose del leve proceder del Ministerio y de los suscritos.Sétimo: Reitero, como el Ministerio de Salud, no ha hecho nada para mitigar el grave problema porque las recomendaciones dadas no se han ejecutado y prueba de ello es que la denuncia rotulada con el número D-SR-023-2026, de fecha 06 Febrero del 2026, ya mencionada terminó en nada, el problema continúa igual y peor, ya que muchos inquilinos se me han ido, lo cual me ha ocasionado grandes pérdidas económicas, por no poder alquilar los apartamentos cercanos al Problema durante meses, por el mal olor, por la humedad de la filtración en el parqueo a raíz de una espuma verde que a veces aparece intermitentemente y una especie de baba, que quedó expuesta por encima del patio que impide que los niños puedan jugar ahí, y que genera muy mala impresión, daños o pérdidas, que estimo en la suma de tres millones de colones aproximadamente. Octavo: Que el Ministerio de Salud, con la inercia, está poniendo en peligro la Salud de mi familia e inquilinos, al no emitir una orden sanitaria Urgente con plazo, que obligue a la vecina o a los propietarios del inmueble, a hacer drenajes dentro de su propiedad o a entubar según corresponda, concretamente, ordenando un cese inmediato del vertido para detener por completo la salida de Aguas servidas Residuales.Tampoco ha emitido el Área de Salud, un plan de acciones correctivas que deban cumplirse de inmediato, con un levantamiento técnico, obligándolos a entubar las aguas y tampoco cuenta en cada denuncia, con una re-inspección, que haga constar que se cumplieron las recomendaciones y que se erradicó el problema. Es muy importante el cuidado de la Salud humana, y no hay justificación válida, que le impida al Área de Salud a proceder como en derecho corresponda, incluida una demanda Penal, por desobediencia a la autoridad, en contra de los transgresores de la Salud. Noveno: Que todo ser humano tiene derecho a una vida sana, y la vida humana es inviolable, bajo este escenario el Ministerio de Salud, concretamente el Área de Salud de San Ramón, está lesionando mi derecho a una vida sana y libre de toda contaminación.” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
  2. 2Mediante resolución de las 15:46 horas del 01 de setiembre de 2026, se dio curso al presente recurso.
  3. 3Informa bajo juramento ANA YANCY MÉNDEZ BARRIENTOS, en su condición de DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, quien señala lo siguiente: “… I. SOBRE LOS HECHOS OBJETO DEL RECURSO. En términos generales, la recurrente manifiesta que desde hace varios años se presentan filtraciones de aguas negras y aguas residuales provenientes de una propiedad colindante hacia el inmueble de su propiedad; que presentó las denuncias administrativas D-SR-349-2022 y D-SR-023-2026; y que, en su criterio, el Ministerio de Salud no ha realizado las actuaciones suficientes para procurar una solución definitiva. Asimismo, cuestiona el seguimiento de una orden sanitaria emitida durante el año 2023, sostiene que la denuncia presentada en febrero de 2026 terminó sin una solución efectiva y solicita la adopción de medidas dirigidas a impedir la descarga de aguas residuales. Sobre esos extremos se informa mediante el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-2786-2026 04 de setiembre del 2026 elaborado por Licda. Nazareth Arguedas Zumbado funcionaria de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de San Ramón, lo siguiente: “…INTRODUCCIÓN. El presente Informe Técnico de Antecedentes y Actuaciones tiene por objeto exponer, de manera ordenada, objetiva y sustentada en la documentación incorporada a los expedientes administrativos D-SR-349-2022 y D-SR-023-2026, las actuaciones realizadas por el Área Rectora de Salud de San Ramón en atención a las denuncias relacionadas con el manejo y disposición de aguas residuales en las propiedades involucradas. Este informe se elabora como insumo para la Dirección, en atención al recurso de amparo que se tramita ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia bajo el expediente N° 26-030919-0007-CO, interpuesto por la señora Nombre02 contra el Ministerio de Salud. Su contenido se circunscribe a la descripción de los antecedentes, inspecciones realizadas, pruebas técnicas efectuadas, hallazgos documentados, informes emitidos y medidas sanitarias adoptadas que constan en los expedientes administrativos examinados, sin efectuar valoraciones jurídicas propias del informe de ley que corresponde rendir a la autoridad requerida por la Sala Constitucional.DESARROLLO. Sobre denuncia D-SR-349-2022. I. Antecedentes. • En fecha 12 de diciembre de 2022 se recibió en el Área Rectora de Salud de San Ramón la denuncia D-SR-349-2022 relacionada con un presunto problema de manejo de aguas negras y tanques sépticos en una propiedad ubicada 650 metros al sur de la plaza de deportes de San Pedro de Alfaro, San Ramón. La denuncia señalaba la posible afectación a una propiedad vecina debido a supuestas filtraciones de aguas residuales. II. Actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud. • Consta en el expediente administrativo de la denuncia D-SR-349-2022 que el día 17 de enero de 2023 se efectuó una inspección en la propiedad denunciada, siendo atendida por la señora Nombre01. Durante dicha inspección se realizó una prueba de coloración mediante fluoresceína en los servicios sanitarios de la vivienda, con el propósito de determinar una posible conexión entre el sistema de tratamiento de aguas residuales negras y la afectación denunciada. • Durante dicha visita se efectuó una prueba de coloración mediante fluoresceína en el sistema sanitario de la vivienda, realizando aproximadamente quince descargas y esperando un período cercano a treinta minutos.Como resultado de dicha prueba se corroboró la existencia de filtraciones provenientes del sistema de aguas negras hacia la propiedad vecina, obteniéndose un resultado positivo. • Asimismo, se determinó que las aguas negras se filtraban mediante un muro hacia la propiedad colindante y que la situación constituía un riesgo sanitario, particularmente debido a la cercanía con tuberías de abastecimiento de agua potable de las viviendas afectadas. • Como resultado de la investigación realizada, mediante oficio MS-DARSSR-RS-41-2023 se concluyó que existía un problema sanitario relacionado con la filtración de aguas negras provenientes de la vivienda denunciada. Dicha visita de inspección e informe fue realizada. III. Medidas sanitarias adoptadas. Derivado de tales hallazgos, el Ministerio de Salud emitió la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023, de fecha 19 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó a los responsables: • Realizar la limpieza del tanque séptico. • Efectuar las reparaciones necesarias para evitar que las aguas negras afectaran propiedades vecinas. • Mantener confinadas dichas aguas dentro de la propiedad mediante un sistema adecuado de tratamiento y disposición. • La orden sanitaria fue debidamente notificada en fecha 01 de febrero de 2023 al señor Nombre03 y a la señora Nombre01, siendo la fecha de vencimiento el 2 de mayo de 2023. • Consta en expediente que el 13 de marzo de 2023 se notificó por correo electrónico a la señora Nombre02 sobre el actuar del Ministerio de Salud en atención de la denuncia. • Se evidencia una solicitud de copia del expediente del 10 de mayo de 2023 por la señora Nombre02. • Consta un formulario de petición con fecha del 17 de noviembre de 2023, donde solicita nuevamente una copia del expediente además de ser notificada ante cualquier actualización.La copia solicitada del expediente fue entregada el propio 17 de noviembre de ese año. Sobre la misma petición se evidencia un correo electrónico con fecha del 24 de noviembre de 2023 aclarando que en el correo del 13 de marzo de 2023 se había informado sobre el actuar en atención de su denuncia. • Se evidencia un escrito con fecha de recibido del 30 de noviembre de 2023 dirigida a la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez y al Doc. William Barrantes Barrantes, solicitando una nueva inspección y la documentación que haga constar que el denunciante este realizando las correcciones. • Consta el traslado del escrito por correo electrónico el 04 de diciembre de 2023 al equipo de regulación y al Dr. William Barrantes Barrantes. Es importante mencionar que la denuncia se encontraba asignada a la Licda. Wendy González Vargas, quien en ese momento ya no laboraba para Área Rectora de Salud de San Ramón. • No consta en el expediente seguimiento a la orden sanitaria OS-SR-11-2023.Sobre denuncia D-SR-023-2026. I. Antecedentes. • En fecha 05 de febrero de 2026 se recibió en el Área Rectora de Salud de San Ramón la denuncia D-SR-023-2026 relacionada con un presunto problema de manejo de aguas residuales provenientes de una propiedad ubicada 650 metros al sur de la plaza de deportes de San Pedro de Alfaro, San Ramón. La denuncia señalaba la posible afectación a una propiedad vecina debido a supuestas filtraciones de aguas residuales. III. Actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud. • Consta en el expediente administrativo de la denuncia D-SR-023-2026 que el día 06 de agosto de 2026 se efectuó una inspección en la propiedad denunciada, siendo atendida por la señora Nombre01, a quien se le explicó el motivo de la visita y permitió el ingreso a la propiedad. Durante dicha inspección se realizó una prueba de coloración mediante fluoresceína en los servicios sanitarios y en el tanque. • séptico de la vivienda, con el propósito de determinar una posible conexión entre el sistema de tratamiento de aguas residuales negras y la afectación denunciada. • Posteriormente, el 07 de agosto de 2026 se efectuó una nueva visita de verificación en la propiedad de la denunciante, con el objetivo de determinar si existía presencia del colorante utilizado durante la prueba realizada el día anterior.En esta visita no se detectó colorante alguno, razón por la cual inicialmente la prueba fue considerada negativa para aguas residuales negras. • No obstante, durante las inspecciones se observó la existencia de una descarga o escurrimiento constante de agua a través del muro colindante entre ambas propiedades, situación que motivó la continuación de las investigaciones por parte de esta autoridad sanitaria. • Debido a la persistencia de dicha condición, el 11 de agosto de 2026 se realizó una nueva inspección, durante la cual se ejecutó otra prueba de coloración con fluoresceína en el fregadero de cocina, pila y caja de registro de la propiedad denunciada. Luego de varios minutos se logró corroborar técnicamente la salida del colorante por el muro de la propiedad de la denunciante, así como su descarga en el caño ubicado en vía pública. Estos hallazgos permitieron demostrar la existencia de deficiencias relacionadas con el manejo y disposición de aguas residuales servidas. • Como resultado de la inspección y de los hallazgos obtenidos, se emitió el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026, en el cual se documentaron las condiciones observadas, las pruebas efectuadas y las no conformidades detectadas respecto a la normativa sanitaria vigente.III. Medidas sanitarias adoptadas. • Derivado de los hallazgos determinados durante la investigación, el Ministerio de Salud emitió la MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, dirigida al propietario del inmueble involucrado, otorgando un plazo de sesenta días hábiles para la corrección de las condiciones identificadas. Dicha orden sanitaria dispuso, entre otras medidas: • Construir un sistema de tratamiento para las aguas residuales servidas generadas por la vivienda. • Implementar obras de drenaje y una caja de registro tipo trampa de grasas. • Separar adecuadamente el sistema de aguas pluviales del sistema de aguas residuales. • Corregir la descarga de aguas residuales servidas hacia el caño ubicado en vía pública. • La orden sanitaria fue debidamente notificada en fecha 21 de agosto de 2026 al señor Nombre03, dicha orden tiene fecha de vencimiento al 17 de noviembre de 2026. Sobre lo recurrido.Respecto de lo alegato por la recurrente, del expediente administrativos D-SR-349-2022 y D-SR-023-2026 se verifica que el Ministerio de Salud ejerció las competencias de vigilancia, fiscalización y control sanitario que le confiere la Ley General de Salud, mediante la realización de inspecciones de campo, pruebas técnicas de trazabilidad con fluoresceína, emisión de informes técnicos y adopción de medidas sanitarias dirigidas a corregir las condiciones identificadas durante los procesos de investigación. En relación con la denuncia D-SR-349-2022, se comprobó técnicamente mediante prueba de fluoresceína la existencia de filtraciones provenientes del sistema de tratamiento de aguas negras de la propiedad denunciada hacia una propiedad colindante, situación que motivó la emisión de la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023, mediante la cual se ordenaron acciones correctivas específicas para eliminar el riesgo sanitario detectado.Asimismo, se informó oportunamente a la denunciante sobre las actuaciones realizadas y se le brindó acceso al expediente administrativo cada vez que lo solicitó. Sin perjuicio de lo anterior, la situación fue nuevamente sometida al conocimiento de esta autoridad sanitaria mediante la denuncia D-SR-023-2026, presentada el 05 de febrero de 2026, lo que permitió retomar la investigación y efectuar una nueva valoración técnica de las condiciones existentes en el sitio denunciado. Como parte de esta nueva investigación, el día 06 de agosto de 2026 se realizó una prueba de coloración mediante fluoresceína en los servicios sanitarios y en el tanque séptico de la vivienda denunciada, con el propósito de determinar si persistía la condición identificada durante el año 2023. Posteriormente, el 07 de agosto de 2026 se efectuó una inspección de verificación en la propiedad de la denunciante, sin detectarse presencia del colorante utilizado en la prueba.Consecuentemente, desde el punto de vista técnico-sanitario, no fue posible establecer una relación entre el sistema de tratamiento de aguas negras de la vivienda inspeccionada y la afectación observada en ese momento, considerándose negativa la prueba para aguas negras. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la condición específica que dio origen a la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023, relacionada con la filtración de aguas negras provenientes del sistema séptico de la propiedad denunciada, no pudo ser corroborada durante las actuaciones de investigación realizadas en agosto de 2026. En consecuencia, técnicamente no fue posible acreditar la permanencia de la condición sanitaria originalmente identificada en el año 2023. No obstante, durante las inspecciones efectuadas se observó la presencia de una descarga continua de agua a través del muro colindante entre ambas propiedades, por lo que esta autoridad sanitaria amplió las investigaciones con el fin de determinar su procedencia y naturaleza.Como resultado de una nueva prueba de fluoresceína realizada el 11 de agosto de 2026 en el fregadero de cocina, pila y caja de registro de la vivienda denunciada, se logró corroborar técnicamente la salida del colorante por el muro ubicado en la propiedad de la denunciante, así como su descarga hacia un caño localizado en vía pública. Los hallazgos obtenidos permitieron determinar que la problemática existente en ese momento no estaba asociada al sistema de tratamiento de aguas negras, sino a deficiencias relacionadas con el manejo, conducción y disposición de aguas residuales servidas generadas por la vivienda inspeccionada. Por tal motivo, la condición observada en el año 2026 corresponde a una situación sanitaria distinta a la que originó la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023. En atención a dichos hallazgos, el Ministerio de Salud emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, mediante la cual se ordenó al propietario del inmueble la implementación de medidas correctivas orientadas a garantizar un adecuado manejo de las aguas residuales servidas y evitar nuevas afectaciones a terceros y al ambiente.Asimismo, se otorgó un plazo de sesenta días hábiles para el cumplimiento de dichas disposiciones, venciendo el mismo el 17 de noviembre de 2026. Debe aclararse que la denuncia D-SR-023-2026 no fue archivada sin actuaciones técnicas o administrativas, como lo afirma la recurrente. Por el contrario, dicha denuncia dio origen a una investigación sanitaria formal, a la emisión del informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 y a la Orden Sanitaria MS- encuentra vigente y dentro del plazo otorgado para su cumplimiento, manteniéndose bajo seguimiento por parte de esta autoridad sanitaria. En cuanto a la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, el plazo otorgado para su cumplimiento se encuentra actualmente vigente, por lo que a la fecha de elaboración del presente informe no existe un incumplimiento formalmente acreditado que permita valorar la adopción de medidas sancionatorias o la remisión del caso a otras instancias competentes.En consecuencia, si bien se reconoce que el expediente D-SR-349-2022 no tiene un acto de cierre administrativo, las actuaciones desarrolladas con ocasión de la denuncia D-SR-023-2026 permitieron verificar técnicamente que la condición originalmente asociada a filtraciones de aguas negras (D-SR-349-2022) dejo de existir al no ser actualmente comprobada. En este sentido, mientras que en 2023 se detectó una afectación vinculada al sistema séptico y la presencia de aguas negras, en 2026 no se reprodujo ni comprobó esa condición específica; no obstante, sí se evidenció una descarga de aguas residuales servidas en la propiedad denunciada. CONCLUSIÓN. Del análisis de los expedientes administrativos D-SR-349-2022 y D-SR-023-2026 se verifica la realización de actuaciones de inspección sanitaria, pruebas de trazabilidad mediante fluoresceína, elaboración de informes técnicos y emisión de órdenes sanitarias.En el expediente D-SR-349-2022 se comprobó en enero de 2023 una filtración proveniente del sistema de aguas negras de la propiedad inspeccionada, resultado que dio lugar a la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023. Con ocasión de la denuncia D-SR-023-2026, las inspecciones efectuadas en agosto de 2026 no permitieron reproducir inicialmente la conexión específica con el sistema séptico identificada en 2023. No obstante, al observarse una descarga persistente a través del muro colindante, se continuó la investigación y mediante prueba de fluoresceína realizada el 11 de agosto de 2026 se comprobó una descarga de aguas residuales servidas proveniente de la vivienda inspeccionada. Dichos hallazgos fueron documentados en el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 y dieron lugar a la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, notificada el 21 de agosto de 2026, mediante la cual se establecieron medidas correctivas y un plazo de sesenta días hábiles para su cumplimiento, con vencimiento el 17 de noviembre de 2026.El presente informe se limita a consignar las actuaciones y hallazgos técnicos documentados en los expedientes examinados…”. IV. VALORACIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. A. Sobre los hechos correspondientes al año 2023. En relación con la denuncia D-SR-349-2022, debe diferenciarse entre el hecho sanitario comprobado durante aquel procedimiento y la situación actualmente investigada. Durante el año 2023 la Administración recibió la denuncia, inspeccionó el inmueble, efectuó una prueba técnica, comprobó una filtración y dictó una orden sanitaria dirigida a corregir la condición detectada. La recurrente tuvo conocimiento de esas actuaciones y acceso al expediente administrativo. Desde el punto de vista constitucional, la temporalidad de esos acontecimientos debe ser examinada conforme al artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permite interponer el amparo mientras subsista la lesión, amenaza, perturbación o restricción y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos.En consecuencia, en cuanto se pretenda impugnar autónomamente actuaciones u omisiones históricas correspondientes al procedimiento seguido en 2023 cuyos efectos directos hubieren cesado, consideramos respetuosamente que corresponde a esa Sala valorar la eventual incidencia del plazo contemplado en el artículo 35 citado. No se formula esta consideración respecto de la problemática sanitaria actualmente investigada, sino exclusivamente respecto de aquellos hechos de 2023 que, por su naturaleza y temporalidad, puedan ser considerados autónomos y agotados. B. Sobre la caducidad administrativa. No debe confundirse la eventual temporalidad de la acción de amparo con la figura prevista en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. Dicho numeral se refiere a la caducidad de un procedimiento administrativo paralizado por más de seis meses en los supuestos establecidos por esa norma; esa caducidad no equivale, por sí misma, a la extinción del derecho material ni produce automáticamente la caducidad de una acción constitucional.Por ello, la defensa institucional no se fundamenta en sostener que el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública haya extinguido el derecho de la recurrente a acudir en amparo, sino en distinguir adecuadamente los hechos históricos de 2023 de la actuación administrativa actualmente desplegada en 2026. C. Sobre la denuncia D-SR-023-2026 y el carácter prematuro de la pretensión. Respecto de los hechos actuales, resulta relevante que antes de que el presente recurso fuera cursado por esa Sala, esta autoridad sanitaria ya había efectuado inspecciones, pruebas técnicas, identificado una descarga de aguas residuales servidas y emitido una orden sanitaria con medidas concretas y plazo determinado. La orden MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 fue notificada el 21 de agosto de 2026, mientras que el recurso fue cursado mediante resolución de 1 de septiembre de 2026. Al momento de promoverse la tutela constitucional, por tanto, habían transcurrido apenas unos días desde la notificación y el plazo administrativo concedido para realizar las obras correctivas se encontraba plenamente vigente.La invocación de este criterio no supone exigir el agotamiento de la vía administrativa como requisito del amparo. Lo que se plantea es distinto: al momento de interponerse el recurso no existía todavía un incumplimiento de la orden sanitaria vigente ni una negativa actual del Ministerio de Salud a ejercer sus potestades, sino un procedimiento sanitario en curso cuya medida correctiva se encontraba dentro del plazo legalmente otorgado. En esas condiciones, ordenar constitucionalmente el cumplimiento de una medida cuyo plazo no ha vencido podría anticipar una situación de incumplimiento que jurídicamente todavía no se ha configurado. D. Sobre la alegada inactividad del Ministerio de Salud. La prueba documental contradice la afirmación de que la denuncia D-SR-023-2026 hubiera terminado únicamente en recomendaciones o hubiese sido archivada sin medidas. Las actuaciones de agosto de 2026 permitieron: • Inspeccionar nuevamente los inmuebles. • Practicar pruebas de trazabilidad. • Descartar inicialmente la conexión específica con el sistema séptico investigado; • Continuar la investigación ante la existencia de una descarga visible; • Identificar posteriormente la procedencia de aguas residuales servidas; • Elaborar un informe técnico; y• Dictar una orden sanitaria con medidas y plazo determinados.Por ello, con independencia de la valoración que esa Sala realice sobre los antecedentes históricos, no existe actualmente una negativa de esta autoridad sanitaria a conocer o atender la denuncia presentada en 2026. II. SOBRE LAS DEMÁS MANIFESTACIONES DE LA RECURRENTE. En cuanto a los padecimientos de salud que la recurrente relaciona con las aguas residuales, esta autoridad reconoce la relevancia sanitaria que puede representar una disposición inadecuada de tales aguas; sin embargo, en los expedientes administrativos examinados no consta prueba médica, epidemiológica o técnica que permita establecer una relación causal individual entre los padecimientos mencionados y la condición sanitaria investigada. Asimismo, respecto de las pérdidas económicas que la recurrente estima en aproximadamente tres millones de colones, no constan en los expedientes elementos técnicos o contables suficientes que permitan a esta autoridad acreditar su existencia, cuantificación o relación causal.En cuanto a una eventual desobediencia de la orden sanitaria actualmente vigente, a la fecha del presente informe el plazo concedido para su cumplimiento no ha vencido, motivo por el cual no corresponde anticipar una determinación de incumplimiento que deberá realizarse conforme al resultado de las actuaciones posteriores de verificación. III. CONCLUSIÓN. De los antecedentes expuestos se desprende que el Ministerio de Salud ha ejercido sus competencias sanitarias respecto de los hechos actualmente denunciados. La problemática de 2023 dio lugar a una inspección, una prueba técnica positiva y la emisión de la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023. Tratándose de hechos producidos varios años antes de la interposición del presente recurso, la incidencia del plazo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional deberá valorarse únicamente en cuanto esa Sala estime que se trata de actuaciones autónomas cuyos efectos directos hayan cesado.Por otra parte, respecto de la denuncia D-SR-023-2026, la Administración mantiene un procedimiento sanitario en curso. Como consecuencia de las investigaciones efectuadas en agosto de 2026, se acreditó una descarga de aguas residuales servidas, se elaboró el correspondiente informe técnico y se dictó la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026. Dicha orden fue notificada el 21 de agosto de 2026 y su plazo de cumplimiento vence el 17 de noviembre de 2026. En consecuencia, al momento de plantearse el presente recurso, la actuación administrativa dirigida a corregir la condición denunciada ya se encontraba formalmente dispuesta y dentro de su plazo de cumplimiento, por lo que esta representación estima que el amparo resulta prematuro respecto de la pretensión de que se ordene a esta autoridad adoptar medidas frente a la denuncia de 2026.”.
  4. 4En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Lo planteado podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa (con algunas excepciones) aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo (incoado de oficio o a instancia de parte) o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante la supuesta falta de atención de denuncias por aparente problemas de aguas negras y residuales que afecta a la parte tutelada. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

II. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, al alegar que, pese a las denuncias presentadas desde 2022 por filtraciones de aguas negras y residuales provenientes de una propiedad colindante, la problemática persiste sin una solución definitiva. Afirma que ello afecta la salud de su familia e inquilinos, ha generado pérdidas económicas y evidencia una actuación insuficiente del Área Rectora de Salud de San Ramón. Solicita que se declare con lugar el recurso y se adopten medidas efectivas para eliminar la contaminación denunciada.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 12 de diciembre de 2022, se recibió en el Área Rectora de Salud de San Ramón la denuncia D-SR-349-2022, relacionada con un presunto problema de manejo de aguas negras y tanques sépticos en una propiedad ubicada 650 metros al sur de la plaza de deportes de San Pedro de Alfaro, San Ramón, ante posibles filtraciones de aguas residuales hacia una propiedad vecina (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • b)El 17 de enero de 2023, funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una inspección en la propiedad denunciada y efectuaron una prueba de coloración mediante fluoresceína, cuyo resultado fue positivo, corroborándose la existencia de filtraciones provenientes del sistema de aguas negras hacia la propiedad colindante. Asimismo, se determinó que la situación constituía un riesgo sanitario, particularmente por la cercanía con tuberías de abastecimiento de agua potable (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • c)El 19 de enero de 2023, el Ministerio de Salud emitió la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023, mediante la cual ordenó realizar la limpieza del tanque séptico, efectuar las reparaciones necesarias para evitar que las aguas negras afectaran propiedades vecinas y mantener dichas aguas confinadas dentro de la propiedad mediante un sistema adecuado de tratamiento y disposición (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • d)El 01 de febrero de 2023, la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023 fue notificada a Nombre03 y Nombre01, estableciéndose como fecha de vencimiento el 02 de mayo de 2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • e)El 13 de marzo de 2023, se comunicó por correo electrónico a Nombre02 acerca de las actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud con ocasión de la denuncia presentada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • f)El 10 de mayo de 2023, Nombre02 solicitó copia del expediente administrativo relacionado con la denuncia (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • g)El 17 de noviembre de 2023, Nombre02 presentó una nueva petición mediante la cual solicitó copia del expediente y ser notificada de cualquier actualización, siendo la copia requerida entregada ese mismo día (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • h)El 24 de noviembre de 2023, se remitió un correo electrónico en el que se aclaró que desde el 13 de marzo de 2023 se había informado a la interesada sobre las actuaciones realizadas respecto de su denuncia (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • i)El 30 de noviembre de 2023, se recibió un escrito dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud mediante el cual se solicitó una nueva inspección y documentación que hiciera constar la realización de las correcciones correspondientes (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • j)El 04 de diciembre de 2023, el escrito presentado el 30 de noviembre de 2023 fue trasladado por correo electrónico al equipo de regulación y al Dr. William Barrantes Barrantes. En el expediente administrativo no consta seguimiento posterior a la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • k)El 05 de febrero de 2026, se recibió en el Área Rectora de Salud de San Ramón la denuncia D-SR-023-2026, relacionada con un presunto problema de manejo de aguas residuales provenientes de una propiedad ubicada 650 metros al sur de la plaza de deportes de San Pedro de Alfaro, San Ramón y la posible afectación a una propiedad vecina por filtraciones de aguas residuales (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • l)El 06 de agosto de 2026, se efectuó una inspección en la propiedad denunciada y se realizó una prueba de coloración mediante fluoresceína en los servicios sanitarios y en el tanque séptico de la vivienda, con el propósito de determinar una posible conexión entre el sistema de tratamiento de aguas residuales negras y la afectación denunciada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • m)El 07 de agosto de 2026, se efectuó una visita de verificación en la propiedad de la denunciante, sin detectarse presencia del colorante utilizado durante la prueba realizada el día anterior, por lo que inicialmente se consideró negativa para aguas residuales negras. No obstante, se observó una descarga o escurrimiento constante de agua a través del muro colindante entre ambas propiedades, circunstancia que motivó la continuación de las investigaciones (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • n)El 11 de agosto de 2026, se realizó una nueva inspección y una prueba de coloración mediante fluoresceína en el fregadero de cocina, pila y caja de registro de la propiedad denunciada, lográndose corroborar técnicamente la salida del colorante por el muro de la propiedad de la denunciante y su descarga en el caño ubicado en vía pública, determinándose deficiencias relacionadas con el manejo y disposición de aguas residuales servidas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • o)El 17 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud notificó a Nombre02, dentro de la denuncia D-SR-023-2026, el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026, en el cual se consignaron los resultados de las inspecciones efectuadas los días 6, 7 y 11 de agosto de 2026, así como los hallazgos y recomendaciones relacionados con el manejo y disposición de aguas residuales servidas en la propiedad denunciada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta)
  • p)En agosto de 2026, como resultado de las inspecciones y hallazgos obtenidos, se emitió el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026 y la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, mediante la cual se dispuso, entre otras medidas, construir un sistema de tratamiento para las aguas residuales servidas, implementar obras de drenaje y una caja de registro tipo trampa de grasas, separar adecuadamente los sistemas de aguas pluviales y residuales y corregir la descarga de aguas residuales servidas hacia el caño ubicado en vía pública (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • q)El 21 de agosto de 2026, la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026 fue notificada a Nombre03, otorgándose un plazo de sesenta días hábiles para corregir las condiciones identificadas, cuyo vencimiento fue fijado para el 17 de noviembre de 2026 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • r)El 02 de septiembre de 2026, mediante la carta MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026, el Ministerio de Salud comunicó a Nombre02 los resultados de la investigación realizada con ocasión de la denuncia D-SR-023-2026 y le informó que, como consecuencia de los hallazgos obtenidos, el Área Rectora de Salud de San Ramón había girado una orden sanitaria al propietario del inmueble denunciado para que efectuara las correcciones correspondientes (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • s)El 02 de septiembre de 2026, la carta MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026 fue remitida al correo electrónico señalado por Nombre02 para efectos de comunicación; en la constancia incorporada al expediente se indica que se completó la entrega al destinatario (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • t)El 02 de setiembre de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este amparo (ver acta de notificación).

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

Del análisis de los hechos acreditados, del informe rendido bajo juramento y de la prueba incorporada al expediente, este Tribunal estima que el recurso debe ser declarado sin lugar.

En el presente asunto, la recurrente reprocha al Ministerio de Salud una supuesta falta de actuación efectiva frente a las filtraciones y descargas de aguas residuales provenientes de la propiedad colindante, pese a las denuncias administrativas formuladas al efecto. No obstante, el acervo probatorio permite concluir que, para el momento en que la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso de amparo, ya había desplegado actuaciones concretas dirigidas a investigar la situación denunciada y adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

En efecto, consta que, con ocasión de la denuncia D-SR-023-2026, funcionarios del Ministerio de Salud efectuaron inspecciones los días 06, 07 y 11 de agosto de 2026. Durante estas diligencias se practicaron pruebas técnicas mediante fluoresceína para determinar el origen de las filtraciones. Si bien inicialmente no se logró establecer una conexión entre el sistema séptico de la propiedad denunciada y la afectación reclamada, la autoridad sanitaria continuó con la investigación al advertir un escurrimiento constante de agua a través del muro colindante. Finalmente, el 11 de agosto de 2026, una nueva prueba permitió comprobar técnicamente la salida de aguas residuales servidas provenientes de la propiedad denunciada y su descarga hacia un caño ubicado en la vía pública.

Como consecuencia de tales actuaciones, se elaboró el informe técnico IT-MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-2576-2026, en el que se documentaron los hallazgos obtenidos y se establecieron las correspondientes recomendaciones sanitarias. Dicho informe fue notificado a la recurrente, Nombre02, el 17 de agosto de 2026, de modo que, incluso antes del curso de este proceso constitucional, la interesada ya había sido formalmente puesta en conocimiento de los resultados de la investigación desplegada por la Administración.

Asimismo, a partir de los hallazgos técnicos efectuados, el Ministerio de Salud emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-2577-2026, mediante la cual ordenó al responsable del inmueble adoptar una serie de medidas destinadas a corregir las deficiencias detectadas, entre ellas la construcción de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales servidas, la implementación de obras de drenaje y una caja de registro tipo trampa de grasas, la separación de los sistemas de aguas pluviales y residuales y la corrección de la descarga hacia el caño situado en vía pública. Esa orden fue notificada al obligado el 21 de agosto de 2026, otorgándosele un plazo de sesenta días hábiles para su cumplimiento, con vencimiento el 17 de noviembre de 2026.

De este modo, resulta claro que las actuaciones sustanciales cuya realización pretendía la recurrente -esto es, la inspección del sitio, la determinación técnica del origen de las aguas residuales y la adopción de medidas administrativas tendentes a corregir la situación denunciada- habían sido ejecutadas con anterioridad a que el Ministerio de Salud fuera notificado de la resolución de curso de este amparo, lo que ocurrió el 02 de setiembre de 2026. En consecuencia, no puede establecerse una relación causal entre la interposición o tramitación de este proceso y la actuación administrativa desplegada, pues las inspecciones, pruebas técnicas, informe y orden sanitaria habían sido realizados y emitidos previamente.

Ciertamente, el 02 de septiembre de 2026, fecha en que la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso, también se remitió a la recurrente la carta MS-DRRSCO-DARS-SR-2778-2026, mediante la cual se le comunicaron nuevamente los resultados de la investigación y se le informó que se había girado una orden sanitaria al propietario del inmueble denunciado. Sin embargo, esa coincidencia temporal no permite concluir que dicha comunicación hubiese sido provocada por la intervención de esta Sala. Para ese momento, la investigación administrativa ya había concluido en sus aspectos sustanciales, el informe técnico había sido elaborado y comunicado a la recurrente desde el 17 de agosto anterior, y la orden sanitaria había sido emitida y notificada al obligado desde el 21 de agosto de 2026. La comunicación del 02 de septiembre constituye, así, una actuación informativa respecto de decisiones administrativas adoptadas con anterioridad y no una satisfacción de la pretensión producida con ocasión del presente recurso.

Tampoco puede estimarse, en las circunstancias actuales, que exista una omisión del Ministerio de Salud por no haber logrado todavía la corrección material de las descargas denunciadas. La Administración ya ejerció sus potestades de policía sanitaria mediante la emisión de una orden concreta dirigida al particular responsable, cuyo plazo de cumplimiento se encontraba vigente al momento de la interposición y tramitación inicial del amparo. Por ello, no resultaría razonable atribuir a la autoridad recurrida una inactividad constitucionalmente reprochable cuando había investigado los hechos, determinado técnicamente la existencia de una irregularidad, impuesto las medidas correctivas correspondientes y concedido al obligado el plazo administrativo previsto para ejecutarlas. Solo una vez vencido dicho plazo y verificadas las condiciones existentes podría determinarse, en su caso, si se configuró un incumplimiento que justificara la adopción de nuevas medidas administrativas.

En cuanto a los antecedentes relacionados con la denuncia D-SR-349-2022, si bien consta que en el expediente no se documentó seguimiento posterior a la Orden Sanitaria OS-SR-11-2023, también se acredita que la recurrente formuló una nueva denuncia en febrero de 2026 y que, con ocasión de esta, la Administración retomó el conocimiento de la problemática, efectuó nuevas inspecciones y pruebas técnicas y determinó que la situación existente en 2026 correspondía a deficiencias vinculadas con la disposición de aguas residuales servidas, frente a las cuales dictó una nueva orden sanitaria. Por ende, a la fecha relevante para resolver este proceso no se observa una negativa actual de la autoridad recurrida a ejercer sus competencias ni una situación de inactividad frente a la problemática sanitaria planteada.

Así las cosas, del conjunto de actuaciones acreditadas no se desprende una lesión actual a los derechos fundamentales de la recurrente atribuible al Ministerio de Salud. Por el contrario, se evidencia que la autoridad sanitaria conoció las denuncias, practicó las inspecciones y pruebas técnicas pertinentes, determinó la naturaleza de la afectación, emitió el correspondiente informe técnico, dictó una orden sanitaria con medidas concretas y comunicó a la interesada las actuaciones realizadas. Todo ello, en sus aspectos sustanciales, con anterioridad a la notificación de la resolución de curso de este recurso.

En consecuencia, al no acreditarse una omisión o conducta arbitraria de la autoridad recurrida susceptible de tutela en esta vía constitucional, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

V. NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA

He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicci ón Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.

Por ende, salvo aquellas controversias jurí dico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la aparente omisión en la resolución, por parte del Ministerio de Salud, en atender denuncias por las filtraciones y descargade aguas residuales en la propiedad colindante a su vivienda, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente.

VII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

EXPEDIENTE N° 26-030919-0007-CO

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