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Res. 35618-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/09/2026
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo because no prior complaint had been filed, neither exception permitting direct review of the alleged noise pollution applied, the applicants did not live at the stated location, and the requested expropriation had to be pursued through ordinary legality proceedings.La Sala declaró sin lugar el amparo porque no hubo denuncia previa, no concurría ninguna excepción que permitiera conocer directamente la alegada contaminación sónica, las recurrentes no habitaban en el sitio indicado y la expropiación pretendida debía discutirse ante las vías de legalidad ordinaria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied an amparo application filed by three co-owners of land near Juan Santamaría International Airport. They attributed extreme noise, vibrations, fuel odors, damage to a home, and harm to health, rest, and the environment to afternoon and nighttime turbine and engine tests. The Chamber reiterated that an alleged environmental-rights violation, such as noise pollution, must ordinarily first be reported to the competent administrative authorities; this requirement does not amount to exhaustion of administrative remedies. It recognized two exceptions: matters of major scope and situations in which the authorities already knew of the alleged environmental threat or harm but took no action. Neither exception was established because no prior complaint existed, the matter lacked the required exceptional scope, and the authorities had not previously known of the allegations. A Ministry of Health inspection also determined that the applicants did not live at the stated location. Any request for expropriation had to be pursued, if appropriate, through the corresponding ordinary legality proceedings.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por tres copropietarias de terrenos cercanos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, quienes atribuían a las pruebas vespertinas y nocturnas de turbinas y motores niveles extremos de ruido, vibraciones, olores a combustible, daños a una vivienda y afectaciones a la salud, el descanso y el ambiente. La Sala reiteró que, para conocer una presunta lesión ambiental como la contaminación sónica, normalmente debe existir una denuncia previa ante las autoridades competentes, sin que ello equivalga a agotar la vía administrativa. Reconoció dos excepciones: asuntos de gran envergadura o situaciones conocidas por las autoridades ante las cuales estas no hayan actuado. Ninguna se acreditó: no constaba denuncia previa, el asunto no tenía la envergadura excepcional requerida y las autoridades no conocían anteriormente los hechos. Además, una inspección del Ministerio de Salud determinó que las recurrentes no habitaban en el lugar señalado. La pretensión de expropiación debía plantearse, en su caso, ante las vías de legalidad ordinaria correspondientes.
Key excerptExtracto clave
Consistent with the judgments cited above, it must be stated that this Chamber has emphatically indicated the need to file a prior complaint before it may hear matters involving alleged environmental issues, such as noise pollution. In this particular case, it is apparent that the applicant did not previously file a complaint with any of the respondent authorities. It is also important to note that neither of the two circumstances identified in the precedents is present: 1) a matter of major scope; or 2) a record showing that the competent authorities knew of the alleged situation threatening or causing environmental harm and took no action in response. Finally, none of these facts was reported to the authorities; nor do they concern a matter of major scope or one previously known to the respondent authorities. It should also be noted that the persons on whose behalf the amparo was filed do not live in the area identified in the complaint. It was further established that the applicants’ actual claim in filing this amparo is to obtain expropriation of their properties. This is not a matter for this Chamber to determine; instead, the applicants may raise any related claim, if they deem it appropriate, through the corresponding ordinary legality proceedings. Accordingly, because the applicants filed no formal complaint, neither of the two exceptional circumstances heard by this Court is present, and, in any event, it was established that the persons protected by the application do not live there, the appropriate disposition is to deny the application, as is hereby ordered.En congruencia con las sentencias citadas previamente, debe indicarse que, esta Sala ha sido enfática en indicar la necesidad de presentar una denuncia previa para entrar a conocer asuntos sobre presuntas denuncias por temas ambientales, tales como la contaminación sónica. En este sentido, en este caso particular se denota que no existió una denuncia previa por parte del recurrente ante ninguna de las autoridades recurridas. Además, es importante señalar que tampoco nos encontramos ante ninguno de los dos supuestos enumerados en los antecedentes, sea 1) cuando se trate de un caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando un daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. Finalmente, se observa que ninguno de estos hechos ha sido denunciado ante las autoridades, ni tampoco se trata de temas de gran envergadura ni que estuvieran en conocimiento de las autoridades recurridas. Adviértase, además, que las amparadas no habitan en la zona denunciada. Asimismo, también se verificó que la pretensión real de las recurrentes con la presentación de este recurso es que se realice una expropiación de sus propiedades; sin embargo, debe indicarse que ese un extremo que no le corresponde determinar a esta Sala, y por el contrario, cualquier alegato al respecto deberán las recurrentes, si a bien lo tienen plantearlo ante las vías de legalidad ordinarias que correspondan. Así las cosas, ante la ausencia de denuncia formal por parte de las recurrentes, al verificarse que no nos encontramos ante los dos supuestos de excepción que conoce este Tribunal y acreditarse que, en todo caso, las amparadas no habitan allí, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.
Pull quotesCitas destacadas
"Al respecto, conviene apuntar en primer lugar, que no pudo comprobarse que la parte recurrente haya presentado denuncia alguna ante las autoridades recurridas sobre los hechos alegados en el recurso."
"First, it should be noted that it could not be established that the applicants had filed any complaint with the respondent authorities concerning the facts alleged in the amparo application."
Considerando IV
"Al respecto, conviene apuntar en primer lugar, que no pudo comprobarse que la parte recurrente haya presentado denuncia alguna ante las autoridades recurridas sobre los hechos alegados en el recurso."
Considerando IV
"Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias."
"Likewise, this Court has repeatedly held that it must not replace the active Administration in the exercise of its powers and is not a forum for initially processing complaints."
Considerando IV
"Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias."
Considerando IV
"No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto."
"Nevertheless, despite the foregoing, the Constitutional Court has heard applications in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without requiring a prior complaint, under two exceptions: 1) when the matter is of major scope; and 2) when the record shows that the competent authorities knew of the alleged situation threatening or causing environmental harm and took no action in response."
Considerando IV
"No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto."
Considerando IV
"Se declara sin lugar el recurso."
"The amparo application is denied."
Por tanto
"Se declara sin lugar el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 26-005881-0007-CO Decision No. 2026035618 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five a.m. on 17 September 2026.
Amparo proceeding filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, identity card CED02, and Nombre03, identity card CED03, against the DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL and the MINISTERIO DE SALUD.
Background:
Justice Araya García authors the decision; and, Reasons:
I.Subject matter of the application. The applicants allege that they own a home located near the Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, in San Antonio del Tejar, Alajuela, and that airport operations, particularly turbine and engine tests conducted in the afternoon and at night, generate extreme levels of noise, vibrations, and fuel odors that affect their health, safety, rest, and the structure of their home. They maintain that the area is unsuitable for residential use and that remaining there poses a risk to their fundamental rights. They request the intervention of this Chamber so that the respondent authorities will resolve their situation and, if appropriate, expropriate their properties.
II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and material to the disposition of this matter:
III.Unproven fact. The following fact is not deemed duly established: Sole fact. That the applicants filed any complaint with the respondent authorities concerning the facts alleged in the application.
IV.The specific case. In the sub lite, the applicants allege that they own a home located near the Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, in San Antonio del Tejar, Alajuela, and that airport operations, particularly turbine and engine tests conducted in the afternoon and at night, generate extreme levels of noise, vibrations, and fuel odors that affect their health, safety, rest, and the structure of their home. They maintain that the area is unsuitable for residential use and that remaining there poses a risk to their fundamental rights. They request the intervention of this Chamber so that the respondent authorities will resolve their situation and, if appropriate, expropriate their properties.
In this regard, it should first be noted that it could not be established that the applicants had filed any complaint with the respondent authorities concerning the facts alleged in the application.
On this matter, this Chamber has repeatedly addressed the failure to file a complaint with the competent authorities concerning various types of situations, which is an essential prerequisite to seeking relief from this Chamber.
In that regard, in judgment number 2023-29457 issued at 12:50 p.m. on 10 November 2023, this Court ruled as follows:
“V.- THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. As an initial matter, the Chamber considers it essential to make certain observations regarding the need to file a complaint in environmental matters.
A review of the record shows that the Secretary General of SETENA emphasized the following key points in the attached report:
‘After reviewing this Secretariat’s databases, no Environmental Assessment case file matching the stated characteristics was found (…) Nor was any request found from the petitioner to this office reporting any specific event; had such a request been found, it would have been forwarded to the Tribunal Ambiental Administrativo upon determining that there was no open Environmental Assessment case file.’ Regarding this matter, this Chamber has held that, for an infringement or threat to environmental rights, whether generally or specifically, to be heard, the affected person must ordinarily have filed a complaint; the processing of that complaint must have established a threat or actual harm to the environment; and, despite that finding, the respondent administrative authorities must have failed to take any measure in response, thereby infringing the constitutional right enshrined in Article 50 of the Constitution. Thus, judgment No. 2016-007678 issued at 10:50 a.m. on 03 June 2016 ruled as follows:
‘III.- MERITS. In its settled case law, this Constitutional Chamber has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as on the State’s duty to ensure that all public or private projects are carried out under strict standards that prevent any harm to the environment. Accordingly, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent oversight of the manner in which work, construction, projects, or the activities of businesses and commercial establishments are carried out, in order to assure all persons subject to the Administration that such activities cause no environmental harm of any kind. Nevertheless, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require environmental-impact studies and analyses before they may be conducted. For this purpose, professionals in each field perform technical investigations to determine whether the proposed activity could cause harm of that kind, based on the various laws governing environmental matters, including water, forestry, and mining law, among others.
Subsequently, once environmental-viability or feasibility permits have been obtained, the administrative authorities must heed and promptly address complaints filed by persons who consider themselves affected by any of the aforementioned activities, whether a concession or private or commercial work, in order to initiate investigations capable of determining the truth of the complaints made. This, once again, requires relevant technical opinions. In other words, for this Chamber to establish an infringement of environmental rights, whether generally or specifically, the affected person must have filed a complaint; the processing of that complaint must have established that harm was actually being caused to the environment; and, despite this, the respondent administrative authorities must have failed to take any measure in response, thereby infringing the constitutional right enshrined in Article 50 of the Constitution.’ (Emphasis not in the original).
Likewise, this Court has repeatedly held that it must not replace the active Administration in the exercise of its powers and is not a forum for processing complaints. In that regard, judgment No. 2023019540 issued at 09:30 a.m. on 11 August 2023 ruled as follows:
‘III.- Subject matter of the application. The applicants complain that approximately 25 years ago, the Municipalidad de Carrillo used heavy machinery to dig a drainage ditch across private properties for water flowing from Barrio Santa Luisa, through Barrio Bambú, and into a protected area owned by INDER. They assert that they have been affected by environmental contamination caused by the discharge of sewage and by standing water that creates breeding grounds for disease-carrying mosquitoes, thereby affecting health and the environment.
(…)
VI.Specific case.
(…)
In this regard, a review of the record establishes that the applicants have not submitted a formal written request to the respondent authorities concerning the problem described in their application. From this standpoint, they must be advised that this Chamber must not replace the active Administration in the exercise of its powers and is not a forum for processing complaints. The petitioners should bear in mind that the foregoing is not the same as exhausting administrative remedies, but is simply an acknowledgment that this Court must not directly replace the will of the Administration or supplant public offices in managing matters within their competence. Accordingly, the applicants may, if they so wish, formally submit their objections or claims in writing to the respondent authorities or pursue them through the ordinary courts, forums in which they may fully litigate the merits and assert their claims. In light of the foregoing, this amparo application is declared inadmissible.
On this subject, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the applicants in this amparo must first be filed with the appropriate authorities. Judgment No. 2017-020375 issued at 11:00 a.m. on 19 December 2017 stated as follows:
‘II.- THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the applicants have come directly before this Court to report a problem concerning pollution caused by sewage being channeled through their properties and discharged into a river. However, the applicants’ own statements show that they have not filed any complaint with the competent authorities, in this case the Municipalidad de Flores de Heredia. As has repeatedly been stated, this Court must not replace the active Administration in the exercise of its powers and is not a forum for processing complaints, as judgment 2016-001150 issued at 2:30 p.m. on 26 January 2016 explains. These considerations apply to the case under review, because this Court finds no reason to depart from the position stated in that judgment or any grounds for assessing the situation presented differently. Therefore, even if the applicants consider it unnecessary, in situations such as this they must formally present the stated complaint to the respondent authorities before filing an amparo application, so that those authorities may take the appropriate measures to resolve the reported problem or, failing that, they may pursue their claim through ordinary legal proceedings.
This is without prejudice to the applicants’ right to seek constitutional relief after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration, provided that a fundamental right is threatened or infringed.’ (Emphasis not in the original). (See, similarly, judgments No. 2023004954 issued at 09:30 a.m. on 03 March 2023, 2023004299 issued at 09:15 a.m. on 24 February 2023, and 2022026246 issued at 09:45 a.m. on 04 November 2022, among others).
Nevertheless, notwithstanding what has been stated thus far, the Constitutional Court has reviewed applications in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was established without requiring a prior complaint to have been filed. It has done so in two exceptional circumstances, namely: 1) when the matter is of great magnitude; and 2) when the record shows that the competent authorities were aware of the reported situation, which was threatening or causing environmental harm, and failed to take any measure in response. In that regard, judgment No. 2008-04786 issued at 12:35 p.m. on 27 March 2008 ruled as follows:
‘II.- SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION.- The applicant alleges that he contacted the Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes, and other administrative bodies to report a pig farm located next to his home that produces foul odors, but they did not address his requests (…)
IV.CONCERNING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- In the matter before us, the Código Municipal requires the municipalities of each canton to ensure that persons subject to the Administration are guaranteed the genuine and effective enjoyment of the rights to health and a healthy environment. The documents submitted in the case file, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, indicate that, once municipal officials appeared at the location at issue in this amparo proceeding and established that the activity lacked a municipal permit, they gave the owner of the pig farm eight days to obtain the applicable business license. However, the Chamber considers that the role of the Municipality must not be limited to acting only when it receives complaints of alleged irregularities. Rather, its duty is to guarantee, defend, and preserve everyone’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through continuous oversight of all activities carried out in the community.
In this Chamber’s view, in this case the Municipalidad de Alajuela has shown itself incapable of enforcing the applicable laws and fulfilling its duty to guarantee the residents of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the resulting consequences for their health. Thus, although the respondent Municipality was fully aware that, within its territorial jurisdiction, a citizen was conducting an activity without the legally required permits—an activity that is inherently sensitive because it involves the handling of animals and waste—it merely gave the reported person eight days to bring the activity into compliance, thereby evading its responsibility to remain constantly vigilant regarding the actions carried out by community residents. It is thus apparent that the respondent Municipality did not even attempt to determine whether the activity caused any kind of pollution or discharged contaminated water.
Such a determination was necessary in order to impose the sanctions required by law after affording the persons concerned the due process and right of defense to which they are entitled. Consequently, the Municipalidad de Alajuela took no action to determine whether the problem existed or whether it might be connected to the alleged health hazard repeatedly reported by the applicant. The application against the Municipalidad de Alajuela must therefore be granted because of the constitutional violations of Articles 50 and 21 of the Constitution.
V.CONCERNING THE ACTIONS OF THE MINISTERIO DE SALUD.- Although the State must respect individual rights, it must also safeguard the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitution) and under international law. In this case, the Ley General de Salud authorizes the Ministerio de Salud to adopt the corresponding health measures and impose sanctions. The Ministerio de Salud therefore has not only a duty to enforce the Ley General de Salud, but also a duty to protect public health, which is classified as a matter of public interest, because the rights to health and to a healthy environment free from pollution—at least above the levels tolerable for human beings—are fundamental, inalienable rights whose violation cannot legitimately be accepted. The respondent Minister states in the report submitted to this Chamber that there is no record of any complaint concerning these facts.
Nevertheless, the head of the Ministerio de Salud must bear in mind that this body must not act solely at a party’s request, as she appears to understand, thereby disregarding the preventive function that is essential to the protection of human health and warrants its intervention, even on its own initiative, in inspecting and monitoring compliance with the provisions of the Ley General de Salud. As established in the record, the health authorities’ actions in the case under review were limited to inspecting the pig farm reported herein because this amparo application had been filed, and they established, among other facts, that the farm has a population of 150 pigs and is surrounded by homes. Although the health authority stated that it verified that there were no foul odors from decomposing food and that water used to wash the farm was not discharged onto public roads, its actions went no further.
It declined to exercise its powers and responsibilities by failing to compel the appropriate persons to comply with the other requirements imposed by the legal system for operating this type of activity, including the necessary permits from the various administrative bodies with competence over this matter. It is therefore established that, apart from the inspection conducted as a result of this amparo proceeding, the case file discloses no other action by this authority aimed at ensuring that the pig farm complies with the statutory requirements and at monitoring the activity to ensure that it does not cause any kind of health-related or environmental contamination. The authorities therefore failed to fulfill their duty to protect the population’s right to health, and this omission consequently infringed the fundamental rights of all the area’s residents.’ (Emphasis not in the original).
In the sub examine, the appropriate disposition is to deny the application because the requirements stated supra for treating this as an exceptional case have not been met; that is, neither of the two circumstances that could justify the Constitutional Chamber’s review of this matter despite the absence of a complaint is present. As has been seen, there is no indication that, before filing the application, the applicant filed any formal complaint with the respondent authorities that was not addressed.” (Emphasis not in the original).
Consistent with the judgments cited above, it must be stated that this Chamber has emphatically indicated the need to file a prior complaint before it will review matters involving alleged environmental problems, such as noise pollution. In this particular case, it is apparent that the applicant did not first file a complaint with any of the respondent authorities. Furthermore, it is important to note that neither of the two circumstances identified in the precedents is present here, namely: 1) a case of great magnitude; or 2) a case in which the record shows that the competent authorities were aware of the reported situation, which was threatening or causing environmental harm, and failed to take any measure in response.
It should be noted that what the amparo applicants allege in their filing is that turbine and engine tests conducted during the afternoon and nighttime generate extreme levels of noise, vibrations, and fuel odors that affect their health, safety, rest, and the structure of their home; however, the evidence submitted in the case file did not establish that the persons protected by the amparo reside in the vicinity of Aeropuerto Juan Santamaría. It should also be noted that, in connection with this amparo proceeding, Área Rectora de Salud Alajuela 1 conducted an on-site inspection at the address provided by the applicants and verified that they do not reside there. It stated that residents of the area reported that two of the applicants live in Dirección02, near the church and in barrio La Julieta, and that the third resides in downtown Alajuela.
Finally, it is observed that none of these facts has been reported to the authorities, nor do they concern matters of major significance or matters that were known to the respondent authorities. It should also be noted that the persons protected by the amparo do not reside in the area identified in the complaint. It was likewise verified that the applicants’ actual claim in filing this amparo proceeding is to obtain the expropriation of their properties; however, it must be stated that this is not a matter for this Chamber to determine. Instead, the applicants must raise any allegation in that regard, should they deem it appropriate, through the applicable ordinary legal channels.
Accordingly, in view of the absence of a formal complaint by the applicants, the determination that neither of the two exceptional circumstances heard by this Court is present, and the establishment that, in any event, the persons protected by the amparo do not reside there, the appropriate course is to deny the amparo application, as is hereby ordered.
V.Documentation submitted in the case file. The party is hereby advised that, if it submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such items must be collected from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12, held on 3 May 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The amparo application is denied.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE N° 26-005881-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, Nombre02, cédula de identidad CED02, y Nombre03, cédula de identidad CED03, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL y el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Alegan las recurrentes que son propietarias de una vivienda ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San Antonio del Tejar de Alajuela, y que las operaciones aeroportuarias, particularmente las pruebas de turbinas y motores efectuadas en horario vespertino y nocturno generan niveles extremos de ruido, vibraciones y olores a combustible que afectan su salud, seguridad, descanso y la estructura de su vivienda. Sostienen que la zona no es apta para uso residencial y que su permanencia representa un riesgo para sus derechos fundamentales. Solicitan la intervención de esta Sala para que las autoridades recurridas resuelvan su situación y de ser procedente expropien sus propiedades.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Hecho no probado. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. Que la parte recurrente haya presentado denuncia alguna ante las autoridades recurridas sobre los hechos alegados en el recurso.
IV.Sobre el caso concreto. En el sub lite, las recurrentes alegan que son propietarias de una vivienda ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San Antonio del Tejar de Alajuela, y que las operaciones aeroportuarias, particularmente las pruebas de turbinas y motores efectuadas en horario vespertino y nocturno generan niveles extremos de ruido, vibraciones y olores a combustible que afectan su salud, seguridad, descanso y la estructura de su vivienda. Sostienen que la zona no es apta para uso residencial y que su permanencia representa un riesgo para sus derechos fundamentales. Solicitan la intervención de esta Sala para que las autoridades recurridas resuelvan su situación y de ser procedente expropien sus propiedades.
Al respecto, conviene apuntar en primer lugar, que no pudo comprobarse que la parte recurrente haya presentado denuncia alguna ante las autoridades recurridas sobre los hechos alegados en el recurso.
Sobre el particular, esta Sala se ha referido en reiteradas ocasiones sobre la falta de denuncia ante las autoridades competentes de diversos tipos de situaciones, lo cual es indispensable de previo a acudir ante esta Sala.
En ese sentido, en la sentencia número 2023-29457 de las 12:50 horas del 10 de noviembre de 2023, esta Tribunal dispuso lo siguiente:
“V.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales.
Del estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente:
“Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”.
Sobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente:
“III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras.
Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original).
Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente:
“III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Barrio Santa Luisa, pasando por Barrio Bambú y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente.
(…)
VI.Caso concreto.
(…)
Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible.
Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente:
“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.
Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras).
No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente:
“II.- OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…)
IV.EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad.
A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas. Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos, se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad. Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas.
Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política.
V.EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir.
Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos, no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos, la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos y que la zona se encuentra rodeada de viviendas.
Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir, a quienes corresponda, ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original).
En el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida” (el énfasis no es del original).
En congruencia con las sentencias citadas previamente, debe indicarse que, esta Sala ha sido enfática en indicar la necesidad de presentar una denuncia previa para entrar a conocer asuntos sobre presuntas denuncias por temas ambientales, tales como la contaminación sónica. En este sentido, en este caso particular se denota que no existió una denuncia previa por parte del recurrente ante ninguna de las autoridades recurridas. Además, es importante señalar que tampoco nos encontramos ante ninguno de los dos supuestos enumerados en los antecedentes, sea 1) cuando se trate de un caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando un daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto.
Nótese que, las recurrentes lo que acusan en su escrito es que, las pruebas de turbinas y motores efectuadas en horario vespertino y nocturno generan niveles extremos de ruido, vibraciones y olores a combustible que afectan su salud, seguridad, descanso y la estructura de su vivienda; sin embargo, de la prueba aportada al expediente no se pudo acreditar que las amparadas habiten en las inmediaciones del Aeropuerto Juan Santamaría. Nótese además que, con ocasión de este recurso, el Área Rectora de Salud Alajuela 1 realizó una inspección in situ en la dirección indicada por las recurrentes y verificó que ellas no habitan en ese lugar, aseguraron que personas residentes del sector manifestaron que dos de las recurrentes viven en Dirección02, en las cercanías de la iglesia y en barrio La Julieta, y que la tercera reside en Alajuela centro.
Finalmente, se observa que ninguno de estos hechos ha sido denunciado ante las autoridades, ni tampoco se trata de temas de gran envergadura ni que estuvieran en conocimiento de las autoridades recurridas. Adviértase, además, que las amparadas no habitan en la zona denunciada. Asimismo, también se verificó que la pretensión real de las recurrentes con la presentación de este recurso es que se realice una expropiación de sus propiedades; sin embargo, debe indicarse que ese un extremo que no le corresponde determinar a esta Sala, y por el contrario, cualquier alegato al respecto deberán las recurrentes, si a bien lo tienen plantearlo ante las vías de legalidad ordinarias que correspondan.
Así las cosas, ante la ausencia de denuncia formal por parte de las recurrentes, al verificarse que no nos encontramos ante los dos supuestos de excepción que conoce este Tribunal y acreditarse que, en todo caso, las amparadas no habitan allí, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.
V.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
EXPEDIENTE N° 26-005881-0007-CO
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